España: El pacto educativo apuesta por un acuerdo político, social y territorial

España/13 de Marzo de 2017/El Economista

La Subcomisión de Educación en el Congreso escuchará a 82 comparecientes, de los que ya han intervenido 15. Dos sesiones a la semana donde habrá tres intervenciones de entidades y expertos. La agenda de quiénes hablarán la semana próxima solo se conoce los viernes de cada semana, por lo tanto, salvo los 18 comparecientes cerrados por consenso, el resto no se saben. Después, cada grupo parlamentario planteará sus sabios en función de la representación en el Parlamento.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado en varias ocasiones que la LOMCE no es tan mala como la pintan algunos grupos. Que su legislatura es la «del diálogo» y por ello, habrá de «mantener lo que funciona y no derogarlo todo» (haciendo alusión a la ley educativa). Esto significa, que desde el Gobierno son conscientes de que la LOMCE no se puede mantener tal y como se aprobó. Méndez de Vigo, ha cedido gradualmente a las exigencias de la oposición y de las comunidades, hasta la suspensión de las evaluaciones externas de ESO y Bachillerato.

Comparecencias

El martes compareció María Isabel Loranca (UGT), que ha pedido que los «requisitos previos» para negociar cualquier pacto pasan por derogar los reales decretos de 2012 de recortes del gasto educativo y por «la inmediata supresión de la LOMCE».

 

Desde UGT han propuesto «un plan de estabilización del empleo interino, que en la actualidad supone un 25% de las plantillas docentes; una inversión mínima de al menos el 6% del PIB en educación». Salvador Benavent (STES) ha indicado que se está produciendo un «desmantelamiento» de la escuela pública con la «excusa de la crisis», además de pedir que se «frene» la concertación educativa y eliminar la asignatura de Religión. Y Alfonso Aguiló (Confederación Española de Centros de Enseñanza) ha apostado por un aumento del PIB en educación y evaluar a los docentes y centros para diagnosticar el sistema y no para hacer clasificaciones «indiscriminadas y estigmatizadoras».

El lunes fue el turno de Jesús Pueyo Val, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE); que apostó «por ampliar la educación obligatoria hasta los 18 años, ofertando en los dos últimos años una formación alternativa para aquellos que quieran abandonar el sistema a los 16».

Antonio Amate, secretario general de la Unión Sindical Obrera-Federación de Enseñanza (Feuso), abogó por «dar excedencia de seis meses» a los profesores que están en las aulas y que conocen la realidad para mejorar el currículum «horroroso» que existe actualmente en todos los niveles. Y José María Alvira, secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (Fere-Ceca), que pidió que se limite a «cuestiones pedagógicas, organizativas o culturales». A su juicio, escuela pública y concertada deben ser complementarias, por lo que un acuerdo que solo se ocupe de la pública y excluya a la concertada «no tiene ningún sentido».

El resto de comparecencias han girado en torno a la enseñanza pública y la privada; entre lo laico y lo religioso; entre la figura del Estado y el papel de las autonomías. También coninciden en recuperar el 5 o el 6% del PIB esta legislatura, una ley de financiación que ampare las reformas educativas, otra para las enseñanzas profesionales, como la FP, y un fondo de cohesión entre comunidades. Todos apuestan por un pacto político, social y territorial. Asimismo, los sindicatos y entidades estudiantiles han solicitado retirar también los decretos aprobados durante estos últimos años con el PP, así como desbloquear la oferta de empleo público y que se convoquen nuevas plazas en 2017.

Por otro lado, se ha reprochado reiteradamente a los políticos la utilización partidista de la Educación, y se ha recordado la pérdida de profesores, el recorte en becas, el descenso de ayudas en la compra de libros o el comedor, el aumento de las tasas, el cierre de centros e institutos e, incluso, fusiones de centros.

Elementos nucleares

Los elementos nucleares, a propuesta por el Gobierno y en los que debe basarse el pacto son una escolarización más temprana, el plurilingüismo, así como la innovación y mejora de la oferta en FP y Universidad para adecuarla al mercado laboral. También plantea una nueva gobernanza universitaria y un Estatuto del investigador.

Los portavoces de Educación de los grandes partidos coinciden en que deben ir a un debate sin poner por delante «líneas rojas», que será «difícil pero no imposible» lograr un pacto y que es «absolutamente necesario» llegar a este acuerdo.

Huelga educativa

La Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública, integrada por organizaciones de padres, estudiantes y sindicatos de profesores, convoca hoy una huelga general de enseñanza para denunciar que la LOMCE sigue en vigor y para exigir que el pacto educativo «es solo político y no social». Será la tercera huelga general educativa en la que participan padres, alumnos y profesores. Por su parte, el ministro ha afirmado que quien convoca «es una asociación de padres (Ceapa) y dos organizaciones de estudiante (Faest y Sindicato de Estudiantes), y denuncia que algunos de estos colectivos «han criticado mucho, pero han aportado muy poco».

También, el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, ha manifestado que respeta la convocatoria, aunque cree que la iniciativa carece de «razones justificadas» en este momento. La portavoz de C’s en la comisión de Educación, Marta Martín, no cree que sea «el mejor momento» para convocar el paro, «en medio de un intento de llegar a acuerdos».

La crispación de las asociaciones se ha agravado por no convocar oposiciones a docentes y no reducir el porcentaje de interinos (20 por cieno de media y un 40% en algunas comunidades).

Fuente: http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/8209188/03/17/El-pacto-educativo-apuesta-por-un-acuerdo-politico-social-y-territorial.html