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Hacia un enfoque ciudadano de la calidad educativa

Por Jorge Osorio V.

1. Debates y prácticas de Ciudadanía

El presente y el futuro de la democracia en el mundo occidental están íntimamente relacionados con el desarrollo de la Ciudadanía, tanto como el atributo jurídico del sistema democrático como por su praxis cívica y moral (Arditi 2007). Desde los años ochenta del siglo pasado se han desplegado una diversidad de movimientos ciudadanos que han cuestionado aspectos fundamentales del funcionamiento y desempeño sistema político democrático occidental, como la representación, la legitimidad de los partidos políticos, la credibilidad de las instituciones parlamentarias, el agotamiento de las formas tradicionales de ejercer el liderazgo y la incapacidad de la democracia para procesar debates públicos de gran envergadura sin el tutelaje de los poderes fácticos financieros.

La producción intelectual se ha visto animada por estos fenómenos actualizándose el debate sobre la Ciudadanía en cuanto concepto clave de la teoría política (Wynlicka, Wayne 1997). Por extensión se ha desplegado igualmente una creciente investigación teórica acerca del significado de las organizaciones ciudadanas, en cuanto actores sociales agrupados en asociaciones, redes y plataformas, que exigen ser reconocidas como entidades fiscalizadoras del poder político y fuentes de generación de formas participativas del ejercicio democrático y de poder constituyente. (Balibar 2013; Rosanvallon 2007)

En el desarrollo teórico contemporáneo, se distinguen dos dimensiones de la Ciudadanía: la primera, que podríamos llamar, “jurídica” que se expresa en las versiones liberales e igualitaristas, y la dimensión “histórica” que refiere la Ciudadanía a dinámicas sociales e históricas que han extendido el repertorio de derechos configurando nuevas formas de representación política y de la relaciones entre los ciudadanos y el Estado (Arditi 2007). En esta última versión se ubican preferentemente los enfoques que consideran la Ciudadanía como un proceso paulatino de reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos en cuanto manifestación de la acción e incidencia pública de los movimiento sociales.

Existe un planteamiento en la teoría de la Ciudadanía que nos interesa indagar principalmente en este artículo cual es que la Ciudadanía se define como un modo de vivir en una comunidad política organizada y de reconocimiento práctico de derechos y de responsabilidades de los individuos bajo un régimen ético de reciprocidad y reconocimiento radical de la dignidad de los otros-as y de renuncia de toda discriminación por razones de diferencias de etnia, género, edad, identidad cultural. Este enfoque proviene de una fuente teórica axiológica-histórica: se le ha llamado “Ciudadanía de reciprocidad”, “Ciudadanía de la proximidad” (Rosanvallon 2009), “Ciudadanía de la hospitalidad” (Innerarity 2009); “Ciudadanía del cuidado” (Boff 2002) o “ciudadanía de reconocimiento” (Taylor 2010), y que se define como un argumento moral que se expresa en prácticas sociales como la solidaridad y reciprocidad. Desde esta perspectiva las definiciones de ciudadanía no se reducen a sus referentes modernos occidentales tales como universalidad e igualdad sino que se amplía a la consideración de que la Ciudadanía es un conjunto de recursos cívicos y éticos. Lo que se ha llamado “republicanismo como no-dominación” (Petitt 1999) sería una manifestación de esta forma de Ciudadanía: entendida como un proceso social de construcción de un sentido sentido común público, que se construye de manera vinculante a través de las instituciones democráticas como la expresión del despliegue de capacidades éticas y cívicas de los ciudadanos para participar en la res publica, considerando tanto los bienes morales individuales como colectivos.

Desde esta mirada adquieren gran relevancia la enseñabilidad de las capacidades cívicas, y una forma virtuosa de relacionar la libertad y la autonomía individual con lo comunitario (acuerdos de reciprocidad y mutualidad).

2. Las deseables condiciones ciudadanas de las políticas educativas

¿Cómo incorporar en estas definiciones el debate de la calidad de la educación en las actuales políticas públicas en curso en nuestros países? Consideramos necesario partir señalando lo siguiente:

• La política educativa debe entenderse como una política cultural que valoriza y se despliega en los diversos ámbitos humanos de socialización, fomentando una pedagogía de lo común y del espacio público, longitudinalmente con niños-as, jóvenes y personas adultas.

