El Derecho a la Educación en las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad

Por Marianicer Figueroa /OIREPOD

En el marco de la campaña que impulsa la Red Global/Glocal por la Educación con apoyo del OIREPOD, sobre el Derecho a la Educación de niños(as) y jóvenes en conflicto penal, iniciamos la socialización y divulgación de diferentes instrumentos internacionales creados al respecto, entre los que destaca el convenio de Beijing  de 1985 sobre Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de la Habana, 1990) y a las directrices de Riyadh 91-92 referidos a la directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil.

Reivindicando a la Educación como derecho humano y conociendo el lugar que la educación tiene como vehículo transformador de realidades y por ende en los procesos de reinserción social de niños, niñas y jóvenes que se encuentren institucionalizados por situaciones de conflicto penal, desde el OIREPOD apoyamos a la Red Global /Glocal por la Calidad Educativa en el desarrollo de la investigación regional de carácter descriptivo que nos permita develar el estado de las políticas y prácticas que garanticen el derecho a la educación de niños y jóvenes institucionalizados en conflicto penal con la Ley ,en cuatro países a saber: Argentina, Colombia, México y Venezuela.

Este estudio del que esperamos posteriormente desarrollar una segunda etapa en el contexto de Iberoamérica y luego a nivel global, ya ha iniciado una primera fase de carácter documental que permita la realización de un marco conceptual a partir del análisis de la normativa internacional referente a la protección de las niñas, niños y adolescentes institucionalizados en conflicto con la ley, y de las políticas existentes al respecto en los países participantes en el estudio.

Por ese motivo, iniciamos la socialización y divulgación de los instrumentos que desde ya forman parte de la fase documental de este estudio.

Conozcamos a continuación el primero de estos instrumentos haciendo clic en el siguiente enlace: Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Reglas de la Habana, 1990) 

De este instrumento legal internacional resaltamos el apartado E referido a Educación, trabajo y formación profesional, en el que se indican las siguientes reglas:

“38. Todo menor en edad de escolaridad obligatoria tendrá derecho a recibir una enseñanza adaptada a sus necesidades y capacidades y destinada a prepararlo para su reinserción en la sociedad. Siempre que sea posible, esta enseñanza deberá impartirse fuera del establecimiento, en escuelas de la comunidad, y en todo caso, a cargo de maestros competentes, mediante programas integrados en el sistema de instrucción pública, a fin de que, cuando sean puestos en libertad, los menores puedan continuar sus estudios sin dificultad. La administración de los establecimientos deberá prestar especial atención a la enseñanza de los menores de origen extranjero o con necesidades culturales o étnicas particulares. Los menores analfabetos o que presenten problemas cognitivos o de aprendizaje tendrán derecho a enseñanza especial.

39. Deberá autorizarse y alentarse a los menores que hayan superado la edad de escolaridad obligatoria y que deseen continuar sus estudios a que lo hagan, y deberá hacerse todo lo posible por que tengan acceso a programas de enseñanza adecuados.

40. Los diplomas o certificados de estudios otorgados a los menores durante su detención no deberán indicar en ningún caso que los menores han estado recluidos.

41. Todo centro de detención deberá facilitar el acceso de los menores a una biblioteca bien provista de libros y periódicos instructivos y recreativos que sean adecuados; se deberá estimular y permitir que utilicen al máximo los servicios de la biblioteca.

42. Todo menor tendrá derecho a recibir formación para ejercer una profesión que lo prepare para un futuro empleo”

Ante estos acuerdos legales vale la pena preguntarse ¿Se cumplen en los países de Latinoamérica estas normas en las instituciones de reclusión de jóvenes en conflicto penal con la Ley?

Comparte con nosotros tus ideas al respecto, y sumate al proyecto de investigación que sobre este tema desarrolla la Red Global/glocal por la calidad educativa con el apoyo de OIREPOD.

Imagen tomada de: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTM5I6d4WDj5jhdaqvMMAGB7pe10ZVkkz0o54-eLrp5dl_LI9IW0Q

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Marianicer Figueroa

Psicóloga e Investigadora del Centro Internacional Miranda y del Centro Nacional de Investigaciones Educativas (CNIE) de Venezuela. Dra. en Innovaciones Educativas. Activista por el Acceso Abierto y la Difusión Libre del Conocimiento.

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