Author: Bonifacio Barba

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La educación ciudadana y la corrupción

Bonifacio Barba

Bonifacio Barba

El componente de la reforma de la educación relativo a la formación ciudadana se topa de manera persistente con el problema de la corrupción gubernamental, fenómeno que pone a prueba de manera cotidiana la coherencia entre los objetivos de cambio en la formación de los ciudadanos, por un lado, y por el otro, la inconsistencia del aparato gubernamental en sus responsabilidades relativas al uso del dinero que la sociedad le entrega para las necesidades del Estado.

Como si fuera una acción concertada, el mal de la corrupción va mostrando cómo tiene infectados programas, dependencias, empresas, proyectos, campañas políticas… Los responsables de que las cosas encuentren su vía de cambio resisten como en trinchera para que las instituciones del caso no terminen de establecerse –así, el sistema nacional anticorrupción-;  no realicen su tarea –la Fepade-  o no tengan al funcionario que es preciso designar –el fiscal general de la República-. Se ha creado un contraste muy notorio, en varios asuntos abismal, entre la prisa por acordar las reformas estructurales y la terrible lentitud o resistencia para acordar y poner en operación esta reforma estructural, que claramente es de naturaleza moral y que no es una más, sino la que daría credibilidad y sostenimiento político y social a todas las otras reformas.

Si por la cuestión de la inseguridad y de la delincuencia se ha pensado que México se acerca a la condición de Estado fallido, el asunto de la corrupción muestra un Estado terriblemente desorganizado. No es una condición simple de desorden en la administración, sino una condición moral que parece que todo lo trastoca. Dos ejemplos llaman la atención: primero, un partido político, el del Trabajo, que ha recibido miles de millones de pesos para ofrecer servicios educativos, es decir, para una actividad que no le corresponde. El periódico El Norte publicó el 26 de octubre pasado que el partido había recibido en los últimos ocho años 4,162.8 millones de pesos. ¿Por qué ese dinero llegó ahí y no a la dependencia educativa correspondiente? Muchas personas sabían y saben de eso, ¿por qué se ha estado haciendo?

El segundo ejemplo del desorden es el gasto en publicidad del gobierno federal: además de no proponerse acciones de austeridad, como lo prometió, en el 2016 hubo un sobre gasto de 257%, según datos de la Cuenta Pública que entrega la Secretaría de Hacienda (http://www.animalpolitico.com/2017/05/austeridad-gobierno-federal-triplica-gasto-publicidad/). Una de las dependencias excedidas fue la Presidencia de la República. Las preguntas llegan inmediatas: ¿por qué permite eso la Secretearía de Hacienda, que habla de manejo responsable del presupuesto?, ¿por qué el Congreso no actúa de acuerdo con sus facultades en este ramo? Bien dice la Auditoría Superior de la Federación que ante sus informes no se le hace caso, que necesita mayor autoridad para corregir los vicios.

En paralelo, las escuelas deben formar ciudadanos respetuosos de la ley, con aprecio a las instituciones de México. En paralelo, al sobre gasto, a la educación y otros servicios sociales se les han recortado recursos. La gravedad del asunto está en que la corrupción no ocurre sólo en el uso de los recursos de la sociedad, en gastar un peso donde no estaba autorizado, sino que ello indica cómo los responsables de una y otra áreas del gobierno han corrompido las instituciones. La escuela, entonces, que se esfuerza por lograr la calidad que el gobierno y la sociedad le exigen, ha de trabajar presentando a los ciudadanos en formación unas instituciones desacreditadas; no la tienen fácil, porque sus alumnos no viven en el vacío social. La arquitectura institucional de la nación tiene fallas estructurales no debidas a un sismo terrenal sino a un sismo persistente de la administración pública.

Primero se llenó el gobierno de contralorías y de órganos de fiscalización; luego vinieron los institutos de transparencia, las promesas de gasto responsable y de austeridad, todo ello antes y después de protestar cumplir y hacer cumplir la Constitución una y otra vez, aquí y allá. Lo que la sociedad ve que ocurre es que los intereses de grupos y el abuso del poder público dominan, desordenan, corrompen. Y lo de siempre: los partidos políticos y los que lucran en la política ven la paja en el ojo ajeno, y la viga en el propio, pues no.

