Author: Agustín Moreno

Page 3 of 4
1 2 3 4

Defender la educación pública no es delito: absolución de ‘los Cinco del Buero’

Agustín Moreno

Por: Agustín Moreno

Cuando aquel policía ceporro calificó de “el enemigo” a unos estudiantes valencianos que se manifestaban por la educación pública, debimos imaginar que se estaba preparando la criminalización de la protesta social. Y así ha sido, represión y recortes han ido de la mano estos años de gobierno del Partido Popular. El ataque a los derechos sociales ha sido tan brutal que el gobierno Rajoy ha tenido que emplearse a fondo desde el minuto uno para imponerlos por la fuerza. Era la única manera de intentar aplastar la resistencia de los movimientos sociales, las mareas, la ciudadanía. Pocos se han salvado de esta forma de injusticia, desde huelguistas a manifestantes, tuiteros o titiriteros. Ahora están apareciendo las consecuencias judiciales del castigo político a la contestación de las políticas antisociales.

Hemos conocido estos días que en Cantabria está habiendo movilizaciones en solidaridad con nueve jóvenes a los que les piden 42 años de cárcel, un auténtico despropósito. La razón: intentar participar para defender la educación pública en un acto en la universidad de Cantabria al que sin motivo se les denegó el acceso. Afortunadamente en Cádiz acaban de absolver a dos jóvenes acusados por una protesta similar reivindicando un edificio para una facultad, y el juez ha considerado que la actuación policial fue “desproporcionada” y que el contexto “parece evocar etapas predemocráticas ya superadas”

Otra barbaridad es la de los cuatro profesores y un activista social de Guadalajara que se enfrentan a cuatro años de cárcel y 3.000 euros de fianza a cada uno por defender la educación pública. Fue hace cinco años. Sin que mediara aviso o negociación alguna, la administración educativa del PP sacó de repente unas instrucciones que dejaban en la calle a 800 profesores interinos, desplazaba a otros, suprimían apoyos, refuerzos y horas de laboratorio al alumnado. Era la orgía de los recortes a los servicios públicos esenciales, al igual que había pasado en Madrid, y que dio lugar al nacimiento de la Marea Verde y a una larga lucha que aún continúa.

Como cuenta la Plataforma que pide la absolución de los ‘Cinco del Buero’, esta violencia legislativa provocó la lógica indignación de muchos centros educativos y cientos de profesores y profesoras se concentraron espontáneamente frente a los Servicios de Educación en Guadalajara con el ánimo de expresar democráticamente la protesta. Luego, más de 400 personas se dirigieron hacia el teatro Buero Vallejo, donde interrumpieron el pregón que presidía el alcalde del PP Antonio Román.

Cinco personas fueron identificadas días después de manera arbitraria como participantes en la protesta. Ahora, la acusación particular en representación de cuatro de los ocho policías locales presentes en el teatro y auspiciada por el Ayuntamiento de Guadalajara que tiene mayoría del PP, intenta meterles en la cárcel.

Fue un acto pacífico, no hay más que ver el vídeo. Todo lo que hubo fue un alboroto y un forcejeo para desalojar el anfiteatro, pero la denuncia de la acusación particular (algunos policías locales, respaldados por la alcaldía) siguió adelante como un delito penal, aunque cuatro de los policías presentes retiraron la denuncia y el fiscal ha pedido el sobreseimiento. El juzgado de instrucción les imputa graves delitos que no cometieron: desorden público, atentado a los agentes de la autoridad y falta de lesiones; algún agente ha aducido algo tan ridículo como sufrir luxaciones en los dedos de la mano por empujar a un manifestante.

Los acusados son conscientes que no son mártires ni héroes, y que de hecho les tocó a ellos como podía haberle tocado a todo aquel que participó en aquella protesta contra los recortes en educación. Saben que se les pretende utilizar como chivos expiatorios de la represión sobre el colectivo docente, por un alcalde autoritario que ampara una denuncia absolutamente injusta, arbitraria e inmoral. También lo saben más de un millar de personas que se han manifestado el 11 de febrero en solidaridad con ellos y que han gritado en las calles de Guadalajara: “¡Yo también estuve en el Buero!”

Quizá ayude a entender por qué se mantiene este juicio político el contexto en el que se produjo. Sucedió en Castilla La Mancha, región entonces gobernada por la secretaria del Partido Popular, María Dolores de Cospedal; donde se sancionó al maestro Ángel Renieblas con un mes de empleo y sueldo, por explicar a las familias de sus alumnos los motivos por los que iba a secundar una huelga. En la ciudad de Guadalajara que gobierna un alcalde del PP, Antonio Román; el mismo que acumulaba tres cargos y, según algunos medios, tres sueldos (alcalde, diputado y médico), que pretendía cobrar a los familiares de las víctimas del franquismo 3.000 euros por las exhumaciones y que se niega a aplicar la ley de Memoria Histórica. Y en la provincia de Guadalajara, donde hace tan solo algunos días el PP ha comprado el transfuguismo de una diputada de Ciudadanos para asegurarse la mayoría en la Diputación.

