Author: Juan J. Paz y Miño Cepeda

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Ecuador: La lucha política y el “otro bando”

Juan J. Paz y Miño Cepeda

La lucha política y el “otro bando”

Por Juan J. Paz y Miño Cepeda

Para Firmas Selectas de Prensa Latina

Los conflictos políticos entre liberales y conservadores, que caracterizaron el primer siglo de vida republicana en América Latina, no estuvieron ajenos a la intolerancia e incluso a la guerra civil. A mediados del siglo XIX, en Argentina y México lograron implantarse las primeras reformas liberales; en Colombia, en cambio, el bipartidismo, que no descartó la lucha armada en sus enfrentamientos, se extendió hasta el siglo XX; y en Ecuador el triunfo liberal solo fue posible por la revolución armada, en 1895.

La violencia, la persecución a los contrarios, la arbitrariedad procesal, la cárcel y la imposición de gobiernos autoritarios o de dictaduras han formado parte de las disputas políticas latinoamericanas del siglo XX, incluso una vez que el viejo bipartidismo fuera superado y que en su lugar surgiera la pluralidad de partidos políticos y se lograran progresos significativos en la democracia representativa.

Pero el avance de fuerzas sociales y políticas, capaces de cuestionar seriamente los poderes tradicionales, siempre fue visto como el peligro mayor. Colombia ofrece uno de los ejemplos históricos más significativos: la explosión social y el apoyo popular a Jorge Eliécer Gaitán (1903-1948) lucían como un riesgo al poder.

La solución fue doble: no solo el asesinato del carismático líder, sino la creación, una década más tarde, del “Frente Nacional”, por el cual conservadores y liberales se turnarían en el gobierno durante los próximos 16 años (1958-1974). Sin embargo, con ello excluyeron la posibilidad de acceso al poder de otros sectores, y especialmente de las izquierdas, lo cual explica el agravamiento de la violencia en el país, que desde la década de 1960 experimentó el indetenible fortalecimiento de distintos grupos guerrilleros.

La guerra fría, instalada en América Latina desde el triunfo de la Revolución Cubana (1959), sirvió para marginar todo intento de toma del poder por parte de las fuerzas de izquierda, y los gobiernos militares terroristas inaugurados por Augusto Pinochet en Chile en 1973 (en Brasil había dictaduras militares desde 1964), inspirados en el irracional anticomunismo de la época, se propusieron exterminar el marxismo y liquidar a toda izquierda, para lo cual despreciaron la vida, privilegiando las torturas, asesinatos, desapariciones y violaciones a los derechos humanos, que se convirtieron en fenómenos inéditos en la historia contemporánea de la región.

Por cierto, en los países donde no se establecieron semejantes regímenes, las derechas empresariales y políticas, normalmente en forma privada pero también en forma pública, solían argumentar que era necesario “un Pinochet” en su respectivo país (en Ecuador ese ideal formaba parte de las conversaciones y reuniones cotidianas) para acabar con tanto “comunismo”, que para esos sectores comúnmente representaban las luchas obreras y campesinas, la movilizaciones de las clases medias, las reivindicaciones por los derechos laborales y sociales, la demanda por mejora en las condiciones de vida e incluso la protección al medio ambiente.

Pero también es posible hallar momentos históricos en los cuales el odio político se despliega sin control. El ejemplo contemporáneo para América Latina se halla en Argentina, y tuvo como protagonista central a Juan Domingo Perón (1895-1974), quien ejerció la presidencia del país entre 1946-1952 y 1952-1955 (administraciones destacables, porque no fue igual su tercera presidencia entre 1973-1974).

Perón fortaleció una economía social, un poder con base popular y una orientación nacionalista. Amplió los servicios públicos, la protección a los trabajadores y la sindicalización, las reformas para mejorar la calidad de vida de las masas, la industrialización, la afectación a grandes intereses económicos tradicionales.

El papel de Eva Duarte, “Evita”, fue fundamental en el apoyo a la obra social. El “populismo” demostró sus virtudes para superar el régimen oligárquico y construir un modelo capitalista regulado por el Estado. Pero el peronismo ha merecido innumerables estudios y las polémicas persisten entre los mismos académicos, dependiendo de que se acentúe la visión sobre los indudables progresos sociales o la forma autoritaria que se atribuye a su gobierno. En todo caso, las élites del poder (para utilizar un concepto de Charles Wright Mills) no perdonaron al régimen de Perón, por la ruptura histórica que representaba. En septiembre de 1955 un golpe de Estado lo derrocó e instauró la dictadura del general Eugenio Aramburu (1955-1958).

Se definió como “Revolución Libertadora”  pero, al mismo tiempo que se volcaba a favor de la oligarquía liberal y a los intereses del gran capital interno y de los norteamericanos, intervino en los sindicatos y la Confederación General de Trabajadores, así como pasó a implementar la “desperonización” de la sociedad, que incluyó fusilamientos y cárcel.

El 5 de marzo de 1956 promulgó el famoso decreto-ley 4161 (complemento de otro, el 3855), que declaró fuera de la ley el peronismo, con disposiciones de alcances inusitados, como las de prohibir que se utilice el nombre del general Perón, el uso de fotografías, retratos o esculturas relacionados con funcionarios peronistas o sus parientes (fueron destruidas obras de arte y estatuas), el empleo de otras fórmulas relacionadas como “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, o “tercera posición”, la prohibición de las fechas exaltadas por el anterior régimen, las composiciones musicales o fragmentos de “Marcha de los muchachos peronistas” o también “Evita Capitana”.

Las propias fuerzas armadas fueron depuradas. Resultó imposible pensar en la participación electoral de los peronistas, pues quedó bloqueada. Y se llegó al extremo de secuestrar el cadáver de Evita, que pasó de un reparto a otro, hasta su paradero final en un cementerio de Milán, en Italia y con un nombre falso, donde permaneció largo tiempo. La proscripción oficial del peronismo duró hasta 1964.

