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El derecho a saber

Por: Agustín Moreno

Un derecho colectivo que implica el derecho inalienable a conocer la verdad de lo que ocurrió y unido al “deber de recordar”

Es conocida la frase de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Cuando se cumplen 80 años del final de la Guerra Civil española, es un buen momento para reflexionar sobre la enseñanza de nuestra Historia del siglo XX. Entre otras cosas porque, como estableció la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1998, el “derecho a saber” es un derecho colectivo que implica el derecho inalienable a conocer la verdad de lo que ocurrió y que va unido al “deber de recordar”.

El único periodo en el que la mayoría de la juventud estudia Historia es en el instituto. Pero, desgraciadamente podemos hablar de déficit democrático en la enseñanza de la Historia, por la combinación de una serie de carencias que tiene el conocimiento de periodos como la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Veamos.

No lo estudian todos los jóvenes. Por un lado, porque muchos no llegan a los cursos en que se imparte (4º de ESO y 2º de Bachillerato). Ello se debe a que hay un abandono escolar temprano muy alto en España (18% ahora, pero ha llegado a ser del 30,9%). Otros no llegan a esa parte del programa por ser un currículo muy exhaustivo: en 4º de ESO se da Historia Contemporánea Universal y de España con tres horas semanales; en 2º de bachillerato la Historia de España va desde la prehistoria al tiempo presente y se imparte bajo la presión de la prueba de selectividad para acceder a la universidad. Y, si alcanzan esta parte del temario, muchas veces se tratan de forma rápida y superficial. Y el colmo es darlo en inglés por aquello del bilingüismo.

Los contenidos de los libros de texto son poco objetivos en bastantes ocasiones. Hay un excelente estudio que analiza los libros de texto en relación a la memoria histórica, coordinado por Enrique Díez, que analiza la proporción, los aspectos resaltados y los silenciados, y la visión sobre las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo. Entre las conclusiones principales se reivindica una historia con memoria que genere situaciones de aprendizaje desde el testimonio directo (historia oral) a la interpretación de diferentes documentos.

Ello se debe a que existe un planteamiento de la “equidistancia” que tiene mucho que ver con el tipo de transición a la democracia que tuvimos y explica la benevolencia con la que se trata al franquismo. El pacto era que los franquistas accedían a la democracia a cambio de una amnesia colectiva que aplicaron los gobiernos de la derecha y del PSOE. Un “punto y final” o el olvido como forma de legalizar los crímenes. Así, el nuevo régimen nacía de la desmemoria. Y como apropiarse del relato es apropiarse de una legitimidad, se intenta afirmar el falso principio de ”que todos eran iguales” y “todos fuimos culpables”. Para ello, por ejemplo, se habla de “dos bandos”, equiparando al Gobierno legítimo de la República con los sublevados; se equipara la represión, aunque haya diferencias cuantitativas notables, pero sobre todo cualitativas: una fue institucional y parte de una estrategia del terror (circular de Mola), y a la otra se opusieron las autoridades republicanas y la controlaron en cuanto pudieron; o se habla de “régimen anterior” o “periodo predemocrático” para disfrazar la dictadura.

No se han trasladado a la didáctica de la Historia los excelentes trabajos de investigación de estos periodos. En este sentido, el historiador Fernando Hernández Sánchez cita las aportaciones de Southworth y Preston sobre el golpe de Estado; los trabajos de Viñas o Moradiellos sobre la internacionalización del conflicto; los estudios de Cardona o Alpert sobre la dinámica militar; las reflexiones de Aróstegui, Graham o Reig Tapia sobre la dinámica política y social; las conclusiones sobre la violencia y la represión de Casanova, Espinosa, Moreno o Vinyes. Este hecho tiene que ver también con una cuestión comercial: los libros del texto se venden para todos los centros educativos, ya sean públicos o privados, y ello hace que asuman el canon conservador aunque pierdan objetividad.

Por otro lado están las clamorosas ausencias de aspectos fundamentales de la Historia. Así, apenas aparece el tema del exilio republicano, la resistencia interior o maquis, la contribución española en la lucha contra el nazismo, los campos de concentración franquistas o nazis donde hubo españoles, las represión de la dictadura (cárceles, fusilamientos, leyes de excepción, TOP, Brigada Político Social…), la oposición obrera, estudiantil y vecinal a la dictadura. Es un escándalo que no se hable del papel de la Iglesia o del expolio económico a los republicanos en el que se basan algunas de las “respetables” grandes fortunas actuales.

Por último, habría que resaltar el modelo teleológico de los libros de texto que encadena los acontecimientos buscando un final previsible y sesgado. Es la asociación entre Republica y Guerra Civil en el mismo tema, lanzando el falso mensaje de que lo que no era bueno lo que mal acaba; y Dictadura y Democracia, en sentido contrario: no será tan malo lo que parece que acaba bien, sobre todo si no se habla de la oposición antifranquista y se presenta como algo tan natural como la sucesión de la sequía y la lluvia.

Así las cosas, cierra el panorama como remate a esta falta de formación histórica, que algunos la acaban buscando en los best sellers de los grandes almacenes de historiadores revisionistas, manera elegante de llamar a los “historiadores” franquistas. Lo que no deja de ser un síntoma de la falta de calidad de lo que se enseña y del déficit de formación histórica de los ciudadanos.

Con todo existen buenos profesores y profesoras que hacen un gran esfuerzo por abordar esta parte de la Historia y aprovechar todo tipo de recursos didácticos. Muchos hemos recurrido a la proyección de películas como La lengua de las mariposas, Ay Carmela, Tierra y Libertad; lecturas como Réquiem por un campesino español de Ramon J. Sénder o Los girasoles ciegos de Alberto Méndez, textos de Louis Delaprée o Juan Eduardo Zúñiga; la visita a exposiciones o el encuentro con autores como Carlos Hernández sobre los españoles en Mauthausen.

