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Una fotografía pedagógica destinada al mercado

Adriana Puiggrós

El gobierno nacional ha puesto en marcha una evaluación de carácter obligatorio que alcanzaría cerca de un millón y medio de alumnos de primaria y secundaria de todas las escuelas del país. Se trata de un operativo denominado “Aprender”, elaborado bajo los lineamientos de una empresa líder en el negocio de la evaluación internacional (primer rubro mundial del mercado de la educación).

Fue diseñado con una estructura vertical en cuya cúspide está el ministro de Educación de la Nación, continúa una enredada burocracia y en la base quedan los “aplicadores”. Estos últimos son los docentes a los que se ha quitado toda posibilidad de opinar en todas las fases del operativo y que deben ser desconocidos por los alumnos. En las guías producidas por el Ministerio se indican medidas que imponen un clima signado por fuertes indicaciones disciplinarias.

El Ministerio informa que los resultados serán un insumo fundamental para el conjunto de las políticas educativas y orientaciones pedagógicas, lo cual es especialmente preocupante, dado que el “Aprender”, adolece de graves faltas desde los puntos de vista técnico y pedagógico, y de una explícita orientación política que invalida su pretendida cientificidad. El hecho es que funcionarios involucrados en el análisis y uso de los resultados (el “Aprender” aclara que sólo una parte será de difusión pública, y otra de acceso restringido) han anticipado su veredicto sobre delicados temas que aborda la prueba: el ministro Esteban Bullrich ha sido el más explícito, vinculando a los alumnos que provienen de sectores populares con la violencia y, con su frase más famosa, anunciando una nueva “Campaña al Desierto”.

El ex ministro de educación de la CABA por el PRO, Mariano Narodowski, expresa muy bien las ideas del gobierno sosteniendo que las escuelas y los docentes son dispositivos caducos cuya desaparición es segura: deberíamos acostumbrarnos a un futuro en el que el problema será qué grado de desigualdad producirán las intervenciones en los genes destinadas a modelar la inteligencia, procedimiento al que quedará reducida la educación.

Estos preconceptos sociales (porque no son ni siquiera hipótesis) son antiquísimos, aunque adornados con un lenguaje Siglo XXI. Toman como sujeto (mejor dicho objeto) a un supuesto alumno universal, que es introducido en una situación artificial y atemorizante, y se le toma un examen que juega el papel de una fotografía. Pero la educación es un proceso y no un instante de chicos iluminados o amedrentados. Las respuestas por SI o por No del cuestionario estilo “múltiple choice”(que contiene unos ítems incisivos respecto al trabajo de los docentes y otros desorientadores de los alumnos) no es posible que reflejen de manera objetiva cómo se desarrolla la educación en el país.

Por el contrario, es altamente probable que se usen para justificar un resultado previsto, que sería rankings de escuelas, maestros y alumnos destinados a ordenar y regular el mercado educativo, tal como se hace con productos de perfumerías, bebidas o automóviles. Es una política educativa muy lamentable. En una evaluación educativa científica y socialmente adecuada, el núcleo es la participación de los docentes y alumnos, no como aplicadores y objetos de la aplicación, sino como sujetos activos de la revisión conjunta del proceso que transitan juntos.

Ese fue el criterio acordado entre los gremios y el gobierno, hasta el año pasado. Ahora no solamente no se cumple con lo pactado (que tiene fuerza de ley) sino que tampoco convoca el gobierno a la reunión colectiva de trabajo. En definitiva, el operativo “Aprender” obtendrá una foto de chicos desasosegados frente a docentes transformados en “aplicadores”. Siguiendo la línea de análisis de los funcionarios oficiales, será una radiografía del Ser de distintos sectores sociales: “así son”, dirá la prueba, tomando como definitiva una situación ficticia y traumática.

La película de largometraje en que debe consistir una buena evaluación no será tomada porque obligaría a mostrar los resultados de anteriores Operativos Nacionales de Evaluación e incluso algunos internacionales, en los cuales la educación argentina no está tan mal como el gobierno querría.

Fuente del articulo: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-312151-2016-10-19.html

Fuente de la imagen: Foto de Archivo

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Es Ley la Implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior

07 de septiembre de 2016 / Por: Adriana Puiggrós / Fuente: http://www.adrianapuiggros.com.ar/

El 28 de octubre de 2015 fue aprobado en el Senado de la Nación, por unanimidad en general y por 40 votos a favor y 12 en contra el proyecto de Ley de Implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior. Se trata de una modificatoria a la Ley de Educación Superior Nro 24521 impulsada por la Lic. Adriana Puiggrós, Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires del Partido Frente Grande, integrante del Frente para la Victoria. Este proyecto contaba ya con media sanción en la Cámara de Diputados desde mayo de 2013 cuando dicha cámara lo había aprobado con el voto afirmativo de todos los bloques excepto el PRO y el diputado Eduardo Amadeo.

A continuación el detalle de los artículos modificados.

Ley de Implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley 24.521, de Educación Superior, por el siguiente:

«Artículo 1º.- Están comprendidas dentro de la presente ley las universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados y los institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada, todos los cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional, regulado por la ley 26.206 -Ley de Educación Nacional- .

El Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen la responsabilidad principal e indelegable sobre la Educación Superior, en tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social, en el marco de lo establecido por la Ley 26.206.»

Art. 2º.- Sustitúyese el artículo 2º, de la Ley 24.521, por el siguiente:

«Art. 2º. El Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los Institutos de Formación Superior de gestión estatal, y de las Universidades provinciales si las tuviere, de su respectiva jurisdicción. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de la supervisión, la fiscalización y, en los casos que correspondiere, la subvención de los Institutos de Formación Superior de gestión privada en el ámbito de su respectiva jurisdicción.

