Author: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

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CLADE: Se creó el mecanismo de participación de la sociedad civil en el seguimiento regional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

CLADE/ 08 de mayo de 2018/Fuente: http://same2017.campanaderechoeducacion.org

La CLADE participó en el II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, en el cual se consensuó el mecanismo de participación de la sociedad civil, y seguirá colaborando con la elaboración de directrices para su funcionamiento.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) estuvo presente en el “II Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, que se realizó del 16 al 20 de abril, en Santiago, Chile, convocado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Participaron en el encuentro cerca de 300 representantes de sociedad civil de la región, entre ellos Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de CLADE, Marcela Ballara, de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), Patricio Véjar, del Foro por el Derecho a la Educación de Chile, y representantes del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL).

La CLADE, con otras 32 organizaciones, entre ellas REPEM y la Mesa de Articulación ETIS, integró la Comisión Transitoria de sociedad civil que durante el año pasado trabajó en el diseño de un borrador de los objetivos, principios y estructura del mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible mencionado. En el encuentro, se consensuó el mecanismo, que deberá facilitar y coordinar la vinculación y participación significativa y permanente de la sociedad civil con CEPAL y con los Estados Miembros en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. Esta vinculación y participación se dará también en todo el proceso del diseño, implementación, monitoreo, reporte y evaluación de la Agenda de Desarrollo Sostenible en la región y las plataformas relacionadas a la misma. Asimismo, el mecanismo tendrá la misión de generar un espacio de rendición de cuentas entre gobiernos y sociedad civil sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe.

El mecanismo estará integrado por organizaciones, colectivos autónomos, movimientos sociales y redes locales, nacionales y regionales que se postulen para participar y trabajen por la justicia social, económica y ambiental, y en cualquiera de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. A la vez, su estructura de gobernanza será formada por 4 sub-regiónes (Centro América, México y Caribe Hispano-hablante; Caribe Anglófono y Francófono; Zona Andina; y Conosur); 13 grupos de personas/colectivos (Niñas, niños, Adolescentes y Jóvenes; Mujeres; Personas adultas mayores; Personas afro-descendientes; Personas agropecuarias de pequeña escala, rurales y costeras; Personas con discapacidad; Personas con VIH y personas afectadas por el VIH; Personas defensoras de derechos humanos y territorios; Personas LGBTI; Personas migrantes y desplazadas por desastres o conflictos; Pueblos indígenas; Redes, colectivos, organizaciones y plataformas de ONG; Sindicatos y personas trabajadoras, trabajadoras del hogar y trabajadoras sexuales); y 3 grupos temáticos (Economías sociales y solidarias; Educación, academia, ciencia y tecnología; Justicia ecológica y ambiental).

Las organizaciones, redes y colectivos pueden inscribirse para participar en uno o más grupos y, como próximo paso, se convocará a la sociedad civil a integrar una nueva Comisión de Trabajo transitoria, que durante 6 meses se hará cargo de definir los términos de referencia de cada grupo y el proceso para elegir a sus representantes en la mesa de vinculación del mecanismo, la cual será encargada de garantizar que la sociedad civil de la región esté en todos los espacios regionales relevantes de seguimiento a la Agenda 2030, a través de la comunicación constante con CEPAL, Estados Miembros y la Presidencia del foro, para asegurar el involucramiento y la participación efectiva del mecanismo en los procesos y negociaciones intergubernamentales relacionadas con la Agenda de Desarrollo Sostenible en la región. También deberá mantener un canal de información permanente y constante para la toma de decisiones y el aviso sobre los acuerdos adquiridos. La CLADE ya manifestó su interés en participar en esta comisión y contribuirá con la consolidación del grupo temático de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología [para saber más,acceda aquí al término de referencia sobre el mecanismo].

“Ha sido un proceso muy interesante y exitoso, que se vino construyendo desde el Foro del año pasado en México. Ahora tenemos consensuada nuestra primera experiencia para dialogar sobre la Agenda 2030 con los países a nivel regional. Se trata de un proceso aún en construcción, pero definitivamente, haber logrado un espacio para educación en el mecanismo regional de seguimiento a los ODS es una conquista”, afirmó la coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE.

Previamente al Foro de CEPAL, se realizó una reunión de la sociedad civil para discutir la construcción del mecanismo formal de participación mencionado y también redactar una declaración de sociedad civil que fue leída en la plenaria del Foro de los Países. El documento “Nos quieren dejar atrás. Y no lo vamos a aceptar” denuncia el hecho de que la sociedad civil no haya sido invitada a participar en la Declaración Intergubernamental presentada al final del Foro de Países y critica su contenido, así como las restricciones democráticas en la región y las múltiples formas de violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Exige además que los gobiernos cumplan los acuerdos internacionales e integren a la sociedad civil en la toma de decisiones.

Respecto a la educación, la declaración denuncia la reducción en el último año de los presupuestos para este derecho, así como para salud y cultura en varios países de la región, y los crecientes procesos de privatización de estas áreas estratégicas para el desarrollo.

