Embarazo adolescente: el fracaso de la educación sexual

Por: Julia Alegre Barrientos. 

En Colombia, 6.500 niñas menores de 14 se quedan embarazadas cada año. Sin embargo, todavía hay sectores que debaten la pertinencia de brindar formación sexual en las escuelas.

Entró a la oficina de la orientadora con la cabeza agachada y las manos  pegadas al cuerpo. Saludó como pidiendo perdón al mundo y se sentó. La entrevista se acabó más pronto de lo esperado: Diana*, de 16 años, comenzó a llorar. “Esta situación es demasiado dura”, dijo entre sollozos cuando le tocó hablar de su bebé de año y medio.

Ella es uno de los miles de casos de menores embarazadas que se reportan cada año en el país. Solo en Bogotá, la Secretaría Distrital de Educación (SED) contabilizó el año pasado 2.000 niñas en estado de gestación que asistían a instituciones de educación oficial. El Ministerio de Educación (MEN) estima que en el conjunto del territorio se producen 150.000 nacimientos anuales en madres entre los 15 y los 19 años y 6.500 nacimientos en niñas menores de 14.

“En mi casa no se habla de eso. Yo había escuchado que tener relaciones sexuales dolía, pero no sabía que así se hacían los bebés. Para mí era recocha y juego”, explica Diana sin dejar de llorar. La niña se enteró que esperaba un hijo tras realizarse una radiografía pélvica aquejada de dolores en la cadera. “Después busqué información en internet sobre los embarazos y el sexo porque nadie me hablaba de eso. Si hubiera sabido antes, no estaría en esta situación”.

El tema de las relaciones sexuales se maneja en muchos hogares como algo prohibitivo, señala Jenny Gaona, orientadora distrital. Este silencio informativo “imposibilita que los menores desarrollen una conciencia sobre los riesgos de mantener relaciones sexuales sin protección”, continúa. El colegio se convierte entonces en una de las pocas fuentes de información al respecto.

«Para prevenir hay que conocer»

Diego Carreño es orientador en un colegio distrital al sur de Bogotá. Ahí imparte talleres a niños de entre 14 y 17 años de estratos 1 y 2 a los que inculca nociones sobre educación sexual. “La sexualidad es una parte de la condición humana. Tiene que ver con el conocimiento de uno mismo y de los demás, y se debe hacer un uso responsable de ella. Va más allá de los embarazos, los genitales y las infecciones”, les dice a los 40 jóvenes reunidos en el aula, muchos de ellos con las manos levantadas para intervenir y hacer preguntas.

Una de las grandes críticas que hacen expertos como Carreño a la estrategia de educación sexual que impera en el país desde la Ley General de Educación de 1993 es exactamente esa: que se reduce a la planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual y embarazo, pero no se contextualiza ninguno de esos conceptos a la realidad de los jóvenes ni se adecua el mensaje a las diferentes franjas de edad de los menores. Señalan también que se empieza a educar demasiado tarde en estas cuestiones: «estamos perdiendo un tiempo muy valioso para proteger a nuestros niños y empoderarles en el conocimiento de sus derechos humanos».

“El embarazo, por ejemplo, es mucho más complejo. Tiene que ver con la cultura y la situación familiar de los menores. No es una cuestión de ponerse el condón y ya, todo se soluciona. Lleva mucho más implícito, hay unos motivantes, y eso hay que contarlo, pero no se hace”, asegura una fuente de la SED que prefirió que su nombre se protegiese.

Historia de una educación sexual insuficiente

La Ley General de Educación incluyó hace 23 años la obligatoriedad de abordar la educación sexual “de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad”. Las falencias en su concepción hicieron necesaria una reformulación desde una perspectiva integral. Así es como en 2006 surgió el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (Pescc) del gobierno y del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa).

En 2013 el presidente Juan Manuel Santos sancionó una ley que dio más cobertura al plan de derechos reproductivos: el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención. Se concibió como una herramienta para combatir la violencia en las aulas, trazar una ruta para la prevención de embarazos y fortalecer la educación sexual.

Las aspiraciones del gobierno y de la ministra de Educación Gina Parody de incluir una educación sexual obligatoria, inclusiva y con enfoque de género (que no ideología) en los currículos se desvaneció casi de un día para otro a mediados de 2016.

La circulación de unas cartillas elaboradas supuestamente por el Ministerio de Educación y la posterior encuesta del Dane sobre comportamiento sexual (se realiza desde 2006 a menores de 13 años) dieron a los sectores más conservadores de la política y la opinión pública colombiana (como el ex procurador Alejandro Ordóñez y representantes de los credos católicos) la excusa perfecta para declararle la guerra a cualquier política, medida, decreto, iniciativa que incluyera los términos sexualidad y género.

“El Ministerio utiliza unos manuales para adoctrinar a nuestros hijos en la ideología de género, un pretexto  para instrumentalizar el cumplimento de unos deberes y disolver la familia, corromper la niñez y quitarles la pureza”, denunció Ordóñez.

