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SEP: la reforma en riesgo

Por: Hugo Aboites 
Apareció ya la primera y contundente admisión oficial respecto de la profunda fragilidad de la reforma de la educación en curso. Existe, dice el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el “riesgo de que la reforma no pueda continuar… un precandidato ha dicho… que la echaría abajo” ( La Jornada, 15/3/16, p. 3), en referencia evidente a López Obrador. Ya en junio de 2015 una evaluación tuvo que ser suspendida porque las protestas en torno a ella interferirían con las elecciones en varias entidades federativas, y el episodio echó abajo al entonces secretario Emilio Chuayffet. Pero ahora la situación es mucho más grave. Se trata de toda la reforma, como informa Aurelio Nuño, actual encargado del sector. Las cúpulas que dirigen al país saben muy bien que el problema no es que un precandidato haga una declaración contra la reforma. No, el punto es que gracias, precisamente, a que durante años los maestros han construido una resistencia organizada nacional inimaginable hasta hace apenas un decenio, si un candidato la reconoce genuinamente y retoma su demanda, puede ganar la Presidencia. Aun en términos sólo cuantitativos es posible estimar que un millón (de los más de un millón y medio) de maestros inconformes votaría en contra de una desprestigiada reforma y su evaluación. Habría que sumar luego a sus familias, amigos, padres de familia, organizaciones solidarias…, que pueden multiplicar esa cantidad. No es impensable, entonces, que haya condiciones de echar abajo la reforma, como anticipa la SEP, o más bien, como piensan muchos maestros, que exista la posibilidad de construir con la SEP una alternativa de reforma de la educación (y de evaluación) junto con el magisterio, comunidades, barrios y sectores sociales.

Se está construyendo así, frente a nuestros ojos, una situación inédita en la educación. Por un lado, la fragilidad de la clase política en este tema, pues después de haber aceptado el Pacto por México, y aprobado la reforma a la Constitución y las leyes secundarias en la educación, no puede desembarazarse de esa marca de origen, y le está dejando el campo libre a Morena. Por otro lado, está también la posición de debilidad en que se han colocado empresarios y gobierno al adoptar la línea dura como propuesta fundamental de operación de la reforma. La política de la militarización y los despidos han generado entre los maestros un profundo enojo y, además, una muy justificada desconfianza en una cúpula sindical del SNTE, que al aceptar la reforma se comprometió implícitamente a no defender a los profesores. La militarización, despidos, golpes, descalificaciones, y el intento de soborno mediante premios han hecho que muchos maestros vean con claridad que gobierno e iniciativa privada, y prácticamente todos los partidos, no están ni remotamente de su lado.

Por otro lado, está la fragilidad intrínseca de la reforma, que no ha logrado ni logrará colocarse en el escenario del país como una iniciativa de transformación de la educación, sino que permanecerá como la coercitiva y conflictiva aplicación de evaluaciones estandarizadas. Y eso persigue, castiga, silencia, pero no convoca. Y una reforma de la educación que no entusiasma participativamente a los maestros, estudiantes y comunidades queda entonces como un proceso burocrático centralizado y vertical y, por eso, sumamente frágil. Carente de raigambre social e institucional, al grado que la sola posibilidad de un relevo gubernamental distinto al esperado se considera un enorme peligro.

Ante este escenario se esperaría que los conductores de la reforma (gobierno-empresarios) decidieran tomar algunas medidas que modificaran el talante agresivo y de confrontación de la reforma. Porque finalmente, para ellos, una cosa es aceptar que la reforma cueste el despido a decenas de miles de profesores, pero tal vez se considere inadmisible que le cueste la Presidencia al partido político en el poder. Salvo, claro está, que la propia imagen que proyectan en los medios del éxito de la reforma y de su usual indiferencia impidan al sector dominante, el gran empresariado, ver con más cuidado las implicaciones políticas.

Desde otra perspectiva, el escenario que los maestros han contribuido a crear hace que cobren enorme importancia algunas de las actuales y futuras iniciativas magisteriales. El mantenerlas y fortalecerlas es la única garantía de que la lógica electoral no cobre factura y venga a dominar o subsumir luego al movimiento magisterial. Hablamos de las propuestas alternativas de evaluación y de educación que se ensayan en muy diversas escalas en todo el país; la iniciativa de un Diálogo Nacional por la Educación que está en curso, las propuestas de crear un movimiento amplio que incorpore a todos los maestros sean o no de la CNTE, coordinado con otras organizaciones. Si la coincidencia de elecciones presidenciales-movimientos sociales es, por sí sola, capaz de poner en riesgo proyectos como la de creación de una educación empresarializada, otras iniciativas igual de profundamente lesivas a la nación y a los mexicanos también podrían ser declaradas en riesgo por sus propios autores.

