A combatir el control y reforma educativa de la Junta Fiscal

Por: Emilio Nieves Torres

El reciente plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal el 27 de mayo de 2020 incluye un control directo del Departamento de Educación y la imposición de una reforma educativa. El Plan Fiscal no hace referencia a la Ley 85 de 2018 que recoge la visión de reforma educativa de la actual administración gubernamental. Por el contrario, pretende imponer política pública en el Departamento de Educación.

Para el inicio del próximo año escolar 2020-2021, la JCF le exige al DE crear un plan post COVID-19 de regreso a la escuela y un Task Force para reabrir las escuelas y para la educación a distancia. Es decir que el plan elaborado por el Secretario de Educación y discutido con algunos sindicatos, está sujeto a lo que establezca la Junta. Incluso le señala al Departamento de Educación que hay que hacer reformas curriculares y superar la barrera digital educativa.

La Junta pretende imponer su reforma educativa en la cual establece como prioridad la enseñanza de inglés porque, bajo su filosofía, el trabajador que domina el idioma inglés tiene mejor salario. Con esta premisa discriminatoria, asigna $1.5 millones para adiestramientos a maestros de inglés. Es decir, la Junta se inserta en la política pública del DE para impulsar como prioridad la enseñanza de inglés, como si no fuera parte del currículo la enseñanza del inglés y español. Desconocen o se resisten a aceptar que la defensa de nuestro vernáculo no está sujeto a los dólares, sino a nuestra cultura. Están inconformes con la realidad de que solo el 20% de la población es bilingüe. La verdad es que, si hay que utilizar inglés en asuntos laborales, el puertorriqueño lo asume con éxito. Pero parece que el mensaje de la Junta al gobierno es que, si han fracasado en el proceso de asimilación, ellos van a establecer la ruta.

Por otro lado, la Junta promueve el enfoque STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática), lo cual excluye las bellas artes como plantea el DE con el enfoque STEAM. No conforme con esto, para establecer el control absoluto de la educación pública, le exige al Departamento de Educación definir sus metas y un plan estratégico a 5 años (2022 al 2027) el cual tiene que ser discutido con la Junta.

Ante estas intenciones y otros señalamientos que hace la Junta al DE, ¿cuál va a ser la postura del Secretario de Educación y la Gobernadora ante la intervención de la Junta para establecer política pública? No es suficiente demandar en el Tribunal a la Junta y simultáneamente someterse a la misma. Hay que confrontar a la Junta.

Junta y bipartidismo coinciden en la visión neoliberal de la educación

El Plan Fiscal aprobado establece como filosofía educativa la visión neoliberal. En esto coinciden con el bipartidismo. Indica que en los grados de kínder a duodécimo los estudiantes deben desarrollar las destrezas necesarias para lograr una economía autosuficiente y que se integren a la fuerza laboral. Esto puede parecer correcto. Incluso podemos pensar que es la filosofía que nos conduce a un país autosuficiente e independiente. Sin embargo, se fundamenta en la visión individualista en la cual se descarta la visión comunitaria en la que se forjan los principios de participación democrática, solidaridad y resiliencia. La Junta y el bipartidismo en su ejecución excluyen la dimensión social de la educación. Ignoran la visión constructivista y liberadora de la educación en la cual el estudiante desarrolla conocimientos a través de procesos de construcción social activa. Tampoco les importa implantar el “derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales.” (Constitución de PR Art 2, sección 5)

También coinciden en la visión neoliberal en la cual se promueve la competencia entre escuelas y se utilizan fondos federales para justificar la federalización y la privatización de la educación. La Junta promueve en su plan fiscal la competencia entre escuelas ofreciendo $100,000 a 70 escuelas (10 de cada región educativa) que desarrollen un proyecto de innovación educativa. Este incentivo niega el esfuerzo que desarrollan todas las escuelas (con las limitaciones particulares) e intenta imponer la visión neoliberal de que compitan y sobreviva el más fuerte. Hay escuelas que tienen unos proyectos innovadores porque son escuelas especializadas o las condiciones económicas que rodean la escuela le son favorables. Todas las escuelas pueden desarrollar proyectos de innovación educativa, pero las limitaciones administrativas, tecnológicas y socioeconómicas impiden competir en igualdad de condiciones. Además, las escuelas no existen para competir, sino para educar y compartir las experiencias exitosas. Sin embargo, la Junta, por su naturaleza estrictamente fiscal, pretende imponer medidas neoliberales creando las condiciones para cerrar o privatizar escuelas.

