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Niños proveedores

Por: Elisabeth De Puig

La realidad de nuestros días es que cada vez más niños andan buscando comida en los sectores aledaños a los mercados, vendiendo en puestos de comida y de ropa en las calles, descargando camiones, dejándose tocar  por adultos mal intencionados.

Mientras se está instalando el gabinete de Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) realiza un programa de festividades y actividades artísticas y teatrales para los hogares de paso en ocasión de la celebración de los 42 años de existencia de la institución otros niños, librados a sí mismos, recorren las calles en búsqueda del sustento familiar.

Como bien lo señala el periódico Listín Diario del lunes 23 de noviembre, una nueva oleada de niños “limpiavidrios” irrumpe en las calles sin mascarillas ni distanciamiento social. Posicionados en las principales esquinas de la ciudad capital, ellos son solamente la punta de un iceberg que va creciendo en los sectores más desfavorecidos de las grandes ciudades y de todo el país. Librados a todos los peligros de la calle pronto estos niños y niñas vendrán engrosar la fila de los niños y niñas de los hogares de paso.

La pandemia ha venido reforzando de manera acelerada una realidad con la cual lidian a diario las organizaciones sociales que trabajan en los barrios y campos de nuestro país.

Se observa en la actualidad el auge de nuevas formas de solidaridad que saltan a la vista. Hay casos que, de repente, se vuelven virales y conmocionan la ciudadanía e instancias del gobierno trayendo consigo soluciones micro e individuales a problemas macro.

Gracias a la solidaridad de la ciudadanía y de Altice y Jonpéame el niño Alexander de León, que pescaba cangrejos de noche para su sustento, fue beneficiado de una casa, de provisiones alimenticias y de herramientas para seguir el año escolar de manera remota.

De la misma manera, Joel Lebrón brincó al estrellato y tendrá una casa de blocks gracias a la solidaridad externada por la sociedad civil y el Estado, opacando de cierta manera las miles de situaciones similares que padecen en la actualidad niños y niñas que necesitan también respuestas urgentes de los adultos, de instituciones como Conani y demás organismos del Estado para recuperarlos desde un lugar seguro y de protección.

Por más notoriedad que alcancen estos casos particulares, en el que unos cuantos niños pasan “de la nada al todo”, debemos convenir que esta no es la vía adecuada para saldar la enorme deuda social que agobia a nuestra sociedad. En vez de soluciones, lo que está frente a nosotros es más bien la fabricación de sueños e ilusiones.   

La realidad de nuestros días es que cada vez más niños andan buscando comida en los sectores aledaños a los mercados, vendiendo en puestos de comida y de ropa en las calles, descargando camiones, dejándose tocar por adultos mal intencionados.

Ese es el pan nuestro de cada día de hijos e hijas de familias que practican el chiripeo como modo de vida y que no tienen acceso a fuentes de trabajo fijas ni a los programas Quédate en casa, Fase 1 y Fase 2. Dominicanos sin cédula de identidad o que, sencillamente, no han entendido los mecanismos que permiten acceder a los programas de compensación social, o bien; puede tratarse también de niños de familias de inmigrantes.

En el caso de la Fundación Abriendo Camino hemos reiniciado un programa de protección presencial específico para estos niños desescolarizados, sin celular, sin televisor, incapacitados de estudiar virtualmente, asediados por el hambre, que vagan por los puestos de comida de los vertederos del Mercado Moderno y de la avenida de los Mártires.

De igual manera la Fundación La Merced, en el Batey Bienvenido, ha reiniciado actividades de nivelación escolar con su público bajo estricto protocolo de bioseguridad, tal como lo ha hecho el padre salesiano Carlos Patiño, en Cristo Rey.

Si nuestros niños, niñas y adolescentes corren peligro no podemos caer en omisión si tenemos a nuestro alcance los medios para ayudarlos.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/ninos-proveedores-8886449.html
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¿16 o 18 años?

Por: Elisabeth De Puig

Somos una sociedad con fuertes rasgos de autoritarismo que se doblega frente a las relaciones de poder, que acepta todavía que a los hombres mayores le gusten las adolescentes y que el dueño de la casa se propase con la muchacha de servicio.