El documento Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica (SEP, 2017) menciona 78 veces el término integral al exponer los planes y programas y explicar lo complejo de la formación; la educación integral y armónica es un mandado del artículo 3° constitucional. Afirma el documento mencionado que la reforma de la educación en curso “elevó a nivel constitucional la obligación del Estado Mexicano de mejorar la calidad y la equidad de la educación para que todos los estudiantes se formen integralmente –esta cualidad ya había sido fijada en la Constitución desde 1946-, y logren los aprendizajes que necesitan para desarrollar con éxito su proyecto de vida” (p. 13). Pues bien, esos estudiantes habrán de saber y comprender –porque no se les oculta a ellos ni a sus padres-, que su proyecto de vida se sitúa en un Estado desordenado, despilfarrador, con instituciones desacreditadas; quizá sus padres no las aprecian…

Uno de los campos del plan de estudios es el de Formación cívica y ética, en el cual se pueden destacar estos tres objetivos: 1. Promover la cultura de paz, al mostrar sensibilidad ética y conciencia ciudadana ante situaciones de injusticia, y participar en la construcción de entornos inclusivos, respetuosos de la legalidad, justos y tolerantes, en los que los conflictos se solucionen de forma pacífica; 2. Valorar su pertenencia a un Estado democrático que garantiza la justicia mediante normas e instituciones y el respeto de los derechos humanos, los cuales regulan el ejercicio de la autoridad y las responsabilidades de la ciudadanía para participar activamente en los asuntos públicos, y 3. Participar en las decisiones y acciones para modificar su entorno escolar, el de la localidad y el del municipio de manera organizada, responsable, informada, crítica y comprometida, en favor del bienestar colectivo y en defensa de la dignidad humana (pp. 437 y 438).

Esto es una parte de la formación y el Estado debe sostener esos objetivos. Sí, es claro, justo, urgente que el gobierno, en sus tres poderes y en sus tres niveles, debe reformarse.

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/la-educacion-ciudadana-y-la-corrupcion/

Fuente de la imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2015/02/corrupcion.j

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La escuela, ¿es un campo aparte?

Bonifacio Barba

Bonifacio Barba

El discurso escolar, en su aspecto sociológico general y en el cívico en particular, es inseparable del tiempo, tanto del cronológico como del social. Una de las formas en que se expresa esto es en la referencia siempre actualizada de que las generaciones que están en la escuela son los ciudadanos del futuro. Así, cada presente generacional es proyectado hacia delante con romanticismo, a veces con cierto misticismo nacionalista.

Al observar nuestro presente, el que vivimos y que en varios aspectos padecemos con su conjunto de problemas sociales y políticos, y al observar también a los responsables del gobierno –todas aquellas y aquellos ciudadanos que al ser investidos de la autoridad pública que tienen prometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución federal y las particulares de los Estados y las leyes de ambas derivadas-, es inevitable pensar que estos fueron hace años –siendo niños y niñas en la educación básica, o adolescentes y jóvenes en los siguientes tipos educativos-, los hombres y las mujeres de un futuro de México. La evidencia nos muestra que la proyección escolar, en muchos casos, no resultó acertada.

El nuevo modelo educativo y el documento de los planes y programas de estudio que la SEP ha presentado recientemente, no olvidan hacer esa referencia a la relación presente-futuro, aunque ahora domina más el símbolo del siglo XXI como tiempo cambiante y desafiante. El secretario de Educación afirma, en la presentación de los nuevos planes de estudio, lo siguiente: “… tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros hijos e hijas para que puedan afrontar el difícil momento histórico que están viviendo y logren realizarse plenamente. Estoy convencido de que el presente y el futuro de México están en los niños y jóvenes. Si logramos darles las herramientas que necesitan para triunfar, nuestro país será más próspero, justo y libre”; y agrega: “Para lograr este objetivo necesitamos una auténtica revolución de la educación. A lo largo del siglo XX, el sistema educativo hizo realidad su utopía fundacional, que era llevar un maestro y una escuela hasta el último rincón del país. Hoy tenemos que ser más ambiciosos y, además de garantizar el acceso a la educación, asegurar que esta sea de calidad y se convierta en una plataforma para que los niños, niñas y jóvenes de México triunfen en el siglo XXI. Debemos educar para la libertad y la creatividad” (p. 7).

Sin duda es relevante el logro de las autoridades en el avance de la tríada formada por la reforma educativa-modelo educativo-planes y programas de estudio, pero la presentación de estos últimos ocurre en un momento de incertidumbre no del siglo XXI sino de nuestro tiempo social. El proyecto de formación es optimista, como debe serlo toda la educación, pero varios problemas conducen a la pregunta de si la educación es un campo aparte, o cómo logrará sus propósitos en un contexto problemático por cuestiones agravadas como la inseguridad que vivimos los ciudadanos, por la corrupción gubernamental, por el grave asunto del espionaje a líderes y comunicadores, por el crecimiento de la deuda pública y el de la pobreza, por las elecciones caracterizadas por la intervención indebida del gobierno, por un sistema político incapaz de culminar el proceso de integración del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otras cuestiones que comprometen la legitimidad y la responsabilidad de los gobernantes.