A esto se añade que el organismo federal separó $71.5 millones del presupuesto entrante para pagar incentivos a empleados públicos y agencias si cumplen los requisitos que determine la Junta. En el caso del Departamento de Educación, impone un incentivo de $1,500 a directores escolares y $5,000 por escuela si cumplen con reportar mensualmente la asistencia de maestros y estudiantes. Esta es una información inherente al funcionamiento de las escuelas que no requiere de bonificaciones, sino de medidas que reduzcan o eliminen las deficiencias administrativas y tecnológicas que afectan el salario de los trabajadores y que impiden un registro de asistencia efectivo para maestros y estudiantes.

Esta repartición de dinero representa el intento de la Junta de justificar su intención de establecer política pública y de generar opinión pública a su favor, ante el evidente rechazo del pueblo a su política de austeridad.

Reto a los defensores de la educación pública  

Todo esto representa un enorme reto para las organizaciones magisteriales y las comunidades escolares en defensa de la escuela pública y su autonomía administrativa, docente y fiscal.

Estas medidas de la Junta no atienden los problemas fundamentales que han incidido en el aprovechamiento académico de los estudiantes: centralización, politización y burocratización del sistema educativo. Por otro lado, la estrategia del bipartidismo ha sido la federalización y la privatización. La Junta coincide con esta estrategia y busca darle continuidad.

La federalización consiste en definir un currículo que responda a la visión federal y neoliberal de medir el proceso educativo exclusivamente a base del idioma (español e inglés) y las matemáticas. Las ciencias, la historia, las bellas artes, la salud, los cursos vocacionales, la educación física, entre otros no se miden con las pruebas estandarizadas (Pruebas Puertorriqueñas, META, PISA). El éxito o fracaso de un sistema educativo se ha medido con dos criterios que impone la visión neoliberal: idioma y matemática. Este es el mayor fraude con el que tenemos que romper para definir nuestra filosofía educativa y nuestro currículo para luego medir resultados de forma integral, sin estar atados a fondos federales cuyos beneficiarios principales no son los estudiantes, sino las compañías privadas.

La privatización de escuelas públicas se ha traído a Puerto Rico mediante dos estrategias fracasadas en los Estados Unidos: escuelas charter y vales educativos. La ironía es que el argumento principal para justificarlas es que las escuelas y colegios funcionan de forma autónoma y eso mejora el aprovechamiento académico. Precisamente lo que establecía la derogada Ley 149 de 1999 era la implantación de la autonomía escolar: administrativa, docente y fiscal. La resistencia a este cambio vino de las estructuras gubernamentales y sus representantes políticos en las regiones educativas y distritos escolares.

La otra ironía es que, aunque las leyes aprobadas reconocen al maestro como el principal recurso, es el menos escuchado. Tenemos impulsar las propuestas de maestras(os) que reclaman la autonomía docente que permite construir currículo con los estudiantes, crear y elaborar propuestas de desarrollo social, cultural y económico; la autonomía administrativa para tomar las decisiones de organización escolar que mejor respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes y su comunidad; la autonomía fiscal para una sana y transparente administración de los fondos que responda a las prioridades de la comunidad escolar.

Las organizaciones magisteriales, las comunidades escolares y el pueblo tenemos que rescatar la educación publica realizando las acciones pertinentes. Una de ellas es exigir a todos los candidatos a puestos públicos a que asuman posición ante la Junta de Control Fiscal. O la sacan o se someten a su voluntad de gobernar en Puerto Rico. No hay espacio para términos medios o tibios.

Fuente: https://www.claridadpuertorico.com/a-combatir-el-control-y-reforma-educativa-de-la-junta-fiscal/

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Los mercaderes del templo de la educación

Por Emilio Nieves Torres

La aprobación del proyecto 1441 en la Cámara de Representantes evidenció que la prioridad de los legisladores de mayoría es privatizar las escuelas y que los privatizadores puedan hacer negocios con la educación. Esto quedó confirmado cuando el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, presentó la enmienda de que las escuelas  chárter “no podrán cobrar gastos, mensualidades ni matrícula”. Esta era la oportunidad de los representantes de mayoría para derrotar el argumento de que los que administren escuelas chárter quieren hacer negocios con la educación y tener ganancias. Sin embargo, demostraron que su lealtad es con los privatizadores, no con los niños.

