España: El Congreso aprueba la Lomloe por la mínima

Europa/España/Noviembre 2020/eldiariodelaeducacion.com

  • El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde, por una parte, el Dictamen elaborado sobre la Lomloe y, por otra, la propia ley. Al tener carácter de ley orgánica, es decir, que desarrolla derechos fundamentales, necesitaba la mayoría absoluta del Parlamento, es decir, 176 votos. La votación ha dado el resultado de 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. En última instancia, la Lomce, antigua ley del PP, ha quedado derogada.

Por la mínima. Dos votos por encima de la obligación de 176 han sido la clave para la aprobación de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, Lomloe. Después de meses de negociación a puerta cerrada en la Comisión de Educación y con una buena cantidad de ruido de fondo, la Ley Celaá ha pasado el primer trámite parlamentario. Por delante, su paso por el Pleno del Senado y, después, su ratificación de nuevo en las Cortes.

Si todo va como hasta ahora, la Lomloe dará sus primeros pasos en la próxima primavera, a través de los programas de cooperación territorial que contempla, aunque empezará a notarse su desarrollo real a partir de septiembre de 2021, cuando empiecen las modificaciones en las diferentes etapas del sistema educativo.

Cambios principales

La lucha contra la segregación, principalmente socioeconómica, en el sistema educativo es uno de los ejes y cimientos sobre los que pretende construirse una nueva realidad educativa en España. Los datos de informes nacionales e internacionales sobre la conformación de centros gueto, mayoritariamente en la pública, en los que se escolariza a la mayor parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de entornos socioeconómicamente empobrecidos, de otras etnias y orígenes nacionales son claros. El sistema público se lleva la parte del león.

En este sentido, el Ministerio primero, y la Comisión de Educación después, ha puesto el ojo en la necesidad de una escolarización más equilibrada de este alumnado para lo que ha puesto sobre la mesa mecanismos como la supresión de la demanda social como criterio a la hora de planificar las necesidades de plazas o que la cercanía al domicilio familiar recuperase parte de su peso perdido tras la aprobación de la Lomce en 2013.

También, en el punto de mira, la apuesta por un sistema que se vertebre, principalmente, sobre esta escuela pública que durante los últimos años, tras la crisis de 2008, ha visto recortados sus presupuestos, menguadas sus plantillas y aumentada su precariedad y movilidad, con un porcentaje de interinidad que ha rondado el 30 %.

A lo largo del texto se marca la intención de que se creen las plazas públicas suficientes para la escolarización de la infancia, con el objetivo de frenar el cierre de aulas públicas allá donde, por ejemplo, se estaban manteniendo conciertos mientras la pública cerraba sus puertas.

La concertada, reunida en la plataforma Más Plurales lleva semanas protestando ante el Congreso, también desde sus propios centros, criticando con dureza las medidas implementadas por la Lomloe, en las que ven un ataque a la red privada financiada con fondos públicos. No solo por la supresión de la demanda social (introducida por el PP en 2013), también por la prohibición nuevamente expresa a cobrar cuotas a las familias para el mantenimiento de los centros. Hace años que la concertada critica que con el módulo de conciertos de los Presupuestos Generales del Estado no es suficiente para sufragar sus gastos de mantenimiento y consumos. Las nóminas del profesorado las paga el Estado.

La Lomloe establece que las actividades complementarias no pueden suponer discriminación para el alumnado que no pueda hacer frente al pago de estas cuotas ni deben desarrollarse durante el horario lectivo. Hace unos días, CEAPA y CICAE (patronal de la privada) publicaban su estudio anual en el que repasan las cuotas que se cobran en los concertados. Principalmente denuncian que son pocos los que avisan que son voluntarias y no han de pagarse, frente a una mayoría que presiona a las familias para que las paguen y así, sus hijas e hijos, no se encuentren en inferioridad de condiciones con respecto al resto de alumnado.

