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Author: Juan Carlos Miranda Arroyo

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Escasez de proyectos educativos alternativos en campaña

Juan Carlos Miranda Arroyo Deja un comentario

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

Se registra la inexistencia de propuestas consistentes y dirigidas a solucionar los grandes problemas nacionales y locales en materia educativa, expone Juan Carlos Miranda Arroyo en su artículo.

Acerca de las valoraciones analíticas que han publicado algunos colegas, observadoras y observadores de los procesos del sector educativo nacional, sobre las propuestas educativas anunciadas durante las campañas de las candidatas Claudia Sheinbaum Pardo (Morena, PT y Verde), Xóchitl Gálvez Ruiz (PRI, PAN y PRD) y el candidato Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano), que contienden por la presidencia de la república 2024-2030, y durante el debate político celebrado el pasado domingo 7 de abril, identifico un conjunto de ideas interesantes que se han publicado en medios.

Jimena Hernández-Fernández en su texto “La educación en las campañas presidenciales: ¿qué dicen las propuestas?”, plantea lo siguiente en relación con las propuestas de campaña, expresadas por los partidos y sus candidatas o candidato, en documentos y en materia educativa: “Por un lado, observo que las campañas no muestran un análisis profundo del problema público a resolver. Se sigue cayendo en el uso de transferencias económicas por ser estrategias políticamente más rentables. Por otro lado, la infraestructura de las escuelas no se observa como un aspecto prioritario en las campañas, por el contrario, se apuesta a la continuidad de las condiciones actuales cuando se habla, por ejemplo, de seguir empleando al programa La Escuela es Nuestra como mecanismo para resarcir el mal estado en que se encuentran las escuelas públicas…”. “También es muy preocupante que las candidatas punteras no tengan propuestas específicas en materia de inclusión cuando sólo un 23 % y 37 % de las escuelas de educación básica y media superior, respectivamente, tienen infraestructura para integrar a personas con discapacidad y cuando según Coneval son las personas que reportan mayor nivel de discriminación (25 %).”.

Y concluye lo siguiente: “… las campañas electorales en México siguen siendo de bajo perfil: no tocan todas las áreas relevantes en el campo educativo y la mayoría de las propuestas se enuncian de manera general sin dar cuenta de una ruta clara de instrumentación. Observo que las propuestas educativas se siguen alojando en lugares comunes sin necesariamente identificar los problemas educativos por sus causas para lograr estrategias más adecuadas. Por último, noto que no se han visibilizado de manera adecuada los “cómo” se atenderá a poblaciones históricamente marginadas en el sistema educativo mexicano: comunidades indígenas, población que habita en localidades de muy alta marginación, personas con discapacidades de naturalezas distintas, poblaciones de jornaleros agrícolas, migrantes y refugiados. Atender las necesidades educativas de estos grupos de población requiere perspectivas inclusivas, políticas públicas orientadas a reducir las brechas de acceso y calidad educativa, así como asignar recursos adecuados para garantizar la oportunidad de recibir una educación de calidad.” (Ver: Distancia por tiempos, blog de Nexos, 6 de abril, 2024.)

Erick Juárez Pineda señala lo siguiente, con respecto al contenido del debate: “Desafortunadamente, las respuestas de las tres candidaturas fueron principalmente generalidades y ataques personales, por lo que no pudieron presentar propuestas novedosas o explicadas con mayor profundidad.” (Ver: “La educación en el primer debate presidencial: entre ataques, señalamientos y pocas propuestas”, Educación Futura, 7 de abril, 2024.)

También en torno al debate, Sergio Martínez Dunstan afirma: “Xóchitl Gálvez hace un refrito de las políticas foxistas, calderonistas y peñistas. Los temas sobre la calidad educativa y su evaluación, la tecnología como medio de aprendizaje — v. gr. las tabletas—, el acceso a internet el acceso a la información gubernamental, entre otras, son la base sobre la cual se busca revertir el estado actual de las cosas en educación. Mientras que Claudia Sheinbaum retoma la fórmula de la administración gubernamental que va de salida. Los argumentos esgrimidos para cuestionar y desdeñar las políticas de gobiernos anteriores deberían tener mayor solidez técnica. Es válido ver desde otra perspectiva los problemas. Pero los métodos para acometer los grandes desafíos presentes y futuros bien ameritan que sean debidamente planteados. No solo es cambiar por cambiar ni continuar por continuar. Las propuestas no representan un avance respecto a las políticas públicas actuales o de sexenios anteriores. Parece que no hay nada oculto bajo el sol. Elegir entre el pretérito más lejano y el presente —que dentro de poco formará parte del pasado también— es dejar de lado la visión de futuro y condenar a la educación al estancamiento.” Ver: “La educación en el debate presidencial”, Educación Futura, 8 de abril, 2024.

Unas horas después de haber terminado el debate político organizado por el INE, comenté lo siguiente: Xóchitl propuso dar “tablets” o mini computadoras a las niñas y los niños en las escuelas públicas. Propuesta que ha probado ser no viable, en México y en otros países. Hace falta crear otras soluciones para avanzar en el tema de la educación y su relación con la cultura digital. Sería importante modificar planes y programas de la educación básica, antes de pensar en nuevas tecnologías, sin sentido.

El domingo, durante el debate, la candidata del PRIANRD también propuso “beca universal desde preescolar hasta preparatoria para estudiantes de escuelas públicas y privadas”. Ésta también es una medida de política de privatización, disfrazada, de la educación, como otras propuestas que ha hecho en campaña.

Acerca de las propuestas educativas de la candidata Xóchitl Gálvez, Manuel Gil Antón, profesor e investigador de El Colegio de México, escribió lo siguiente en la red Twitter: “Me pareció un regreso abrupto a Enciclomedia, tabletas de Calderón y Peña… computadoras e inglés (más robótica e Inteligencia Artificial) y becas para escuelas públicas y privadas. Increíble la frivolidad añeja.” (8 de abril, 2024).

A pesar de que se le advirtió a la candidata Gálvez, con argumentos y evidencia documentada, sobre la no viabilidad de una política educativa orientada hacia la reproducción de los váuchers educativos (entregar dinero a niñas, niños o jóvenes de escasos recursos para que estudien en escuelas privadas), la abanderada del PRIANRD no hizo caso de tal advertencia, por ejemplo, como la que fue expresada públicamente por Alma Maldonado, profesora e investigadora del DIE del CINVESTAV:

“Apostarle, pues, a la educación pública es apostarle a un país más justo, menos desigual, menos polarizado. Apostar por los váuchers es simplemente un subsidio a las escuelas privadas que en el nivel básico no tienen ni 10 % de cobertura y en nivel superior no es más de 36 %; es continuar por la ruta que privilegia a los que más tienen. Como el título de esta reunión muestra, no hay que temerle al conocimiento, las políticas del país demandan estar basadas en evidencia y en información confiable. Los váuchers tienen ya una historia añeja. Fueron propuestos en 1955 por Milton Friedman bajo la óptica de los beneficios de la competencia. Según este paradigma las escuelas públicas, al perder estudiantes, se verían obligadas a mejorar la calidad de la enseñanza. La evidencia ha mostrado otra cosa. En 1998, Cecilia Rouse de la Universidad de Princeton mostró que la supuesta competencia no generó ninguna mejoría en las escuelas públicas. Lo único que sucedió fue que más recursos se concentraron en instituciones privadas. Optar por un esquema como los váuchers es renunciar a que el Estado puede mejorar la educación pública, es la celebración de un fracaso más que la concepción de una respuesta. En la búsqueda de soluciones no podemos sacrificar la centralidad del Estado y su capacidad para dar respuestas.” (Ver: “El mapa seguro del conocimiento”, Distancia por tiempos, blog de Nexos, 20 de marzo, 2024. Texto leído el 19 de marzo en el evento: “Sin miedo al conocimiento”. Diálogo con la comunidad científica, cultural y académica, con la candidata Xóchitl Gálvez, que se llevó a cabo en el World Trade Center de Ciudad de México).