La política empresarial, antilaboral y antisocial ocasionó la “Resistencia Peronista”, que expresó a múltiples sectores, con acciones populares, huelgas, boicot productivo, manifestaciones y también acciones clandestinas, explotación de bombas y otros atentados, que antecedieron a la conformación de grupos guerrilleros. Paradójicamente, a despecho de lo que creían sus enemigos, el peronismo se convirtió en una fuerza política e histórica de Argentina, que tiene vigencia hasta el presente, pues fue la base de respaldo del kirchnerismo y, sin duda, del triunfo presidencial de Alberto Fernández el año pasado.

Esta, que parece una historia del pasado, tiene suficientes elementos para comparar con el presente, porque el ensañamiento y la persecución política siguen caracterizando la vida latinoamericana, a pesar de los avances modernizantes. El ejemplo más significativo está en Brasil.

Los estudios que se han realizado en Latinoamérica, no han podido soslayar el hecho de que el lawfare, el contubernio de los medios de comunicación más influyentes, la judicialización forzada y selectiva, el afán por desmontar lo construido en cuanto a beneficios sociales, el deseo por recuperar la vía neoliberal-empresarial de desarrollo, a fin de garantizar el dominio de la élite económica tradicional, fueron cuidadosamente empleados para perseguir a Luiz Inácio Lula da Silva (presidente entre 2003-2010), desmontar sus logros y proscribir su figura política.

Argentina del pasado o Brasil en la historia más reciente, han sido el punto de referencia para que el camino de la política del odio contra el otro se convierta en modelo, atropellando leyes y derechos. Pero las condiciones históricas no son las mismas que tuvo la época de Aramburu.

De modo que ya no es posible ocultar las políticas de revanchismo selectivo ante el mundo y mucho menos ante las poblaciones nacionales. Tampoco es posible burlar las institucionalidades nacionales e internacionales sin consecuencias jurídicas y políticas. Como lo demostró el peronismo, los pueblos forjan ideales que los golpes no logran destruir.

Autor: Juan J. Paz y Miño Cepeda

Fuente de la Información: https://firmas.prensa-latina.cu/index.php?opcion=ver-article&cat=P&authorID=129&articleID=2846&SEO=paz-y-mino-cepeda-juan-jose-la-lucha-politica-y-el-otro-bando

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Ecuador: la izquierda frustrada

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Ecuador: la izquierda frustrada

Juan J. Paz y Miño Cepeda

En un artículo anterior (https://bit.ly/319nsQZ) traté sobre la trayectoria histórica de la izquierda partidista en Ecuador. Sobresalen: PSE, PCE, PSRE, PCMLE, MPD (hoy Unidad Popular) y otras agrupaciones menores, que asumen ser marxistas. Desde luego, a partir del derrumbe del socialismo real, la izquierda no se reduce a los partidos marxistas, ni exclusivamente a esta teoría, pues América Latina, durante el ciclo de los gobiernos progresistas, demostró que era posible el fortalecimiento de nuevas izquierdas.

Destacan, ante todo, los movimientos sociales, pues tanto el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que integra a varias centrales (CEDOCUT, CTE, CEOSL, UGTE, FETMYP, UNE, FENOGOPRE), así como el indígena, con su organización central, la CONAIE (https://conaie.org) y su brazo político Pachakutik (https://bit.ly/3frEX4a), se autodefinen como sectores de izquierda. También lo hacen distintas organizaciones de trabajadores públicos, del movimiento estudiantil, grupos feministas, ecologistas y otros minoritarios.

Pero hay una izquierda social, que es más amplia que las izquierdas partidistas y que las izquierdas “movimientistas”, reducidas, frecuentemente, a simples clubes o membretes políticos. Esa izquierda social históricamente se formó con el avance del siglo XX.

Su más remoto origen está en el sector radical del liberalismo, que respaldó a Eloy Alfaro y sus políticas (1895-1912). También se identificó con las causas del naciente movimiento obrero y ha cultivado la memoria crítica contra la matanza de trabajadores el 15 de noviembre de 1922. La Revolución Mexicana (1910-1940) y sobre todo la Revolución Rusa (1917) afirmaron la conciencia social favorable a los trabajadores, campesinos, indígenas e incluso la creciente tendencia al cuestionamiento al capitalismo y al sueño por un “socialismo” todavía difuso. Capas medias, intelectuales, profesionales y una amplia gama de sectores populares se identificaron con el proceso de la Revolución Juliana (1925-1931). La militancia activa o el respaldo a los partidos Socialista y Comunista llenó las expectativas de muchos, en una época en la que tales agrupaciones hicieron verdadera acción social, cultural y política. Y, como ha sido bien reconocido y estudiado por diversos investigadores, desde los años treinta la literatura y el arte de contenido social no solo sirvieron como denuncia de las condiciones de vida y de trabajo en el país, sino que dieron expresión a aquellos sectores identificados con la izquierda. Los ensayos políticos, así como los primeros estudios sociológicos, antropológicos, indigenistas, laboristas y hasta económicos, iniciados por prestantes figuras de la intelectualidad nacional, tanto como la labor de profesionales y académicos en las universidades públicas, igualmente han servido para alimentar la conciencia social, el cuestionamiento a la dominación oligárquica, la sensibilidad humanista, que han enriquecido el espacio de la izquierda social ecuatoriana.