Poco a poco nuestra sociedad se ha ido movilizando en contra del matrimonio infantil. Hoy en día, no solamente se oyen las voces de organizaciones o instituciones como Plan Internacional, Save the Children o Unicef, que han estado en la delantera en la lucha contra este flagelo desde hace años.

Con el cambio de gobierno se sienten nuevos aires que van a la par de un mayor empoderamiento de la sociedad frente al hecho que todavía en el siglo XXI haya tantas de nuestras niñas y adolescentes presas de la violencia sexual.

Esta movilización ciudadana se comprobó cuando la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados examinó, en su sesión del pasado miércoles, el proyecto que busca prohibir el matrimonio infantil antes de los 18 años.

A raíz de un tuit del legislador Omar Fernández, que anunciaba un empate del voto en la comisión y una contrapropuesta de algunos legisladores, en el sentido de permitir la unión legal de adolescentes a partir de los 16 años, siempre y cuando su pareja no le supere de más de ocho años se sintió una vigorosa ola de protesta por las redes.

Frente a la vigilancia de la sociedad civil, la comisión de Justicia dio marcha atrás y acogió la propuesta del diputado José Horacio Rodríguez de modificar el artículo 144 del Código Civil de la siguiente manera: “El hombre o la mujer no podrán contraer matrimonio en ninguna circunstancia antes de haber cumplido los dieciocho años de edad”, derogando al mismo tiempo el artículo 145 del mismo código.

Antes de la votación del pleno de la Cámara de Diputados, el presidente de la República no solamente se ha manifestado de manera tajante en contra del matrimonio entre adolescentes, sino que también ha motivado y logrado un consenso histórico de todos los partidos sobre lo que él ha llamado un compromiso político de toda la Nación y lanzado la creación de un gabinete de Niñez y Adolescencia.

De todas maneras, cualquier modificación de esta índole que no protegiera los y las adolescentes de menos de 18 años hubiera sido contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño y otros convenios internacionales ratificados por la República Dominicana que forman, junto a la Constitución, un bloque que no es divisible según la jurisprudencia.

La atención de adolescentes hasta esta edad debe incluir los mismos factores de protección que a todos los niños, niñas y adolescentes: la educación, la nutrición, la salud, la promoción de actividades familiares y recreativas, la atención del desarrollo emocional, entre otros.

Las reformas legales son importantes, pero para su efectividad se necesita un marco político adecuado. Debemos estar conscientes que ganar la batalla que se está librando ahora contra el matrimonio infantil será una gran victoria a favor de nuestras niñas y adolescentes, pero que esta será una victoria pírrica si no se lucha contra las desigualdades y si no se trabaja para generar y aplicar políticas públicas integrales con presupuestos públicos a la altura de los retos societales que afrentamos.

El matrimonio infantil generalmente ocurre fuera de la ley como «uniones informales»: las niñas se mudan -o más bien son mudadas- a hogares de hombres adultos. Estas uniones informales son más difíciles de denunciar y dejan a las niñas vulnerables sujetas al abuso y con poca protección legal contra sus maridos.

En nuestros sectores más desfavorecidos algunas niñas ven en estas uniones una forma de salir de hogares violentos, cayendo en manos de hombres tanto o más abusadores que aquellos con los que ellas convivían en sus familias de origen.

Muchas veces esta salida es aprobada por la familia que se quita una boca de encima y a menudo recibe beneficios económicos de esta situación.

Debemos estar claros, la pandemia no favorece la superación de la situación de desamparo que prevalece en nuestros barrios vulnerables y ha desmantelado muchas redes de apoyo y de protección.

Somos una sociedad con fuertes rasgos de autoritarismo que se doblega frente a las relaciones de poder, que acepta todavía que a los hombres mayores le gusten las adolescentes y que el dueño de la casa se propase con la muchacha de servicio.