• La pregunta sobre la educación y la escuela en una “sociedad de riesgo” (Beck: 2006) o en una “sociedad dubitativa”, usando la expresión de Gimeno Sacristán, no puede delimitada, de una vez para siempre, de manera modular, lineal o experta dada su complejidad, pluralidad, multiversidad de manifestaciones e historicidad. Sostiene Gimeno Sacristán: “La indeterminación y la incertidumbre del pensamiento sobre la educación son condiciones derivadas de su mismo objeto y, por tanto son rasgos de las teorizaciones sobre él, lo cual matiza el poder prescribir el curso de las acciones que pudieran adjudicárseles” (Gimeno 1999). Continúa Gimeno Sacristán: “estamos ante una indeterminación que, en contrapartida, es garantía para el ejercicio de la libertad y para el protagonista de los sujetos-agentes de las prácticas educativas. Es preciso concebir la política de la educación desde la dimensión cultural y ciudadana del aprendizaje”. (Gimeno 1999)

• La Ciudadanía no sólo es el atributo jurídico de la democracia, sino también es un proceso comunicacional, de generación de sentidos comunes, de desarrollo de capacidades reflexiva, argumentativas, deliberativas y de promoción de recursos cívicos que acrecienten el capital social democrático y la participación ciudadana. Es el ámbito en el cual las sociedades llegan a construir su “sentido de lo común”.

El “atributo ciudadano” de la democracia implica renunciar a todo blindaje cultural de parte de los poderes fácticos-financieros y a la idea consenso como una ideología de la seguridad. Así: el consenso efectivo (democrático), el que legitima verdaderamente a la democracia, es el que resulta de la deliberación y del reconocimiento de las diversidades y del disenso. El consenso debe ser fruto de la actuación ciudadana deliberante y conectada activamente, y no el resultado de las decisiones de los “administradores del riesgo”.

• Ciudadanía es aprendizaje y reflexividad, y como tal es una manera de nombrar el atributo de una comunidad democrática para enfrentar el riesgo, la incertidumbre y el miedo. Un punto de vista ciudadanista para entender la educación nos permite apreciarla como un espacio deviniente, que es capaz de constituirse como orden desde la diversidad y la dinámica constituyente de los actores del proceso educativo.

3. La emergencia de un movimiento ciudadano global por una educación crítica, justa y de calidad

El despliegue de la globalización de sello tecnoneo-liberal y sus repercusiones en las formas de organización de los mercados, de la estructura financiera, del desarrollo tecnológico y de los sistemas político impacta de manera crucial en las modalidades de organización de las instituciones educativas y del rol de los educadores-as.

El llamado “capitalismo cognitivo” – otra manera de identificar la actual fase del capitalismo tecnoneo-liberal – logra paulatinamente homogenizar las pautas de socialización de los conocimientos y el uso de las nuevas tecnologías de comunicación. Sin embargo, en el plano de la cultura y de la educación tal hegemonía está en disputa, y una expresión de esta situación es la emergencia de nuevos movimientos neo-paradigmáticos, que replantean las bases del “progreso” basado en las lógicas mercantiles y sientan las bases de un nuevo entendimiento del bienestar conciliando el buenvivir humano y la salud de los eco-sistemas en los cuales se desarrolla la Vida. (Ortiz 2013)

Estos nuevos paradigmas son esencialmente democráticos pues se sostienen en la capacidad de participación de los ciudadanos-as y en una crítica a las cortapisas que el mercantilismo extremo coloca, a través de sus modelos de democracias “tecno-tuteladas” o “protegidas policialmente”, a la plena expresión de la gente, de sus organizaciones y movimientos sociales. (CEAAL 2013)

Las genuinas experiencias de “reinvención democrática” que se expresan en los movimientos alter-mundistas, eco-políticos, juveniles, feministas, indígenas de derechos civiles, que vemos desplegarse en muchos lugares del mundo, no es ajena a movimientos de educadores–as y estudiantes que batallan políticamente, en sus países, por la orientación y el sentido de la educación en claves de emancipación, participación y generación de poder ciudadano. (Castells 2012)

¿Cómo se está manifestando esta “politización ciudadana” de los movimientos de educación crítica?

• Globalizando el debate sobre el sentido de la educación y la distribución social de los conocimientos y saberes en perspectiva de una sociedad justa y una democracia participativa (educación para el ejercicio de la ciudadanía política).

• Generando movilizaciones culturales y políticas que re-orienten las agendas hegemónicas de políticas educativas hacia formas nuevas de relaciones sociales y económicas, sustentadas en el reconocimiento de la diversidad humana y el cuidado de la Vida en todas sus manifestaciones (la educación para el ejercicio de una Ciudadanía que promueve el Desarrollo Sustentable y la responsabilidad con la Tierra).

