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¿Quién adoctrina en la escuela?

La izquierda no acaba de apostar de manera decidida por la educación pública y por la reducción progresiva de la concertada, empezando por retirar la financiación a aquellos centros que adoctrinan en el nacionalcatolicismo y segregan por sexo.

 

Estas semanas hemos visto cosas que en Europa y en un estado aconfesional no comprenderían. Niños y niñas en horario escolar disfrazados de nazarenos y legionarios (colegio concertado El Divino Pastor, de Málaga). Alumnos desfilando en procesiones, como ha recogido Enrique Díez en Valladolid (colegio Nuestra Señora de Lourdes) y en Ciudad Real (colegio San José); la procesión escolar que me encontré en Getafe paralizando el tráfico. La Junta de Andalucía invitando a celebrar la semana santa en los colegios públicos con una circular que ha sido criticada por sindicatos y familias. La charla de Vox en contra del aborto a alumnos del colegio concertado valenciano Inmaculado Corazón de María. Desgraciadamente, no son casos aislados.

 

Mientras esto sucede, las derechas, que en estos temas son todas ultras, intentan presentarse como adalides en contra de la “ideología en las aulas” o del “adoctrinamiento”. En el colmo del retorcimiento, dan la vuelta a su significado y califican de adoctrinamiento ideas progresistas que se basan en derechos humanos. Para ellos, adoctrinar es hablar de igualdad entre hombres y mujeres, de educación afectivo-sexual, de derechos de las personas LGTBI o del cambio climático.

 

Toda educación tiene una ideología y responde a un modelo de sociedad. Pero es puro adoctrinamiento si no respeta la ciencia y la democracia. Para impedir que se aborden estos temas la ultraderecha se inventó el palabro del “pin parental”, que no es otra cosa que imponer la censura católica para que los progenitores o tutores de los estudiantes impidan la asistencia a actividades escolares complementarias.

 

Pero el adoctrinamiento realmente existente en los centros educativos es otro. Veamos los tres tipos que hay y la función que cumplen.

 

1. Adoctrinamiento religioso, decisivo en la difusión de las ideas conservadoras. La religión debería estar fuera de la escuela, porque una cosa es que las familias puedan elegir la educación religiosa de sus hijos en casa o lugar del culto y otra que tenga que hacerse en centros educativos y financiado con dinero público. Hay que recordar que más del 82% de los colegios privados religiosos tienen concierto con las administraciones.

 

El legítimo derecho a la libertad religiosa, lo utilizan sectores de ultraderecha y sectas ultracatólicas muy financiadas (desde el Opus Dei a Hazte Oír, El Yunque o Abogados Cristianos, etc.) para intentar imponernos por todos los medios sus dogmas sectarios. Con ese interés por imponer su ideología buscan mantener sus privilegios e intereses económicos. Quieren controlar la educación, mantener la influencia en la justicia y grupos empresariales, las subvenciones y privilegios fiscales, el no pago del IBI y las inmatriculaciones para apropiarse de los bienes de las comunidades.

 

Responden airadamente a la resistencia de la sociedad civil al fanatismo católico y a una moral impropia de los tiempos actuales. Si pudieran, con la excusa de que el laicismo atenta contra los sentimientos religiosos, estos grupos sectarios nos impondrían a todos sus dogmas, como pasaba cuando la moral católica se enseñaba en las escuelas durante la dictadura. Por eso han rechazado las leyes del divorcio, el aborto, la eutanasia o los derechos LGTBI. Afortunadamente, la sociedad se ha modernizado y evoluciona desde el reconocimiento de los derechos y el sentido común.

 

2. Adoctrinamiento en valores conservadores como el individualismo, el negacionismo climático, la inmigración como amenaza, el rechazo a la igualdad y al feminismo, etc. El problema es que el adoctrinamiento reaccionario tiene consecuencias. Por ejemplo, cada vez parece más probado que cuando no hay educación afectivo sexual y la pornografía campa entre los jóvenes, la violencia machista se dispara en adolescentes. Nada sucede por casualidad.

 

A veces, pueden inculcarse incluso ideas neofascistas, por activa o por pasiva. Por ejemplo, el reciente caso del karaoke franquista con el “Cara al Sol” en un colegio de León, que al ser público ha sido denunciado por el AMPA. O las leyes de la “discordia” del PP y Vox para ir en contra de la memoria histórica. Con ellas se pretende imponer el revisionismo histórico y los mitos fascistas. Se quiere manipular la verdad y apropiarse de un relato que legitime el golpe de estado y la dictadura. Se pide “libertad de memoria” para ensalzar el franquismo y se rechaza que se enseñe en los centros educativos la represión franquista. No podemos olvidar que los totalitarismos aniquilan la memoria.

 

Hay que llamar la atención sobre el propio modelo educativo, que puede favorecer los valores conservadores si en vez de ser inclusivo como el público, es segregador como el privado y concertado.

 

3. Adoctrinamiento para la hegemonía política. Las derechas entienden la educación como una operación de ingeniería social y electoral para controlar el poder político. Un instrumento para ello es la existencia de una red privada concertada financiada con fondos públicos. Un consejero de Educación del gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre afirmaba que por cada colegio concertado que impulsaban en un barrio o localidad, aumentaba un 3% el voto al Partido Popular. Quizá los resultados electorales en Madrid se expliquen, en parte, por la anomalía de que, en la capital, menos del 40% del alumnado está escolarizado en la educación pública. En España lo está el 67% y en Europa el 90%.

 

La ultraderecha da tanta importancia a la educación para el adoctrinamiento, que he oído decir en la Asamblea de Madrid a una diputada de Vox que “el pin parental más importante era el cheque escolar”; es decir, la financiación de la educación privada y concertada para tener así patente de corso con el adoctrinamiento político-religioso. Y la inspección educativa no interviene, como tampoco actúa frente a las cuotas ilegales que cobran el 90% de centros concertados

 

La educación debe ser laica, es decir, debe respetar el derecho fundamental a la libertad de conciencia del alumnado cada vez más diverso y promover la convivencia entre culturas. Quien mejor puede garantizar que no haya sectarismo confesional e ideológico es la escuela pública por su carácter plural, democrático, inclusivo, por la libertad de cátedra del profesorado y por programas aprobados democráticamente.