En Veracruz y Morelos está en juego el derecho a la educación de miles de jóvenes en una universidad pública y autónoma.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/19/opinion/016a1pol

Fotografía: politico

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Trump, sí; maestros, no

Por: Hugo Aboites 

Los maestros anuncian cierres de carreteras exigiendo la reanudación del diálogo y, en respuesta, el gobierno prepara la represión. Trump insulta y amenaza con cerrar la frontera de manera permanente con un muro que pagarán los mexicanos; el sector empresarial guarda respetuoso silencio y el presidente lo invita a dialogar en Los Pinos. Aun cambiando todo lo que haya que cambiar, con esa decisión el gobierno deja sin sustento político y ético la postura que adopta con los de casa, los maestros, la de no dialogar y no llegar a acuerdos. Dar un trato digno al indigno y negarlo a quienes han asumido la tarea de ser los mentores de la nación es infligir un golpe aún más profundo a la vapuleada dignidad del país. Son los maestros de escuelas públicas quienes han creado las condiciones para que millones de mexicanos, incluyendo a aquellos que en alguna apartada y polvorienta escuela del norte pudimos aprender a leer y escribir y conocer algo de este nuestro país. Una tarea difícil y siempre mal pagada, pero digna como pocas.

Afortunadamente, apenas hace dos semanas el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) abrió una ruta de diálogo al decidir la suspensión por un año de las evaluaciones a los maestros. Una decisión importante que, en primer lugar, debió contar con la anuencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Porque en un clima político muy galvanizado se sabía que establecer una moratoria, así fuera parcial, a la aplicación de la reforma, necesariamente tendría una lectura política. Y así se manejó en varios medios, como un guiño a la CNTE. En segundo lugar, con esta decisión el INEE confirma lo que en entrega anterior planteábamos ( La Jornada, 20/08/2016), que era perfectamente válido y no vulneraba el marco legal de la reforma educativa optar por no aplicar un tipo de evaluación y dar preferencia a otro, más humano. Ahora, el INEE va más lejos y considera perfectamente legal suspender completamente, así sea por un tiempo, todo tipo de evaluación. Esta capacidad de dejar sin efecto temporal o incluso indefinidamente (como ha venido ocurriendo con la evaluación descrita en los artículos 15-20 de la ley) muestra, con toda la contundencia de los hechos, que la SEP-INEE tiene un espacio enorme de flexibilidad en la aplicación de la ley y, por tanto, un horizonte amplio de negociación. En tercer lugar, es alentador observar que esta decisión suspensiva del INEE no ha generado absolutamente ninguna crítica, comentario cauteloso o rechazo.

Ni siquiera Mexicanos Primero, organización empresarial siempre pronta a señalar con dedo flamígero cualquier desviación de la ley, alguna concesión a la CNTE, o la politiquería en lo oscurito, como se denunciaba respecto de las mesas en la Secretaría de Gobernación. Hay que recordar que ya en el pasado, en junio de 2014, la SEP de Chuayffet suspendió por unas semanas la aplicación de una evaluación, y entonces Mexicanos Primero, junto con el propio INEE, se fueron literalmente a la yugular al secretario acusándolo de violentar la legalidad. Todo esto significa que ahora es perfectamente posible para el gobierno encontrar una salida al conflicto que no sea la de exigir la rendición incondicional y humillante (como Trump exige al gobierno), mediante la no aplicación o suspensión de una parte de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Lo que sigue es que el gobierno federal reconozca lo que está ocurriendo: que sus propias acciones muestran que es posible respetar el marco legal y responder a la demanda de que no se vulneren los derechos de los maestros. Si con la suspensión en los hechos ha abierto una puerta a la negociación, actuando de buena fe, ahora le corresponde explorarla con la otra parte. Si no lo hace, incurrirá en la profunda contradicción ética y política que significa haber abierto una puerta y luego, sin probarla, cerrarla violentamente. Frente al país, los padres de familia, los estudiantes y los propios empresarios que claman por el fin del conflicto, deberá entonces explicar por qué no le apuesta al diálogo, por qué prefiere reprimir al otro. En otras palabras, entrar en la dinámica de desaparecer al otro, políticamente.

El presidente Rafael Correa, de Ecuador, recientemente tomó esa ruta y ahora se dirige al absurdo: ha decretado la desaparición administrativa de la Unión de Trabajadores de la Educación, el sindicato nacional de maestros de ese país. Pero ni los movimientos magisteriales como el actual ni los sindicatos que han sido fundacionales en la historia moderna de América Latina pueden ser eliminados por decreto. Su sustento histórico no es una ley o norma administrativa, han nacido de inconformidades históricas tan profundas (y todavía más válidas hoy) que no pueden dejar de hacerse sentir y reconocerse. Además, en la hora de peligro que se avecina para la soberanía, son ellos, los más despreciados y pobres, los que habrán de proporcionar un sustento de dignidad y resistencia del que en este momento ya no puede prescindirse.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/09/03/politica/019a1pol

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Evaluación: 100 años de devastación.

Por: Hugo Aboites.

La evaluación que hoy se aplica a los maestros nació en Francia hace más de cien años. La  intención era noble, detectar a los niños con alguna deficiencia en el aprendizaje para atenderlos mejor. Pero al llegar a Estados Unidos se transformó en un instrumento de exclusión. Porque se preguntaba a los niños acerca de temas y con palabras que sólo eran conocidos por las familias acomodadas, como “lo que hay en las canchas de tenis”, “las partes de un gramófono”; de ahí que los pobres, los negros, las mujeres, tenían mayores dificultades para responder satisfactoriamente.