¿Recibirá la escuela la atención y los recursos de toda naturaleza que requiere en un contexto así? La escuela actúa en el presente, pero su potencial de que la formación que ofrece trascienda positivamente hacia el futuro no se logra aislándola de ese contexto, sino cambiándolo con buen gobierno y ayudándole a realizar de modo eficaz su currículo.

Uno de los elementos que van a exigir mucho esfuerzo y congruencia gubernamental es el de la autonomía curricular. Para ello son fundamentales algunas acciones:

  1. Que cada escuela –comprendida como comunidad educativa situada en una comunidad política-, sea un lugar en el que nadie impida comprender y vivir que el Estado y nuestra Constitución son un patrimonio social y que todos los derechos de todos los ciudadanos son la prioridad fundamental fuera y dentro de la escuela. Para cada estudiante, el artículo primero de la Constitución es el más básico aprendizaje; el más básico elemento de su socialización y de su identidad.
  2. Cada miembro de la comunidad educativa ha de comprender y vivir que la Ley es nuestro mayor bien social y que ningún gobierno –como institución- o gobernante –como individuo- tiene legitimidad ni calidad moral si no se identifica con ella y ordena toda su acción a cumplirla y hacerla cumplir.
  3. Por los dos elementos anteriores, es imprescindible que en cada escuela la formación social y cívica esté alimentada día a día con el conocimiento y valoración de lo que hace o deja de hacer el gobierno, de cómo usa los recursos públicos, de cómo administra la justicia, de cómo resuelve las necesidades cotidianas de la población y las de largo plazo. En otras palabras, que se use la información para juzgar si el gobernante está cumpliendo la Constitución. El gobierno debe transformarse; no da señales de querer hacerlo. La escuela debe formar para que los estudiantes exijan esa transformación desde ahora. Se trata de lograr una formación jurídico-política aplicada.
  4. La autonomía curricular exige, a su vez, que la política educativa abra realmente las puertas a la participación social por medio de los cuatro niveles que la ley ordena al respecto.
  5. Finalmente, la autonomía curricular demanda maestros y directivos libres de toda forma de control gubernamental o sindical. Si el objetivo es un país “más justo y libre”, unos de los indicadores básicos de ello es la libertad de los docentes y directivos. En otros términos: podremos creer que la escuela no es un campo aparte en la medida en que la sociedad vea que el Estado da a los docentes y directivos sustento pleno en su formación y trabajo.

En otras palabras, la escuela no sólo no es un campo aparte, sino que su institucionalidad y su tarea pone a prueba a toda la estructura del gobierno. La escuela no es deudora del gobierno; al revés, el gobierno se debe a ella.

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La escuela, ¿es un campo aparte?

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El derecho a la educación en riesgo… electoral

Bonifacio Barba

Por Bonifacio Barba

No se trata aquí de los riesgos del derecho a la educación considerados de forma común a propósito de las características insuficientes o inadecuadas de las políticas educativas, sino de uno que proviene de una actividad que debería aportarle al derecho certeza, sustento, garantía, como es el caso de la elección de autoridades, en particular las de gobernadores, de hace unos días.

Ya había experimentado la sociedad mexicana la disolución del Pacto por México como señal de compromiso de los tres principales partidos políticos de que iban a poner las necesidades de la nación como objeto primordial de sus acciones; resuena en el pasado el tercer objetivo relativo a la educación: “que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad”. La mencionada recuperación requiere un Estado con instituciones fuertes, en todos sus ámbitos, incluida la electoral, una de las fuentes de legitimidad de la autoridad del gobernante.

No obstante, de modo contradictorio, en las últimas elecciones estatales, sobre todo en la del estado de México, la actividad electoral disputó algo que rebasa el gobierno de ese estado: la lucha fue por el símbolo del poder de la elección presidencial del 2018, y en función de ello el partido en el gobierno sacó todas sus viejas maneras  -y algunas renovadas con tecnología- de comprar, cooptar y amedrentar el voto. Una primera pregunta: ¿cómo puede un gobierno que violenta los derechos políticos garantizar el de educación, que en sus principios contiene el de la democracia, principio que es un rasgo constitucional de la República? Dilapidan y burlan el esfuerzo de muchas generaciones de mexicanos.