 

La campaña reaccionaria cala hasta el punto de que una parte del profesorado se autocensura y la educación se va convirtiendo en algo “neutro” donde los valores democráticos universales se diluyen»

 

Solo desde la desvergüenza se puede afirmar que la escuela pública adoctrina y que no lo hace un colegio del Opus Dei. Pero la campaña reaccionaria cala hasta el punto de que una parte del profesorado se autocensura y la educación se va convirtiendo en algo “neutro” donde los valores democráticos universales se diluyen y se abre la puerta a la ideología más extrema. La escuela pública debe enseñar a pensar y tiene la obligación de educar en la ciencia y los derechos humanos. Algo que es lo contrario de adoctrinar.

 

Pero la izquierda está a por uvas y no acaba de apostar de manera decidida por la educación pública y por la reducción progresiva de la concertada, empezando por retirar la financiación a aquellos centros que adoctrinan en el nacionalcatolicismo y segregan por sexo, por origen o por nivel socioeconómico. Se trata, simplemente, de ser europeos en educación y asegurar la igualdad de oportunidades. Se trata de proteger la democracia de la derecha.

 

Fuente: https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/adoctrina-escuela_129_11294098.html

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España: La mediocridad del modelo educativo de Ayuso

La mediocridad del modelo educativo de Ayuso

Agustín Moreno

¿Hasta cuándo van a seguir negando los datos y ocultando el desprecio por la educación por incompetencia e intereses? ¿Por qué en vez de abordar estos problemas Ayuso propone censurar libros de texto?

Si algo caracteriza la educación pública madrileña es la baja inversión, la alta presencia del sector privado y una fuerte segregación escolar. Todo ello ha reducido el peso de la red pública. Y, claro, cargarse la educación pública tiene consecuencias, porque se empieza privatizando y recortando en educación y se acaba en la cola de la calidad.

Es un escándalo que Madrid, siendo la región con mayor PIB, sea la que menos dedica a la educación. Los estudios dicen que el éxito escolar es directamente proporcional a la renta per cápita y a temas tan concretos como los metros cuadrados de librería que tiene una familia. Madrid rompe esta regla a pesar de su ventajosa posición social de salida: la comunidad autónoma más rica obtiene unos flojos resultados en las pruebas objetivas que permiten realizar comparaciones. Los datos demuestran que la derecha desprecia la educación, además de utilizarla para confrontar con el Gobierno central y generar conflicto como hace con su cruzada anti LOMLOE. Veamos.

1. Los resultados de la selectividad (Evau) de 2021 no pueden ser más mediocres. La Comunidad de Madrid ocupa la antepenúltima posición en notas medias, habiendo retrocedido del puesto número 8 al 15. Con la misma Evau de siempre que examina a los alumnos de un currículo de contenidos mínimos y comunes (60%) y una parte que depende de la comunidad autónoma (40%), sin que pueda haber grandes diferencias entre ellas. Y no se puede sostener que el nivel de exigencia sea mayor en Madrid. Los datos lo desmienten porque una cosa es la propaganda política y otra los frutos de la realidad.

2. Los resultados del último informe PISA anterior a la pandemia encendieron todas las luces rojas. Los datos de 2018 fueron muy malos para Madrid, que retrocedió en los tres exámenes respecto a 2015: Ciencias (-29 puntos), Matemáticas (-17 puntos) y Lengua o comprensión lectora (-46 puntos), bajando de la parte alta de la tabla a la media baja. Estos resultados revelan un retroceso en la equidad en Madrid, algo que ha ido empeorando de forma continua.

Lo que sucede no es extraño. La experiencia sueca refleja lo mismo. Se ha privatizado el sistema educativo desde 1991 con dinero público a través de un sistema de cheques escolares que allí se llaman vales de “libre elección”. Ello ha hecho caer en picado los resultados en PISA, aumentar las diferencias en conocimientos entre escuelas y aumentar la segregación escolar. Andreas Schleicher (OCDE) dice que se ha pasado de “mirar a Suecia como patrón de oro de la educación” a un “sistema que parece haber perdido su alma”.

La pregunta es ¿por qué siendo Madrid la comunidad más rica de España obtiene resultados tan grises? La explicación es un cóctel explosivo: mísera inversión y la alta segregación producida por el gran peso de la red concertada, el distrito único y el modelo bilingüe. El PP y Ayuso lo tienen claro: subordinan la educación al negocio y venden colegios a fondos de inversión. No hay más que ver el movimiento de los especuladores educativos y el gran número de cambios de titularidad (más de cien) en la última década.

En cuanto a la inversión educativa, Madrid gasta un 2,2% de su PIB frente al 4.2% de media en España y al 7% de países europeos punteros como Finlandia. Es un hecho incontestable, se mida como se mida. Si vemos el gasto educativo en 2021 por habitante sería de 759 euros/año, frente a 1.076 euros de media de España. Y si lo comparamos en gasto por alumno, son 4.727 euros/año frente a una media en España de 5.779 euros o de 9.298 euros en el País Vasco. Que Madrid esté a la cola en inversión educativa demuestra lo poco que le importa la educación al gobierno regional.

La segregación educativa es brutal y una estrategia deliberada que se traduce en desigualdad social. Estudios solventes así lo indican. ESADE y Save The Children señalan que la segregación en la Comunidad de Madrid “ha crecido de forma muy notable y es hoy una de las regiones con mayor segregación en toda la OCDE”.  Es una segregación múltiple, pero especialmente socioeconómica. La investigación de F. Javier Murillo y Cynthia Martínez-Garrido de la Universidad Autónoma de Madrid concluye que la Comunidad de Madrid es la segunda región de Europa con mayor segregación socioeconómica en Secundaria. Un solo dato sobre el desequilibrio de atención al alumnado con necesidades de apoyo escolar: las escuelas públicas escolarizan a tres de cada cuatro alumnos inmigrantes.

