El paro político nacional, triunfo o derrota popular

Se preveía que el Paro programado para el 28 de abril de 2.021, tornaría en Indefinido. Se conocía con anticipación, que pese a las restricciones con ocasión del Covid-19, las movilizaciones serian multitudinarias, permanentes. Era de esperar que la protesta centraría contra la Rama Legislativa (Senado, Cámara, Asamblea, concejos), retomando lo sucedido en el anterior Paro Nacional del 21 de noviembre de 2.019 (21N), que en plena protesta callejera el Senado aprobó la fatídica Reforma Tributaria que privó al Estado colombiano de recaudar cerca de 12 billones de pesos, nueve billones de los cuales fueron entregados al sector financiero parasitario y el resto a exenciones tributarias a empresarios, dizque para impulsar el “pleno empleo”, resultando embolsillados por ellos. También que la petición directa fuere la extinción del Escuadrón Policial de la Muerte, El Esmad y como remate la exigencia de la reforma de fondo a la Policía Nacional, desnaturalizada por lo militar.

Un Pliego de Peticiones, presentado por el Comité Nacional de Paro desde hacía 11 meses, engavetado y sin respuesta oficial, presagiaba el alcance político del desarrollo de las protestas. El binomio gubernamental lo sabía y no han demostrado capacidad para encararlo y ello explica la dilación en solucionarlo. Los acontecimientos políticos que se han sucedido y generado durante su ciclo de actividad califican el presente paro, como de Paro Político Nacional (PPN), sustentado en un estallido político-social y en la consecuente y consciente participación organizada de las masas y por ende del movimiento popular colombiano.

No estaba entre los cálculos que el régimen presidencialista le diere un tratamiento contra insurgente al Paro y ello demuestra la incongruencia en lo gobernable y la ratificación que en Colombia opera una hegemonía oligárquica contra insurgente, de la que hacen parte la mayoría de grupos y partidos políticos que tienen representativo en el Congreso.

Con anterioridad se ha planteado la culpa gubernamental en la vorágine causada. La conciencia popular enardecida ha comprobado que es posible exigir los cambios de fondo que la sociedad colombiana requiere. Se impone la constante de tener claro que es lo que se quiere y se ha demostrado que se perdió el miedo a protestar a exigir, denunciar, pese a la ola de Terrorismo de Estado aplicado en Colombia.

Alcances políticos del paro

En este mes de Paro se ha revelado la lucha de clases latente. El racismo entronizado contra minorías étnicas y pueblo ancestral. Desenmascarada la iniquidad e injusticias, materializada en conocimiento que el 1% de la población, más rico, es el dueño de medio país. Que el 1,5% de la población, sea la dueña ostentosa del 52% de la tierra productiva en el país. Se desenmascara a los pocos personajes que son los dueños de los Peajes, que tienen rebotado y en acción de bloqueos a los transportadores. Que todos los Servicios Públicos esenciales (Comunicaciones, Agua, Luz, Transporte, Educación, Salud, Banca, Recursos Naturales) han sido privatizados a ultranza, redundando en un imaginario popular de no pertenencia y valía. Que el problema de poder en la generación y generalización de la corrupción radica en toda la rama legislativa, atornillada por la existencia de un sistema electoral corrupto, soso, hecho a imagen, semejanza y provecho del clientelismo. En la existencia y permanencia de una metodología desarrollada por los gobernantes al servicio del capital financiero especulador y parasitario, al que se le otorgan auxilios, exenciones, beneficios abusivos en billones de pesos, en detrimento de las arcas públicas. Complementa con un modelo económico que incluye el uso desmedido de la explotación de los recursos naturales, en lo extractivo, que asola el panorama del equilibrio ecológico, la defensa de la naturaleza, de sus derechos y el de los animales. Se revela, como verdad sabida, que funge un presidente títere, sub valorado, por sus mismos partidarios y lastre en la conducción eficaz del país. El experimentado dirigente político Álvaro Leiva D, advierte, en clara alusión al sub presidente: “un animal puede tener cien pies; pero jamás dos cabezas”. No obstante(o por eso) el objetivo del movimiento popular, no es el fin del mandato del títere de turno y en consecuencia tampoco el de la politicidad del Paro Nacional; como si lo es la Fuerza Pública criminal que sustenta al Establecimiento y el señalamiento e identificación del enemigo principal del pueblo colombiano, como lo es la Rama Legislativo del Poder Público. La conciencia ciudadana y popular tiene muy bien identificado a todos los causantes de sus males y la dictadura mediática no logra confundir esos imaginarios pululares.