La responsabilidad principal e indelegable del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la Educación Superior, implica:

a) garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del Nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley;

b) proveer equitativamente, en la Educación Superior de gestión estatal, becas, condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos apropiados para todas aquellas personas que sufran carencias económicas verificables;

c) promover políticas de inclusión educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales;

d) establecer las medidas necesarias para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias;

e) constituir mecanismos y procesos concretos de articulación entre los componentes humanos, materiales, curriculares y divulgativos del Nivel y con el resto del Sistema Educativo Nacional, así como la efectiva integración internacional con otros Sistemas educativos, en particular con los del MERCOSUR y América Latina;

f) promover formas de organización y procesos democráticos; y

g) vincular prácticas y saberes provenientes de distintos ámbitos sociales que potencien la construcción y apropiación del conocimiento en la resolución de problemas asociados a las necesidades de la población, como una condición constitutiva de los alcances instituidos en la Ley 26.206 de Educación Nacional TITULO VI. LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 84.»

Art. 3º.- Incorpórase como artículo 2° bis, de la Ley 24.521, el siguiente:

«Art. 2º bis.- Los estudios de grado en las Instituciones de Educación Superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos. Prohíbese a las Instituciones de la Educación Superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización.»

Art. 4º.- Sustitúyese el artículo 7º de la Ley 24.521, por el siguiente:

«Art. 7º. Todas las personas que aprueben la Educación Secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el Nivel de Educación Superior. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente. Este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada Institución de Educación Superior debe constituir pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador.»

Art. 5º.- Sustitúyese el artículo 50 de la Ley 24.521, por el siguiente:

«Art. 50. Cada Institución Universitaria Nacional dictará normas sobre regularidad en los estudios, que establezcan las condiciones académicas exigibles.»

Art. 6º.- Sustitúyese el artículo 58 de la Ley 24.521, por el siguiente:

«Art. 58. El aporte del Estado Nacional para las Instituciones de Educación Superior Universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el Presupuesto anual General de la Administración Pública Nacional.»

Art. 7º.- Sustitúyese el artículo 59 de la Ley 24.521, por el siguiente:

«Art. 59. Las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la Ley 24.156, de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional. En ese marco corresponde a dichas instituciones:

a) administrar su patrimonio y aprobar su presupuesto. Los recursos no utilizados al cierre de cada ejercicio se transferirán automáticamente al siguiente;

b) fijar su régimen salarial y de administración de personal;

c) podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad. Los recursos adicionales que provinieren de contribuciones deberán destinarse prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes. Los sistemas de becas, préstamos u otro tipo de ayuda estarán fundamentalmente destinados a aquellos estudiantes que por razones económicas no pudieran acceder o continuar los estudios universitarios, de forma tal que nadie se vea imposibilitado por ese motivo de cursar tales estudios;

d) garantizar el normal desenvolvimiento de sus unidades asistenciales, asegurándoles el manejo descentralizado de los fondos que ellas generen, con acuerdo a las normas que dicten sus Consejos Superiores y a la legislación vigente;

e) constituir personas jurídicas de derecho público o privado, o participar en ellas, no requiriéndose adoptar una forma jurídica diferente para acceder a los beneficios de la Ley 23.877, de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica.

f) aplicar el régimen general de contrataciones, de responsabilidad patrimonial y de gestión de bienes reales, con las excepciones que establezca la reglamentación. El rector y los miembros del Consejo Superior de las instituciones universitarias nacionales serán responsables de su administración según su participación, debiendo responder en los términos y con los alcances previstos en los artículos 130 y 131 de la Ley 24.156. En ningún caso el Estado Nacional responderá por las obligaciones asumidas por las instituciones universitarias que importen un perjuicio para el Tesoro nacional.»

Art. 8º.- Incorpórase como artículo 59bis a la Ley 24.521 el siguiente:

«Art. 59bis.- El control administrativo externo de las Instituciones de Educación Superior Universitarias de gestión estatal es competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación que, a tales efectos, dispondrá de un área específica con los recursos humanos y materiales adecuados para llevar a cabo esta tarea. Todas las Instituciones de Educación Superior Universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos.»

Art. 9º. Comuníquese al Poder Ejecutivo

FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Este Proyecto de Ley tiene su origen en otro anterior presentado en el año 2011 conjuntamente con los diputados Agustín Rossi, Carmen Nebreda, Stella Maris Leverberg, María Eugenia Bernal, Ruperto Godoy, Dulce Granados, Viviana Damilano, María Julia Acosta, Ana Luna de Marcos, Marta Quintero, María Inés Pilatti Vergara, Ariel Pasini y Mariel Calchaquí. (1) Trabajado por todos los bloques en la Comisión de Educación obtuvo dictamen favorable con las modificaciones que adoptamos como propias para dar forma a esta nueva redacción. La ley 26.206, de Educación Nacional, sancionada el 14 de diciembre de 2006 y promulgada el 27 de diciembre de 2006, es precisa en la implementación de mecanismos que aseguren políticas inclusivas universales para el acceso, permanencia y egreso graduado de los Niveles y Modalidades del Sistema de Educación de la Nación, tal como se hace referencia en los artículos 4º, 7º, 9º, 10, 11 incs. a), e), f), h) y k); 12, 79, 80, 84, 85 inc. f) y 86.

Las diferentes leyes del campo educativo que se han dictado en el período que se inició el 25 de mayo de 2003 -la mencionada ley 26.206, la ley 26.058, de Educación Técnico Profesional, la ley 26.075, de Financiamiento Educativo, por ejemplo- refieren y dan cuerpo a la responsabilidad del Estado sobre la provisión de una educación integral, gratuita en los niveles educativos obligatorios e inclusiva para todos los habitantes de la Nación Argentina, haciendo especial énfasis en aquellos particularmente desamparados, otrora discriminados.