• Desarrollando nuevas maneras de convivencia y organización ciudadana (la politeia), que valoren la “proximidad”, el cuidado, los vínculos locales, los saberes propios y el cultivo de formas comunitarias de gestionar bienes públicos y comunes de las diversas culturas y pueblos (la educación para el desarrollo de una Ciudadanía pro-común (Economistas sin Fronterra 2015)

• Estas tres grandes dimensiones de un movimiento global por una “educación crítica y justa” requieren urgentemente asociar sus propuestas políticas con “giros” epistémicos y políticos explícitos, que vayan constituyendo un poder de contestación, que cuestione las bases de la sociedad mercantil, sus mecanismos de reproducción y sus formas de definir la “calidad-cualidad” de las políticas públicas. De estos señalamos los siguientes:

• La ampliación del sentido de la educación y del aprendizaje permanente como derechos humanos garantizables por el Estado y cuyas modalidades de desarrollo deben estar contenidas en políticas educativas generadas con la participación activa de los ciudadanos-as y sus organizaciones;

• El reconocimiento de nuevas modalidades institucionales de aprendizajes, que integren también a las escuelas, gestionadas por movimientos sociales, gobiernos locales y entidades de la sociedad civil democrática, y que se propongan generar y profundizar los saberes y capacidades necesarias para una “cultura de sustentabilidad integral y del buen-vivir”;

• El desarrollo de políticas educacionales que se sustenten en dinámica de inclusión social y cultural y en el empoderamiento de los ciudadanos-as y sus comunidades para garantizar el acceso de todos-as al conocimiento y saberes científicos, jurídicos y morales disponibles en la sociedad y a las nuevas herramientas tecnológicas;

• El fortalecimiento de la educación ciudadana, en todas sus modalidades (popular, comunitaria, escolar) como un recurso político que acreciente el capital cívico (empoderamiento) de las comunidades y permita su movilización en la defensa y promoción de los derechos humanos en todas sus generaciones y la lucha contra todo tipo de discriminación.

• La formación de educadores-as que asuman el “giro” epistémico y político que posibilite el cambio civilizatorio que proponemos y que se expresen en una forma de vivir y ejercer la docencia profesional de manera hospitalaria, amable y centrada en el cultivo de una “cultura de vida”, sustentada en el cuidado de la “casa común” y en modos de socialización que refuercen la reciprocidad, el reconocimiento de la diversidad, la justicia inter-generacional.

4. La calidad ciudadana de la educación: apertura a una construcción común del sentido de la educación y las escuelas

Las reformas educativas deben ser identificadas por las autoridades y los actores ciudadanos como procesos comunicativos, lo que implica una “apropiación ciudadana” de las mismas, es decir, no se trata sólo de establecer marcos legales de base sino de realizarlas conjuntamente con los actores involucrados, reconociendo su derecho a la participación y al monitoreo social de las políticas públicas. Por ello es preciso trabajar la tensión entre el liderazgo de los gobiernos en las reformas educativas y el rol activo de los profesores y escuela en la misma. Los docentes son actores estratégicos de las reformas y esto implica construir alianzas sustantivas con ellos.

Sin embargo, las reformas educativas no suelen ser inclusivas, es decir, diseñadas e implementadas con todos los actores (los docentes, las comunidades, los estudiantes) sino principalmente por los “hacedores profesionales de políticas” y sus técnicos, por tanto si la política educativa quiere llegar a ser “ciudadana” se requiere desarrollar una gestión no tecnocrática para hacer posible la participación de todos los actores del campo educativo. Y dado que los diversos actores educativos poseen lenguajes distintos, es decir racionalidades y saberes distintos, las reformas deberían implementarse a través procesos de construcción compartida de saberes y “razones”. Dicho esto, las claves para definir la calidad de la educación son:

a) La igualdad para acceder a un sistema educativo que asegure integración y aprendizajes habilitadores;

b) Un currículo capaz de generar dinámicas de cambio pedagógico a nivel de las aulas y que asegure el acceso igualitario y la distribución justa de los conocimientos disponibles en la sociedad en cuanto se les considera bienes comunes de acceso y beneficio público.

c) Docentes capaces de desarrollar procesos de aprendizajes significativos y dispuestos a la evaluación continua, colaborativa y no competitiva de sus labores y saberes;

d) La estructuración de un sistema educativo público, justo e igualitario, basada en una educación pública capaz de cubrir todos los territorios y responder a las necesidades sociales y culturales de los pueblos indígenas, de las poblaciones rurales, de los jóvenes y adultos, de hombres y mujeres.

