El trabajo infantil solo es la cara más visible del impacto del sector privado sobre la niñez. ‘El atlas de Derechos de la Infancia y Empresas 2018’ es una herramienta digital que explora la complicada relación entre ambos
«Es bastante reduccionista limitarse al trabajo infantil, que solo es uno de los impactos para la infancia, aunque la mayoría de los consumidores solo se fijan en ello», explica Andrés Franco, Andrés Franco, director adjunto de incidencia con el sector privado de Unicef. «Los mayores obstáculos suelen estar relacionados con la larga duración de los turnos de los padres o el tiempo que tardan en desplazarse hacia el lugar de trabajo, la posibilidad de amamantar a los bebés o las consecuencias medioambientales. El mayor riesgo, probablemente, es el cuidado de los menores de cinco años».
La cifra total de niños y niñas trabajadores ha caído en un tercio desde el año 2000, según el informe Infancias robadas 2017 de Save the Children. No obstante, el trabajo infantil aún afecta a al menos 152 millones de menores de entre 5 y 17 años alrededor del mundo, estima la Organización Internacional del Trabajo. La mitad de ellos desempeña su empleo en condiciones peligrosas.África subsahariana concentra las tasas nacionales más altas de trabajo infantil, en países como Camerún (47%), Somalia (49%), en Guinea-Bissau (51%), Benín (53%) o Mali (56%).
No es de extrañar que República Centroafricana obtenga la peor puntuaciónentre los 50 casos objeto de estudio del atlas, mientras España se coloca en cuarta posición al otro extremo de la clasificación, detrás de Francia, Croacia y Chile. La República Centroafricana, el país menos desarrollado del mundo según las Naciones Unidas, se coloca casi al cierre también en el índice Infancias Robadas de Save the Children. Solo Malí, Angola y Níger obtienen peores notas en el ranquin de 172 países. Pese a que el trabajo infantil afecta a más del 28% de los niños de entre 5 y 14 años, el estudio pone de manifiesto que en la infancia de República Centroafricana tiene desafíos con prevalencia aún más pronunciada. La mitad (55%) de las niñas de entre 15 y 19 años están casadas, así como el 28% de los chicos con edad inferior a los 18 años. A pesar de los recientes avances en mortalidad infantil, más del 10% de los niños y niñas del país no llega a su quinto cumpleaños, una tasa que multiplica por 40 la de Finlandia (menos del 0,3%).
Aunque el nivel de riesgo para la infancia está estrechamente vinculado con la pobreza, el penúltimo peldaño de la lista está ocupado por Angola, un país cuya economía el año pasado entró en recesión por primera vez desde 2002 tras el desplome del precio del crudo. “Es sorprendente”, sostiene David del Campo, director de cooperación internacional y ayuda humanitaria de Save the Children, “pero en este caso se debe al ambiente de negocio y a un gobierno poco transparente”.
Para Del Campo es importante contar con una herramienta como el Atlas, pero el problema es otro. “La cuestión es si este trabajo y los muchos otros informes que existen en este ámbito se toman realmente en cuenta en los despachos de toma de decisiones, tanto de la política como de las grandes compañías”, argumenta.
El experto de Save the Children insiste en la importancia de que las empresas entiendan que rentabilidad no está reñida con el respeto de los derechos humanos y del medioambiente. Pero la responsabilidad recae también en los consumidores, que están llamados a conocer la actitud de las compañías y a premiar las buenas prácticas, en lugar de señalar con dedo las malas.
Franco, de Unicef, coincide con él y admite que el Atlas por sí solo no necesariamente producirá un cambio en el sector privado si no se acompaña de acciones concretas. «Ya no es aceptable que una empresa se defienda con la excusa de haber comprado el producto en el mercado internacional y no saber qué prácticas esconde. Hay cada vez más gobiernos que se interesan por estos temas y el atlas brinda una base para empezar a trabajar juntos. Hacer otro tipo de negocio es posible y la infancia tiene que estar integrada en las estrategias de las empresas, así como el cambio climático».
Los sectores más peligrosos para los menores
El Atlas se centra en cuatro sectores de actividad que potencialmente presentan más amenazas para los menores. Uno de ellos es la industria de producción de ropa y calzado, que, según Unicef, puede afectar hasta 250 millones de niños, ya sea como fuerza de trabajo (un 12% de los trabajadores menores de edad está empleado en la industria en general) o como consumidores (las sustancias químicas contenidas en algunos productos pueden representar una amenaza para su salud).
La industria extractiva también esconde enormes peligros para los más pequeños. Uno de ellos es un mayor riesgo de violencia sexual en las cercanías de proyectos a gran escala, vinculado con la pobreza y la elevada densidad de población por la afluencia de trabajadores de otras localidades. Muchos de los empleados de las minas o los transportistas de materiales suelen ser hombres alejados de su familia, lo que favorece la proliferación de prostitución de menores.
EL ATLAS
Entre otros factores, el Atlas de Derechos de la Infancia y Empresas 2018 toma en cuenta la edad mínima para trabajar, el riesgo de explotación sexual, tráfico de menores, trabajo forzoso o peligroso, salarios, duración de los turnos, baja maternales.
La herramienta se basa en indicadores como el marco legal y el compromiso del Estado con la defensa de los derechos de los niños, analizando el impacto para la infancia en el lugar de trabajo, en el mercado y en el entorno. Es en este último apartado que República Centroafricana suma las peores notas (7,7 en una escala de 0 a 10, en la que a número mayor corresponde la necesidad de un mayor esfuerzo de empresas e inversores para proteger a la infancia de ese país. Este resultado casi dobla la media de 4 de los otros países analizados).
Por último, se analiza el impacto del sector alimentario, una industria que brinda trabajo a unos 22 millones de personas en el mundo solo en la fabricación, en particular en países en desarrollo. Estas cifras excluyen a los que trabajan en agricultura, cría de ganado, pesca y silvicultura, incluidos 98 millones de menores (el 60% del trabajo infantil). Muchos de ellos son empleados por su familia y no reciben salario. Los menores, en cuanto consumidores, están expuestos a campañas de marketing y publicitarias que promueven el consumo de productos ricos en azúcar y calorías y que inciden en las crecientes tasas de obesidad en esta franja de población. La Organización Mundial de la Salud estima que, de mantenerse el actual ritmo de crecimiento de la población, 70 millones de niños y adolescentes tendrán sobrepeso en 2025.
Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/04/11/planeta_futuro/1523460370_213858.html
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