Con estos exámenes, cientos de niños que nunca habían visto un juego de tenis fueron declarados débiles mentales y recluidos en internados. Luego este tipo de evaluación se utilizó en el centro de migración de la isla Ellis de Nueva York para detectar a los incapaces mentales e impedirles la entrada como migrantes a los Estados Unidos. Miles de irlandeses, italianos, rusos, judíos fueron devueltos a sus lugares de origen a partir de 1910, reprobados por no saber el nombre de una marca comercial norteamericana o el apellido de un pitcher de beisbol muy famoso,  pero sólo en Estados Unidos.

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En 1914 con la primera guerra mundial los evaluadores se convirtieron en oficiales del Ejército y sus exámenes fueron utilizados para detectar a los cientos de miles de jóvenes que no sabían sumar o no podían completar alguna frase porque no habían ido a la escuela y enviarlos directamente a las trincheras y a la muerte. En los años veinte estos exámenes comenzaron a utilizarse también para identificar a quienes eran considerados con el término técnico de “imbéciles” y se les prohibía tener hijos. Así, por no poner atención y responder bien al examen miles de niñas y niños fueron esterilizados injustamente. Y todavía en los años setenta, los evaluadores con toda frialdad seguían enviando a cientos de niños a ser operados.

Antes de la segunda guerra mundial, los nazis fueron quienes mejor aprovecharon esta tecnología para tecnificar sus procesos de diferenciación racial disfrazándola de baja capacidad mental, y los evaluadores norteamericanos manifestaron su admiración por sus avances.  La locura de la evaluación llegó al extremo de considerar con algún problema mental a grandes sectores de la población americana y eso hizo recapacitar: una nación que se considerara llena de deficientes mentales no podía nunca llegar a ser una potencia mundial. Los evaluadores se refugiaron entonces en la educación, y comenzaron a evaluar a quienes buscaban ingresar a las universidades. Un mercado enorme que generó la industria de la evaluación a cargo de un instituto nacional de evaluación. Estos exámenes servían para diferenciar el acceso a las escuelas superiores. Las mujeres, negros, mexicanos, indígenas, inmigrantes eran rechazados de las mejores instituciones y enviados a escuelas de carreras cortas.

En México, el uso de estos exámenes se convirtió en política nacional en los años noventa al derrumbarse finalmente la idea de la educación gratuita y para todos. Se crea el CENEVAL, para evaluar a millones de jóvenes, para el ingreso a la educación media superior y superior, y logra ingresos por miles de millones de pesos. Y los resultados han sido semejantes, se rechaza a jóvenes indígenas, los de la periferia de las ciudades, los de las clases populares y, sobre todo, a las mujeres. Los suicidios de jovencitas que no lograron ingresar a una “buena escuela” como la UNAM, son sólo una manifestación de la enorme carga de desesperanza que esta nueva industria de la evaluación ha generado en los jóvenes mexicanos.  Sin una posición económica digna, con padres sin trabajo, se acumula un rezago de cientos de miles de muchachos sin perspectivas y, ahora, de manera sistemática y oficial, sin acceso a una buena institución educativa. Por otro lado, movimientos sociales como el de la UNAM en 1999 por la gratuidad y en contra de los exámenes del Ceneval, son en ese sentido, una demostración de que también existen respuestas que, a pesar del alto costo en represión, logran resultados.

Ceneval

Más adelante, al comienzo de los años dos mil, y en nombre de la calidad, se crea en México el INEE, y lo que hasta entonces era una política de medición sólo para los menos de un millón de aspirantes al bachillerato y la universidad. Con la prueba ENLACE se extiende a cerca 15 millones de niños, niñas y jóvenes de primara, secundaria y media superior.  Y, de inmediato, estos exámenes recuperan el espíritu y la nomenclatura de cien años atrás y la gran mayoría de los niños  evaluados resultan con bajos resultados ya no se les clasifica como “débiles mentales”, “imbéciles”, o “incapaces”, sino de manera no muy creativa se les llama “insuficientes”.  Miles de millones de niñas y niños de primaria amanecen a la vida ya cargados  del título oficial de “insuficientes” o “regulares”, sólo por ser víctimas de un examen único que no respeta la diversidad y enorme diferenciación social que sufre el país ni la pluralidad de sus culturas. El examen se convirtió en una farsa y un ritual vacío que el mismo INEE denunció, y ante teles denuncias, fue cancelado.

Con estos exámenes, cientos de niños que nunca habían visto un juego de tenis fueron declarados débiles mentales y recluidos en internados.

Después de 100 años de que una y otra vez estos exámenes estandarizados han reiterado su vocación profundamente hostil para con niños, estudiantes y ciudadanos, no debemos sorprendernos de que a partir del 2013 y a pesar de las promesas de una evaluación integral y contextualizada, finalmente regrese a la idea de un examen único pero esta vez para más de un millón y medio de maestros mexicanos. En toda la historia de cien años, estos exámenes se han presentado siempre como nobles y generosos, son para atender el rezago,  para impedir que nazcan personas que serán infelices por tontos, para asegurar la calidad de las instituciones o, como ahora se dice, supuestamente para ayudar a los maestros a formarse mejor. Pero una y otra vez esta evaluación ha pasado a crear multitudes de afectados, reclutados a la guerra, esterilizados, millones de etiquetados como insuficientes y ahora, miles que dejarán de ser maestros. Todo en nombre de algo que el gobierno no acierta a definir qué es: la calidad.

