OPINIÓN | Guerrero rojo

Por: Tlachinollan

En la cúspide de la curva del coronavirus, a nivel nacional llegamos a 90 mil 694 casos de personas contagiadas y a 9 mil 930 decesos. En el plano estatal se registraron mil 893 casos y 275 defunciones. El viernes 29 de mayo en el estado tuvimos el número más alto de contagios que ascendió a 185 casos. El municipio de Acapulco sobresale con mil 182 casos, seguido de Chilpancingo con 189, Iguala 116 y Taxco 54. Se reportan 56 municipios con casos positivos, 23 municipios vecinos sin contagio, y solo dos municipalidades, Cochoapa el Grande en la Montaña y Azoyú en la Costa Chica, aparecen sin contagio y sin vecindad. Son las cifras del Guerrero rojo, de la alerta máxima para contener el contagio que puede desbordarse, no solo en los municipios de mayor densidad poblacional, sino en las regiones donde no se han tomado medidas efectivas, por parte de las autoridades municipales en coordinación con las autoridades de salud, para persuadir a la población de que permanezca en sus domicilios.

El escenario que se vislumbra en el estado, en cuanto a número de contagios, seguirá al alza. El plan A si le podemos llamar así, de contar con camas suficientes para atender a los pacientes que requieren hospitalización, es el que nos han venido mostrando las autoridades del estado. Mientras los pacientes sean de esos municipios la situación puede estar relativamente controlada, en cuanto al acceso a los servicios hospitalarios. Sin embargo, el mismo presidente de la república manifestó en la conferencia mañanera del miércoles 27 de mayo su preocupación por la situación de Acapulco: “Es el único sitio, el único lugar, Acapulco, en donde tenemos que estar muy pendientes y ampliar de inmediato la capacidad de hospitalización, ya lo estamos haciendo”. Mientras no se implementen mayores medidas preventivas en los focos rojos donde proliferan los contagios, las camas del Puerto no alcanzaran para los pacientes que requieran hospitalización. Es decir, que aún el plan A, no ha pasado la prueba porque la curva de la pandemia aún no llega al techo en nuestro estado.

Lo preocupante es cómo implementar un plan B, tomando en consideración a la población que se encuentra dispersa en las diferentes regiones del estado, donde las pruebas de PCR no se aplican y, por lo mismo, tanto las autoridades de salud como los habitantes desconocen el número de personas contagiadas. Ante la carencia de infraestructura hospitalaria, el mismo personal médico ha optado por regresar a los pacientes a sus domicilios, aplicándoles únicamente un cuestionario para ubicar a las personas que presentan algunos síntomas. La misma población se resiste a acudir a los hospitales para diagnosticar su estado de salud. En estas circunstancias, la apuesta se circunscribe al ámbito meramente voluntarista, que no tiene ningún sustento en la realidad. En este contexto la mayoría de las personas construye en el imaginario que el contagio no llegará al extremo de cobrar vidas humanas. Pesa más el sentido religioso del milagro, que la postura objetiva y responsable de tomar medidas preventivas, para no cruzar el umbral de una enfermedad mortífera.

La realidad parece desbordar cualquier proyección sobre el comportamiento de la pandemia. Empezamos a constatar que el contagio se ha expandido a 79 municipios del estado, sin tener la certeza de que Cochoapa El Grande y Azoyú, sea una población que esté libre de contagio. En más de la mitad de los municipios no hay personal médico que esté en condiciones de detectar los casos y canalizarlos a los centros hospitalarios. Más bien estamos ante un panorama desolador por las condiciones precarias que enfrenta la población y que difícilmente podrá mantenerse en casa ante la amenaza de no comer ese día. Muchas familias indígenas están saliendo de sus comunidades porque no encuentran una respuesta inmediata de las autoridades para hacer frente para garantizar su alimentación. No hay forma de obtener un ingreso. Los mismos programas sociales que están aplicándose en el país son insuficientes, porque estamos ante una grave recesión económica que empieza a golpear con mayor fuerza a los sectores más depauperados del país.

El plan B, es cómo garantizarle camas a la población que se encuentra alejada de los centros hospitalarios, y que difícilmente podrán ser trasladados de sus comunidades o municipios porque no hay módulos de triage que puedan atenderlos y tampoco ambulancias para sus traslados. Normalmente, las personas enfermas de las comunidades rurales, para que puedan acceder a una ambulancia tienen que pagar el combustible y en varias ocasiones los viáticos del chofer. Difícilmente estás familias puede sufragar el gasto, por eso optan por regresarse a su comunidad. La descoordinación que existe entre las autoridades municipales y el sector salud, impide que muchos enfermos puedan tener la oportunidad de ser trasladados a hospitales de tercer nivel.