Efectos de los alcances políticos del paro

En relación con la capacidad de dirección del Comité Nacional de Paro, este no ha perdido fuerza, ni vigor, durante el más de un mes de desarrollo del paro. Esto, por cuanto no se trata de un cese de actividades tipificado, sino de una Huelga generalizada, de carácter político en todo el país. El gobierno le apostó a su desgaste y el Comité ha salido bien librado de pretendidas imposiciones unilateral gubernamentales.

El tema de los Bloqueos, que no es del resorte nacional del comité, expresa la multiplicidad de reclamaciones de otros sectores populares, que no están bajo la égida de dirección del Comité Nacional del Paro y demuestra la errada aplicación de inteligencia preventiva del Establecimiento gubernamental. Craso error el haber desautorizado a dos vice ministros que habían llegado a un acuerdo con manifestantes para destrabar el corte de vía en Buenaventura y progresivamente permitir el fluido, con ayuda de los transportadores, manifestantes y organizaciones populares en la calle. Se suma a la salida de dos ministros y un Alto Consejero gubernamental.

Como nunca se había registrado en las luchas populares en Colombia, este paro del 28A, ha elevado el nivel organizativo de las masas. Resultado de la brutalidad policial aplicada por el Escuadrón de la Muerte Policial, Esmad, los jóvenes han creado LA 1ª LINEA. Los muchachos o pelaos de La 1ª Línea, están en la lucha callejera, con cascos, gafas plásticas de seguridad, escudos de lata y plásticos, tapabocas y disponibilidad total. Enfrentan las bombas lacrimógenas y chorros de agua dirigidos a los manifestantes. Orientan a la población alzada. Controlan a saqueadores. Organizan los Bloqueos, evitando la extorsión. Encausan y ayudan. Previenen, orientan, socorren a golpeados, o a sitiados, a quienes ayudan a salir. Participan en las ollas comunitarias, junto con LAS MADRES DE LA 1A LINEA. Aseguran las tres comidas del día y a la que jamás habían tenido acceso. Entretejen con amistades, compañeros, novias, todo un soporte de activismo político y social. También son liderados y ayudados por sacerdotes de iglesias, médicos, auxiliares de salud, activistas de ONG´s sin apropiarse de sus espacios- profesores que acuden a proteger a sus alumnos, padres de familias y vecinos. Sorprende la capacitación e ilustración que ostentan y expresan los pelaos sobre lo problemático del país. La represión contra los pelaos de La 1º Línea ha sido brutal y sanguinaria por parte del Terrorismo de Estado. Policías y paramilitares los ubican, identifican, los retienen cuando salen de los escenarios de confrontación. Los siguen, los desaparecen, y los incineran, como en el lamentable suceso del joven de piel negra, encontrado carbonizado en las instalaciones destrozadas del centro comercial Dollar City, en la ciudad de Cali, no distante, por la parte trasera, de un centro de atención policial, que ha sido objeto de reiterados ataques durante las confrontaciones de estos días. Los medios de alienación masiva, mantienen en una burbuja, mintiendo sobre la cotidianidad de una confrontación permanente en las ciudades afectadas, al no ejercer un periodismo independiente. Difunden especies como la del Ministro de Justicia Wilson Ruiz, quien afirma que se trata de una estrategia de difamación contra el Estado colombiano y que las muertes de manifestantes han sido en incidentes aislados como riñas callejeras, hurtos, etc. Inventan lo de la presencia de grupos armados y de control del fementido narcotráfico y el Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, señala en una entrevista, que los bloqueos son ilegales y deben ser levantados de manera inmediata para poder iniciar una negociación.

Todo un montaje preparando el escenario de golpes dictatoriales y más represión y muerte. Duque y sus comilones que repiten, siempre habla de respetar la Constitución, pero en la práctica no acude a negociar una búsqueda de salida concertada, recurriendo a la represión. Se trata de un gobierno des legitimado que solo se sostiene con la dictadura.