La segregación siempre es social y obedece a un modelo clasista, aunque Ayuso niegue la existencia de clases. Para evitar la mezcla social se selecciona el alumnado y se disfraza de un cínico discurso sobre la meritocracia para defender y perpetuar los privilegios de las élites. Se financian con dinero público colegios de ricos donde solo van los hijos de los ricos, se roban recursos destinados a la equidad y se culpabiliza a los que fracasan. Todo docente sabe cómo condicionan el contexto y origen social los resultados académicos. No hay igualdad de oportunidades si la educación no es un derecho sino un servicio que compra el que puede.

Dicen los expertos que si se rompe el principio de heterogeneidad del alumnado se reduce la calidad educativa en términos globales. Aunque en términos globales son bastantes parecidas las notas medias de las dos redes, tienen más mérito y valor las de la pública porque no selecciona al alumnado por nivel socio económico y porque asume a la gran mayoría que tiene necesidades educativas especiales. Por último, hay una pista sobre la calidad educativa: la nota más brillante en las Evau es siempre de alumnado de la educación pública.

Todos estos datos son una bofetada a la propaganda del Gobierno de Madrid. ¿Hasta cuándo van a seguir negando los datos y ocultando el desprecio por la educación por incompetencia e intereses? ¿Por qué en vez de abordar estos problemas Ayuso propone censurar libros de texto? Son intentos inútiles y sin recorrido a problemas inventados. La principal consecuencia de cargarse la educación pública es un modelo educativo mediocre que no nos merecemos los madrileños y que hipoteca nuestro futuro como sociedad. La alternativa es muy clara: triplicar la inversión, fortalecer la educación pública y aumentar la equidad.

Fuente: https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/mediocridad-modelo-educativo-ayuso_129_9069509.html

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

Fuente de la Información: https://rebelion.org/la-mediocridad-del-modelo-educativo-de-ayuso/

 

 

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La Ley Maestra: una apuesta por la segregación y un atropello parlamentario

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado su proyecto de “ley Maestra”, que no es otra cosa que una apuesta descarada por seguir desmantelando la educación pública en esta comunidad.

Es una ley segregadora, que blinda y potencia la educación concertada, que unido a su resistencia a construir centros educativos públicos, hace que la libertad de elección real de las familias se oriente a la privada-concertada. También pretende incumplir la Lomloe dando conciertos a colegios contrarios a la coeducación, regalando suelo público a empresas privadas y publicando rankings de centros con los resultados de pruebas académicas. Por último, tampoco garantiza la educación inclusiva en todos los centros educativos ordinarios. Llamar “ley maestra” a esto, es el disfraz de la mentira y un insulto a nuestra profesión docente.

Su tramitación en la Asamblea de Madrid está lejos de cumplir cualquier procedimiento parlamentario mínimamente democrático. Se empezó con la acumulación de hasta nueve comparecencias en la Comisión de Educación de organizaciones y entidades en una sola sesión (16 de noviembre de 2021), sabiendo que cada comparecencia supone una hora y diez minutos sin tiempos muertos, y sin parada para comer.

La primera reunión de Ponencia realmente operativa fue el 7 de diciembre de 2021. La Ponencia es la primera instancia de debate de enmiendas y búsqueda de acuerdos sobre el proyecto de ley. Se había acordado por consenso que la Ponencia se dedicaría a la presentación, debate, aprobación o rechazo en su caso de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la ley: 8 enmiendas del PP; 72 de Más Madrid; 15 del PSOE; 44 de Vox y 30 de Unidas Podemos.

Horas antes, se nos comunicó a los portavoces de la Comisión de Educación (a través de WhatsApp) que PP y Vox había llegado a un acuerdo por el que presentaban 27 enmiendas transaccionales. En la reunión de la Ponencia se empezaron a debatir enmiendas y se resolvieron diez de ellas. Pero PP y Vox plantearon cambiar la metodología seguida para aprobar a la carrera su acuerdo externo e impedir el debate de las enmiendas del resto de grupos; proponían que los demás grupos expusieran en 5 minutos todas sus enmiendas y votarlas en bloque, adelantando que votarían en contra de todas ellas. Es evidente que no se podía romper la metodología consensuada ni cambiarla a mitad de sesión y aplicarla en esa misma reunión. Pero lo hicieron.

También pretendían que se votasen sus 27 enmiendas transaccionales en bloque, sin poder opinar sobre algo que empeora más aún esta lamentable ley. Ante la falta de acuerdo, PP y Vox votaron dar por cerrada la Ponencia y sus trabajos. Los tres grupos de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos no participamos en la votación, por considerarla contraria al procedimiento parlamentario que rige en estos casos y porque impedía el debate de las enmiendas.

La actitud del PP y Vox es una negación del debate y de la posibilidad de presentar y defender las 117 enmiendas elaboradas por los tres grupos parlamentarios progresistas. Es un hecho que PP y Vox tienen mayoría para sacar adelante sus acuerdos, pero no tienen patente de corso para saltarse los consensos, los procedimientos ni la democracia. Si tenían tanta prisa para aprobar la ley, podrían haber utilizado el procedimiento de urgencia.

En la reunión de la Mesa y portavoces de la Comisión de Educación del 10 de diciembre se pretendió dar por válido, como si fuera el dictamen de la Ponencia de la Ley, el texto elaborado por el letrado que asistió a la reunión de Ponencia del 7 de diciembre. Hay que recordar que en dicha reunión PP y Vox cerraron la Ponencia y no se permitió presentar ni debatir todas y cada una de las enmiendas de los grupos parlamentarios progresistas.