En esta sociedad desigual una gran parte de nuestra gente con limitados recursos y escasos niveles de educación no encuentra más alternativas que desarrollar estrategias de sobrevivencia dentro del marco machista, patriarcal y violento en el cual se desenvuelve.

Violencia intrafamiliar, matrimonio infantil, embarazos precoces y feminicidios, todo tiene un hilo conductor y son productos de una sociedad que ha considerado tabú la educación sexual integral en las escuelas, que no acepta las tres causales para el aborto y que se refugia cada vez más en el conservadurismo religioso.

El marco jurídico favorable por el cual estamos propugnando aumentará la conciencia pública acerca de las consecuencias sociales, físicas y emocionales de los matrimonios precoces y debería contribuir a la movilización de las comunidades opuestas al matrimonio infantil.

Al Estado le corresponde trabajar de manera transversal y de la mano con la sociedad civil para implementar estrategias de prevención múltiples y específicas a fin de empoderar a las niñas para que estas puedan tomar decisiones sobre su vida, luchar contra la deserción escolar, mejorar su accesibilidad a la educación formal, mantenerlas en la escuela y que se casen más tardíamente. Se requiere igualmente educar y movilizar los padres y la comunidad.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/16-o-18-anos-8883964.html

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Juventud y cambio climático

Por: Elisabeth De Puig 

 

El cambio climático afecta de manera diferente a los distintos estamentos de la sociedad dominicana. Algunos sectores han reclamado, con justa razón, el desarrollo de programas de educación ambiental y climática.

Hasta ahora el cambio climático ha gozado de una baja prioridad social y política frente a otros problemas fundamentales como la pobreza, el hambre, la inseguridad o el desempleo.

Cincoaños después del Acuerdo de París, primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio climático, casi ningún país está cerca de alcanzar sus compromisos iniciales y los Estados Unidos se retiraron de este compromiso planetario.

Los obstáculos que se interponen a una eficaz lucha contra el cambio climático son múltiples. Por un lado, el conocimiento y la sensibilidad de un tema no siempre se traducen en acciones responsables que contribuyan a su mitigación. Por el otro, las resistencias más fuertes a actuar en gran escala se sitúan en la proteccion de los intereses de las fuerzas dominantes de la economía mundial.

El desafío recae sobre numerosos actores: públicos, privados, sociales, científicos, tecnológicos. Sin embargo, el éxito o el fracaso de las medidas a favor de la mitigación del calentamiento global dependerá́ de cambios de comportamiento orientados hacia otras formas de consumo y estilo de vida que permitan presionar desde abajo.

Para lograr los cambios deseados a nivel de la sociedad, transmitir mensajes no es suficiente. Cada actor, según el lugar que este ocupe en la estructura social, necesita mensajes diferentes y adaptados a su realidad. Conviene diseñar estrategias, programas de comunicación y de educación ambiental, dirigidos específicamente a cada segmento de la población.

Se dice mucho que los jóvenes son el futuro; sin embargo, muchos de ellos están confrontados a incertidumbres, desamparo, desarraigo y temores difusos frente a este futuro.

Una parte de los jóvenes se siente amenazada y sufre un miedo existencial real por la velocidad a la cual la temperatura del planeta está aumentando, lo que se agrega a las preocupaciones de tener mejores oportunidades laborales y una educación de calidad.

Frente a estos temores (que se han visto exacerbados últimamente a raíz de la aparición de un virus minúsculo en una ciudad china), el mensaje de un sector de estos jóvenes activistas a favor del medio ambiente es que la generación anterior ha fracasado en su lucha y que los jóvenes lo van a pagar con su futuro.

Llama la atención que, según el periódico The Guardian, cuatro niños y dos jóvenes adultos de Portugal están persiguiendo frente a la Corte Europea de Justicia a 33 países. Bajo el alegato que estos países deben realizar recortes de emisiones de gases de efecto invernadero más ambiciosos para prevenir la discriminación en contra de la juventud, así como proteger sus derechos a hacer ejercicios al aire libre y poder vivir sin ansiedad.

