Los derechos de la infancia en tiempos de Covid

Por: Jaume Carbonell

  • El 20 de Noviembre se celebró el Día Mundial de la Infancia. Es una ocasión propicia para comentar y denunciar algunas de las transgresiones de la Convención de los Derechos del Niño, que en estos tiempos de pandemia se agravan y se hacen más llamativas.

“A esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Es honra de los hombres proteger lo que crece,
Cuidar de que no haya infancia dispersa por las calles,
evitar que naufrague su corazón de barco,
su increíble aventura de pan y chocolate.”

Canción para un niño en la calle, de Mercedes Sosa (del libro Otra educación. Con cine, literatura y canciones. De Jaume Carbonell y Jaume Martínez Bonafé).

En muchos lugares del mundo se suceden cotidianamente estampas como esta de abandono, hambruna y de callejeo sin destino, por mera supervivencia. La Convención sobre los Derechos del Niño, sellada en 1989, sigue señalando estos y otros derechos que los Estados deberían proteger. En efecto, son muchos los niños y niñas que se mueren de hambre, que son explotados mientras trabajan con materiales tóxicos u oficios de riesgo, que se les obligan a empuñar un fusil, que son objeto de abusos y maltratos de todo tipo, visibles e invisibles, sin identidad jurídica (Art. 32, 34 y 38). También son millones los que no asisten a la escuela ni disponen de la mínima atención sanitaria. La Covid-19 se ha añadido a otras pandemias y enfermedades a las que no alcanza la vacunación ni el sistema de salud. Llueve sobre mojado.

Aunque la lista de incumplimientos es larga, vamos a ceñirnos al caso español y a cuatro situaciones de transgresión de derechos que la pandemia no ha hecho más que agravar. La primera se refiere a la situación de pobreza. Según el último informe FOESSA (2018) el número de menores de edad en riesgo de exclusión social asciende al 23%. Es fácil imaginar que dicha estadística, tras la actual emergencia sanitaria, se va a disparar. Los bancos de alimentos, ONG y servicios sociales que tratan de atender las necesidades básicas familiares se ven desbordadas.

Presenciamos escenas televisivas de un dramatismo conmovedor: los desahucios de familias enteras porque no les alcanza para pagar el alquiler. Para las entidades financieras -sin que los gobiernos lo remedien- no existe un mínimo atisbo de solidaridad y compasión en tiempos de crisis aguda. Por otro lado, se restringen las ayudas familiares y para atender necesidades educativas como la adquisición de material o para el comedor escolar. Tampoco se implementan medidas para reducir la tasa de deserción escolar (art.28), pues abundan los casos de absentismo, desconexión digital y otras incidencias que dificultan una educación de calidad para todas y todos.

La segunda situación afecta a los menores extranjeros no acompañados -los llamados menas– que llegan a España desnutridos, tras un viaje en condiciones harto precarias y después de haber vivido experiencias traumáticas: guerras, hambrunas, abusos, maltratos, desaparición de sus padres, raptos de sus hermanas, etc. Son seres humanos a quienes se les ha robado la infancia, extraordinariamente vulnerables y con un alto riesgo psicosocial que, caso de no atenderse, sus problemas se van a cronificar, con la marginalidad a la vuelta de la esquina.

A pesar de que existen programas muy sólidos por parte de algunas comunidades autónomas y asociaciones, así como profesionales muy comprometidos, lo cierto es que ni los recursos de la sanidad pública ni más específicamente los de la salud mental, son suficientes para proteger a estas infancias desvalidas (art.17). Por otro lado, no siempre reciben el trato más adecuado -hay varias denuncias al respecto- en los centros de acogida y protección de menores. Se evidencian vacíos legales y mecanismos de control democrático para garantizar su inclusión social y su transición a la vida adulta y al mercado de trabajo. Las urgencias apremian en un momento que crece el número de menas y todo apunta que aún puede incrementarse más a raíz de las consecuencias del cambio climático, con la progresiva desertización y pérdida de algunos cultivos, sobre todo en los países africanos.