También han criticado medidas como la finalización de la posibilidad de cesión de suelo público para la escuela concertada, fijada también por la Lomce y que dio lugar a algunos casos importantes de corrupción en la Comunidad de Madrid, o el fin de los conciertos educativos a centros que segregan a chicas y chicos, también introducida por primera vez en la Ley Wert de 2013.

La educación especial, dominada principalmente por centros concertados, también ha estado, ya desde hace años, en el punto de mira de ciertos sectores. A pesar de que los tratados internacionales obligan a España a caminar hacia un sistema único ordinario, el Estado sigue manteniendo estos centros, así como las aulas específicas en centros ordinarios.

La disposición adicional 4ª mantiene el plazo de 10 años para la dotación de recursos suficientes en centros públicos para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, principalmente derivados de la discapacidad, mientras que el artículo 74.1 mantiene de legislaciones anteriores, la posibilidad de apertura y mantenimiento de centros de educación especial. Bien es cierto que otros puntos de este artículo dan más capacidad a las familias a decidir por la escolarización en la red ordinaria.

Finalmente, la Religión dejará de computar para las diferentes notas y titulaciones, volviendo a la situación previa a la Lomce. De esta forma no influirá tampoco en el acceso a becas y ayudas y no obligará a tener una asignatura espejo evaluable también. Eso sí, será de obligada oferta por parte de los centros. El anhelo de sacarla de los centros educativos habrá de seguir esperando.

Y, por supuesto, el castellano como lengua vehicular del sistema ha supuesto, nuevamente, páginas y horas de críticas por parte de la oposición en bloque. El castellano no fue nombrado como lengua vehicular en el sistema educativo hasta la aprobación de la Lomce. Muchos entendieron entonces que se quería dar la batalla a los sistemas de inmersión lingüística, principalmente el catalán.

El apoyo de ERC a la ley ha pasado, en cierto grado, por revertir esta situación que ha acabado con la supresión del adjetivo vehicular de todo el proyecto de ley. El objetivo, claro, blindar el sistema de inmersión catalán.

Más infantil y programas de cooperación territorial

La educación infantil, principalmente el primer ciclo de 0 a 3 años, se ha convertido en una de las protagonistas de la ley. Es intención de la Lomloe el aumento de las plazas públicas «asequibles» para las familias de menos recursos que no pueden acceder a un centro de infantil en estas edades.

Para ello se da el plazo de varios años y, en paralelo, se ponen sobre la mesa lso 200 primeros millones de euros para que las comunidades los inviertan en estas plazas. El objetivo es pasar del 34 % de criaturas escolarizadas en esta etapa actualmente, al 54 % en los próximos años. Con la doble finalidad de mejorar las situaciones de conciliación y los niveles educativos generales de la población.

Estos 200 millones son parte de los programas de cooperación territorial que la Ley prevé poner en marcha durante su implantación. En ellos tendrá un peso importante también los centrados en el apoyo y recuperación del alumnado que puede acabar engrosando las cifras de abandono escolar temprano, todavía una de las más altas de la Unión Europea, con in 17,1%, después de una década de continua bajada.

Otras polémicas

La ley, además de tener en contra en bloque a la concertada confesional, ha encontrado otros desacuerdos. Por ejemplo, extrañó la falta de compromiso, finalmente, con recuperar la clase de Ética en 4º de la ESO, que votaron en su momento todas las fuerzas políticas del Congreso. Finalmente, en el proceso de enmiendas, el PSOE decidió no recuperar este acuerdo.

A esto se suman otras decisiones, como los cambios habidos en el proceso de selección de las y los inspectores, que cambia y deja en el aire la posibilidad de que no sea como hasta ahora, por concurso oposición, sino por una valoración que nadie sabe muy bien cómo se realizará. Diferentes organzaciones profesionales, como USIE, han criticado muy duramente esta decisión.

En este mismo sentido se encuentra la disposición adicional que fija la posibilidad de que un docente sea apartado de su labor directa con el alumnado en el caso de que no cumpliese debidamente su labor, tras dictamen de la inspección en este sentido.

Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/11/19/el-congreso-aprueba-la-lomloe-por-la-minima/

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