El efecto político, como repercusión internacional no se ha dejado esperar. Movilizaciones de colombianos y ciudadanos de diferentes países donde se han dado multitudinarias protestas de solidaridad con el pueblo colombiano y en contra del gobierno. Llamados de organismos internacionales y personalidades a la búsqueda de una solución y al respeto a los manifestantes. Cartas diplomáticas enviadas, a raíz de los violentos comportamientos de la fuerza pública. Reiterada inquietud por la cantidad de baleados, muertos, heridos y sobre todo, desaparecidos, durante las jornadas de protesta, aumentan el desprestigio internacional del gobernante colombiano, que pareciere no piensa con cabeza propia, sino por la del otro. Inexplicable mal manejo y contradictorio trato al pedido de la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a venir a verificar las denuncias de violación a los Derechos Humanos.

La Secta-que no partido- de gobierno, ha impulsado la reacción fascista contra las protestas llamando a la intervención militar y al mesianismo salvador con los inmensos recursos dinerarios de sus “corporados”: “Urgimos al Gobierno Nacional liderar la consecución de unos recursos pagados por los más pudientes para financiar la lucha contra la pobreza y la política de juventud” 28 de mayo de 2.021. La plata es grosera, insolente. Piensan que dando limosna a la juventud, manteniendo la situación de iniquidad, miseria, pobreza, pueden continuar cabalgando sobre las necesidades del pueblo colombiano. En nada se diferencia esta grosería, como cuando el capo Pablo Escobar, anunció que estaba en condiciones de pagar la deuda externa colombiana. Vaya pues!

El paso dictatorial con un decreto de marras

Los Bloqueos son protesta ciudadana. Se explica cómo manifestación soberana del pueblo indignado. Una expresión de democracia directa:(Artículo 3 CP91) “el pueblo la ejerce en forma directa”. Puras elucubraciones se dan en torno de ellos. Los gremios económicos y financieros; oficiales y privados, mencionan sumas billonarias, astronómicas, en pérdidas. La verdad es que no ha existido, no se ha dado, un desabastecimiento critico en las ciudades. Los bloqueos se han dado en forma intermitente y al parecer funcionan unos “corredores humanitarios” por el que circulan los artículos de primera necesidad, medicamentos, etc. Obvio, los importadores de lo santuario si se afectan. Sucede que la decisión política es no aceptar ninguna clase de protesta, no negociar, derrotar al movimiento popular y aprovechar la coyuntura para el engaño electoral gubernamental que avecina. Si los gremios y grupos de presión económica estuvieren afectados, hubieren presionado al gobierno a una solución negociada; pero no, avalan las medidas contra el movimiento popular y llaman a la militarización, con la ambientación intoxica dora de los medios de comunicación que buscan hastiar a la clase media y ponerla en contra del Paro Político Nacional (PPN), a fin que ninguna conquista política se logre conseguir. En acto de desespero por la intensificación de la protesta y continuación de la lucha, le resulta imposible contener la autonomía de los gobernantes locales, elegidos popularmente y terminarían demarcándose de la directriz central del gobierno por in gerente la “asistencia militar”. No están en capacidad de continuar reunidos con un Comité de Paro, solido en sus argumentos y ante la flaqueza de ingobernabilidad manifiesta, deciden acudir a lo dictatorial. Emiten un Decreto, que prácticamente lleva a traste las negociaciones con el Comité de Paro, tal como lo enuncian sendos comunicados de ambas partes.

El Decreto 575 del 28 de mayo de 2.021, es de indiscutible carácter dictatorial, draconiano. Pasa por alto las observaciones de las fuerzas militares y de policía, que realizan tareas de control en medio de las protestas sociales y políticas. Desconoce que están sujetos a las reglas internacionales del uso de la fuerza, limitadas por los principios universales de legalidad, necesidad, precaución y proporcionalidad. Todo eso lo viola el citado decreto e instaura el Terrorismo de Estado, siempre vigente en Colombia. Como tal, la “asistencia militar” es inconstitucional y no contentos con el injerto, emiten un Decreto, que más pareciere de conmoción interior, sin darse las condiciones objetivas para ello. Es un disfraz que busca “restaurar el orden público” en los Departamentos citados; lo cual no es de unánime, ni igual caracterización. También resulta inconstitucional un Decreto dictatorial dizque para “prevenir” la alteración; es decir lo que vendrá. Eso demuestra ineficacia en la dirección del país. Ese Decreto es inaplicable. De cuando acá el Departamento de Norte de Santander esta alterado en“el orden público”? Acaso se está con la Constitución de 1886? No..En el Departamento Norte de Santander existe un conflcito armado interno agudizado, con control territorial insurgente, a diferencia de El Cauca, por ejemplo, que controlan el territorio las bandas de narcotraficantes en connivencia con las brigadas militares y el generalato a la cabeza. Resulta que la única manera de “prevenir” que no se altere el orden público en el Norte de Santander, es no fumigar con glifosfato. En una palabra, aplicar los Acuerdos de La Habana. Crear las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Proteger a las comunidades indígenas. Derogar los Zidres y comenzar a reconstruir la economía de El Catatumbo bajo la dirección cooperativa, desplazando el capital financiero parasitario y narcotraficante de lavado legal. Uno a uno los gobernantes locales manifestara el desacuerdo con la pérdida de su autonomía. Ya lo han manifestado la Alcaldesa de Bogotá,DC y el Alcalde de Bucaramanga. Más de cinco alcaldes en Cundinamarca y seguiremos contando.

