También en tierras, Macri favorece a los capitales extranjeros

Por Emilio Marin

El gobierno de Mauricio Macri es particularmente permisivo al capital extranjero. Aguarda una lluvia de miles de millones de dólares de inversión. Una de las áreas donde implora por esa extranjerización es en materia de tierras. Macri siempre preconizó la relación de Argentina con el mundo, pero nunca aclaró los términos de dependencia en los que la concebía. Con velocidad, los argentinos vienen captando el sentido poco soberano de esas políticas. Aceptar en todos sus términos las demandas de los “fondos buitres”, así como emitir títulos por 16.500 millones de dólares para hacer efectivo ese pago, doblando comisiones millonarias al JP Morgan, Deutsche, HSBC, UBS, Citibank y Santander, fue muestra de aquellas subordinaciones.

Abrir en forma indiscriminada las importaciones de productos fabricados en el país, arruinando a la producción nacional -en particular a la pequeña y mediana ya azotados por la recesión- favoreció la concentración y extranjerización de una economía que siempre rengueó por el peso de los monopolios. También resaltaron los beneficios para las petroleras, gasíferas y eléctricas favorecidas por el tarifazo. Y, último pero no menos importante, la ley de blanqueo para que supuestamente 40.000 millones de dólares se acogieran. Ese resultado está más que verde, pero aún en caso de madurar no sería con dinero de regreso a la plaza argentina pues la ley no se lo exige. Bien podrían seguir su plácida estadía en los paraísos fiscales y firmas off-shore, donde Macri, sus familiares y empresarios amigos tienen experiencia de negocios.

En estas semanas hubo declaraciones del presidente y ministros encareciendo la importancia de las inversiones extranjeras. En julio se deben contabilizar sus discursos en las citas con empresarios y presidentes de la Alianza del Pacífico, en Chile; y los pronunciados en Francia, Bélgica y Alemania, con sus respectivas autoridades, más el foro tecnológico en Sun Valley Conference, en Idaho, EE UU. El hombre del PRO insistió en su súplica, para que capitales radicados en esos países vengan a Argentina o bien aumenten sus inversiones los que ya están acá. Lo de Macri es el apotegma opuesto al del maestro Aldo Ferrer, de “Vivir con lo nuestro”. Podría traducirse: “Para vivir, que el capital extranjero se adueñe de lo nuestro”.

Reflejo en tierras.

El punto de vista poco soberanista se plasmó el 30 de junio en el decreto 820/16, por el cual modificó la ley 26.737 aprobada por amplia mayoría en Diputados y el Senado en diciembre de 2011. La norma llevó el nombre de “Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales” y ponía límites a la extranjerización de tierras.

La oposición conservadora que tiroteaba al gobierno de Cristina Fernández y su vocero mediático, Clarín, interpretaron en 2011 que la iniciativa era parte del revanchismo del gobierno ante “el campo”, luego del fracaso de la resolución 125 que establecía retenciones móviles a las exportaciones de granos y en especial la soja.

Ese conflicto se vivió en 2008. Y la ley es bastante posterior, nacida al calor de cierta comprensión, algo tardía y no muy profunda, sobre la necesidad de limitar la expansión del agro-business. Se lo hizo en forma contradictoria, pues en 2012 la presidenta informó, feliz, que se había confirmado la inversión de Monsanto en la planta de semillas en Malvinas Argentinas, Córdoba.

Como fuere, la ley 26.737 fue un buen intento de limitar, aunque no de erradicar, los latifundios e inversiones de capitales extranjeros. Se planteó que una sociedad con mayoría de acciones del 25 por ciento en manos de extranjeros no podría comprar más que mil hectáreas en la zona núcleo, o sea la pampa húmeda (parte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sureste de Córdoba). Las provincias deberían realizar estudios para adecuar esas mil hectáreas a sus propios territorios, donde serían un poco más.

El capital foráneo así delimitado no podría superar el 15 por ciento de la superficie de tierras cultivables rurales del país. Pretextando que las situaciones de las diferentes regiones son disímiles y que la ley no previó todas las realidades de las propiedades rurales (dificultades catastrales, usucapiones, sucesiones, pleitos, etc), el macrismo aprovechó para modificar por decreto 820 una ley de alcance superior. Ya este aspecto ameritaría un pleito judicial y la maniobra gubernamental podría no prosperar.

¿Cuáles fueron los puntos centrales de la modificación oficialista? En vez de definir como extranjera a una sociedad o persona jurídica con el 25 por ciento de acciones en manos foráneas, aumentó ese techo al 51 por ciento. Sólo las que lo superen ingresan en la categoría que tiene impedimentos. Y aclaró que el tope de 15 por ciento de las tierras en manos de extranjeros rige sólo para las superficies rurales, no así para zonas industriales y de otros usos.