El candidato Alfredo del Mazo, en algún momento de su campaña, declaró: “De nuestro triunfo depende el futuro del priismo; depende el futuro de este País” (Reforma, 29 de mayo de 2017: 8, Nacional). Si la primera parte es ya una sobrevaloración, la segunda no encuentra ningún escenario de la realidad mexicana sobre el cual asentarse, a menos claro, que indicara la conciencia del daño que este partido hace al país, pero esta interpretación no es nada probable. Tal vez ni siquiera hubo traición del inconsciente, sino la expresión simple, perjudicial de la confusión de la nación con el partido.

El PRI, inicia sus Estatutos declarando esto: “El Partido Revolucionario Institucional es un Partido político nacional, popular, democrático, progresista e incluyente, comprometido con las causas de la sociedad; los superiores intereses de la Nación; los principios de la Revolución Mexicana y sus contenidos ideológicos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se inscribe en la corriente socialdemócrata de los Partidos políticos contemporáneos” (Artículo 1, http://pri.org.mx/SomosPRI/Documentos/Estatutos2014.pdf). No se mostró un organismo político democrático ni incluyente ocupado de los intereses de nación; no les reconoce superioridad política; tampoco se mostró, claro está, nada de socialdemocracia.

Segunda pregunta: ¿para qué estas palabras si su acción las niega? Y buscando seguramente la exculpación, después de un proceso electoral en el que se sembró la  inequidad y discordia, se llama a la unidad, al trabajo para atender las necesidades de la sociedad, siendo una de ellas el respeto a los principios de la democracia, pero no teóricos, sino como están establecidos en la Constitución de la República. Se vive una contradicción lógica y práctica. Así pues, ¿por qué está en riesgo el derecho a la educación? Por varios motivos; indiquemos tres.

  1. Los derechos humanos son indivisibles, y estas formas de llegar al poder público  violentan esa unidad de sentido y de responsabilidad gubernamental. ¿Cómo garantizarán uno si violentan otro destruyéndole su objeto a garantizar: la expresión de la voluntad libre?
  2. Las autoridades ejecutivas de la federación y de los estados con gobierno priista y la autoridades electorales no resguardaron el derecho ciudadano y, desde luego, se deslegitimaron produciendo un daño a la vida social. No es responsabilidad de los poderes ejecutivos organizar ferias de servicios en tiempos preelectorales o actuar con inmediatismos para resolver necesidades de la población. Por el contrario, las autoridades  tienen una obligación constitucional que olvidan, promover el “desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”. (Artículo 25 de la Constitución).
  3.  Con actuaciones que distorsionan los procesos electorales los gobiernos le quitan sustento a la reforma educativa, a su modelo, cuyo lema es Educar para la libertad y la creatividad. Si se pretendía reconocer la escuela al centro, será difícil, pues en las elecciones ponen en el centro el poder y este subordina a la escuela, busca el control de la sociedad, limitando o negando la libertad.

Deben salir de su confusión moral; es esencial a los derechos considerar a cada persona humana como un fin en sí misma, jamás como un medio.

Fuente del Artículo:

El derecho a la educación en riesgo… electoral

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Consolidar la educación desde sus principios constitucionales

Bonifacio Barba

Por: Bonifacio Barba

De nuestra Constitución federal se han hecho varios juicios, entre ellos, que la multiplicidad de reformas la han desfigurado; que mezcla cuestiones de principios jurídicos con otras que son reglamentarias y que deberían estar fuera de ella; que no es respetada por muchos gobernantes y ciudadanos; que necesita ser reemplazada por una nueva, etc.  El artículo 3o., que se ocupa de la educación, no escapa al reformismo y otros problemas.

Un grupo de juristas, coordinados por los doctores Héctor Fix-Fierro y Diego Valadés realizaron un estudio con el propósito de “examinar la posibilidad, las condiciones y la metodología para una revisión técnico-jurídica del texto vigente de la Constitución (…) a través de su reordenación y consolidación” (Fix- Fierro y Valadés, 2016: 1). Afirman que si bien la Constitución ha incorporado “los elementos y las instituciones principales del constitucionalismo contemporáneo”, su texto es “extenso, desordenado, asistemático y descuidado desde el punto de vista técnico” (Ibíd.). Para promover “una cultura constitucional más sólida y estable”, el estudio explica y justifica una revisión del texto constitucional, que permite un mejor conocimiento y manejo del mismo.