La salida es política no militar

Debe el gobierno nacional retomar las negociaciones con el Comité del Paro Nacional. Entender que una cosa es negociar con el comité Nacional y otra con las comunidades en protesta regional, con representatividad soberana directa, del pueblo en las calles, carreteras y veredas. Es fácil: solucione el Paro de los Transportistas. Ponga en la cartera del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a una persona capacitada y enfrente el problema que tendrá con los explotadores de los Peajes. Enfrente a Sarmiento Angulo y al grupo Aval y no a los transportistas, conductores, ayudantes y al pueblo organizado en las calles. Soluciónelo ya y resuelve lo de los Bloqueos. No seguir dándole al Paro Político Nacional un tratamiento contra insurgente. Esto contribuirá a un agudizar del conflicto armado interno insurgente. Y por dejar por el momento, aliste se, señor gobierno bicéfalo o dual a aceptar la convocatoria, de una Consulta Popular para determinar temas puntuales como la Revocatoria del Mandato de Toda la Rama Legislativa del Poder Público actual y empezaremos a construir una Nueva Colombia, aplicando los ajustes necesarios al sistema corrupto electoral, clientelista y de casino, narco paramilitar, que impera en Colombia.

El paro político nacional, triunfo o derrota popular

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La respuesta subversiva del movimiento popular a los asesinatos de lideres y lideresas sociales

Autor: Carlos Meneses Reyes

La tragedia colombiana al reproducirse el genocidio de la Unión Patriótica (UP), ahora en cabeza del asesinato de los lideres sociales, hombres y mujeres de arraigo popular, nos coloca en la advertencia del poeta Ilhan Berk, “como si la muerte fuera un asunto cotidiano”.

Pareciera que el número de víctimas que atiborra estadísticas, tanto oficiales, de investigadores, ONG, medios de comunicación, se convirtiera en un propósito; valiendo destacar que las escalofriantes cifras reseñadas de asesinatos de tal a tal fecha, o de los últimos meses o en lo corrido del año etc., reflejara insolidaridad e indolencia, como si el tiempo de vida fuera un fugaz relámpago y viento para miles de dedicados y abnegados activistas de derechos humanos, defensores del derecho de la naturaleza y de los animales, dirigentes naturales nacidos de las propias entrañas del pueblo, a quienes en cualquier parte del mundo elevarían en los estrados de héroes y en Colombia representan un guarismo más de la larga lista de un martirologio de quienes optaron por la noble causa de la defensa de la vida, del ecosistema, de la reivindicación de la tierra despojada, de los derechos humanos de la dignidad y soberanía de la nación.

Se suceden las denuncias y las expresiones de artículos en periódicos y publicaciones similares. Existe verdadera conmoción social, tanto a nivel nacional como internacional, destacando las manifestaciones de rechazo y de advertencias al estadio gubernamental colombiano por parte de organismos como Las Naciones Unidas, para que cese la matanza, se identifique a los responsables intelectuales y se condene a los culpables. Mas no existe una respuesta contundente, ni de fondo.

Al paso de cada día siguen segándose vidas en forma sistemática, continúa, selectiva; denotándose que el verbo asesinar, como acción de matar a una persona bajo circunstancias agravantes, cobarde y con alevosía, no obtiene respuesta eficaz de un Estado fallido, signado en una constante de terrorismo de Estado, adonde confluye de manera inevitable la dantesca permanencia de un conflicto armado interno en ascendencia, que pudo tener un respiro de civilizada concertación, con la entrega de las armas por parte de la antigua insurgencia de las FARC pero que el bloque de poder oligárquico y proimperio torció a un lado con la práctica de la deslealtad, vulnerando los principios del cumplimiento de lo acordado y atravesando, cual talanquera, la oportunidad de una salida política civilizada al conflicto económico, político, militar, ecológico, de más de medio siglo de angustias padecidas por la población.