“Denunciamos el deterioro de los sistemas de educación públicos y reclamamos la educación pública, universal, gratuita, laica, inclusiva, de calidad, a lo largo de toda la vida. Exigimos la laicidad del Estado y denunciamos la influencia de los fundamentalismos religiosos en los currículos escolares, que impiden la educación integral en sexualidad y la garantía de la igualdad de género”, afirma el documento [lea la declaración completa aquí].

Fuente de la Noticia:

http://same2017.campanaderechoeducacion.org/index.php/americacaribe/177-se-creo-el-mecanismo-de-participacion-de-la-sociedad-civil-en-el-seguimiento-regional-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible

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Entrevista: La educación inclusiva tiene como propósito derribar el mito de que las personas con discapacidad no aprenden como las demás

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

En entrevista al OREI, Silvia Quan, que integra la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA, por sus siglas en inglés, International Disability Alliance) y es ex vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, comenta los desafíos para la realización del derecho a la educación de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. “Todavía se cree que la educación especial es la única forma de educar a niños y niñas con discapacidad y que la educación inclusiva no es posible, pero todas las personas tienen la capacidad de aprender, de diversas maneras”.

Asimismo, comenta los obstáculos para asegurar el derecho a la educación específicamente para las niñas y mujeres con discapacidad y la importancia de que los países recolecten datos fiables sobre la situación de las personas con discapacidad. “Si no recolectamos estos datos, nunca vamos a saber cuál es la situación de las personas, nunca vamos a tomarlas en cuenta en las políticas y de esa manera no se puede avanzar con los derechos de las personas con discapacidad”, afirma.

Importantes compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lanueva Agenda para el Desarrollo Sostenible, reconocen la inclusión como elemento clave para realizar el derecho a la educación para todas las personas. ¿Podría presentar, por favor, el concepto de educación inclusiva y cómo este se relaciona con el derecho humano a la educación?

El concepto de educación inclusiva se basa en un modelo de derechos humanos. Es decir, se reconoce universalmente como un derecho para todas las personas indistintamente de sus características, su edad, etc. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas adoptó, en septiembre del 2016, la Observación General número 4 sobre la Convención, donde se reconoce la educación inclusiva como un derecho del cual todas las personas son titulares y, en esta circunstancia particular, se enfoca el derecho a la educación de las personas con discapacidad.

La educación inclusiva es aquella que no excluye a nadie. Es un sistema educativo que imparte la educación para todas las personas en un entorno donde hay diversidad y se acepta esta diversidad.

Pese a ese reconocimiento que mencionamos anteriormente, es todavía necesario exigir de los Estados la adopción e implementación de políticas inclusivas y superar muchas barreras de discriminación en nuestras sociedades. Colombia, por ejemplo, recientemente ha reglamentado con un decreto la matrícula de personas con discapacidad en las escuelas regulares, además de comunicar medidas para la producción de materiales y oferta de apoyos específicos, por ejemplo. ¿En su opinión, cuáles son los principales retos en América Latina y el Caribe para garantizar atención educativa a las personas con discapacidad en el sistema regular?

Creo que esas limitaciones se dan porque todavía se cree que la educación especial es la única forma de educar a niños y niñas con discapacidad y que la educación inclusiva no es posible porque los/as niños/as con discapacidad no aprenden igual que los/as demás estudiantes. La educación inclusiva tiene como propósito derribar este mito y establecer el concepto de que todas las personas tienen la capacidad de aprender, pero de diversas maneras.

La educación inclusiva pretende adecuar el sistema educativo a la diversidad presente en una escuela o en un entorno escolar. En ese sentido, se requiere, en primer lugar, voluntad de las autoridades para aceptar que la educación inclusiva es un derecho humano. Los Estados tienen que asegurar este derecho y las personas con discapacidad deben tener acceso a la educación. Luego, hay la necesidad de preparar el cuerpo docente y las familias de los/as niños y niñas que van a la escuela para comprender que es un prejuicio pensar que las personas con discapacidad no aprenden como las demás.

Asimismo, los y las docentes deben prepararse para tener metodologías e instrumentos adecuados al aprendizaje de estudiantes con discapacidad. Los métodos para los/as niños/as ciegos/as deben incluir el aprendizaje del sistema Braille, por ejemplo. Los contenidos didácticos van a ser iguales para todas y todos, pero las metodologías pueden cambiar.

Es necesaria también la revisión de las formas de evaluación y de los sistemas de promoción escolar para que sean inclusivos para todos/as los niños y las niñas, indistintamente e independiente de sus condiciones. Y respetar la evolución con relación a la edad que tienen los niños y las niñas con discapacidad porque suele pensarse que no aprenden, o que aprenden muy lento, así que en escuelas regulares a veces se encuentran niños/as con discapacidad con 14 años en clases de los primeros años de primaria, con niños/as de 7 o 8 años. La idea es que estos/as niños/as con discapacidad puedan estar con otros/as de la misma edad para que puedan desarrollarse en un entorno confortable y más adecuado.

En el 2016, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas adoptó la Observación General Nro. 3 sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, las cuales enfrentan múltiples barreras y formas de discriminación. ¿Podría señalar cuáles son los principales obstáculos que afectan a estas niñas y mujeres? ¿Qué acciones son necesarias para eliminar estas barreras?