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Todo este sufrimiento y todo el caudal de víctimas, no acierta a tener resultados. En México, se ha evaluado ya, a casi 120 millones de personas en los últimos veinticinco años.  Y sin embargo, los evaluadores no parecen ser capaces de dar respuesta a dos preguntas fundamentales. Es más, lo más grave es que estas preguntas ni siquiera se plantean:  la primera, ¿qué hemos aprendido en todos estos años de evaluación? ¿Ya sabemos cómo mejorar la escuela? ¿Dónde está el vínculo detallado y preciso entre todas esas evaluaciones y el modelo que  ahora se propone? Tras un cuarto de siglo y más de cien millones de evaluados ¿tenemos alguna evidencia generalizada de que el sistema educativo ha venido mejorando? En realidad la respuesta es negativa, porque ha sido muy fácil evaluar pero no sabemos diagnosticar y mejorar la escuela.

En gran parte porque estos exámenes son hechos para diferenciar, excluir, castigar, no para explicar qué está ocurriendo en la educación. Si sirvieran, hoy sin duda tendríamos evidencias tangibles por montones de esa mejoría. Pero nada se dice, y se sigue proponiendo exactamente lo mismo, que en el futuro, con más evaluaciones se llegará finalmente a un sistema de calidad. Es muy probable que dentro de otros veinticinco años, se nos contará la misma historia.

Esta evaluación no sólo no es un factor de mejora de la educación, sino que contribuye a deteriorarla. Lo fundamental de un proceso educativo, es que es esencialmente colectivo, como la familia. Pero la evaluación busca individualizar, tomar a maestro por maestro, separarlo del resto y colocarlo sólo frente a la evaluación. Enfatiza el individualismo y vuelve indefensos a los maestros y estudiantes. Aprendemos en colectivo, debemos ser evaluados en colectivo.

Debe recordarse además que las grandes transformaciones de la educación nunca han surgido de las estructuras de evaluación. Los cambios y la mejoría de la educación ha sido fruto de colectividades poderosas, de maestros comprometidos y dispuestos a sacrificarse por el trabajo educativo, por contribuir a sus comunidades y regiones. Cualquier mejoría de la educación, cualquier plan, solo puede funcionar apostándole a ese espíritu colectivo y transformador. Como la verdadera evaluación, debe arrancar desde abajo, desde los colectivos escolares, de maestros, estudiantes, en relación con sus comunidades y regiones. De hecho, hasta la Ley General del Servicio Profesional Docente, en el único lugar en que habla expresamente de la mejoría de la escuelas dice que para eso es necesaria una evaluación con la participación colectiva de los  maestros de cada escuela y además dice que, sus resultados no deben implicar sanciones de orden administrativo o laboral.

foroeducativo

La posibilidad de una evaluación distinta fincada en las escuelas, en las regiones, a partir de maestros y estudiantes y en el contexto de comunidades, organizaciones, regiones, es perfectamente posible. Y es posible por algo paradójico. Por un lado, es muy claro que los maestros no aceptarán nunca la reforma educativa actual, y al mismo tiempo, es muy claro que la SEP no está dispuesta a cancelarla. La distancia  entre esas dos posiciones es un tramo tan grande que a mi juicio permite explorar soluciones.

El mismo término “permanencia” que en la Constitución parece obligar a crear exámenes y despedir maestros, en realidad ya existe desde tiempo atrás en el tercero constitucional. Pero nunca nadie ha planteado que se use para expulsar del aula a los maestros.  Y lo más fuerte, es el señalamiento, la persecución, la hostilidad y el enojo contra la existencia misma de un magisterio que resiste.

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El marco legal de la reforma exenta de la evaluación o del despido a los maestros de escuelas particulares, a los de las universidades, a los del Poli, e incluso dice que los trabajadores del INEE estarán protegidos por el artículo 123, pero los maestros no, ¿por qué sólo va contra los maestros de escuelas públicas, los de las regiones del suroeste, los de las periferias delas ciudades, los que han respondido con compromiso a las necesidades y exigencias de las comunidades?

Aplicar este tipo de evaluación y su historia depredadora es una manera de continuar con la política de castigo. El marco legal de la reforma está tan lleno de excepciones, contradicciones y ámbitos de interpretación que, o debe servir para encontrar una solución o debe desecharse.

Ponencia presentada en el Foro “Hacia la construcción del proyecto de educación democrática”. 9 de agosto de 2016.

  • Tomado de: http://vocesnormalistas.org/2016/08/30/evaluacion-100-anos-de-devastacion/
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Diálogo, ¿para qué?

