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España: «La primera palabra que aprendí en castellano fue negro de mierda»

«La primera palabra que aprendí en castellano fue negro de mierda»

Se expresó en términos rotundos; el Tribunal Supremo (TS) ha confirmado –el 22 de enero– que la devolución de menores de nacionalidad marroquí, desde Ceuta hasta el reino alauí, que las autoridades españolas ejecutaron en el verano de 2021, tuvo un carácter ilegal, informó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un comunicado.

Además de la “absoluta inobservancia” de lo establecido en la Ley de Extranjería (como un procedimiento administrativo individual, o información sobre la situación de cada afectado), “se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores marroquíes”, según la sentencia del alto tribunal, de acuerdo con la Fiscalía.

Respecto a la citada vulneración, subraya la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, tiene lugar “cuando se pone a una persona en serio peligro de sufrir un padecimiento corporal o psíquico, lo que no puede negarse que ocurriera en este caso (…)”.

El TS rechazó, con algunas de estos argumentos, los recursos planteados por la Abogacía del Estado y de la Ciudad Autónoma de Ceuta; por el contrario en la sentencia, los magistrados estiman el razonamiento de la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces, que respaldaron a los menores marroquíes.

Campañas como CIES No de Valencia o el Centro de Derechos Humanos Irídia, de Cataluña, difundieron el 22 de enero en las redes sociales la resolución judicial; además Irídia ha promovido una recogida de firmas -mediante una carta digital- para exigir el respeto a los derechos humanos en las fronteras.

Además de la devolución en caliente de centenares de personas, el primer parágrafo de la carta recuerda “la actuación policial conjunta (española) con fuerzas de seguridad de Marruecos el 24 de junio de 2022, que tuvo como consecuencia la muerte de al menos 37 personas y la desaparición de decenas, así como la falta de investigación efectiva de los hechos”; o el fallecimiento en las rutas migratorias para llegar al estado español -desde 2018- de más de 12.500 personas.

Denuncias de relieve son las que plantea, asimismo, la Federación SOS Racismo en el informe de 2023 Sobre el racismo en el estado español. Límites, impactos y propuestas frente al racismo estructural, presentado en diciembre; en otro documento de junio, la ONG registró 740 denuncias de discriminación, 250 de ellas por “racismo institucional” y 126 casos que estaban relacionados con la “negación de acceso a prestaciones y servicios públicos”.

El último informe (diciembre) presenta los resultados de una investigación cualitativa, basada en la recopilación de 70 entrevistas semiestructuradas y en profundidad; seis grupos de discusión y seis entrevistas a “agentes clave” que intervienen en estos procesos; el trabajo empírico se realizó –durante la primera mitad de 2023- en Aragón, Catalunya, Bizkaia, Galicia, Gipuzkoa y Navarra.

En las 70 entrevistas participaron 33 personas migradas, racializadas y gitanas (la mayoría mujeres) y 37 agentes institucionales; más de la mitad tenían entre 29 y 50 años, y procedían de 31 países; en la investigación tomaron parte un total de 120 personas, sumadas las entrevistas y grupos de discusión.

Entre otros datos significativos del reporte, el 59% de las 70 personas entrevistadas considera que el racismo estructural no forma parte de la agenda política; asimismo el 63% de este grupo (44 personas) declara que ha vivido alguna discriminación racista; son víctimas principalmente las mujeres, el 67% (28), mientras que, en el caso de los hombres, afecta al 33% (14). El mayor grupo de personas que ha sufrido esta discriminación tiene entre 40 y 50 años (22).

El documento de SOS Racismo incluye testimonios, como el de un hombre de 32 años, proveniente de Senegal, que cuenta algunas de sus experiencias en el estado español: “La primera palabra que aprendí en castellano fue negro de mierda y se la decían siempre en clase a un chico, reía y se reía toda la clase; he vivido racismo durante todo el tiempo y racismo duro; éramos la primera familia negra africana del pueblo (…); he tenido mis agresiones cuando soy el único chaval negro en grupos de chavales blancos”.

Y el de una mujer nicaragüense, de 40 años, con papeles, empleo y estudios secundarios: “Me han infravalorado por el hecho de venir de fuera, he oído comentarios como que venimos a ‘quitarles las ayudas’ (…); discriminación laboral fue lo que me pasó; en la vivienda te piden un mogollón de papeles a veces aunque tengas el dinero; y en el entorno donde estoy estudiando, lo vivo también, estoy viviendo racismo y en mi trabajo igual”.

En el desglose de testimonios recogidos en las entrevistas, SOS Racismo accedió a los siguientes datos (denuncias por discriminación); 26 hacían referencia a conflictos y agresiones racistas; 22 a la denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos; a los servicios de carácter privado (20); 19 al racismo institucional; siete a la discriminación laboral y otros seis a la extrema derecha y el discurso del odio.

Respecto al agente discriminador, el 65% de los testimonios de personas migradas, racializadas y gitanas señalan a una entidad pública; además, “el 53% de las entrevistas (al mencionado colectivo) implicaron a particulares como agentes discriminadores”; un porcentaje muy destacado de incidentes racistas no se denuncian.

¿Cuál es el impacto psicológico y en la salud mental? En el 18% de los casos afectó a la autoestima, y -en el mismo porcentaje-, miedo; seguido de la pérdida de confianza (17%); y la ansiedad, la culpabilidad y la evasión (14%). Asimismo, en el ámbito psicosocial, se destacan otros efectos como la frustración, la rabia/ira, la tristeza/depresión y la desconfianza.

“He recibido tanto racismo aquí que no me han permitido sentirme española, aunque así lo ponga en mi DNI, no me siento como alguien que pertenece a esta sociedad, porque constantemente me recuerdan que mi color de piel (…); sin embargo, si voy a Etiopía, me pasa exactamente lo mismo, porque me recuerdan que soy europea, por mi piel, mi alimentación, ropa o porque ya no recuerdo tanto el idioma”, afirma una mujer de 28 años, estudiante y procedente de Etiopía.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/la-primera-palabra-que-aprendi-en-castellano-fue-negro-de-mierda/

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El régimen de Boluarte continúa con la represión del movimiento popular de Perú

Por Enric Llopis

Entre las plazas Dos de Mayo y San Martín de Lima se produjeron, el pasado 30 de agosto, movilizaciones contra el ejecutivo de Dina Boluarte, informó el corresponsal de teleSur Ramiro Angulo.