No se puede pretender zanjar la tramitación de la ley en Ponencia y en Comisión con una metodología con la que los grupos del PP y Vox impongan que se presenten todas las enmiendas de cada grupo en bloque y en pocos minutos, y se voten también en bloque decenas de enmiendas. Votar en bloque niega toda posibilidad teórica de intentar convencer en algo al resto de grupos, de presentar enmiendas in voce y de alcanzar algún acuerdo.

La metodología aplicada es una burla total rechazable por antidemocrática. Un paripé, que no respeta un mínimo procedimiento que permita exponer, debatir y valorar con un mínimo de sosiego las enmiendas presentadas. Hay que recordar, que son propuestas realizadas gracias a un trabajo común con las organizaciones más representativas de la comunidad educativa (sindicatos del profesorado, federaciones de AMPA, Marea Verde, plataformas en defensa de la educación pública y de la educación inclusiva, etc.). Cuando estas organizaciones fueron informadas, no daban crédito a lo que sucedía.

Por poner en contexto estas actuaciones, esta actitud se repite con el proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2022 y el acuerdo PP y Vox del 30 de noviembre de 2021. Un acuerdo sobre 13 puntos, donde la cuantificación apenas supone un 0,4% del total de los presupuestos (menos de 100 millones de euros, 62,5 de ellos dedicados a más cheques escolares que son un robo a la educación pública. Pero lo más sorprendente es que ponen por escrito una declaración cargada de sectarismo: “Con el presente acuerdo el Gobierno se compromete a no alcanzar ningún acuerdo total o parcial con otros grupos. Del mismo modo, Vox se compromete a no apoyar ninguna de las enmiendas a la totalidad ni parciales presentadas por los otros grupos presentes en la Asamblea”.

¿Cómo se puede decir que no van a aceptar ni una sola de las 3.711 enmiendas que proponen a los presupuestos los tres grupos parlamentarios progresistas (UP 1.655; MM 1.581 y PSOE 475 enmiendas), sin analizar ni aportar soluciones coherentes a los problemas de la gente? Es la misma pauta antidemocrática, sectaria y autoritaria que se ha aplicado con la “ley maestra”.

En conclusión, la actuación de las derechas con la tramitación de la “ley maestra” pone de manifiesto que entre PP y Vox hay un acuerdo de Gobierno, aunque Vox no tenga consejerías. El objetivo del acuerdo en un sabotaje del debate democrático y un cierre en la práctica del correcto funcionamiento de la Asamblea de Madrid. Y, seguramente, algo de mayor calado estratégico: apostar por un futuro gobierno de la ultraderecha en España encabezado por Isabel Diaz Ayuso.

La democracia se basa tanto en el respeto a los contenidos como a las formas, y con esta manera tan antidemocrática de proceder se pone de manifiesto el peligro que para la democracia tiene la fusión de esta derecha trumpista y la ultraderecha. El autoritarismo demostrado indica que van a seguir atentando contra la Educación Pública de Madrid y contra los servicios públicos. Los hechos tienen consecuencias y la educación y la democracia se merecen un respeto. Solo la unidad de todas las organizaciones de la comunidad educativa con las fuerzas progresistas podrá detener esta tremenda agresión a la Educación Pública y este atropello a la Democracia y al parlamentarismo.

Fuente: https://rebelion.org/la-ley-maestra-una-apuesta-por-la-segregacion-y-un-atropello-parlamentario/

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Las estrellas solo se ven en la oscuridad

Las estrellas solo se ven en la oscuridad

Agustín Moreno

Siempre parece imposible hasta que se hace”
Nelson Mandela, (después de ganar la batalla al Big Pharma con los genéricos para el VIH)

Es importante empezar el nuevo año haciendo una recapitulación de un año tan difícil como 2020. Intentar responder a una pregunta crucial que yo mismo me hacía en plena crisis sanitaria¿hemos aprendido algo de la pandemia? y que no parece que tenga una respuesta positiva a la luz de los acontecimientos posteriores. Ayuda en la reflexión, el recomendable ensayo del sociólogo y político de la izquierda belga, Peter Mertens: Los olvidados (Editorial Atrapasueños, Madrid 2020). Sigamos su ejercicio de pedagogía para razonar sobre qué nos está pasando y qué hacer.

Que un hombre se coma un animal exótico en un rincón del mundo y cien días después media humanidad esté confinada, demuestra lo interconectados que estamos y lo vulnerables que somos. Un virus microscópico ha golpeado al planeta como si fuera un meteorito. A estas alturas, hay cien millones de contagiados, más de dos millones de muertes y un 90% de los países del mundo sufren un serio retroceso en su economía, mucho mayor que el Gran Crack de 1929.

cuando la estructura de esta civilización se venía abajo como un castillo de cartas, aparecen los sanitarios, el personal de los cuidados, de la limpieza, los trabajadores de los supermercados, del transporte y la seguridad, el profesorado, los empleados públicos, los repartidores, los trabajadores de las fábricas y del campo… y hacen que todo vuelva funcionar.

Cuando todo estaba oscuro fueron los trabajadores y trabajadoras normales y corrientes quienes nos ayudaron a sobrevivir en tiempos de pandemia. Como dice Mertens: “Las estrellas solo se ven en la oscuridad”. Sin ellos nadie nos curaría, ni cuidaría, ni tendríamos qué comer, no estaríamos a salvo. La población ha tomado conciencia del carácter esencial de su trabajo, como expresaban los aplausos al personal sanitario.

Pero no son suficientes esos aplausos y el agradecimiento. Eso no llena las neveras, no asegura el empleo, no mejora sus condiciones de trabajo. Se mantiene una gran brecha entre la escasa consideración laboral de muchos de los trabajos (bajos salarios, precariedad…) y su importancia social real. Por eso tienen que plantarse. Un ejemplo, fue la protesta de las batas blancas en el mes de mayo, cuando la primera ministra belga Sophie Wilmès fue de visita al hospital Saint-Pierre de Bruselas. El personal sanitario, uno a uno, se fue girando a su paso y le dieron la espalda. Un acto de protesta de gran simbolismo porque, como dicen los sanitarios, “los políticos nos dan la espalda constantemente cuando les pedimos ayuda».

