El Ministerio de Educación reclama a 121.000 estudiantes de postobligatoria el dinero de sus becas

Por: Saray Marqués

Hasta el curso 2011-2012 no es que los estudiantes de postobligatoria y universidad que hubieran disfrutado de una beca estuvieran libres de tener que devolverla. Podía ocurrir, y ocurría, si se consideraba que no se había destinado para la finalidad para la que había sido concedida. Como ahora. Y el susto les podía llegar hasta cuatro años después, el plazo del que se dispone para iniciar el procedimiento.

Sin embargo, los criterios para fijar ese desajuste respecto al fin último de la beca cambiaban hace ahora cinco cursos. Si hasta entonces habían sido abandonar los estudios o anular la matrícula, no acudir a la mitad de las horas lectivas (en postobligatoria) o no presentarse al examen de, como mínimo, un tercio de los créditos matriculados (en universitaria), pasaron a ser no superar la mitad de esos créditos (en ambas) o no superar al menos a un 80% de horas lectivas (en postobligatoria). Ya no bastaba con presentarse, había que aprobar.

A muchos les pilló por sorpresa y los expedientes de reintegro aumentaron de 8.025 en el curso 2011-2012 a 18.968 en el siguiente en universitaria -de 6.099 a 20.206 en postobligatoria-. Eso, en la media que maneja el Ministerio, porque en determinadas universidades, como la de Salamanca, se multiplicaron por 10: de 27 afectados se pasó a 278.

Desde entonces, en cuatro cursos se han abierto 121.669 expedientes de reintegro, en postobligatoria y universitaria, de los que, a fecha de 30 de octubre, 66.631 estaban, en lenguaje administrativo, “concluidos por pago”, esto es, se habían devuelto.

Estos datos proceden de una respuesta en el Congreso al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, que ha alertado reiteradamente de que la reforma del PP del sistema de becas “está expulsando del sistema a miles de estudiantes”.

Entre esta aseveración y una de las favoritas del ministro Íñigo Méndez de Vigo, que sostiene que el objetivo es “que ningún alumno deje de estudiar por motivos económicos” va un trecho.

También ante una pregunta de Heredia, desde el Ministerio se ha respondido que “no se tiene constancia de que ningún estudiante haya tenido que abandonar sus estudios por haber tenido que proceder a la devolución del importe de la beca recibida”, pero lo cierto es que la mayor caída de estudiantes en las universidades públicas coincide con el nuevo sistema de becas, del que los requisitos de devolución eran solo un adelanto: entre el 2011-12 y el 2013-14 perdían 45.241 alumnos, un 3,3% del total, rompiendo así la tendencia ascendente hasta ese momento.

Malas rachas que salen caras

Desde el curso 2011-12 algunas cosas han cambiado, y el Ministerio, que suele recordar que no hay afán recaudatorio en las devoluciones, ya que el dinero recuperado pasa al presupuesto de becas del curso siguiente, ha sido receptivo a ciertas sugerencias de las universidades.

Por ejemplo, en el curso 2014-2015 se rebajaba el porcentaje de créditos que se tenían que superar al 40% en las carreras de Ciencias y Enseñanzas Técnicas. También fruto de estas sugerencias se ha introducido el pago fraccionado y la posibilidad de aplazamiento gracias a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda de 2015, pero otras propuestas no han sido escuchadas.

La fundamental es la eliminación de la exigencia de devolver la beca por no superar el porcentaje determinado de créditos a los alumnos que continúen sus estudios universitarios el siguiente curso: “Se ha pasado de unos criterios demasiado laxos a otros demasiado rígidos. Se dice que se revoca porque el estudiante no usó el dinero para ese fin, pero no está claro: ¿Y si estudió y no tuvo éxito? Para estos alumnos ya hay penalización, pues no tendrán beca al curso siguiente. Si, además, la han de devolver se introduce una doble penalización”, razona Cristina Pita, coordinadora de becas en la RUNAE (la red de asuntos estudiantiles de la CRUE), que considera que “debe existir un control, tampoco se puede permitir que disfrute de una beca alguien que no tiene intención de estudiar, pero sin romper el principio de igualdad de oportunidades, pues a un alumno con un determinado nivel de renta no se le está penalizando, puede cambiar de estudios tantas veces como quiera, apruebe lo que apruebe”.