En el tema educativo ya se sabe de las grandes brechas que hay entre niñas y niños y que las niñas tienen menos acceso a la educación que los niños. Cuando hablamos de las niñas con discapacidad hay una afectación por la discriminación interseccional, o sea, por la condición de discapacidad y además por ser niña.

Las familias tienden a valorar más la educación de los niños en relación a la de las niñas. Tienden a pensar que llevar la niña a la escuela es un esfuerzo que no vale la pena porque al final ellas no van a aprender o no servirá para nada que aprendan.

Las niñas con discapacidad suelen ser más fácilmente víctimas de la violencia escolar por causa de sus limitaciones físicas para defenderse o porque son más vulnerables. También, en algún momento, las niñas empiezan a menstruar y se ve como un tabú el cuidado que se requiere en estos casos. Para las familias esto es muchas veces motivo de vergüenza.

Es necesario concientizar acerca del apoyo específico que pueden requerir las niñas y las jóvenes para asistir a la escuela y evidenciar los estigmas que sufren por la discapacidad y otras condiciones sociales, como ser pobre o ser indígena, entre otros. Aún no conozco ninguna experiencia en los países de la región que esté dirigida a mejorar esta situación específicamente.

¿Cuál es la importancia de las Observaciones Generales que son producidas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU? ¿De qué manera ellas contribuyen para la garantía de los derechos de estas personas?

Las observaciones generales que el Comité adopta tienen el propósito de brindar orientación a todas las personas interesadas en hacer avanzar los derechos. La Observación General número 4 sobre educación inclusiva, por ejemplo, está dirigida a los gobiernos que ya ratificaron la Convención, pero también a la comunidad educativa y a las personas con discapacidad porque es una herramienta que facilita la interpretación de este derecho. Las observaciones generales dan ejemplos de cómo poner en práctica estos derechos y también remiten a buenas experiencias ya existentes.

Actualmente, el Comité trabaja en dos nuevas observaciones: una sobre igualdad y no discriminación y otra sobre la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la toma de decisiones a nivel de los gobiernos.

¿Por qué se recolectan tan pocos datos sobre discapacidad en los censos y en las encuestas en los países? ¿Cuáles son las consecuencias de esta ausencia de información?

Hasta muy poco tiempo las personas con discapacidad no éramos recolectadas en los censos, encuestas y estadísticas porque éramos socialmente invisibles. Muchas personas con discapacidad permanecían institucionalizadas o en sus hogares sin la posibilidad de salir y participar en la vida social, económica y política.

Menos de dos décadas atrás, cuando empieza a haber un movimiento para adoptar un tratado internacional de derechos de las personas con discapacidad, como la Convención, es que se toma más conciencia de la necesidad de conocer cuál es la situación y cuántas personas con discapacidad hay en el mundo.

Después de años de esfuerzo, se formó el Washington Group on Disability Statistics (Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad), un grupo de expertos delegado por los Estados Parte de las Naciones Unidas, para construir instrumentos metodológicos y recolectar datos desagregados acerca de las personas con discapacidad. Este grupo aprobó una lista de preguntas para ser incluida en los instrumentos de los países. A la fecha esas preguntas ya han sido utilizadas por más de 80 países. Este es un instrumento efectivo elaborado desde el enfoque de derechos humanos de la Convención y dista cualitativamente de instrumentos anteriores que tenían un enfoque claramente médico y que, por ende, no lograban recolectar información adecuada sobre la situación de los derechos.

Si no recolectamos estos datos, nunca vamos a saber cuál es la situación de las personas y nunca vamos a tomarlas en cuenta en las políticas. De esa manera, hay una invisibilización continua y no se puede avanzar con los derechos de las personas con discapacidad.

Fuente de la Entrevista:

https://orei.campanaderechoeducacion.org/post_politicas/la-educacion-inclusiva-tiene-como-proposito-derribar-el-mito-de-que-las-personas-con-discapacidad-no-aprenden-como-las-demas

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CLADE: Posicionamiento Público. Por el Derecho de Todas y Todos a la Educación para la Igualdad de Género y a la Educación Sexual Integral

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

CLADE/27 de marzo de 2018/Fuente: http://v2.campanaderechoeducacion.org

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, recordamos la obligación de los Estados de avanzar hacia la igualdad de género, la construcción de una agenda de derechos y no discriminación, y la responsabilidad de respetar, proteger y promover todos los derechos de las niñas y las mujeres, lo que incluye avanzar hacia la garantía efectiva del derecho a la educación que promueva la igualdad de género, y que ello supone contar con una institucionalidad de género y políticas de igualdad debidamente respaldadas presupuestariamente.

Celebramos como un gran avance el fortalecimiento de los marcos internacionales sobre la igualdad de género, con la adopción durante el pasado año por parte del Comité CEDAW de la Recomendación N° 33 sobre Acceso a la Justicia, que en su apartado D aborda el tema de la educación desde una perspectiva de género, la Recomendación General Nº 35 sobre la violencia por razón de género contra las niñas y las mujeres, y en particular la Recomendación General Nº 36 sobre el derecho a la educación de las niñas y las mujeres, la cual tiene como objetivo garantizar que las disparidades y las desigualdades basadas en formas múltiples e intersectivas de discriminación, que impiden que las niñas y las mujeres disfruten de los derechos dentro y a través de la educación, sean abordadas y finalmente eliminadas.