Lo que se puede observar, en resumen y a reserva de revisar otros textos donde se evalúen las ofertas políticas y las ideas comunicadas por las candidatas y el candidato durante la actual contienda política, rumbo a las elecciones de junio de 2024, específicamente en materia educativa, es que hay escasez de proyectos alternativos y se registra la inexistencia de propuestas consistentes y dirigidas a solucionar los grandes problemas nacionales y locales para ese sector (en el qué y el cómo); propuestas que contengan argumentos y que estén basadas en los hallazgos de la investigación y de las experiencias internacionales, nacionales y locales.

Fuente de la información e imagen:  https://www.sdpnoticias.com

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Un acercamiento a PISA 2022: El caso de México

Juan Carlos Miranda Arroyo Deja un comentario

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

 

La prueba PISA es relativamente valiosa porque evalúa, sobre todo, aspectos cognitivos, pero deja de lado otros aspectos clave de la educación

 

Este 5 de diciembre, 2023, se dieron a conocer los resultados de la aplicación de la prueba estandarizada y muestral del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés), que es un ejercicio que realiza cada tres años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), popularmente conocido como el club de los países ricos.

Los instrumentos de este programa permiten evaluar el uso de los aprendizajes (conocimientos y habilidades cognitivas estratégicas en formato de “competencias”), de los estudiantes de 15 años de diferentes países, mismos que han sido diseñados por la dirección de Educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según los documentos oficiales de esta evaluación internacional, “PISA ayuda a identificar las características de los sistemas educativos de mayor rendimiento, lo que puede permitir a gobiernos y educadores reconocer políticas efectivas que pueden adaptar a sus contextos locales”. (Informe 2015, versión digital).

La prueba PISA se aplica a estudiantes que se encuentran al término de la educación secundaria o en la fase inicial del bachillerato. Se parte de la premisa de que, al evaluar a estos estudiantes, se tendrían elementos para retroalimentar a los sistemas escolares, específicamente, de la educación básica de las naciones miembros de la OCDE y de otros países participantes de la prueba.

PISA indica que “La evaluación no determina únicamente si los estudiantes pueden reproducir lo que han aprendido, sino que también examina cómo pueden extrapolar lo que han aprendido (aprendizaje significativo por transferencia) y aplicar ese conocimiento en circunstancias desconocidas, tanto dentro como fuera de la escuela. Este enfoque refleja el hecho de que las economías modernas recompensan a los individuos no por lo que saben, sino por lo que pueden hacer con lo que saben”. (p. 3 del Informe 2015, versión digital).

Para el caso de México, si esta evaluación PISA fue aplicada en 2022, a estudiantes de 15 años, entonces éstos debieron haber iniciado preescolar a los 4-5 años, en 2011-2012, y la primaria en 2013. Por lo tanto, ellas y ellos transitaron la educación básica durante los dos recientes sexenios. Ese antecedente es importante considerarlo en la interpretación de los datos.

Análisis que aparece en el documento PISA (2022) sobre los datos publicados para el caso de México (intercalo algunas preguntas):

1) “Los resultados promedio de 2022 fueron inferiores en comparación con 2018 en matemáticas y ciencias, y aproximadamente los mismos que en 2018 en lectura.” ¿Significa que en habilidades de comprensión de lectura la variable «confinamiento por pandemia» no influyó de manera crítica o determinante en estos resultados?

2) “En matemáticas, la reciente caída (2018-2022) revirtió la mayoría de los avances observados durante el período 2003-2009, y las puntuaciones promedio se acercaron a las observadas en 2003 o 2006. En lectura y ciencias, solo pequeñas, y en su mayoría no significativas. A largo plazo se observaron fluctuaciones en torno al promedio histórico. Los resultados más recientes de PISA no difieren significativamente de los observados diez años antes, en 2012.”

3) “Durante el período más reciente (2018 a 2022), la brecha entre los estudiantes con puntuaciones más altas (10% con las puntuaciones más altas) y los estudiantes más débiles (10% con las puntuaciones más bajas) se redujo en matemáticas, mientras que no cambió significativamente en lectura y ciencia. En matemáticas, casi todos los estudiantes se debilitaron, pero los de alto rendimiento disminuyeron más que los de bajo rendimiento.” ¿Se consideran las historias de vida escolar (tipo de sostenimiento y organización de la primaria cursada, por ejemplo) de las y los estudiantes que participan en la prueba, independientemente de la condición socioeconómica?

4) “En comparación con 2012, la proporción de estudiantes con calificaciones inferiores a un nivel básico de competencia (Nivel 2) aumentó en 11 puntos porcentuales en matemáticas; aumentó cinco puntos porcentuales en lectura; y no cambió significativamente en la ciencia.” ¿Cuál es la causa estructural de este resultado, específicamente en la resolución de problemas de ciencias naturales y tecnologías?

5) «Resiliencia educativa»: «Alrededor del 12% de los estudiantes desfavorecidos en México lograron obtener puntajes en el cuarto superior del desempeño en matemáticas. Estos estudiantes pueden considerarse académicamente resilientes porque, a pesar de su desventaja socioeconómica, han alcanzado la excelencia educativa en comparación con los estudiantes de su propio país. En promedio en la OCDE, el 10% de los estudiantes desfavorecidos obtuvieron calificaciones en el cuarto superior del rendimiento en matemáticas en sus propios países

6) Importancia de la educación preescolar, según el documento PISA (2022): «En México, el 98% informó que había asistido a educación preescolar durante un año o más (promedio de la OCDE: 94%). En promedio en los países de la OCDE, los estudiantes que habían asistido a educación preescolar durante un año o más obtuvieron puntuaciones más altas en matemáticas a la edad de 15 años que los estudiantes que nunca asistieron o que habían asistido durante menos de un año, incluso después de tener en cuenta los factores del nivel socioeconómico.» Ello no debe hacernos olvidar que en México aún no se ha logrado la meta de atención universal en preescolar, es decir, para niñas y niños entre los 3 y los 6 años.

Una vez mostrado lo anterior, ratifico algunas reflexiones y observaciones críticas que he externado en este mismo espacio y en diferentes tiempos, tanto en 2019 como en 2021 (ver referencias al final de este texto) sobre el valor de la prueba PISA para la toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas educativas:

En prime lugar, hay que decir que esta evaluación hay que tomarla con extrema cautela. Aparte de la variable “confinamiento por pandemia”, las evaluaciones estandarizadas y diseñadas mediante métodos muestrales rigurosos no dejan de ser relativas y limitadas. Como lo dijera alguna vez un profesor de estadística: Las evaluaciones estandarizadas y por muestra nos dan una fotografía o una imagen verdadera, pero superficial. Es como tratar de conocer profundamente una ciudad a través de fotografías captadas desde un puente peatonal.