Si alguien tenía alguna duda sobre el objetivo macrista, la aclaró el subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrelli, quien sostuvo que “se busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en el decreto 274 del 2012”.Argumentó que el sistema de equivalencias ya que no responde a la realidad del comercio de tierras rurales en nuestro país “ni a las necesidades de expansión del negocio agroindustrial de las provincias”. Eso conjuga perfectamente con Macri, quien en varias oportunidades reiteró su ideal: “no ser el granero del mundo, sino el supermercado del mundo”.

Dime quién te apoya…

La decisión gubernamental fue apoyada por la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR) por considerar que facilitará la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en la explotación de commodities como trigo, maíz, soja y girasol. Así lo expresó el secretario Javier Christensen, quien fue muchos años dueño de la consultora agropecuaria Agroconnection SA, socia del grupo Telecom. La CAIR está presidida por un directivo de Álzaga Unzué y hay muchas empresas que tienen como valores “el relacionar, promocionar y crear vínculos entre las empresas e individuos dedicados a la intermediación de negocios inmobiliarios rurales”. Estos “intermediarios” con el capital concentrado y preferentemente extranjero son los que aplaudieron a Macri por el decretazoy advirtieron que “será necesario hacer más cambios”.

En La Política on-line, el 4 de julio pasado, se podía leer que “la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y Coninagro no emitieron opiniones públicas sobre el tema, aunque en el sector descuentan que están de acuerdo con la iniciativa macrista”. El 16 de julio, Luis M. Etchevehere, titular de la SRA, cortó las cintas de la 130° Exposición de Palermo, y se congratuló por la presencia de funcionarios macristas, entre ellos el ministro de Agro-Industria, Ricardo Buryaile. Estos defensores del “campo argentino” no esbozaron ningún tipo de crítica al proyecto de la extranjerización de tierras.

Esos elogios serán aún más encendidos cuando se haga el acto central de la Rural, con presencia de Macri. Etchevehere podrá decir que al cabo de 14 años por fin un presidente volvió al predio comprado a precio vil y cuya recuperación por el Estado fue frustrado por los jueces amigos.

…Y quién te cuestiona.

El titular de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe, cuestionó el decreto 820/16, rescatando la legislación anterior. Cabe recordar que la ley 26.737 fue aprobada en 2011 por el voto mayoritario del FPV, el sector peronista de Felipe Solá, el FAP de Hermes Binner y una parte de los radicales. En el Senado el único voto adverso fue el del salteño y hombre proclive al latifundio y desmonte, Juan Carlos Romero, ex compañero de fórmula de Carlos Menem. Otro que hizo fuertes críticas fue el núcleo interno de la FAA, “Grito de Alcorta”. Pedro Peretti dijo que se “habilita la venta de 20 millones de hectáreas justo cuando sale la ley de blanqueo de capitales”. “Estoy seguro que parte de esa plata mal habida va a ir a la compra de tierras y el paso que viene es la derogación definitiva de la ley de tierras”, añadió quien pidió la protección de pequeños y medianos productores del agro.

Según su cálculo, de los 230 millones de hectáreas que componen el conjunto de la soberanía territorial, hay 3 millones en manos de norteamericanos, 2.6 millones de italianos y 2.1 de españoles. Al menos 8 millones de hectáreas son de extranjeros, cuestionó en declaraciones a AM840. La conexión entre el blanqueo y las tierras es exacta.

El 30 de junio el Senado votó el polémico blanqueo y el 1 de julio se conoció el decreto ampliando facilidades del capital extranjero. Los Benetton con un millón de hectáreas, Douglas Tompkins, Joe Lewis, George Soros, Ted Turner, Monsanto, Syngenta, Nidera y otras firmas foráneas tienen la tranquera abierta donde ondea la bandera de remate. No son los únicos latifundistas. Los “nacionales” Carlos P. Blaquier con 155.000 hectáreas, y los Martínez de Hoz, que -como comprobó Osvaldo Bayer-, se adueñaron de 2.5 millón de hectáreas con la mal llamada “Campaña del Desierto”, son una plaga latifundista tan nefasta como la extranjera.

Reforma agraria, ¿para cuándo? Daniel Viglietti aún canta “a desalambrar”.

Fuente: http://www.barometrointernacional.com.ve/2016/07/30/tambien-tierras-macri-favorece-los-capitales-extranjeros/

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Monsanto no sólo contamina sino también censura en universidades

Por: Emilio Marín

Se sabía que la multinacional estadounidense está acusada de contaminar en varias partes del mundo. En cambio no era tan conocido que también censura a docentes e investigadores universitarios, de universidades públicas y también privadas.