Ante estas denuncias y acciones judiciales, cabe preguntarse ¿dónde queda la libertad de expresión?, un derecho fundamental que define o no la existencia de una democracia. Si se les condenase a los ‘Cinco del Buero’ , tendríamos que hablar de presos sociales o políticos. Deben ser absueltos, aunque el daño moral, psicológico y material ya está hecho, y Domingo, David, Maroto, Miguel Ángel y Nacho –y sus familias- están pasando un auténtico calvario.

Hay que repetirlo, es un juicio político. Se pretende crear desde el poder un clima de intimidación, convertir a las víctimas de los recortes sociales en culpables por resistir. Pero como concluye el Manifiesto que pide su absolución: “Con la represión no van a conseguir acallar nuestras voces, que claman por un mundo más justo para nuestros jóvenes. Una y mil veces saldremos a defender nuestros derechos porque no tenemos miedo”. Los acusados son ciudadanos que defienden lo público, profesionales que quieren hacer bien su trabajo y no ser peones al servicio de una administración insensible que les desprecia. El próximo 14 de febrero se celebrará el juicio. Es la hora de la denuncia y la solidaridad.

manifestación en solidaridad con 'los Cinco del Buero' celebrada en Guadalajara.

Los manifestantes escuchan una intervención ante la Iglesia de San Ginés, ayer, durante la manifestación en solidaridad con ‘los Cinco del Buero’ celebrada en Guadalajara. / Agustín Moreno

Fuente: https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2017/02/12/defender-la-educacion-publica-no-es-delito-absolucion-de-los-cinco-del-buero/1835

Comparte este contenido:
Leer más »

Educar con la tribu o a destajo

Agustín Moreno

Agustín Moreno

Los últimos días se ha abierto un debate sobre la competencia del profesorado a partir de dos ideas: si hay que excluir a los malos docentes y si el sueldo de los profesores debe estar ligado al rendimiento. Parto del principio de que todo alumno tiene derecho a un buen profesor, pero este no es el camino. Estas ideas han sido formuladas por el filósofo José Antonio Marina y el ministro de Educación, Íñigo Mendez de Vigo.

Marina, que se presenta como pedagogo, es un antiguo profesor de filosofía de un instituto de un pueblo de la sierra de Madrid, que desde hace años se gana la vida como divulgador. Ahora ha aceptado el encargo del peor Ministerio de Educación de la historia de este país para elaborar un “Libro Blanco del Docente”. Estoy seguro que no se le escapa la doble intencionalidad del sucesor de Wert: evitar negociar con los sindicatos de profesores un Estatuto de la Función Docente, vieja asignatura pendiente; y utilizar las conclusiones electoralmente para el PP.

Yo no soy nada corporativo, pero algunas de las conclusiones que se han avanzado me parecen disparatadas. Por ejemplo, decir que “los profesores deben fomentar que se excluya a los malos docentes”. Solo quien lleva mucho tiempo alejado de la realidad de las aulas puede ignorar que quienes pueden y deben velar por la calidad,son los equipos directivos y la inspección. No corresponde al profesorado juzgar y delatar a sus compañeros. La propuesta no es inocua. Trata de generalizar ante la opinión pública un clima de sospecha sobre la competencia del profesorado público que ha superado duras oposiciones y ha sido evaluado en sus prácticas.

La propuesta de pagar parte del salario del docente en función de su rendimiento pretende convertir la escuela en una empresa y en un negocio. Si se analiza, se pueden realizar las siguientes objeciones pedagógicas y de justicia social. Por un lado, es absurdo aplicar un criterio de ‘productividad’ en la educación ¿Qué se evaluaría? ¿Cómo se mide con notas numéricas el crecimiento integral del alumnado como persona y como ciudadano? Por otro lado, provocaría una competencia entre el profesorado y los centros, en vez de la necesaria cooperación entre ellos y la socialización de las buenas prácticas. Por último ¿quién evalúa? Si las pruebas son externas entraríamos en una dinámica de preparación de éstas (PISA, CDI, reválidas…) que rompería la esencia de la evaluación formativa; si son las direcciones de los centros, aumentaría el riesgo de clientelismo y de funcionamiento antidemocrático.

También supondría una carrera injusta entre centros y entre profesores y grupos de alumnos, porque la realidad educativa es muy plural y llena de desigualdades. Estoy pensando en centros que conozco de cerca como los del barrio de Vallecas (Madrid), que tienen la consideración de “centros de difícil desempeño para la función docente”. Quizás les viniera bien al ministro y a Marina darse una vuelta por ellos para que no hagan propuestas tan superficiales como alejadas de la realidad.

La evaluación es necesaria y es preciso abrir un debate sobre ella. La evaluación tiene que ser sobre todo el sistema y, por supuesto, no debería estar vinculada al salario del profesorado. Porque es ineficaz para mejorar. Méndez de Vigo y Marina no saben nada de las innovaciones y proyectos que se vienen haciendo en muchos centros públicos por el compromiso del profesorado que tiene muy claro que, a pesar de todos los recortes, no se puede enseñar un poco menos o un poco mal. Somos nosotros los que hacemos escuela de calidad y no la LOMCE ¿O por qué se creen que el 86% de la ciudadanía aprueban y reconocen al profesorado de la pública , mientras suspenden severamente al Ministerio?