La permanencia del paramilitarismo

Falso que exista una especie de neo paramilitarismo en Colombia. El fenómeno paramilitar como instrumento de creación contrainsurgente, continúa siendo el mismo desde que fue creado por el bloque de poder oligárquico y que se mantiene con la hegemonía de derecha instaurada desde el “triunfo” electoral presidencial de la derecha que ungió al señor Iván Duque y que abre el periodo de continuismo presidencial neoliberal y militarista bajo el distintivo de Uribe III.

En referencia histórica mediata, el paramilitarismo, que constituyó “la sexta división” del ejército colombiano , además de cumplir la “lavada de cara” de las fuerzas armadas estatales y depositar el trabajo sucio en esa horrenda división de trabajo contrainsurgente, ante el rechazo mundial de unas fuerzas armadas incursas en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, cumplió un fase de desinstitucionalización y acude ante un estadio de “posconflicto”, que no se dio, a una permanencia en el escenario del persistente conflicto armado interno.

La inteligencia militar y la dictadura mediática los denominó como bandas criminales “bacrim” en un juego de multiplicaciones de expresiones armadas persistentes; que han funcionado como la aceitada maquinaria para la permanencia de formas delincuenciales del narcotráfico, rearmamento de ejércitos privados locales regionales con intereses en la permanencia del estatus quo de propiedad sobre tierras usurpadas debido a una reforma agraria sangrienta de moche de cabezas y motosierra; aplicada en interés del latifundismo, la ganadería extensiva terrateniente, la agroindustria extractiva y el poder político-económico local que representa el monopolio del narcotráfico, la minería ilegal y el usufructo de esos extremos por parte de un comportamiento non sancta de las Fuerzas Armadas estatales en el escenario de ese conflicto. Todo ello aparejado de forma con causal con el fortalecimiento hegemónico de la derecha, políticamente hablando, y gráficamente entronizado en el poder local y regional de los directorios políticos, en consonancia con el utilitarismo de un poder electoral corrupto, que ha logrado el domino de un modelo neoliberal, de privatización a ultranza, en el reinado del capitalismo salvaje de estos tiempos.

Resulta de presentación indisoluble que en la medida en que persista el conflicto armado interno, por la existencia y permanencia de enfrentamientos de fuerzas rebeldes irregulares contra el Estado, en Colombia, el paramilitarismo subsiste. Y subsiste puesto que es el paramento, cual adorno o atavío en el accionar sobre encubierto de las fuerzas armadas estatales. En ello está el meollo del asunto y saber popular de adonde llega el agua al molino.

La judicialización de las victimas

La marca con hierro candente cual tinta indeleble, que reposa sobre el Estado colombiano, de ser un narco-estado funcional, por una economía subterránea de persistencia parasitaria financiera; parece que no ofendiera el honor de una república ni la dignidad personal de sus gobernantes. La respuesta ante los asesinatos selectivos y consecuenciales de líderes sociales, enfoca a denigrar de los líderes sacrificados, enunciando como causa de esos crímenes, ora que obedecen a líos de faldas, ora a rencillas personales, ora a comportamiento antisocial en el entorno de los negocios turbios de la economía ilegal. La injusta denominación y por ende anticipada injusta condena alentada por los medios de intoxicación masiva presentan el antecedente que en los casos más emblemáticos de denuncias de asesinatos de líderes sociales, ya los organismos de inteligencia del Estado los estaban investigando. Los asesinatos de líderes más destacados, que acaparan la atención por el impacto social causado, ahora resultan que en despliegue publicitario la Fiscalía General, en concordancia con el Ministerio de Defensa, los coloca en el intervalo de la duda de tener relación con organizaciones delincuenciales imperantes en sus regiones. Tamaña felonía, por desvió de la función estatal, es inconcebible. Con el san Benito de la Fiscalía, en su ya manoseada práctica, de guardarse la información “para más adelante” procede a la condena por presunción de los lideres asesinados. Esto indigna y por ende configura una respuesta de masas contundente, en el panorama nacional, que, dadas las circunstancias del momento, redundará en una campaña de movilización, de denuncia, de desenmascaramiento y de imposición popular, al logro que las medidas de fondo para erradicación y cese del fenómeno paramilitar vigente en Colombia, de una vez por todas.