A nivel regional, consideramos como un paso crucial la adopción de la Opinión Consultiva sobre Identidad de Género e Igualdad y no Discriminación a parejas del mismo sexo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 24 de noviembre de 2017.

Celebramos también contar con una larga trayectoria en materia de una agenda regional de género, la que ha venido siendo impulsada fuertemente en los últimos 40 años desde diferentes esferas, entre otras la CEPAL, la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, ONU Mujeres, la academia y, en particular, por parte de las redes y movimientos feministas y de mujeres.

Recordamos, sin embargo, que esta agenda debe hacer frente a los desafíos que se presentan en el contexto de la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 y los nuevos compromisos asumidos por los Estados en materia de educación y de igualdad de género y, en especial, dar respuesta a las crecientes preocupaciones regionales en materia de retrocesos en el campo de los derechos humanos, los derechos de las niñas y las mujeres y la igualdad de género, así como en materia de protección de los derechos de las personas LGBTI.

Identificamos como uno de los mayores desafíos y preocupaciones el avance de tendencias conservadoras y fundamentalistas religiosas, invocando la existencia de una supuesta “ideología de género” y llevando adelante movilizaciones y estrategias contra la igualdad de género, la diversidad sexual, el derecho a la identidad de género, rechazando la educación con enfoque de género, la educación laica y la educación sexual integral, lesionando derechos consagrados y llevando adelante campañas de incidencia que promueven regresiones en este campo, incluso en el ámbito judicial, pudiéndose citar varios ejemplos en diversos países de nuestra región.

Entre las principales áreas de preocupación planteamos:

• Currícula educativa y la educación sexual integral. Así por ejemplo en Argentina, habiendo transcurridos once años de la sanción de la Ley Nacional Nro. 26.510 que establece el derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, la ley no tiene aún una aplicación plena. En Brasil, se han experimentado retrocesos en materia de igualdad de género en la nueva Base Nacional Común Curricular, y la no inclusión de la palabra “género” en el Plan Nacional de Educación, así como en planes municipales y departamentales de educación. En Costa Rica, el Programa de Estudio de Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral de Educación Diversificada del Ministerio de Educación Pública (MEP), el que se implementará a partir de este año, ha generado rechazo por parte de sectores religiosos, que entienden que este programa promueve la “ideología de género”. En Ecuador, bajo el slogan “Con Mis Hijos No Te Metas” se han estado movilizando y realizando marchas contra aquellas iniciativas legislativas vinculadas a la igualdad de género y para que no se incluya el enfoque de género en los currículos educativos. En Perú, se han venido dando fuertes cuestionamientos a la implementación del nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), por incluir el enfoque de género, y promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la construcción de la identidad de género y la educación sexual integral. A raíz de un recurso interpuesto por el colectivo Padres en Acción (PEA), la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró nula parte de la Resolución 281-2016 del Ministerio de Educación (Minedu) que aprobaba el CNEB. El Ministerio de Justicia ha apelado contra la Resolución de la Primera Sala y el caso debe resolverse en los próximos 30 días. El MINEDU mantiene su posición de incluir el enfoque de género en el currículo. Por su parte en Paraguay, el pasado año, por la Resolución Nº 29.664, se prohíbe “la difusión de materiales impresos como digitales referentes a la teoría y/o ideología de género en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias”. En Uruguay, el pasado mes de setiembre la Justicia no hizo lugar a una acción de amparo presentada por un conjunto de padres y madres de escuelas públicas y privadas, para que se impidiera la divulgación de la Propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria, solicitud que fue desestimada tanto en primera como en segunda instancia por considerarse improcedente.

• Laicidad de los Estados: el Estado de Derecho y la laicidad se encuentran entrelazados. No puede haber Estado de Derecho sin laicidad. El Estado no puede, bajo la excusa de defender una falsa libertad religiosa, imponer determinadas preferencias y privilegios al credo católico, obligando a las niñas y niños de las escuelas públicas a seguir principios y reglas propias de un culto al que no adhieren ni practican. En Argentina, la provincia de Salta violó derechos al imponer una cátedra religiosa en las escuelas públicas*. En Brasil, un fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) en el mes de setiembre del año pasado determinó la constitucionalidad de la enseñanza confesional en las escuelas y autorizó el mantenimiento de la educación religiosa.

• Las resistencias al abordaje de la orientación sexual e identidad de género en el ámbito educativo. En Colombia, la elaboración en el ámbito del Ministerio de Educación de una guía que abordaba el tema de las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela, dirigida a docentes y que pretendía dar respuesta a un mandato de la Corte Constitucional de Colombia a fin de adecuar los manuales de convivencia escolar a la diversidad sexual y no discriminación, generó en su momento enérgicos cuestionamientos. Asimismo, en el marco del actual proceso electoral en el país, candidatos de partidos de derecha o articulados con grupos confesionales fanáticos han estructurado los mensajes de sus campañas bajo el discurso contrario a la “ideología de género”. En Brasil, a su vez, desde el ámbito del movimiento “Escola sem Partido”, se han venido promoviendo propuestas normativas orientadas a prohibir que en el ámbito educativo se aborden cuestiones de género y orientación sexual.