La tercera situación de vulnerabilidad tiene que ver con el desarrollo armónico de la infancia, su salud integral y el derecho al juego (Art. 6, 17 y 31). Niños y niñas fueron sometidos a uno de los confinamientos más estrictos de Europa, sin poder salir de sus casas, jugar al aire libre o asistir a la escuela. Es evidente que tal medida de seguridad trataba de protegerlos del coronavirus –aunque hay suficiente evidencia acerca de su mínimo contagio-, pero al propio tiempo los desprotegía de ansiedades, estrés, dificultades para conciliar el sueño u otras sintomatologías que afectan a su salud mental e integral. Sobre todo, en la niñez de la pobreza, hacinada en pisos reducidos que les impedía la necesaria libertad de movimiento, así como la conectividad con el exterior al no disponer de ordenadores.

Otra circunstancia igualmente perjudicial, que durante la pandemia se ha acentuado, es el uso intensivo de los artefactos tecnológicos y la exposición excesiva a las pantallas. Contrariamente a las bondades educativas que venden las grandes plataformas tecnológicas -no podría ser de otro modo dado los jugosos beneficios que obtienen-, cada día son más los profesionales que, a partir de la investigación y la evidencia científica, señalan los numerosos problemas que suponen para el desarrollo de la infancia y adolescencia: sobre el cuerpo, las emociones y el desarrollo intelectual. El libro de Michael Desmurget (2020), La fábrica de cretinos digitales, lo cuenta con todo lujo de detalles.

Una última anotación interrogativa sobre las medidas que se han tomado en torno a la infancia: ¿En algún momento su voz ha sido escuchada?, pues se trata de otro de sus derechos que puede ejercer ante cuestiones que le conciernen directamente. ¿De qué sirven los órganos de participación en los que está representada la infancia?

Una última situación atañe al interés superior del niño (art. 3) ¿Hasta qué punto se respeta cuando los padres, en nombre de una discutible libertad de elección, terminan haciendo un uso abusivo de esta para imponer lo que sus hijos han de aprender en función de sus intereses particulares, de sus convicciones ideológicas o de sus creencias religiosas? ¿No se está incurriendo en una suplantación de derechos, al no consultar a los niños y adolescentes sus propias elecciones y decisiones? Porque es posible, por ejemplo, que estos prefieran asistir al colegio público del barrio, donde asisten sus amigos, que no desplazarse a un centro privado de la otra punta de la ciudad. O que no les guste tomar clases de religión o asistir a un centro que les separe por sexos, que les clasifique por niveles de rendimiento o que tenga que seguir las clases con una lengua vehicular mediante un currículum diferenciado de la mayor parte del grupo-clase.

Tampoco es de recibo, en el marco de una educación democrática, respetuosa con el pluralismo y abierta a la realidad del entorno, que los padres se opongan a que sus hijos reciban enseñanzas y contenidos que se opongan a sus credos morales y religiosos (véase en este mismo Diario: Pin parental: un ataque a la escuela pública, al pluralismo democrático y a los derechos de la infancia). El conflicto de intereses entre la infancia, la familia y el Estado es sin duda una de las cuestiones más complejas y controvertidas y que, por supuesto, requiere un amplio debate.

Si nos fijamos en el calendario escolar nos daremos cuenta de que está repleto de conmemoraciones mundiales: el día del medio ambiente, del docente, de la mujer, de la infancia, el día de,… ¿De qué sirven estas fechas señaladas -incluso con frecuencia olvidadas- si en el transcurso del año no son objeto de estudio, trabajo y propuestas para ampliar el conocimiento y el compromiso sobre los derechos de la infancia? ¿Qué lugar ocupan en el currículo? ¿Qué actividades e iniciativas se desarrollan en el ámbito de la comunidad? ¿Qué mecanismos de control, más ágiles y democráticos, se establecen a distintos niveles para velar por su cumplimiento? ¿Qué otros derechos habría que legislar para garantizar la protección, la libertad y el desarrollo integral de la infancia?

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/pedagogiasxxi/2020/11/20/los-derechos-de-la-infancia-en-tiempos-de-covid/

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Jaume Carbonell

Jaume Carbonell

Profesor de Sociología de la Educación y miembro del grupo de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de Vic (Barcelona). Es además director de la revista mensual "Cuadernos de Pedagogía" de la que forma parte de su equipo de redacción desde su primer número en enero de 1975.

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