Boluarte accedió a la Presidencia de la República de Perú en diciembre de 2022, como consecuencia del golpe derechista perpetrado contra Pedro Castillo (maestro rural de izquierdas que venció en los comicios presidenciales de junio de 2021).

Los manifestantes pidieron la dimisión de Boluarte Zegarra, una constitución nueva (la actual fue aprobada en 1993) y justicia para las personas represaliadas (las protestas comenzaron a finales de 2022 y se han prolongado durante 2023).

Además, en la marcha de Lima, “se están condenando los abusos policiales y militares que se han cometido en las últimas manifestaciones”, destacó el reportero de teleSur.

El medio comunitario peruano Wayka presentó el 15 de  agosto el informe Vivir con más de 80 perdigones: el proyectil prohibido usado en las protestas; el audiovisual de 15 minutos muestra ejemplos de su utilización –por ejemplo el 19 de julio-, pese a que las autoridades negaran este extremo; “el uso de perdigones injustificado e indiscriminado (por parte de la policía) ha causado muertes y heridos de civiles (…)”, explica el vídeo.

Uno de los casos detallados es el de estudiante de 22 años Rosalino Flórez Valverde, de Cusco, quien falleció en marzo de 2023 tras el disparo de 36 perdigones de plomo por la espalda; o el del puneño de 35 años Gabriel López, conductor de carga pesada y otros oficios, asesinado en enero con proyectiles de plomo (en su cuerpo se hallaron 72 orificios); también el de Armando Quispe, de 34 años, trabajador de la minería artesanal, quien sobrevive con 80 perdigones en su cuerpo.

El régimen de Boluarte reconoció, a finales de julio de 2023, el fallecimiento de al menos 63 personas durante las protestas (otras fuentes elevan la cifra de víctimas mortales –entre diciembre de 2022 y marzo de 2023- a 77); el periódico La República apuntó que Rosalino Florez era la víctima mortal número 61.

En un reportaje publicado en La República por Gloria Purizaca, se detalla que de las 61 personas muertas, “la represión policial les arrebató la vida a 49 de ellos a punta de proyectiles e impactos de bombas lacrimógenas” (No son sólo una cifra. Las vidas de los 49 civiles asesinados en las protestas contra Dina Boluarte, actualizado marzo 2023).

Además este año se cumple el 20 aniversario del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú (CVR), de 2003,  sobre el conflicto armado interno durante el periodo 1980-2000; fue, según el documento de conclusiones, “el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República” (69.280 víctimas mortales).

Una de las notas relevantes es la relación entre pobreza, exclusión social y la posibilidad del impacto por la violencia; así, según la CVR, en el departamento de Ayacucho (región andina), se produjo más del 40% de las  desapariciones y muertes.

En otros términos, el 79% de las víctimas computadas residía en el ámbito rural y más de la mitad –el 56%- tenía un empleo en el sector agrícola y ganadero; asimismo la población indígena resultó afectada especialmente por la violencia: el 75% de las personas fallecidas tenían como lengua materna el quechua u otras lenguas originarias.

Al cumplirse dos décadas del Informe, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú –de la que forman parte organizaciones de la sociedad civil- hizo público un pronunciamiento titulado Continuidades que matan (28 de agosto 2023); las ONG condenaban, entre otros puntos, “el autoritarismo y la violencia que estamos viviendo, con 49 ejecuciones extrajudiciales y masacres que enlutan a nuestro país”.

En cuanto a las situaciones de impunidad, añade el pronunciamiento, “demoras, complicidades y pactos de silencio caracterizan la justicia; si bien en un centenar de casos se ha dictado sentencia, son hechos que ocurrieron hace 30 ó 40 años, como la violencia sexual contra las mujeres (de los distritos) de Manta y Vilca (…)” perpetrados por el ejército peruano entre 1984 y 1998.

Ejemplo de esta tendencia a largo plazo es el Informe de la ONG Global Witness El ambiente mortal de Perú (2014), que recoge el asesinato de al menos 57 defensores ambientales y de la tierra en el periodo 2002-2014; el reporte calificaba entonces a Perú como “el país más peligroso del mundo” para los defensores; la mayor parte de las muertes tenía relación con los conflictos por la tierra, la tala o la minería.

En las últimas fechas se han producido novedades, asimismo, respecto a las denuncias por esterilizaciones forzadas en Perú; así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el 18 de agosto sobre la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de Celia Edith Ramos Durand; murió como consecuencia de una esterilización “sin consentimiento”, en el contexto del denominado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF).

Los hechos se retrotraen al verano de 1997, durante la dictadura fujimorista; la Comisión detalla que la mujer fallecida –quien vivía en el Caserío La Legua, en el departamento de Piura-, fue “sometida a esta intervención y experimentó complicaciones médicas” que derivaron en la muerte; el mismo 3 de julio, el Ministerio de Salud esterilizó a 15 mujeres en el citado caserío, en la ciudad de Catacaos.

Una sentencia relevante tuvo lugar el pasado 12 de agosto; la Corte Superior Nacional condenó a dos oficiales y 16 soldados por el asesinato de 39 campesinos, en la conocida como masacre de la comunidad de Cayara (departamento de Ayacucho), sucedida el 14 de mayo de 1988 durante la presidencia de Alan García Pérez.

Las penas a los autores del delito de homicidio oscilaron –según los casos- entre los ocho y los 15 años de cárcel; los militares formaban parte de dos patrullas cuyos efectivos desplegaron el llamado plan Persecución, diseñado por el Estado Mayor de la Segunda División del Ejército con sede en la provincia de Huamanga (Ayacucho), informó Resumen Latinoamericano citando a La República.

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Mundo: El 42% de los habitantes del planeta no puede permitirse una dieta saludable

El 42% de los habitantes del planeta no puede permitirse una dieta saludable

 Enric Llopis

¿De qué modo recibe Occidente a las personas migrantes y refugiadas que llegan a sus territorios?

En el Reino Unido, el Parlamento aprobó el 18 de julio la ley migratoria promovida por el Gobierno Conservador, que dificulta las peticiones de asilo, facilita las deportaciones y, según ACNUR, “contradice las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y de los refugiados”.