No han sido los especuladores financieros, los consultores, los charlatanes de todo tipo los que han hecho que las cosas funcionen, han sido aquellos desde hace tiempo no sabíamos quiénes eran y que antes llamábamos clase obrera. La pandemia ha puesto en evidencia que los trabajadores existen y son imprescindibles, que son los héroes en la crisis sanitaria, aunque el capitalismo les trate como si fueran chusma.

Pero, como dice Owen Jones, es evidente que el coronavirus es una cuestión de clase. Ello se ha dejado de ver en las condiciones del confinamiento en las viviendas, la capacidad de atender a los niños, los riesgos obligados a asumir, el tipo de garantías de seguridad en el trabajo, la protección social, etc. No hay ninguna duda de que la pandemia se alimenta cuando las condiciones de vida y de trabajo son terribles.

Ello produjo auténticas revueltas, como la de los metalúrgicos italianos, en huelga para garantizar la seguridad y no ser carne de cañón. No hay que olvidar que los neoliberales más conspicuos se oponían a parar la producción para que “el remedio no fuera peor que la enfermedad” (Trump); consideraban que “no había lugar en el debate sobre el covid para las emociones (…) y que las flores marchitas se podan, quizá unos meses antes” (Marianne Zwagerman); o que el 99% de la población no se iba a sacrificar por el 1% (Ayuso).

Pero los ricos y grandes empresarios quieren volver a la anormalidad anterior, a aplicar las viejas mentiras neoliberales basadas en la explotación, la especulación y el negocio. Volver al “no hay dinero para” las pensiones, los servicios públicos, los salarios y condiciones de trabajo dignas, para luchar contra la pobreza. No hay que olvidar la cita de Marx de que “El Estado es el comité ejecutivo de la burguesía”, algo que habrá recordado la izquierda en el Gobierno de coalición en España. Y que estará presente a la hora de participar en las ayudas del Fondo de Recuperación de la Unión Europea y las condiciones que se pretenderán imponer. ¿Por qué se tienen que aceptar recortes sociales o la degradación del mercado de trabajo para recibir estos fondos? Lo lógico sería aplicar limitaciones para recibir ayudas del Estado a las empresas que evaden impuestos, que contaminan, que deterioran las condiciones del empleo, que reparten dividendos, que discriminan a las mujeres… Ahora bien, todo es una relación de fuerzas.

Pero un gigante, la clase trabajadora, ha despertado. Los trabajadores que habían desaparecido como sujeto histórico han vuelto. Han mantenido el país en marcha y ahora deben recuperar su orgullo, la conciencia de su carácter indispensable, la confianza en sus propias fuerzas. Y, para ganarse el respeto, deben luchar. De lo contrario, los héroes de hoy, serán olvidados mañana si no se organizan y se movilizan para cambiar las cosas. Hoy tienen la autoridad que emana de sus actos: haber sacado adelante el país en unos momentos muy difíciles.

Los sindicatos también se deben levantar y ser capaces de resetearse para recuperar prestigio y la confianza de los trabajadores de toda condición. La defensa del empleo digno y de calidad pasa por derogar las últimas reformas laborales; una protección social adecuada supone mejorar las pensiones y no admitir ningún tipo de recorte; fortalecer servicios esenciales como la sanidad y la educación pública exige más inversión; otro modelo productivo y más democracia en las empresas es un horizonte estratégico. Han anunciado movilizaciones para febrero, ojalá vayan en serio, porque ése es el camino.

Y, claro, que hay alternativas. Peter Martens recurre al Green New Deal de Bernie Sanders y de Alexandria Ocasio-Cortez, inspirado en el New Deal con el que Roosevelt hizo frente a la Gran Depresión de los años treinta. Hace propuestas para afrontar las dos crisis: la económica y la climática. A través de un plan europeo de reconstrucción basado en inversiones públicas para que la transición ecológica y digital no quede en manos privadas. Se estructura en cuatro ejes estratégicos: la energía, el transporte, la transición digital y la sanidad. Creando grandes consorcios públicos europeos y apostando por un impuesto europeo sobre el patrimonio. Le da un nombre cargado de significado: Plan Prometeo, porque de eso se trata, de dar el fuego a la ciudadanía para que no tengan que inclinarse, para que lo usen para cubrir sus necesidades, y para que sea un fuego interior que los permita pensar, soñar y osar.

Pero el camino no será fácil, porque también advierte de la aparición de monstruos, como la ultraderecha y nuevas formas de autoritarismo. Con el discurso ramplón de “Nuestra gente primero”, los que siembran el odio forman parte del problema y no de la solución. No hay que olvidar que el fascismo ha sido el recurso utilizado por las élites cuando ven en peligro sus intereses.

Con la pandemia hemos pasado del vivir de uno en uno, a necesitarnos los unos a los otros. Por ello, una cosa es evitar el contacto físico y otra el social. Y aunque la distancia física hay que mantenerla a metro y medio mientras dure la pandemia, no debe haber un milímetro de distancia social, porque eso significa interiorización y derrota. Hemos empezado a recuperar el principio sagrado de la solidaridad, que en tiempos de crisis es más importante que el dinero. No debemos olvidar ni dejar atrás nada ni a nadie. El futuro les pertenece a los que hacen que el mundo gire.

Artículo publicado originalmente en Cuarto Poder.

Fuente de la Información: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/las-estrellas-solo-se-ven-en-la-oscuridad/

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La educación nos hace mejores

La educación nos hace mejores

Agustín Moreno

Acabo de ver Uno para todos, una película de David Ilundain -director de Bárcenas-, protagonizada por David Verdaguer. Se basa en una historia real: un maestro interino es destinado a la escuela pública de un pueblo que no conoce, donde será tutor de una clase de sexto de primaria y tendrá que gestionar la reincorporación al aula de un alumno enfermo de leucemia y las relaciones dentro del grupo. De aquella experiencia nació el “Proyecto Guillén”, que buscaba mantener el contacto emocional entre un alumno ausente y sus compañeros a través de un blog con los contenidos que se impartían en clase y que se grababan en vídeo. Esta situación puede parecer un caso singular, pero no lo es ya que en España, por ejemplo, se diagnostican 1.400 cánceres infantiles al año. Quizá por reflejar un hecho real y por el buen trabajo del director y los actores, la película es verosímil y logra conmover al espectador sin tirar de recursos fáciles.