Po Hugo Aboites

Cuando un movimiento social consigue finalmente el diálogo con el Estado, en demanda de un cambio en un marco legal, usualmente la primera respuesta que recibe es que un gobierno no puede modificar una ley, pero esa es sólo una primera respuesta. De hecho, un gobierno sí puede tomar iniciativas concretas en ese campo. Hace apenas unos días, el Senado aprobó el llamado Sistema Nacional Anticorrupción con artículos que provocaron la molestia del empresariado. Se les obligaba a algo remotamente similar a una evaluación: informar sobre el uso de los recursos públicos que reciben. Los empresarios se manifestaron un día en el Ángel de la Independencia, dos o tres días después en los medios; además, solicitaron cita y fueron recibidos por el Presidente de la República y éste escuchó sus reclamos (El Despertar de Oaxaca, 24/6/16 en Internet). Un día antes de que dicha ley fuera promulgada, se anunció la suspensión de la ceremonia que encabezaría el propio Ejecutivo. Y ayer, finalmente, se dio a conocer que la ley volvía a la Cámara para ser modificada.

Por supuesto, nada impide que, con igual premura y eficiencia un gobierno verdaderamente preocupado envíe también al Congreso una iniciativa para eliminar o modificar un marco legal que está causando un gravísimo conflicto en el país. Y para eso valoraría que ya no son algunos días que estas otras personas han solicitado algo similar, sino que cumplen ya más de tres años de exigencia en calles y ciudades, que han organizado decenas de foros, interpuesto cientos de miles de amparos, ofrecido argumentos, y que además han recibido represión, encarcelamiento de sus dirigentes, y ahora hasta el ataque directo de las fuerzas armadas federales con saldo de más de una decena de muertos y un centenar de heridos. Todo lo que otros sectores que se inconforman no tienen que sufrir.

Si se niega a hacer esto, entonces un gobierno que ha firmado cuanto compromiso y tratado de derechos humanos existe, tendría que explicar a profundidad cuáles son las razones para sostener que ante la ley se dé este trato evidentemente desigual. (Además, según el artículo 21 de la Ley General de Educación, para los docentes de escuelas privadas no se prevé nada cercano al despido). El argumento de la SEP suele ser que este marco legal es indispensable porque está en juego el interés superior y el derecho de niños y jóvenes de recibir una educación de calidad, pero lo que nunca existió (pero sí en el caso de los empresarios) fue una discusión previa con los potenciales afectados que encontrara caminos para avanzar sin afectar sus derechos igualmente válidos y establecidos en la Constitución. Suspender por decreto presidencial la aplicación del aparato legal de la reforma educativa o de algunos de sus artículos mientras se lleva a cabo dicha discusión, es una opción que podría ser incluso aceptable para el titular de la SEP, quien por fin respalda el diálogo en Gobernación para dar una salida al conflicto (La Jornada, 24/6/16, pág.3).

Aun en el caso de que la respuesta fuera negativa –con o sin explicaciones válidas– para avanzar por esa ruta hay otras posibilidades. Para explorarlas es necesario tener en cuenta que un gobierno puede moverse según considere conveniente en el laberinto de los intersticios que tiene el marco legal, y de ahí puede resultar una aplicación sesgada, parcial, de la ley. En concreto, en el caso de los docentes de educación pública, en el talante antidiálogo, la SEP había optado por mantener la interpretación más estricta de la ley, porque la Ley General del Servicio Profesional Docente aprobada en 2013, establece dos tipos de evaluación del desempeño de los maestros. Una, punitiva, que evalúa para decidir si se darán por terminados los efectos del Nombramiento del docente (artículo 53). La otra es la evaluación interna, como la llama la ley, tendiente al mejoramiento de la práctica profesional de los docentes y el avance continuo de la escuela (art. 15). Esta última no será punitiva, pues “los resultados de la evaluación interna…… en ningún momento podrán ser causal de procedimientos de sanción, ni tener consecuencias administrativas o laborales” (art. 20). Esto significa que no toda evaluación debe tener como horizonte el posible despido del docente, sino que hay otra evaluación, perfectamente legal, que además expresamente tiene el propósito de mejorar la formación de los profesores y, más todavía, el avance de las escuelas. Si la SEP realmente ha modificado su actitud ante el diálogo, puede ahora hacer una contribución significativa: dejar de insistir en la evaluación punitiva y retomar la interna con la misma determinación.

La estrategia de la mano dura ya ha fracasado rotundamente. Con ella, el movimiento no ha hecho más que fortalecerse. La mano blanda, que busca entrampar y desgastar la resistencia en la mesa de negociación, sería igualmente contraproducente, porque sería vista como engaño, y no como una verdadera disposición a resolver el conflicto. Y para eso, el marco legal no es un obstáculo. Es parte de una ruta que es obligatorio explorar para no sólo resolver un conflicto, sino para dar también pasos para transformar la educación.

*Rector de la UACM

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/06/25/opinion/016a1pol

Imagen tomada de: http://1.bp.blogspot.com/-OJcZYfJvHhw/TkF_6wx-YII/AAAAAAAAACQ/r9jONHUdyRM/s1600/dialogo.jpg

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Maestros y Universidad

Por: Hugo Aboites

Salvo algunos momentos, las universidades no han dejado de contribuir de manera muy importante a darle la razón y argumentos al Imperio, incluso proveyéndolo de armas. El napalm, por ejemplo, esa sustancia gelatinosa inflamable que produce enormes bolas de fuego que arrasan con familias y vecindarios enteros, fue concebido y desarrollado en los laboratorios de la Universidad de Harvard y probada por primera vez en sus campos deportivos. Pero en otras muchas áreas la producción de conocimiento ha sido orientada por las necesidades del Estado y los grandes negocios. Como las simientes, en los años 70, de lo que después se desplegaría por el mundo con el nombre de neoliberalismo (Friedman, Universidad de Chicago). A pesar de la autonomía –ese principio magnífico que mitiga el poder de gobiernos y empresas sobre la orientación del conocimiento–, nuestras universidades no han escapado de la fuerte presión por generar innovaciones, productos y razones al Imperio.