La acción legal ha sido financiada por crowdfunding. Es algo totalmente novedoso, tanto por el hecho de demandar a varios estados por las emisiones dentro de sus fronteras como por el impacto climático que sus consumidores y empresas tienen en otras partes del mundo a través del comercio, la extracción de combustibles fósiles y la subcontratación.

Los demandantes quieren que el tribunal normativo emita órdenes vinculantes sobre los 33 estados, que incluyen a los estados miembros de la Unión Europea, así como al Reino Unido, Noruega, Rusia, Turquía, Suiza y Ucrania. El sometimiento de este caso se realizó después de la ola de calor que conoció Portugal, la más fuerte en 90 años, y los devastadores incendios forestales que mataron a más de 120 personas en 2017.

Zero Hour, organización ecologista fundada en Seattle por una adolescente de 16 años, Jamie Margolin, que inspiró a Greta Thunberg, sembró la semilla de un movimiento que inspira hoy a millones de jóvenes en todo el mundo a aunar esfuerzos en busca de un futuro más sostenible.

El cambio climático afecta de manera diferente a los distintos estamentos de la sociedad dominicana. Algunos sectores han reclamado, con justa razón, el desarrollo de programas de educación ambiental y climática. La meta central de la educación ambiental debe consistir en priorizar el desarrollo de actitudes positivas, que fundamenten conductas ecológicamente adecuadas y sostenibles, más que la simple transmisión y adquisición de conocimientos ambientales.

Como dice el sociólogo francés Edgar Morin en su libro Cambiemos de vía, las lecciones del coronavirus, estamos en medio de una crisis que nos ha encerrado físicamente pero que nos ha abierto al destino terrestre y nos ha condenado a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestra relación con el mundo y acerca del mismo mundo. ¿Sabremos sacar lecciones de esta pandemia que ha revelado una comunidad de destino a todos los humanos, ligada al destino bioecológico del planeta?

Fuente: https://acento.com.do/opinion/juventud-y-cambio-climatico-8863529.html

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Canastas y Barrilitos

Por: Elisabeth De Puig

Las inquietudes que han salido a la luz a raíz de la denuncia de las prácticas en que habría incurrido la ministra de la Juventud así lo indican y serían la expresión de una voluntad ciudadana de que el Cambio no tenga contemplaciones frente a posibles desviaciones.

Pasan los días, las semanas, los meses y seguimos viviendo en un contexto inaudito e inédito, en medio de una crisis interminable que nos fuerza a una adaptación permanente, a nuevos aprendizajes, a vivir en la incertidumbre y con elementos contradictorios.

El regreso a clase virtual se acerca y la ansiedad de los padres aumenta; Navidad está a la vuelta de la esquina con sus primeras luces. Lo cierto es que estas serán para muchos unas Navidades muy especiales que no se parecerán a las anteriores.

Las recibirán con cierta tranquilidad económica servidores públicos de carrera que han visto sus empleos protegidos durante la pandemia y no se preocupan por un doble sueldo que están seguros van a cobrar. Lo más probable es que solo pierdan los beneficios suprimidos este año de las fiestas navideñas y la entrega de canastas que caracterizan esta temporada. Desesperados -dentro de esta categoría- estarán los que han sido cancelados de la administración pública por los motivos que sean.

En el sector privado, unas 400,000 familias lo van a pasar mal. Me refiero a los trabajadores que han sido suspendidos y se han beneficiado de los programas Fase uno y dos (que, dicho sea de paso, se acabarán en diciembre sin que la economía haya recuperado su brillo), y que -por lo que se sabe hasta ahora- recibirán una fracción mínima del tan esperado doble sueldo que permite “resolver” a tantas familias de nuestro país.

En cuanto a las más de 800,000 familias que reciben los beneficios de las diversas tarjetas y que se ayudan con el chiripeo, estas -de todas maneras- nunca la pasan muy bien.

Peor les irá todavía a las familias que no se benefician de ninguna tarjeta, así como las de migrantes.