Pita señala que cuentan con el compromiso del Ministerio de analizar las 16 sugerencias que las universidades le plantean de cara al curso que viene. Entre ellas, siguen reclamando que se rebajen los requisitos académicos exigidos. Para alumnos de nuevo ingreso, un 5 (y no un 5,5) debería bastar para obtener la beca de matrícula y un 6, para el resto de ayudas y, del mismo modo, a partir de 2º y en los casos de máster, reclaman reducir las notas medias al menos en 0,5 puntos. En el caso de las revocaciones piden además que sea el Ministerio de Educación, y no las universidades, quien se encargue de la tramitación de los expedientes: “La colaboración debería limitarse a facilitar la información académica requerida”.

Una combinación perversa

Carles López, presidente de CANAE, considera que se trata de “una distorsión más fruto de mezclar el nivel socioeconómico y el rendimiento académico”. “Si no alcanzas un determinado rendimiento se te pide la devolución e incluso si estás en el umbral 1, lo que equivale a riesgo de pobreza, la has de devolver, con lo cual la recibes por motivos económicos pero te quedas fuera por motivos académicos”, subraya López, cuya organización es partidaria de una convocatoria específica en que se premie el esfuerzo académico, pero al margen de la renta, “porque si tu renta es baja lo normal es que tengas que compatibilizar los estudios con el trabajo, y esto puede conllevar no alcanzar esos requisitos”.

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En la misma línea, desde la FeSP-UGT se subraya que “un estudiante al que se le pide un cierto rendimiento académico ha de poder dedicarse exclusivamente al estudio; si a estudiantes del umbral 1 no se les beca como mínimo con el salario mínimo interprofesional tendrán que trabajar para el sostenimiento de la unidad familiar”.

Y desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, CREUP, su presidenta, Carmen Romero, incide en esta idea: “La universidad pública española es muy cara, y es muy complicado mantener la vida universitaria y compaginarla con tener que trabajar o que ayudar en casa, y, desde luego, los requisitos de devolución se lo ponen aun más difícil a quien está en esa situación, dado que el sistema de evaluación continua no te permite faltar. Es poner palos en las ruedas a gente joven con condiciones vitales bastante precarias, que puede acabar endeudada, es lanzar el mensaje de que la universidad es para aquellos que se lo pueden permitir”. Para estos alumnos una de las pocas salidas hoy es recurrir a la UNED u obtener una matrícula parcial (y recibir el porcentaje correspondiente de beca).

Becas insuficientes

Aunque el presupuesto para becas se viene incrementando, España dedica a esta partida un 0,11% del PIB, frente al 0,33% de la media europea, critica Carles López, de CANAE. Los becarios son más pero las cuantías caen: la media por estudiante bajó un 20% entre los cursos 2012-13 y 2014-15, según la CRUE, al tiempo que los destinatarios se incrementaron un 27,3%; en ese mismo periodo se multiplicó por tres el número de estudiantes que solo percibían la ayuda de matrícula.

Solo un mayor presupuesto para becas propias de las universidades (en el curso 2014 invirtieron 132 millones de euros, frente a los 807 del Ministerio) ejerció cierto efecto balsámico. Con sus ayudas “repescan”, en parte, a los que se quedan fuera, por poco, de las becas del Ministerio, revisando a la baja algunos de sus criterios, o completan determinadas ayudas que se quedan cortas: los 4.100 euros previos a la reforma del sistema de becas se habían transformado en 3.500 con el nuevo modelo.

En lo que respecta a las revocaciones, tras el boom del primer año con los nuevos requisitos se van estabilizando. Los datos del Ministerio recogen 4.443 expedientes abiertos (cifras provisionales) en universitarios en el curso 2016-17, y 8.701 en no universitarios. En el caso de la Universidad de Salamanca, en el curso 2015-16 fueron 133, poco más de la mitad que el año del cambio: “Se da un cierto efecto aprendizaje”, señala Pita. De las 133, en nueve casos se presentaron alegaciones, siete de las cuales fueron aceptadas por el Ministerio.

Un jurado de selección de becarios se reúne dos veces al año para decidir qué alegaciones se presentan. Lo componen médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, profesores y técnicos del servicio de becas… Su labor de filtrado es minuciosa. Se quedan con las alegaciones (por cuestiones de salud física o mental, por trastornos de la alimentación, por violencia de género en la familia…) mejor justificadas y documentadas. Son estos jurados los que saben que detrás del impersonal “no ha destinado la beca para la finalidad para la que le fue concedida” hay circunstancias personales delicadas en las que una notificación de devolución de un dinero que ya se ha gastado es más traumática aun.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/11/23/el-ministerio-de-educacion-reclama-121-000-estudiantes-de-postobligatoria-el-dinero-de-sus-becas/

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