En declaraciones a Tiempo Argentino, la ministra de educación porteña defendió su gestión a punta de mentira: negó el problema salarial y la falta de vacantes, confirmó el proyecto UNiCABA, y responsabilizó a la docencia de la no implementación de ESI.
Con la llegada de Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), a la Argentina comienza una segunda etapa del plan de guerra contra el pueblo trabajador. A la devaluación de los últimos meses ahora se suma la negociación de presupuestos de ajuste fiscal en todo el país, de esta forma, tanto los empleos públicos cómo los presupuestos de los diferentes servicios sociales están en la mira.
En una entrevista a Martín Suárez de Tiempo Argentino, la ministra de educación de la Ciudad de Buenos Aires respondió a las principales críticas que se hacen de su gestión desde diferentes actores educativos como docentes, estudiantes y familias; habló de salarios, cierre de profesorados, implementación de la ley de educación sexual, falta de vacantes y baja en el presupuesto educativo. Aquí chequearemos cada una de sus principales afirmaciones.
Aumento de salarios: «recién en septiembre»
Sobre la cuestión salarial fue descarnada. La docencia viene reclamando no perder poder adquisitivo, y ha recibido hasta el momento un aumento del 8%, cuando el índice de precios oficial ya confirmó que se superó el 16% y las consultoras proyectan que se superará el 30% durante el 2018. Frente a esto la conducción de UTE anunció un paro de 24 hs al regreso a clases y Ademys uno de 48 hs.
La ministra afirmó que se sentará a negociar «recién en septiembre», cuando haya depositado las otras dos cuotas ofrecidas y el aumento haya llegado sólo al 15%. Extraoficialmente desde el Gobierno afirman que el aumento en el sector público no superará el 20% para cumplir con las promesas al FMI de ajuste fiscal, es decir un recorte de, por lo menos, un 10% del salario real docente.
«La Ley de ESI es responsabilidad de nuestras maestras y maestros»
Luego de pronunciarse contra la legalización del aborto, y sólo por la despenalización, Acuña señaló que «hay una implementación correcta de la Ley de ESI en todos los niveles», que «la forma de enseñar que piden los pibes es distinta a la que usan los docentes» y que «es un enfoque equivocado buscar, a través del presupuesto, si la ley se está cumpliendo o no». De esta forma se lavó las manos sobre los problemas que vienen denunciando tanto estudiantes como docentes, descargando la responsabilidad de la incorporación de educación sexual sobre la docencia.
El cinismo de estas afirmaciones contrasta fuertemente con la realidad. El ministerio nunca declaró la capacitación en educación sexual como línea prioritaria, como así tampoco garantizó formación en servicio sobre el tema. Es más, el único postítulo en esta temática tuvo que dejar afuera este año a la mitad de los inscriptos por falta de nuevas designaciones, a lo que se suma que las docentes a cargo están precarizadas con contratos a término y aún no han cobrado a esta altura del año.
Asimismo, siguen sin existir espacios curriculares específicos o personal designado para tal tarea en cada escuela, eso sin mencionar que la ley actual no especifica que tenga que darse con una perspectiva de género, lo cual, en los hechos, avala la entrada de ONGs a las escuelas como Protege tu Corazón que promueve la idea cristiana de que la abstinencia es el mejor método anticonceptivo.
«No se cierran profesorados, pero la UniCABA sigue adelante»
El principal conflicto educativo de la primera mitad del año fue provocado por el proyecto de cierre de los profesorados porteños. Contradictoriamente la ministra niega que se vayan a cerrar, pero luego afirma que «hablamos de una transferencia gradual», es decir que no sería un ajuste por shock, sino gradual. Luego, para justificarlo sigue repitiendo afirmaciones falsas como que «hay planes de estudios extensos que están alejados de las prácticas», cuando en realidad los planes tienen menos de 2 años, prácticas desde primer año y fueron aprobados por la gestión actual; o que el cambio de nombre a Universalidad podría resolver por medio de una maniobra semántica la deserción de los estudiantes o la extensión de la carrera por fuera de los tiempos estipulados. Frente a estas problemáticas lo que realmente hace falta son juegotecas para garantizar la cursada de padres y madres, y un sistema de becas integrales que evite la deserción.
Acuña también se refirió a la falta de «vocación» por elegir la docencia entre los jóvenes, lo que se «olvida» es que es una de las tres profesiones peor pagas de la ciudad, claro que ella con un sueldo en bruto de $179.612 por mes no ve problemas para «dedicarse» a la educación.