Para los docentes es un imperativo cívico desvelar el pasado reciente con buenos trabajos e investigaciones, ayudando a pensar con fuentes contrastadas, orales y lugares de memoria. Pero para los ciudadanos es una exigencia ética abordar de forma definitiva la Verdad, Justicia y Reparación en torno a la memoria histórica. Ello pasa por medidas como: la retirada de todos los nombres relacionados con el franquismo de calles y plazas; la anulación de las condenas por motivos políticos de los tribunales ilegítimos de la dictadura; la retirada y devolución a sus legítimos propietarios de los bienes que la familia Franco expropió; un inventario de bienes expoliados durante la Guerra Civil y la dictadura: el juicio a los responsables políticos de los crímenes del franquismo y la transición; la apertura de todos los archivos militares, civiles y eclesiásticos que contienen información esencial para la investigación histórica. Y especialmente la apertura de todas las fosas comunes y el entierro digno para las víctimas del franquismo; hasta el Papa acaba de decir: “Una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos”.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa (2001) recomienda que se tomen medidas educativas para prevenir la repetición o la negación de acontecimientos devastadores que marcaron el siglo XX. Aquí tenemos el déficit explicado. Quizá por ello, tantos años después, siguen presentes estos temas en la actualidad política. Se debe a que no se han resuelto los temas de Memoria Histórica y este país no se ha vacunado contra nuestra forma casera de fascismo. Las elecciones generales del 28 de abril deberían de servir para acabar con el franquismo definitivamente, aunque no parezca fácil. En todo caso, el conocimiento histórico debe ser considerado, como hacen los países democráticos de nuestro entorno, un derecho civil que los Gobiernos han de garantizar y promover. Al fin y al cabo, la Historia es la memoria colectiva y sin ella es difícil avanzar como pueblo.

NOTAS:

  1. “La Memoria Histórica en los libros de texto”, Enrique Javier Díez Gutiérrez (Dir.) Editado por Foro de la Memoria y Presidencia de Gobierno (2012)
  2. https://comunidad.publico.es/peticion/dictadura/?utm_medium=twitter&utm_campaign=dictadura&utm_source=peticiones

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=254363

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Malgastar 645.955 euros en unas reválidas que deben ser boicoteadas

Agustín Moreno

El gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Cristina Cifuentes aprobó el 21 de marzo la contratación de un servicio de apoyo didáctico y técnico para la realización de las pruebas externas de 3º y 6º de primaria y de 4º de ESO. Las pruebas afectarán en Madrid a 180.000 alumnos y a 2.400 centros. Se trata de la externalización de la realización, tabulación, documentación y análisis de las evaluaciones finales que se empeñan en mantener. El coste de 645.955,20 euros supone más del doble de lo destinado a estas pruebas el curso pasado y permitiría, por ejemplo, la contratación de más de 30 profesores para mejorar la calidad educativa.

Hay que recordar que la comunidad educativa viene movilizándose desde hace tiempo contra estas pruebas que consagra la LOMCE. En concreto, el 26 de octubre de 2016 hubo una huelga general en la educación con un amplio seguimiento, y en noviembre se realizó otra huelga de estudiantes. Como resultado de ellas, y por su debilidad política, el gobierno dio marcha atrás a las reválidas. No fue una retirada completa, solo de sus efectos académicos, dónde se jugaban la titulación el alumnado de 4º de ESO y de 2º de Bachillerato. Pero se dejó en manos de las comunidades autónomas el desarrollo de pruebas en esos niveles.

La comunidad de Madrid ha ido siempre de kamikaze en los ataques a la escuela pública, a su privatización y a la realización de rankings de centros. En esta línea ha aprobado que la reválida de 4º de ESO se hará el 19 de mayo con carácter censal en todos los centros de Madrid capital, y de forma muestral en las otras cuatro áreas territoriales. Es la forma que tiene el PP de sostenella y no enmendalla. Mantienen una secuela de reválidas para volver a la idea original si retornan a la mayoría absoluta. Asusta pensar en el elevadísimo coste que tendría su generalización y los negocios-chollos derivados.

Los efectos negativos de estas reválidas son evidentes aunque no afecten a la titulación.

• Distorsionan el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros al ponerlos a competir. Desde marzo se han empezado a producir en algunos centros presiones de los equipos directivos sobre el profesorado. Quieren que se centren en la preparación de la reválida de 4º de ESO, obviando el programa que están obligados a dar en el tercer trimestre. Tratando de salvar el prurito del centro, corren el riesgo de convertirlos en academias preparadoras de las pruebas, algo sencillamente contrario a la calidad educativa.

• Sirven para elaborar rankings de centros que se utilizan en la lucha por el mercado del alumnado entre la doble red de centros (públicos y privados-concertados). En este sentido, no hay plenas garantías de que una empresa privada no acabe filtrando de manera selectiva las pruebas a centros amigos, a pesar de las cláusulas de confidencialidad que se puedan establecer. En ese supuesto, los resultados estarían contaminados.

• Estresan al profesorado, al alumnado y a sus familias, y una prueba hecha así no mide nada. Si acaso, las diferencias realmente existentes entre los centros. Éstas se deben más a un proceso de escolarización desequilibrado que potencia la administración educativa (zona única, concentración del alumnado con dificultades en los centros públicos), y al nivel de recursos invertidos. Por ejemplo, los centros del sur de Madrid no tendrán los mismos resultados que los de la zona norte; o los centros de “excelencia” y las secciones de los “bilingües que aquellos que el PP se empeña en convertir en guetos. Para este viaje no hacen falta alforjas.

La evaluación puede ser útil si tiene carácter formativo y no selectivo; si se evalúa todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y se valoran los avances conseguidos y no solo el resultado final; si se analiza todo el sistema y no solo una parte y se tienen en cuenta las características socioeconómicas de cada centro; si sirve para aumenta la equidad y dar más recursos a los centros que más lo necesitan. Evidentemente, no es el caso ni en los fines ni en el procedimiento.