Sin embargo, la gran “politización” izquierdista de la sociedad ecuatoriana ocurre a partir de la década de 1960. Se combinan múltiples factores: la Revolución Cubana (1959), las luchas guerrilleras en distintos países, así como la guerra fría y el clima de represión indiscriminada que desató el “anti-comunismo”, los éxitos y avances de los países socialistas, los movimientos por la paz y contra la guerra de Vietnam, el mayo francés (1968) y su influencia mundial, la difusión del marxismo, el activismo universitario, la cultura “anti-sistema” a través de la nueva música, el arte y sobre todo el “boom” de la literatura latinoamericana, las reacciones contra el imperialismo, el recambio con nuevas generaciones de “radicales” y “rupturistas”, etc. En la década de los setenta ya existía un amplio espectro de izquierdas sociales, identificadas con tres principios decisivos: una conciencia anticapitalista; una conciencia social y humanista, variada, favorable, ante todo, a los sectores populares, que rechazaba a la “burguesía” como clase, y que se extendía desde el cristianismo de la doctrina social católica y la teología de la liberación, hasta los marxistas independientes de cualquier partido tradicional; y una conciencia democrática, que podía aceptar los valores de la “democracia burguesa” (por allí cabe entender a la centro-izquierda) tanto como al socialismo, como único régimen posible de salida al capitalismo.

Hay marxistas que no han sido capaces de entender estas dinámicas de la sociedad, de modo que se han apresurado a juzgar como “derechista” toda posición que no es marxista, ni acepta exclusivamente sus tesis anticapitalistas o su dogmatizado “socialismo”, lo cual hoy es evidentemente cuestionable, porque nadie puede definir, con absoluta firmeza, lo que será ese sistema, una vez que se produjo la implosión del socialismo totalmente estatista. Bien puede hablarse del socialismo nórdico europeo, o del canadiense; pero también del “socialismo de mercado” de China; o tomar como ejemplo las importantes reformas económicas en Cuba, que debieron impulsarse en medio del “período especial” (1990-1996) y el bloqueo norteamericano (hoy agudizado con la política Trump), que son experiencias inéditas, que ningún otro país latinoamericano ha experimentado, exceptuando hoy a Venezuela, que sin tener una economía “socialista”, también sufre un bloqueo comparable con el cubano.

Desde 1979, el amplio espectro de la izquierda social no ha encontrado representación en los partidos de la izquierda ya conocidos; también ha observado con frustración los magros resultados electorales obtenidos en todo momento por ellos y por los movimientos sociales que se aliaron para conformar frentes supuestamente representativos de toda la tendencia; y, sin duda, cuestiona a visibles líderes de esas agrupaciones, que han perpetuado, hasta el presente, sus comportamientos acomodaticios, personalistas y típicamente enmarcados en las prácticas de la “partidocracia”. Pero también es necesario comprender que las izquierdas sociales igualmente anhelaban gobiernos más cercanos a sus definiciones y tendencias, cuando apoyaron a candidatos como Jaime Roldós (1979-1981) o Rodrigo Borja (1988-1992) y hasta creyeron en Lucio Gutiérrez (2003-2005). Tuvieron participación activa en el derrocamiento de tres gobiernos: A. Bucaram (1997), J. Mahuad (2000) y L. Gutiérrez (2005). Ha existido mayor claridad y definición con el respaldo que han dado a las huelgas nacionales del FUT a inicios de la década de los ochenta; al movimiento indígena y su indudable presencia nacional a partir del levantamiento de 1990; a las luchas populares en distintos momentos de la historia contemporánea; el repudio y cuestionamiento a los gobiernos de la derecha política; el rechazo al TLC o a los acuerdos con el FMI, así como al modelo neoliberal o empresarial-oligárquico. La izquierda social respaldó la movilización popular de octubre 2019 de diversas formas y también sufrió la represión.

Sin duda, amplios sectores de las izquierdas sociales se identificaron con el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y lo respaldaron, porque vieron en él una alternativa de nueva izquierda, que pasó a formar parte del progresismo latinoamericano. En poco tiempo, los dirigentes del partidismo y del movimientismo ya señalado, rompieron con este gobierno por una serie de causas, pasaron a combatirlo y han negado al “correísmo” alguna ubicación en la izquierda, pues consideran que solo se trató de un ciclo más de la “dominación burguesa” en Ecuador. Además, acusan a Correa de haber “criminalizado” la protesta social y haber “destruido” a la izquierda. Obviamente estos sectores fueron políticamente confrontados por Rafael Correa, quien los calificó como “izquierda infantil”.

Considerándose como la “auténtica” y hasta “única” izquierda en el país, en 2013, los sectores mencionados decidieron enfrentar al “correísmo” y articularon la “Unidad Plurinacional de las izquierdas”, integrada por Pachakutik, CONAIE, ECUARUNARI, Montecristi Vive, MPD, PCMLE, Partido Participación, Socialismo Revolucionario, RED, Movimiento Participación Democracia Radical, Poder Popular, Movimiento Convocatoria por la Unidad Provincial, FUT y Frente Popular (UNE, FEUE, FESE, UGTE, CUBE, CONFEMEC, FEUNASSC, JRE, CUCOMITAE, UNAPE, UCAE, UAPE, JATARISHUN, UNAP), que propuso como candidato presidencial a Alberto Acosta (en binomio con Marcia Caicedo). Pero todo ese sector de la “izquierdosidad”, para utilizar un concepto que emplea la investigadora argentina Irma Antognazzi (me ha escrito que en su país se observa igual comportamiento político) apenas alcanzó el 3.26% de la votación, lo que significa que no votaron por ellos sino una fracción de sus partidarios, militantes o “bases”; mientras, paradójicamente, el binomio Rafael Correa/Jorge Glas, alcanzó su mayor votación histórica, pues obtuvo el 57.17% de los votos (y 100 de 137 asambleístas), derrotando a todos los 7 contendores de derecha y de izquierda, en la primera vuelta.