La escuela chárter puede cobrar matrícula, establecer una mensualidad y pedir fondos para mantenimiento, limpieza, libros, equipo, tecnología, entre otros gastos. Es lamentable e indignante escuchar, al gobernador Ricardo Rosselló y a legisladores mercadear al estudiante con una suma de dinero. Convierten a los alumnos en clientes de la empresa.

El proyecto 1441 es la legislación más peligrosa para la educación pública porque deroga la Ley 149 que viabiliza la autonomía escolar, dando paso al marco legal para la privatización de todas las escuelas. Entrega el 10% de las escuelas a las entidades privadas. El otro 90% se mantiene en lista de espera para convertirse en chárter.

El Gobernador y los legisladores que apoyan este proyecto parten de la premisa de que la escuela pública no funciona, no sirve y que hay que implosionarla. Sin embargo, son los mismos que van a las escuelas a entregar medallas, certificados, trofeos y otros regalos en las graduaciones, cuadros de Honor, ferias científicas, olimpiadas de matemáticas, “spelling bee”, oratoria, entre otras actividades en las que celebramos el éxito de nuestros estudiantes de escuela pública. Esta es su mayor hipocresía. Su verdad es que la escuela pública es buena para politiquear y mercadearla.

Lo peor de toda esta legislación es que les quita el poder a las comunidades escolares y se lo otorga a la compañía privada y a la contratista que dirige el Departamento de Educación. Mediante la “Carta Constitutiva” el privatizador logrará que la empresa contratista le garantice sus ganancias, la eliminación de los derechos laborales de los trabajadores de la educación y las diversas modalidades de discrimen y segregación contra los estudiantes.

Los maestros de Puerto Rico siempre han demostrado un compromiso social con las comunidades. Si su interés fuese exclusivamente económico estarían conformes con un “aumento” de $125.00 mensuales y con tener trabajo sin protestar.  Pero los maestros tienen los valores de la solidaridad y la justicia para luchar para que los estudiantes tengan una educación pública y de excelencia. Cuando los maestros participan de un paro o una huelga lo hacen por esos valores y la convicción de que su sacrificio es la mayor expresión de compromiso con la educación pública. Puede ser que el gobernador y los legisladores repitan la historia crucificando al Maestro. Pero tengo la certeza de que nuestros discípulos y el pueblo se unirán a los maestros en la defensa de la educación pública, sacando a los mercaderes del templo.

Fuente del Artículo:

https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/losmercaderesdeltemplodelaeducacion-columna-2407051/

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La visión Keleher sobre la educación de Puerto Rico.

Por:  Emilio Nieves Torres.

La Secretaria de Educación que más nos ha costado en toda la historia de la educación en Puerto Rico es la que no ha sido educada en ninguna escuela pública ni privada de Puerto Rico. Tampoco ha estudiado en alguna universidad del país. Al no ser estudiante, ni maestra en Puerto Rico, carece de la experiencia y la formación educativa enmarcada en la cultura puertorriqueña. No basta con hablar español.

El gobernador Ricardo Rosselló nos sorprendió a todos cuando nombra a una persona estadounidense, desplazando a cualquier puertorriqueño(a) que podía ocupar esa posición. Hasta los que elaboraron la parte de Educación en el Plan para Puerto Rico quedaron marginados.

El Gobernador ha sido y es su principal protector. Incluso, contrario a la opinión pública, califica su trabajo durante la emergencia del huracán María como excelente. ¿Por qué? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la estrategia?

Poco a poco ha sido evidente que su nombramiento responde a darle continuidad a la agenda de la pasada administración, pero de forma más agresiva: cierre y privatización de escuelas. La estrategia es aparentar la despolitización de la agencia y que la visión estadounidense de la educación que tiene Julia Keleher sea complementaria a los esfuerzos de federalizar más nuestro sistema educativo, lo cual puede complementar los esfuerzos ideológicos de lograr la estadidad.