Así las cosas, no sería coherente que el alumnado que secundó masivamente las huelgas vaya a realizar las reválidas, ni que las familias que apoyaron esta iniciativa envíen ahora a sus hijos como corderos, ni que el profesorado que tantas veces salió a la calle contra la LOMCE participe en su aplicación. No olvidemos que seguimos dando la titulación de ESO en los centros. En Vallecas hemos empezado a debatirlo y lo tenemos bastante claro, lo hemos llevado a la Marea Verde y nos gustaría que el debate se generalice. Yo estoy esperando que los sindicatos me convoquen a participar en un boicot que debería ser generalizado contra unas pruebas que son una farsa y un despilfarro del dinero público.

Fuente del articulo: https://www.cuartopoder.es/ideas/2017/04/03/malgastar-645-955-euros-unas-revalidas-deben-boicoteadas/

Fuente de la imagen: https://www.cuartopoder.es/wp-content/uploads/2016/11/sindicato-estudiantes-LOMCE-26O.jpg

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Educación, la privatización que no cesa

Agustín Moreno

  • En la Comunidad de Madrid el alumnado de centros públicos es tan solo un 54,9% del total, frente al 68,2% que existe a nivel estatal».

  • «Se han quedado sin plaza en la enseñanza pública 15.671 alumnos de la Comunidad de Madrid tras finalizar la fase ordinaria de escolarización para el curso 2017-2018».

 

  • «CCOO propone crear entre 563 y 728 nuevas clases escolares construyendo centros, reabriendo unidades cerradas o habilitando nuevas plazas en los ya existentes».

 

Es de conocimiento público que la LOMCE consagra un modelo segregador del alumnado. Una pieza clave para la consecución de este objetivo es el reforzamiento de la red privada sostenida con fondos públicos. En la Comunidad autónoma de Madrid, ya desde los tiempos de Esperanza Aguirre, se lanzó un proceso de privatización de la escuela pública por diferentes vías. Los objetivos eran separar al alumnado por situación socioeconómica, vender exclusión a las familias y abrir nichos de negocio económico e ideológico a empresas privadas y a congregaciones católicas. La situación ha llegado a tal nivel que en la Comunidad de Madrid el alumnado de centros públicos es tan solo un 54,9% del total, frente al 68,2% que existe a nivel estatal.

Al calor de este zafarrancho privatizador incluso algunos aprovecharon para cobrar comisiones de hasta un millón de euros por los colegios concertados de la trama Púnica. Esta ofensiva contra la escuela pública no solo no ha cesado, sino que se ha reforzado con Cristina Cifuentes. Y el dato más contundente es que en la Comunidad de Madrid se han quedado sin plaza en la enseñanza pública 15.671 alumnos y alumnas tras finalizar la fase ordinaria de escolarización para el próximo curso 2017-2018.

“Es un sarcasmo que el gobierno de Cifuentes hable de libre elección de centro y que no se cumpla cuando eligen educación pública”

El estudio lo ha elaborado CCOO en base a datos de los Servicios de Apoyo a la Escolarización (SAE)Es un sarcasmo que el Gobierno de Cifuentes emplee toda la demagogia del mundo al hablar de libre elección de centro por las familias y que no se cumpla cuando eligen educación pública. El modelo de escolarización en Madrid es un instrumento para la privatización. Y para ello tiene que ser oscurantista y sin participación alguna.

La jugada es que muchos de estos alumnos se vean forzados a irse a la enseñanza concertada. Para evitarlo, el sindicato propone crear entre 563 y 728 nuevas unidades o clases escolares que se podrían conseguir o bien construyendo centros, reabriendo unidades cerradas en los años de recorte o habilitando nuevas plazas en los ya existentes. También se reclama que se vuelva a las comisiones de escolarización con representación de la comunidad educativa y sindical para el seguimiento y ajustar la oferta de plazas a las necesidades de cada zona y evitar una escolarización desequilibrada creando guetos en los centros públicos, como está denunciando Vallecas.

Pero la Consejería no atiende la demanda de nuevas construcciones escolares (La Garena, Arganzuela…) y sigue el cierre de centros públicos, como es el caso del IES Pérez Galdós, sin atender a las razones de su  comunidad educativa. La trampa está en que no se va a  construir a tiempo el nuevo instituto de Las Tablas donde debía ir una parte de su alumnado. Ello provoca que 107 niños de 1º de ESO estarán alojados en un centro concertado de la zona, y de él volverán o no a la pública.

Tampoco se realizarán en tiempo y forma las nuevas construcciones comprometidas para el curso 2017-2018. Así, además del IES de Las Tablas, en Valdebebas y Vallecas las obras están paralizadas y las empresas no están trabajando en lo comprometido. El alumnado de Valdebebas deberán desplazarse en transporte escolar, el de Vallecas se instalará en un colegio que tiene más de 40 años (CEIP Juan de Herrera) y cuyas instalaciones están en muy malas condiciones.

“La Comunidad de Madrid ha abierto la posibilidad de vender los espacios públicos educativos al mejor postor”

Según denuncia la Federación de AMPAS, Francisco Giner de los Ríos, la Comunidad de Madrid ha abierto la posibilidad de vender los espacios públicos educativos “al mejor postor”. Lo hace después de conocer el proyecto del decreto que prepara el Ejecutivo regional para regular la utilización no lectiva de los centros educativos. La asociación asegura que “existe una clara posibilidad de ceder los espacios públicos al uso lucrativo”, algo que les hace dudar de que el Ejecutivo no esté intentado llevar a cabo una privatización encubierta. La deficiente financiación a los centros, abre esta posibilidad para que el colegio pueda contratar a entidades externas el centro, algo que vulneraría los derechos de las AMPAs, cuyas actividades prevalecen sobre otras en los centros.

Para preparar la privatización hay que deteriorar los centros públicos. En este sentido, las instrucciones de principio de curso remitidas en julio suponen menos plantilla, eliminan comisiones de servicio para consolidar el profesorado en centros de difícil desempeño y no reducen la jornada lectiva. La Consejería de Educación ha recortado profesorado en la primera asignación de cupo del próximo curso para los centros públicos. En algunas enseñanzas el recorte es de hasta un 5%. Hay sindicatos que lo califican de maniobra de “trilerismo” y propaganda política, al vanagloriarse Cristina Cifuentes de un supuesto aumento de las plantillas al tiempo que recortan cientos de puestos de trabajo.