El ataque al profesorado no es nuevo. Ya lo hicieron Wert y Esperanza Aguirre. O más recientemente Ciudadanos, cuando habló de “burocracia estalinista” para atacar a la universidad y a su profesorado. Responsabilizar a los docentes de la situación de la educación en España es muy cínico. Se olvidan de unos recortes de 7.764 millones de euros en cuatro años, del despido de 32.000 profesores y del endurecimiento de las condiciones de trabajo de los docentes: trabajamos más horas, con más alumnos por clase y con el salario congelado hace años. No recuerdan que se ha liquidado la formación del profesorado en comunidades como Madrid. Esto es lo que habría que abordar y proponer soluciones en el ‘Libro Blanco del Docente’ si quiere tener alguna utilidad. ¿Dirá algo Marina sobre revertir los recortes y derogar la LOMCE?

Educar es una tarea colectiva, no un acto solitario e individual del profesor. Qué poco coherentes son estas propuestas con aquel proverbio africano -tan profusamente repetido por el filósofo- de que “para educar hace falta toda una tribu”. ¿Ahora se trata de poner a cada profesor ante sus alumnos a competir y a llevarse un euro más o menos en una especie de trabajo a destajo? Además, es olvidarse de las finalidades de la educación que tan claro formula otro profesor de filosofía: “La educación tiene como finalidad básica el desarrollo humano, moral, e intelectual de las personas. Ello se materializa en los siguientes principios: la universalidad o derecho de toda la ciudadanía a la educación; la humanidad o pleno desarrollo de la personalidad de todo ser humano; la civilidad al basarse la educación en los derechos y libertades fundamentales; la autonomía, para que todas las personas puedan aprender por sí mismas“, Felipe Aguado.

Las propuestas comentadas son puro neoliberalismo que consideran la escuela como una empresa y buscan avanzar hacia un proceso de privatización aún mayor. Al final va a resultar que el diplodocus era Marina. Como estoy seguro que no trabaja altruistamente, creo que es una obligación del Ministerio que explique a la opinión pública cuánto nos va a costar a la ciudadanía este encargo.

Fuente del articulo: https://dedona.wordpress.com/2015/11/05/educar-con-la-tribu-o-a-destajo-agustin-moreno/

Fuente de la imagen: http://img.scoop.it/xgwS5PutMLnpm5j1-8vl-zl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm

Comparte este contenido:
Leer más »

Educación y república

Agustín Moreno

Agustín Moreno

No sólo de pan vive el hombre.
Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan;
sino que pediría medio pan y un libro.
Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan.
Federico García Lorca

La educación ha sido tradicionalmente un privilegio del poder político, económico y religioso. No tenía como objetivo la educación general de la población, sino la formación de las élites dirigentes. A lo largo de casi toda la historia de España fue una minoría con suficientes recursos económicos la que pudo estudiar. La educación pública con carácter universal es un concepto reciente. La mayoría de la población no tenía acceso a la educación o ésta se realizaba con un currículo muy devaluado (leer, escribir, las cuatro reglas y el catecismo).

Antes de la Segunda República, sólo sería destacable la labor de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), fundada en 1876 por Francisco Giner de los Ríos y otros intelectuales progresistas, para impartir una enseñanza no confesional, basada en las nuevas corrientes pedagógicas, en la libertad de ciencia, la tolerancia y el contacto con Europa. Con la influencia de la ILE se emprendieron importantes reformas en los terrenos jurídico, educativo y social, y se crearon organismos, como la Junta de Ampliación de Estudios, para ampliar y modernizar el sistema escolar. Pero la tasa de analfabetismo ascendía al 65% de la población. Bartolomé Cossío, a finales del siglo XIX, constataba la existencia de una población infantil escolarizable de más de cuatro millones, mientras el sistema escolar existente sólo daba atención a dos millones.

Con la Segunda República, las ideas de los liberales democráticos, republicanos y socialistas abrieron la posibilidad de expandirse en la educación. Durante el bienio reformista (1931-1933) se produjo una importante apuesta presupuestaria en el ámbito educativo, tanto para la creación de espacios escolares dignos, la atención a la formación y salario de los maestros y otras muchas iniciativas que vinculaban la educación con la cultura.

Estos dos años fueron únicos en la preocupación gubernamental por la educación pública; no en vano se consideraba la educación el motor del cambio social en España. Como decía don Gregorio, el maestro de La lengua de las mariposas: “El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro: si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro” (ver arriba).

Los principios de la Segunda República en materia de educación la consideraban una función esencial del Estado (pública), laica, obligatoria y gratuita (especialmente en la primaria). Debía tener un carácter activo, creador y también social: la escuela debía integrarse en la sociedad y tener una mayor conexión entre los padres. Defendía la coeducación, la renovación metodológica y pedagógica. Se facilitó el acceso a los más pobres con una política de becas.