Napalm

En los 90 se describía, por ejemplo, cómo una universidad mexicana, pública y autónoma había establecido un acuerdo con la sucursal de una multinacional que, entre otras cosas, proveía de sistemas a los aviones de caza, tanques y helicópteros de combate de las fuerzas armadas estadounidenses. Según este convenio, la universidad facilita, gratuitamente, investigadores, instalaciones y laboratorios dentro de su campus.

Por otra parte, alguna institución mexicana incluso ha hecho contribuciones al desarrollo de misiles de combate, sin que sirva de consuelo que la beneficiada haya sido la Marina Armada de México, y cientos de universidades participan en convenios con banca Santander (por conducto de Universia).

Además de estos llamativos ejemplos, hay una miríada de proyectos académico-empresariales-gubernamentales que sistemáticamente aprovechan las instalaciones y reclutan al personal calificado de las universidades para campañas de recolección de muestras de especies de la flora y fauna mexicana destinadas a laboratorios trasnacionales, asesoran dependencias gubernamentales, hacen análisis e impulsan programas de estudio diseñados específicamente para determinada empresa. En suma, un subsidio sistemático de recursos públicos al ámbito privado. El folleto de una institución llegaba a plantear como ideal convertirse en un hotel de cinco estrellas para albergar proyectos de investigación de grandes empresas.

Se ha creado así una cultura que ha convertido en huésped distinguido al actor empresarial en la vida universitaria. El problema, sin embargo, es que una institución pública de educación superior y, especialmente, una universidad pública y autónoma que es sostenida con recursos del erario tiene en su ley orgánica un mandato social muy amplio, atender a los problemas nacionales, y es claro que éstos no son necesariamente los del Estado o de las grandes empresas. Como muestran claramente los datos y análisis críticos y los airados reclamos de las manifestaciones que vemos en las calles, la enorme mayoría de los mexicanos tiene necesidades y problemas que no se han resuelto ni se resolverán desde la lógica de la ganancia o la del poder.

ACAPULCO, GUERRERO, escuela de la colonia Nueva Revolución

La vinculación con esos poderes no es un asunto sólo del subsidio que representa el uso de recursos públicos y universitarios a los que menos necesitan, sino también en la progresiva adopción de una visión que acepta que los nuevos conocimientos, la generación de dispositivos y políticas públicas y hasta la formación de jóvenes estudiantes son final y principalmente productos para el consumo privado o estatal, y que por tanto las grandes corporaciones tienen un interés legítimo y prioritario en determinar sus características. Una visión que nazca desde el espíritu mismo de la educación superior pública y, además autónoma y universitaria, va en otra dirección; busca atender los problemas nacionales también desde la perspectiva de quienes los sufren. De ahí que declararvisitantes distinguidos a las maestras y maestros que se manifiestan en la Ciudad de México es una manera real y simbólica de señalar que la visión de quienes sufren y conocen de cerca la situación de las grandes mayorías es la más importante. Provenientes muchos de ellos de las clases populares, encargados de crear condiciones para que se formen millones de niños y jóvenes, los maestros son uno de los sectores con mayor capacidad de entender y manifestar cuál es la situación y problemática del pueblo mexicano a partir, precisamente, de su vivencia en decenas de miles de pequeñas comunidades rurales, las periferias de las ciudades, los barrios pobres de las capitales.

Para tener una posición respecto de la reforma educativa, las universidades deben, por lo menos, escuchar a los maestros y distinguirlos de quienes hoy están dispuestos a arrasar los principios progresistas que todavía mantiene el tercero constitucional. Son dos clases distintas en lucha por la educación.La educación es, reconocidamente, uno de los más graves problemas nacionales, pero, más grave aún, nos dicen, una reforma educativa que busca eliminar a quienes son los más fidedignos portadores y mensajeros de la realidad del país, los maestros. Se busca excluirlos, acosarlos con evaluaciones y eventualmente expulsarlos –como ya lo fueron de la Ciudad– también del aula o del empleo. Así será posible sustituirlos, incluso con egresados de la educación superior capaces de garantizar su eficiencia en la formación de niños y jóvenes de futuras generaciones como parte delcapital humano que demanda reiteradamente Mexicanos Primero.