«No hay falta de vacantes»
No hay peor ciego que el que no quiere ver, o más bien, que el que no le conviene ver. Contradiciendo sus propios datos oficiales afirmó que “en la Ciudad no hay falta de vacantes en la educación obligatoria desde los 4 años”, sin embargo, cuando tuvo que responder al pedido de informes de Patricio del Corro reconoció que dejaron faltaron 11.958 chicos sin asignar vacantes (10.665 de nivel inicial; 439 de primario y 328 del secundario).
Esas cifras luego del amparo presentado por Del Corro y Bregman, las intentan esconder detrás de la no obligatoriedad de parte del nivel inicial, con vacantes en la otra punta de la ciudad de donde viven los chicos o sobrepoblando aulas. Sólo después de una intimación de la jueza a multas por esconder información aceptaron que las y los supervisores fuera citados, quienes fueron contundentes en sus declaraciones: por ejemplo, afirmaron que 52 micros salen de la villa 31 hacia escuelas fuera del barrio, que en la zona de Parque Avellaneda hay 247 familias no les servían las vacantes ofrecidas y que en Lugano salen todos los días micros con 240 chicos para primarias en zonas alejadas.
Todo esto sin contar la sobrepoblación de aulas en zona sur, que sólo en el barrio de Mataderos llega a 527 según declaraciones de la supervisora de primaria de dicha zona. A partir de estos datos calculamos que faltan 9 escuelas primarias más en la zona sur, que no están proyectadas construirse, y entre 30 y 50 jardines en toda la ciudad, dependiendo la cantidad de secciones que alberguen, para cumplir con el derecho a la educación desde los 45 días tal como establece la constitución de la ciudad.
«No dejamos de invertir un peso en educación»
Frente a las críticas por la baja en el peso del presupuesto educativo, que bajó 10 puntos porcentuales en los últimos años, señaló que “no dejamos de invertir un peso en la educación pública por transferir a las privadas”, para luego rematarlo con que “pensar que el problema de la educación tiene que ver con el financiamiento es no entender el problema de fondo”. Precisamente el problema es el Fondo Monetario Internacional que en el acuerdo con el Gobierno fija metas que sólo se pueden cumplir ajustando en la educación pública, mientras chicos se quedan sin vacantes, el estado edilicio de cientos de colegios es deplorable y la docencia no llega a fin de mes. ¿Cuántas escuelas se podrían construir en sólo un año con los $6050 millones de pesos que dedican al sector privado en educación o con los $1200 millones de los colegios católicos que no cumplen con la ley de educación sexual?
Los planes del FMI implican un ataque de conjunto sobre el pueblo trabajador que empeora las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. En la reunión de la comisión contra la violencia institucional, que preside Myriam Bregman, fueron sistemáticas las denuncias de situaciones de más hambre en las escuelas, en especial las de zona sur. Sólo un necio o cínico negaría que ampliar el presupuesto para dar planes de becas integrales y garantizar un servicio de comedor universal no impactaría en una mejor educación pública.
«No era un protocolo antitomas»
Para responder a las preguntas por los protocolos que criminalizan la protesta estudiantil la ministra eligió los eufemismos “no era un protocolo antitomas sino pautas de acción para las autoridades de las escuelas”, cuando dicha disposición implica, en los hechos, la identificación de los estudiantes que se manifiestan y la intimación, bajo amenaza de iniciar acciones judiciales, a los responsables legales para que retiren a sus hijos de los colegios.
Poner en pie una fuerza que sea capaz de defender la educación pública
Garantizar el derecho a la educación pública, junto a otros como salud, mejora las condiciones de vida del pueblo trabajador y se transfiere, del hogar privado al Estado, una parte de la carga del trabajo reproductivo. Por eso mismo, podemos afirmar que las políticas que impone el FMI de privatización o ajuste en educación pública es un golpe al “bolsillo” de las familias obreras y/o un aumento del trabajo reproductivo en el hogar, es decir, mayoritariamente de las mujeres de la familia. La lucha contra esta ofensiva sobre las masas y por ampliar el acceso a la educación, por ejemplo, con jardines, es también un esfuerzo de la clase por demandar su porción de la civilización.
En este sentido tienen una responsabilidad central las conducciones sindicales, en alianza con el movimiento estudiantil y de mujeres, para desarrollar un plan de lucha no solo por las reivindicaciones inmediatas, sino, especialmente enfocado a derrotar el ajuste que nos quieren imponer el FMI, el Gobierno y los gobernadores con la colaboración de la CGT, e imponer una salida de las y los trabajadores a la crisis.
Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Las-mentiras-de-Acuna-y-la-educacion-publica-portena
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