Toda una revolución en aquella época y una auténtica Edad de Oro de la pedagogía española y también de la cultura. Fue muy brillante la experiencia de las Misiones Pedagógicas (ver documental), que llevaban bibliotecas, cine, museo ambulante, teatro, audiciones musicales, etc. a las aldeas más remotas y a lomos de caballería cuando no podían llegar las camionetas.

La prioridad fue la atención a la escuela primaria, ya que se pensaba que era la piedra angular del edificio. Se planteó la construcción de 27.000 escuelas para escolarizar a toda la población infantil que no asistía a la escuela. En la etapa del bienio progresista (1932-33) hubo un fuerte impulso reformador en el terreno educativo, esfuerzo inversor, formación y dignificación del magisterio; aunque con problemas de financiación, por la crisis económica consecuencia del crack de 1929. El bienio conservador (1934-35) supuso un frenazo a las reformas anteriores.

El franquismo acabó con aquel proyecto modernizador y auténticamente revolucionario por su apuesta por la formación y educación de la ciudadanía. Fue brutal la represión: encarcelamientos, depuraciones y asesinatos. Muchos maestros fueron fusilados sin formación de causa. Era tal la animadversión del fascismo hacia su labor que se produjeron situaciones con tanta carga simbólica como la de disparar a la escuela al no poder hacerlo sobre el maestro por haber escapado a tiempo, como se puede ver en el documental ‘La escuela fusilada’.

Cuando en vez de llegar la paz, llegó la victoria, la Ley de Instrucción Primaria de 1939 volvió a una educación concebida como un derecho de la familia, de la Iglesia y del Estado. Su ideología se basó en el nacional-catolicismo, y fue de carácter confesional y patriótico, haciendo hincapié en la unificación lingüística de todo el territorio español. Se trataba de hacer no una “escuela pública”, sino una escuela estatal como medio de propaganda del régimen.

Los poderosos cambios económicos y sociales producidos en los años 60 obligaron a una reforma educativa en profundidad, que se plasmó en la ley General de Educación de 1970. En los más de treinta años del actual período democrático se ha desarrollado una profusa legislación educativa. Se ha  aumentado la inversión educativa de forma notable y potenciado su carácter público. Pero a la vez se desarrolló una segunda red privada-concertada que es una bomba de relojería para el sistema. Las más importantes normas legales en la etapa democrática actual han sido la LODE, la LOGSE (1990), la LOPEG. Ya en el siglo XXI, las últimas  leyes son la LOE y la LOMCE, esta última sin ningún consenso social ni político.

Lo destacable del periodo democrático es el reconocimiento del derecho a la educación como un derecho social, que los poderes públicos están obligados a prestar. La escolarización se ha universalizado, se ha ampliado la cobertura en Educación infantil, se ha extendido hasta los 16 años la educación obligatoria, y ha crecido la población atendida en las etapas educativas postobligatorias: Bachillerato, Formación Profesional y las distintas modalidades de rango universitario.

Este repaso a las políticas educativas debe ayudar a tomar conciencia de la fragilidad que el sistema público de enseñanza tiene en España, ante la ofensiva neoliberal y privatizadora. Si no se detiene, el gran retroceso en la inversión educativa y las reformas legales conservadoras, crearán un futuro incierto para la educación al no estar asegurado ni su carácter público, ni su calidad, pudiendo quedar reducida a un subsistema devaluado y residual.

La importancia que hay que dar a la educación y a la cultura queda reflejada en la actitud de la Segunda República y en las palabras de Federico García Lorca, al inaugurar una biblioteca en Fuente Vaqueros (Granada) en Septiembre 1931: “Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. ¡Libros! ¡Libros! (…) Que el lema de la República debe ser: “Cultura”. Cultura porque sólo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz”.

Podremos valorar el retroceso que se ha producido en algunos campos en relación a la escuela de la República cuando vemos que, 85 años después, aumenta el alumnado de religión en bachillerato frente a otras asignaturas como Cultura Científica o Francés. La escuela pública de todos y para todos que necesitamos será posible con el proyecto de regeneración democrática que debe ser la Tercera República.

Fuente del articulo: https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/04/13/educacion-y-republica/1416

Fuente de la imagen: https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/files/2016/04/Niisones_Pedagogicas_Alpujarras.jpg

Comparte este contenido:
Leer más »

Pisa y la estandarización de la educacion.

Agustín Moreno

Publicado Originalmente desde Rebelion

Agustín Moreno
Cuarto Poder

Al mismo tiempo que circula un Manifiesto internacional que pide la supresión de las pruebas PISA, se acaba de hacer público el último informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes que se realiza al alumnado de 15 años. Se aplica a más de medio millón de alumnos de 72 países del mundo; en nuestro país participaron 37.000 alumnos de todas las comunidades autónomas. Los alumnos españoles han superado la media de la OCDE en Lectura, pero no avanzan en Matemáticas y Ciencias.