En comentarios sobre ediciones anteriores de PISA me pronuncié, por ejemplo, en torno al valor relativo de los datos presentados por la OCDE (PISA, 2015 y 2018), en el sentido de que los “rankeos” (ordenamientos por puntuaciones entre países) resultan ser verdaderas simplificaciones de la complejidad educativa que viven las naciones y sus sistemas-centros educativos locales. Por lo tanto, hay que mantener en duda la razón de fondo y las intencionalidades de los llamados “rankeos”.

Sobre las limitaciones y falta de profundidad acerca de lo educativo en la prueba PISA, me he preguntado: ¿Acaso no hay otros procesos de aprendizajes escolares que, hasta el momento, no han sido evaluados por esos proyectos internacionales y nacionales de evaluación tales como los aprendizajes generados a través de la educación artística, la educación física, la formación cívica y ética o la formación en ciencias sociales y humanas?

Más que pensar en las evaluaciones educativas de las y los jóvenes para el mundo del trabajo y para insertarlos a los círculos de la mercancía (con visión instrumental) ¿no sería conveniente evaluar los procesos educativos, formativos y aprendizajes que están implicados a lo largo de la vida?

Por otra parte, la visión “economicista” de la Prueba PISA es quizá uno de sus inconvenientes principales, que han sido, por cierto, señalados por especialistas críticos de diferentes partes del mundo, porque dicha prueba o instrumento no evalúa otro tipo de conocimientos o habilidades cognitivas distintas de aquellas que son identificadas como del tipo “llave” (key skills), en el enfoque de las llamadas “competencias educativas” (que pueden ser evaluadas por su desempeño o logro en términos de resolución de problemas).

Tanto la versión 2018 como la de 2022 de PISA se han dado a conocer en contextos complejos de cambios sociales importantes, a nivel global, que tienden a agudizarse no sólo en los planos de la cultura, la evolución vertiginosa de las tecnologías (sobre todo de la información y la comunicación); el cambio climático y las dificultades económicas en todas la latitudes, sino que, además, los informes se presentan en medio de otros conflictos sociales no registrados en los reportes anteriores como la migración de sectores sociales vulnerables y desplazados por conflictos étnicos, religiosos, políticos o socioeconómicos; por las guerras o conflictos armados regionales, y por los problemas generados por la discriminación y la violencia locales, entre otros.

PISA reconoce al respecto que “En promedio, en los países de la OCDE en 2018, el 13% de los estudiantes tenían estatus de inmigrantes, en comparación con el 10% en 2009. Los estudiantes inmigrantes obtuvieron un promedio menos bueno en lectura, alrededor de un año de escolaridad.”

La prueba PISA es relativamente valiosa porque evalúa, sobre todo, aspectos del desarrollo cognitivo (“competencias lectoras y desempeños mediante resolución de problemas matemáticos y de otras ciencias”), pero deja de lado otros aspectos clave de la educación escolarizada como son el desarrollo físico, las interacciones sociales, el trabajo en equipo y los “climas” de relaciones sociales entre los diferentes actores que conviven en la escuela.

Textos recuperados y recomendados:

“PISA 2018: Cinco reflexiones”, SDP Noticias, 4 de diciembre, 2019. https://www.sdpnoticias.com/columnas/pisa-2018-cinco-reflexiones.html

“Una crítica metodológica de las evaluaciones PISA”, SDP Noticias, 7 de mayo, 2021.

https://www.sdpnoticias.com/columnas/juan-carlos-miranda-arroyo-una-critica-metodologica-de-las-evaluaciones-pisa.html

Fuente de la información e imagen:  https://profelandia.com

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USICAMM: El mercado y la meritocracia

Juan Carlos Miranda Arroyo 1 comentario
Por Juan Carlos Miranda Arroyo

La experiencia indica que no hay mucho qué cambiar en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) de la SEP. Del mismo modo como no lo hubo en el caso de la Unidad o Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (SPD) creada durante el sexenio pasado (2013-2018), porque su problema no es de personas, sino de estructura, es decir, de marco legal, atribuciones, de sentido y diseño institucional.

Aparte del saldo negativo que arroja la gestión de la USICAMM (creada durante el actual sexenio), se registran así mismo graves problemas de comercialización indirecta de la institución pública hacia el mercado, debido a la venta o distribución indebida de las bases de datos de maestras y maestros que participan en los procesos de admisión, promoción o reconocimiento.

¿Quién controla las bases de datos en USICAMM y las vende o distribuye a particulares? Hay reportes de maestras y maestros de educación básica que han recibido propaganda de cursos-talleres de supuesta preparación para participar “con éxito” en los concursos de promoción horizontal, sin solicitarlo, por parte de empresas que mercadean la formación continua. Sabemos que con ello se pone en práctica una forma sutil de privatización de la educación.

Es cierto que se podrían modificar algunas actitudes (como el trato arrogante y discriminatorio) del personal de la citada Unidad y sus filiales en las entidades federativas, así como los tiempos, la desorganización y los movimientos desfasados, que se han dado en los trámites y procesos administrativos asociados con las convocatorias (admisión, reconocimiento y promociones), y que han afectado a miles de docentes, asesores técnicos y directivos escolares de educación básica y media superior, pero lo de fondo seguirá sin cambiar mientras no se produzcan transformaciones estructurales, legales e institucionales; esto sin descartar el escenario de la eventual desaparición de esa Unidad. (Para más argumentos, ver mi artículo: “Cambio en la USICAMM ¿De fondo?”).

¿Cuál es la ruta meritocrática que los gobiernos mexicanos han decidido y diseñado para las maestras y los maestros de la escuela pública en México, a través del cuestionable sistema de evaluación de sus perfiles profesionales y de su labor cotidiana (“desempeño”)?

El cambio curricular de 1992, que iba a remolque del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, proyecto reformista impulsado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue una de las modificaciones educativas más relevantes de los últimos 40 años debido a la integralidad de los puntos abordados. Aunque se le considero como una reforma educativa alineada con las orientaciones de los organismos internacionales (OCDE, Banco Mundial, etc.) y como producto de las nuevas (en ese tiempo) políticas públicas educativas de corte neoliberal.

Sin embargo, la reforma educativa aludida, de 1992, incorporó cambios importantes en los contenidos y en el rediseño de los libros de texto gratuitos de la educación primaria, en el programa nacional de formación docentes, y en la actualización del plan y los programas para la educación básica.

Pero hubo otro lado oscuro en esta historia: Entre 1992 y 1993 se creó también el primer sistema de contención de los aumentos al salario de docentes y directivos de la escuela pública: Carrera Magisterial (CM), una bolsa financiera dirigida a la cima de la meritocracia. (Ver mi texto: “México y España: Contradicciones del modelo competencial en educación básica”, Educación Futura, 21 de mayo, 2023).

Carrera Magisterial, como programa, desapareció por problemas de consistencia interna y sospechas de corrupción, esto a través de la reforma constitucional y las modificaciones a las leyes secundarias en materia educativa de 2013. No obstante lo anterior, el sentido o la lógica meritocrática (“el alma institucional”) prevalece.