• En Costa Rica, a finales del año pasado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronunció, rechazando una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto Ejecutivo Nro. 38.999 que reconoce derechos de las personas LGBT, acción que fue impulsada por un grupo de trece legisladores que consideraban que este decreto promovía la “ideología de género” (expediente 17-16363-0007-CO).

Todo lo anterior supone fortalecer el compromiso desde todas las esferas de la sociedad civil y del poder público por la defensa del derecho de todas y todos a la educación para la igualdad de género y a la educación sexual integral. Una educación que nos permita reflexionar sobre los roles y estereotipos que se asignan a los géneros, y replantear nuestros conceptos de masculinidades y feminilidades, para que sean más sensibles y responsables, y busquen la construcción de sociedades cada vez más inclusivas, pacíficas y democráticas.

De hecho, todos los seres humanos debemos aprender a conocer y cuidar de nuestros cuerpos, y eso se debe empezar a trabajar en los jardines de infancia, pues la educación sexual integral también es una herramienta poderosa contra la violencia y el abuso sexual infantil, a partir del espacio de diálogo y la relación de confianza que genera entre docentes y estudiantes.

Finalmente, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que este año homenajea y destaca el importante papel de las mujeres activistas rurales y urbanas, quienes han contribuido a la transformación de nuestras sociedades y a la conquista de derechos para todas y todos, queremos llamar la atención sobre los niveles de violencia de la que en muchos casos son objeto estas activistas y defensoras de los derechos humanos y la igualdad de género, exhortando a que los Estados le garanticen una protección adecuada e impartan justicia, recordando en esta fecha los dos años del asesinato de la activista por el medio ambiente y lideresa indígena en Honduras, Berta Cáceres.

Hoy, 8 de marzo, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM) nos sumamos al Paro Internacional de Mujeres al lado de niñas y mujeres de todo el mundo, por el reconocimiento de nuestros derechos y por todas aquellas mujeres que han luchado para alcanzar los derechos que hoy tenemos.

Pinche aquí para descargar este posicionamiento completo en pdf.

*La Corte Suprema del país admitió un Amicus Curiae de CLADEM sobre el tema: http://clademargentina.com.ar/audiencia-publica-por-educacion-religiosa-en-salta/

Fuente de la Noticia:

http://v2.campanaderechoeducacion.org/es/noticias/824-2018-03-08-15-57-59.html

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CLADE: Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

por: CLADE

Introducción

La educación es un derecho humano fundamental, que ha sido consagrado en una amplia red de tratados internacionales, en las Constituciones y en los marcos legales de todos los países de nuestra región. A través de este reconocimiento los Estados se han comprometido a garantizar los medios efectivos para la realización concreta y el goce efectivo de este derecho en condiciones de universalidad, gratuidad, y libre de toda forma de discriminación.

No basta la incorporación del Derecho Humano a la Educación (DHE) en los marcos jurídicos, es necesario que los Estados diseñen y ejecuten políticas públicas concretas para llevar a cabo la realización de su contenido. Como lo señala la Observación general de número 13 del Comité DESC/ONU, este contenido implica el establecimiento de sistemas educativos que garanticen disponibilidad adecuada de la oferta pública, accesibilidad geográfica y económica, aceptabilidad de los espacios, contenidos y prácticas del proceso educativo, así como adaptabilidad frente a las necesidades, intereses y expectativas de los sujetos de derechos y las comunidades a las cuales pertenecen.

Garantizar todas estas condiciones en la política educativa, y su concreción en un sistema público de educación, requiere que el Estado disponga de un presupuesto suficiente y adecuado . Es obligación de los Estados utilizar al máximo los recursos disponibles para asegurar la realización progresiva de todos los derechos económicos, sociales y culturales (Comité DESC, 1999). Sin un presupuesto público adecuado no se puede garantizar ningún derecho humano, y cuando faltan sistemas públicos educativos debidamente consolidados y fortalecidos, el derecho humano a la educación pública y gratuita no tiene condiciones adecuadas para su realización.

La CLADE, red de la sociedad civil que trabaja por la realización del DHE, ha desarrollado procesos de deliberación pública, visibilización, producción de conocimiento e incidencia política a fin de que los Estados destinen más recursos al sistema educativo público, garanticen su gratuidad, protejan los recursos que ya están asignados, los envíen oportunamente a las secretarías de educación y escuelas, permitan la participación ciudadana en la definición de su orientación, y lleven a cabo la rendición de cuentas que les corresponde.

Como parte de esta tarea, y teniendo en el horizonte el fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil para exigir el cumplimiento del DHE, la CLADE ha creado este Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe, el cual compila información de 20 países de la región en el periodo 1998-2015, a partir de tres dimensiones de análisis: Esfuerzo Financiero Público, Disponibilidad de Recursos y Equidad en el Acceso Escolar.