Asimismo, este conjunto de leyes nacionales, conforma un sistema integrado y articulado bajo un mismo signo conceptual y programático, donde la marca de las políticas públicas inclusivas es el distintivo identitario.

Sin embargo la vigente ley 24.521, de Educación Superior, deja abierta la posibilidad de arancelar los estudios de grado académico y restringir el acceso vía exámenes eliminatorios de ingreso, tanto en su letra al no prohibir explícitamente la posibilidad de cobrar un arancel a los estudiantes de Licenciatura, Profesorados u otros títulos profesionales al tiempo que propicia mecanismos de exclusión eliminatoria, como en el espíritu total del Sistema que estatuye y conforma.

El análisis integral de la situación de la Educación Superior Universitaria tal como se define en la actual ley de Educación Superior, permite apreciar rápidamente que los riesgos de fragmentación del sistema universitario frente a intereses reforzados por normativas propiciatorias lo comprometen con intereses particulares y dispersos en el océano del Mercado. La contradicción es flagrante: el conocimiento debe ser producido y transmitido a medida de las reglas del Libre Mercado, pero los instrumentos que se utilizan para alcanzar ese resultado son de un alto control de todas las operaciones de mercadeo de conocimiento. La racionalidad del capitalismo neoliberal -que ha crecido en la matriz de la más alta escala alcanzada por la razón humana en materia de ciencia y tecnología- carcomió las fronteras que diferenciaban la vorágine del mundo económico del espacio de producción y transmisión de bienes simbólicos, en lugar de actualizar lazos productivos y creadores entre una y otra tarea humana.

El impacto del neoliberalismo sobre el sistema capitalista, al cual pertenece, afectó a todas las formas de producción y transmisión del saber. Tanto la forma de universidad humboltiana como la napoleónica quedaron descolocadas porque el rumbo que tomaron las cosas les impidió generar una herencia superadora, adaptarse al progreso con el cual, en buena medida, habían colaborado aportando conocimientos y mejorando la cultura de sucesivas generaciones.

Esa insuficiencia es notable en el caso europeo, que no ha tenido la capacidad de generar formas de producción y transmisión del saber universitario dentro de su tradición cultural, liberal o conservadora. La derrota de los modelos europeos modernos de universidad fue un aspecto de la derrota de la cultura latina por la cultura anglosajona, de la cultura europea en manos de la estadounidense. La erosión fue rápida, si se considera la, varias veces, centenaria edad de las universidades europeas. Veinte años después del triunfo de los Aliados sobre el más siniestro intento de control de la humanidad, las universidades europeas vibraban en movimientos ubicados en el imaginario de la liberación social. Una década más tarde, una inédita tecnología del control de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación invadió las aulas, generada por grandes entidades financieras internacionales, las mismas cuyo modelo causaría el crack de todo el sistema económico social a principios del actual siglo. Exigen «pertinencia» de las universidades al Mercado.

Herida culturalmente, Europa selló el Acuerdo de Bolonia, reconociendo el agotamiento de ambos modelos universitarios de la modernidad, puso en una placa de bronce a su Universidad, e inició la construcción de un sistema de educación superior profundamente contradictorio con la universalidad del conocimiento. Emprendió la homogeneización de planes y programas hasta llegar a exigir planillas miméticas que registran al docente, al investigador y al alumno como números de un presupuesto que consideran el peso muerto que el Estado debe descargar.

En América Latina la herencia de las viejas universidades de Salamanca y Bolonia fue atravesada por el liberalismo francés. La orientación de las universidades hacia la formación de profesiones se adecuó a las vicisitudes de las nuevas repúblicas, que quedaron ubicadas en la periferia de la sociedad industrial avanzada. El Movimiento Reformista de 1918 puso de manifiesto que las universidades latinoamericanas estaban descolocadas respecto de sus pares europeas y norteamericanas para las cuales sus reclamos eran extraños.

Detrás de las universidades latinoamericanas ha crecido siempre la utopía de una modernidad propia. Las sociedades latinoamericanas han acumulado dolorosamente experiencias que nos permiten definir con claridad qué es una crisis; todos nuestros pueblos hemos desarrollado saberes de sobrevivencia, tecnologías de subsistencia y, en el presente, no solamente hemos ensayado modelos de gobierno orientados hacia la independencia económica, la soberanía política, la justicia social y la democracia, sino que muchos países lo hemos hecho con signo propio, como políticas de Estado, donde la educación ha tenido un trato preferencial. Es América Latina el lugar donde se avanzó más en una educación superadora del modelo normalista liberal europeo, que recibió como legado. La extensión de la cultura y la escolarización en América Latina, tuvo siempre como motor las políticas que representaron a las grandes masas y requirieron de la educación para poner sostener políticas de desarrollo. Esas políticas forman parte de una clara concepción educativa, que asume políticas educativas universales, inclusivas, que otorgan protagonismo a los pueblos, que se vinculan con la producción y el trabajo antes que con el Mercado, que buscan la producción de saberes para una distribución justa de la riqueza material y simbólica. En todos los casos, se combinan soluciones a problemas educativos residuales de la modernidad y se profundiza el destino democrático popular de la política educativa.

Sin embargo, la continuidad de la vigencia de una legislación propiciatoria de prácticas excluyentes atenta contra estos principios y potencia las posibilidades discriminatorias.