A lo largo de los últimos 10 años, el Estado mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha destinado una considerable cantidad de recursos humanos, materiales y financieros para evaluar a las y los docentes, directivos escolares y demás figuras educativas, tanto de la educación básica como de media superior con la finalidad de “elevar la calidad de la educación”.

Ello, dentro del marco legislativo que han establecido los gobiernos con claras intencionalidades neoliberales en México, esto ha sido matizado según la relación de fuerzas políticas que se expresan en los espacios parlamentarios del poder legislativo (en este paquete incluyo a la reforma educativa de 2019); marco que podría dividirse en dos esquemas generales de evaluación del personal educativo en servicio:

Insisto que, en ambos modelos o esquemas de evaluación de la docencia y demás figuras educativas de la escuela pública se conserva, sin embargo, la misma lógica o el mismo abordaje en términos de servir como mecanismos de contención salarial a partir de criterios “individualizantes” y por méritos. Es decir, en el sistema de incentivos económicos los criterios de “medición individual” se mantienen intactos, sin evaluar ni considerar de manera integral la práctica docente o directiva in situ, y sin valorar el trabajo colegiado.

¿Cuánto le cuesta a la nación la burocracia que administra el sistema educativo “meritocrático” de evaluación docente?

Veamos un breve análisis de contrastes entre el presupuesto asignado en 2022 y 2023 para la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), El Colegio de México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) y USICAMM (SEP).

Fuente: Calendario de presupuesto autorizado al ramo 11 Educación Pública para el ejercicio fiscal 2022, DOF: 16/12/2021; y para el año fiscal 2023, DOF: 15/12/2022.
FUENTE: CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO AL RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DOF: 16/12/2021; Y PARA EL AÑO FISCAL 2023, DOF: 15/12/2022.

USICAMM ha recibido, durante los dos últimos años, casi el mismo presupuesto anual que se asigna a UPN; así mismo, la Unidad obtiene un presupuesto mayor que el que recibe el COLMEX; y más de una tercera parte de lo que percibe el CINVESTAV por concepto de ingresos federales.

¿Cuánto tiempo más la sociedad mexicana permitirá que se mantenga en pie una institución (USICAMM) que ha creado más problemas que soluciones, y que además tiene un alto costo para el país no sólo por la alta burocracia que representa, sino por ser el mecanismo de contención salarial del magisterio? ¿Para qué sirve al sistema educativo USICAMM? ¿No sería más conveniente y sensato distribuir esos mil millones de pesos anuales para elevar los salarios de maestras y maestros sin filtros meritocráticos?

Al próximo gobierno federal y a la legislatura entrante (2024) les tocará revisar este asunto prioritario, ubicado en el ámbito de la eventual modificación de las políticas públicas educativas nacionales.

Será necesario, por todo ello, revisar a fondo cuál es la lógica de las evaluaciones centralizadas y estandarizadas a docentes, directivos escolares y asesores técnicos de la escuela pública, que se practica en México. O definir, de una vez por todas, si el país desecha este sistema meritocrático, que tanto le cuesta a las mexicanas y los mexicanos, con la idea alternativa de aumentar los salarios no por méritos, sino para establecer un esquema de formación continua, con ingresos profesionales y con criterios de revaloración individual y colectiva del magisterio.

Fuente de la información e imagen:  https://www.sdpnoticias.com

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Rezago Educativo: Avances y retrocesos

Juan Carlos Miranda Arroyo

 Por:  Juan Carlos Miranda Arroyo

El país requiere definiciones claras sobre los contenidos de las políticas públicas en rezago educativo

Una definición generalmente aceptada acerca de los procesos de rezago educativo es la siguiente: Población de 15 años o mayor de esa edad que no ha concluido la educación básica o que no ha participado en ningún programa educativo, tanto no formal como formal. Ello significa que el universo poblacional del rezago educativo abarca tanto a ciudadanas y ciudadanos analfabetas como a quienes no han terminado sus estudios de primaria o secundaria.

El rezago educativo como una de las caras de la desigualdad social, educativa y cultural

En febrero de 2018 el Mtro. Otto Granados Roldán, en ese momento titular de la SEP, informó que durante el cierre del sexenio (para noviembre de 2018), México alcanzaría la “alfabetización plena”, de acuerdo con los estándares internacionales que establece la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (“UNESCO” por sus siglas en inglés). Eso significa que nuestro país alcanzaría un porcentaje menor al 4 por ciento de su población en condición de analfabetismo. (1)

Al realizar una consulta reciente de datos sobre ese campo (analfabetismo en México, 2023), encontré que los datos disponibles no reflejan exactamente un avance, sino un retroceso. A esos trayectos de avance y reversa se refiere el presente texto.

Todo parece indicar que las acciones del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) se detuvieron o tuvieron problemas pues, en números absolutos, para el 2019 se estimó que habría 3.9 millones de personas analfabetas, mientras que el dato del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) a través del Censo del 2020, el total fue de 4.45 millones, es decir, 550 mil más personas en esa condición.

¿Qué pasó? De acuerdo con las estimaciones del INEA, al cierre de diciembre del 2018, se estimó que el 4 por ciento de quienes tenían 15 años o más en el país, no sabían leer ni escribir un recado. Para el cierre del 2019 la estimación del propio Instituto fue de 3.8% del grupo de población señalado. Sin embargo, para el año 2020, el INEGI estima que el porcentaje de quienes son mayores de 15 años y más, y que no saben leer ni escribir, es de 4.7 por ciento.

Según una nota de La Jornada, publicada en 2018 y escrita por Carolina Gómez Mena, el secretario Granados Roldán indicó que: “…estamos solamente a cuatro décimas de lograr la tasa del 4 por ciento, a partir del cual se considera, de acuerdo a los estándares de la UNESCO, se podría considerar a México, de alcanzar esa meta, como un país libre de analfabetismo o plenamente alfabetizado…”.

El titular de la SEP en 2018, antes de que iniciara el gobierno de AMLO, indicó que el analfabetismo en nuestro país disminuyó: “del 6.1% (5.1 millones de personas) que se tenía en el 2012, a 4.4% en 2017, lo que representa menos de 4 millones de personas, de 15 años o más, analfabetas. De continuar la tendencia, es posible que al final de ese gobierno –decía Granados- el indicador termine por abajo del 4% lo que, de acuerdo con los estándares internacionales (ver por ejemplo el documento “Education for all: literacy for life” de la UNESCO) podría significar que México alcance la plena alfabetización”, (SDP Noticias, 6 de enero, 2018).