Significado de una respuesta subversiva ante la ola de asesinatos

En Colombia está proscrita la participación política directa y popular y por ende cualquier protesta pública es judicializada y calificada de “terrorista” dentro de la dictadura mediática de la guerra contrainsurgente y el “enemigo interno”. Con esa denominación justifican la existencia de un ejército que combate internamente a su mismo pueblo y que ha degenerado en un ejército de invasión, dada la aplicación de una doctrina militar y el adocenado y ya reiterativo comportamiento de unidades militares de potencia extranjera, capturados “en caliente” por el accionar beligerante insurgente; traído a colación ante el fracaso del fin del conflicto.

Acudo a los estudios de dos sociólogos sobre el tema: Miguel de Unamuno, con su obra “La Rebelión de Las Masas” y el francés Gustav Le bon con sus aportes de fenomenología política; transcribiendo apartes de anterior ensayo de mi autoría sobre la caracterización de lo subversivo en el escenario de la protesta de masas.

En su turno impositivo, el militarismo desplaza al Ministerio del Interior, concibiendo una normativa tendiente a reglamentar las manifestaciones de protesta social en Colombia; en las cuales los manifestantes participantes no podrán llevar gorras, sombreros, ni cachuchas, ni gafas negras que oculten el rostro, ni botellas de agua; tampoco sombrillas, ni celulares que permitan la comunicación…; ni pasamontañas; ni el bastón de mando popular-palo artesanal bellamente adornado por los campesinos catatumberos y las guardias indígenas- prohibiendo quizás también el que en acto de espontaneidad se quiten la camisa y se la enrollen en la cabeza, para cubrírsela de lo que sea; acto subversivo al que le aplicarán la mínima de la tarjeta amarilla de la garrotera sobre viniente; a ello agregado el que las mantas o pasacalles no podrán ser sostenidas con varas, potencialmente objetos contundentes contra las fuerzas policivas. Medidas todas innocuas, cual extraño mundo de Subuso, solo dignas de tenerse en cuanta ante el estatuto legal de la imposición de la judicialización de la protesta social en Colombia; cuando precisamente en ese momento un grupo de ciudadanos y ciudadanas están haciendo un uso excepcionalmente soberano de las mismas; por ser ellas los actores en el escenario natural de las protestas.

Las múltiples formas de violencia que aquejan al pueblo colombiano se expresan por actores en la protesta callejera. Sabiéndolo de antemano, que no pueden judicializar como violento a todo aquel o aquella, que por múltiples y justificadas razones, ocultan su rostro: un ejercicio directo al derecho alhabeas data, es decir, el derecho a la intimidad e identidad de la imagen; en momentos en que en Colombia el terrorismo de estado selectivo, continúa suministrando la información a fuerzas paramilitares y paraestatales; cuando el dedo acusador contra la impunidad les hace variar de un comportamiento de ilegalidad y contrainsurgencia a uno de supuesta legalidad. Son las medidas militaristas de guerra con que pretenden limitar el auge de la protesta política en Colombia.

Que pese al maquillaje de las encuestas la institucionalidad policial en Colombia es sinónimo de temor, criminalidad y violación a los derechos humanos. Que una policía militar como la colombiana aplica prácticas militares. Ejemplo el Escuadrón de la Muerte ESMAD.

Sí corresponde enunciar que la virulenta reacción de los manifestantes contra los efectivos policiales desnuda consecuencialmente los niveles de rechazo, indignación ante la perplejidad por tan fatal acumulado histórico de impunidad que con o sin estatuto militar especial ha imperado en Colombia.

Lo subversivo. En Colombia están estigmatizadas ciertas expresiones del acontecer político. Como con marca de hierro incandescente, la dictadura mediática sataniza a lo rebelde, lo insurgente, la beligerancia, lo subversivo, las formas de lucha política y de masas.

Lo subversivo como pensar

Se puede catalogar como el resultado del razonar práctico ante la importancia de una necesidad, por una situación crítica, mayoritariamente planteada.