Por esta pandemia tenemos conocimiento que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ha congelado los capítulos 2,000 y 3,000 de todas las dependencias. Eso quiere decir, que no tendrán recursos para su operación, hasta que no entreguen sus recortes presupuestales del 75 por ciento. Por lo mismo, cualquier dependencia le dirá a la población que no cuenta con recursos para apoyarlos en sus necesidades más básicas. Si antes de la pandemia los presidentes municipales se quejaban de los recortes presupuestales, como mayor razón ahora que se avecina el fin del trienio las arcas estarán vacías. Como siempre los ciudadanos y ciudadanas que depositaron su confianza en las autoridades tendrán que batallar para su sobrevivencia.

El dinero se ha canalizado a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaria de Salud y la Secretaría del Bienestar. No sabemos cómo van a canalizar esos fondos millonarios. La respuesta generalizada será que los recursos se destinaran para enfrentar la crisis sanitaria, principalmente. Las cifras millonarias que manejarán estas dependencias difícilmente llegarán a la población que es extremadamente vulnerable al COVID – 19.

Quisiéramos saber cómo se va a apoyar a los pacientes que requieran trasladados a los centros hospitalarios; cómo se brindará ayuda a las familias que han perdido a un ser querido a causa del COVID – 19 y que implica gastos funerarios especiales. Cómo se apoyará a las mujeres que son víctimas de la violencia, y que enfrentan la amenaza del coronavirus y del hambre. Cómo se va a garantizar un tratamiento médico adecuado a los adultos mayores, para no confinarlos en sus precarias viviendas, resignándose a la muerte.

¿Será la SEDENA y la Marina, en lugar del INPI quiénes se encargarán de atender ahora las necesidades más urgentes de la población indígena y afromexicana? ¿Será las Secretarías de Salud y de Bienestar, las que se avocaran a brindar apoyos a los pacientes que requieran traslados a los centros hospitalarios? o ¿Qué asuman la responsabilidad de sufragar los gastos funerarios de las personas que fallezcan por COVID – 19?

Es preocupante que a punto de llegar a la cúspide de esta pandemia no estemos preparados para implementar un plan B. Así como vemos que un número de habitantes se niega a ver con realismo los efectos devastadores de esta pandemia, así percibimos a varias autoridades que solo vislumbran una sola ruta para aplanar la curva del coronavirus. Tampoco quieren mirar a profundidad la crisis económica que se avecina y que puede desbordar los ánimos de una población que se siente desamparada. Que puede darse un descarrilamiento de esta etapa de la nueva normalidad, que estará marcada por más muertes, más enfermedades, más pobreza y más hambre.

El mapa del país coloreado en rojo, no parece ser una metáfora sino una realidad marcada por la incertidumbre, el miedo, el caos, la desesperación y el fin trágico. La fortaleza de una sociedad que no sucumbe ante las recurrentes crisis económicas que ha tenido que sortear para salir adelante y la solidaridad vigorosa que se ha mostrado ante las catástrofes naturales, son el gran reservorio del país donde emanarán nuevas formas de organización comunitaria, para reconstruir el tejido social que se ha roto, por un modelo económico depredador que quiso suplantar al Estado, colocando al mercado como el paraíso terrenal, y al individuo como rey de la creación.

El colapso no lo generó una Tercera Guerra Mundial, sino el coronavirus que se incubó en la ruindad de los poderosos y que se anido en sus mismos palacios para evidenciar que el capital está sostenido con pies de barro. Es inadmisible que ante tanto poderío económico de los países ricos ahora se encuentran desorbitados y amenazados por un enemigo invisible. Hoy las noticias en el mundo son las curvas de contagio que hay en todo el orbe, son las cifras de muertos por COVID – 19 y los millones de personas que se encuentran contagiadas en todo el globo terráqueo.

Las consecuencias de las políticas malévolas que le apostaron a la acumulación del capital a través de las guerras, las invasiones, los despojos y la privatización de los bienes comunes nos tienen ahora con el semáforo rojo, en medio del peligro, con la acechanza de la muerte, como pacientes potenciales, para que, de la noche a la mañana, aparezcan en la lista de espera de una cama de cuidados intensivos, para la atención de pacientes graves por COVID – 19. Esperamos que la fase 4 sea el retorno a la nueva normalidad y no el tránsito a un estado de catástrofe, donde el país sea inundado de rojo por la mayor tasa de mortalidad en el mundo. En Guerrero tenemos que luchar para no asfixiarnos por la violencia, la pobreza y el coronavirus.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

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Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM) Tlachinollan es una organización de derechos humanos que trabaja desde 1993 en el estado de Guerrero, al sur de México. Actualmente cuenta con dos sedes de atención: La oficina central ubicada en Tlapa de Comonfort, en la Región Montaña y una oficina regional en el Municipio de Ayutla de los Libres, Región Costa Montaña.

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