La deuda del sistema educativo chileno con los inmigrantes

Chile / 19 de noviembre de 2017 / Autor:  Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia / Fuente: Educación Futura

Seminario de Historia y Políticas de la Educación(1)

Universidad Iberoamericana

Ciudad de México

En la actualidad la mayoría de los países en Latinoamérica posee numerosos inmigrantes, entendiéndose como el desplazamiento de los sujetos a través de una frontera internacional o dentro de su país, es decir, fuera del lugar de residencia, teniendo esto implicaciones frente al status económico, identitario, cultural, social e incluso familiar, que en muchos contextos los pondrá en desventaja. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), define migración como “movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos” (OIM, 2006).

Los inmigrantes conforman la diversidad lingüística, cultural y social que hacen de los países a los que llegan, escenarios con un enorme potencial en riqueza cultural. Frente al fenómeno de la globalización, la cultura y el idioma son un soporte a la construcción de identidades locales que promueven una imagen diferente al interior y exterior de una nación.

Las naciones no se pueden observar como entidades cerradas, en tanto se observa una alta coexistencia de diversidad cultural y social en la región latinoamericana, lo cual constituye un aporte significativo no sólo en la conformación de una identidad, sino también como contribución a la riqueza de la humanidad. Una nación rica en diversidad, es rica en vida.

En este contexto latinoamericano, Chile se inscribe como un lugar significativo de llegada de inmigrantes. Hacia 2015, según datos arrojados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2015), del Ministerio de Educación (Mineduc) y de la Superintendencia de Educación, la población migrante en Chile ha aumentado de manera progresiva y alcanzó en 2015 las 465.319 personas, lo que corresponde a un 2,7% de la población total del país. El 69% de esta población habita en la Región Metropolitana; el 13,2% en las regiones de Tarapacá y Antofagasta; el 7,8% en Coquimbo y Valparaíso; y el resto se distribuye en las demás regiones del país. Respecto del origen de la población inmigrante, el 33,3% proviene de Perú; el 13,8% de Colombia; el 15% de Argentina; el 7,4% de Bolivia; el 4,8% de Ecuador; el 10,1% del resto de América Latina y El Caribe más México; y el 15,6% de otros continentes. El 12,9% de la población total de inmigrantes corresponde a niñas y niños de 0 a 14 años.

Desde hace años, la procedencia de estos sujetos tal y como se menciona en el párrafo anterior es de: Perú, Haití, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, España, Venezuela entre otros. La mayoría de ellos, migran, esperando obtener mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

Lo anterior sugiere una necesidad latente en relación al sistema educativo, pues este contexto no puede ser ajeno a una realidad que circunda a Chile y que, necesariamente lleva a un replanteamiento de la educación con miras a responder a las características y necesidades culturales de cada uno de los sujetos que llegan a las aulas.

El director del Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca señala que, en general, el sistema educacional en Chile no respeta los derechos humanos de los niños, “puesto que hasta hoy tenemos un sistema segregado por cuestiones socioeconómicas” (La tercera, 2017), asunto que necesariamente, toca a la población inmigrante y que se agrava, teniendo en cuenta que en sus características socioeconómicas hay un predominio de pobreza de tipo multidimensional es decir, “que incluye variables de educación, salud, vivienda y entorno, trabajo y seguridad social, y redes y cohesión social” (Informe DD.HH. UDP, 2017: p. 8).

Es importante señalar que Chile no cuenta con un cuerpo legal consistente con los estándares de derechos humanos relativos a la educación de estudiantes migrantes. Además, si bien Chile plantea la obligatoriedad de la educación, la constitución política no concibe la educación como derecho para ningún niño o joven sea el caso o no de un migrante, como tampoco contempla el respeto por la identidad cultural en el marco del sistema educativo (Informe DD.HH. UDP, 2017).

El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2017 de la Universidad Diego Portales, aborda un tema relevante, el de “la migración y la inclusión de estudiantes migrantes en el sistema escolar”. El documento propone iniciar una reformulación de las bases curriculares, principalmente en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, esto con el fin de obtener un currículum actualizado, pertinente y alineado con un enfoque de derechos humanos y que responda a una visión intercultural, distinto a los programas educativos actuales, los cuales no están adaptados a la multiculturalidad. Y, para ser inclusiva, la educación tendría que reconocer las diferencias de los estudiantes que, por ejemplo, hablan otro idioma, lo cual tampoco se encuentra contemplado en los planteles educativos.