Para alguien que conoce la realidad de los niños en Colombia y la desprotección a la que se les somete por no tener acceso a información sexual pertinente, las declaraciones del ex procurador son “peligrosas, erroneas e incurren en una demagogia partidista e intencionada”, comentó a Semana Educación una fuente de Medicina Legal que en 25 años ha atendido más de 10 mil casos de menores abusados sexualmente. Para él carecer de información sobre sexualidad “es un condicionante de las relaciones sexuales tempranas, el embarazo adolescente, el abuso infantil y la violencia sexual, no al revés”.

La cara visible de un problema que no es aislado

Diana nunca acudió a una clase sobre sexualidad. Tampoco lo hace ahora, pero recibe asesoramiento en el colegio para sacar adelante sus estudios y conciliar su educación con la crianza de su hijo como madre soltera. El padre del pequeño murió a los 16 años en una balacera de pandillas en el sur de Bogotá antes de que el niño naciera.

La joven trata de seguir con su vida estudiantil y sus sueños mientras juega a ser adulta. “A veces no me queda tiempo, no hago las tareas por estar con el bebé cuando se enferma. Pero algún día quiero ser diseñadora de carros”.

Cuando habla sobre su futuro se le ilumina la cara: quiere ganar una beca para irse a estudiar a Alemania, la meca del sector automovilístico. Quizá consiga realizar su sueño, quizá no. Pero es el único momento de la entrevista en el que sonríe.

Fuente del artículo:  https://www.semana.com/educacion/articulo/embarazo-adolescente-en-colombia-educacion-sexual-y-la-ideologia-de-genero/499051

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Cada 22 minutos se registra en el país un abuso sexual contra un menor

Por: Julia Alegre Barrientos. 

En 2018, el 87,7 % de este tipo de delitos se cometieron contra niños y adolescentes.

El primer día del recién estrenado año el país se despertó con la noticia de la violación, tortura y asesinato de Angie Lorena Nieto, una niña de 12 años de Cabuyaro, Meta, a manos de un vecino del municipio, identificado por las autoridades como Pastor Gómez Vaca.

El caso ha generado un rechazo unánime entre la opinión pública, similar al que suscitó en octubre de 2018 la violación y posterior incineración en Fundación, Magdalena, de Génesis Rúa, de apenas 9 años, o el asesinato y abuso sexual de Yuliana Samboní, de 7 años, por parte de Rafael Uribe Noguera, quien hoy cumple una condena de 58 años en la cárcel de Valledupar.

Salvando las distancias, esta semana se dieron a conocer cifras de Medicina Legal que evidencian que casos como el Yuliana, Génesis y Angie Lorena no son aislados, sino que la violencia sexual contra niños y adolescentes no ha hecho sino aumentar en los últimos tres años. 

El 2018 fue un año funesto: entre enero y noviembre se reportaron 21.515 denuncias, y eso sin tener en cuenta los números del mes de diciembre, que todavía no se han hecho públicos. Esto se traduce en que cada día fueron abusados 64 niños y jóvenes entre los 0 y los 17 años, uno cada 22 minutos. En una reciente entrevista con este diario, Juliana Pungiluppi, directora del ICBF, fue más lejos y habló de 74 registros diarios. 

El 2017 cerró con un balance de 20.663 casos –57 cada día–, y en el 2016 hubo 18.416 –50 diarios–. Haciendo un comparativo, entre 2016 y 2018 el aumento de la violencia sexual infantil fue del 16,8 por ciento.

Las niñas son las que se llevaron la peor parte: representan el 74,4 por ciento de las denuncias de 2018. En 2016 y 2017, la tendencia fue prácticamente la misma: 85,4 por ciento y 73,9 por ciento, respectivamente.

Otro de los hallazgos que se desprende del informe de Medicina Legal es que los menores de entre 10 y 14 años fueron los que más sufrieron este flagelo: 9.896, frente a los 6.015 de entre los 5 y los 9 años, y los 2.835 con edades comprendidas entre los 15 y los 17. También es preocupante el número de niños de entre los 0 y los 4 años que fueron víctimas: 2.767. Así, los menores de edad se consolidan como el grupo poblacional que más exámenes forenses por abuso sexual concentraron en 2018 del total de la población afectada (24.525). Son el 87,7 por ciento.

En cuanto a los criminales que perpetraron estos delitos, cerca de 10.963 eran familiares de la víctima, lo que se corresponde con el 44 por ciento del total de los registros. De estos, algo menos de 5.000 fueron los padres o padrastros de los menores; 1.697, los tíos y 1.034, los abuelos. En otras 5.632 denuncias, el agresor conocía a la víctima, aunque no estaba emparentado con ella; 1.939 eran amigos directos y solo en el 4,8 por ciento de los casos el victimario no conocía a la víctima.