e) Garantizar el derecho a la educación y a la no discriminación de ningún tipo en el sistema educativo, fortalecer la educación permanente de jóvenes y personas adultas (la escolar y la no escolar) y aumentar las oportunidades para el ejercicio del derecho humano al aprendizaje de todos y durante toda la vida como atributo principal de justicia educativa.

f) Generar mecanismos y procedimientos formales y reconocidos de participación de la ciudadanía en las políticas educativas, en sus diseño, implementación, monitoreo y evaluación, en particular, a través de mecanismos de ejercicio democrático local y regional, incluyendo la gestión de las políticas educativas en el marco general de desarrollo de territorios socioambientalmente sustentables, inclusivos y que garanticen economías locales orientadas al bienestar humano y a generar trabajos decentes.

Asimismo la calidad educativa con sello ciudadano debe asumirse en el marco de las transiciones tecnológicas, culturales y sociales de la globalización y, por tanto, no se reduce el debate de la calidad de la educación básica a lo escolar, sino que lo sitúa en el ámbito de una “sociedad de aprendizaje”. Este enfoque reconoce que toda la población debe tiene acceso a las nuevas herramientas de la gestión y distribución del conocimiento. A partir de este planteamiento, una política de educación de calidad debe sustentarse estratégicamente en definiciones como:

• Las escuelas dejan de ser el canal único mediante el cual las nuevas generaciones entran en contacto con el conocimiento y la información, por tanto una educación de calidad debe permitir que las personas sean capaces de usar los nuevos medios por los cuales circula el conocimiento;

• La palabra del-a profesor-a y el texto escrito dejan de ser los soportes exclusivos de la comunicación educacional, por tanto una educación de calidad debe concebirse como una educación que se despliega en todos los ámbitos culturales y sustentados en diversos dispositivos mediáticos y a través de distintos lenguajes audiovisuales, corporales y artísticos.

• La educación debe responde a los desafíos que provienen de la esfera de la globalización fáctica, por tanto la calidad educativa tiene que ver directamente con los aprendizajes acerca de cómo funciona la globalización asimétrica dominante, el desarrollo de códigos interculturales y la promoción de los valores del respeto de la diversidad, la no- discriminación, los derechos humanos y de la tierra (ciudadanía global).

De lo señalado se desprende que el tema de la calidad de la educación es un asunto de responsabilidad pública y de política cultural que debe ser asumido en el marco del proceso mayor de la globalización. Por ello algunas consignas simples sobre la Calidad de la educación deben ser desechadas, tales como: a) que la calidad de la educación tiene que ver sólo con el mayor gasto en educación: la experiencia demuestra que el mayor gasto no genera los resultados esperados sino se realiza en áreas estratégicas, sino existe una reforma consistente y con apoyo ciudadano y se ejerce con criterios de equidad y discriminación positiva; b) que la calidad de la educación se consigue con la privatización del sistema escolar y el retiro del Estado en la gestión educativa: el liderazgo del Estado en un reforma es clave para su éxito, y que la escuela pública sigue siendo el factor estratégico de toda política de igualdad; c) que los docentes son “irrecuperables” para el cambio educativo y que la calidad de la educación pasa exclusivamente por tener buenos textos y guías: los docentes son el principal capital cultural de toda reforma, sin su participación activa no han cambios significativos en el trabajo de las aulas y en la vida de los centros educacionales; d) que las reformas educativas debe ser primariamente reformas del sistema escolar y que la educación social debe esperar una futura oportunidad: los requerimientos de aprendizaje continuo como condición de bienestar humano y empoderamiento ciudadano obligan, por razones de igualdad y justicia en la distribución social de los conocimientos, a valorar todos los espacios socio-educativos en su potencialidad de generar aprendizajes, lo que implica una resocialización y re-profesionalización integradora de los–as educadores para que sean capaces de liderar, gestionar, mediar y organizar procesos educativos y culturales en los ámbitos públicos, socio-territoriales y del “mundo de la vida”.

Referencias Bibliográficas

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Fuente: http://www.debatebuenaeducacion.org/index.php/articulos/50-hacia-un-enfoque-ciudadano-de-la-calidad-educativa

Jorge Osorio V.

Educador chileno. Docente de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso. Ex Secretario General y Presidente del Consejo de Educación de Adultos de América Latina (CEAAL)

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