Se habla mucho de la medida dispuesta por el gobierno de prohibir las canastas mientras las iglesias han apelado al mantenimiento de esta práctica. ¿Se tratará de lo mismo? Si bien entiendo, el gobierno ha prohibido gastar dinero en canastas suntuosas que el ministro tal mandaba al ministro cual, las canastas que diversas instancias gubernamentales mandaban a directores de periódicos, a altos ejecutivos de bancos y de otras entidades con el dinero del contribuyente, a la par de las canastas que recibían de diversas fuentes.

Prohíbe aparentemente también las canastas que era costumbre distribuir al personal en el transcurso de la fiesta navideña de la institución.

Si se puede aplaudir la supresión de las canastas suntuosas es más difícil alegrarse con la supresión de las canastas de los empleados que devengan bajos salarios y los hay muchos en la administración pública.

De todas maneras, estas prohibiciones no deberían tocar la solidaridad con las personas más vulnerables de la sociedad, a las cuales seguramente se refieren las iglesias.

Con los fondos ahorrados con la eliminación de las canastas de lujo se podría entregar -y sobraría- una caja de alimentos digna distribuida sobre la base de criterios claros, transparentes y reales para que todas las familias en situación de extrema pobreza que viven en nuestro territorio se beneficien de una cena de Navidad.

Por otro lado, junto a estas medidas, la población está esperando ver la concreción de otras promesas de cambio: la lucha contra la corrupción y la mejoría de la calidad del gasto. Si bien estas iniciativas eran necesarias antes de la pandemia, ahora más que nunca son imprescindibles. Suprimir los gastos suntuarios sería parte de este plan.

Las inquietudes que han salido a la luz a raíz de la denuncia de las prácticas en que habría incurrido la ministra de la Juventud así lo indican y serían la expresión de una voluntad ciudadana de que el Cambio no tenga contemplaciones frente a posibles desviaciones.

Está claro, de todas maneras, que el dinero que sigue siendo entregado a los legisladores para asistencia social, en espera de un mejor destino, no debe de ninguna manera ser manejado por el propio legislador sino directamente por la cámara correspondiente y que su asignación se haga de manera igualitaria. No es cuestión de rendición de cuentas y transparencia. A cada uno su función: a los honorables senadores y diputados, de hacer las leyes; al Estado, de ocuparse de la protección social, y al Senado y a la Cámara de Diputados, de pagar los asesores de los honorables miembros.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/canastas-y-barrilitos-8873620.html

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¿Conservadurismo versus liberalismo?

Por: Elisabeth De Puig 

Encumbradas personalidades que aparentemente defienden los derechos humanos, cuando se toca el tema de la homosexualidad en círculos privados demuestran tener fuertes prejuicios.

Conservadurismo versus liberalismo fue el título de un artículo publicado recientemente en un diario de circulación nacional. Partiendo de la colocación de la bandera de la inclusión en el despacho de una vice ministra, en el texto se contraponían la fe religiosa de la cúpula gubernamental y el “liberalismo” de otro sector del mismo gobierno.

En otro artículo, publicado en Acento se hacía la pregunta de qué se excluye a la comunidad LGTBI en República Dominicana, enumerando a seguidas todos los parámetros legales que favorecen la inclusión de esta comunidad.

Como bien lo explica su autor, la ciudadanía cuenta con derechos legales explícitos. Sin embargo, en nuestro país no existe una ley que prohíba los delitos de odio de los cuales son a menudo víctimas miembros de la comunidad LGBTI.

Los delitos de odio son actos delictivos motivados por la intolerancia; es decir, por prejuicios o animadversión hacia personas y colectivos que se estima diferentes. Son delitos tan antiguos como la humanidad; sin embargo, su reconocimiento jurídico inició hace pocas décadas con el avance de los derechos humanos en el ordenamiento jurídico internacional.

No obstante, está claro que aún con un arsenal de leyes, la cotidianidad se maneja por medio de reglas implícitas. Estas normativas sociales contemplan los límites que debe respetar una persona en el seno de la sociedad según el nivel socio cultural de sus miembros.

Es posible que se diga que aquí no se discrimina legalmente a los homosexuales, pero la realidad práctica demuestra que sí, y que la discriminación tiene sustento ideológico, político, religioso y familiar.