En este proyecto se establece la responsabilidad indelegable y principal del Estado respecto a la Educación Superior considerando a la educación y al conocimiento como bienes públicos y derechos humanos. Esto significa explicitar de manera taxativa que ningún ciudadano puede ser privado del acceso a la educación de este Nivel por razones personales o de acuerdo a su origen social. Esto queda asegurado mediante la intervención del Estado como garante de la realización de estos derechos

– que comprenden no sólo el acceso sino todo el lapso de estudios hasta alcanzar la graduación;

– que asegura el financiamiento por parte del Estado y, en relación a la Educación Privada, su control y fiscalización para asegurar un funcionamiento equivalente a la Educación Superior estatal;

– que deja taxativamente aclarado la gratuidad de los estudios de grado, lo que es complementado para asegurar el pleno derecho a los estudios superiores mediante un sistema de becas distribuidas en relación a las necesidades de los que así lo requieran;

– que explicita la prohibición de la mercantilización de la Educación Superior y sus producciones académicas, científicas y culturales;

– que instituye prácticas inclusivas señalando al necesidad de contemplar aquellas que se relacionen con el género, con diferencias culturales y también las referidas a la discapacidad;

– que señala como componente la integración con el resto del sistema educativo y con otras instituciones del Nivel Superior en el área del MERCOSUR y de América Latina; y

– que incorpora, junto a las tradiciones de los saberes académicos, a los saberes sociales como componente inescindible de la producción de conocimiento integral.

En particular y con el ingreso se sostiene la necesidad de establecer como único requisito para acceder a la educación superior la acreditación del nivel secundario, pero que las instituciones del Nivel Superior deben establecer mecanismos para asegurar la igualdad de oportunidades para el cursado de las carreras mediante estrategias de nivelación de conocimientos y la orientación para la elección de la formación superior, pero en ningún caso debe estar al servicio de impedir el acceso a estos estudios sino, por el contrario, a efectivizarlos con mayor precisión.

Respecto al financiamiento se establece la responsabilidad indelegable del Estado y se asegura la consolidación del mismo para que las Instituciones de nivel superior puedan hacer previsiones a mediano y largo plazo quedando a resguardo de oscilaciones coyunturales de la disponibilidad de financiamiento.

Respecto a la sustitución del art. 50 de la ley 24.521 se establece la no excepcionalidad por condiciones de matrícula para generar mecanismos de selección de aspirantes o estudiantes, postulando de esta manera la igualdad de condiciones para el ingreso, permanencia y egreso de todos los aspirantes y estudiantes en las materias de grado.

Finalmente la norma concluye estableciendo que la Auditoría General de la Nación dispondrá de una sección especial dedicada específicamente a las Universidades que pueda dar cuenta de la particular manera en que se gestiona este tipo de Institución y que no se corresponde con otros organismos públicos, lo que procura de esta manera complementar en lo administrativo lo que realiza la CONEAU en lo académico. La naturaleza específica que supone gestionar la producción y transmisión de conocimientos y la formación de intelectuales, profesionales, científicos y artistas supone una organización administrativa que debe ser tratada de una manera diferente a cualquier otra área de los servicios públicos.

Por todo ello, elevo para su tratamiento el siguiente proyecto de ley que modifica aquellos aspectos de la ley 24.521 que habilitan dichas prácticas excluyentes.

(1) PUIGGROS, ROSSI (A.O.), NEBREDA, LEVERBERG, BERNAL, GODOY, GRANADOS, DAMILANO GRIVARELLO, ACOSTA, LUNA DE MARCOS, QUINTERO, PILATTI VERGARA, PASINI y CALCHAQUI:DE LEY. EDUCACION SUPERIOR: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. REGIMEN. MODIFICACION DE LA LEY 24521. (1847-D-2011)

Fuente artículo: http://www.adrianapuiggros.com.ar/actual_legis.php?id=2358

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El perfecto negocio de la educación

Adriana Puiggrós

Las grandes corporaciones han tomado el mando de una “reforma” educativa, que acompañan con campañas de desprestigio de los docentes. Bill Gates encabeza la operación en Estados Unidos, en pos del apetecible mercado de la educación. Gates apoyó el documental “Waiting for Superman”, dirigido por David Guggenheim, que apunta al sentido común del sujeto parido por los medios corporativos. Fue duramente impugnado por los gremios docentes estadounidenses y tiene versiones para países latinoamericanos, como “De panzazo”

En Estados Unidos, como ha denunciado el periodista David Brooks, la educación alcanzó el segundo lugar en el mercado con cerca de dos billones de dólares en juego, siendo pioneras las empresas dedicadas a vender exámenes estandartizados para docentes, alumnos y establecimientos educativos; son las que más rédito sacan del negocio, alcanzando una tasa de crecimiento de dos dígitos.

Rápidos para los negocios, el magnate Rupert Murdoch y bancos como Goldman Sachs y JPMorgan Chase, han incrementado poderosos fondos de inversión en educación.

El mexicano Luis Hernández explica que la campaña de satanización en su país está motorizada por los monopolios informáticos, como Televisa y TV Azteca. Evaluar ahora resulta un negocio redondo: inscripto en el discurso pedagógico neoliberal, el término se torna medir para tasar, poner precio a cada trozo del proceso educativo.

De eso se trata. La “reforma” consiste en habilitar el sistema público para que la modernización tecnológica quede en manos de las empresas de informática, se establezcan aranceles para favorecer los préstamos usurarios de los bancos a las familias, se privatice la administración de contrataciones de docentes y personal administrativo.

Como corresponde a la lógica empresarial, hay que bajar costos. Dado que el rubro salarial docente es más del 80 por ciento del presupuesto educativo, hay que eliminar docentes. Pero la mayor parte de la sociedad todavía sabe que la educación requiere de la maestra/o, los alumnos se alegran cuando un humano los atiende en persona (y no solamente por Skype) y la educación sigue siendo un vínculo social, aunque algunos seres poderosos se escondan detrás de los robots y de los paquetes de contenidos que venden en el mercado.

Que el sistema escolar siempre necesita mejoras es una verdad de Perogrullo, por lo cual no es difícil deducir que denostar a los docentes es uno de los más fáciles programas publicitarios de la “reformas” que tienen como meta flexibilizar las formas de contratación. No obstante, se les interpone una de las más caras conquistas de los trabajadores de la educación: la convención colectiva de trabajo.