“Las instrucciones incumplen el acuerdo pactado con los sindicatos porque reduce el profesorado, mientras crece el alumnado”

El acuerdo sectorial firmado recientemente entre la Consejería de Educación y los sindicatos contemplaba la creación de 2.800 cupos netos de profesorado en los próximos cuatro años. Para el próximo curso corresponderían, al menos, 700 nuevos docentes. Las instrucciones incumplen el acuerdo pactado con los sindicatos porque reduce el profesorado, mientras crece el alumnado.

Tiene coherencia todo lo anterior con la campaña a favor de la educación concertada que ha lanzado el PP. Lo ha hecho con una proposición no de ley firmada por Rafael Hernando y presentada en el Congreso de los Diputados. El consenso y la paz educativa es imposible mientras sigan las agresiones a la escuela pública. La selección del alumnado es contraria a la escuela inclusiva y, por lo tanto, rechazable. No puede haber pacto educativo sin trazar un horizonte gradual, voluntario y pactado de supresión del anacronismo que supone en relación a Europa tener un sector privado sostenido con fondos públicos. La educación de nuestra infancia y juventud debe servir para crear una sociedad más cohesionada donde todos y todas tengan una oportunidad de desarrollo máximo.

 

Fuente del articulo: https://www.cuartopoder.es/espana/educacion/2017/07/29/educacion-la-privatizacion-que-no-cesa/

Fuente de la  imagen: https://www.cuartopoder.es/wp-content/uploads/2017/07/147492-944-651.jgp

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Una marea por una escuela inclusiva

Agustín Moreno

“Cuanta más mezcla se dé en el crisol de una

sociedad o de una escuela, habrá más riqueza” .

Federico Mayor Zaragoza

 

La diversidad es un valor en sí misma y enriquece a todas las personas que participan en ella. Pero la administración educativa del Partido Popular, por razones políticas, no está de acuerdo con esta idea y aplica medidas segregadoras. Por ello, la sociedad civil ha puesto en marcha iniciativas para mejorar la calidad de la educación para todo el alumnado. Esto significa que en cada centro se debe garantizar la diversidad y aplicar medidas para aquellos que tienen necesidades especiales o compensatorias de cualquier tipo.

La inequidad y la segregación son un atentado al derecho a la educación que tienen todos los niños y jóvenes.Los datos hablan por sí solos. Según PISA, España está muy por encima de la media de la OCDE en segregación social en la escuela y sigue aumentando. Estamos al nivel de Brasil, México y Hungría, y en las antípodas de Finlandia, Canadá y Japón, como demuestra en un excelente análisis de Lucas Gortazar. Las cosas están peor aún en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) que está a la cabeza de España en segregación y en repeticiones, y la tendencia es creciente si comparamos 2012 y 2015. La European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), perteneciente al Consejo de Europa, demuestra que Madrid es una región donde los problemas de la educación tienen que ver con la desigual distribución de alumnado inmigrante y de etnia gitana, la existencia de escuelas “gueto” y con las prácticas en el proceso de admisión que permite a los colegios concertados seleccionar a su alumnado. Eligen el alumnado a través de diferentes trucos, ante la pasividad de la inspección y de las autoridades educativas. Es tan escandaloso, que los centros que no escolaricen un cupo de alumnos con dificultades no deberían disfrutar de conciertos pagados por todos.

Todo tiene su explicación. La política seguida por los gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid ha convertido la segregación en un patrón de sus actuaciones. Combina medidas como el aumento de la red privada sostenida con fondos públicos (concertada), la implantación del modelo mal llamado “bilingüe”, los centros de “excelencia” y el establecimiento de la “zona única” de escolarización. Ésta última, ha roto el acertado criterio de escolarizar por proximidad. Por si fuera poco, las pruebas externas y reválidas, cuyos datos con la LOMCE pueden ser publicados, ponen al alumnado y a los centros a competir y no a cooperar.

Se aplica todo lo anterior al tiempo que se recortan recursos para atender a la educación compensatoria. En concreto, ha bajado un 15% desde 2011 la partida destinada a apoyos para alumnos en desventaja social. Así, estamos llegando al absurdo de crear primero guetos y luego cerrar aulas de los centros con mayores niveles de alumnado vulnerable. Esta política cristaliza las desigualdades y margina al alumnado que tiene necesidades educativas y diferencias de origen socioeconómico y cultural.

Frente a la situación descrita se ha puesto en marcha, desde las comunidades educativas de la zona sur, una Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en la educación no universitaria. La razón es muy clara: la calidad de la educación a la que debemos de aspirar es la suma de la inclusión y la excelencia. La ILP es una herramienta pensada para hacer frente a este problema. Se está produciendo un intenso proceso de explicación y debate que ha recabado el apoyo de 160 entidades y que cuenta con el asesoramiento de expertos universitarios y juristas.

Como dice uno de sus promotores, José Miguel Martín: “No todos los centros sostenidos con fondos públicos acogen por igual al alumnado. Se están cerrando aulas en los centros con mayores tasas de alumnado vulnerable, por lo que se premia a los centros que excluyen, mientras que se castiga a los colegios que apuestan por la diversidad y la inclusión en sus aulas”. Y añade un argumento preocupante: “Si las familias compran segregación es porque la Administración vende segregación”.

La idea central es planificar con equidad la oferta educativa, para evitar que el alumnado con dificultades se concentre en los centros públicos no bilingües, reducir las ratios, reforzar las plantillas y los equipos de orientación y atención a la diversidad. Se ha iniciado formalmente el proceso con los acuerdos simultáneos del día 11 de mayo de los ayuntamientos de Leganés, Getafe y Parla. Las tres localidades superan en mucho los 50.000 habitantes requeridos por la Ley 6/1986 de Iniciativa legislativa popular. Y se piensa llevar a otros 23 municipios para su aprobación antes de remitirlo a la Asamblea Regional.