¿Los datos son una buena o una mala noticia? De entrada hay que relativizarlos. Hay quién pone el acento en el estancamiento en Ciencias y en Matemáticas y en que seguimos en el vagón de cola. Lo cierto es que se puede constatar que la pequeña mejoría de España se produce en un contexto de empeoramiento de todos los países.También está el ridículo afán del Gobierno de apuntarse un tanto como si los datos tuvieran que ver con la LOMCE. Intentan ocultar que el informe PISA es de 2015 y no puede reflejar ningún efecto de la misma, ya que se realizó a alumnado de 4º de ESO cuando aún no se había aplicado la ley.

Del Informe se puede obtener más información que la posición en el ránking. Por un lado, las importantes diferencias entre comunidades autónomas reflejan el nivel socioeconómico y la inversión educativa. Así, las comunidades con mayor renta son las de mejores resultados en PISA (Madrid, Navarra, Cataluña, Aragón o Rioja), mientras que las de menor renta son las últimas en estos resultados (Extremadura, Andalucía, Canarias o Murcia). Lo que explica los buenos resultados en PISA de Castilla y León, Navarra, Galicia, Asturias o Cantabria es la mayor inversión educativa. No hay más que ver el cuadro de gasto por alumno en centros públicos. Claro que invertir más mejora la calidad.

Por otro lado, las diferencias entre los resultados en centros públicos y privados reflejan la extracción social y tipo de alumnado. Es muy interesante el estudio que sitúa que las diferencias en el rendimiento entre centros públicos y privados es mínimo si se descuentan las diferencias en el estatus socioeconómico, los recursos humanos y materiales utilizados y los inmigrantes escolarizados. Lo que mejora resultados en la concertada no es calidad educativa, sino la selección del alumnado.

Más allá de los datos, hay que profundizar sobre qué es el Informe PISA y cuál es su intención. De entrada, no es una evaluación de todo el sistema educativo sino sólo del alumnado y de tres competencias, dejando muchas otras fuera. Busca dar información orientada a cambiar la escuela para mejorar el crecimiento y la competitividad económica. Es una evaluación supuestamente educativa pero la realiza un organismo económico internacional. En él están disfrutando de una canonjía Juan Ignacio Wert y Monserrat Gomendio, autores intelectuales y materiales de la LOMCE, que se basaron en PISA para perpetrar la fechoría.

Dada la política neoliberal que defiende la OCDE no podemos esperar que sus estudios busquen el desarrollo de un modelo pedagógico para el desarrollo integral de los alumnos como personas y como ciudadanos. Su principal objetivo radica en ser un vehículo para estandarizar la educación en el mundo y optimizar el gasto educativo (prefieren considerarlo un gasto más que una inversión) en relación a su utilidad de cara al mercado. Por eso se ha utilizado como arma arrojadiza en los debates en torno a nuevas leyes como ha pasado en España con la LOMCE y con los recortes educativos. Esto acaba afectando directamente a la finalidad de la educación, si debe de ser la formación de personas y ciudadanos o de simples “recursos humanos” al servicio de las empresas. Por cierto, la OCDE ha contratado a la multinacional Pearson para su informe de 2018. De ahí las cada vez mayores críticas que desata.

Hay en estos momentos en circulación un Manifiesto internacional contra PISA que critica las anomalías político-educativas, técnicas, pedagógicas, sociales y psicológicas. Está impulsado por la Red Social para la Educación Pública en las Américas (Red SEPA) y la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública (México, Estados Unidos, Canadá) y exige la anulación de los contratos que los diversos gobiernos han firmado con la OCDE y el fin de estas pruebas estandarizadas de negativas consecuencias a nivel nacional. Como cita Enrique Díez, “PISA es un inmenso dispositivo de control que aspira a imponer una perspectiva educativa que nos aleja del reconocimiento de la educación como un derecho y nos aproxima a su interpretación como un bien de consumo”. ¿Dónde queda formar personas libres, cultas, creativas, críticas, solidarias, comprometidas en la mejora de su sociedad? De eso no se ocupa PISA.

Por último, hay que decir que los problemas (recortes y LOMCE) y los retos siguen ahí. El sistema educativo español sigue siendo mediocre y está claro que la calidad mejora con mayor inversión y con el consenso social en cuanto a su importancia estratégica. Para hacerse una idea de cómo está el debate de cara al llamado pacto educativo, sólo hay que escuchar lo que ha dicho el ministro de Educación. En el colmo de la desfachatez, Méndez de Vigo, ha declarado que España “rompe la brecha educativa y se sitúa, por primera vez en la historia, al nivel de los países más avanzados del mundo. Los responsables son los maestros. El Ministerio contará siempre con ellos para seguir mejorando”.