Aunque la historia principal se produce en torno a Carlos, el niño enfermo, la película es, al tiempo, un homenaje al profesorado interino. A esos profesionales marcados por la inseguridad, por la angustia de tener que aprobar las oposiciones, por la incertidumbre de ser llamados o no para poder trabajar, por el temor de la vuelta del profesor titular. Ese profesorado empieza cada curso en un centro o localidad diferente a la que se llega con una maleta cargada de libros y, a veces, de tabaco para soportar la soledad. Son personas que se mueven en ese difícil equilibrio entre el intento de no comprometerse afectivamente con algo que es efímero y los enamoramientos y amores imposibles. Pero combinan una fértil mezcla de entusiasmo, capacidad de adaptación y supervivencia, empatía y amor a la escuela.

Aleix es muy creíble porque no es el profe superguay, sino un profesor normal, que tiene recursos como aprenderse el nombre de sus alumnos desde el minuto uno y controlar bien la clase. Que les ayuda a pensar, les hace trabajar en equipo y va mejorando el espacio físico del aula. Pero es también una persona con sus problemas familiares, con un pasado laboral de precariedad, sus miedos a no saber gestionar el conflicto y su necesidad de encontrar afecto. 

El buen cine educativo no abunda en España. Es aquel que plantea la aventura de educar a partir de una situación escolar concreta y que desarrolla el juego de relaciones y emociones entre un grupo de alumnos muy diversos en un contexto determinado. Ilundain huye de ese tipo de cine que convierte a los profesores (generalmente hombres, aunque sea una profesión muy feminizada) en superhéroes que con una guitarra o siendo más macarras que los alumnos malotes se hacen con la clase. Se inserta más en la excelente tradición francesa de cine sobre educación que nos ha dejado joyas como Hoy empieza todo, Ser y tener, La clase o Los chicos del coro.

Es una película necesaria porque plantea que hay que repensar cómo educamos y la importancia de centrarnos en lo esencial (en este caso, en un conflicto que bloquea la clase). Y es más necesaria aún en estos raros tiempos de pandemia. Tiempos en los que no se garantiza la seguridad ni la presencialidad; en los que las familias se ven obligadas a elegir entre educación y seguridad, ante la caótica organización de vuelta a la escuela. Los poderes públicos tienen la obligación de intentar conseguir la máxima seguridad posible. Para ello hay que invertir lo que sea preciso. Y aunque el Gobierno central ha puesto 2.000 millones de euros a disposición de las comunidades autónomas, no es una cifra suficiente y hay que recordar que todavía se deben 9.000 millones a la educación por los recortes de la etapa Rajoy. También le ha faltado valentía del Gobierno central para fijar una ratio máxima que obligase a organizar espacios, desdoblar grupos y contratar a profesorado interino –como Aleix-, algo que han hecho masivamente países como Italia.

La película habla del uso de la tecnología (vídeojuegos) para trabajar en común, crear cohesión e integrar al alumno que no puede asistir a clase por estar hospitalizado. Pero la película nos recuerda algo mucho más importante: no hay educación sin afecto. Del profesor hacia su alumnado, del alumnado entre sí, superando los graves problemas de convivencia existentes que vuelven aflorar como todo lo que no se trata y cura. Es irrenunciable la presencialidad, porque sin afecto el proceso de educación-aprendizaje no funciona de forma óptima y porque con la educación online un tercio del alumnado se descuelga y aumentan las desigualdades educativas y sociales.

Como decía Dantón, la educación siempre debe ser lo primero. Porque se educa fundamentalmente para ser personas. Porque su finalidad es esa: acompañar a los niños y niñas y a la juventud en su proceso de convertirse en individuos formados, informados y comprometidos con la mejora de su sociedad. Porque les ayuda a crecer, a superar etapas en su desarrollo emocional y moral. Y, efectivamente, un profesor puede cambiarte la vida y un alumno también. Porque la escuela puede ser el lugar donde nacen los sueños, donde se aprende a convivir y donde se desarrollan los valores humanos.

 

Artículo publicado originalmente en Cuarto Poder.

Autor: Agustín Moreno

Fuente de la Información: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/la-educacion-nos-hace-mejores/

 

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España: Pura doctrina del shock en educación

Pura doctrina del shock en educación

Agustín Moreno

El término “doctrina del shock” lo utilizó Naomi Klein para referirse a la aplicación de brutales medidas económicas neoliberales con el uso de técnicas de choque. Estas recuerdan las terapias psiquiátricas del electroshock sobre los pacientes para que no puedan reaccionar y reciban de forma sumisa la sucesión de agresivas descargas. En economía buscan atacar el bien común para privatizarlo y proceder a lo que se conoce como la acumulación por desposesión. A veces se utiliza la fuerza militar de forma directa, como fue el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. Otras veces, se aprovecha el impacto en la psicología social de acontecimientos catastróficos para imponer reformas antisociales. Así, tras el huracán Katrina en Nueva Orleans, se avanzó en el desmantelamiento de lo público, en un urbanismo de tabla rasa para reemplazar a los pobres por turistas y en las privatizaciones de la red de escuelas.

Aquí y ahora, estamos ante un escenario del segundo tipo: el aprovechamiento de la crisis sanitaria del coronavirus para aplicar duras medidas privatizadoras. Tendría que ser al revés, ya que si hay alguna lección clara de esta crisis es el valor esencial de lo público. Pero el Gobierno de la Comunidad de Madrid utiliza la pandemia como la coartada para aplicar la doctrina del shock en educación, sanidad y suelo. Liberalizar el suelo para volver a la fracasada fórmula del ladrillo. Seguir con los recortes en sanidad, negar condiciones dignas a los MIR actualmente en huelga, o privatizar parte del Hospital del Niño Jesús y las limpiezas del Gregorio Marañón, son algunas de las medidas. Aunque la lista de deseos de Díaz Ayuso y la ultraderecha neoliberal en Madrid es crecedera.