La experiencia histórica no fue asimilada: los partidos y movimientos más importantes de la izquierdosidad, al no comprender el espacio ni las dinámicas históricas de la izquierda social, volvieron a reproducir el mismo comportamiento en 2017, cuando se conformó el “Acuerdo Nacional por el Cambio” (MUP, ID, Pachakutik, CONAIE, PSE, RS, PCMLE, Montecristi Vive, FUT, FP, RA, UNE  y una serie de movimientos menores), que patrocinó al binomio Paco Moncayo/Monserratte Bustamante, quienes, además, eran personalidades ajenas a sus filas y militancias propias. Alianza País (AP), por su parte, propuso al binomio Lenín Moreno /Jorge Glas. Por segunda ocasión, el partidismo y movimientismo de la “auténtica” izquierda, apenas logró el 6.71% (al menos duplicando lo obtenido en 2013) de los votos. Moreno tuvo que pasar a la segunda vuelta, en la que logró un apretado 51.16% de la votación frente al exbanquero Guillermo Lasso, patrocinado por CREO, con apoyo de las derechas políticas, económicas y mediáticas, quien obtuvo el 48.84% de la votación. No se puede soslayar un hecho histórico inédito: dirigentes y militantes de la izquierdosidad convocaron y hasta realizaron una campaña activa para que se votara por el millonario banquero, al que preferían, antes que dar el respaldo a un candidato del “correísmo”.

La izquierda social nunca se esperó el giro gubernamental de Moreno ni la restitución del modelo empresarial-oligárquico en la economía. Sin embargo, dirigentes, líderes e intelectuales del partidismo y del movimientismo de la izquierdosidad se unieron a la “descorreización”, apoyaron el referendo y consulta de 7 preguntas que el gobierno realizó (febrero 2018) para legitimar su reforma institucional del país, respaldaron activamente las labores del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana nombrado para ello, y sostuvieron, de uno u otro modo, al “morenismo”, aunque hoy aparecen confrontando sus políticas.

Desde luego el “correísmo” ha sido seriamente afectado por los casos de corrupción descubiertos y por las debilidades que el proceso de la Revolución Ciudadana dejó como herencias, las cuales han sido mejor advertidas con el paso del tiempo. Aún no está claro cómo y con quiénes podrá articular una candidatura que permita captar el apoyo de las izquierdas sociales. Pero, ¿logrará el “correísmo” una fuerza cercana a la que tuvo en el pasado? Del otro lado, parece que tampoco se quiere asumir las experiencias históricas, pues nuevamente las dirigencias de las “auténticas” izquierdas se preparan para las elecciones de 2021, sobre la base de unificar fuerzas contra el “correísmo”. Se adelanta Pachakutik, con un precandidato presidencial ampliamente reconocido por ser un actor decisivo del anticorreísmo indígena (https://bit.ly/2PgFqvx). Parece que en su elección primó esa postura, a tal punto que resultan muy sintomáticas las reacciones inmediatas que tuvieron, entre otros, tres articulistas movidos por el mismo espíritu político: uno de ellos sostiene que Leonidas Iza “marcó la cancha electoral para poner distancia con el populismo autoritario y corrupto de los correístas” (https://bit.ly/2D5z93m); otro apunta todo lo contrario, porque al decidirse por Yaku Pérez “muere ahogado el sueño correista de apropiarse del movimiento indígena para usarlo como catapulta de regreso al poder” (https://bit.ly/39T42nt); y un tercero opta por una fantasmagórica apreciación: “Tanto Vargas [Jaime] como Leonidas Iza, su cerebro a distancia, pertenecen a esa fracción de la dirigencia indígena que, si dependiera de ellos, casi preferirían contar con un brazo armado que con uno político. Y los aspirantes a ser eso (el movimiento de Cotopaxi, los Mariáteguis y otros talibanes) ya tomaron su decisión: quieren a Iza”. (https://bit.ly/2DuNW7k -2/8/2020:22h).

Lo que asombra es que días más tarde, el Consejo Ampliado de la CONAIE decide “dejar sin efecto” las resoluciones de Pachakutik; exhortar a que las candidaturas se realicen “en coordinación y participación, con voz y voto, de la estructura organizativa del movimiento indígena”; y “respaldar a los compañeros Jaime Vargas y Leonidas Iza Salazar como precandidatos a la Presidencia de la República del Ecuador” (https://bit.ly/31xXxm5). Una situación comparable con la que ocurrió en 2016, es decir hace 4 años, a la cual me referí en dos textos que parecen tener plena actualidad: una nota en FaceBook, difundida el 7 de agosto de 2016, que titulé: “Movimiento indígena: ¿cuál es su representatividad política?” (https://bit.ly/3in5K3E); y un artículo que publiqué en diario El Telégrafo el 8 de agosto de 2016, con el título: “Movimientos sociales y política electoral” (https://bit.ly/30AAt7a).

En todo caso, ¿será posible que esta sea la tercera oportunidad para demostrar que ahora sí las agrupaciones y movimientos del anticorreísmo, han pasado a convertirse en la alternativa política que el amplio espectro de las izquierdas sociales anhela? Por lo pronto, tienen a su favor el hecho casi seguro de que Rafael Correa no podría ser candidato y que el “correísmo” no tendría un partido que le represente, si finalmente se imponen las arbitrariedades de los organismos electorales; pero también cuentan a su favor con el lawfare, la judicialización selectiva y la persecución a los “correístas”, en medio de un ambiente nacional en el que hegemonizan las fuerzas de la derecha económica, política y mediática.

Por sobre esos conflictos y posiciones irreductibles entre dos bandos, que polarizan sus propias posiciones ideológicas y marginan las posibilidades de la tan proclamada “unidad”, la amplia gama de la izquierda social mantiene la esperanza de que alguna fuerza política logre representar verdaderamente sus ideales e intereses y que finalmente se instaure un gobierno que dé continuidad a los procesos que ese sector ha respaldado desde inicios del siglo XX, entre avances y retrocesos, a pesar de las frustraciones cíclicas. De lo contrario, las derechas políticas, económicas y mediáticas asegurarán la continuidad del modelo empresarial-oligárquico, que el “morenismo” supo afianzar en apenas tres años.