Fuente: http://impulsoinformativo.net/2016/06/12/maestros-y-universidad/

Imagen de cabecera, de uso libre tomada de http://2.bp.blogspot.com/-QUxlDbka2Pw/UnpyNjWUGGI/AAAAAAAABDY/x18oQq_uTso/s1600/universidad-medieval.png

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Evaluación y el diálogo perfectamente posible

Hugo Aboites

 Según las autoridades, este fin de semana y el pasado se habrá evaluado a una pequeña fracción de las maestras y maestros del país. ¡Pero a qué costo! Lo que en otro tiempo y circunstancias habría sido un tranquilo ejercicio escolar, se ha convertido hoy en un drama preñado de amenazas; de juntas entre funcionarios de la educación y generales de fuerzas federales discutiendo cómo y cuándo llevar a cabo el examen; de transportes aéreos llevando a miles de integrantes de fuerzas federales; de acarreo de otros maestros en helicópteros a fin de evadir la resistencia; de ex militares pertrechados como antimotines creando perímetros de alta seguridad en torno a los lugares de la evaluación, y dando con esto a la evaluación de los maestros una definitiva esencia agresiva, coercitiva e implacable. Se refuerza, precisamente, la imagen persecutoria y punitiva de la evaluación que las mismas autoridades hace unas semanas declaraban radicalmente falsa.

Pero, por otro lado, a la presencia de la fuerza de Estado se opone la resistencia magisterial con manifestaciones en 17 estados y 26 ciudades. Protestas de una intensidad si no mayor, al menos igual a la de 2013. Es decir, mostró su consolidación como oposición permanente, creciente y nacional. A tal punto que ahora la SEP de manera oblicua pero abierta reconoce la fuerza de la oposición: basta que un maestro la invoque como una especie de mantra (la CNTE me obligó a hacerlo) para que justifique su ausencia en el examen. Pero sobre todo se reconoce la fuerza de la protesta cuando en esas reuniones conjuntas se decide que lo mejor es que los maestros presenten el examen de manera fragmentada. Sólo una fracción muy pequeña de más de millón y medio de maestros irán estos días a la prueba, y aun éstos con calendarios diferentes: unos un fin de semana, y, los más peligrosos, en otro. Es una forma de reconocer que el Estado no tendría suficientes fuerzas federales (a menos de que emplee también al Ejército y la Marina, además de los estatales) para vigilar y proteger contra las protestas a cientos de lugares de aplicación.

Las protestas han logrado también mostrar la verdadera cara de la evaluación. Lo que se proponía como una evaluación integral (evidencias, planeación, dictamen del director, prueba de conocimientos) y amigable al contexto cultural local, ahora se ve reducida (basta con que se presenten al examen) a lo que siempre fue su vocación: un examen único de opción múltiple, indiferente y hasta agresivo con las culturas no hegemónicas. Con esto, además, se muestra que el cumplimiento de la evaluación está sujeto a interpretaciones cambiantes de la autoridad.

Si, por su cuenta, la autoridad puede modificar los términos de la evaluación, evidentemente también puede hacerlo en un espacio real de diálogo con los maestros. Mientras eso no ocurra, en el imaginario colectivo (la dichosa percepción) se seguirá alimentando la imagen de que, en la educación, las cosas simplemente no se resuelven y, además, empeoran cada día. Y eso abre la puerta a que entonces sean iniciativas ciudadanas y académicas las que comiencen a criticar y buscar salidas al conflicto. Una señal muy clara de este nuevo proceso es la decisión primero de unos cuantos y, luego, de cientos de investigadores y ahora de miles de estudiosos e interesados en la educación, de agruparse en torno a un texto de Manuel Gil Antón que nace desde el muy importante Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie). En ese texto (que ya firman 5 mil) se dice que la reforma emprendida por la actual administración carece de un proyecto educativo que la guíe y dé sustento, se declaran en favor de “una reforma educativa necesaria y respetuosa del magisterio… que garantice el derecho a una formación intelectual sólida y fortalezca la generación de una ciudadanía crítica y solidaria”. Y para esto, agregan, es indispensable dialogar con los propios maestros, a quienes se les desautorizó socialmente y se les condujo a una situación límite: someterse o perder el empleo. Y ante prácticas de evaluación imperfectas y poco confiables es indispensable otro tipo de evaluación (ver https://www.change.org/p/sep-mexico-por-una-reforma-educativa-necesaria-y-respetuosa-del-magisterio?recruiter=83664753&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive).

Esta voz de miles de muy legitimados académicos constituye un fuerte llamado de atención contra la belicosidad oficial. Dicen: ni la violencia, ni la administración selectiva de la justicia con fines políticos son formas adecuadas para resolver la gran polarización que ha provocado la reforma gubernamental. Es, estrictamente hablando, la voz de la razón y la mesura que afortunadamente se hace presente. Y que refuerza la posibilidad del diálogo y acuerdo, dentro incluso –como ya aquí se ha insistido– del marco legal de la propia Ley General del Servicio Profesional Docente. Porque allí mismo se plantea otra evaluación muy diferente, con los maestros, no punitiva y orientada directamente a mejorar las escuelas y al compromiso de los maestros con esa tarea (artículos 15, 16 y 20). Ese puede ser un excelente y esperanzador punto de partida.