“Si bien hay obligatoriedad de la educación básica y media en Chile, en el grupo de extranjeros residentes latinoamericanos, según la Casen 2015, hay un alto porcentaje de niños y adolescentes en edad escolar que no asisten a un establecimiento educacional” (CASEN, 2015). Y, para quienes logran acceder, las dificultades considerables emergen a la hora de la permanencia, puesto que las barreras se presentan al momento de subsidiar sus estudios, lo que podría hacerse efectivo, si fueran beneficiarios de la ley de Subvención Escolar Preferencial. En este sentido, se observa una desventaja para esta población, dando cuenta de una dificultad frente al acceso integral por falta de documentación que regularice su situación migratoria.

Según información entregada por la Superintendencia de Educación por la Ley de Transparencia, entre 2013-2016, se interpusieron 73 denuncias por discriminación racial vinculada a la migración, asuntos que se incrementan año tras año.

Una de las propuestas que se ha generado a partir de las problemáticas expuestas, es la creación de centros destinados a la inserción lingüística de estudiantes y familias migrantes, en las regiones y comunas donde existe mayor concentración de ellos (CASEN, 2015), como es el caso de la región metropolitana, donde habita el 69% de esta población.

Unido a la propuesta anterior, la sociedad civil en cabeza de organizaciones y movimientos sociales ha pedido al Ministerio de Educación que se generen políticas orientadas a formar asistentes de la educación con enfoque intercultural. En este marco, se entiende que la educación intercultural debe ser para todos y todas, indígenas y de otras tradiciones culturales, para las zonas rurales y las zonas urbanas (Tubino, 2004) y con fines diferentes según el contexto. Lo que nos lleva a replantear la importancia de una educación intercultural abierta, flexible e integradora de la diversidad para la incorporación de las prácticas culturales que coexisten en los salones de clases.

En este proceso, el programa “Escuela somos todos”, nace en 2014, a partir de los acuerdos de la Subsecretaría del Interior y la Municipalidad de Santiago. Este programa busca promover la integración y regularización de estudiantes migrantes, además de apoyar a las familias a realizar sus trámites migratorios con el fin de solucionar en un corto periodo de tiempo su situación ante el Departamento de Extranjería y Migración. Sin embargo, es importante aclarar que este programa siempre ha estado supeditado a la voluntad política de los gobernantes de turno, lo que se considera en sí mismo, un riesgo para la estabilidad frente a las políticas educativas de este país.

Ante este panorama, se advierte necesario puntualizar en las políticas educativas, pues en este caso, permitirían viabilizar las formas de trabajo y los elementos a tener en cuenta en estos contextos que deben abogar por una mirada que contemple la diversidad y que mire en ello una posibilidad para el enriquecimiento del escenario escolar y que, a su vez, propenda por un diálogo de saberes entre lo que los estudiantes traen y lo que la escuela tiene para ofrecerles (Informe DD.HH. UDP, 2017).

(1) Marcela Gómez Álvarez y Anggie Hidalgo Silva

Referencias

CASEN (2015) Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Santiago, Chile.

Informe Anual sobre Derechos Humanos (2017) Centro de Derechos Humanos UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES, Santiago,  Chile.  Fecha de acceso: 25 de octubre.http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2017/7Inclusio%CC%81n%20de%20estudiantes%20migrantes%20en%20el%20sistema%20educacional%20chileno.pdf

Migraciones, O. I. (2006). Recuperado el 10 de noviembre de 2017, de http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf

Sepúlveda, P. (2017) Sistema escolar no se ha adaptado a llegada de inmigrantes. La tercera. Fecha de acceso: 19 de octubre. http://www.latercera.com/noticia/sistema-escolar-no-se-ha-adaptado-llegada-inmigrantes/

Tubino, F. (2004) “Las prácticas discursivas sobre la interculturalidad en el Perú de hoy. Propuesta de lineamientos para su tratamiento en el sistema educativo peruano”. Consultoría encargada por la Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural. Lima, 2004.

Fuente del Artículo:

http://www.educacionfutura.org/la-deuda-del-sistema-educativo-chileno-con-los-inmigrantes/

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El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es un espacio para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), e integrado por académicos especializados en educación de las Universidades de Loyola Pacífico-Acapulco-Pacífico, IBERO Ciudad de México, IBERO León, IBERO Puebla, IBERO Tijuana, IBERO Torreón, Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

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