Uruguay: Política Social Educativa para encarar la deserción estudiantil

La educación superior en el Uruguay se caracteriza por su alta deserción y abandono. Es un desgranamiento educativo que se produce desde la educación media, aumenta en la media superior, tiene un incentivo en el pasaje a la educación terciaria y que se continúa y expande en la educación superior. Es un proceso gradual y continuo que finalmente construye un sistema educativo desigual. No produce permite que la educación cree igualdad de oportunidades para las personas, sino que reproduce y amplia las desigualdades sociales existentes en la sociedad.

Esta expulsión educativa tiene su mayor incidencia en los hombres, en los estudiantes procedentes de los sectores de menores ingresos, en la población que estudia y trabaja, casada o divorciada, con hijos y en la que proviene del interior del país. La deserción la educación no sólo reduce la educación como instrumento de política social sino que estratifica y focaliza los sectores sociales excluidos.

Uruguay es un país con una estructura de distribución del ingreso con baja desigualdad relativa en el panorama de América Latina y su índice de Gini que mide las desigualdades económicas es elevado mostrando una significativa correlación entre el porcentaje de la población y su participación en el ingreso nacional. La política de seguridad social es tal vez el actor más importante. Sin embargo, a la vez, el país tiene uno de los más altos índices de desigualdad educativa, dada por la participación inequitativa de los diversos estratos en el nivel medio y especialmente en la educación superior. La igualdad que existe en el ingreso universal al sistema educativo y que ha ido aumentando con la educación preescolar, se transforma en una creciente desigualdad a medida que se recorren los niveles escolares, haciendo que al final en el egreso del ciclo terciario, se conforme una elevada desigualdad social. Ella no ha sido resuelta en estos años y no ha sido vista incluso en su real dimensión como un problema social en el país, en el marco de una mirada que se ha focalizado en un asistencialismo sin la utilización de instrumentos educativos.

En el nivel de educación terciaria la participación de los estudiantes del quintil con mayores recursos económicos es del 56,8% y se ubica en un nivel elevado en el continente. Pero, inversamente, la participación de los estudiantes del quintil más bajo es de las más bajas con el 4,4% de los estudiantes según el Informe Iberoamericano de Educación Superior. Así, Uruguay tiene la brecha más alta de desigualdad de la región con 52,4 puntos (2016) como diferencia. La relación entre la participación de ambos sectores en la educación terciaria constituye el llamado Índice 20/20 de desigualdad que mide la diferencia de accesos entre sectores sociales que en Uruguay es 13 veces, muy cerca de las peores (Guatemala con 17,3 y El Salvador con 18,8 veces), y muy lejos de los mejores Índices que corresponden a Bolivia con 1,8, Chile 2,3 y Argentina con 2,5 veces.

En educación estamos entre los países más desiguales de egreso, y ni que hablar de calidad. Esto es causa de desgranamiento o expulsión educativa que se produce con más intensidad desde el nivel medio desde los 15 años y que hace que apenas el 40% de los estudiantes que ingresan a la educación media concluyen ese nivel. Esta guillotina en las trayectorias educativas personales se produce aún en forma más intensa en el sector universitario. Allí, más allá de determinantes sociales, de impulsos desde el empleo, la vocación o las situaciones familiares, la expulsión educativa se produce con más intensidad en el sector público a pesar de su gratuidad, facilidad de ingreso e incluso reducidas exigencias muchas veces al esfuerzo en el aprendizaje.

Esta expulsión estudiantil finalmente determina la baja tasa de titulación nacional. En el 2017 en el país según el MEC graduaron 8825 profesionales. Asumiendo un tiempo de 5 años de estudio y analizando los datos de los ingresos a la educación universitaria en el 2013, se aprecia que por cada 3,1 ingresantes en toda la educación superior, apenas egresó 1 estudiante en los 5 años posteriores. En el sector público ese indicador es de 3,7 ingresante por cada egresado cinco años despúes, en tanto que en el sector privado es 1,55. Ello significa que en el sector privado la tasa de titulación del 64%, mientras que en el sector público la tasa de titulación es 27%. Los estudiantes del sector privado se gradúan 2,37 veces más que los del sector público, a pesar de ser apenas el 15% del total. La tasa de titulación pública sería aún mucho menor sin la existencia de las becas del Fondo de Solidaridad, ya que las pierden quienes no cumplen determinados requisitos de estudios.

El desgranamiento se produce mayoritariamente en el nivel universitario en el primer año de los estudios. Entre el 2007 y el 2012, de la población de la UDELAR, el 56,4% de los abandonos fueron en el primer año de los estudios, repartiéndose el restante 21,3% y 22,2% en los ciclos medios y finales de las carreras.

Esta realidad de desigualdad social, es resultado de falta de políticas que reconozcan la diversidad de personas, de una masificación con aulas sobresaturadas que no permiten enseñar y aprender con calidad así como de la falta de una atención tutorial. Pero fundamentalmente es resultado de la ausencia de un sistema institucional diferenciado con diversidad de instituciones, pedagogías, regímenes de gobernanza y pertinencia, para permitir la inclusión educativa y reducir las desigualdades. Entre ello tiene un rol fundamental la existencia de ofertas a distancia y especialmente una institución a distancia y virtual, especializada y focalizada en este tipo de oferta y demanda..

Si se quiere encarar la expansión del acceso, y reducir la deserción estudiantil, se requiere hoy una universidad a distancia y virtual. No es sólo un tema educativo, sino fundamentalmente de política social y de reducción de las desigualdades.