Nuestros trabajadores, entre ellos los docentes, tienen esa conciencia de clase que pudo palparse en la multitudinaria manifestación del pasado 29 de abril y en el encomiable esfuerzo que están realizando en pos de la unidad de las centrales gremiales. Hay la resistencia en varios países, como en México donde los docentes están en pie de lucha y en Chile donde no ceden las demandas masivas por la estatización y gratuidad de la enseñanza.

Frente a esos obstáculos, los técnicos de las corporaciones desarrollaron un discurso que justifica poner precio a los educadores y hacerlos competir en el mercado. La historiadora de la educación Diane Ravitch-quien ocupó importantes cargos en el área durante los gobiernos de George H.W.Bush y Bill Clinton- renunció en 2010 a sus lugares públicos, denunciando el carácter destructivo de la evaluación que se aplica.

En su best seller La muerte y la vida del gran sistema escolar estadounidense: como evaluar y socavar la educación, Ravitch criticó los usos punitivos del “accountability” para echar a educadores y cerrar escuelas. La autora relaciona fuertemente el sostenimiento de la educación pública con el derecho de los docentes a la negociación colectiva. En cambio el principal argumento (falaz) que usa la campaña es que los maestros y profesores no quieren que se los evalúe porque no saben nada; son burócratas que aprovechan los puestos estatales para trabajar lo menos posible.

Ninguno de los tres argumentos contiene verdad. Los gremios han expresado repetidamente que no rechazan la evaluación que integre el proceso de enseñar-aprender, sino su uso para justificar los despidos, la estratificación del sector, la baja de los salarios y la entrega de las contrataciones a las leyes del mercado. Los docentes reclaman que se mejore la organización de su trabajo, concentrar sus horas en una o dos escuelas, tener una cantidad razonable de alumnos para trabajar en profundidad con ellos.

Resienten la escasa capacitación que (en la Argentina como en la época de Menem) vuelve a ser un negocio. El instrumento para llevar a cabo la discriminación ha sido probado en Chile e instalado en numerosos países y consiste en un Instituto estatal con autonomía, dedicado a la evaluación de la “calidad”. Esa es la palabra que esconde el secreto: ¿quién y con qué objetivos se define la “calidad” de la educación? La acepción neoliberal sirve para legitimar las regulaciones de la educación de acuerdo a los requerimientos del mercado.

Es un negocio perfecto: una clientela infinita y regulable, más un Estado tonto que financie lo que no rinde dividendos.

Afortunadamente, organizaciones de la importancia de la Internacional de la Educación (que representa a los sindicatos del mundo), el Movimiento Pedagógico Latinoamericano, la Ctera y las demás organizaciones de trabajadores de la educación de nuestro país, trabajan intensamente para evitar el derrumbe cultural y luchan por una educación cuya “calidad” se defina desde concepciones democráticas de la cultura, de la historia y del futuro.

Fuente del articulo: http://redesib.formacionib.org/blog/adriana-puiggros-el-perfecto-negocio-de-la-educacion?utm_content=buffer99d5c&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Fuente de la imagen:http://h.habitacion101.com/wp-content/uploads/2012/02/de-panzazo-R.jpg

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El perfecto negocio de la educación