Además a finales de junio, la Corte de Apelaciones de Londres declaró ilegales las deportaciones de refugiados desde Reino Unido a Ruanda, por no considerarse un “país seguro”; pueden recordarse precedentes similares como el de Dinamarca, que –en abril de 2022- expulsó a 300 presos migrantes a Kosovo para que cumplieran en este país las penas de cárcel.

También en Gran Bretaña, el 16 de julio, la BBC informó sobre la barcaza flotante denominada Bibby Stockholm para el encierro de solicitantes de asilo, con capacidad para 500 personas; actualmente el buque-prisión para refugiados se halla en la Isla de Portland (sudoeste de Inglaterra); en la barcaza, iniciativa del ejecutivo de Rishi Sunak,estarán recluidas mientras se resuelve la solicitud de protección internacional.

Por otra parte, en Estados Unidos, la CNN publicó el 18 de julio la siguiente información: “Policías de Texas hicieron retroceder a migrantes hacia el río Grande y se les ordenó no darles agua en medio de las altas temperaturas, según un informe. Temperaturas extremas amenazan a quienes cruzan a Estados Unidos por el desierto”.

Tal vez las razones profundas del blindaje en el Norte global se mencione en uno de los últimos balances de Naciones Unidas (12 de julio): 735 millones de personas pasan hambre actualmente en el planeta, 122 millones más que en 2019, antes de la crisis por la COVID (informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo).

El documento de la FAO detalla que, de 2021 a 2022, el hambre continuó aumentando en Asia Occidental, la región del Caribe y todas las subregiones de África. Otro punto destacado por el reporte es el de la inseguridad alimentaria de carácter moderada o grave, que afectaba a cerca del 30% de la población mundial (2.400 millones de personas) en 2022; se da la circunstancia que 900 millones de personas, de la cifra anterior, padecían inseguridad grave.

Asimismo, según la ONU, “la inseguridad alimentaria afecta de forma desproporcionada a las mujeres y a los habitantes de las zonas rurales” (en 2022 afectó –de modo grave o moderado- a más del 30% de los adultos que vivía en estas zonas).

Si se considera el tipo de dieta, más de 3.100 millones de personas –el 42% de los habitantes del planeta- no podían permitirse que ésta fuera “saludable” en 2021 (ello supone un incremento de 134 millones de personas respecto a 2019).

¿Cómo afectó a la infancia de todo el mundo, en 2022, la deficiencia nutricional? 148,1 millones de niños y niñas menores de cinco años sufrían retraso en el crecimiento, mientras que 45 millones padecían de emaciación (desnutrición aguda) y 37 millones de sobrepeso (frente a las dos primeras, más habituales en el mundo rural, el exceso de peso se da –en mayor medida- en las zonas urbanas).

Ante este escenario de hambre y crisis alimentaria, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló otro impedimento el 12 de julio; “la mitad de la humanidad vive en países que se ven obligados a gastar más en los intereses de su deuda que en salud o educación, lo que significa nada menos que un desastre para el desarrollo”, afirmó.

En 2022 la deuda pública mundial alcanzó los 92 billones de dólares (17 billones en 2002), de los que cerca del 30% corresponde a países del Sur. En concreto 52 países, que suponen un 40% del “mundo en desarrollo”, se hallan en “graves problemas” asociados al endeudamiento (los países con “altos niveles” de deuda han pasado de 22 en 2011 a 59 en 2022), según el estudio Un mundo de deuda (ONU, 2023).

Guterres defendió varias medidas de reestructuración como suspensiones de pagos, alargamiento de los plazos en los préstamos o reducción de los tipos de interés; e introdujo el siguiente argumento: la media de los costes de la deuda son cuatro veces más elevados para los países africanos que para Estados Unidos, y ocho veces más altos si se comparan con los países de la UE con mayores recursos.

Ante la información sobre cerca de 800 millones de personas que sufren hambre, la responsable de Seguridad Alimentaria de OXFAM Intermón, Lourdes Benavides, afirmó que -en los últimos años- “la riqueza de los multimillonarios se ha disparado” por razones como la crisis de la COVID y el conflicto en Ucrania; por ejemplo, “las empresas de energía y de alimentos más que duplicaron sus ganancias” en 2022.

En una nota informativa de la ONG, publicada el 12 de julio, Lourdes Benavides radiografía el caso de Somalia: un tercio de la población padece hambre aguda debido –entre otras causas- a la sequía (“sólo en África Oriental –donde está emplazada la república federal somalí, además de Kenia, Etiopía y Sudán del Sur-, más de 8 millones de niños y niñas menores de cinco años sufren desnutrición aguda”).

OXFAM Intermón y ActionAid profundizan, a partir de la lista Forbes Global 2000, en los desequilibrios de la economía mundial: “Durante los dos últimos años (…), 722 de las mayores empresas del mundo obtuvieron conjuntamente más de 1 billón de dólares anuales en beneficios extraordinarios” (nota informativa, 6 julio).

En el análisis de detalle, las ONG señalan que los llamados beneficios caídos del cielo de estas grandes compañías, aquéllos que superaron el 10% de la media de beneficios en los cuatro años anteriores, escalaron hasta los 1,09 billones de dólares (2021) y 1,1 billones (2022).

Si se considera las 45 grandes empresas energéticas mundiales (en 2021 y 2022), alcanzaron de promedio unos beneficios extraordinarios anuales de 237.000 millones de dólares, concluyen OXFAM Intermón y ActionAid.

La cúspide de la pirámide puede personalizarse en listados –como el publicado por el periódico Cinco Días, el 3 de julio- con los datos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg; titulado Los más ricos entre los ricos y sus patrimonios, el cuadro está encabezado por Elon Musk (Tesla y Twitter, patrimonio de 233.600 millones de dólares), seguido de Bernard Arnault (Louis Vuitton, 200.300 millones), Jeff Bezos (Amazon, 154.400 millones), Bill Gates (Microsoft, 133.600 millones) y Larry Ellison (Oracle, 132.700 millones).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/el-42-de-los-habitantes-del-planeta-no-puede-permitirse-una-dieta-saludable/

 

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Qatar-2022: fútbol y esclavismo en un emirato absolutista

Entre el próximo 20 de noviembre y el 18 de diciembre se celebrará el Mundial de fútbol de Qatar, con 64 partidos, el primero de ellos entre la selección del país organizador y Ecuador.

