Educación Especial

Por: Thomas Rivera Schatz.

Para corregir un injusto recorte presupuestario realizado por la Junta de Control Fiscal de la ley Promesa, esta semana aprobamos en el Senado la Resolución Conjunta 399 de nuestra autoría para asignar $123 millones de fondos estatales al Programa de Educación Especial del Departamento de Educación. Esta agencia funciona con fondos combinados, estatales y federales, por lo que le fueron asignados un total de $262 millones cuando aprobamos el presupuesto para el presente año fiscal 2019-2020. Posteriormente, y de manera unilateral, la junta recortó la aportación estatal de $183 millones a solamente $60 millones, para una reducción de $123 millones que ahora insistimos en asignar.

Recientemente, el Departamento de Hacienda anunció que los ingresos al Fondo General de Puerto Rico para el pasado año fiscal 2018-2019 superaron la suma de $11,800 millones. Esa cifra histórica de recaudos públicos sobrepasó por más de $2,000 millones la cantidad presupuestada para ese año fiscal, según el presupuesto certificado por la junta. Además, sobrepasó por más de $1,136 millones la proyección de ingresos que la misma junta había realizado para ese año fiscal.

Este importantísimo programa ofrece servicios a más de 115,000 niños y adolescentes, que representan casi una tercera parte del total de la población estudiantil del sistema público. Entre los servicios de este programa, figuran los educativos en el salón de clases o en el hogar; educación física adaptada y servicios educativos en instituciones juveniles. También se ofrecen evaluaciones y terapias en áreas como habla y lenguaje, ocupacional, psicológica y física; asistencia tecnológica con evaluaciones, adiestramientos y provisión de equipos necesarios para el estudiante; transportación a los estudiantes y subsidios a los padres; y servicios suplementarios y de apoyo, incluyendo los servicios de asistentes especiales (TI) e intérpretes (TII), entre otros.

No existe excusa presupuestaria válida para no tomar acción inmediata en la atención de las necesidades de los estudiantes de educación especial. En ese sentido, el Senado ha cumplido nuevamente con su responsabilidad. La junta alega que la millonada que hace falta para cuadrar el presupuesto en este programa debe surgir de ahorros operacionales en el Departamento de Educación, pero no dice cuándo ni cómo. Es una injusticia pretender que decenas de miles de niños y sus padres tengan que esperar por ese “milagro” administrativo y presupuestario. Sencillamente, eso es inaceptable. La junta debe reconsiderar su actitud simplista de pretender cuadrar sus números a “marronazos” desde la comodidad de un escritorio y a expensas de los más necesitados y vulnerables.

El Departamento de Educación también tiene que hacer su parte de manera urgente y en el Senado estamos dispuestos a apoyar nuevos esfuerzos y enfoques. Desde la década de los años 80 hay un pleito de clase en la corte federal por las deficiencias de este programa. Incluso, anualmente el departamento paga millones en multas federales. Hace falta revisar la estructura operacional y administrativa de este programa; evitar papeleo y procedimientos engorrosos y burocráticos. Hay que utilizar la tecnología de manera inteligente, integrada y sensible a la conveniencia de los niños, sus padres y los proveedores de servicios que tardan meses en cobrar. No debemos permitir que personas en el gobierno con mentalidades burocráticas y hasta policiales continúen sentándose en escritorios a diseñar estructuras administrativas y reglamentarias que el mismo gobierno no está preparado para implantar eficientemente. Esta es una mala costumbre histórica en el gobierno de Puerto Rico. Agencias que tienen sistemas tecnológicos que no se comunican entre sí, provocando lentitud y servicios deficientes. Implantan reglamentos, formularios y requisitos que después la misma agencia no puede procesar.

El rediseño administrativo, operacional y tecnológico de este programa debe conducirlo a ser capaz de poder canalizar la inversión total de los fondos federales que recibe anualmente.

La junta debe apoyar esta asignación de fondos que es absolutamente necesaria, prioritaria y humanitaria. Y el Departamento de Educación debe utilizar estos fondos y los fondos federales para alcanzar la máxima excelencia en los servicios, la accesibilidad y la facilidad en la solicitud y utilización de estos. Si lo que se ha hecho durante décadas en el Programa de Educación Especial no ha funcionado, es hora de rehacerlo completo. Nuestros estudiantes y el futuro de Puerto Rico no merecen menos.

Fuente del artículo: https://www.elvocero.com/opinion/educaci-n-especial/article_a6268dc2-c483-11e9-9ebd-8bf9544f0b60.html

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Thomas Rivera Schatz

Thomas Rivera Schatz

Político puertorriqueño, consejero legal y abogado.

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