Quisiera poner algunos ejemplos sobre el tapete:

Osniel: 9 años, parece un niño tranquilo, quizás lo hubiera sido si hubiera nacido en otro contexto. Fue expulsado de la escuela pública por su comportamiento. Como dijo claramente la psicóloga del plantel escolar,“no quiero bregar con mariconcitos”.

Pedro: 43 años, frente a su hijo con condiciones para ser un excelente bailarín: “Esas son vainas de la madre. Ella quiere que sea un mariconazo. El niño no va a seguir.”

Gabriel: 11 años, obeso y dulce, expresa su malestar con su cuerpo. Vive  con un padrastro que abusó de él y de su hermano mayor, y con una madre que solo le ha brindado golpes. Por su obesidad y sus modales ha sido sometido a un bullying intenso en la calle y en la escuela. A veces se pone violento. Cuando lo sacan de la escuela por violencia, su familia lo acaba a golpes. Ha entrado en un ciclo depresivo.

Carlos: Su padre no soportaba tener un hijo afeminado. Después de varias palizas, para “reenderezar el muchacho”, trató de asesinarlo dejándolo con sus 13 años traumatizado, mal herido y en el hospital. Lo internaron en un hogar gestionado por una orden pentecostal. No recibió ningún apoyo emocional. No lo ayudaron a estudiar ni a adquirir algún tipo de habilidad social. El único reto institucional fue tratar de extirpar la peligrosa enfermedad que llevaba dentro, curarlo de la homosexualidad. 

A los 18 años el joven salió de esta jaula. Está en prisión preventiva en la cárcel de la Victoria por un delito del que no hay pruebas suficientes.

La realidad esque hasta en el seno de la familia se manifiesta discriminación contra los homosexuales. Desdela primera infancia se lanza contra ellos epítetos hirientes. Muchas familiasven como una afrenta social que uno de sus integrantes sea gay o lesbiana. Muchos niños son golpeados, abandonados a su suerte cuando no encajan en la visión tradicional de hombría característica de una sociedad particularmente machista.

En las escuelas el bullying lleva a agresiones físicas y verbales que los niños y niñas no entienden. El acoso o rechazo proveniente de sus compañeros/as y/o de sus familias fomenta una baja auto estima. Estas situaciones se ven reforzadas por las actuaciones de un personal que no esta preparado para lidiar con este tipo de situaciones y que deja transparecer sus propios prejuicios.

Una gran parte de la sociedad no es consciente del sufrimiento personal que supone para niños, niñas y adolescentes afrontar dichas situaciones y no dispone de información sobre las graves consecuencias que se pueden derivar de las mismas.

Ya hace casi 100 años Sigmund Freud, en una carta a una madre que se encontraba angustiada por la homosexualidad de su hijo, le decía: “La homosexualidad no es un vicio, no es una degradación, y no es una enfermedad… es una variación de la función sexual”.

A pesar de que la mayoría de los profesionales médicos y especialistas en salud mental consideran que tanto la heterosexualidad como la homosexualidad son expresiones normales de la sexualidad humana, algunas organizaciones políticas y religiosas promuevenla idea que se puede cambiar la orientación sexual mediante terapia.

Cuando en 2015, Profamilia presentó el manual de educación sexual Hablemoseste hecho provocó que dirigentes religiosos y políticos llegaran a acusar esta institucion de querer incitar a los jóvenes a desarrollar conductas homosexuales, por el hecho de señalarse en el texto que la homosexualidad es una de las formas en las que las personas pueden expresar su orientación sexual.

Encumbradas personalidades que aparentemente defienden los derechos humanos, cuando se toca el tema de la homosexualidad en círculos privados demuestran tener fuertes prejuicios.

El respeto por las diferencias es un factor esencial para la prevención de la violencia y un derecho humano que niños, niñas, adolescentes y adultos deben ejercer a plenitud.