Las grandes corporaciones han tomado el mando de una “reforma” educativa, que acompañan con campañas de desprestigio de los docentes. Bill Gates encabeza la operación en Estados Unidos, en pos del apetecible mercado de la educación. Gates apoyó el documental “Waiting for Superman”, dirigido por David Guggenheim, que apunta al sentido común del sujeto parido por los medios corporativos. Fue duramente impugnado por los gremios docentes estadounidenses y tiene versiones para países latinoamericanos, como “De panzazo” (ver youtube). En Estados Unidos, como ha denunciado el periodista David Brooks, la educación alcanzó el segundo lugar en el mercado con cerca de dos billones de dólares en juego, siendo pioneras las empresas dedicadas a vender exámenes estandartizados para docentes, alumnos y establecimientos educativos; son las que más rédito sacan del negocio, alcanzando una tasa de crecimiento de dos dígitos. Rápidos para los negocios, el magnate Rupert Murdoch y bancos como Goldman Sachs y JPMorgan Chase, han incrementado poderosos fondos de inversión en educación. El mexicano Luis Hernández explica que la campaña de satanización en su país está motorizada por los monopolios informáticos, como Televisa y TV Azteca. Evaluar ahora resulta un negocio redondo: inscripto en el discurso pedagógico neoliberal, el término se torna medir para tasar, poner precio a cada trozo del proceso educativo. De eso se trata. La “reforma” consiste en habilitar el sistema público para que la modernización tecnológica quede en manos de las empresas de informática, se establezcan aranceles para favorecer los préstamos usurarios de los bancos a las familias, se privatice la administración de contrataciones de docentes y personal administrativo. Como corresponde a la lógica empresarial, hay que bajar costos. Dado que el rubro salarial docente es más del 80 por ciento del presupuesto educativo, hay que eliminar docentes. Pero la mayor parte de la sociedad todavía sabe que la educación requiere de la maestra/o, los alumnos se alegran cuando un humano los atiende en persona (y no solamente por Skype) y la educación sigue siendo un vínculo social, aunque algunos seres poderosos se escondan detrás de los robots y de los paquetes de contenidos que venden en el mercado. Que el sistema escolar siempre necesita mejoras es una verdad de Perogrullo, por lo cual no es difícil deducir que denostar a los docentes es uno de los más fáciles programas publicitarios de la “reformas” que tienen como meta flexibilizar las formas de contratación. No obstante, se les interpone una de las más caras conquistas de los trabajadores de la educación: la convención colectiva de trabajo. Nuestros trabajadores, entre ellos los docentes, tienen esa conciencia de clase que pudo palparse en la multitudinaria manifestación del pasado 29 de abril y en el encomiable esfuerzo que están realizando en pos de la unidad de las centrales gremiales. Hay la resistencia en varios países, como en México donde los docentes están en pie de lucha y en Chile donde no ceden las demandas masivas por la estatización y gratuidad de la enseñanza. Frente a esos obstáculos, los técnicos de las corporaciones desarrollaron un discurso que justifica poner precio a los educadores y hacerlos competir en el mercado. La historiadora de la educación Diane Ravitch-quien ocupó importantes cargos en el área durante los gobiernos de George H.W.Bush y Bill Clinton- renunció en 2010 a sus lugares públicos, denunciando el carácter destructivo de la evaluación que se aplica. En su best seller La muerte y la vida del gran sistema escolar estadounidense: como evaluar y socavar la educación, Ravitch criticó los usos punitivos del “accountability” para echar a educadores y cerrar escuelas. La autora relaciona fuertemente el sostenimiento de la educación pública con el derecho de los docentes a la negociación colectiva. En cambio el principal argumento (falaz) que usa la campaña es que los maestros y profesores no quieren que se los evalúe porque no saben nada; son burócratas que aprovechan los puestos estatales para trabajar lo menos posible. Ninguno de los tres argumentos contiene verdad. Los gremios han expresado repetidamente que no rechazan la evaluación que integre el proceso de enseñar-aprender, sino su uso para justificar los despidos, la estratificación del sector, la baja de los salarios y la entrega de las contrataciones a las leyes del mercado. Los docentes reclaman que se mejore la organización de su trabajo, concentrar sus horas en una o dos escuelas, tener una cantidad razonable de alumnos para trabajar en profundidad con ellos. Resienten la escasa capacitación que (en la Argentina como en la época de Menem) vuelve a ser un negocio. El instrumento para llevar a cabo la discriminación ha sido probado en Chile e instalado en numerosos países y consiste en un Instituto estatal con autonomía, dedicado a la evaluación de la “calidad”. Esa es la palabra que esconde el secreto: ¿quién y con qué objetivos se define la “calidad” de la educación? La acepción neoliberal sirve para legitimar las regulaciones de la educación de acuerdo a los requerimientos del mercado. Es un negocio perfecto: una clientela infinita y regulable, más un Estado tonto que financie lo que no rinde dividendos. Afortunadamente, organizaciones de la importancia de la Internacional de la Educación (que representa a los sindicatos del mundo), el Movimiento Pedagógico Latinoamericano, la Ctera y las demás organizaciones de trabajadores de la educación de nuestro país, trabajan intensamente para evitar el derrumbe cultural y luchan por una educación cuya “calidad” se defina desde concepciones democráticas de la cultura, de la historia y del futuro.

* Pedagoga. Ex diputada nacional por el Frente para la Victoria.

 

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Educar para la sociedad humana

Adriana Puiggrós

A pocos días de la tremenda masacre efectuada por terroristas islámicos en la redacción del periódico francés Charlie Hebdo, es necesario afirmar que no hay ninguna justificación que le reste inhumanidad. En cambio debemos ahondar en las condiciones de producción de hechos de esta naturaleza, en cuya serie debemos incluir la reciente matanza de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, México. Es bien sabido que el terrorismo lleva agua a molinos diversos que no se agotan en sus ejecutores o inspiradores directos; se engarza en la compleja trama del mundo financiero-narcotraficante-racista-expulsivo-armamentista, que expresa al capitalismo de la nueva y peligrosa etapa que está avanzando.

Los protagonistas más visibles son jóvenes, su carne, su sangre, su percepción brutal de la imposibilidad de un porvenir viable, atractivo, que conecte con la vida. Las inscripciones de los jóvenes en las sociedades encuentran profundas diferencias y distinciones, pero son extremadamente escasos los que tienen alguna libertad para elegir, o de ser conscientes de que no está necesariamente inscrito en sus biografías ser instrumentos antes que humanos. Las personas son sensibles a los atractivos de su entorno. El fútbol socializa: agrupa, educa, entusiasma. También hay barras bravas futbolísticas que convocan a jóvenes y adultos desesperados por ser grupo, por pertenecer. Se incluyen en un lema, comparten un cántico, pero también suelen construir un enemigo mortal en el club rival, o en cualquier otra entidad, inasible, una entidad que les permita recortar un “nosotros”, poner un cerco subjetivo que los saque del llamado a la individualidad absoluta que tienta en este siglo.

La cultura hegemónica no proyecta al ambiente más propuestas que la subsistencia, el consumismo y la lucha por “being someone”, la tremenda frase anglosajona. Descalifica y desgaja la pasión colectiva. La pasión misma ha perdido actualidad y prestigio; afortunadamente subsiste en los deportes. La oferta repetida, y repetida, de cerveza o de Nike, habilita a los chicos a decir ¿por qué yo no? o bien a tomar por sí mismos lo que sea, incluso la vida de los otros por mano propia y a vivir peligrosamente. La opción por la violencia es desprecio por la política y desaliento por la vida social. El estímulo del peligro o la muerte misma alientan a jóvenes que están hartos de la oferta del mundo capitalista yanquizado, de la rutina publicitaria que les exhibe objetos inalcanzables y de la falta de empleo y de oportunidades de estudio. De la ausencia de sentido histórico en la sociedad pragmática. Siniestro destino.

¿Es posible revertir esta situación? En el devenir inmediato de la peligrosa situación mundial, es la política la que tiene capacidad de incidencia directa, no la educación. Pero toda política está cargada de enunciados político-pedagógicos. En la Argentina miles de jóvenes testimonian en las redes sociales y en actos políticos su adhesión y entusiasmo por la realización de los juicios a los responsables del genocidio y la política de derechos humanos de los gobiernos kirchneristas.