Pero más allá del espectáculo y los negocios, una investigación del periódico británico The Guardian –publicada en febrero de 2021- reveló que más de 6.500 trabajadores migrantes murieron en Qatar desde que –en 2010- logró la concesión para organizar la Copa del Mundo; la mayor parte de los obreros fallecidos procedían de India, Pakistán, Nepal, Bangladés y Sri Lanka.

El informe subraya que en la última década el país árabe impulsó un programa de grandes construcciones, en buena medida destinadas al mundial. Entre las nuevas infraestructuras destacan los estadios de fútbol, aeropuertos, carreteras, hoteles o sistemas de transporte público.

A pesar de estas informaciones, el pasado 14 de noviembre Televisión Española (TVE) anunció que retransmitirá, “con la máxima calidad de imagen”, cerca de una veintena de partidos; se incluye la final, las dos semifinales y aquellos en los que participe la selección española (el programa de TVE Informe Semanal emitió el 5 de noviembre el reportaje Balones fuera, que documentaba “la explotación de miles de migrantes que han construido, por ejemplo, los ocho estadios donde se celebrarán los encuentros”.

Un actor relevante en las denuncias ha sido Amnistía Internacional. Así, el director de Justicia Económica y Social de esta organización, Steve Cockburn, ha pedido al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se comprometa a constituir un fondo para la indemnización de obreros migrantes, y “se asegure” de que las personas LGTB no son objeto de acoso ni discriminación; “cientos de miles de trabajadores y trabajadoras han sufrido abusos para hacer posible este torneo”, añadió Cockburn.

Otra fuente de interés es el libro Qatar. Sangre, dinero y fútbol, del Periodista Fonsi Loiza, publicado este mes de noviembre por Akal. El también autor de Florentino Pérez, el poder del palco (Akal, 2022) dedica un apartado del ensayo a los patrocinadores del mundial “de la vergüenza”; detalla que la FIFA espera lograr más de 1.400 millones de euros por patrocinios en Qatar.

Entre los sponsor de la Copa del Mundo se hallan firmas como Crypto.com; las estatales Qatar Energy y Qatar Airway; McDonald’s; la tecnológica china Vivo; la cervecera Budweiser; Visa; Adidas; Coca-Cola; Hyundai y Kia (surcoreanas de automóviles); y la multinacional china Wanda.

El texto de 138 páginas, editado en la colección A Fondo que coordina el periodista Pascual Serrano, subraya la doble moral tanto del país organizador como de las empresas financiadoras; según el autor, “Qatar, donde el azar y el alcohol están prohibidos por temas religiosos, permite patrocinadores de cervezas y criptomonedas; a la vez que despedía a 260 trabajadores de su plantilla por la caída del mercado de la estafa piramidal de las criptomonedas, el portal Crypto.com de Singapur se convertía en patrocinador oficial del mundial”.

En la liga de fútbol qatarí (club Al Rayyan), disputó  19 partidos en la temporada 2003-2004 el exdefensa del Real Madrid Fernando Hierro; el expresidente del Fútbol Club Barcelona (2010-2014), Sandro Rossell, llegó a cobrar 2.000 euros diarios en concepto de asesoramiento al mundial de Qatar, detalla Fonsi Loaiza; el exentrenador del Real Madrid e internacional francés, Zinedine Zidane también cobró por ejercer como embajador del mundial de 2022; asimismo se desempeñaron como futbolistas en este país los actuales técnicos del F.C. Barcelona y Manchester City, Xavi Hernández y Pep Guardiola.

Un planteamiento diferente es el del exinternacional francés y futbolista del Manchester United entre 1992 y 1997, Éric Cantona, quien afirmó: “Han muerto miles de trabajadores construyendo los estadios. Es horrible. Y a pesar de ello vamos a celebrar el mundial allí”.

O del actualmente centrocampista titular del Real Madrid, Toni Kroos, quien realizó la siguiente síntesis: “Están sometidos a jornadas sin descanso a 50 grados sin agua potable ni alimentación. No tienen cobertura médica y existe violencia contra ellos (…); hay cosas inaceptables como que se persiga la homosexualidad penalmente”.

Basándose en un informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas (2020), Tendayi Achiume, el autor de Qatar. Sangre, dinero y fútbol señala que puede constatarse en este país un sistema de castas y racismo estructural; de hecho, añade Fonsi Loaiza, la protección de los derechos humanos se limita a los ciudadanos occidentales y nacionales de Qatar, frente a los trabajadores explotados del sudeste asiático o africanos.

Otro aspecto relevante es que en el emirato absolutista los obreros no tienen derecho a la huelga, ni a la afiliación en sindicatos, y a los trabajadores migrantes “se les exige una sumisión absoluta al patrón”, subraya el doctor en Medios de Comunicación, que cuenta con cerca de 182.000 seguidores en la red social Twitter; se da la circunstancia que muchos de estos trabajadores han tenido que abonar entre 400 y 1.500 dólares a agencias de contratación de Estados Unidos e India, que se lucran con el mercadeo.

Además en el texto de Akal se hace mención a la kafala (“patrocinio” en lengua árabe), por el que un obrero ha de contar, para cambiar de empleo, con el permiso del contratador; el emirato regido por la dinastía Al Thani, que se independizó del Reino Unido en 1971, alardea de la abolición de la kafala, pero Loaiza recuerda –a partir de las denuncias de Amnistía Internacional- que la explotación laboral y los abusos continúan vigentes en Qatar.

En un país de 11.600 kilómetros cuadrados (dimensiones similares a la región se Murcia), y con una población de cerca de tres millones de habitantes -de los que más del 80% son inmigrantes-, el incremento de la población extranjera ha dado lugar a un acusado cambio demográfico (Qatar es el único país del mundo en que la inmigración alcanza estas proporciones).

Ejemplo de la situación en la que viven estos “esclavos del siglo XXI” es que el patrón les puede confiscar el pasaporte, y no dejarles que retornen a su país. En condiciones similares trabajan las empleadas inmigrantes domésticas, “que sufren todo tipo de explotación” (cerca 175.000 mujeres desarrollan esta labor en el estado qatarí); “pese a las reformas introducidas, se incumplen los contratos y estas criadas trabajan una media de 16 horas al días todos los días de la semana”, concluye el autor del texto.