¿Qué beneficio trae la consolidación? El diccionario de la lengua española dice que consolidar es “Dar firmeza y solidez a algo”, “Reunir, volver a juntar algo quebrado o roto, de modo que quede firme”. El libro mencionado hace eso; luego de diagnosticar sintéticamente los problemas y defectos del texto constitucional (apartado III), describe la metodología para reordenarlo y consolidarlo en uno nuevo (apartado IV). Entre los criterios seguidos está el de “mantener siempre en el texto constitucional el enunciado de los derechos de las personas, así como sus restricciones y excepciones” (Op. cit., p. 14).

El Artículo 3o. de nuestra Constitución federal, de fundamental importancia para la formación de los mexicanos y la creación de una sociedad democrática, de acuerdo con los criterios del estudio permanece en el Título Primero, Capítulo I. De los Derechos Humanos, y resulta beneficiado de la revisión, se consolida. Ha sido objeto de 10 reformas hasta el 29 de enero de 2016.

Resalta, desde luego, su magnífico inicio: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”, reconocimiento proveniente de la reforma de 1993. El texto vigente del artículo reconoce el derecho de toda persona y el texto reordenado vuelve a hablar de individuo, sin dar una explicación del cambio; quizá es una errata. En todo caso, la afirmación del derecho a la educación está ahí como criterio esencial para valorar la eficacia de todos los niveles de gobierno y de todo funcionario en lo que le ocurra a tal derecho.

En los tiempos que corren, con la reforma de varios aspectos orientados a garantizar la educación de calidad, es bueno ver el texto consolidado del artículo tercero para identificar y apreciar sus principios, pues por extrañas razones se afirma a veces que es necesario definir un nuevo modelo educativo. A este respecto, algunos elementos a destacar –que no obvian la lectura del texto completo–, está la prescripción de que la educación “tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

En el texto vigente, la exposición de las bases de la acción educativa no tiene un orden conceptual claro y usa en la fracción II el término criterio cuando ya ha definido algunos. En el texto consolidado, luego del enunciado de los fines que contiene el párrafo citado arriba se introduce una expresión que da unidad a la parte del artículo que sigue con estas palabras: “… y en lo particular observará las siguientes prevenciones”, dando paso a exponer que habrá de ser laica, basada “en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos…”; el criterio será además democrático –con la definición de la democracia que da parámetros claros para valorar su avance, en conjunción con otros artículos constitucionales que se ocupan del desarrollo y de la planeación nacional–.

El criterio será también nacional, “en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica…”. Como se ve, los principios educativos desafían al gobierno como responsable de proteger y garantizar el derecho a la educación.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/consolidar-la-educacion-desde-sus-principios-constitucionales/

 

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El modelo educativo: las otras condiciones

Bonifacio Barba

24 de mayo de 2017 / Fuente: http://www.educacionfutura.org/

Por: Bonifacio Barba

El Ejecutivo federal ha insistido, al presentar, defender y promover el modelo educativo, que una de sus características distintivas es la previsión de las condiciones para gestionar el nuevo currículo tanto de la educación básica como de la media superior. Eso está bien, sin duda, pero las que enuncia el documento “Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016”, son insuficientes, porque pertenecen al ámbito mismo de la educación, como el liderazgo educativo o la cultura pedagógica. Esta, por cierto, es un nombre inadecuado, pues se trata en realidad de un objetivo de toda la reforma que podría enunciarse en términos de cambiar una cultura pedagógica anterior, juzgada obsoleta, por una nueva, actual, apreciada como indispensable.

Entre las condiciones por atender se encuentran algunas como las siguientes:

  1. Situar el modelo educativo en la tradición de la política educativa, específicamente en la tradición legislativa, con realismo, es decir, sin la pretensión de que todo es nuevo. Por ejemplo, ante la cuestión del pensamiento crítico o la del sujeto autónomo, es importante recordar que la Ley Federal de Educación de 1973 establecía entre las finalidades de la educación la de “Vigorizar los hábitos intelectuales que permiten el análisis objetivo de la realidad (Artículo 5o, Fracc. X). Por su parte, la Ley General de Educación estableció en 1993 el siguiente fin, que subsiste hoy: “Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos” (Artículo 7o, Fracc. II). Por este tema y otros, puede afirmarse que un problema de las políticas educativas y de su gestión ha sido el incumplimiento de la ley o, en otras palabras, la omisión de responsabilidad gubernamental. Bien puede afirmarse ahora, entonces, que un objetivo de la reforma y su modelo educativo es cumplir la ley. Además, al atender la tradición legislativa se respeta a la sociedad.
  2. Otra condición fundamental para el éxito de la reforma es el compromiso de los partidos políticos con su función constitucional. Dice nuestra Ley fundamental que aquéllos son “entidades de interés público” (Artículo 41, I), lo que significa que su acción está determinada por los principios constitucionales y, en consecuencia, mucho de lo que le ocurre a la educación depende y dependerá de los candidatos y candidatas que propongan estas entidades para las distintas responsabilidades del gobierno, sea en la rama ejecutiva o en la rama legislativa, tanto a nivel federal como estatal. Por ejemplo, de las cualidades políticas, morales y profesionales de quienes son responsables del gobierno depende el hecho de disponer de diagnósticos completos y confiables de las necesidades educativas de los ciudadanos y la sociedad, por un lado, y por el otro, de tales cualidades depende el adjudicar y hacer buen uso de los recursos presupuestales que la realización del derecho a la educación de los ciudadanos exige. ¿A quiénes y para qué fines proponen los partidos como candidatos en los diversos procesos electorales? Toda proposición debe estar orientada por la responsabilidad ante los derechos humanos de los mexicanos, la educación en este caso.
  3. Una tercera condición para el éxito del modelo educativo es meter la política al currículo. En el documento Propuesta curricular…, se enuncian diez rasgos del perfil de egreso de la educación básica, siendo el sexto el siguiente: “(El alumno) sabe acerca de los fenómenos del mundo natural y social. Lee y se informa sobre procesos sociales, económicos, financieros, científicos, tecnológicos, culturales y naturales de México y el mundo. Los interpreta y explica aplicando su conocimiento del progreso científico y los principios del escepticismo informado (¡sic!). Identifica y cuestiona los fanatismos y al tomar decisiones, individuales o colectivas, procura la equidad”. Este rasgo del perfil de egreso es sorprendente al menos por tres elementos: su redacción, su contenido y, principalmente, por la ausencia de los procesos políticos. ¿Por qué estos no están en el perfil? Es una omisión gravísima por dos motivos: primero, porque la sociedad mexicana tiene un proyecto de orden y convivencia establecido en su Constitución política y el conocimiento y aprecio de la misma es esencial para el conocimiento de la acción social y la acción política y para aplicar en ambos saberes el pensamiento crítico, tan caro al modelo educativo. Ello es primordial para otro rasgo del perfil de egreso: “Cultiva su formación ética y respeta la legalidad”. En segundo lugar, porque es claro en nuestro presente que la acción política es, paradójicamente, una de las grandes fuentes de la inestabilidad que observamos, vivimos y sufrimos. Póngase atención, por ejemplo, a las campañas políticas actuales y lo que les precedió, sobre todo en el Estado de México; a la acumulación de violaciones a los derechos humanos y su indigna acompañante, la impunidad; a la corrupción ilimitada del sistema político en el manejo de los dineros de la nación y la farsa teatral que el sistema organizó por $ 500,000 “entregados” a una candidata en Veracruz, que contrastan ilimitadamente con la danza de decenas de miles de millones de pesos robados, desviados, malgastados, sobre ejercidos…, y para los cuales la justicia no tiene respuesta o es lenta de modo calculado.

En suma, sin los procesos políticos en el currículo, ¿a dónde conducirán los rasgos del perfil de egreso? Si “al cambiar el mundo, la educación también debe hacerlo” (Aurelio Nuño, en Propuesta curricular…, p. 7), ¿no debe cambiar la relación entre educación y política?, ¿no debe cambiar la política misma para que pueda cambiar la educación? Lo debe hacer porque la educación es la principal acción política que una sociedad emprende.

Fuente artículo: http://www.educacionfutura.org/el-modelo-educativo-las-otras-condiciones/

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El modelo educativo: sus posibilidades

Bonifacio Barba

05 de abril de 2017 / Fuente: http://www.educacionfutura.org

Por: Bonifacio Barba

El  Ejecutivo Federal divulgó hace poco el modelo educativo presentándolo como un conjunto de soluciones a problemas diversos del servicio educativo y ha reiterado sus novedades y ha insistido en que existen ya, o se crearán las que sean necesarias, las posibilidades de lograrlo. Aunque parezca obvio, el modelo pende del gobierno mismo, en dos sentidos relacionados: como política pública, está suspendido o colgado de las fortalezas que la administración tenga y que pueda a mostrar o hacer eficaces en relación con la puesta en operación del modelo, en primer término. En segundo lugar, el modelo está subordinado al gobierno, en tanto que no tiene una dinámica autónoma. En realidad, con el modelo educativo el gobierno se ha puesto una prueba a sí mismo, pues en la carta sobre los fines de la educación afirma lo siguiente: “Nos enfrentamos a la necesidad de construir un país más libre, justo y próspero, que forma parte (sic) de un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante. En ese contexto, la Reforma Educativa nos ofrece la oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano, y por ende nuestra nación, alcancen su máximo potencial”.