¿Cuáles son las cifras del INEGI acerca de este fenómeno del analfabetismo? “En México, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 en 1970 a 5.5% en 2015, lo cual representa a 4 millones 749 mil 57 personas que no saben leer ni escribir.” Además, dice el INEGI, se confirma la distribución de analfabetas, por género, que se ha venido dando desde hace más de 25 años: “De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir.” (2)

Por otra parte, según una nota de Excélsior publicada en 2016 y firmada por Mario Luis Fuentes, en México hay “4.43 millones de personas que, teniendo más de 15 años de edad, no saben leer ni escribir un recado, es decir, personas en condición de analfabetismo.” (3)

Otros datos retomados por Excélsior acerca de la distribución por entidades federativas, indican que “…en Chiapas 14.3 por ciento de las personas mayores de 15 años son analfabetas, es decir, un total de 514 mil personas que no saben leer ni escribir, lo que la ubica como la entidad con el peor indicador en la materia. En segundo lugar se ubica el estado de Guerrero, en donde 12.5 por ciento de ese mismo rango de edad son analfabetas, es decir, 309 mil 332 personas. En tercer sitio se encuentra el estado de Oaxaca, donde 12.3 por ciento de los mayores de 15 años no saben leer ni escribir, dato que en números absolutos significa un total de 347 mil 295 personas.

Tales cifras permiten visualizar que sólo en estas tres entidades se ubica 26 por ciento de la población analfabeta total del país, pues en su conjunto suman 1.17 millones de los 4.43 millones de personas mayores de 15 años en esta condición.”

“En cuarto sitio se encuentra el estado de Veracruz, donde 8.7 por ciento de la población mayor de 15 años es analfabeta, 516 mil 468 personas; mientras que en Puebla, 7.7 por ciento del grupo de población señalado no sabe leer ni escribir, es decir, una cifra de 337 mil 426 personas en la condición señalada. Como puede observarse, al sumar estas cifras se tiene un total de 2.025 millones de personas analfabetas en las entidades mencionadas, dato que equivale a 45.7% del total nacional.”, (misma nota de Excélsior, 2016).

Analfabetismo por edad: El mayor porcentaje de población analfabeta se encuentra entre las personas de 75 años y más de edad (26%): INEGI

El INEGI, sin embargo, señala que existen discrepancias entre los datos que proporcionan las instituciones responsables de informar sobre este rubro: “Cabe aclarar que, por alguna razón, existe una divergencia entre la información que sobre el analfabetismo ofrecen los censos de población y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Según los primeros, en la década que va del 2000 al 2010, el número de analfabetos bajó en 548 426 personas; el INEA, por su parte, reporta haber atendido durante ese lapso a 3 millones 850 mil 521 personas en sus programas de alfabetización, de los cuales un millón 403 mil 316 se graduaron, es decir, menciona haber alfabetizado casi tres veces más personas que las que los censos registran. La diferencia es más que evidente y no hay una explicación técnica plausible de la discrepancia.” (4)

En resumen, contamos con datos duros e información estadística sobre el analfabetismo de tres instituciones públicas: La Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). ¿Qué dice al respecto la representación de la UNESCO en México? ¿Qué datos tiene el organismo autónomo especializado en evaluación educativa (INEE)? ¿Qué información maneja el Banco Mundial, y otros organismos internacionales, como la OCDE sobre los índices de analfabetismo en nuestro país? ¿Realmente estamos en el umbral de la “alfabetización plena” en México? ¿Estaría dispuesta la SEP a llevar a cabo una auditoría de organismos internacionales para determinar si se levanta, como signo de victoria o no, la “bandera blanca” del analfabetismo en nuestra nación?

Datos recientes sobre educación secundaria: Los datos del censo 2020 (INEGI) muestran que había 16.6 millones de personas de 15 años y más que no habían concluido los estudios de educación secundaria, lo cual representa el 16.6% del total en ese segmento de edad en todo el país.

Población mayor de 15 años que no ha concluido los estudios de primaria: Al cierre del 2019, el INEA estimó que había 8.9 millones de personas en el grupo de edad con esa característica, es decir, el 9.5% de los 93.31 millones de personas mayores de 15 años que había en el país.

Existe la necesidad, en conclusión, de unificar o mostrar claridad en la definición de criterios, métodos e instrumentos para evaluar el estado actual del rezago educativo en México, a efecto de contar con evaluaciones e información completa y menos contradictoria. Por otra parte, el país requiere definiciones sobre los contenidos de las políticas públicas puestas en operación para combatir este fenómeno social adverso del rezago educativo. Programas, proyectos, acciones, recursos y precisión en las prioridades son aspectos que demanda la nación para atender y superar este importante problema de desigualdad social, educativa y cultural.

*Con información originalmente escrita por el autor y publicada en un texto denominado: “Alfabetización en México: Los datos duros”, SDP Noticias.com, 2 de febrero, 2018.

(1) El anuncio se dio a conocer durante la firma de convenio entre las secretarías de Educación Pública, de Desarrollo Social (Sedesol) y del Sistema Nacional DIF (SNDIF) para acreditar el primer grado de preescolar a los niños inscritos en las Estancias Infantiles de Sedesol.

http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/02/01/al-terminar-sexenio-mexico-estara-libre-de-analfabetismo-sep-5661.html

(2) http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/analfabeta.aspx?tema=P

(3) Excélsior, 6 de septiembre, 2016.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/06/1115213

(4) INEGI. (2012) Analfabetismo en México, una deuda social.

Fuente de la información:  https://revistaaula.com/

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El cambio curricular (SEP, 2022) para la Educación Básica: ¿Adiós al enfoque “competencial”?

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

 

Algunas de las desventajas están focalizadas en la complejidad del trabajo de planificación didáctica que este enfoque demanda

Diversas voces magisteriales (docentes, directivos escolares y asesores técnicos) afirman en escuelas, aunque de manera no generalizada, que la propuesta curricular para la educación básica, SEP 2022, está bien. Que su problema no es de contenido o de consistencia interna, sino de aplicación. No estoy de acuerdo con esa idea. No al menos con la primera parte de esa afirmación. Me parece que hay problemas tanto en el diseño (contenido y forma de elaboración) como en la aplicación de la propuesta.

Por ello, en este texto argumentaré sobre la existencia de algunas inconsistencias del contenido de la propuesta curricular, SEP 2022, y pondré sobre la mesa un conjunto de ideas sobre el tema, a partir de las consideraciones teóricas que se encuentran registradas en este campo, específicamente me detendré en el análisis de lo expresado por lo asesores o especialistas de la llamada “transformación curricular española” (me refiero a la iniciativa de cambio curricular o LOMLOE).

¿Cuáles son específicamente los problemas que presenta la propuesta curricular desde su diseño en México? Existen, al menos, las siguientes inconsistencias teóricas y metodológicas en el centro de la propuesta mexicana: El proyecto no discute a fondo las ventajas y desventajas, por ejemplo, del enfoque competencial; su noción de aprendizajes escolares es reduccionista; y el vínculo y los referentes de la noción de “comunidad” son confusos.

Cabe recordar que los espacios/tiempos técnicos o de incorporación de las teorías/métodos educativos o pedagógicos en la construcción de las políticas públicas educativas son deliberados o intencionados, y que simultáneamente forman parte del entramado complejo (legal, político e ideológico) de las instituciones de gobierno (SEP).

1. Ventajas y desventajas del enfoque competencial

¿Cuáles serían las ventajas pedagógicas, tanto en lo teórico como lo práctico, si se da continuidad al enfoque de “desarrollo de competencias” desde el diseño curricular para la educación básica?, que por cierto fue adoptado en México desde los cambios curriculares de 2004 (Programa de Educación Preescolar); así como en 2006 (Reforma Integral de la Educación Secundaria); y en 2009 (modificación curricular de la Educación Primaria).