Fuente del articulo: http://revistasinrecreo.com/revista/?p=9

Fuente de la imagen: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Capacitaciones_docentes.png

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15 de mayo

Hugo Aboites

El clima oficial anteriormente existente en la celebración del 15 de mayo proclamaba a los maestros como apóstoles de la enseñanza; pero hoy se les ha convertido en sujetos de desconfianza y hasta de persecución institucional, mediante una evaluación cuyo desenlace puede ser la separación de la docencia o el despido. Eran antes considerados como una presencia tangible en miles de comunidades del compromiso de Estado con la educación para mejorar la suerte de las hijas e hijos de asalariados, jornaleros, empleados, obreros, desempleados, trabajadoras domésticas, pero ahora se les demanda que conviertan a los niños –en palabras de la conducción empresarial que hoy priva en la educación– en capital humano. De ser orgullosos estudiantes de una profesión de Estado, reconocida socialmente, los normalistas pueden ahora ser muertos por policías en una autopista a pleno sol de mediodía y 43 de ellos pueden ser desaparecidos violentamente sin que la SEP emita aún lo que debería ser una enérgica protesta y una reiterada exigencia de verdad y justicia. Hoy el Estado se encarga de convertir a maestros en criminales por la vía de acusar y encarcelar por razones claramente políticas, convertidos en rehenes para amedrentar y contener las protestas de los restantes.

También los maestros universitarios llegan a este 15 de mayo en circunstancias mucho más agresivas y difíciles que las de hace apenas unos años. Se enfrentan a una fuerte tendencia al recorte de los presupuestos universitarios, incluso a retener lo que les pertenece, y las consecuencias las pagan los estudiantes y los trabajadores universitarios, especialmente los académicos. Desaparecen los sistemas institucionales de pensiones, se generalizan las formas de trabajo precario (profesores de asignatura, interinos, temporales), se popularizan los enajenantes sistemas de estímulos, se mediatiza o se vuelve inocua cualquier forma de democracia, se fortalecen las burocracias y apenas hay ya recursos para la investigación y difusión, y para nuevas plazas académicas. Al mismo tiempo, se establecen cada vez más estrictos sistemas de control y supervisión de las instituciones y de los maestros e investigadores. De ser entusiastas constructores de instituciones, de innovadores programas de docencia e investigación (en la UPN, la UAM, UAP, UAS, Veracruzana, Unison y muchas otras) las y los profesores universitarios, como gremio nacional, está ahora desleído, disperso, callado. Sus antiguas iniciativas creativas son sustituidas hoy por programas verticales, burocráticos y enajenantes. Triunfó en medida importante la modernización tecnoburocrática, pero las consecuencias ahora están a la vista.

La posible salida de este marasmo ya no está en las nuevas formulaciones de las viejas tesis de los 90 sobre la universidad del siglo XXI, sino en los nuevos modelos que se construyen a partir de las exigencias y demandas de quienes se rebelan contra décadas de desmantelamiento de la educación pública mexicana. En estos años de anquilosamiento para muchas instituciones y maestros, las grandes propuestas están surgiendo de los movimientos de protesta y exigencia de una nueva educación y una nueva sociedad. Cada movimiento social encierra profundas lecciones para la educación, porque surgen del más elemental motivo, la falta de alternativas y de la necesidad, por tanto, de repensar al mundo de tal manera que se abran nuevas alternativas. La CNTE ha demostrado –a un muy alto costo– por qué en 2013 era indispensable para una buena educación el sostener un diálogo con los educadores. Para impedir que la reforma se hundiera en un conflicto que cada vez más no tiene salida. Las juntas del buen gobierno de las comunidades zapatistas demostraron que con la autonomía, a pesar de los recursos escasos, mucho puede lograrse en la educación. Las escuelas altamiranistas de Guerrero, las integrales de Michoacán, el Proyecto de Transformación de la Educación de Oaxaca, las de Chiapas están mostrando que aún en las peores condiciones de hostigamiento oficial, político y presupuestal los maestros pueden generar visiones, propuestas y ejercicios concretos de una nueva educación. Los movimientos universitarios (hoy emblemáticamente encabezados por el Politécnico) refrendan a su vez la importancia de la autonomía, de la lejanía de la injerencia gubernamental, y la necesidad de cambio de estructuras y relaciones.

Toda esta creatividad que se cuela entre las grietas de una estructura de modernización prematuramente envejecida, es una energía enorme de transformación que se desperdicia. Una SEP e instituciones universitarias abiertas, con estructuras capaces de reconocer y recoger esas nuevas tendencias de cambio, traducirlas a propuestas concretas de carreras, investigaciones, difusión de la cultura pero sobre todo a estructuras de una modernidad distinta. Es decir, nuevas formas de participación y comunicación; nuevas maneras de aprender y enseñar, horizontales, pertinentes, liberadoras; estructuras distintas y horizontales de gobierno; el surgimiento de nuevos roles hombre-mujer, estudiante-maestro, gobernante-gobernado, estudiante-estudiante, y también una relación distinta entre sistema educativo o institución y el trabajador de la educación. Esto, que es lo moderno desde abajo, si se le deja entrar a un sistema o una institución es capaz de provocar una revolución pacífica y profunda. Generar una educación creativa, mucho más noble y rica. Aún en medio de la protesta que hoy arranca, y que anuncia la convergencia de estudiantes y maestros y, precisamente por ella, este 15 de mayo puede ser radicalmente diferente para quienes ven todo lo que está mal y debe cambiarse.

*Rector de la UACM

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/05/14/opinion/016a2pol

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