Aunque no es claro quién es el sujeto que declara, en tales palabras hay varios elementos: a) La necesidad que enfrentamos de “construir un país más libre, justo y próspero” no es una es una novedad, aunque sí lo sean muchas de la circunstancias del siglo XXI en las que la necesidad debe ser atendida. La necesidad ha estado ahí, acompañando a cada generación, desde las que soñaron y lucharon por la Independencia y por afianzar la soberanía y un camino certero para la justicia , y aunque esa necesidad se afirme ahora en relación con los fines de la educación en función del nuevo modelo, se trata de un imperativo normativo asentado en la Constitución a medida que esta, palabra tras palabra, va estableciendo los derechos fundamentales; b) Ante el proyecto constitucional de un México “más libre, justo y próspero”, el mundo, como contexto, siempre ha sido desafiante, por lo que ahora es fundamental no repetir errores que han desperdiciado tiempo, anhelos y recursos de los mexicanos. Así, si una novedad del modelo educativo es crear el ambiente pedagógico que, contra una memorización inútil, favorezca que el alumno aprenda a aprender, el nuevo principio que habrá de informar la pedagogía debe aplicarse en primer término al gobierno mismo en tanto organización. Si no aprende lo que el nuevo modelo requiere, débil estará entonces el modelo. Ese aprendizaje gubernamental es fundamental para que la educación contribuya a crear las bases del desarrollo del potencial de la Nación y de los mexicanos y las mexicanas; c) Por lo anterior, debe reconocerse que el desafío no está sólo en el mundo como realidad externa a nuestro país, sino que los desafíos para que construyamos “un país más libre, justo y próspero” están dentro de México, en sus estructuras económicas, en la desigualdad oprobiosa, en el patrimonialismo que se resiste a morir, en la insuficiencia grave de la administración de justicia, en la violación de los derechos humanos, etc. En suma, es bueno que esté ahora el modelo y tenga su ruta, pero necesitamos un gobierno que tenga, de manera vigorosa, a la Constitución como modelo de acción, como ruta indiscutible.

La carta de los fines incorpora el mandato del Artículo 3o. constitucional para el sistema educativo, a saber, que desarrollarará “armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”, y luego plantea la pregunta de “qué mexicanos queremos formar”, sin acompañarla de una declaración previa acerca de qué gobierno debemos lograr, o mejor, dado que el discurso del modelo es una expresión de la autoridad gubernamental, qué gobierno debe ser. De lo que el gobierno logre ser dependen en mucho las posibilidades del modelo educativo.

Sabemos que la reforma educativa surgió del Pacto por México, el cual se sustentó en la convicción de que “Nuestro largo proceso de transición democrática debe culminar” y ser orientada “hacia las metas de bienestar social, libertad personal y seguridad a las que

siempre hemos aspirado”. El Pacto se desvaneció, naufragó, pero no así la aspiración de justicia y bienestar que tiene la sociedad mexicana, por un lado, y la responsabilidad constitucional que tiene el gobierno, por el otro.

Si una cosa enseñan las diversas reformas educativas que se han emprendido en los últimos sesenta años -un horizonte de pasado al que el modelo educativo ha sido referido-, es que la escuela no puede sola lograr la transformación social a la que su trabajo está dedicado. La escuela es sólo una de las instituciones públicas que el país ha construido para realizar el bienestar que el conjunto de los derechos humanos contienen y simbolizan. En el origen, esta la institución de gobierno, a la que se le confía el principio-meta de la justicia social, uno de los que deben dar forma y vida a la escuela.

Fuente artículo: http://www.educacionfutura.org/el-modelo-educativo-sus-posibilidades/

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Gramática para la reforma educativa: ¿cómo se conjuga gobernar?

Bonifacio Barba

01 de febrero de 2017 / Fuente: http://www.educacionfutura.org/

Por: Bonifacio Barba

México está a la espera y, en muchos lugares de trabajo del sector educativo y en muchas escuelas, se encuentra en una espera activa. Una de las formas en que se ha definido la reforma educativa es que “constituye una transformación profunda del modelo educativo para mejorar la calidad de la educación” (SEP, 2016, El Modelo educativo 2016. Presentación, p. 1).

En la Carta sobre los fines de la educación, documento que presentó la misma Secretaría hace poco tiempo y que dio apertura a un amplio periodo de consulta, se afirma que el “El propósito de la Educación Básica y Media Superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México”. Eso es una gran cosa, pero no es nueva, ya está contenida en el artículo 3o. constitucional y en la Ley General de Educación. Lo nuevo es, será, transformar el modelo de trabajo.