Posteriormente y en una dinámica de continuismo reformista y curricular, la SEP dio a conocer las modificaciones curriculares de 2011 (“Articulación de la Educación Básica” mediante el Acuerdo 592), así como con las transformaciones al plan y programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria publicadas en 2016 y 2017 (“Nuevo Modelo Educativo”).

Prácticamente, así, quedaba instalada la era del “desarrollo de competencias” en la educación básica, luego de su paso triunfal por la educación superior y el posgrado, y luego en la educación media superior tanto convencional como profesional técnica (CONALEP), esto durante la décadas de los años 90 del siglo pasado.

Esto escribí en el año 2021 al dar contextualización al debate necesario sobre este tipo de diseño curricular construido sobre la noción competencial:

Es importante reconocer que el llamado modelo “competencial” o de desarrollo de competencias, que incluye un enfoque particular de planificación didáctica y de diseño de ambientes para el aprendizaje, centrado en el logro, formulado originalmente por los expertos de la OCDE, no es el único ni el más completo de los existentes en la literatura internacional de la investigación educativa, pero sí es uno de los más influyentes, hoy, como soporte técnico-metodológico de los programas educativos nacionales, así como de las políticas públicas nacionales y locales, como si se tratara de un saber indiscutible o de obvia resolución.

El cambio curricular con ese enfoque, sin embargo, no necesariamente impactó en la transformación de la cultura y las prácticas docentes de las naciones que lo han adoptado, sobre todo en aquellas sociedades donde se han iniciado procesos de reforma de la educación desde el año 2000-2001, aproximadamente, a la fecha, tal es el caso de México (SEP, en especial durante los años 2009, 2011 y 2017). (Ver: SEP: Debatir la noción de competencias educativas, SDP Noticias, 23 de nov., 2021.)

Me pregunto: ¿Cuál es el sustento o fundamento teórico-metodológico del modelo educativo que eligió la SEP (es decir, sus especialistas) acerca del diseño curricular “competencial” adoptado en México desde hace más de 30 años, y concretado en planes y programas de estudio de la educación pública durante el período de aplicación más agresiva de las políticas públicas neoliberales (2000-2018)?

Dice el texto del Modelo Educativo 2016-2017 (elaborado por la SEP del gobierno peñista) que “El currículo nacional debe fomentar el desarrollo de competencias para la vida que son fundamentales. Una competencia clave que estructura a otras es ‘aprender a aprender’, que significa aprender a pensar, a cuestionarse acerca de los diversos fenómenos, sus causas y consecuencias, a controlar los procesos personales de aprendizaje, así como a valorar lo que se aprende en conjunto con otros”… Una segunda competencia clave que está relacionada con el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los niños y los adolescentes es “aprender a convivir”, ya que se trata de un fin que en nuestra época debemos enfatizar.” (Nuevo Modelo Educativo, SEP, 2017, pp. 46-47).

Efectivamente, el desarrollo sistemático de las llamadas “competencias educativas clave” y los aprendizajes que están vinculados a éstas, constituyen piezas centrales en el diseño curricular actual en la educación de las niñas, los niños y los jóvenes en distintas latitudes del mundo y en México. Pero el problema que presenta esa concepción, (que por cierto, como se dijo, no es muy novedosa, ya que la OCDE la propuso desde los años 90, con la idea de las llamadas “key skills”), no es tanto su origen, definición o caracterización, sino su pertinencia y consistencia en relación con las necesidades educativas locales, su fundamentación interna y su pretendida “neutralidad ideológica”.

En el contexto español, César Coll y Elena Martín, como asesores del proyecto de reforma curricular más reciente del país ibérico, señalan lo siguiente para justificar la aceptación de la noción de “competencias”: “…el papel que juega el currículo, la importancia de conocer las intenciones educativas y las orientaciones para favorecer el aprendizaje y organizar la enseñanza …exponen las nuevas exigencias de aprendizaje y presentan algunas opciones y criterios que convendría tener en cuenta en el proceso de modernización curricular, atendiendo, por un lado, al perfil de salida del alumnado, que toma como referencia las ocho competencias clave y los grandes desafíos del siglo XXI y, por otro lado, a los aprendizajes esenciales de las competencias específicas de las áreas y materias, diferenciando entre aprendizajes básicos imprescindibles o esenciales y aprendizajes básicos deseables, recalcando que la meta del aprendizaje no son los contenidos sino las competencias.” (Revista de la Asociación de Inspectores de Educación de España, 2021. Avances en Supervisión Educativa).

Coll y Martín en su análisis enfatizan: “…la importancia de unas buenas políticas para el adecuado desarrollo curricular y la colaboración entre el Ministerio y las comunidades  autónomas, destacando que el reto de la equidad necesita dotar de la suficiente autonomía curricular a los centros para que puedan ampliar y profundizar determinados contenidos e incluso abordar otros en función de la diversidad de los perfiles del alumnado, en línea con las nuevas propuestas de personalización del aprendizaje.” (Ver: Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, 8/2013, del 9 de diciembre).

Desde la perspectiva de la planificación didáctica, algunas de las ventajas al adoptar el enfoque competencial son, en efecto, cuestiones de precisión y de flexibilidad, si pensamos sobre todo en determinados campos formativos (por ejemplo, Pensamiento Matemático); y en la necesidad de alcanzar la efectiva autonomía de los docentes a la hora de definir las actividades escolares no sólo en relación con los contenidos, sino con la definición de las competencias educativas, genéricas y específicas. Sin embargo, algunas de las desventajas están focalizadas en la complejidad del trabajo de planificación didáctica y de la evaluación de los aprendizajes que este enfoque demanda, y en la carencia de una preparación profesional especializada (diseño curricular) en la que las/los docentes no han participado desde su formación inicial.

Con tales argumentos y obstáculos de carácter práctico no se ve cercano ni pronto el momento de decir adiós a la noción de “desarrollo de competencias”.

2. La noción de aprendizajes escolares es reduccionista

En septiembre de 2022 escribí lo siguiente en relación con este tema específico de la definición de aprendizajes, en general, y sobre el concepto de aprendizajes escolares, en particular implícitos en la propuesta curricular de la SEP, 2022: Preocupa que el nuevo proyecto de transformación curricular de la educación básica en México, publicado recientemente por las autoridades educativas federales (SEP, Anexo del Acuerdo 14/08/22), haya incurrido en fallas teórico pedagógicas elementales. Me detengo en esta oportunidad en una de ellas: El concepto de aprendizaje y, en particular, el concepto de aprendizaje en la escuela. (Ver: SEP: Educación y Aprendizajes Escolares, SDP Noticias, 22 de sept., 2022.)

Queda claro para todo mundo que los seres humanos aprendemos independientemente de la trayectoria escolar. Aprendemos el lenguaje verbal, a caminar y a comer sin pasar por ninguna escuela. En cambio, aprendemos los sistemas del lenguaje escrito, la formalización de problemas matemáticos o las teorías sobre el universo, casi siempre, en la escuela.

En ambos casos tanto el aprendizaje a secas como el aprendizaje en la escuela están mediados biológica o culturalmente, por situaciones, objetos o por otras personas, sin embargo, ambos se concretan en el sujeto particular.