En una entrevista radial en la cual le preguntan cómo cataloga a su personal de confianza, Keleher contestó: “Hubiese sido más fácil si fuera posible de que yo trajera de los Estados Unidos gente con la experiencia, como la tengo yo, de cómo se mueve, cómo se monta y cómo se puede transformar el Sistema.” Luego, añadió que no fue así y “acepté el reto.” Hay que reconocer su honestidad en la respuesta, pero también la motivación de un salario de $250, 000 al año.

En ocasiones Julia Keleher ha mencionado el concepto LEA (Local Educational Agency) y argumentaba que para el reinicio de clases iba a implantar el concepto (en medio de la emergencia) para que cada Región Educativa decidiera iniciar las clases cuando el 80% de las escuelas estuviesen listas. Éstas y otras medidas erráticas (como CSA) chocaron con las escuelas de la comunidad que reclamaron romper con la burocracia y abrir las escuelas.

La Secretaria de Educación tuvo que recurrir a lo que las organizaciones magisteriales no patronales y las comunidades escolares plantearon. El proceso era conocer el estado de situación de las escuelas e iniciar el proceso de recuperación de las escuelas con la participación de directores, maestros, padres, estudiantes y la coordinación interagencial (Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas, Autoridad de Edificios Públicos, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica y otras. Si se hubiese seguido esta ruta desde el inicio, nuestros estudiantes no hubiesen perdido entre 15 a 30 días de clases.

La gran lección para Julia Keleher y el Gobernador es que las comunidades escolares y la diversidad de organizaciones en el Departamento de Educación tienen mucho que aportar en el proceso de reconstrucción y transformación del sistema educativo. Quien no está dispuesto a aprender de las comunidades escolares y ejercer un liderato democrático, no puede dirigir el Departamento de Educación.

Fuente: https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/lavisionkelehersobrelaeducaciondepuertorico-columna-2374979/

Imagen: https://samcaraballo.files.wordpress.com/2017/01/julia-keleher-2.jpg

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La desestabilización de la educación pública en Puerto Rico

Por: Emilio Nieves Torres

La intención de la Junta de Control Fiscal, basándose en el Plan Fiscal del Gobierno, para reducir el salario a los empleados públicos, tiene el efecto de eliminar 18 días de clases. Esto no es compatible con el principio de que la educación pública es un servicio esencial.

Provocar que los estudiantes tengan tantos días u horas sin clases, reduce el calendario escolar de 181 a 163 días. Anualmente, equivale a tres meses sin clases. Esta situación trastoca la vida de más de 300,000 familias que desesperadamente, de imponerse la voluntad de la Junta que decide e impone (no que recomienda), tendría que hacer arreglos para y cuido de sus hijos. Por otro lado, ¿qué actividades desarrollarán los estudiantes en ese tiempo libre?

El efecto en la clase magisterial es una reducción mensual de su salario entre $175 y $350. Anualmente equivale a una reducción salarial entre $2,100 y $4,200. A esto se añade la reducción en un 50% del salario de la segunda quincena del mes de julio, dado que el sistema de pago de vacaciones de los maestros depende de lo que acumule con los días trabajados.

El magisterio de Puerto Rico tiene un salario estancado desde el año 2008 y, conforme a las leyes aprobadas por el gobierno de Ricardo Rosselló, así continuará hasta el año 2021.

Miles de maestros gastaron dinero y tiempo preparándose para completar maestrías y doctorados, con la esperanza de alcanzar algún incentivo económico mediante la Carrera Magisterial. Sin embargo, esos incentivos han quedado en suspenso por la pasada y la presente administración gubernamental.

Por otro lado, las medidas impulsadas por el gobierno y la Junta de cerrar los sistemas de retiro y privatizarlos, genera incertidumbre y frustración. Por un lado, el Gobernador firma la Ley 106 de 2017 en la cual se excluye de la medida de privatización de los sistemas de retiro a maestros que cotizaban antes de agosto de 2014. Esto es el resultado de la lucha del magisterio que logró que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional la Ley 160 de 2013 de la pasada administración. Además, las manifestaciones públicas del Frente Amplio Magisterial y las reuniones con legisladores de la Cámara de Representantes provocaron respetar esta decisión judicial.