Fuente: https://rebelion.org/qatar-2022-futbol-y-esclavismo-en-un-emirato-absolutista/

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Qatar y España: negocios, fútbol y explotación laboral

Por Enric Llopis

50 trabajadores muertos, más de 500 heridos de gravedad y 37.600 con lesiones de leves a moderadas durante 2020.

Es el balance que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó en noviembre de 2021 sobre muertes y lesiones relacionadas con el trabajo en Qatar, a partir de los datos de instituciones médicas que realizan atenciones.

Las bajas y accidentes afectaron principalmente a obreros migrantes de Bangladés, India y Nepal, sobre todo del sector de la construcción. Tres fueron los factores más relevantes de las lesiones graves: caídas de altura, accidentes de tráfico y caída de objetos en las obras.

El informe One is too many: The collection and analysis of data on occupational injuries in Qatar fue editado por el organismo de Naciones Unidas “tras las crecientes peticiones de mayor transparencia y responsabilidad sobre las muertes relacionadas con el trabajo en Qatar, especialmente las relacionadas con los proyectos de infraestructura de la Copa del Mundo de Fútbol”, que se celebrará -en noviembre y diciembre de 2022- en el país árabe.

La FIFA (entidad organizadora del Mundial) tendría que dedicar al menos 440 millones de dólares como reparación a los centenares de miles de obreros migrantes cuyos derechos humanos se han transgredido en Qatar, señala Amnistía Internacional (AI) en el informe Predecible y prevenible, publicado el 19 de mayo. El año de origen de este cálculo es 2010, cuando la FIFA adjudicó a este país los derechos de la Copa Mundial (440 millones de dólares es el monto previsto para premios, recuerda AI).

Pero probablemente la cantidad necesaria sea muy superior, si se considera el reembolso de salarios impagados; de las tasas de contratación “desorbitadas” pagadas por centenares de miles de trabajadores, así como las indemnizaciones por los casos de lesiones y muertes, explica la organización de derechos humanos.

Según la secretaria general de AI, Agnès Callamard, “durante años el sufrimiento de quienes han hecho posible esta Copa Mundial se ha escondido bajo la alfombra. Ya es hora de que la FIFA y Qatar trabajen conjuntamente en un programa de reparación integral”.

Amnistía Internacional ha recogido 16.805 firmas en la Campaña Tarjeta roja a los abusos laborales, dirigidas al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Más de una década después de la concesión, miles de trabajadores “continúan bajo la explotación de patrones sin escrúpulos”  (y tienen dificultades para cambiar de empleo libremente), apunta la Petición de AI.

La mayor parte de la población trabajadora de Qatar son obreros migrantes, que proceden de África y Asia; han tomado parte en la construcción de los campos de fútbol, carreteras, metro y otras infraestructuras; cuando comience el Mundial, recuerda AI, trabajarán en hoteles, restaurantes y medios de transporte.

Según la Campaña, “miles (de trabajadores migrantes) han perdido la vida como consecuencia de las condiciones de trabajo, que incluyen jornadas laborales interminables, al aire libre y soportando altísimas temperaturas. Además, sus muertes no han sido investigadas (…); Aunque se han hecho progresos en materia de derechos laborales, los continuos abusos demuestran que Qatar y la FIFA aún tienen que hacer mucho más (…)”.

El Informe de AI sobre La situación de los derechos humanos en el mundo 2021-2022 señala que la clase trabajadora migrante en Qatar tiene prohibido organizar sindicatos o afiliarse a estos; además constata que los poderes públicos restringen la libertad de expresión y silencian las voces críticas; uno de los represaliados, detalla el reporte, fue el bloguero y activista por los derechos de los trabajadores migrantes, Malcolm Bidali: encerrado, sometido a juicio y multado, tuvo finalmente que abandonar el país.

Asimismo las mujeres continúan discriminadas en la legislación y en la práctica, “en virtud del sistema de tutela masculina”. Por ejemplo, remarca el Informe, necesitan el permiso del padre, hermano, abuelo o esposo para casarse, viajar al extranjero hasta cierta edad y recibir algunos servicios de salud reproductiva; también la legislación qatarí les dificulta el divorcio. Por otra parte, “el Código Penal seguía tipificando las relaciones homosexuales entre hombres como un delito punible con hasta siete años de prisión”.

¿Han tenido trascendencia estas denuncias en el estado español? Con motivo de su visita oficial a España, iniciada el pasado 17 de mayo, el Emir de Qatar Tamim Bin Hamad Al Thani y su esposa, la jequesa Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani, mantuvieron un encuentro con Felipe VI de Borbón y Leticia Ortiz en el Palacio de la Zarzuela (el jeque y la jequesa se alojaron en el Palacio de El Pardo).

“Agradecemos la confianza que Qatar ha demostrado en nuestra economía y su decidida voluntad de seguir siendo uno de los principales inversores en España”, afirmó Felipe VI durante la Cena de Gala en honor del jeque.

Además, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Estado español otorgó el 10 de mayo el Collar de la Orden de Isabel la Católica al mandatario qatarí, y una semana después –también mediante Real Decreto- la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la jequesa.

A las condecoraciones durante la visita de tres días se sumó el Ayuntamiento de Madrid; el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, del PP, entregó las Llaves de Oro de la Villa de Madrid a Tamim Bin Hamad Al Thani, quien firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento.

El 17 de Mayo Almeida resaltó el medio siglo de “plena amistad y sintonía” en las relaciones entre el Estado español y el Emirato qatarí -“gracias a los jefes de Estado”-, que han sido “cruciales”, y constituyen “dos argumentos definitivos contra los que creen que las monarquías son cosa del pasado”. Asimismo el alcalde valoró la celebración del trofeo futbolístico “para la configuración económica de una nación y su contribución a la proyección internacional”.

En su discurso del 18 de mayo en el Foro Empresarial España-Qatar -organizado por la CEOE-, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subrayó que los dos países “comparten la afición al deporte del fútbol. Tenemos la seguridad de que el evento va a ser un éxito rotundo”.