Autor: Juan J. Paz y Miño Cepeda

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/ecuador-la-izquierda-frustrada/

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Desigualdades: el problema son los millonarios

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Por:  Juan J. Paz y Miño Cepeda

En los últimos años se ha despertado en el mundo una preocupación creciente sobre las desigualdades sociales, en su más amplia consideración, pues no solo se incluye la desigualdad en cuanto al reparto de la riqueza, sino también otras formas de ésta en la vida contemporánea. Pero, sin duda, las desigualdades económicas son las que golpean, con una fuerza impactante, a millones de seres humanos.

En el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), realizado del pasado 21 al 24 de enero (2020), la élite de negocios que normalmente asiste recibió un comunicado del grupo “Millonaires against pitchforks” (https://bit.ly/2SgaHj6) [1] dirigido “A nuestros compañeros millonarios y multimillonarios de todo el mundo”, en el que se afirma lo siguiente: “La desigualdad extrema y desestabilizadora está creciendo en todo el mundo. Hoy en día, hay más multimillonarios en la tierra que nunca antes, y controlan más riqueza de la que tienen. Mientras tanto, los ingresos de la mitad más pobre de la humanidad permanecen prácticamente sin cambios”.

El grupo concluye: “Por esa razón, les instamos [a los Estados] a avanzar ahora, antes de que sea demasiado tarde, para exigir impuestos más altos y más justos a millonarios y multimillonarios dentro de sus propios países y ayudar a prevenir la evasión y elusión de impuestos individuales y corporativos a través de los esfuerzos de reforma fiscal internacional”.

Al mismo tiempo, el 20 de enero, Oxfam publicó su informe “Tiempo para el cuidado” (https://bit.ly/37WRDgA), que incluye una serie de datos que deberían escandalizar a todo el planeta: en 2019, los 2.153 mil millonarios que hay en el mundo poseían más riqueza que 4.600 millones de personas; los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África; el 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6.900 millones de personas; y “si una persona hubiese ahorrado 10.000 dólares diarios desde el momento en que se construyeron las pirámides de Egipto, ahora poseería tan solo una quinta parte del promedio de la fortuna de los cinco millonarios más ricos del mundo”. De modo que el incremento de tan solo el 0.5% adicional en el tipo de impuesto que grava el patrimonio del 1% más rico de la población, permitiría recaudar los fondos necesarios para invertir en la creación de 117 millones de puestos de trabajo, sostiene Oxfam.

Poco tiempo atrás (diciembre, 2019), el PNUD igualmente entregó su informe sobre desarrollo humano titulado “Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI” (https://bit.ly/2GYNmx4), en el cual se resalta la situación de injusticia en América Latina, con desigualdades que se remontan a la época colonial. Y, en un hecho sin precedentes, hasta la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en su artículo “Reducir la desigualdad para generar oportunidades” (https://bit.ly/2OsveQm), llega a una conclusión inesperada:

“Para abordar la desigualdad es necesario replantear el problema. Antes que  todo, en lo que se refiere a políticas fiscales y tributación progresiva./ La progresividad de los impuestos es un aspecto fundamental de una política fiscal eficaz. Nuestras investigaciones muestran que en el segmento superior de la distribución del ingreso es posible elevar las tasas marginales de impuesto sin sacrificar el crecimiento económico”.

Pero esta afirmación no pasa de las simples palabras, porque contradice los condicionamientos que el FMI impone en América Latina, a tal punto que la Carta de Intención suscrita por el gobierno de Lenín Moreno en Ecuador, señala textualmente: “La reforma tributaria tendrá como objetivo mejorar la movilización de ingresos, aumentar la eficiencia, la simplicidad y la equidad, pasando de los impuestos directos a los indirectos…”, lo cual parece una burla y, además, contradice a la Constitución de 2008.

La situación de América Latina y el Caribe, que es la región más inequitativa del mundo por los términos que ha adquirido la concentración de la riqueza, también ha sido estudiada de modo particular y sistemático por la CEPAL. En 2018 la institución presentó en La Habana uno de sus últimos estudios sobre el tema, titulado La ineficiencia de la desigualdad (https://bit.ly/2RWp3q2), aunque antes publicó varios trabajos y también otros después. De acuerdo con datos de la entidad, en la región el 20% de la población concentra el 83% de la riqueza; mientras el número de multimillonarios pasó de 27 a 104 desde el año 2000; y en 2019, son 66 millones de personas (10.7% de la población) las que viven en extrema pobreza.

En el mismo Foro de Davos, al que me he referido, la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, ha insistido en que “La desigualdad es la causa estructural del malestar social en la región. Por ello, necesitamos avanzar de la cultura de los privilegios a la cultura de igualdad y la inclusión social”; y añade: “Las protestas en la región tienen un hilo común que es la desigualdad y pueden convertirse en una oportunidad para el cambio social” (https://bit.ly/31oDbLE).

En el reciente XV Foro de Análisis de la Economía Latinoamericana, que se realizó en Madrid pocos días atrás, Bárcena ha remarcado que se requiere “una política fiscal activa con medidas que impulsen el crecimiento con inclusión, además de una estrategia para garantizar la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo y un nuevo pacto social que incorpore una nueva generación de políticas y que impulse una nueva ecuación entre el Estado, el mercado y la sociedad, que permita avanzar en la construcción de nuevos consensos” (https://bit.ly/398QQsZ).

Desde luego, las desigualdades tienen un origen histórico, aunque los millonarios del mundo y más aún los de América Latina (y peor aún los de Ecuador) piensen que su riqueza es fruto de sus emprendimientos y sus trabajos. Precisamente la historia económica y la economía política han demostrado, en forma contundente e irrebatible desde el siglo XIX, que la riqueza es, finalmente, apropiación de valor socialmente generado.