La primera dimensión se refiere a la cantidad global de recursos que cada país está asignando periódicamente al sistema educativo público, como parte del presupuesto estatal y de la riqueza nacional. Se busca así aproximarse al Esfuerzo que está haciendo cada Estado para financiar la educación pública. La segunda dimensión, se centra ya no en los recursos globales, sino en observar la Disponibilidad que se tiene de los mismos para cada ciudadano/a en edad escolar. Es una medida per cápita del presupuesto público disponible, teniendo en cuenta no solamente a quienes se encuentran en la escuela, sino también a aquellas personas que aún no han sido incorporadas en el sistema educativo. La tercera dimensión, por su parte, aborda la perspectiva de la Equidad en el Acceso Escolar, en particular observando la diferencia de asistencia escolar entre los quintiles de ingreso más alto y más bajo de la población de cada país. Esta dimensión trata de aproximarse a las discriminaciones y desigualdades históricas que han operado en nuestros sistemas públicos de educación, debido, entre otras razones, a una inadecuada disponibilidad de recursos que garanticen el acceso a la educación en condiciones de igualdad a todas/os las y los ciudadanas/os.

Cada una de estas dimensiones, con sus respectivos indicadores, son presentadas para la mayoría de los países de la región, de acuerdo a la disponibilidad de información en las bases de datos internacionales que fueron consultadas. De esta manera, el sistema de monitoreo permite hacer un análisis del financiamiento educativo en cada uno de los países, pero también sugiere una tipología para analizar las tendencias que se han observado en los distintos indicadores.

La elaboración de esta batería de indicadores y el análisis de las tipologías de tendencias apuntan a enriquecer la comprensión de la diversidad de trayectorias que existen en los distintos países, de manera que puedan alimentarse los análisis y el reconocimiento de la complejidad de la financiación del DHE en nuestra región. Es necesario recordar que cada país presenta trayectorias distintas, originadas por sus respectivos procesos políticos y sociales, y por sus condiciones históricas particulares, de manera que este sistema enfatiza la identificación de trayectorias en cada país, resaltando sus cambios, avances y retrocesos, y en ningún caso pretende llevar a cabo un escalafón de realidades cuya naturaleza es profundamente diferente y no debe ser simplificada.

Este esfuerzo de producción de información y conocimiento, como tal, abre la puerta para seguir profundizando la incidencia política desde la sociedad civil, con miras a lograr una financiación adecuada a la realización del DHE de todos y todas.

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

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Recomendación General del Comité CEDAW sobre el derecho a la educación de las niñas y mujeres

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

Por: CLADE.

La Recomendación General señala que, en general, las niñas y las mujeres son discriminadas de manera desproporcionada durante el proceso de escolarización en cuanto al acceso, retención, finalización, tratamiento, resultados de aprendizaje y en las elecciones de carrera, lo que resulta en desventaja más allá de la escolarización y el entorno escolar.

Entre los factores que impiden que las niñas y mujeres reclamen y disfruten su derecho humano a la educación, se mencionan: las barreras asociadas a los estereotipos de género en los planes de estudio, libros de texto y procesos de enseñanza, la violencia contra las niñas y mujeres dentro y fuera de la escuela, las restricciones estructurales e ideológicas, así como los campos académicos y vocacionales dominados por hombres.

De ahí la importancia de garantizar una educación inclusiva y de calidad para todas las personas y dar cumplimiento a la Agenda 2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptada en el 2015, que incluye metas y objetivos destinados a la eliminación de todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas. Se recuerda a su vez, que el Marco de Acción para la Educación 2030, acordado por la comunidad educativa mundial en noviembre de 2015 para acompañar la agenda de los ODS, reconoce que «la igualdad de género está inextricablemente ligada al derecho a la educación”.

En base a la interpretación del Artículo 10 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), que garantiza el derecho a la educación, el Comité CEDAW realiza una serie de recomendaciones a los Estados desde un enfoque tripartito: los derechos de acceso a la educación, los derechos dentro de la educación y los derechos a través de la educación. Entre estas recomendaciones se encuentran: mejorar el cumplimiento del artículo 10 de la Convención,; integrar la educación sobre los derechos humanos de las mujeres y la CEDAW en los planes de estudios escolares en todos los niveles; tomar todas las medidas apropiadas para garantizar la protección y la aplicación de los derechos de las niñas y las mujeres, dentro de la educación y a través de ella, así como legislación que contemple el derecho a la educación a lo largo de la vida de todas las niñas y mujeres, incluyendo todos los grupos más desfavorecidos; desarrollar y aplicar políticas y programas, incluidas campañas de sensibilización y educación sobre la Convención, en todos los niveles de la escuela y la sociedad en general, dirigidos a modificar los patrones sociales y culturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a lograr la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias; alentar a los medios a proyectar imágenes positivas y no sexuales de mujeres y niñas; revisar y desarrollar currículos educativos no estereotípicos y que no refuercen la discriminación de género; formación obligatoria del personal docente en todos los niveles de la educación sobre cuestiones de género; proporcionar recursos presupuestarios, humanos y administrativos adecuados; y vigilar la aplicación del derecho de las niñas y las mujeres a la educación, recopilando periódicamente datos desglosados por sexo, ubicación, edad, tipo de escuela y grupo étnico, sobre el acceso en todos los niveles de educación; garantizar que las niñas y mujeres que viven en zonas rurales y remotas tengan acceso a la educación y que se adopten medidas especiales de carácter temporal, cuando corresponda, para asegurar su derecho a la educación; garantizar que las escuelas sean físicamente accesibles y estén a salvo entre el hogar y la escuela; y brindar oportunidades de acceso a programas de educación continua, incluidos programas de alfabetización y para personas adultas.