La mayor semillera mundial, Monsanto, tiene una bien ganada pésima fama internacional, que viene de su producción del defoliante “agente naranja” usado a mansalva en Vietnam, hasta la contaminación ambiental y enfermedades cancerígenas provocadas por el uso del glifosato y el paquete de semillas genéticamente modificadas como la soja transgénica.

La firma basada en Saint Louis, estado de Missouri, no se duerme en los laureles de esa dudosa fama sino que la alimenta en la Argentina. Ya tenía un capítulo abierto por el proyecto de instalación de una planta de semillas de maíz en Malvinas Argentinas, Córdoba, frenada desde 2014 por la resistencia de la población y fallos de la justicia provincial. En vez de meter violín en bolsa, al aguardo de tiempos mejores, la multinacional sumó motivos para el repudio social.

En abril pasado una carta de profesores de la Universidad Católica de Córdoba, universidad de los jesuitas, como reza su logo, denunció que esa casa de estudios había censurado el artículo “Monsanto en Malvinas Argentinas, los contrapuntos en el caso”. Los autores del trabajo, del Comité de Bioética de la UCC, cuestionaban el proyecto empresario por implicar un peligro para la vida y el ambiente.

¿Qué hizo el rector, superior jesuita, Alfonso Gómez? Censuró la publicación y quitó el artículo de la web. Y, en simultáneo, sancionó con el retiro del Comité de Bioética a Mónica Heinzmann, su titular.

Una veintena de profesores de facultades de la UCC difundieron por las redes sociales una nota al rector Gómez, cuestionando su proceder. Consideraron que había actuado por orden y cuenta de Monsanto: “el modo en que se resolvió la cuestión hace pensar en la existencia de poderosos intereses, de esos que no consideran necesario el debate, ya que basta la fuerza del capital para demostrar la contundencia de sus derechos”. Si el rector consideraba injustas las críticas del Comité de Bioética sobre los daños a la salud humana y el ambiente provocados por los agroquímicos, en tal caso podría haber incluido puntos de vista diferentes, pero no censurar lo de Heinzmann y otros especialistas.

Cuando se ingresa al portal de la UCC para averiguar del Centro de Bioética se encuentra que fue fundado en 2001 y su director honorario es Armando Andruet (h), ex integrante del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Entre otras alabanzas, se lo sindica como el único Comité de Bioética del país y que a diferencia de otros similares de origen anglosajón, con centro en ciencias y laboratorios, el de la UCC contendría la preocupación por el medioambiente, lo social, los derechos humanos, etc.

La página oficial se vanagloria: “el Centro de Bioética de la UCC hoy pretende asumir esta realidad (social) nutriendo su reflexión con los aportes de la tradición cristiana que involucra una gran multiplicidad y riqueza de perspectivas, el respeto a la libre conciencia de los seres humanos”.

Se nota que Monsanto no respetó esa libre conciencia…Es tan depredador que incluso tuvo denuncias de la Sociedad Rural, CRA y FAA por su intento de cobrar regalías en puerto.

En Universidad
Las andanzas de la multinacional eran conocidas en la Universidad Nacional de Córdoba. El 8 de agosto de 2014, día del Ingeniero Agrónomo, el decano de Agronomía de la UNC, Marcelo Conrero, firmó un convenio por tres años con Monsanto. Fue en medio de un asado y muchos festejos; muchos de los asistentes dijeron no haberse dado cuenta que en medio de tanto barullo se suscribiera tal compromiso. El asado fue co-organizado por Agroverdad, el programa de Canal 12 (La Voz del Interior-Clarín).

Según el mismo, la facultad haría auditorías y cursos con Monsanto, cuando su planta estuviera en funcionamiento. Esa parte de la alianza había comenzado el mes anterior con el auspicio a una charla con el periodista británico Mark Lynas, según el cual no hay ningún riesgo con el glifosato ni el Round Up. La semilla Intacta RR es una maravilla, igual que destinar 18 millones de hectáreas a ese cultivo. Lynas, un ambientalista arrepentido, disertó para los capitales sojeros de Maizar y en la UNC.

Agronomía colaboraría con la semillera en el nuevo informe de impacto ambiental para justificar su planta. Sería rueda de auxilio de la multinacional, luego que comenzara un tiempo judicial y político adverso para esa polémica iniciativa. Es que la secretaría de Medio Ambiente de Córdoba -que antes había dado luz verde- le bajó el pulgar al informe empresario, cuestionando que no resolvía cómo eliminar los desechos pasibles de contaminación.