En la misma dirección ha surgido otra iniciativa en un barrio de Madrid que pide más recursos y, sobre todo que la inclusividad sea un rasgo normal y común de todas las escuelas financiadas con fondos públicos. Con la Declaración por la Dignidad de la Escuela Pública de Vallecas se propone que el distrito sea zona libre de recortes y con una escolarización equilibrada ante el escándalo de que el 80% del alumnado con dificultades de aprendizaje está en los centros públicos. La comunidad educativa del distrito, representada por la Plataforma por la Escuela Pública, ha llevando sus propuestas a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y la respuesta ha sido positiva, con la posibilidad de que varios partidos presenten una Proposición No de Ley unitaria para afrontar los problemas denunciados y que no admiten demora. También se están recogiendo miles de firmas de apoyo a la Declaración.

La educación debe combatir las desigualdades, no limitarse a comprobar que existen. La escuela es un reflejo de la sociedad pero puede y debe propiciar cambios justos, basados no tanto en la igualdad como en la equidad, dando más a quien más lo necesita y no al contrario. Acabar con la segregación social y académica mejora el conjunto del sistema. Se tiene que asegurar el derecho a desarrollar al máximo las capacidades de todas las personas escolarizadas en la educación obligatoria. Para ello se deben impulsar cambios legales, curriculares, metodológicos y organizativos que ofrezcan mejores respuestas a la diversidad, con especial atención a quienes más lo precisan.

Fuente del articulo: https://www.cuartopoder.es/ideas/2017/05/18/una-marea-una-escuela-inclusiva/

Fuent de la imagen: https://www.cuartopoder.es/wp-content/uploads/2017/05/pasted-image-0.png

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Propuestas para un pacto educativo

Agustín Moreno
Sabemos que el proceso no va a ser fácil. Hay incluso quien dice que un “pacto educativo de todos” es prácticamente imposible si lo negocian solo los partidos políticos aunque sea en el ámbito parlamentario. Y dan razones de peso. Por un lado, la experiencia de los intentos anteriores para este mismo fin demuestra que la intransigencia de sectores conservadores, religiosos y privados impidieron alcanzar a un acuerdo.

Por otro, la existencia de dudas más que razonables: ¿Es posible un pacto con quienes apuestan por una escuela excluyente a través de reválidas, itinerarios y otros mecanismos de segregación?, ¿con los que replantean la gratuidad de la educación con copagos y tasas exorbitantes?, ¿con los que reducen el peso y la calidad de la educación pública en beneficio de la privada-concertada?, ¿con los que han dejado la participación de las familias, profesores y alumnado en algo testimonial?”

Quizá la única manera de superar las dificultades para alcanzar un acuerdo educativo sea fijar los principios y finalidades básicas que debe tener la educación. Y establecer un proceso participativo de todos los agentes implicados: comunidad educativa (familias, alumnado y profesorado), partidos políticos, sindicatos, entidades y expertos, mareas, etc.

La importancia de la educación es múltiple. Su finalidad es conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo integral y moral de las personas, la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la mejora de la sociedad en la que viven, la igualdad de oportunidades y la equidad social. Además, el sistema educativo debe contribuir a propiciar una salida de la crisis y un nuevo modelo productivo basado en una mayor cualificación y en el empleo decente de los trabajadores.

Hacer efectivo el derecho a la educación en condiciones de igualdad requiere fortalecer la enseñanza pública. Una empresa de tal envergadura solo pueden hacerla realidad los Estados para garantizar una escuela para todos de calidad y de forma gratuita. La educación es el cimiento de una sociedad y el Estado democrático no puede dejarla en manos de empresarios que fundamentalmente buscan hacer negocio con ella.

Un sistema de educación democrático debe ser consecuencia de un acuerdo social, político y territorial alcanzado a través de un proceso democrático en el que participe la comunidad educativa y todos los interlocutores necesarios. No se pueden pactar unas pocas medidas de maquillaje: la comunidad educativa y la mayoría de fuerzas políticas están pidiendo la derogación de la LOMCE. Una ley que dé estabilidad al sistema educativo necesita participación, debates y consensos que consigan cambiar la dinámica que han tenido las últimas leyes. Por eso, más allá de los formalismos y las audiencias, les pedimos que arbitren la manera de asegurar una participación real en las negociaciones de la comunidad educativa.

Tanto en el contenido como en el procedimiento es un punto obligado de partida el “Documento de bases para una nueva Ley de Educación, Acuerdo social y político educativo, elaborado por una amplia representación de las fuerzas sociales y políticas, colectivos y mareas por la educación pública. Las líneas básicas no pueden ser otras que concebir la educación como un derecho público y un bien común. Debe asegurarse una escuela pública de todos y para todos, con una financiación del 7% del PIB, porque la educación tiene que estar al servicio de la sociedad y no del mercado.

Nosotros queremos creer en ustedes, señorías, en su buen trabajo, en que van a colocar la educación pública como la primera prioridad de este país, que blindarán la inversión educativa porque no puede verse afectada por el artículo 135 de la CE. Traemos propuestas muy elaboradas y nos ofrecemos a participar en todo el proceso de negociación. Sabemos que los efectos negativos de la crisis se concentran en las personas con menor nivel de formación y que la nueva economía y los nuevos empleos deberían requerir una fuerza de trabajo más cualificada. Pero la educación es mucho más que formar mano de obra. La educación es la palanca para la regeneración que este país necesita. Tienen ustedes la ocasión de hacer Historia.