En tal virtud, la riqueza tiene que ser redistribuida e incluso cabe pensar que mundialmente es preciso ponerle límites, porque no deben existir millonarios ni multimillonarios. En mucho, la redistribución se logra con instrumentos modernos como los impuestos directos, que en América Latina tienen que ser reforzados, ampliados y cobrados a elites económicas que no solo los evaden, sino que esconden sus recursos en paraísos fiscales.

En nuestra época, como en el pasado, hay múltiples argumentos ideológicos para justificar las desigualdades y la riqueza. Y el reciente libro de Thomas Piketty, Capital e ideología (2019) precisamente retoma esa demostración. Ya contamos con la voluminosa obra (1.247 páginas) traducida al español.

En esencia, Piketty da continuidad a su famosa obra El capital en el siglo XXI (2013), pero examina, en su nuevo libro, cómo la ideología y la política han servido de fundamento para las desigualdades, desde sociedades antiguas. No es la lucha de clases, ni la economía, sostiene el autor, sino las ideas sostenidas en la época las que originan y mantienen las desigualdades. Y en su demostración utiliza una impresionante gama de fuentes y recursos.

Esta conclusión suya tiene especial relevancia para América Latina. Porque en los tiempos conservadores en que se encuentra la mayor parte de la región, el tema de las desigualdades económicas, la concentración de la riqueza y la necesidad de incrementar los impuestos directos, ha desaparecido inmediatamente con los gobiernos de derecha y ultraderecha, interesados en contentar al capital, a través de afirmar, a toda costa -también arrasando con la democracia y los derechos sociales-, el camino neoliberal y empresarial que les inspira, incluso con la compañía del FMI, como ahora ocurre en Ecuador.

El lenguaje económico en la ideología conservadora y neoliberal se interesa por los emprendimientos, las inversiones, las ganancias, la competitividad en los mercados, los tratados de libre comercio, las alianzas geoestratégicas con el capital transnacional, etc. Además, riqueza y pobreza son, bajo esa visión, fenómenos naturales, debidos a decisiones de vida individuales.

Las consignas, que igualmente se generan, abogan por el retiro del Estado y las privatizaciones, cuestionan el sistema tributario directo y argumentan la flexibilidad laboral y el recorte de derechos sociales. Es la “nueva” ideología del siglo XXI latinoamericano que, si se examina históricamente, tiene más vejez de lo que a veces se imagina.

Precisamente, contra esa ideología, corresponde librar la batalla por las ideas, a fin de fortalecer la conciencia social por el cambio, la construcción de una nueva sociedad, y el retorno del valor socialmente creado a sus legítimos dueños: los trabajadores de todas las esferas económicas en su conjunto, de cuyo esfuerzo siguen apropiándose los millonarios.

Referencias bibliográficas

[1] Millonarios contra rastrillos

Fuente e imagen: https://firmas.prensa-latina.cu/index.php?opcion=ver-article&cat=P&authorID=129&articleID=2807&SEO=paz-y-mino-cepeda-juan-jose-desigualdades-el-problema-son-los-millonarios

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Educación superior: ¿presiones para el retorno al pasado?

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Educación superior: ¿presiones para el retorno al pasado?

Ecuador, lunes,  3 de Febrero, 2020

Juan J. Paz y Miño C.

En 2006 se publicó el libro Asociación de Profesores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 30 Años: 1976-2006. Hay varios artículos relativos a la educación y particularmente sobre la realidad universitaria del país. Incluye un artículo mío titulado “La universidad ecuatoriana: entre el profesionalismo y el mercado” que también lo publiqué en el Boletín del THE (https://bit.ly/2ROBML9).

En mi texto contrastaba dos momentos: las décadas de 1960 y 1970 caracterizadas por la masificación y politización de las universidades, el activismo estudiantil, el ataque a las universidades públicas por su “izquierdismo”, las limitaciones en recursos; y las décadas de 1980 y 1990, cuando las preocupaciones cambiaron, por la proliferación de universidades: a fines de los 70 había 15 universidades estatales, 4 privadas y solo 1 internacional, mientras en 2005 existían 66 universidades, de las cuales 40 eran privadas. Por cierto, varias de las universidades fueron aprobadas por congresos a los que no importó la violación a la misma Ley de Educación Superior.

La masificación se agudizó en 1969, cuando fueron abolidos los exámenes de ingreso para las universidades, a consecuencia de las activas movilizaciones de los bachilleres en las calles, en las que murieron varios jóvenes, por la represión en Guayaquil. De acuerdo con distintos estudios de la época, esa supresión contribuyó al deterioro de la calidad académica de las universidades públicas. La politización y el izquierdismo, si bien convirtieron a las universidades en antenas sociales del país, igualmente afectaron la rigurosidad en los estudios.

Sin embargo, la proliferación de universidades privadas tampoco solucionó el mejoramiento académico. Las universidades de “garaje” resultaron peores para la formación de profesionales; el título pasó a ser una mercancía, al compás del modelo neoliberal-empresarial que se afirmó en Ecuador durante las mismas décadas finales del siglo XX.

Con la primera Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas y la creación del CONUEP en 1982, (CONESUP desde 2000), se dio un paso de enorme importancia para la organización, funcionamiento y supervisión de las universidades, así como para la promoción de las investigaciones académicas. Pero ese paso fue estrangulado por la economía neoliberal-empresarial. A tal punto se readecuaron los estudios universitarios con orientación al mercado, que en pregrado, las carreras de administración y comercio llegaron a representar el 26.14% del total y en postgrado el 26.21%.

Con la nueva Constitución de 2008, otra Ley de Educación Superior y la creación de la SENESCYT, se avanzó como nunca antes. Fueron cerradas casi una veintena de universidades de “garaje”, se implementó el sistema de acreditación y seguimiento a las universidades, se potenció la investigación y la producción científica, fue reforzado el criterio de titulaciones de cuarto nivel, se trazó una línea futura de lo que debía ser la educación superior. También hubo serios límites, sobre todo en cuanto a la burocratización del trabajo docente y varios dogmatismos sobre la calidad universitaria y la supervisión. Sin embargo, la idea de potenciar universidades con altos niveles académicos e investigativos también respondió a las reorientaciones económicas y políticas del país, que dejaron atrás los conceptos neoliberales.