En ese arreglo con Monsanto, el decano contó con su secretario general, Jorge Omar Dutto. Casualmente había sido el redactor del primer informe de impacto ambiental, favorable a la empresa y rechazado por el gobierno provincial.

El pacto no pudo pasar el filtro del Consejo Superior de la Universidad, donde fue rechazado en setiembre de 2014. En 2012 la casa de estudios ya se había opuesto al establecimiento de la semillera en esa localidad cordobesa. La votación fue elocuente: 28 votos en contra del convenio y 6 abstenciones. El decano pro soja, ex militante de Franja Morada, debió anular lo firmado por su facultad.

La universidad del entonces rector Francisco Tamarit y vicerrectora Silvia Barei, estaba siendo coherente con lo planteado dos años antes. Y no fueron los únicos, pues el 7 de marzo de 2013, el Comité de Bioética de la Universidad Católica, con las firmas de Mónica Heinzmann, Diego Fonti, Juan Carlos Stauber y José Alessio, se había pronunciado contra Monsanto. Había apremiado a las autoridades con responsabilidades políticas a que “se respeten los derechos humanos, la legislación y la resistencia social”.

Esos tiempos progresistas en la Universidad ya pasaron. Fue ungido rector el conservador Hugo Juri, ex ministro de Educación de Fernando de la Rúa. Y con él subieron varios peldaños Conrero y Dutto. El primero fue promovido a la secretaría de Gestión Institucional de la UNC y el segundo a Pro secretario General. Los amigos de lo transgénico recuperaron poder, en tanto Tamarit y Barei perdieron sus posiciones.

Quien no cedió ministerio fue Lino Barañao, ministro de Ciencia y Tecnología que continuó allí con Mauricio Macri. Es un defensor acérrimo del paquete Monsanto y la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid). En el reportaje dado a Nora Veiras, en Página/12 del 3 de mayo, aseguró que “se comprobó que no hay relación entre el glifosato y cáncer”. Él y el flamante secretario de Medio Ambiente, el rabino Sergio Bergman, son del team de Missouri.

¿Qué dirá el Santo Padre?
Las censuras de la multinacional contra quienes objetan sus productos y procedimientos peligrosos para el ambiente y la salud van en oleadas contra círculos universitarios. A los casos ya comentados se debe recordar la discriminación y persecución sufridas en el Conicet, durante la gestión Barañao, del doctor Andrés Carrasco, ya fallecido, un pionero en las denuncias contra los efectos cancerígenos del glifosato.

Y más acá en el tiempo, en marzo de 2016, la Red de Salud y Ambiente “Médicos de pueblos fumigados” denunció presiones de la multinacional ante la difusión de su informe sobre los agrotóxicos. Monsanto les envió cartas documento intimando a suprimir esa difusión bajo amenaza de acciones legales y juicios.

La organización amenazada expresó que “el modus operandi nos habla de una preocupante limitación a la libertad científica, lo cual merece el rechazo de quienes vemos en la ciencia y los profesionales de la salud la seria responsabilidad de investigar los efectos que estas empresas tienen sobre el desarrollo de nuestras comunidades”.

La entidad había difundido en marzo de 2015, un informe sobre el impacto del cáncer en una localidad cordobesa. Medardo Ávila Vázquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados le declaró a Télam: “los resultados preliminares fueron alarmantes: la población de Monte Maíz tiene cinco veces más casos de cáncer que los estimados en la OMS, un 25 por ciento más de problemas respiratorios tipo asma y casi cinco veces más de abortos espontáneos”.

Estos elementos pueden haber sido tenidos en cuenta por el Papa Francisco en enero de 2016 cuando dirigió un mail a la concejal Vanesa Sartori, de “Malvinas Despierta”, alentando la causa ambiental de quienes resistían a la multinacional. El Papa venía de propagandizar la defensa de la ecología con su encíclica Laudato Sí, de mayo de 2015.

De todas maneras el “flor de tipo el porteño que está en el Vaticano” (diría anteayer Pepe Mujica, de visita en Córdoba) tendría que involucrarse más en esta polémica. Es que la censura y sanciones contra el Centro de Bioética de la Universidad Católica, por cuenta de Monsanto, ameritan su toma de posición. El rector que tomó esas decisiones tan negativas viene de ser el Provincial de los Jesuitas que incluye Argentina y Uruguay, o sea ocupó el mismo cargo que Jorge Bergoglio entre 1973 y 1979.

¿Qué dirá el santo Padre, que vive en Roma? Monsanto está degollando a sus palomas…

Ecoportal.net

La arena

 

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