Es hora de fomentar a nivel nacional una cultura de paz y educación en derechos para que los niños, niñas y adolescentes, que serán los adultos de mañana, tengan una visión distinta a la que prima todavía en muchos conservadores y liberales de hoy. Como sociedad debemos acercarnos a la visión del papa Francisco, quien acaba de reafirmar su posición precisando que “la humanidad es más importante que las diferencias en la orientación sexual”.

Fuente e imagen: https://acento.com.do/editorial/conservadurismo-versus-liberalismo-8871113.html

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No pueden fallar

Por: Esabeth de Puig

Este empobrecimiento estructural es insostenible, como lo señalara el Papa Francisco en su reciente intervención frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando dijo que los síntomas de desigualdad “revelan una enfermedad social”; precisando que este “es un virus que viene de una economía enferma.

Blancos, morados, rojos, variopintos, multicolores, los de a pie y los montados, los de arriba y los de abajo estamos en un mismo barco, todos con el mismo deseo de contribuir a hacer posible los avances necesarios para la mejoría de nuestro país en un mundo rodeado por los estragos sanitarios y sociales de la Covid-19.

La población votó mayoritariamente por un cambio y al gobierno del PRM le ha tocado iniciar su misión en medio de una crisis que sacude global y localmente planes, certezas y parámetros.

Para ser efectivos el cambio político y los nuevos aires que soplan sobre la República Dominicana deberían estar acompañados de una real transformación de las mentalidades, que deje de lado el clientelismo, el cofrecito, el barrilito, el patriarcalismo y el conservadurismo.

La gente votó por un gobierno que haga las cosas de otra manera. Esto no puede ser un quítate tú para ponerme yo. No hay herencia ni reparto que valga en los puestos gubernamentales y entre los electos del pueblo. El cambio debe ir mucho más allá de una simple permuta de funcionarios. Lo que tiene que imperar es la ley y la adecuación de la hoja de vida con los puestos a proveer. Si hay algo que puede frustrar al pueblo dominicano es darse cuenta un buen día que el anhelado cambio se ha transformado en más de lo mismo.

Celebramos hace apenas tres días el Día Nacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, un tema en la palestra y en la mano de nuestros honorables diputados que tendrán la responsabilidad de aprobar la ley sobre el matrimonio infantil.

Han sido muchos los años de rodeos, sin que hayamos logrado garantizar a nuestras adolescentes el ejercicio de derechos ya reconocidos por leyes vigentes y acuerdos internacionales de los cuales somos signatarios.

En la espera, somos el reflejo de una sociedad desigual que no se muestra capaz de defender a su niñez amparándose en una ceguera social que tolera la “entrega” de adolescentes y la explotación sexual comercial de las niñas a cambio de bondades para las familias.

Esta legislación tan importante para los derechos de la niñez va de la mano con los derechos sexuales y reproductivos. La inclusión de la despenalización del aborto por las tres causales es un mínimo por el que un estado laico debe propugnar, independientemente del credo que profesen o no profesen los integrantes del gobierno y los honorables legisladores.

Como decía en un artículo reciente, la mujer del siglo XXI no es un mero objeto reproductor, sin derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y sexualidad, sin capacidad de resolución de conflictos, sin posibilidad de vida ni pensamiento autónomos, subyugada a diversos poderes religiosos, parlamentarios, médicos y jurídicos fundados sobre una idea de dominio masculino

La pauperización de una parte de nuestra población y la desvinculación creciente de las escuelas con la implementación de la enseñanza virtual, traen como consecuencias una mayor desprotección frente a los flagelos que mencionamos. Dicho de otra manera, propician la trata de menores, los matrimonios de adolescentes y el trabajo infantil.

Este empobrecimiento estructural es insostenible, como lo señalara el Papa Francisco en su reciente intervención frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando dijo que los síntomas de desigualdad “revelan una enfermedad social”; precisando que este “es un virus que viene de una economía enferma. Es el fruto de un crecimiento económico injusto, que prescinde de los valores humanos fundamentales”.

Es también el fondo del asunto al que el gobierno debe llegar, ahora con más razón y determinación que nunca frente a la urgencia de colmar las diversas brechas que se han profundizado en la sociedad. Brechas que dejan a nuestros niños, niñas y adolescentes todavía más desprotegidos que antes.