Decir esto es bastante cínico cuando el profesorado es uno de los colectivos de empleados públicos peor tratados por las autoridades educativas, soportan altas ratios de alumnado, un endurecimiento de las condiciones de trabajo, congelación salarial, la reducción de la formación, etc. Por no hablar de campañas directas para denigrarle como la realizada por Lucía Figar -consejera del Gobierno de Esperanza Aguirre- usando dineros públicos para ello. Señor ministro ¿para cuándo una evaluación sobre el grado de satisfacción del profesorado? La manera de lograr una mejora es contar con los enseñantes, que participen en las negociaciones y tener en cuenta sus propuestas para revertir los recortes y acordar una nueva ley que considere la educación pública un derecho social. Lo contrario es antidemocrático y demagogia barata.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/12/07/pisa-y-la-estandarizacion-de-la-educacion/1744

Imagen tomada de: http://noticias.caracoltv.com/sites/default/files/250515_pruebas_pisa.jpg

Comparte este contenido:
Leer más »

Paralizar reválidas está bien, pero urge derogar la LOMCE

Agustín Moreno

Agustín Moreno

Se acaba de aprobar en el Congreso de los Diputados una Proposición de ley para suspender el calendario de implantación de la LOMCE por 208 votos a favor y 133 en contra. Han votado a favor de ella PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDC, PNV, Bildu…; en contra lo ha hecho el PP. Es un paso, pero no se suprimen las reválidas. El Gobierno ha anunciado que aprobará un decreto ley para suspender los efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato mientras se llega a un pacto educativo. Poco nuevo bajo el sol: hay que recordar que esa ausencia de efectos académicos para este curso ya lo recogía el decreto del gobierno de julio y que el gobierno, por la presión y por su ineptitud no puede hacer otra cosa.

Porque veamos lo que está pasando en las aulas. La semana que viene se celebran los exámenes finales de la primera evaluación de 2º de Bachillerato en la mayoría de los institutos, yel 24-N está convocada una Huelga General de estudiantes contra las reválidas, la LOMCE y los recortes. Después de la gran movilización de la comunidad educativa del 26 de octubre, y de la gran irresponsabilidad de acabar el primer trimestre sin que el alumnado y el profesorado sepamos en qué van a consistir las reválidas, a Méndez de Vigo no le queda otra opción que dejar que este curso no tengan efectos académicos y sean del tipo de las Pruebas de Acceso a la Universidad. Probablemente lo hará el 28 de noviembre e intentará convertir su incompetencia en un gesto de buena voluntad en el colmo de la desfachatez.

Para que no nos confundan con los enredos hay que recordar que la LOMCE es una ley aprobada en pleno vendaval de recortes del gasto público y desde la borrachera de poder del PP por una mayoría absoluta que creía eterna. Ninguna de las dos cosas se nos debe olvidar. La primera, porque la reducción de 8.000 millones de inversión educativa fue acompañada por una ley que legitimaba un irresponsable hachazo a la educación por el que hoy nos tiran de las orejas la Unión Europea, la OCDE y otros organismos internacionales por la situación calamitosa de la educación. La segunda cuestión que hay que tener presentes es que el PP, aunque haya formado gobierno, no tiene mayoría parlamentaria y por ello no debe dirigir ni manipular el proceso de construcción de un consenso para una nueva ley educativa. Sería una burla que quiera liderar el pacto educativo para conservar intactas buena parte de las bases de la LOMCE.

La LOMCE es mucho más que las reválidas, aunque parece que todo se focaliza en esta cuestión de innegable transcendencia. No podemos olvidar que la LOMCE está en vigor en los nuevos currículos de asignaturas, en los privilegios para la religión católica, en los itinerarios tempranos que segregan y expulsan al alumnado del sistema, en la reducción de la educación comprensiva y de la inclusión, en la posibilidad legal de establecer rankings y en la competitividad entre centros, en la segregación por sexo pagada con dinero público, en el modelo autoritario que en la práctica suprime la democracia en los centros educativos y permite imponer direcciones a dedo, y en el reforzamiento del proceso de privatización de lo público para fortalecer la red privada-concertada. Ya en el mes de julio una representación importante de la comunidad educativa planteaba una serie de medidas urgentes para evitar los destrozos que ocasionaba la ley y que conviene recordar ahora.

Por todo lo anterior urge la derogación de la LOMCE e iniciar la construcción de un nuevo marco legal para la educación. Ha de hacerse dentro de un proceso democrático en el que participe la comunidad educativa y todos los interlocutores necesarios para alcanzar un consenso social, político y territorial. Pretender negociar una nueva ley en la mesa camilla de una subcomisión parlamentaria volvería a conducir al fracaso y, ojo, al mantenimiento de la LOMCE. Como bien dice Redes para una Nueva política Educativa, “no se puede pactar con unas pocas medidas superficiales realizadas con prisas cuando la comunidad educativa y la mayoría de fuerzas políticas están pidiendo la derogación de la LOMCE. Una ley que dé estabilidad al sistema educativo necesita participación, debates y consensos que consigan cambiar la inercia que han tenido las últimas leyes educativas”.

Por último, hay que abordar también la política educativa y el aumento de la inversión. Debe quedar claro que, además de suspender-paralizar y finalmente derogar la LOMCE, debe aumentar la financiación educativa para revertir los recortes, bajar a las ratios, ampliar plantillas y mejorar las condiciones del profesorado. Estamos en una de las cifras más bajas de la Unión Europea (4,1% del PIB) y al mismo tiempo que aumentaba el alumnado un 6% se producían los recortes. Estos afectan tanto a la Universidad como a la enseñanza no universitaria y, especialmente, a los recursos que se deberían dedicar a la atención de la diversidad para que la escuela sea inclusiva y se reduzcan las desigualdades sociales.