La recomendación también señala que la educación debe ser gratuita y obligatoria desde el nivel preescolar hasta el sistema secundario y progresivamente hasta el nivel terciario, y que la imposición de tasas o los costos adicionales que enfrentan estudiantes que asisten a las escuelas públicas (uniformes, transporte, libros de texto y otros materiales escolares, merienda, etc.), así como la privatización de la educación, tiene consecuencias negativas específicas para las niñas y las mujeres, y en particular para las niñas de las familias más pobres, excluyéndolas de la educación.

Cabe destacar que la recomendación hace énfasis en la situación de los grupos desfavorecidos de niñas y mujeres, las que quedan “excluidas de la educación y son marginadas por estar simultáneamente expuestas a la intersección de diferentes formas de discriminación, así como por cuestiones como la falta de pertinencia del plan de estudios y la comunicación en idiomas no nativos, la exposición a la violencia, el estigma y pobreza”, mencionando entre estos grupos: las minorías étnicas y las niñas y mujeres indígenas; las que se encuentran en situación de refugiadas, solicitantes de asilo, apátridas, desplazadas y migrantes; niñas y mujeres con discapacidad; y lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LBTI).

Otro punto importante a resaltar refiere al abuso y violencia sexual en las escuelas o en el camino hacia y desde la escuela y los impactos sobre las niñas y mujeres en su derecho a la educación. La recomendación señala que, a pesar del hecho de que el acoso sexual y el abuso de niñas están tan extendidos en las instituciones educativas y constituyen una barrera clave para su derecho a la educación y dentro de ella, esto no se ha tenido en cuenta en las políticas y programas educativos. En tal sentido recomienda, por ejemplo, promulgar y aplicar leyes, políticas y procedimientos apropiados para prohibir y combatir la violencia contra niñas y mujeres en las instituciones educativas y sus alrededores, incluidos el abuso verbal y emocional, el acoso, el acoso sexual y la violencia sexual, la violencia física y la explotación. Se recomienda implementar también mecanismos de denuncia confidenciales e independientes, realizar investigaciones efectivas y garantizar que las niñas y mujeres afectadas por la violencia en las escuelas tengan acceso efectivo a la justicia y la reparación. En igual sentido, se plantea el diseño y aplicación de currículos obligatorios, que cubran información integral sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, comportamiento sexual responsable, prevención del embarazo precoz y enfermedades de transmisión sexual.

Los contenidos de esta recomendación han tomado como base la jurisprudencia, así como las observaciones finales y recomendaciones generales existentes, así como las contribuciones de los Estados, de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil y del ámbito académico, entre ellas la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación, en una consulta preliminar realizada por el Comité CEDAW en junio de 2014. Desde CLADE también se estuvo acompañando el proceso.

Lea el texto completo de la Recomendación (en inglés) aquí.

Fuente del articulo: http://v2.campanaderechoeducacion.org/es/noticias/816-2017-12-11-14-56-09.htm

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CLADE: Comité de Desarrollo Internacional del Parlamento del Reino Unido plantea serias preocupaciones sobre las escuelas de Bridge

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

CLADE/16 de enero de 2018/Fuente: http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org

Un comunicado de prensa firmado por varias redes y organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran la Campaña Mundial por la Educación (CME) y la Campaña Nacional por el Derecho de la Educación de Brasil (coalición integrante de CLADE), destaca algunas de las conclusiones a las que ha arribado un nuevo informe del Comité de Desarrollo Internacional (IDC) del parlamento británico.
Entre estos planteamientos, se señala que el modelo de las escuelas Bridge International Academies (BIA) es problemático y genera dudas sobre la financiación de Reino Unido a esta cadena estadunidense de educación privada.

Entre las principales preocupaciones que resalta el informe se encuentran: la calidad de la educación y los contenidos de los currículos, el costo de las tarifas, los resultados de aprendizaje, el despido de maestros/as en gran escala y la expulsión masiva de estudiantes. También son objeto de preocupación, las relaciones que mantienen con los gobiernos y la inobservancia de sus regulaciones, así como aspectos relativos a la transparencia y la sostenibilidad.

En base a ello, el informe recomendó que no se realicen más inversiones en BIA hasta tanto no se esclarezcan estas cuestiones.

La semana pasada, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos nuevamente expresó su preocupación sobre el grado de cumplimiento de las regulaciones por parte de Bridge.

Camilla Croso, Presidenta de la CME y coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) expresó: “Este informe muestra cómo el apoyo a los actores privados no ha cumplido con el derecho a la educación. Esperamos con interés que los Estados donantes fortalezcan los fondos para la educación pública“.

Encuentre el comunicado de prensa completo aquí (en inglés).

Fuente de la Noticia:

Comité de Desarrollo Internacional del Parlamento del Reino Unido plantea serias preocupaciones sobre las escuelas de Bridge

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Interview, Katarina Popović: A commitment to free and universal education is very important for eradicating poverty, achieving equality and a better life for all

Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)

By: CLADE

In the context of the UN High Level Political Forum, we spoke with Katarina Popović, General Secretary of ICAE

The UN High Level Political Forum (HLPF 2017), the international platform for monitoring and reviewing the Sustainable Development Goals (SDG) is held in New York from 10 to 19 July 2017 in New York.