Propuestas para un pacto educativo

  1. LA EDUCACIÓN COMO UN DERECHO
  • La educación pública es la única que puede garantizar que el derecho a la educación sea una realidad asegurando la cohesión social.
  • Oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años, que garantice que todo alumno disponga de una plaza asegurada.
  • Red única de centros de titularidad y gestión públicas. Red de centros controlada por los Consejos Escolares municipales. Supresión progresiva de la financiación de centros concertados.
  1. UNIVERSALIDAD DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
  • Universalizar la oferta de plazas públicas en Educación infantil de 0 a 6 años, garantizando su carácter plenamente educativo y los requisitos mínimos en cuanto a ratios, titulaciones, espacios, etc.
  • Rebajar las ratios hasta alcanzar las recomendadas internacionalmente y responder adecuadamente a las distintas necesidades del alumnado.
  • Ampliar la dotación de personal docente.
  • Servicios y recursos suficientes para que todo el alumnado reciba los apoyos necesarios y progresar de acuerdo a su ritmo de maduración.
  • Evitar la clasificación y selección temprana del alumnado y garantizar una educación integral. Titulación única al término de la etapa obligatoria, sin perjuicio de una opcionalidad gradual que no implique agrupaciones de grupo-clase homogéneas.
  • Establecer medidas de protección y promoción social.
  • Detección temprana de las necesidades de apoyo y refuerzo para convertir en excepcional la repetición de curso.
  • Red pública de centros integrados de FP con oferta adecuada y suficiente de ciclos formativos, que promueva también perfiles profesionales ligados especialmente al bienestar social y la sostenibilidad ambiental.
  • Extender la red pública de Centros de personas adultas, dependientes de Educación, provista del personal necesario.
  1. EDUCACIÓN INCLUSIVA
  • Organización del centro y del currículo desde la inclusión: docencias compartidas, flexibilidad de grupos, profesorado y otros profesionales ajustados a las necesidades, no segregación por capacidad, sexo, diversidad cultural y social…
  • El carácter plurinacional del Estado reconocerá las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma, con sus propias leyes de educación contempladas dentro del marco legal estatal.
  • Plan de medidas para favorecer el éxito de todo el alumnado en la educación obligatoria, concretando actuaciones de apoyo. Incremento de dotación a los centros y zonas con mayores dificultades y/o desventaja social. La equidad es una asignatura pendiente que va más allá que la igualdad de oportunidades, porque se trata de dar más a quien más lo necesita.
  1. CURRÍCULO SIN IDEARIOS PARTICULARES
  • Laico, educación sin dogmas, que respete la libertad de conciencia y elimine el adoctrinamiento. Derogar los Acuerdos con el Vaticano de 1979.
  • Para la vida, reunir e integrar el conocimiento de las ciencias y de sus aplicaciones, las humanidades, las ciencias sociales, las artes, los saberes populares y los que componen la vida cotidiana, de forma que sirva al cuidado de las personas, de la naturaleza y de la vida comunitaria. Construir una ciudadanía informada y crítica
  • Pluricultural, currículo intercultural.
  • Integral, no formulado como listados de contenidos mínimos y compendio de competencias, sino de forma global, integrada y compleja en términos de resolución de problemas, situaciones sociales, ambientales y éticas relevantes. Dar importancia y tiempo escolar al lenguaje musical, el movimiento corporal y la expresión artística.
  • Adaptado al contexto, con amplio margen de adaptación y desarrollo por parte de la comunidad educativa.
  • Que potencie el conocimiento abierto y compartido.
  • No competitivo. No se realizarán pruebas externas que tengan como objetivo la homogeneización del aprendizaje ni la elaboración de clasificaciones.
  • Ecológico, con contenidos ligados a la sostenibilidad, el mantenimiento de la vida y la ética ecosocial.
  1. PROFESORADO COMPROMETIDO Y RECONOCIDO
  • Restituir las condiciones laborales del profesorado que, en los últimos años, han empeorado enormemente: aumento de las ratios, incremento de la jornada lectiva, retrasos en las sustituciones, precarización de las condiciones de empleo e inestabilidad docente. Acabar con el abuso en la figura de la interinidad.
  • Elaboración del estatuto del profesorado, en el que se expliciten con claridad sus derechos y deberes, superando las indefiniciones que existen en el ejercicio de sus funciones. Rehacer los mecanismos de representación y negociación.
  • Integración progresiva en un cuerpo único de profesorado, estableciendo los criterios claros y comunes para una formación inicial -pedagógica y práctica- sólida. Mejorar los procesos selectivos.
  • Formación permanente, desarrollo profesional y práctica docente innovadora e investigadora deben ser reconocidos, dignificados y potenciados al máximo.
  • Son necesarios más perfiles profesionales: orientación, apoyo a necesidades específicas del alumnado, educación e integración social, vertebración de la educación en el ocio…
  • Garantizar la autonomía del profesorado y los centros, así como la participación democrática de la comunidad educativa en éstos, integrándolos en el contexto social. Direcciones colegiadas y revocables.
  1. FINANCIACIÓN
  • 7% del PIB para educación, garantizado constitucionalmente como suelo de gasto.
  • Fondo de compensación educativa que garantice la equidad
  • Gratuidad de la enseñanza básicaentendida en sentido amplio: material, transporte, comedor….

Debe blindarse una financiación adecuada al sistema educativo y no solo por razones de igualdad de oportunidades, de equidad y justicia social, que serían suficientes. También porque es lo más rentable que puede hacer una sociedad. El Nobel de Economía (2000) James Heckman decía que por cada euro invertido por niño el rendimiento es de entre el 7 y el 10% anual a lo largo de su vida; es decir, una rentabilidad mucho mayor que la de los fondos de inversión, añadía irónicamente. Algo que reafirmaba hace unos días el Bank of América Merrill Lynch al decir que invertir en educación es tan rentable como hacerlo en Bolsa y que cada dólar produce un retorno de 10 $. A aquellos políticos que solo miran por las élites en perjuicio de la mayoría social y que apuestan por un país de la mediocridad, habría que recordarles lo que decía Derek C. Bok, que fue durante veinte años Rector de la Universidad de Harvard: “Si piensan que la educación es cara, prueben con la ignorancia”.

(Resumen de la intervención de Agutín Moreno en la Subcomisión del Pacto Educativo). Intervención íntegra de Agustín Moreno (PDF).