Sánchez puso énfasis en la relevancia del Fondo Soberano de Inversión de Qatar (QIA, siglas en inglés), uno de los mayores del mundo, que ha realizado “importantes inversiones” en empresas como Iberdrola (de la que es accionista principal desde 2011); la inmobiliaria Colonial, El Corte Inglés, el Grupo PRISA, el Banco Santander o el grupo de aerolíneas IAG, del que forma parte Iberia. Durante el viaje de estado, el emir anunció la pretensión de invertir en España 5.000 millones de dólares en los próximos años.

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Experiencias populares en América Latina: una nueva cosmovisión

Experiencias populares en América Latina: una nueva cosmovisión

Fuentes: Rebelión

«Zumba la Turba» es una radio comunitaria, alternativa y popular que emite en el 99.5 de la FM desde la ciudad argentina de Córdoba, de más de un millón de habitantes. Se trata, según definen los integrantes del colectivo, de un proyecto «político-comunicacional» autogestionado. Los orígenes de «Zumba la Turba» se retrotraen a 2010, «al […]

«Zumba la Turba» es una radio comunitaria, alternativa y popular que emite en el 99.5 de la FM desde la ciudad argentina de Córdoba, de más de un millón de habitantes. Se trata, según definen los integrantes del colectivo, de un proyecto «político-comunicacional» autogestionado. Los orígenes de «Zumba la Turba» se retrotraen a 2010, «al calor de los talleres de armado de transmisores de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)». En la página Web recuerdan el empuje inicial por parte del colectivo Indymedia Córdoba. Actualmente cuentan con programas como «Enredando las mañanas», «La Chispa», «La Nota Azul», «Ladran Sancho» o «Córdoba originaria».

Los contenidos de la página Web permiten acercarse a la orientación del proyecto. «Luego de las detenciones ilegales, la presión popular logró la libertad», tituló el colectivo, en referencia a la liberación de 30 de los 31 detenidos durante la marcha del uno de septiembre en el centro de Buenos Aires, en la que se pedía la aparición con vida del joven Santiago Maldonado. El programa «Enredando las mañanas» conversó con la comunicadora popular de Alba TV, Ambar García, quien explicó «una de las acciones más claras del imperialismo norteamericano» contra Venezuela: la orden ejecutiva de nuevas sanciones firmada por el presidente Trump el 25 de agosto. Además la edición número 111 de «La Nota azul» se inició con una canción del saxofonista Ornette Coleman, y con las siguientes palabras: «Sin luchar contra la represión, el jazz se volvería una música anquilosada, aburrida y estatal».

Otro ejemplo de medio independiente en la ciudad de Córdoba es el periódico digital «La Tinta»; con un año de recorrido, este medio acompaña a la cabecera con un elocuente subtítulo: «periodismo hasta mancharse». Los lectores pueden informarse en «La Tinta» del «Lava Jato Cordobés» (un símil con la macrooperación contra el lavado de dinero desplegada en Brasil, a partir de marzo de 2014) y de cómo «crece el escándalo por las coimas en la gestión de Cambiemos», la coalición derechista que lidera el presidente Macri. «La Tinta» reproduce también un artículo de Florencia Sciutti («El diario La Nación pide ajuste y extraña a los militares»), que rebate otro del empresario Ricardo Esteves en el periódico conservador («Sin equilibrios no habrá desarrollo»). Otro de los textos publicados («Las comunidades originarias en peligro») se hace eco de las reivindicaciones de las organizaciones sociales para que el Congreso argentino vote la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena; de lo contrario, aseguran, más de 1.500 comunidades podrían perder sus tierras.

El periodista y escritor uruguayo Raúl Zibechi (Montevideo, 1952) menciona a «Zumba La Turba» y «La Tinta» como dos referentes de la comunicación autónoma. La radio emite desde el mismo lugar en el que trabaja el Frente de Organizaciones de Base (FOB); En cuanto a «La Tinta», Zibechi aclara que es «cercana» al Encuentro de Organizaciones (EO), «uno de los colectivos con más trabajo territorial en Córdoba». Son dos de las experiencias que resalta, dentro de los encuentros que ha mantenido en los últimos meses con organizaciones sociales de la ciudad llamada «La Docta». Compartió las conclusiones en un artículo publicado en el periódico mexicano «La Jornada» el uno de septiembre.

A los 20 años de que se iniciaran las luchas del movimiento piquetero (1997-2002), también recordó la importancia de iniciativas como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que agrupa entre otros a cartoneros, campesinos, feriantes, artesanos y trabajadores de empresas recuperadas. O los procesos de toma de tierras y recuperación del territorio; por ejemplo en Parque Las Rosas, donde una treintena de familias han levantado sus viviendas tras resistir a la policía. «Hay cooperativas de carreros que recogen residuos, las hay de limpieza y de otros servicios», subraya el colaborador de Brecha y La Jornada.

El artículo se centra en Córdoba, pero el investigador inició la larga travesía militante por América Latina -singularmente por los territorios andinos- en 1986. En sus libros también se hace eco de los procesos organizativos de los «abajos», y de las resistencias de los movimientos urbanos, campesinos y comunidades indígenas. Así lo hizo en «Descolonizar la rebeldía», publicado en 2014 por iniciativas sociales Zambra y Coordinación de Luchas contra la Precariedad Baladre. En el libro de 286 páginas aborda la revolución «descolonizadora» del zapatismo, de la Corriente Villera Independiente en la villa 31 (Retiro) de Buenos Aires; y de las movilizaciones masivas de junio de 2013 en 353 ciudades de Brasil.

También explica las resistencias de 2008 en el Plan 3.000, una gran barriada pobre en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), el «corazón del racismo»; el movimiento de ocupación y autogestión de liceos en chile (2011), el Encuentro Continental por el Agua y la Pachamama, celebrado en 2011 en la ciudad de Cuenca (Ecuador); las experiencias de autonomía urbana en la Comunidad Habitacional Acapatzingo, en México, «una de las más formidables de América Latina», afirma el autor del libro de Zambra y Baladre; la oposición a la especulación inmobiliaria y las ferias agrícolas de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay; las resistencias de la población de Cajamarca, en el norte de Perú, a la explotación minera (de oro y plata) por parte de una multinacional estadounidense; o la red de comunidades Cecosesola (Central de Servicios Sociales del Estado de Lara), dedicada a la producción agrícola, servicios de salud, transporte, ahorro y préstamo en el Centro-Occidente de Venezuela.