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/opinion/no-pueden-fallar-8865760.html

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¿Crímenes de lesa humanidad?

Por: Elisabeth de Puig

El derecho al aborto en las tres causales que se debate en nuestro país es una deuda democrática de respeto hacia la autonomía y libertad de las mujeres que no deben verse forzadas a llevar a término un embarazo de alto riesgo físico o psicológico o producto de una violación.

Leí en el periódico El Caribe la semana pasada el artículo de un eminente periodista y escritor que tacha el aborto de crimen de lesa humanidad, como lo han venido haciendo grupos opositores al aborto en varios países, usando una falsa asimilación de contextos y hechos para radicalizar sus posturas. Con estas tergiversaciones dejan entender que el aborto es un crimen como los que cometían los nazis para asegurar la pureza de la raza aria durante la segunda guerra mundial.

Esta práctica de confundir con el vocabulario deja evidencia de cómo las palabras adquieren valores diferentes según las posiciones desde las que se las enuncia. La misma produce una peligrosa y malévola amalgama, chocante para todos aquellos que -de una u otra manera- han sido víctimas o descienden de víctimas de crímenes de lesa humanidad como el holocausto, genocidios, crímenes de guerra, o los crímenes ejecutados por las dictaduras chilenas y argentinas.

Molesta sobremanera que se use tal retórica cuando la definición de los crímenes de lesa humanidad es inequívoca, “sonaquellos delitos, especialmente atroces y de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, cometidos para aplicar las políticas de un Estado o una organización”.

Los detractores del aborto salen de los fundamentos que les han servido de base hasta ahora, basados en creencias o ideologías vinculadas a la religión, recurriendo de manera consciente a conceptos que no corresponden a la especificidad del aborto usando desviaciones discursivas para desvirtuar el debate.

Reivindican el derecho a la vida del feto olvidando, de plano, que la mujer embarazada sería detentadora del mismo derecho. En la República Dominicana enarbolanel artículo 37 de la Constitución, el cual establece que “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.

Empero, no se trata de un principio universal sino de una convención establecida por los legisladores como es el caso, por ejemplo, del Código Civil Español, que indica en su artículo 29 “[e]l nacimiento determina la personalidad”.

Se debe tomar en cuenta que una constitución es un conjunto de normas que no se pueden dividir y que garantiza otros derechos, como el derecho a la dignidad, establecido en el artículo 38 de la constitución dominicana, o el derecho a la integridad física, psíquica, y moral, y a vivir sin violencia fijado en el artículo 42.

Es dentro de esta línea que se pretende, a partir de una interpretación restrictiva de la Constitución, ignorar la existencia de otros derechos impidiéndole, por ejemplo, a una mujer que ha sido violada optar por poner fin a un embarazo fruto de este acto de violencia, sustentando su derecho en la Carta Magna.

El derecho al aborto en las tres causales que se debate en nuestro país es una deuda democrática derespeto hacia la autonomía y libertad de las mujeres que no deben verse forzadas a llevar a término un embarazo de alto riesgo físico o psicológico o producto de una violación o recurrir a un aborto en situación de clandestinidad en entornos insalubres.

Esa opción forma parte de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes que figuran en los acuerdos internacionales suscritos por República Dominicana, además de estar prevista en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La mujer del siglo XXI no es un mero objeto reproductor, sin permiso para tomar decisiones sobre su cuerpo y sexualidad, sin capacidad de resolución de conflictos, sin posibilidad de vida ni pensamiento autónomo, subyugada a diversos poderes religiosos, parlamentarios, médicos y jurídicos fundados sobre una idea de dominio masculino.

Los defensores de las tres causales defienden la restitución de la autonomía de las mujeres mientras los opositores a éstas consideran que el feto es un sujeto de derechos que prevalecen sobre la mujer que lo porta en su vientre.

Los derechos son universales e innegociables, las ideologias o creencias son individuales.

Fuente: http://otrasvoceseneducacion.org/wp-admin/post-new.php

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