El abuso sexual en Colombia es una cosa familiar. Existe un problema de psicopatología dentro de las familias, porque son las que omiten la agresión

La vivienda familiar es el lugar donde más se cometen estos crímenes, 18.000 en 2018, seguido de la calle (1.830) y las instituciones educativas (733). Como apunta Luis Prada, médico forense con más de dos décadas de experiencia en este tipo de delitos, “el abuso sexual en Colombia es una cosa familiar. Existe un problema de psicopatología dentro de las familias, porque son las que omiten la agresión. Tenemos que entender que estos delitos no pertenecen al ámbito familiar, sino que es un problema público”.

El experto asegura que esta tendencia al alza de las cifras está relacionada directamente con el reconocimiento y publicidad de derechos y la estimulación de la denuncia. “Lo que siempre tuvimos era la invisibilización de este problema. Las víctimas siempre han estado ahí, pero antes no las escuchábamos. Por cada caso que yo examino hay entre 8 y 10 que no estamos viendo. Necesitamos visibilizar más para hacer mejores intervenciones”.

En esto último coinciden los informes ‘Forensis’ de los últimos años de Medicina Legal, que, además, resaltan la importancia de poner el foco en la zona rural, donde se genera el mayor número de subregistros: “Aunque la mayoría de casos se desarrollan en el área urbana, los esfuerzos institucionales deben centrarse en la defensa de los derechos de la población rural, donde se dificulta la denuncia”. Alertan que la casi imposibilidad del desplazamiento hacia las instituciones y los patrones culturales del campo imposibilitan que haya emancipación de las víctimas.

Atajar el problema

Según el Código Penal, mantener relaciones sexuales con menores de 14 años es un delito, aunque el niño lo consienta. También lo es “todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre menores de edad, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando sus condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”.

Hay vacíos en la judicialización y existe una especie de naturalización: siempre se encuentran justificaciones para que estas conductas parezcan normales dentro de la sociedad

La claridad de la norma choca de lleno con el problema estructural de impunidad que rodea estos casos y que asciende a más del 80 por ciento, advierten entes como la Fiscalía y la Procuraduría. “Hay vacíos en la judicialización y existe una especie de naturalización: siempre se encuentran justificaciones para que estas conductas parezcan normales dentro de la sociedad”, señaló el procurador de la Nación, Fernando Carrillo, en un evento en junio.

Una de las fórmulas que se barajan para atajar estas cifras –y que más resuena cada vez que un caso de violencia sexual infantil se vuelve mediático– es la de instaurar la cadena perpetua para violadores de menores.

El abogado penalista Gerardo Barbosa opina que esta medida podría ser contraproducente: “En términos de proporcionalidad, sería más que justificada, pero en términos de eficacia práctica puede generar el efecto paradójico de incrementar la impunidad. En algunos casos, los jueces podrían preferir fallar a favor del acusado que castigar en términos tan fuertes”. Para él, las penas que se contemplan en el ordenamiento jurídico colombiano para este tipo de delitos son suficientes si se aplicaran: “El problema es de permisibilidad judicial y una sociedad que se ha vuelto tolerante con el abuso”.

Añade que faltan investigadores, jueces y fiscales profesionalizados en este tipo de casos, como sucede con los que manejan cuestiones relacionadas con el narcotráfico. “Falta preparación. Creen que si no hay daños físicos evidentes o rastros de fluidos, no hay delito. Y eso es absurdo. Estos casos se suceden en la clandestinidad, y puede que no haya esa evidencia tan visible, pero sí otra”.

De la mano de una justicia efectiva, hay sectores de la comunidad educativa que defienden la necesidad de implementar medidas que vayan más allá de lo punitivo y se centren en la prevención del fenómeno. Es ahí donde aparece la propuesta de incluir una materia de educación sexual obligatoria en los colegios que, como lo define la Unesco, “brinde conocimientos, competencias y valores que permitan a niños y adolescentes tomar decisiones personales, sanas y responsables acerca de su vida y su sexualidad y, evitar así, la explotación, el abuso y la violencia sexual”.

Miguel Ángel Bermúdez, profesor colombiano que el año pasado quedó entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize, el Nobel de la educación, es uno de los impulsores de esta línea metodológica que pone en práctica a diario en el colegio Gerardo Paredes, en Suba, Bogotá.

Explica que debe implementarse desde preescolar y estar orientada a tres aspectos: “El primero, que el niño aprenda a identificar una violencia sexual sobre su cuerpo, enseñándole quién lo puede tocar, cómo y dónde y quién no. Segundo, hay que enseñarles a decir no a la gente de la que desconfían y que para ellos es extraña,aunque sean amigos de la familia”.

Finalmente, apunta, se debe incidir en las opciones que tienen para denunciar el abuso en caso de que se haya perpetrado. “Enseñarles que si no pueden confiar en la familia, porque es donde se ha cometido el delito, existen otras rutas, como la escuela. Lo más difícil es generar confianza para que hablen. Para ellos es complicado reconocer que quien les hizo daño es una persona a la que quieren”, concluye.

Fuente del artículo: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/registro-de-abuso-sexual-en-colombia-contra-menores-de-edad-311738

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