Veamos en educación. En este campo hay dos tendencias muy enfrentadas. Una progresista que defiende el fortalecimiento de la educación pública, como única garantía del derecho a la educación y de una mayor equidad, igualdad de oportunidades y cohesión social; y otra conservadora que defiende una privatización cada vez mayor a través de la segregadora educación privada sostenida con fondos públicos (“concertada”), como negocio económico e ideológico. En este contexto se produce el debate sobre las medidas a tomar para la vuelta a las aulas tras la pandemia.

La educación es un servicio público esencial que debería cuidarse al máximo en la llamada “nueva normalidad” con un doble objetivo: mejorar la calidad y la seguridad. Con este fin el Gobierno central aprobó destinar 2.000 millones de euros, porque la vuelta al colegio no puede ser con el mismo paisaje de aulas abarrotadas, escasez de recursos y profesorado. Con esta inversión no se revierten todos los recortes que realizó el Gobierno Rajoy y que llegaron a los 9.000 millones de euros. Pero dan juego para mejorar las cosas. Por ejemplo, en Asturias se ha fijado un número máximo de 20 alumnos por clase en primaria y se van a contratar 400 profesores más.

Pero la derecha sigue impertérrita y va a volcarse en las privatizaciones en educación en aquellas comunidades autónomas donde gobierna. La Comunidad de Madrid marca el modelo y el Gobierno Ayuso ha preparado para el curso 2020-21 una reducción de 14.121 plazas en la educación pública. Se pretende así derivar a este alumnado hacia la red privada-concertada, negando de hecho la llamada “libre elección de centro”, porque se obliga a las familias a llevar a sus hijos a los concertados al no haber plazas en los públicos. Estos datos se han recogido por el sindicato CCOO, tras la publicación de las plazas disponibles en el proceso de admisión de alumnado abierto para el curso próximo. Supone la reducción de 466 grupos, lo que paradójicamente lleva a aumentar las ratios en las aulas en tiempos de crisis sanitaria.

Estas cifras se han empezado a concretar estos días en los centros al recibir los cupos de profesorado para el curso 2020-21 y la reducción de grupos y de profesores es escandalosa. Ello dará como resultado la organización de grupos con más de 30 alumnos en ESO y 38 en bachillerato, la ausencia de desdobles y un aumento de las horas a parte del profesorado. A estos recortes hay que añadir el golpe a la inclusión educativa con la supresión del cupo de profesores de atención a la diversidad, compensatoria y PTSC; con ello se está perjudicando al alumnado, al que se tenía que reforzar después del confinamiento, por estar en desventaja socioeconómica y ser más vulnerable por tener necesidades educativas especiales.

Estos recortes en la pública no son algo excepcional, se producen año tras año, al tiempo que se regalan descaradamente decenas parcelas a la concertada, saltándose incluso la ley. Ello ha hecho que en la Comunidad de Madrid, gestionada por Esperanza Aguirre y otros presidentes imputados, el alumnado en la educación pública sea del 54%, frente al 67% en el resto del Estado. Es el resultado del achique del espacio de la educación pública, junto a un fuerte proceso de segregación escolar que nos hace estar a la cabeza de Europa en inequidad educativa.

Mantener la agenda de recortes no garantiza la menor seguridad frente a la covid-19. ¿Se imaginan grupos de 38 alumnos en bachillerato durante 7 horas hacinados en minúsculas aulas? Ignorar la pandemia y planificar el curso como si el virus hubiera desaparecido va a dar lugar a un previsible escenario de brotes, de estrés en el profesorado y de alarma social entre las familias. Piénsese en el estudio de la Universidad de Granada que calcula que una clase de Infantil de 20 niños se convierte en una burbuja que contacta con más de 800 personas en sólo dos días. Podemos estar abocados al cierre de muchas aulas en otoño por tamaña chapuza y a consecuencias de salud pública.

¿Qué puede salir mal? Pues todo, cuando se actúa con tanta irresponsabilidad en una situación sanitaria excepcional. En el colmo de la inconsciencia y del fanatismo para seguir agrediendo a la educación, Díaz Ayuso se ha manifestado a favor “de reducir la distancia de seguridad en los colegios”, cuando tendría que estar pensando en reforzar la prevención con la reducción de la ratio, la contratación de más profesorado y la inversión en infraestructuras. Y los ataques no acaban aquí: también ha anunciado que quieren aprobar una cuarta universidad privada contra el criterio de todo el mundo académico. Esta política anti educación pública también se repite en otras CCAA gestionadas por las derechas (Andalucía, Murcia, Galicia…)

Todo lo anterior ha hecho que se empiecen a agitar las aguas en la educación madrileña, creciendo el malestar y la preocupación. Se han realizado asambleas virtuales, una importante manifestación en defensa de los servicios públicos en Vallecas el 9 de julio frente a la Asamblea de Madrid, Asamblea Marea Verde ha convocado una manifestación para el 5 de septiembre , la Plataforma Regional por la Escuela Pública anuncia movilizaciones…

El rechazo a la política educativa de Díaz Ayuso es rotundo. Pero, más allá de la denuncia, la clave está en cómo se organiza la movilización para impedir esta nueva estocada a la educación pública. El profesorado, los sindicatos y los equipos directivos tienen mucho que decir, las familias y el alumnado también, junto a la ciudadanía madrileña y a los partidos políticos de la oposición. Quizá haya que conjurarse convocando unos Estados Generales de la Educación Pública de todas las fuerzas que la defienden para frenar esta brutal agresión. El curso no debería arrancar de esta manera tan irresponsable.