En «Descolonizar la rebeldía» y en otros textos de Zibechi publicados por Zambra y Baladre -«Latiendo resistencia. Mundos nuevos y guerras de despojo» (2016) y «Territorios y resistencia: cartografía política de las nuevas periferias latinoamericanas»-, el autor cuestiona los gobiernos progresistas de América Latina (se refiere, por ejemplo, a la formación de un «nuevo bloque de poder» en Uruguay; o a la construcción de un «nuevo modelo de dominación» en Ecuador»). En ocasiones la carga crítica se advierte ya en el título del libro; «Brasil potencia: entre la integración regional y el nuevo imperialismo» (2012). Otra idea central es la necesidad de descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas de rebeldía; y, para ello, aprender de las experiencias propias: las revoluciones que lideraron Tupac Amaru, Tupac Katari y Bartolina Sisa, en el caso de los pueblos quechua y los aymara; el ejemplo del cacique Manuel Quintín Lame para los indígenas nasa del cauca colombiano; la presencia del toki Lautaro en el pueblo mapuche y de Emiliano Zapata en las luchas del movimiento zapatista.

Pero no sólo es cuestión de prácticas, referentes, experiencias y reconstrucción de imaginarios. La «alternativa» del Buen Vivir implica, según el periodista e investigador, romper de modo drástico con la cultura occidental y las ideas de modernidad, progreso y desarrollo. En la entrevista, de Michael Hardt y Álvaro Reyes, con la que se inicia el libro «Descolonizar la rebeldía», Zibechi aporta una perspectiva profunda de esta idea. «Caminamos sobre las huellas de nuestros antepasados», afirma un líder indígena de Ecuador. Esto significa que, al contrario de lo que ocurre en la modernidad occidental (las acciones se orientan al futuro), en las cosmovisiones indias el pasado es el inspirador de las acciones. «El pasado no está muerto, como dice Marcos en ‘Votán Zapata’, un texto central del zapatismo», recuerda el investigador uruguayo. Esta idea del pasado «cuestiona de raíz la teoría revolucionaria ilustrada, marxista y también anarquista, que miran hacia adelante».

Echar la vista atrás no implica construir un mundo nuevo (tras una ruptura, según la idea occidental de revolución), sino en cierto modo ordenar el mundo, alinearlo con un orden cósmico (superior); y recomponer equilibrios que se habían alterado. Así, el Pachakutik no plantea la creación de algo nuevo, sino del «retorno»: la vuelta de aquello que se había relegado a los márgenes y, por lo tanto, oculto. El Pachakutik implica asimismo una concepción del tiempo no lineal, sino cíclica (hay algo que termina, mientras brota lo nuevo). En la entrevista se aclara que estas ideas pueden también hallarse en el Carlos Marx de «La guerra civil en Francia», cuando al referirse a la Comuna de París apunta que la revolución ya se encuentra, en germen, en el seno de la sociedad burguesa.

Una tercera idea resaltada por Zibechi es que la sociedad supone un conjunto de individuos y relaciones complejas, que no se pueden planificar ni predecir como haría una divinidad omnipotente; esto supone cuestionar la idea de que el futuro sea previamente moldeable; y también la relación «colonial» sujeto-objeto. Además, según Marcos, «los medios son los fines». «Pero todo esto no tiene nada que ver con la idea tradicional de revolución», añade el periodista uruguayo. Sí, con algunos planteamientos de Nietzsche (la importancia del azar o el «eterno retorno»). Zibechi subraya que movimientos como el zapatista han asumido las ideas occidentales del feminismo, la autonomía o la teoría crítica. «Pero nosotros, ¿estamos dispuestos a incorporar algo de la cosmovisión india?», remata el autor de «Descolonizar la rebeldía».

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

Fuente de la Información: https://rebelion.org/experiencias-populares-en-america-latina-una-nueva-cosmovision/

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Argentina: Compromiso y nuevas metodologías educativas para un mundo en colapso

Compromiso y nuevas metodologías educativas para un mundo en colapso

Fuentes: Rebelión

La obra, de 240 páginas y 22 artículos, está orientada a las estudiantes, docentes, educadoras y trabajadores de la intervención sociocomunitaria.

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”, afirmaba el expresidente de la República Sudafricana y líder en la lucha contra la segregación racial, Nelson Mandela. Partiendo de esta premisa, coordinación Baladre e Iniciativas Sociales Zambra han editado el libro colectivo Miradas que educan. Diálogos sobre educación y justicia social, coordinado por el pedagogo Juan José Vergara y el profesor Francisco J. Murillo. La obra, de 240 páginas y 22 artículos, está orientada a las estudiantes, docentes, educadoras y trabajadores de la intervención sociocomunitaria.

El pedagogo, docente (con más de 35 años de experiencia) y presidente del Laboratorio de Innovación Educativa (LABINE), Juan José Vergara, recupera una de las frases célebres del filósofo Jean-Jacques Rousseau, como referente de las Metodologías Activas: “La mejor escuela es la sombra de un árbol”. Asimismo recuerda las cifras de UNICEF (diciembre 2020) sobre el precipicio digital infantil: dos de cada tres niños en edad escolar del planeta (1.300 millones) no tienen conexión a internet en sus casas. Y en India, “más de 50 millones de niños y niñas no son capaces de leer su nombre”.

Ante un mundo “desigual, injusto e inhabitable”, Vergara defiende una mirada distinta del aprendizaje, en que éste no quede reducido a una transmisión intergeneracional de contenidos y valores. También valora la creatividad: no existe una respuesta única a los problemas.

“Aprender es una aventura, un acto colectivo y reflexivo en el que se desarrolla el pensamiento crítico; pero además es imprescindible actuar. Aprendemos haciendo, implicándonos directamente en el contexto”, sostiene el autor de Aprendo porque quiero. El aprendizaje basado en proyectos (ABP) paso a paso. Por ejemplo, en el conocimiento de un barrio –por parte de un escolar- recorriendo las calles y hablando con sus habitantes.