Según la SEP: “El aprendizaje no es un hecho que reside en la mente de las y los estudiantes, ni un proceso individual, sino que es una acción que se ejerce en relación con otras personas, en contextos específicos y mediante el uso de diversos objetos y símbolos culturales”. (SEP, anexo del Acuerdo 14/08/22).

El aprendizaje humano como fenómeno de estudio y como hecho o proceso que se verifica en la escuela, es un hecho, proceso o acto individual y social. ¿Por qué negar la dimensión individual de este complejo proceso? ¿Existe una consigna oficial para excluir todo “lo individual” en el Plan a efecto de sobrevalorar “lo comunitario”, aún en contra de los hallazgos de las ciencias cognitivas y del aprendizaje humano?

Decir que “El aprendizaje no es un hecho que reside en la mente de las/los estudiantes, ni un proceso individual…” no se sostiene de manera racional ni ante la evidencia científica. Las niñas, los niños y las/los jóvenes que participan de la educación básica pueden leer y reflexionar en grupo, pero la concreción del aprendizaje se da en lo individual, en el plano de “lo particular”. Vygotski denomina a este proceso también como de “transiciones hacia el interior” de la niña o el niño.

3. El vínculo y los referentes en torno a la noción de “comunidad” son confusos

El Acuerdo del 22 de agosto de 2022, de la SEP, señala: “Esta propuesta curricular coloca a la comunidad como el espacio social, cultural,  político, productivo y simbólico en el que se inscribe la escuela entendida como el  núcleo de las relaciones pedagógicas, así como de los procesos de enseñanza y  aprendizaje, para que las y los estudiantes desarrollen al máximo todas su  potencialidades y capacidades en el seno de una comunidad a la que sirven y que  les sirve.” (p. 67)

“La comunidad puede ser entendida desde el medio rural en la forma de municipio o pueblo, o bien, en zonas urbanas en la forma de barrio o colonia; lo fundamental es que la escuela estreche lazos con ambas perspectivas comunitarias para fortalecer las relaciones entre grupos y personas desde su diversidad y propiciar interacciones educativas de mutua influencia.” (p. 12)

Pongo sobre la mesa dos ejemplos dentro de la noción de la comunidad como “territorio/población”: La Secundaria Gral. No. 1, en Querétaro, Qro. y Secundaria Diurna No. 16, en Tlatelolco, CDMX. Ambas atienden a estudiantes de colonias diversas o municipios aledaños. ¿Cuál es la comunidad-territorio-población de referencia, según la SEP en el contexto del cambio curricular 2022?

Consideraciones finales:

El proyecto curricular en México (SEP, 2022): 1) No discute a fondo las ventajas y desventajas del enfoque competencial como sí lo hacen otros proyectos (ello se aprecia en el proyecto de cambio curricular en España). 2) Su noción de aprendizajes escolares es reduccionista, puesto que considera que todos los procesos de aprendizaje son sociales y no acepta que haya una radicación o aterrizaje de tales procesos en el sujeto particular; y 3) el vínculo y los referentes de la noción de “comunidad” son confusos porque en algún momento se habla de “comunidad” educativa, en otros de comunidad como territorio/población y en otros más como “comunidad” sin límites físicos ni referencias territoriales/poblacionales. ¿Con cuál noción de “comunidad” nos quedaremos para efectos de concretar las tareas de planificación didáctica y cómo llevar a cabo las acciones de traducción del aparato conceptual curricular hacia la pretendida transformación de las prácticas docentes? ¿Y en qué dirección se hará este tipo de cambios en los planos pedagógico y educativo?

Fuente de la información: https://revistaaula.com

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SEP: Cambio curricular ¿sin cambiar la escuela?

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

Uno de los problemas centrales identificados para llevar a cabo el cambio curricular de la educación básica, hoy, por parte de la autoridad educativa federal (SEP), es la transformación de la escuela pública, que es a su vez el cimiento del sistema educativo en su conjunto.

La intencionalidad de este tipo de cambios curriculares abarca, por supuesto, la necesidad de transformar las prácticas docentes y directivas de la escuela pública (es decir, no sólo se trata de mudar contenidos y métodos), entre otros factores clave como lo son la formación inicial y continua de las figuras educativas.

Por ello, pienso que ante ese reto institucional, que es esencial en el proceso de asegurar el derecho a la educación para niñas, niños y jóvenes en el largo plazo, la actualización de los contenidos y rediseño gráfico de los libros de texto gratuitos (como lo pretendió el gobierno federal desde 2021) ha quedado reducida sólo como una tarea menor o de apoyo.

Cuando se dio a conocer la propuesta o el proyecto de cambio curricular para la educación básica (SEP, enero-febrero de 2022), se esperaba que el lanzamiento de la iniciativa transformadora llevara consigo un paquete de cambios radicales, orientados justamente hacia la modificación de la base o estructura y funcionamiento del sistema escolar, sin embargo, esto no ha sido así. No por el momento. Y no se ven claras las intenciones ni los recursos financieros, jurídicos y educativos para hacerlo así.

¿No habrá cambios de las prácticas autoritarias, cerradas o sin diálogo que ejerce una parte importante de los mandos medios y superiores de la estructura educativa? ¿No se transformará la cultura escolar donde dominan los criterios administrativos por encima de los criterios educativos y pedagógicos?

Al revisar nuevamente el documento in extenso de la propuesta curricular (SEP, Anexo del Acuerdo del 22/08/22), se observa una sección que bien podría valer como el encuadre y desarrollo de la intencionalidad del cambio educativo-escolar no solamente curricular, es decir, de la transformación efectiva de la institución escolar básica (preescolar, primaria y secundaria), pública, en su ser y no sólo en su deber ser.

Me refiero a la sección denominada “Transformación administrativa y de gestión” (Anexo, p. 7). En esa parte, la autoridad educativa federal señala lo siguiente: “La viabilidad operativa de la propuesta curricular, la formación docente, el codiseño curricular y la operación de las estrategias nacionales y su articulación con los procesos formativos de la educación preescolar, primaria y secundaria tiene un peso significativo en las transformaciones que se hagan durante los procesos de gestión y administración a nivel federal y local.”

“Se trata de fortalecer la capacidad de las instituciones educativas del Estado para construir un proyecto educativo en cada escuela, involucrando a cada Consejo Técnico Escolar, con el fin de que servidores públicos, directores, supervisores y asesores técnicos pedagógicos realicen sus tareas pensando en las condiciones de desigualdad y los contextos diferenciados de nuestro país; todo ello para que el Estado pueda hacer efectivo el derecho humano a la educación de las y los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria.”

“Esto implica realizar las adecuaciones administrativas, normativas y de gestión que favorezcan y apoyen el trabajo docente de las maestras y los maestros del país con el fin de que sus actividades, tiempos y espacios puedan ser ocupados en actividades de enseñanza, formación docente, trabajo colegiado, planeación y evaluación.” (pp. 7-8)

El anexo dedica sólo una cuartilla a este punto clave sobre la cuestión de la Transformación administrativa y de gestión (de un total de 214 páginas), esto como parte de un discurso oficial en el cual la intencionalidad de cambio curricular está en primer plano.