Se trata de la manifestación del pensar individualmente considerado que termina por concluir que, ante un estado de cosas planteado, denigrante, injusto, alienante, surge la necesidad de cambiar, de transformar de raíz, esa anacrónica situación. El individuo se arma (en el sentido menos militarista) en su interior y no utilizo el término “se blinda”, por ser esencialmente militarista. Es decir, el individuo se consolida ideológicamente en lo que considera que es auténtico, valioso y cosmogónicamente necesario para cambiar. Logra la reivindicación de individuo como ser social. Digamos que opera en él (o ella) una especie de revolución interna, por el cambio, por lo Nuevo. Asume un reto de ciudadanía. “La subversión humanizadora aparece breve en el tiempo, como un soplo de vida nueva”, enseña la Teología de la Liberación.

Lo subversivo como práctica

Existe una dualidad conceptual en el pensamiento subversivo. Se bifurca, se divide en dos: Uno, el analizado, imbuido de una fuerte conciencia interna de la necesidad de un cambio. Bulle en una lucha de contrarios interna, por la supresión de un orden de “valores”; por la creación de un nuevo orden moral; por superar la opresión; por cambiar lo que se vive; por la imposición de un nuevo futuro. Por aquello que irrumpe en lo consecuencial, ya convencido que se encuentra encerrado en un status quo asfixiante y alienante, imponiéndose lo categórico de un cambio radical. Otro, ese impulso interno, se transforma así en una consigna y practica consecuencial de un accionar social, real, expresado en una movilización de fuerza social y colectiva. Ese accionar social es accionar de la ciudadanía, que no concibe estar de espalda a la realidad. En eso radica la eficacia del pensar original subversivo: en su proyección de movilización como fuerza social; como fuerza de la colectividad. Corresponde al empoderamiento de ciudadanía. Es el paso a lo transformador. De allí la importancia de la subversión, planteada en la consecuencia lógica de una nueva institucionalidad; en la consecución de un orden alternativo. Pero ese accionar dialéctico, no queda allí. El acto subversivo creador de dinámica social colectiva puede ser violento, pacifico, dialógico. Depende del análisis concreto, de la situación concreta (…).

La valiente exsenadora Piedad Córdoba-en su momento- ante el conflicto estudiantil llamó a la juventud universitaria colombiana, a la subversión. A su vez, el Papa Francisco I, lanza también desde Brasil ese llamado subversivo.

Ante el ejercicio de una oposición radical se conocerán los diagnósticos más avanzados de la rebelión sociopolítica. La acción de las masas en contraposición a las normas e igualmente respuesta al comportamiento por el estado de cosas inconstitucionales.

Comencemos por ubicarnos en el doblez hombre-masa. En el papel del individuo que ingresa al torrente de la masa. Opera en él una mutación de interacción, que hace no sea el mismo. El dicho popular “a donde va Vicente, a donde va la gente…”, es gráfico de ese momento. Independiente de la motivación interna que lleva al protestante, al manifestante, al inconformista, a los indignados; una vez en la coparticipación masiva se generan variantes en su cualificación individual. Opera una variante en la personalidad del hombre medio o promedio. Esto funciona a toda forma activa y pudiéremos afirmar, inconsciente.

La ley de masas enunciada por Le bon, informa el fenómeno de las masas como de una colectividad amorfa. Es forma colectiva de comportamiento. No es forma de comportamiento de los individuos, cuando se comportan en instantes o momentos colectivos. Motiva un alma colectiva; por donde el individuo y su propia identidad, se confunden. En esos momentos afloran los acuerdos atávicos, a lo pasado originario, a los prejuicios. Gobiernan los impulsos, los instintos. ¡Resaltan los imaginarios! Por ello la violencia que se genera es acción directa de las masas. Por lo mismo se predica que las masas participantes, sin importar el número de quienes las engrosan, califican como minorías esencialmente cualificadas. Importa precisar cuándo se pasa de lo espontáneo a lo organizativo de masas. Diferenciar de la aglomeración y el bullicio, a la protesta dirigida, conducida, organizada. Claro que ello es posible e implica el juego de la responsabilidad política de los dirigentes. Diferente a la responsabilidad punitiva. Algo diferente es controlar y evitar que la acción desvié en saqueo o en la responsabilidad individual por el saqueo, en que degeneró la acción.

De manera que cuando se difunde la noticia que el canta-autor Caetano Veloso a sus 71 años, desfiló con los indignados brasileros con la cara encubierta, nos manda a los indignados e indignadas colombianas a seguir su ejemplo.

No va a permitir el movimiento popular y de masas la entronización de otro genocidio estilo UP. ¡A la Calle! o ¡A la carga! que es también mandato gaitanista de la Colombia Humana.

Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=244008

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