Nuestro gobierno, junto a los gobiernos populares de América latina, juega un papel importante a favor de la paz mundial, basado en la firme defensa de la autodeterminación nacional y regional. En esa postura hay un mensaje pedagógico implícito, una invitación a soñar con la Patria Grande. Como lo hay en el aumento del empleo (miremos la situación de una década atrás), como lo encuentran quienes ahora pudieron terminar su secundaria y los millones de adolescentes que fueron incluidos en el mundo digital desde la escuela pública. Lo hay en la apertura de universidades en los lugares más desfavorecidos. La etapa preelectoral de la Argentina es un momento adecuado para pensar en grande, para habilitar el “inédito viable” del que hablaba Paulo Freire, para embarcar a los jóvenes en proyectos que creen en la posibilidad de una sociedad humana.

Fuente del articulo: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-263801-2015-01-13.html

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Meritocracia o democracia en la educación

Por Adriana Puiggrós

El filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey tuvo una influencia notable en el progreso de la pedagogía en la Argentina durante el siglo XX. Los buenos educadores aprendieron en sus textos que educación y democracia tienen un vínculo esencial, e incorporaron las expresiones pedagógicas de la democracia.Una de las ideas principales de Dewey es que el niño “aprende a trabajar por amor a la cosa misma, no por una recompensa o por temor al castigo”. Valora la energía, la iniciativa y la originalidad como “cualidades que tienen más valor para el mundo que la más perfecta fidelidad al obedecer órdenes”.

En las escuelas primarias argentinas, hasta hace unas décadas, se calificaban las tareas de los alumnos con “suficiente” o “insuficiente” y lo más frecuente era que el/la maestra llamara a la mamá o el papá cuando el niño presentaba dificultades. Entonces intervenía la “maestra particular” y aquellos cuya escolaridad no era interrumpida por factores socio-económicos, salían adelante. También ahora los docentes acuden a las familias y en algunas escuelas públicas del país hay tutores, psicólogos y psicopedagogos que acompañan a los alumnos y a los maestros en los avatares del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El carácter complejo, arrítmico y cambiante de este último no solamente ha sido objeto de innumerables estudios teóricos sino reflejado de manera instrumental en opciones didácticas y tecnológicas, y forma parte del discurso corriente de los docentes. Asimismo, la mayoría comprende la inminencia de combinar la atención al carácter “común” de la educación (que instaló Sarmiento inspirado en el reformista norteamericano Horace Mann) con las diferencias en los caminos del aprendizaje, nacidas en la historia personal, cultural o social de los alumnos. El valor “igualdad” como meta a alcanzar es un presupuesto de la educación democrática, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, cuando Juan Amós Comenio fundaba la institución educativa moderna, donde proponía enseñar todo a todos, defendiendo el acceso irrestricto a la lectura, la escritura y el cálculo, animándolos, sin “dar ocasión a nadie para estimar a unos y menospreciar a otros”.

Comenio rubricó la decrepitud de la máxima “la letra con sangre entra”, pero hay razones para que los métodos que de ella se derivan regresen una y otra vez de la mano de quienes prefieren la desigualdad (que no es lo mismo que la diferencia). Marcar y establecer jerarquías o méritos entre los alumnos basándose en los logros de aprendizaje, en lugar de atender los obstáculos que se interponen para algunos, está al servicio de intereses que llamaré de la manera más directa: clasistas. El ejemplo al cual me refiero son las medidas tomadas por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que impuso la calificación numérica y suprimió el pasaje automático entre los primeros grados, acusando de populistas y demagógicos los alcances pedagógicos de las última década.

El propio Comenio y ni hablar John Dewey quedaron de esa manera en la misma bolsa. ¡Cómo penarían ante este atraso pedagógico los inspectores del antiguo Consejo Nacional de Educación (radicales, socialistas, liberales democráticos y anticonservadores) que recorrían el país difundiendo las ideas de la “Escuela Nueva”, corriente nacida a fines del Siglo XIX que resalta a la educación democrática! Ni hablar de la reacción de Jean Piaget ante el atropello al ritmo propio del aprendizaje o de Paulo Freire al advertir que se le planta a un niño un aplazo para castigar su falta de “esfuerzo”.

Antediluviana es la pedagogía de la voluntad. Pero calza como anillo al dedo con el protocolo pedagógico destinado a formar al meritócrata.

Definamos al meritócrata del Siglo XXI: es el que logra alcanzar metas que se imponen desde la sociedad del conocimiento corporativo, potenciadas por los prejuicios clasistas de los dueños del poder. Para ser meritócrata hay que ganarles a todos, meritócrata sólo hay uno, el que gana la carrera y se compra el Chevrolet. Pero no se trata de una rifa sino de una carrera cruel que deja en el camino a miles y miles de niños y jóvenes cuyo mérito destruye consignándolos como desertores en diversos escalones del sistema escolar, convertido en maquinaria de clasificación social. Sobre la correlación entre nivel de escolaridad y clase social hay una abundante literatura europea, norteamericana y latinoamericana.

La relación entre ambos factores no es automática, pero la intención de usar las diferencias en el proceso educativo como instrumento que afirme a los alumnos en el sector de clase del cual provienen ha cobrado fuerza en la era neoliberal. Hay cierto placer, cuando no saña, en ilusionarse con ser meritócrata. Hay que tener voluntad y esforzarse para no equivocar un renglón en los comportamientos y contenidos impuestos. Nada de imaginación. Es especialmente importante otorgar consenso a la evaluación. Esta sustituye la enseñanza pues en la pedagogía meritocrática lo que vale es medir bien, no saber. Sustituye el enseñar por la tasación de los conocimientos.