Fuente  del articulo: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2017/02/21/propuestas-para-un-pacto-educativo/1848

Fuente de la imagen: https://www.cuartopoder.es/wp-content/uploads/2017/02/Agustin-Moreno-Congreso.jpg
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La igualdad empieza en nosotras

Agustín Moreno

El 8 de Marzo de 2017 pasará seguramente a la historia por la dimensión internacional que tuvo y, sobre todo, por las masivas movilizaciones por la igualdad y contra la violencia de género. Por primera vez se convocaba un paro a nivel mundial el 8 de marzo por mujeres de cuarenta países. Su movilización y protagonismo está creciendo desde que las argentinas se echaron a la calle en 2015 con su “¡Ni una menos!”; después han seguido en otros países como México, Perú y Brasil contra el feminicidio y las violaciones. También en la India o en Turquía, en Polonia contra el ataque al derecho al aborto, en Francia defendiendo la igualdad salarial frente a los recortes del gobierno. O en Estados Unidos nada más ser elegido Trump por su actitud reaccionaria, machista y racista.

Con el paro del 8-M se intentaba visibilizar la importancia social de las mujeres en la reproducción, la producción y los cuidados, y plantear sus demandas de igualdad, de rechazo de la sobreexplotación y de todo tipo de violencias. Las mujeres han decidido que no van pagar la crisis económica y no van a permitir que se recorten sus derechos y los avances conseguidos tras mucha lucha por la oleada neoconservadora que vive el mundo.

No hay datos agregados del paro y es difícil de medir su dimensión porque afectaba a todo tipo de actividades, pero a tenor de la asistencia a las manifestaciones, la jornada fue un éxito. El periódico El País titulaba en primera página –eso sí, debajo de la remontada del Barça- que habían participado cientos de miles de personas en el mundo. Sólo en Madrid hubo cientos de miles de personas, en la manifestación más grande en mucho tiempo, que recordaba las grandes marchas contra la guerra de Irak. Ya en 2016 fue impresionante la manifestación de Madrid, cuando las organizaciones convocantes decidieron pasar de la estrecha calle Atocha, donde tradicionalmente se realizaban, a desfilar por las grandes avenidas, el Paseo del Prado el año pasado, en 2017 en la calle Alcalá y Gran Vía. El País devaluaba la manifestación, pero al menos decía algo, y es que ha sido una vergüenza el apagón informativo de una manifestación que algunos han llegado a cifrar en un millón de personas. Gracias a algunos medios digitales como cuartopoder.es, se ha aportado objetividad a lo sucedido.

Nada pasa por casualidad. La gran afluencia a la manifestación la explica el gran trabajo que se viene haciendo desde hace años. También había circunstancias especiales en esta ocasión. En dos meses de 2017 asesinaron a una veintena de mujeres, según uno de los observatorios más objetivo sobre el tema. Por eso un grupo de mujeres mantuvo una huelga de hambre de 27 días hasta las vísperas del 8 de Marzo. Se desconvocó ante el compromiso de los partidos políticos de crear una subcomisión parlamentaria y abordar la negociación de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Hay una gran ofensiva de un patriarcado porque cuando se siente acorralado en sus privilegios, reacciona violentamente. Los avances en la liberación y en la mayor igualdad de las mujeres tienen que ver con este repunte de la violencia extrema y la agresividad en las redes sociales contra el feminismo.

Desgraciadamente la violencia no cesa. A algunos les resulta cansino que se hable de ello, pero lo que realmente colma el vaso es que sigan asesinándolas A modo de ejemplo, veo dos noticias cuando escribo estas líneas que son espeluznantes: Detienen a un violento individuo cuando pretendía agredir a su expareja armado con un machete en Calasparra y Detenido un hombre en Tetuán por dar 10 martillazos en la cabeza a su pareja. Pasa todos los días. A veces hay suerte y la intervención policial o de los vecinos impide la desgracia, pero no siempre.

Es importante un Pacto de Estado, las medidas judiciales y policiales, las ayudas económicas, laborales y psicológicas a las víctimas. Pero el tema es más de fondo y hay que dudar sobre si habrá recursos suficientes para evitar lo que se debe calificar como terrorismo machista. La cuestión es, como decía Iñaqui Gabilondo, ¿qué telarañas tenemos los hombres en la cabeza? Cambiar la mentalidad machista coloca a la educación en primer plano.

Nuestra experiencia en el instituto Villa de Vallecas es muy interesante. Llevamos años trabajando el tema de la igualdad, cada vez con un enfoque diferente: el trabajo y la igualdad, la violencia de género, desmontando mitos del amor romántico, los micromachismos, etc. Elaboramos un dossier anual, se organizan talleres, se empapela el centro y se montan instalaciones, videoarte, lectura de poemas, etc. Los platos fuertes son las charlas de una hora que dan grupos de alumnas y alumnos mayores a todas las clases de 1º y 2º de la ESO. Es una concienciación de ellas y ellos mismos en cascada. Un aprendizaje entre iguales que ya está dando sus frutos. En la mesa redonda de cierre del día este año participaron mujeres del grupo “Ve la Luz”, que apoyó la huelga de hambre de Sol, y una feminista histórica. El debate posterior fue muy rico e intenso.

En un centro con esta sensibilización, no es extraño que trescientos alumnos de los cursos superiores participasen en el paro simbólico convocado a nivel mundial. No nos engañamos, sabemos que nos queda mucho trabajo por hacer, pero estamos orgullosos del alumnado y del trabajo en valores que se realiza en la enseñanza pública. Es nuestra pequeña aportación para avanzar, poco a poco, en la formación de una ciudadanía con la conciencia clara de que la igualdad empieza en nosotras, las mujeres, y todas las personas de bien.

Fuente del articulo: https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2017/03/18/la-igualdad-empieza-nosotras/1886

Fuente de la imagen:https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/files/2017/03/Manifestacion-8-marzo-Gran-Via.jpg

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9M: aulas vacías por el derecho a la educación pública

Agustín Moreno

No tengo ninguna duda de que el 9 de marzo volverán a estar las aulas vacías de alumnado y profesorado. Las calles de las grandes ciudades se llenaran de gente reivindicando más educación pública. Cuando se convoca una nueva huelga en la educación no es un acto rutinario, sino una necesidad de primer orden porque está en juego el futuro de este país. Y es que el modelo educativo tiene mucho que ver con el modelo productivo, el social y con la calidad de la democracia.