Desde 2017, con el retorno del modelo neoliberal-empresarial, la visión sobre la educación superior se modificó. También revivieron los intereses universitarios privados, en tanto se recortan o descuidan las inversiones estatales, se cuestionan las herencias de la educación durante la década pasada por el simple apuntalamiento de la “descorreización”, e incluso aparecen posiciones políticas que pretenden la desaparición de la Senescyt y el retorno al libre ingreso a las universidades. Sería un retroceso a la época anterior a la fundación del CONUEP.

Confabulan para ello, la ausencia de visiones estructurales sobre el futuro de la educación en primaria y secundaria, y la carencia de perspectivas sobre cómo orientarlas para que la educación superior no sea presionada en contra de las exigencias académicas, que son las que deben prevalecer. Tampoco hay sentido para ofrecer otras alternativas, con decidida intervención del Estado, para invertir en instituciones y carreras que potencien tecnicaturas y profesiones medias. El revivido neoliberalismo nuevamente solo exige el recorte del “gasto” público, que provoca, inevitablemente, el recorte de recursos para la educación.

Autor: Juan J. Paz y Miño C

 

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/educacion-superior-presiones-retorno-al-pasado/

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Ecuador: Festejar la dolarización

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Festejar la dolarización

Ecuador, lunes,  13 de Enero, 2020

Juan J. Paz y Miño C.

Como en ningún otro aniversario, al cumplirse 20 años de la adopción del dólar norteamericano como moneda nacional del Ecuador, intelectuales de la derecha universitaria, así como políticos, empresarios y medios de comunicación con iguales visiones, se dedicaron, en pasados días, no solo a defender la dolarización (pocos con algunas razones económicas bien argumentadas), sino a rescatarla como una decisión benéfica para el país, inevitable en las condiciones de los años 1999/2000, y como un régimen que ha traído estabilidad monetaria, seguridad, confianza y emprendimiento.

El expresidente Jamil Mahuad (1998-2000), quien decretó la dolarización violando la Constitución de 1998, conminando y amenazando al directorio del Banco Central para que la adoptara, sin los estudios técnicos que la justificaran e incluso sin conocimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), que era, por entonces, una institución de obligada consulta, fue ampliamente entrevistado y, además, destacado por haber asumido la decisión dolarizadora. Paralelamente también se lanzó la idea de “festejar” la dolarización, incluyendo para ello la presencia de Domingo Cavallo, “padre” del sistema de convertibilidad en Argentina durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999); y que en Ecuador vino a sostener, sin ningún fundamento histórico, que “sin dolarización Ecuador estaría como Venezuela”. Tampoco faltaron los académicos del “establishment” que, desde sus propias filas, igualmente festejaron los 20 años dolarizados y sus “logros”.

Toda esta campaña ideológica del presente oculta la historia, para salvar en ella a una serie de políticos y gobernantes, pero sobre todo a una elite social privada, que hegemonizó con sus intereses sobre la economía del país desde los años 80 del pasado siglo, y que fue la beneficiaria inmediata y directa de la dolarización, en perjuicio de los más amplios sectores sociales de la época.

Porque la dolarización fue un momento especial de la construcción del modelo neoliberal-empresarial, tibiamente iniciado por Osvaldo Hurtado (1981-1984) en sus dos últimos años de gobierno, definitivamente marcado por León Febres Cordero (1984-1988), consolidado por Sixto Durán Ballén (1992-1996), quien fue el continuador económico del febrescorderismo, y reproducido por todos los gobernantes posteriores hasta 2007. Ese modelo económico compaginó con la globalización transnacional de la época y recibió las guías conductoras del FMI a través de las 16 cartas de intención suscritas por el país entre 1983 y 2003. De este modo se caminó hacia la edificación de una especie de paraíso para las capas más ricas del Ecuador, que se apoyaron en tres consignas centrales: 1. reducir el Estado a sus mínimas capacidades económicas; 2. suprimir o reducir impuestos directos y particularmente los que afectan al empresariado; 3. flexibilizar las relaciones laborales para disminuir costos y maximizar las ganancias. Es la misma trilogía actualmente vigente, en el segundo momento del modelo neoliberal-empresarial revivido por el gobierno de Lenín Moreno.

En ese telón de fondo, quien puso los cimientos de la debacle bancaria que vendría a fines de los noventa y que condujo a la dolarización, fue el gobierno de Sixto Durán Ballén, con la Ley de Instituciones Financieras (1994), que introdujo el concepto de banca múltiple, permitió los créditos vinculados, maniató a la Superintendencia de Bancos y posibilitó los créditos de liquidez del Banco Central que sirvieron para “salvar” a los bancos privados, entre los cuales el Banco Continental fue el primero en “caer” (1996), seguido luego por otras 15 instituciones financieras. Los ciudadanos quedaron impotentes ante el cierre de los bancos, los “salvatajes”, la pérdida de sus ahorros, la fuga de los banqueros corruptos y el contubernio de los sucesivos gobiernos con la clase bancaria y los empresarios ligados a sus desafueros.

Después de la sucretización de las deudas privadas durante el gobierno de Hurtado (deudas empresariales en dólares transformadas a sucres, pero pagadas en dólares por el Estado), y de la resucretización efectuada por Febres Cordero, la debacle bancaria fue el tercer gran atraco privado al país y a sus habitantes. Porque el modelo neoliberal, que agravó las condiciones de vida y trabajo de la población, condujo al negociado con recursos del BCE, al feriado bancario de 1999 y a las pérdidas de recursos de los ahorristas, así como a la ruina de los pensionistas jubilados, que no solo lloraron y se quejaron a diario, sino que incluso acudieron al suicidio, como reportaron los mismos medios periodísticos de la época. Varios de los nombres de los defensores de aquel modelo y, sin duda, de la dolarización actual, fueron actores directos de las políticas seguidas en aquellos años, aunque hoy son presentados como personajes de criterios ejemplares.

