Por Carlos Ornelas
Para resolver un problema —reza una proposición de política— primero hay que conocerlo. Y reconocer que existe, pudiera agregarse. Informes de la Secretaría de Educación Pública, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, incluso del Poder Legislativo, documentan que la violencia escolar va en aumento. La prensa y los medios se encargan de divulgar los hechos extremos; algunos con amarillismo y hasta morbo.
En la academia también crece el interés por estudiar la violencia escolar. Cada institución, académicos —y sus estudiantes— escogen estrategias de análisis diversas y se enfocan en un asunto en particular. Todos construyen conocimiento, pero es parcial, de casos o sólo de uno o pocos aspectos de la violencia.
En enero de este año, el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, que rastrea la labor de los Estados miembros de la UNESCO para conseguir Las Metas del Milenio, publicó un informe, “Decidamos cómo medir la violencia en las escuelas”. Es un llamado a gobiernos e instituciones nacionales para documentar, cuantificar y catalogar los actos de violencia escolar. El propósito: diseñar estrategias locales y globales para combatir ese desarreglo social.
Este informe no se centra en un solo aspecto de la violencia escolar. El inventario es amplio: intimidación, castigo corporal, abuso verbal y emocional, hostigamiento sexual y agresión. Además, actividad de pandillas y presencia de armas en los recintos escolares.
También llama la atención en el hecho de que las formas más comunes y generalizadas suelen pasar desapercibidas, aunque son las que causan mayor daño a la experiencia educativa de niños y adolescentes. En una sola oración, sintetiza el drama de por qué no se adquiere mayor conocimiento ni se divulga más información: “a menudo involucrar tabúes”. Como agresión a docentes, que casi no se menciona en estudios nacionales.
El informe de la UNESCO sintetiza datos de pesquisas nacionales e internacionales que presentan un panorama calamitoso. Por ejemplo, cita una encuesta nacional representativa sobre la violencia contra los docentes en Alemania: alrededor de 23% de los encuestados había sido objeto de abuso, difamación, intimidación, amenazas o acoso, al menos una vez en los últimos cinco años. Según la encuesta, durante este periodo, seis por ciento de los profesores había sido agredido por estudiantes.
Si eso pasa en Alemania, donde el Estado monopoliza la violencia legítima, ¿qué podemos esperar en México?
Si bien es cierto que las teorías de la reproducción de las relaciones sociales por medio de la escuela ya no tienen el atractivo que tuvieron hasta los 80, la escuela no es una institución aislada de la sociedad. Buena parte de la violencia que se observa entre niños y adolescentes nace en la familia, el entorno de las comunidades y los medios de comunicación.
En amplias zonas de la geografía de México impera la brutalidad; no sólo la violencia criminal: pleitos entre y al interior de las comunidades, riñas entre vecinos, linchamientos de ladrones pobres diablos —a los grandes y de cuello blanco nunca los atrapan— reyertas por cualquier accidente de tránsito. Aunque recelo, sé que hay policías buenos y competentes. Pero otros participan en actos que se supone deben prevenir y sancionar.
La violencia es un embarazo del Estado mexicano. Es un asunto en el que las instituciones y los mandos han fallado. La impunidad y la corrupción abonan a la violencia que se reproduce en las escuelas, aunque —vaya ironía— es allí donde puede encontrarse la solución de plazo largo. Digo, si en lapsos breves el Estado hace su tarea, genera conocimiento, reconoce el problema y ataca de frente la violencia en el ámbito social.
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