Fuente del articulo: https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/11/16/suprimir-revalidas-esta-bien-pero-urge-derogar-la-lomce/1710

Fuente de la imagen: https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/files/2016/11/sindicato-estudiantes-LOMCE-26O.jpg

Comparte este contenido:
Leer más »

TTIP, CETA, TISA y educación: un territorio para el saqueo

Agustín Moreno

Por: Agustín Moreno

Hace tiempo que el neoliberalismo ha puesto los servicios públicos en el punto de mira de sus objetivos estratégicos. Cada vez que las instituciones internacionales encargadas de impulsar el capitalismo global han abordado un nuevo marco de acuerdo de liberalización, intentan convertir la educación, la sanidad y otros servicios públicos fundamentales en simples servicios susceptibles de ser privatizados. Es la vía para aplicar lo que David Harvey llama “la acumulación por desposesión” y que no es otra cosa que privatizar lo público para mayor gloria de los beneficios empresariales. Al considerar los servicios esenciales para la comunidad una mercancía, se convierten en un puro negocio. Pero hay algo más grave aún, como bien dice Adoración Guamán, se produce un asalto de las multinacionales a la democracia.

Sucesivas oleadas liberalizadoras del comercio y las inversiones han sido detenidas por la resistencia de los pueblos y los movimientos sociales o bien han fracasado por la contradicción de intereses entre los diferentes países. Así pasó con diferentes iniciativas de la OMC como el Acuerdo Marco de Inversiones (AMI) a nivel mundial o con la Directiva Bolkenstein en la Unión Europea (UE). Pero cuando se han impuesto estos tratados de “libre comercio” sus demoledores efectos no han tardado en dejarse sentir. El capitalismo persigue el máximo beneficio, ese es su objetivo fundamental. Llevado al paroxismo, el sistema hace que la riqueza se concentre en el 1% y haya un empobrecimiento generalizado en sectores del resto de la población.

Desde 2013 se viene negociado el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre la UE y Estados Unidos, así como el CETA, entre la UE y Canadá y el TISA, centrado en los servicios. Es una negociación rodeada de secretismo y total opacidad para hurtar a la ciudadanía lo que está en juego. Sus objetivos declarados son maximizar los intercambios comerciales entre los bloques económicos y potenciar la presencia de inversiones extranjeras. Para ello se pretende abordar las reglas de acceso al mercado, suprimiendo aranceles y liberalizando servicios; establecer las normas de cooperación reguladora y fijar mecanismos comunes de solución de las diferencias entre los Estados y los inversores. Esto último impediría la reversibilidad las privatizaciones realizadas por un gobierno que quisiera ejercer su soberanía y cumplir su programa electoral. Los negociadores norteamericanos exigen una mayor liberalización de los servicios y la disminución de las normas europeas y de los Estados miembros para que sus empresas multinacionales puedan entrar a hachazos en el mercado europeo.

Los conceptuados como “servicios” suponen dos tercios del PIB mundial. Desde el punto de vista de la educación, lo que más puede afectarle son los mecanismos para la desregulación de servicios del TTIP y CETA. Según la UNESCO, la educación es un tesoro fabuloso que se cifra en 2 billones de dólares al año. De ahí el interés económico para el capitalismo y sus empresas que no están dispuestas a renunciar a un suculento pastel.

Esta política de privatización de lo público para convertirlo en un nicho de negocio del capital financiero es una irresponsabilidad desde el punto de vista social y del interés general de los pueblos. La educación es un servicio fundamental, un derecho constitucional y un bien público. Pocas inversiones son más rentables social y económicamente. Además, todo lo que se invierte en educación-prevención se ahorra en reinserción o intervención en daños. En España estamos sufriendo una privatización de la educación que hace que seamos el tercer país de Europa (tras Bélgica y Malta) en presencia de enseñanza privada y concertada. Ello hace que cada vez se cuestione más si tiene sentido ahora la escuela concertada. Precisamente estos tratados de liberalización de los servicios servirían como excusa para intensificar el proceso privatizador. La derecha los aprovecharía para ir más lejos evitando el coste político. Quizá por ello, y a diferencia de otros gobiernos europeos como Francia, el de Rajoy no ha intentado condicionar dichos acuerdos: una de las pocas condiciones que ha puesto es que se asegure la solvencia financiera de las universidades y empresas que vengan a instalarse en España.

