Puerto Rico: ¿Calidad de la educación o calidad gerencial?

La reforma educativa Bathia

Si bien la educación es responsabilidad de todos los Estados amen de hipotecar el futuro de la nación, los enfoques para su implementación pasan por tamices políticos en especial en su aspecto gerencial. ¿Cómo se organiza? ¿Quién lo rige? ¿A quién rinde cuentas?

Existen tantos sistemas de gerencia educacional como enfoques políticos o religiosos puedan existir. La politización de los sistemas empieza por su modo de organización y control.

En tiempos de crisis económica, los recortes se ponen de moda en gobiernos de corte neoliberal o sujetos a las exigencias del FMI el que usa su poder para erigirse como dictadura mundial. En tales contextos, junto a la Seguridad Social, la educación sufre brutales recortes que comprometen el futuro al provocar la deserción y la baja cobertura escolar, sin hablar de la baja en la calidad del servicio. Tal es el caso de Puerto Rico.

La actual crisis de la colonia estadounidense de ultramar amenaza con arruinar el ya precario sistema educacional. La brutal deuda económica, junto a la negativa del Congreso norteamericano de prestar asistencia a la nación boricua, ha conllevado, entre otros males, a la aparición de iniciativas para lucrar a costa de su educación pública.

Una de esas iniciativas la presentó en agosto del 2015 el presidente del senado puertorriqueño, Eduardo Bathia. Su proyecto consiste en dejar bajo control de entidades privadas o públicas que presten servicios educativos, al menos un 15% de las escuelas públicas. De implementarse esta iniciativa se crearía la “Ley para las Alianzas en la Educación Pública” lo que enmendaría la “Ley Orgánica del Departamento de Educación”. Según la idea del Senador, dentro de ese 15% estarían las escuelas con mayor rezago entre todas las instituciones públicas o aquellas cuyos padres de los escolares o el personal docente lo soliciten. Estos centros se llamarían escuelas públicas LIDER.

Las entidades educativas que administrarían las escuelas LÍDER serían seleccionadas mediante contrato por la Junta para las Alianzas y la Innovación Educativa, un organismo gubernamental que se crearía al amparo de la legislación, y que también gozaría de autonomía fiscal y operacional. El nuevo organismo tendría nueve integrantes, entre los que figura el secretario de Educación, el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el decano de la Facultad de Educación de esa institución, el presidente de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas, un líder magisterial, un representante de las organizaciones sin fines de lucro, el liderato de la Liga de Cooperativas, de la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales. La junta funcionaría como una “agencia de educación local”, según expone el proyecto de ley, y también tendría a su cargo la operación de las escuelas especializadas del sistema público. La medida dispone que a la junta se le asignaría $1 millón provenientes del presupuesto del DE para sus operaciones.

El senador Bhatia aseguró que la medida “garantiza el trabajo de todos los maestros”, pero durante una conferencia de prensa reconoció que las entidades educativas certificadas pueden disponer de todo el personal docente y no docente si lo entienden necesario.

Esa última frase presupone que también puede “no entenderlo necesario” lo que pondría en peligro la estabilidad laboral de los docentes que queden eventualmente excluidos.

Rosa Bell Bayrón, copresidenta del Movimiento de Unión Soberanista, criticó que el texto del proyecto de Bhatia tiene el efecto de alejar las llamadas Escuelas Líder -una criatura de la medida- del alcance administrativo del secretario de Educación, lo que tiene el efecto de crear dos sistemas de educación paralelos.

“Crea un nuevo sistema que se convertirá en lo mismo. La responsabilidad de esa Junta sería el nombramiento de personal y, según está redactado el proyecto, habría un choque continuo de a quién pertenece una autoridad u otra”. La solución sería crear dos sistema que “aumentarían la burocracia, la lentitud y la ineficacia”, dijo la líder del Movimiento de Unión Soberanista.

En el caso de la Escuela Líder, Bayrón dijo que podrían llegar al 15% del total del sistema educativo, cobijarían los planteles de bajo rendimiento académico –aunque advirtió que otras tantas escuelas podrían también ser clasificadas de esa manera mediante voto de la matrícula y los maestros-, y serían administradas por una Junta de Alianzas e Innovación Educativa, ente integrado por figuras del sector privado y de organizaciones sin fines de lucro.

Esas características de la Junta privatizarían el sistema, dijo Bayrón, lo que convertiría la medida en inconstitucional al asignar fondos públicos para sostener un sistema de educación privado.

“No hay supervisión, no se fijan tareas y no se evalúa el desempeño. Se toleró el incumplimiento (de la ley), pero ahora viene el doble castigo: como no sirve el Departamento vamos a privatizar. Juramos defender un sistema, no desmantelarlo”, expresó.

Como se deriva de las opiniones de líderes del sector, aquí se trata de un problema presupuestario y no de un problema educativo. La calidad de la educación en Puerto Rico no se evalúa, más aún cuando esos centros se alejan de la debida fiscalización y evaluación del gobierno que es quien a la larga sigue financiando el sistema de escuelas públicas de la nación las que podrían llegar a desaparecer en beneficio de la privatización de la enseñanza.

Nota: El anterior artículo se basa en una noticia aparecida en Primera Hora, redactada por Javier Colón Dávila / javier.colon@gfrmedia.com 26/01/2016

 

Autora: Rosalinda Chanagá. Investigadora. Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su Diáspora “Centro de saberes Africanos, Americanos y Caribeños” Caracas, Venezuela.

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