Esa es la línea que rige la política educativa del gobierno. Sin embargo, el viejo Comenio decía que “el viento sopla por donde quiere y que los hijos de los ricos, los nobles o los que dirigen el Gobierno no son los únicos que han nacido para esas dignidades (…) dejando a los demás como inútiles y sin esperanza.” Así es. La sabiduría popular ha logrado muchas veces restaurar la enseñanza democrática en la Argentina. No será fácil empaquetar el sistema educativo para venderlo en el mercado.

Tomado de: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/subnotas/299501-77720-2016-05-17.html

Fuente de la imagen: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Colegio_Nacional_de_Buenos_Aires_-_aula_(01).jpg

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El fin imposible de la educación popular

Buenos Aires, Argentina / Mayo 2016 /Autor: Adriana Puiggrós ./ Fuente: www.pagina12.com.ar

Quienes determinan las reglas del mercado pretenden ordenar hasta el ritmo cardíaco de las personas, apropiarse de los cuerpos, las percepciones, los sentimientos y las voluntades. Pero no nos ahoguemos en una supuesta imposibilidad de oposición a un Dios mercado que invade todo, ni afirmemos que el poder el pulpo mediático sin identidad dominó infinita e indefectiblemente la producción de subjetividades. Son personas de carne y hueso los sujetos del capitalismo salvaje, los opresores y los oprimidos, por lo cual es saludable recordar “la abigarrada variedad del mundo humano”, como escribió Freud, y valorar la inevitabilidad de la política. El horizonte es brumoso hoy en la Argentina, pero entre quienes nos gobiernan podemos distinguir sentimientos que son más antiguos que el neoliberalismo, los mismos del amo hacia el esclavo, el señor hacia su siervo, del patrón de estancia para con el peón, del rey de la manada hacia los otros géneros. Los sentimientos de la antigua oligarquía argentina han encajado perfectamente en el programa pedagógico del posmoderno mercado, que no se entiende si se lo enfoca solamente como efecto de la ortodoxia económica. Los empresarios de las corporaciones que nos gobiernan son reactivos al sentido social del gasto educativo y lo ingresan en sus contabilidades como un bien transable más, empero, los números no alcanzan para explicar la pasión contra la educación pública que comparten los CEO con los clásicos detractores del derecho universal a la educación. Una de las frases más célebres de estos meses, “la grasa sobrante”, incluye las justificaciones de un sistema educativo restringido, capaz de excretar a quienes pretenden lograr movilidad social trepando por el sistema escolar. En el correspondiente discurso opera fuertemente la categoría “desertor”, que facilita inculpar a la víctima de un orden educativo que sólo acredita ciclos extensos, que registra únicamente las respuestas previstas por protocolos destinados a formar al “meritócrata” que, como dice la publicidad de Chevrolet, “pertenece a una minoría que no para de avanzar y que nunca fue reconocida hasta ahora”, que desconoce los saberes adquiridos en diversas circunstancias de la vida, que reprueba la diferencia y reafirma la desigualdad. Si por un instante imagináramos un sistema basado en la acreditación en lugar de la desacreditación, los “fracasados”, “desertores”, en algún tramo del recorrido oficial deberían ser mencionados por los saberes que adquirieron y no por aquellos que no transitaron. Ello molestaría a los cultores de las evaluaciones discriminatorias, de la imposición de aranceles en los colegios y universidades, de la reducción de la planta docente, del rechazo a los programas socio-educativos que superen el asistencialismo. Pondría en evidencia su manera elegante de disimular el simple odio de clase y un viejo temor: ¡cuántas veces en nuestra historia han propuesto el voto calificado para excluir de los derechos políticos a los que antes excluyeron de la escuela!

El gobierno de Macri acaba de dar de baja al Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios –FinES– 2016 a través del Decreto 178/16, especialmente los que se impartían en las universidades nacionales. Dio de baja a quienes están cursando, a miles de jóvenes y adultos que habían optado por una nueva oportunidad en sus vidas. Dio de baja a su inclusión en un lugar distinto en el orden socio cultural, aquel donde reside lo colectivo, porque la oferta neoliberal se dirige al individuo, ese sujeto del enunciado yanqui “soy alguien” que se construye aludiendo a la supuesta incapacidad de los otros. No estamos ante una opción financiera, no es una cuestión de costos, es una postura ideológica. Es también una advertencia para que entendamos que los socios de este gobierno son los empresarios transnacionales de la educación, las corporaciones financieras que se adueñan de los campus informáticos y están introduciendo en la educación pública contenidos escolares y capacitación docente generados por empresas comerciales y ONG estadounidenses.

El apresuramiento del gobierno por dar de baja, achicar o tercerizar programas como el FiNes, Conectar Igualdad, Progresar y las restricciones al presupuesto universitario, demuestran temor a un pueblo aprendiendo fuera de su control. Como saben por experiencia que es imposible lograr que su discurso pedagógico se deposite en las mentes y los cuerpos de los educandos sin ningún error, sin ninguna falta, optan por restringirles el acceso a la educación. Porque, afortunadamente, existen fallas en el proceso de transmisión en todas las culturas y no hay razón –salvo que creamos en el fin de la historia, esa ilusión de omnipotencia de los poderosos– para que la educación neoliberal alcance la perfección. En la antigüedad millones de humanos se constituyeron como sujetos de la esclavitud, pero una vez algunos aprendieron algo distinto y gestaron la alternativa. Va a ser muy difícil impedir que las multitudes populares, que se manifestaron contra el gobierno en las últimas semanas, enseñen y aprendan.

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298484-2016-05-04.HTML

Fuente de la imagen: http://3.bp.blogspot.com/_gncWiw0fBPQ/TCFfiNJTAnI/AAAAAAAAAYs/nL_H5EVvNuA/s1600/educacion_publica_popular.jpg

Autora: Adriana Puiggrós. Doctora en pedagogía (UNAM), profesora de la Universidad de Buenos Aires, parlamentaria argentina. @apuiggros http://www.adrianapuiggros.com.ar/

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