Discriminación v sus consecuencias judiciales

Por: Tahira Vargas García 

Resulta de gran importancia la aprobación de una ley de igualdad y antidiscriminación como la sometida a la cámara de diputados por el congresista Juan Dionicio Rodríguez Restituyo y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil.

La existencia de prácticas discriminatorias en nuestro país ha sido normalizada e invisibilizada hasta tal punto que existe la oposición a que se reglamente y se sancione la misma.

En distintos estudios con poblaciones vulnerables (ODH/PNUD/MEPyD 2011) (Vargas/ONUSIDA 2012) (Vargas/ONE 2016) se identifican múltiples prácticas discriminatorias sufridas por muchas personas en silencio y que han provocado su exclusión del ámbito laboral, educativo, social y en varios casos intentos de suicidio.

En la mirada a la deserción escolar (ONE/Vargas 2016) se plasman como una de las causas principales la discriminación vivida por niños, niñas y adolescentes en centros educativos por distintas razones como son: su color de la piel, orientación sexual (LGBTI), pobreza, discapacidad, hijos e hijas de trabajadoras sexuales, migrantes, madres adolescentes o adolescentes activas sexualmente.

“Yo dejé la escuela cuando estaba en 6to curso. No volví más. El profesor todos los días me daba cocotazos y me decía maricon. Todos los días mis compañeros se burlaban de mí , me empujaban, se agrupaban para darme golpes. Un día se combinaron y me empujaron desde la escalera y me di un golpe en la cabeza. Nadie hizo nada. Me lo merecía dijo la directora. Me fui y tuve mucho miedo de volver a estudiar. No quería volver a sufrir lo mismo”. (Vargas/ONUSIDA 2012)

Las personas e instituciones ejercen continuamente discriminación y exclusión hacia personas con perfiles diversos sin responsabilizarse del daño y las graves consecuencias en sus vidas.

Sufrir la discriminación en hospitales y centros de salud es parte del dolor y la desesperación de muchas personas viviendo con VIH, en situación de calle, usuarias de drogas, trabajadoras sexuales, personas LGTBI sobre todo mujeres trans y migrantes. Los relatos de burlas, humillaciones, negación a ofrecerle servicios son continuos. Se han dado casos de muerte por falta de atención de personas usuarias de drogas, mujeres trans y en situación de calle en centros hospitalarios. En algunos casos tienden a ser excluidos de estos centros por su apariencia física, su vestimenta o por su condición. (Vargas/ONUSIDA 2012)

Lo mismo ocurre en el sistema de justicia. Cuando una mujer trabajadora sexual, en situación de calle, usuaria de drogas, migrante o mujer trans o va a poner una denuncia por violencia de género no le dan respuestas, se burlan de ellas o simplemente la despachan con un “iremos por allá” o “regrese cuando le vuelva a pegar”, frases frecuentes en fiscalías y cuarteles policiales.

Las practicas discriminatorias deben tener consecuencias y sanciones legales. Nuestra constitución condena la discriminación y la exclusión hacia las personas por ser diferentes en su identidad étnico-racial, sexual, condición social-económica, religión, entre otras. La ausencia de un régimen de consecuencias contra las múltiples prácticas discriminatorias en empresas, comercios, centros educativos, universidades, centros de salud, sistema de justicia y policía nacional ha generado su normalización y con ello la desigualdad y exclusión social.

Resulta de gran importancia la aprobación de una ley de igualdad y antidiscriminación como la sometida a la cámara de diputados por el congresista Juan Dionicio Rodríguez Restituyo y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil. De esta manera podemos garantizar el respeto a los derechos de todas las personas independientemente de su perfil o condición en una sociedad que se define constitucionalmente como democrática.

Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY 

Fuente: https://acento.com.do/opinion/discriminacion-v-sus-consecuencias-judiciales-8873348.html