¿Por qué no se vislumbra un futuro luminoso al proyecto de cambio curricular en estas condiciones? Porque, entre otras cosas, la iniciativa surgió como un mandato constitucional y como efecto de una iniciativa política de corto plazo. Y esto no lo señalo como un mal intrínseco de las propuestas o los proyectos curriculares, de aquí o de cualquier parte del mundo. No porque reconozco que es difícil encontrar proyectos de cambio curricular sin un sesgo, implícito o explícito, con cargas políticas e ideológicas.

Aquí el tema de debate es otro y es más bien el siguiente: dado el reconocimiento de la existencia de una posición política, ideológica (y quizá hasta teórico-metodológica), de un gobierno democráticamente electo, con la cual se presume que habría de caminar el proyecto transformador, no existen los dispositivos organizacionales, administrativos ni de gestión educativa que acompañen o armonicen o vayan en congruencia con el impulso del cambio curricular.

En pocas palabras: Hay un robusto proyecto de cambio curricular, pero un flaco impulso de transformación de la escuela como institución.

Las justificaciones del cambio curricular en la educación básica están plenamente documentadas, pero el problema o la necesidad de ese cambio (selección y organización de contenidos y métodos de enseñanza y aprendizaje, entre otros factores), no residen solamente en ese nivel de análisis técnico-científico curricular, sino que también sugieren la necesidad del cambio estructural de la escuela como institución del Estado.

La escuela como institución del Estado con sus dos caras más visibles y contradictorias: La faceta autoritaria, reproductora y conservadora que, a la vez, convive con la otra cara como institución transformadora y democratizadora de la sociedad.

En ese contexto y con esas condiciones se encuentra la encrucijada del reformismo curricular puesto en marcha actualmente en México por parte del gobierno del presidente López Obrador.

Fuente de la información e imagen: https://www.sdpnoticias.com

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Escuelas democráticas

Juan Carlos Miranda Arroyo

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

 

Durante los trabajos del Simposio internacional de liderazgo educativo 2022, celebrado en la Universidad de Guadalajara en diciembre pasado, se discutieron los hallazgos más recientes en la materia, así como sus aplicaciones; y se reflexionó, entre otras ideas, sobre conceptos que resultaron interesantes o poco explorados en torno a la gestión educativa y escolar, que tienen significados profundos en contextos de cambio educativo. Uno de esos conceptos es el de las escuelas democráticas.

A propósito de ello, en esta oportunidad retomo un artículo académico que se relaciona con el tema y lo vínculo con los procesos de cambio curricular que se llevan a cabo en México, desde el año pasado (2022).

Aunque cabe aclarar un principio elemental de concepción de políticas educativas: Cualquier iniciativa de renovación curricular (sobre todo para educación básica) no podrá llevarse a cabo si no cuenta con un impulso democratizador de la escuela pública, desde las plataformas que están implicadas en la gestión educativa y escolar hasta los territorios de la formación docente.

Rafael Feito escribió, en 2009, un texto con el sencillo título de “Escuelas Democráticas”, situado en el contexto de la educación primaria y secundaria urbana de España. En ese artículo, Feito describe las líneas principales de eso que se entiende, allá, como procesos de “democratización de la escuela pública”. (Ver: Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, vol. 2, núm. 1, enero 2009).

Rescato algunos fragmentos de ese texto y describo las líneas principales de tales procesos democratizadores de la escuela pública:

1) “Los centros escolares democráticos hacen una apuesta por la inclusión… Este éxito escolar debe suponer una educación de calidad para todo el mundo, nunca rebajar los niveles… Hacer este planteamiento es entrar en el terreno de las desigualdades educativas y su conexión con una estructura social que las alienta.”

2) La siguiente línea parece demasiado obvia, sin embargo, es difícil de lograr: “El segundo requisito es que la vida de las aulas y de las escuelas debería democratizarse. Esto significa que nuestra vida escolar habría de pivotar en torno a la persona que aprende y no, como hasta ahora, en torno a la persona que enseña. Lo fundamental es que la gente salga de la escuela con la capacidad para preguntarse sobre lo que le rodea, para analizar con criterios propios la realidad, para ser alguien dispuesto a seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida.”

Ello implica llevar a cabo un replanteamiento profundo de la escuela pública, no sólo en términos de los cambios en los contenidos y los métodos de enseñanza, sino en la base misma de la escuela como proyecto educativo y social alternativo. Y eso conduce también, (inevitablemente) hacia la necesidad de problematizar en torno a la formación inicial de las maestras y los maestros en las escuelas formadoras de docentes.

3) Para Feito “El tercer elemento es que la participación de profesores, alumnos y padres en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos salga del estado de atonía y de inutilidad general en que se encuentra actualmente.” Éste es un asunto que lleva implícita la necesidad de hacer efectiva la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa.

Este asunto “Va mucho más allá, buscando fórmulas de implicación de alumnos, de padres, de profesores y de gentes del entorno que sobrepasan los límites de lo establecido en la ley.”

En una parte del discurso que ha servido como orientación a los procesos de democratización de la escuela pública española (en algún momento impulsado por el Partido Socialista Obrero Español, PSOE), se afirma lo siguiente: “Aquí se entiende que una escuela democrática alienta el flujo abierto de ideas, tiene fe en la capacidad del individuo y de la gente para resolver los problemas, promueve la reflexión y el análisis crítico para evaluar las ideas, hay una preocupación por el bienestar de los demás. En definitiva, la democracia no es un conjunto abstracto de ideas sino una práctica cotidiana que se aprende ejerciéndola día a día en el escenario escolar y fuera de él.”

“Los pocos centros de secundaria a los que podríamos considerar democráticos -o que se acercan a la idea de escuela democrática- han empezado por solventar de un modo dialógico sus problemas de convivencia. En la medida en que son capaces de sustentar una convivencia basada en unas normas elaboradas democráticamente, es decir, con la intervención de los alumnos y alumnas, descubren que se avanza mucho más trabajando conjuntamente que haciéndolo cada profesor en su aula o ignorando sistemáticamente la voz de los alumnos.”

Los ingredientes específicos que se ponen en acción dentro de los proyectos de escuelas democráticas, según Feito, son: “La globalización curricular, la enseñanza basada en el diálogo, el uso de la biblioteca (fomento a la lectura crítica), el manejo de las nuevas tecnologías, una forma distinta de organizar el aula, la relación con el entorno y la consecución de una convivencia democrática.”

“Es habitual trabajar por proyectos. Un proyecto es un área de interés en torno al cual se pueden hacer girar todos o la mayor parte de los contenidos, procedimientos y actitudes que se desean desarrollar en un ciclo, un curso o una parte de él. Además, los proyectos tienen la enorme virtud de conectar la docencia y las inquietudes cognitivas en todas las aulas del centro. No solo eso: es capaz de provocar la implicación de las familias.”

Encuentro algunas semejanzas conceptuales entre esta noción y la experiencia de las escuelas democráticas en España (2009) con la propuesta de renovación curricular que circula ahora en México (2022-2023).

Sin embargo, en vez de seguir con una retórica tan confusa (y a veces tan vacía), como sucede con el discurso de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), en nuestro país podríamos tal vez aterrizar iniciativas más sencillas orientadas hacia la creación y gestión de escuelas democráticas, a partir de estas ideas.

Fuente de la información e imagen:  https://www.sdpnoticias.com

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