Gobierno se opone a ley que eleva presupuesto de Educación en Perú

El gobierno de Perú manifestó hoy, Día del Maestro en el país, su oposición a una reforma constitucional que dispone elevar de 3,8 a seis por ciento del producto interno bruto (PIB), el presupuesto anual de la educación.

 

La ministra de Educación, María Antonieta Alva, adelantó tácitamente el veto, al afirmar que la reforma aprobada por el Congreso es un obstáculo en la reforma educativa y afecta el presupuesto en una situación de pandemia por la Covid-19.

‘Cualquier medida que incremente directa o indirectamente el gasto público, tiene impacto sobre la sostenibilidad fiscal del Perú y transgrede la Constitución, que señala claramente que el Congreso no tiene iniciativa de gasto’, agregó.

El parlamento alega que tiene facultades para legislar sobre el presupuesto nacional y aprobó por amplia mayoría la reforma, que quedó pendiente de una segunda votación que la ratifique, en la nueva legislatura a iniciarse esta semana.

El porcentaje fijado corresponde al reclamado por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (Sutep), que considera necesario el incremento para desarrollar la educación y superar la crisis en la que se debate.

Por otra parte, el gobierno vetó una ley aprobada por el Congreso de la República que sanciona el acaparamiento y la especulación de precios durante la actual pandemia, prácticas que afectan los precios de las medicinas requeridas para atender a pacientes de Covid-19 y hasta del oxígeno medicinal.

El rechazo argumenta que esas maniobras constituyen ‘una conducta lesiva y reprochable socialmente que se presentará a diario, los sujetos que la cometen solo podrán ser sancionados o procesados por ello si el Estado previamente a su realización la definió, a través de una ley, como prohibida y por tanto merecedora de una sanción’.

La norma modifica los códigos Penal y de Protección y Defensa del Consumidor para sancionar con penas de cárcel el acaparamiento, la especulación y la adulteración de productos y servicios en las zonas declaradas en estado de emergencia, calamidad pública o conmoción.

El gobierno plantea que no hay evidencia ‘que demuestre que las medidas administrativas que protegen el libre mercado han fallado’, pese a la especulación denunciada por la prensa.

Alega que el delito de acaparamiento fue anulado por el gobierno neoliberal de Alan García en su último gobierno (2006-2011) por contravenir al ‘régimen de economía social de mercado’, establecido por la constitución neoliberal de 1993 y el de especulación no se aplica por carecer de tipificación.

Fuente de la noticia: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=379606&SEO=gobierno-se-opone-a-ley-que-eleva-presupuesto-de-educacion-en-peru

 

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