En Europa se están movilizando contra los tratados. Destacan las grandes manifestaciones de Alemania del 17 de septiembre, con cientos de miles de personas. Esta semana se desarrolla una movilización contra estos tratados en España convocada por organizaciones de la sociedad civil, ecologistas, ONG de desarrollo, campesinas, políticas y sindicales. El próximo 15 de Octubre se han convocado manifestaciones en dos decenas de ciudades españolas coincidiendo con el Día Internacional contra la Pobreza; también hay convocatorias en otras ciudades francesas. Los motivos están claros: “No a la pobreza, no a la desigualdad, soluciones con derechos: No a los tratados CETA, TTIP y TISA”. Lo que está en juego y las razones de la movilización se resumen muy bien por diferentes activistas en un magnífico vídeo (ver abajo) elaborado para la ocasión. Si no queremos que las personas, el medioambiente, la democracia y la soberanía de los pueblos sean relegadas a los intereses económicos de las grandes corporaciones, hay que salir a la calle para frenar esta agresión que, de aprobarse, solo traerá más pobreza, más desigualdad y más autoritarismo.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=217884

Fuente de la Imagen: http://tonyfdez.blogspot.com/2016/07/10-hechos-sobre-la-educacion-en-africa-antes-europeos.html

Comparte este contenido:
Leer más »

Si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia

Agustín Moreno
Agustín Moreno

Hace años que lo viene denunciando el profesorado, las familias, los estudiantes, los sindicatos, la Marea Verde…. En fin, todo el mundo. Pero tiene que venir un organismo internacional a decir lo mismo para que salten las alarmas: “El gasto español en educación está por debajo de la media de la OCDE”. La conclusión del informe es inequívoca: “Una educación de calidad necesita una financiación sostenible”. Tras el titular aparece información relevante y muy inquietante que tira por tierra el neolenguaje de la LOMCE aprobada en solitario por el PP en pleno maremágnum de recortes. ¿De qué “Mejora de la Calidad Educativa” están hablando? Por cierto, los datos son de 2013 y los recortes han seguido después. Veamos.

  • España destina entre 1.335 y 2.670 euros menos por alumno y año. Estamos en el puesto 25 de los 35 países de la OCDE, y nos situamos por detrás de Francia, USA, Alemania, Finlandia, Reino Unido, Italia, Portugal, Corea del Sur, etc.
  • La inversión en educación es solo de un 8% del gasto público total, frente al 11% de media de la mayoría de los países.
  • Si lo medimos en términos de PIB, hemos pasado del 5% a solo el 4,3% (7.000 millones menos) frente a un 6,2% de media europea. Y lo peor es que el Gobierno Rajoy se ha comprometido con la Troika a que no pase del 3,9% del PIB en 2017.
  • Que se haya pasado de 53.375 millones de euros en 2009 a 46.000 en 2014, permite visualizar la envergadura del recorte de la inversión educativa en España.
  • La cuarta parte de los jóvenes de 15 a 29 años ni estudia ni puede trabajar. Ello se explica por el fracaso y abandono escolar, así como por la elevada tasa de desempleo juvenil.

Como no podía ser de otra manera, las consecuencias se han dejado de sentir en los centros educativos, especialmente en los públicos. Reducción de las plantillas del profesorado entre 23.000 y 32.000 docentes (según las fuentes) por amortización de jubilaciones y despido de interinos. Deterioro de las condiciones laborales del profesorado (mayor precariedad del profesorado interino, aumento de las jornadas lectivas y de la ratio de alumnos, pérdida salarial, etc.). Abandono de los programas de atención a la diversidad, o lo que es lo mismo, del carácter inclusivo y compensador que tiene que tener la educación. La irresponsabilidad del PP en educación nos lleva a empezar peor el curso cada año.

A todo lo anterior hay que añadir la descarada desviación de recursos de la educación pública a la concertada en las comunidades autónomas más conservadoras, como la de Madrid. En este contexto, la LOMCE daba cuerpo legal a la contracción del gasto en educación. La toma de conciencia de la envergadura de ataque a la educación pública ha generado un fuerte compromiso de las comunidades educativas y el esfuerzo del profesorado para evitar que el impacto en la calidad haya sido más demoledor.

Aparte de la derogación de la LOMCE, urge revertir los recortes y llegar a un compromiso de inversión educativa que nos sitúe en la senda de alcanzar a medio plazo el 7% del PIB. Debe blindarse una financiación adecuada al sistema educativo y no solo por razones de igualdad de oportunidades, de equidad y justicia social, que serían suficientes. También porque es lo más rentable que puede hacer una sociedad. El Nobel de Economía (2000) James Heckman decía que por cada euro invertido por niño el rendimiento es de entre el 7 y el 10% anual a lo largo de su vida. Es decir, que cada euro invertido en educación inicial revierte en ocho euros del producto social en las etapas posteriores, un rentabilidad mucho mayor que la de los fondos de inversión, añadía irónicamente.

Por todo ello, a aquellos políticos sin escrúpulos que solo miran por las élites en perjuicio de la mayoría social y que apuestan por el país de la mediocridad, habría que recordarles lo que decía Derek C. Bok, que fue durante veinte años Rector de la Universidad de Harvard, y que da título al artículo.

 

Fuente del articulo: http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/09/21/usted-cree-la-educacion-cara-pruebe-la-ignorancia/1664

Fuente de la imagen: http://www4.pictures.zimbio.com/gi/Derek+Bok+TIME+Summit+Higher+Education+WB-z4MTRCCUl.jpg

Comparte este contenido:
Leer más »
Page 3 of 4
1 2 3 4