Educación, la agenda de todos

Alieto Guadagni, miembro de la Academia Nacional de EDUCACIÓN, se refirió a la polémica que generó la evaluación educativa Aprender 2016, que se llevó a cabo en todo el país. Entre otros aspectos, señaló que uno de los argumentos que utilizaron quienes se quejaron del examen fue el supuesto efecto privatizador sobre la educación. Sin embargo, sostuvo: «Nunca se privatizó tanto como en los últimos 12 años en educación. En la escuela primaria ARGENTINA, entre esos años se fueron 433.549 alumnos a escuelas privadas, nunca había pasado en la historia».

Más aún, señala Guadagni: «Los datos dicen que los chicos de las escuelas privadas saben más que los que van a la escuela pública, pero los chicos de una familia rica de la Argentina saben menos que estudiantes de una escuela pública de Vietnam».

Es claro que la foto es terrible y aún increíble. Por ello, como manifestó el presidente Mauricio Macri: «Es necesario que todos colaboren: padres, gremios, DOCENTES y gobiernos en cada rincón de la Argentina, porque, si no sabemos la verdad, no vamos a poder construir las soluciones».

¿Pero cómo habrían de colaborar los padres si desconocen la realidad que afecta a sus hijos? Al respecto, recalcó Guadagni: «Argentina es el único país que conozco que prohibe por ley difundir los resultados escuela por escuela. Cualquier padre de familia tiene derecho a saber cómo está el colegio donde están sus chicos».

¿Quiénes pueden tener más derechos que los padres a conocer el nivel educativo de las instituciones a las que concurren sus hijos? Es necesario que los padres admitan la realidad y reaccionen. Con dicho fin las evaluaciones educativas son la llave del reino, pero los resultados a nivel de escuela deben ser de conocimiento de los padres. Muchos padres tienen en su imaginario la fantasía de que la educación argentina se encuentra en crisis, pero que la educación que reciben sus hijos en el colegio al cual concurren es adecuada. Su indignación le daría al Gobierno el apoyo con el cual es posible llevar a cabo una verdadera revolución educativa.

Al impedir la publicidad de los resultados de cada colegio, lo que se está haciendo es sustraer del debate público el elemento de juicio principal para saber si el actual sistema educativo satisface la principal inquietud de cualquier padre: que sus hijos aprendan en la escuela a la que asisten. Por eso, la revolución educativa debe comenzar en el Congreso, no en las aulas. Modificar el artículo 97 de la Ley 26006 es imprescindible, dado que este establece: «La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los/as alumnos/as, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia».

¿Estigmatización? Por supuesto se debe preservar la identidad de los alumnos y los docentes, pero no así de las instituciones educativas. Dejémonos de jorobar, la educación de nuestros niños es lo que está en juego y, de no enfrentarnos a los sindicatos docentes que se oponen a cualquier cambio del statu quo, la batalla está perdida antes de comenzar.

No es posible llevar a cabo una revolución educativa sin el apoyo y la participación activa de la sociedad. Hacer público el resultado de las evaluaciones a nivel escuela la despertaría, le haría ver la verdad, la indignaría y la haría reaccionar.

Fuente: http://www.eltribuno.info/educacion-la-agenda-todos-n782734

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