Autor: Agustín Moreno

Fuente de la Información: https://www.elviejotopo.com/topoexpress/pura-doctrina-del-shock-en-educacion/

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La educación no debería ser un campo de batalla político

Por: Agustín Moreno

En la nueva ley de Educación «no está clara la suficiente apuesta por la red pública y por la reducción progresiva de la educación privada sostenida con fondos públicos»

El Gobierno ha informado que tramitará una nueva ley de Educación: la LOMLOE y derogará la LOMCE de 2013. Este anteproyecto de ley se llevó al Congreso en febrero de 2019, el mismo día que se disolvían las Cortes, por lo que no podía tener ningún recorrido. Ahora se vuelve a presentar el mismo texto y va a ser aprovechado por el Gobierno actual para agilizar los plazos para su aprobación. Pero la LOMLOE es solo del PSOE. Por eso es necesario que en el trámite parlamentario se modifique en todo aquello que refleje el acuerdo de Gobierno con Unidas Podemos (UP) en materia de educación y que se recojan las enmiendas que plantea la comunidad educativa.

Ya comenté en diciembre los acuerdos PSOE y UP para la formación del Gobierno de coalición progresista. El resumen de los mismos se refleja en el título del artículo: Los cambios en educación dependerán de cómo se concreten. Una nueva ley y otra política educativa permitirían fortalecer la educación pública siguiendo el modelo de casi todos los países europeos. Pero advertía que no está clara la suficiente apuesta por la red pública y por la reducción progresiva de la educación privada sostenida con fondos públicos.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, en su comparecencia del 20 de febrero al presentar la nueva ley centró el interés informativo en un tema colateral: el llamado “MIR educativo”. Aunque la formación del profesorado siempre se puede y se debe mejorar, los problemas más urgentes siguen siendo la precariedad, las elevadas ratios, las largas jornadas lectivas, la falta de medios o una organización escolar sin inclusividad. No debe haber señuelos que distraigan de los problemas de fondo de la educación en Españadoble red segregadora, insuficiente financiación y adoctrinamiento religioso. Porque lo verdaderamente importante es el resultado final, que dependerá de si a través de las enmiendas se producen cambios sustanciales en estos temas citados.

Redes por una Nueva Política Educativa organizó un debate el 7 de febrero en el que participó una amplia representación de la comunidad educativa y representantes parlamentarios de los partidos PSOE, Unidas Podemos y ERC. Éstos entendían que la reforma supondrá un avance importante al derogar la LOMCE y reformular sus aspectos más lesivos. Destacaron los elementos de progreso de este proyecto, entre otros, la nueva concepción de educación permanente, de la educación infantil, la inclusión educativa, admisión escolar, enseñanza de la Religión, competencias estatales y autonómicas.

Pero en el debate posterior, los asistentes defendieron el Documento de Bases para una Nueva Ley de Educación y mostraron sus preocupaciones y dudas con el texto del Proyecto de Reforma por su falta de convicción y claridad en defensa de una escuela pública, laica, democrática e inclusiva. También manifestaron su inquietud con algunas de las medidas recogidas en relación con “la coeducación, gestión democrática y participada del sistema escolar y centros educativos con insuficientes canales estables y permanentes para la participación de las comunidades educativas, parcelación de currículo en asignaturas, limitada relevancia de la planificación escolar, falta de decisión sobre el papel de subsidiaridad de los conciertos escolares, débil referencia al papel del sistema educativo en temas de emergencia climática, financiación de la reforma, si la ley lleva aparejada una memoria económica que posibilite las medidas anunciadas y la reversión de los recortes en educación, etc.”

En el debate los representantes políticos expresaron la importancia de contar con el apoyo de los colectivos presentes durante el periodo de tramitación del proyecto de reforma. Se mostraron abiertos a la recepción de propuestas de enmiendas al texto, que serían trabajadas por los Grupos parlamentarios en la tramitación parlamentaria de la ley. En esta línea, el Foro de Sevilla, que apoya el proyecto de una ley educativa porque es necesario derogar la LOMCE y todas las medidas que promueven la desigualdad y la selección del alumnado, hemos remitido a los partidos políticos 101 enmiendas de calado que esperamos sean recogidas.

Desde Mareas por la Educación Pública se han planteado movilizaciones en las distintas Comunidades Autónomas para el día 28 de marzo, con el horizonte de una movilización conjunta, en Madrid para mayo. Probablemente serán críticas, porque es difícil movilizarse en apoyo a una ley que no entusiasme si le falta ambición. Es seguro que otras movilizaciones las protagonicen la derecha, la Iglesia católica y la patronal privada. Y ello, aunque no vean realmente sus intereses perjudicados, porque hace mucho tiempo que han convertido la educación en un campo para la batalla política y se han empeñado en un peligroso proceso de privatización.

La utilidad de la nueva ley para el sistema educativo y el futuro de la sociedad española radica en si va a detener y revertir el proceso de desmantelamiento de la educación pública. De lo contrario, no servirá para nada la nueva Ley de Educación. Si no impide, por ejemplo, maniobras privatizadoras como el decreto de escolarización del Gobierno de Andalucía que elimina las garantías de existencia de plazas públicas suficientes, obliga a las familias a pedir centros públicos y concertados, y que ha hecho que se convoque una huelga en el sector para el 4 de marzo por todos los sindicatos . O si no evita la negativa a construir centros públicos, que se concierten enseñanzas no obligatorias (bachilleratos) y se trasfieran cada vez más recursos públicos a la privada, como hace Díaz Ayuso en Madrid.

Si no consigue evitar la segregación socioeconómica y no blinda la Educación Pública, la ley que sustituya a la LOMCE será una ley inane incapaz de reformar con visión de futuro la educación para el siglo XXI. Es una buena ocasión para apostar por una ley valiente que garantice el derecho a una educación pública de todos y para todos. No la desaprovechemos.

Fuente:  https://rebelion.org/la-educacion-no-deberia-ser-un-campo-de-batalla-politico/

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