Por lo tanto, el gobierno asume el pago de esas pensiones desde el fondo general, lo cual dependerá de lo recaudado y del presupuesto que se apruebe anualmente. Esta circunstancia no da certeza al magisterio de un pago de pensión de un 75% y que sea vitalicia.

Esta situación se agrava con la posición de la Junta de Control Fiscal que no reconoce exclusión alguna para el magisterio. Es decir, propone la privatización del sistema de retiro para todos los maestros activos. En el caso de los pensionados, pretende imponer una reducción entre 5% y 25%, mediante una fórmula que pone en peligro las aportaciones para planes médicos.

Todas estas medidas desestabilizan el servicio educativo porque provoca que los estudiantes universitarios desistan de prepararse para ser maestros o aceptarían ser maestros temporeramente. Esto va a aumentar la necesidad de maestros de difícil reclutamiento: inglés, ciencia, matemáticas y español. Además, los maestros que tienen entre cinco y 25 años de experiencia considerarán renunciar, cambiar de empleo o emigrar a otros países. Pero los que dirigen el país e imponen decisiones dictatoriales, no les importa la desestabilización de nuestro sistema de educación pública.

Los que creemos, de palabra y acción, en la educación pública, continuaremos defendiendo a la clase magisterial y el servicio educativo que ofrecen. Estoy convencido de que la educación pública (incluyendo la UPR) es la herramienta principal para superar la crisis social y económica de nuestro país. La lucha continúa.

Fuente noticia: https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/ladesestabilizaciondelaeducacionpublicaenpuertorico-columna-2352211/

Fuente imagen: https://i2.wp.com/laradiodelsur.com.ve/wp-content/uploads/2017/02/PR3.jpg?fit=1200%2C800&ssl=1

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Minas a la educación pública.

Por: Emilio Nieves Torres.

El profesor Emilio Nieves destaca que, aunque la educación es una inversión, no un gasto, no se percibe así en las altas esferas del poder y apoya la lucha de los universitarios

El sistema educativo público lo constituyen el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal, con el aval del gobierno de Ricardo Rosselló, propone recortar $450 millones en la UPR y $300 millones en el Departamento de Educación. La Secretaria de Educación, Julia Keleher, contratada por AAFAF y con un salario de $250 mil al año, es la agente principal de la Junta y el gobernador para imponer estos recortes. Ha anunciado recortes de $300 millones y cierre de 300 escuelas.

Es la misma persona que ocupa una silla en la Junta de la UPR y otra en la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro para Maestros. Con una sonrisa en los labios puede impulsar la ejecución de la educación pública y el sistema de retiro.

La amenaza a la educación pública tiene que provocar la mayor indignación y determinación de actuar para defenderla. El recorte a la educación pública de $750 millones implica aumentar los costos de la educación pública para ponerla al nivel del costo de la educación privada.

A la Junta, al Congreso de Estados Unidos y al Gobierno de Puerto Rico no le importa las consignas de que la educación es una inversión, no un gasto; ni que la educación es un derecho, no un privilegio. Su insensibilidad, arrogancia y visión neoliberal los hace indiferentes a los reclamos y protestas de los estudiantes, maestros, sindicatos y otros sectores de la sociedad civil. Celebran la democracia de que protestamos e imponen la dictadura de los recortes y la austeridad, anunciando que la crisis se va a agudizar.

El pasado viernes 31 de marzo los estudiantes de la UPR, con valentía y convicción, se lanzaron a la calle a defender la educación pública. Ese mismo día los maestros estuvimos en la calle llevando nuestros reclamos ante la Secretaria de Educación. Se convirtió en un día nacional en defensa de la educación pública.

Llegó la hora de ampliar la lucha. Si la educación pública es la herramienta principal de un pueblo para enfrentar la crisis, no se puede dar paso a su destrucción. La UPR es nuestro principal centro docente y el Departamento de Educación es nuestro principal servicio educativo para niños y jóvenes. Tenemos que hacer valer la autonomía universitaria y la autonomía escolar. No seamos esclavos del miedo. Vamos a la calle a implantar la ruta a seguir. Se acabaron las promesas, a implantar nuestras propuestas.

Fuente: http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/minasalaeducacionpublica-columna-2308617/

Imagen: http://rec-end.gfrcdn.net/images/tn/0/290/2200/1386/900/447/2017/04/07/keleheryrrn.jpg

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