Ordinariamente nos representamos el trabajo escolar que se deriva del anterior propósito como la realización de una pedagogía, un cierto orden de la actividad guiado por el fin de la formación ciudadana. También puede pensarse ese trabajo como una gramática escolar, un modo correcto de realizar el trabajo de formación de las personas integrando fines y medios, haciendo una buena gestión de la escuela.

Pero esa escuela está situada en la sociedad, lo que le genera apoyos y críticas. La escuela está situada en el complejo ámbito que es el sistema político mexicano, donde ocurre otra acción, la de gobierno, que también podemos comprender como una gramática a partir de los principios y valores constitucionales que definen la estructura del gobierno, las responsabilidades de quienes gobiernan, y también y sobre todo, acotan su acción, es decir, acotan el uso del poder público. Un apoyo fundamental que la escuela necesita es el gubernamental, pero no sólo el que reside en la operación de la Secretaría federal del ramo y las estatales, sino de toda la acción del gobierno, pues todas las instituciones que lo forman deben orientarse al bienestar de la sociedad, desde la seguridad cotidiana hasta la realización de un desarrollo nacional acorde al conjunto de los  principios constitucionales, pero que tienen una expresión específica en los artículos 25 y 26 de nuestra ley suprema.

Los padres de familia, los maestros y maestras, los directivos, los alumnos, todos ellos en diverso grado están enterados de las formas en que los tres niveles de gobierno funcionan, de cómo usan el poder los gobernantes o, en otras palabras, cómo conjugan el verbo gobernar. Y esa conjugación no es coherente en todo con los fines del gobierno y de la escuela.niño camina a escuela Mexico

Con variantes en los tres niveles de gobierno, hay muchas señales de que gobernar se conjuga de manera inadecuada, incorrecta. así, gobernar es endeudar sin control y sin destino social del dinero; gobernar es desproteger a los ciudadanos, a poblaciones, a periodistas, a defensores de los derechos humanos; gobernar es lanzar sin medida discursos cargados de promesas que no se concretan en acciones; gobernar es organizar un sistema de moches o encarecimiento artificial del gasto público con beneficio privado; gobernar es excluir a muchos ciudadanos en la medida en que no se trabaja para todos; gobernar es violar leyes y disimular el hecho con intentos cínicos de justificación.

Gobernar es retrasar las acciones de las que son responsables los funcionarios por desorden en las dependencias o porque el funcionario anda en otras actividades, como la de buscar su siguiente puesto en el sector público; gobernar es prometer sin el compromiso real para que las necesidades se resuelvan; gobernar es viajar, sin que los viajes concurran de forma clara y eficaz al logro de las metas de trabajo; gobernar es gastar el dinero público sin importar la eficiencia del gasto; gobernar es abandonar a individuos o grupos en tanto no se usa el poder público para garantizar sus derechos, como los laborales o los de justicia; gobernar es descuidar el área de trabajo público que constituye la razón de ser de cada oficina o dependencia; gobernar es aprovechar las necesidades sociales para los fines personales o de grupo, administrándolas en función del calendario electoral.

Gobernar es destruir bosques, aguas, tierras, aire, en la medida en que la autoridad no es ejercida de manera planeada para cuidar los recursos que son patrimonio de la nación, de la gente; gobernar es opacar las propias acciones o las de una dependencia evitando que la sociedad sepa en qué se gasta el tiempo del funcionario o los dineros públicos o a quién se beneficia con las decisiones u omisiones; gobernar es darle prioridad a los intereses del partido o de sus líderes en detrimento de la acción pública; gobernar es permitir o hacerse de la vista gorda ante actividades económicas que depredan el ambiente; gobernar es no representar a los ciudadanos sino servir a individuos y grupos alterando, corrompiendo el origen y sentido del poder público…

Esas formas de conjugar o de confundir el verbo gobernar están a la vista de los llamados actores de la vida escolar. Se espera apoyo de los padres de familia, compromiso de los maestros y maestras, pensar crítico de los alumnos, directivos con liderazgo eficaz. Eso debe ocurrir, sí. Pero es imperativo que ocurra el buen gobierno; que gobernar sea una acción de beneficio social, de avance sostenido en la garantía de los derechos de los ciudadanos. Eso tiene qué ver, y mucho, con el modelo educativo.

Fuente artículo: http://www.educacionfutura.org/gramatica-para-la-reforma-educativa-como-se-conjuga-gobernar/

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