Las reformas laborales están sirviendo para la renovación de las plantillas a través del despido y de los ERE, para sustituir empleos de más calidad por otros con menos salario y menos derechos. Hace unos días conocíamos tres noticias en paralelo: récord de turismo, con 75 millones de visitantes en 2016; recuperación del sector del ladrillo y exilio laboral de 800.000  personas, buena parte de ellas son jóvenes, que abandonaron el país desde el comienzo de la crisis (60.000 solo en el primer semestre de 2016). Turismo, emigración y ladrillo, al igual que en el franquismo, como modelo productivo de bajos vuelos. Por no hablar de la democracia devaluada, donde se amordaza la crítica, se protege la corrupción y se cuestiona a diario la división de poderes del Estado.

Mal futuro para este país si el objetivo de la derecha conservadora es reforzar un modelo que educa de forma segregada a las élites y, por otro lado, a un precariado que sirva cañas en inglés a los turistas. Por ello, la movilización es imprescindible y es de agradecer la conciencia y el esfuerzo que hace la comunidad educativa para convocar una huelga general en la enseñanza. Es una huelga unitaria, para todos los niveles educativos desde infantil a la universidad. Y está convocada por CCOO, UGT, CGT y STES; el Sindicato de Estudiantes, FAEST, Estudiantes en Movimiento y el Frente de Estudiantes; la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA); los Movimientos de Renovación Pedagógica y apoyada por Unidos Podemos.

Los objetivos son tres: la reversión de los recortes, la inversión en educación pública y la derogación de la LOMCE. Está claro que hay suficientes y poderosas razones para ir a la huelga:

a) El Gobierno del Partido Popular ha aplicado una brutal política de recortes en la Escuela Pública. La inversión en educación se ha reducido un 11% entre 2009 y 2016 (de 53.000 a 47.000 millones). En términos de PIB, el gasto total en educación ha pasado de un 5,07% del PIB en 2009 a un 4,37% en 2014, por debajo de la media de la UE (4,9%) y de la OCDE (5,3%). Para el año 2018 está previsto que caiga por debajo del 4%, lo que totalizaría 10.000 millones de euros de recortes. Se trata de blindar una inversión en educación pública del 7% del PIB, porque, como coinciden todos los expertos, una educación de calidad necesita una financiación sostenible.

b) Como medidas concretas que reviertan los recortes hay que volver a contratar masivamente a nuevo profesorado para reponer los 32.000 puestos de trabajo que se han perdido (cuando hay un 6% más de alumnado), reducir el 20% de temporalidad, y dignificar las condiciones en las que imparten la docencia; bajar las ratios de alumnado por aula y recuperar todas las medidas de inclusión y atención a la diversidad.

c) En las universidades públicas, en los últimos años, el precio final de la matricula se ha encarecido un 66% de media. Estamos ante el desmantelamiento de las Universidad Pública cuando vemos que la financiación pública de las universidades ha supuesto una caída de 1.213 millones de euros en el período de 2010 a 2014 y que ha disminuido en 7.500 empleos públicos. También la Formación Profesional se ha visto afectada por el aumento de las tasas: una FP de grado superior cuesta 480 €, y una de grado medio entre 120 € y 220 € de media.

Frente a ello, se reivindica una Universidad entendida como servicio público que no busque la “competitividad”, sino la calidad y la cooperación al servicio de la sociedad, para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa y más sostenible, no una universidad al servicio de los intereses privados del empresariado. Una FP que amplíe su oferta formativa, que reduzca significativamente las tasas y suprima las prácticas no remuneradas.

d) Por último, en relación a la LOMCE, urge la derogación de una ley sectaria, segregadora  antidemocrática y orientada a la privatización al colocar la Educación Pública como algo subsidiario. A la voluntad manifestada por la comunidad educativa y por la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias hay que añadir que hay alternativa. Buena parte del trabajo está hecho con el Documento de Bases para una nuea Ley de Educación consensuado por una amplia representación de las fuerzas sociales y políticas, colectivos y mareas por la educación pública. Debe ser el cimiento para el nuevo marco legal educativo.

También es necesario que la huelga salga bien por dos elementos de coyuntura. Por un lado, porque la experiencia de las huelgas de octubre y noviembre de 2016 ha sido clara: el gobierno del PP se vio obligado a dar marcha atrás al carácter académico de las reválidas. La lucha paga, el gobierno no tiene mayoría absoluta y es el momento de apretar. Por otro, porque está funcionando una subcomisión de Educación en el Congreso de los Diputados con el objetivo declarado de alcanzar un pacto educativo. Por ella van a pasar más de 80 comparecientes y la jugada del gobierno es intentar incorporar al PSOE a un pacto que maquille un poco la LOMCE o echarle la culpa del desacuerdo. Los “poderes fácticos” de la Educación Privada y Religiosa ya han marcado las líneas rojas a los partidos conservadores. Al día siguiente de la comparecencia de la Marea Verde, el portavoz de la Conferencia Episcopal dijo que para mantener “la tradición cultural gloriosa” las clases de religión y los conciertos no se tocaban.

Es necesario el pacto educativo, pero para que se produzca deben darse dos condiciones: Primero, se ha de contar con la participación de la comunidad educativa, porque lo contrario sería una estafa. Y, segundo, debe potenciar una Red Escolar Pública Única, de titularidad y gestión pública, que garantice el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, gratuidad y democracia. Ello implicaría la supresión progresiva de los conciertos educativos.

Como dice Miguel Ángel Santos Guerra: “Los intereses públicos frente a los intereses privados y la preocupación por los desfavorecidos son dos cuestiones que resultan prioritarias en una sociedad en la que se declara la ley de la extrema competitividad, pero sin tener en cuenta el punto de partida de los que compiten”. (nota 7). La educación es un derecho, no un privilegio, por  eso no caben ni la LOMCE, ni los recortes.

Fuente del articulo: https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2017/03/07/9m-aulas-vacias-por-el-derecho-a-la-educacion-publica/1859

Fuente de la imagen: https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/files/2017/03/educacion-arma-de-construccion-masiva-kai-forster

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