In this context, we had a dialogue with Katarina Popović, General Secretary of International Council for Adult Education (ICAE), organization that impels the Education and Academia Stakeholder Group (EASG) – which integrates the structure of civil society participation in the debates on SDG in the United Nations-, alongside the Global Campaign for Education (GCE), Education International (EI) and the European Students’ Union. «The HLPF has spaces for civil society and stakeholder groups to present their reports and we were invited to bring examples of how we contributed to the implementation of the 2030 Agenda and how we helped governments in doing so», says Katarina about her participation in the High Level Political Forum. Read the complete interview:

What were the main issues that were discussed during the side event organized by the EASG in NY yesterday and why are they important?

The opportunities and challenges for the implementation of the Education Agenda 2030 have been analysed in several sections, and many aspects have been mentioned and explained, such as the fact that education is underfunded and experience budget cuts in many countries, further on there is the growing trend towards privatization and commercialization of education, undermining the responsibility of the state as the duty bearer for the 2030 agenda.

These were highlighted as the major challenges to achieving the Agenda 2030’s Goal 4 on education. In addition, and that is something that other SDGs are also facing, there are problems with the implementation of the goals: how to move from rhetoric to action and move from the overall agenda to a national and regional level. Further on, there is a strong focus on indicators, measuring and testing, and on quantitative data. Even if this is the precondition for the accountability, it narrows down the understanding of education and the approach to quality education for everyone. While reviewing of the implementation is being intensively discussed, there is no enough political commitment and financial support for the implementation itself.

There were lots of discussions about the role of the Member States and Major and Stakeholder Groups and about the best ways for civil society for taking on its responsibilities for both implementation and monitoring. In the discussions, we from the EASG always pointed out that the State has the main responsible for these tasks, but with the spaces for dialogue always open for participation of other actors.

Considering the role of civil society, it is double: there is, on one hand, the question of how to contribute to the implementation and monitoring, and on the other, the question of how to hold governments accountable, how to make sure that they take responsibility for these processes. Many sessions during HLPF resulted in concrete proposals.

HLPF offered spaces for civil society and stakeholder groups to present their reports, experiences and recommendations, and to bring concrete examples. Of course, we still believe that this exchange and dialogue could be improved, but HLPF is ‘young’ mechanism and we are all still ‘shaping’ it.

In which events or side events organized in the context of HLPF did you participate and which highlights would you like to share about these encounters?

The Education and Academia Stakeholders Group organized a side event at the HLPF in New York, whose main focus was the intersectionality of the global agenda. Why is this so important if that goal is not under review that year? With this event, we wanted to send the message that the implementation of the SDG4 is crucial for the implementation of the other goals.

A commitment to free and universal education is very important for eradicating poverty, achieving equality and better life for all. The experts who participated in the event pointed out that the commitment to education and lifelong learning, accompanied with sufficient investment, is the answer to most of the world’s problems. We emphasize the indivisibility and interdependence of all human rights reflected in all 17 SDG, and that achieving universal, quality, affordable education is the requirement for achieving them all.

The interdependence of the goals, and relationship between education and other goals is mutual: poverty, hunger, health problems, gender discrimination and environmental disasters are detrimental elements to the SDG4. In our event, we pointed out that it is necessary to break the traditional silose-thinking for more cross-sectoral partnership. It was the message of all speakers, both from Member States and civil society, as well as participants that took part in the discussion.

What are the main opportunities and challenges for the realization of the 2030 Education Agenda, according to the discussions that has taken place in the HLPF until now, and what are the expectations of civil society about possibilities of advocacy in this context?

The HPFL 2017 is a very dynamic event. In addition to the main sessions, there are numerous side events, discussions, and side meetings that we use for effective coordination of our activities with other stakeholder groups.

Yesterday, one of the session of the main programme – “Thematic review: Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world: Multi-stakeholder perspectives”, gave us the opportunity to bring up our views and specific issues. At that session I had the opportunity, as the representative of the EASG, to present our vision and to remind the plenary of the intersectorality of the agenda and of some important facts. One of them – the world map of illiteracy coinciding with maps of poverty, malnutrition, ill health, high infant and child mortality, proves that education hast to be the “golden thread that runs through the implementation of all 17 SDGs”.

There were also other events where we could discuss and get to know other aspects and dimensions of that topic, and get important information and ideas for our future advocacy actions. We also met with our allies and other groups, such as the Women’s Major Group, which organized daily events, meetings and actions, the Major Group of Persons with Disabilities and the Major Group for Aging. “No one should be left behind” is the idea that connects us in a very strong way. We believe that increasing collective efforts will help us improve the way we oversee the implementation of the Agenda.

I would say that the HLPF this year is more inclusive, and civil society has more spaces to discuss, raise issues and ask questions. But there is also a sense of urgency and a feeling that we all need to make more efforts together to implement Agenda 2030.

Source:

http://v2.campanaderechoeducacion.org/en/news/778-2017-07-17-16-37-46.html

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