Maestro durante más de dos décadas, David Santos Alejo participa en el portal digital y podcast Píldoras de Educación y forma a profesores en metodología y tecnología. En su artículo subraya que más de 3.000 centros educativos públicos del estado español no cuentan con una conexión a Internet de alta velocidad.

Junto a la importancia de la responsabilidad –por parte de docentes y familias- en el tiempo que el menor pasa ante las pantallas, Santos otorga prioridad a la pedagogía; así, “la tecnología en la educación sólo tiene sentido cuando le damos un propósito, una intención”. Propone, por tanto, hacer un uso crítico y humanizarla. A menudo, añade el maestro, la tecnología se utiliza en el aula para sustituir aspectos ya conocidos (por ejemplo libros de texto por digitales).

“La tecnología, por sí sola, sin unas directrices y apoyo, no contribuye apenas en el desarrollo de la creatividad. La tecnología debe ser ‘invisible’ poniendo el foco en lo cognitivo, en la curiosidad, en la experimentación y en la colaboración (…). También debemos ser capaces de gestionar la atención en un mundo digital en el que tenemos un exceso de información”, explica David Santos.

Manuela Mesa forma parte de la Cátedra UNESCO de Educación para la Justicia Social y es codirectora del Instituto de Derechos Humanos, Democracia, Cultura de Paz y no Violencia (DEMOSPAZ). Remata su artículo con una reflexión de María Zambrano, que considera la paz como un ideal situado más allá de un posicionamiento concreto; se trata, según la filósofa, de una revolución, una forma de vivir, de habitar el planeta y ser persona. La Educación para la Paz cuestiona la guerra y la violencia como hecho inevitable o medio eficaz para la resolución de conflictos, defiende Manuela Mesa.

Cita entre otros al pedagogo y psicoanalista austriaco Bruno Bettelheim (1903-1990), autor del libro Educación y vida moderna: “La violencia es el comportamiento de alguien incapaz de imaginar otra solución a un problema que le atormenta”. La socióloga y antropóloga pone el acento en la idea de “cuidado” para el sostenimiento de la vida; la “vulnerabilidad” de los seres humanos; el concepto de “interdependencia”, así como los saberes y experiencias de las mujeres (la iniciativa 1.325 mujeres tejiendo la paz, de CEIPAZ, recoge las historias de vida de Elise Boulding en Noruega; Somaly Man en Camboya; Vandana Shiva en India o Lydia Cacho en México).

En el texto inicial del libro, el profesor en Métodos de Investigación y Evaluación en la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), F. Javier Murillo, resume en cinco puntos la idea de Educación para la Justicia Social; son la inclusión y el trabajo en equipo (profesorado, escolares y comunidad educativa “sienten el centro como suyo y trabajan duro para mejorarlo”).

De hecho, agrega Murillo, el aprendizaje es un asunto de todos: estudiantes, profesores y familias; y ha de promoverse la atención a la diversidad (“nada hay más injusto que un trato igual para personas diferentes”, por clase social, cultura, género o sexualidad); el autor apunta la necesidad de que la escuela trabaje con las asociaciones locales y su implicación en los problemas del barrio; por último, la democracia y participación –por ejemplo mediante las asambleas de aula- ha de cuidarse especialmente respecto a los colectivos marginados.

El artículo Las lentejas de mi abuela: alimentación, educación, feminismo y justicia social, de la educadora popular Alicia Medina, recoge dicotomías como agroecología o barbarie; petrodependencia frente a inter-ecodependencia y la superheroína de ficción Mujer Maravilla en contraposición a Las Kellys (colectivo de mujeres que limpian en los hoteles).

La autora critica que, en la pirámide alimentaria de la educación convencional, se omitan las referencias a la explotación laboral, migraciones en temporadas de cosecha, emergencia climática, publicidad engañosa, contaminación por agroquímicos, origen de la diabetes, cocina saludable o feminismo (según la FAO, las mujeres rurales suponen cerca del 40% de la fuerza laboral agrícola en los países del Sur, “pudiendo llegar a más del 50% en determinadas partes de África y Asia”; sin embargo, menos del 20% de los propietarios de la tierra en todo el mundo son mujeres).

Miembro de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (REDESSCAN) y Baladre, M. Koldobike Velasco propone enfocar las miradas a los derechos y la acción socio-educativa emancipatoria, frente al vigente sistema capitalista, colonial y patriarcal. Y además defiende que todas las personas se conviertan en agentes de transformación, mediante los vínculos comunales; cuidando lo político y politizando los cuidados; o haciendo visibles los conflictos, para resolverlos de modo no violento y buscando la verdad.

La barbarie actual produce cegueras e impone su mirada occidental –androcéntrica, antropocéntrica, etnocéntrica (racista y colonialista)- y su sentido común. “Como nos enseña Foucault, actúa a través de microrrelaciones de poder que son mucho más eficaces por su proximidad e invisibilidad”, afirma la activista.

Sobre las cárceles y los centros cerrados (CIE y centros de menores) escribe en Miradas que educan Emiliano de Tapia Pérez, integrante de Baladre y la asociación ASDECOBA en Salamanca. Resalta que, entre finales de los años 70 del siglo XX y la primera década de la centuria actual, en el estado español, el número de personas presas pasó de 18.000 a más de 70.000.

Las causas más destacadas de la reclusión derivan de “importantes conflictos sociales” no resueltos, como la mayor pobreza y el menor nivel educativo. Emiliano de Tapia considera el siguiente dato para definir la cárcel como un instrumento básicamente punitivo: “El porcentaje de funcionarios de vigilancia se sitúa en torno al 40%, mientras que los de tratamiento no llegan al 3%”; y concluye de este modo: “Vivimos en una sociedad enferma, en la que no existen formas de prevención”.

En el texto colectivo de Zambra y Baladre han colaborado Labine y la Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social. El libro incluye las reflexiones de Raúl Zibechi sobre La Educación popular en los movimientos sociales; Manolo Bayona y Ruth L. Herrero, en torno a Renta Básica de las Iguales y justicia social; e Isa Álvarez y Luis González Reyes, que introducen las perspectivas del ecofeminismo y el colapso, entre otras.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

Fuente de la Información: https://rebelion.org/compromiso-y-nuevas-metodologias-educativas-para-un-mundo-en-colapso/

 

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