Un libro que circuló en 1999, escrito por varios autores desde distintas ópticas, y con el título Bancos y banqueros, da cuenta de esos procesos que alarmaron al Ecuador y que hasta hoy siguen en la impunidad. Uno de los autores utilizó un título que retrata exactamente lo que sucedía: “Ratas, rateros y banqueros”.

La dolarización fue el resultado de esa debacle económica e institucional (entre 1996-2006 hubo 7 gobiernos, 1 dictadura nocturna y tres presidentes derrocados: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez). Cuando se implantó el sucre como unidad monetaria del país (1884), la paridad del dólar fue de 1 sucre; cuando se creó el Banco Central (1927) fue de 5 sucres; al iniciarse la fase democrática (1979) tras las dictaduras petroleras de los setentas, el dólar equivalía a 25 sucres; pero la dolarización se adoptó con 25 mil sucres por dólar. Ese momento quedaron pulverizados los salarios de los ecuatorianos, porque el salario mínimo pasó a equivaler 4 dólares, mientras fugaban capitales, se sobre-enriquecía una elite que había acumulado en dólares y la impotencia social movilizada en protestas en las calles, apenas logró la caída de Mahuad, porque el sucesor, Gustavo Noboa (2000-2003) fue quien efectivamente dolarizó la economía y apuntaló, aún más, el modelo neoliberal-empresarial. El estudio de las consecuencias previsibles de la dolarización ecuatoriana, quedó en otro libro colectivo, titulado Dolarización. Informe urgente (2000).

No es cierto que la dolarización permitió estabilizar al país. Así lo demuestran varios artículos del reciente libro Dolarización: dos décadas después (1999). Pero, además, no puede olvidarse que quienes la sostuvieron fueron los miles de migrantes que, ante el derrumbe de la vida y el trabajo, salieron a España, Italia y los EEUU. Las remesas enviadas por esos migrantes a sus familias representaron, casi durante una década posterior, el segundo rubro de ingresos para el país después de las exportaciones de petróleo. Según el Banco Mundial (BM), en 2006 Ecuador recibió 2.922 millones de dólares por remesas, las que llegaron a representar el 6% del PIB. Y, de otra parte, a pesar de la dolarización, fue la población ecuatoriana la que aprendió a sobrevivir con la extraña moneda, la que tuvo que sufrir no solo por los desafueros bancarios sino por la arremetida contra sus derechos laborales, y la que experimentó el abismo entre sus ingresos y el de las elites económicas enriquecidas a costa de todo el país.

Hay responsables históricos del modelo neoliberal-empresarial y de la dolarización, aunque se trate de que hoy aparezcan como referentes académicos, periodísticos y políticos. Se argumenta, como en efecto es así, que hoy los ecuatorianos no quieren salir de la dolarización. No es porque el sistema sea “bueno”, sino porque históricamente se recuerda el manejo de las elites con el sucre, las devaluaciones, los intereses usureros, los salvatajes. Al menos la población experimenta que puede conservar su poder adquisitivo y que ya no existe el riesgo descontrolado de la inflación.

Sin embargo, celebrar la dolarización es como celebrar la conquista española: se olvidan los acontecimientos de inicio, para sostener, a estas alturas, que “gracias” a la conquista española hoy tenemos religión católica, idioma castellano, ciudades de origen colonial y cultura occidental. Ya no se ve la destrucción ocasionada por la conquista, la subordinación de las poblaciones indígenas, la introducción de las formas más agudas de explotación de la fuerza de trabajo, el inicio del subdesarrollo y de la acumulación originaria. La dolarización parece lucir hoy un beneficio económico, porque se silencia a la población que sufrió, que perdió patrimonios, que cayó en sus niveles de ingresos, de vida y de trabajo.

El Ecuador salió adelante por su gente y no por la elite que continúa con su atrasada visión económica para completar el cuadro de beneficios exclusivos mediante las políticas que todavía faltan profundizar, de la mano de los compromisos con el FMI: flexibilizar el trabajo y privatizar bienes y servicios del Estado.

Fuente de la Información: http://www.historiaypresente.com/festejar-la-dolarizacion/

Autor: Juan J. Paz y Miño C.

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Ecuador: Nuevas visiones sobre la «Revolución Ciudadana»

Juan J. Paz y Miño Cepeda
Nuevas visiones sobre la «Revolución Ciudadana»
Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Al menos en tres artículos escritos en los meses finales de 2018 (https://bit.ly/2MTaHn8; https://bit.ly/37AIIkh; y, https://bit.ly/2Qm77Ee) repasé los libros y artículos esenciales que se habían escrito sobre el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Contaba con casi un centenar de textos que merecían ser tomados en cuenta para estudiar a la Revolución Ciudadana con la seriedad y rigurosidad con las que ese ciclo histórico -como cualquier otro en nuestra vida republicana- debe ser tratado.La “descorreización”, impulsada en sus orígenes por la extrema derecha, paradójicamente coauspiciada por las izquierdas inicialmente “morenistas” (hoy en retirada, como lo hicieron con Correa), y que desde 2017 se convirtió, además, en consigna oficial de las funciones del Estado, de las empresas privadas de comunicación más influyentes, e incluso de la revivida doctrina militar de la seguridad nacional, no solo ha pretendido que desaparezca la historia real de ese ciclo del progresismo latinoamericano, sino que impide distinguir sus logros, los límites y hasta sus “pecados”. Pero empiezan a aparecer nuevas investigaciones. Tomaré en cuenta dos recientes.

El artículo del profesor Germán Carrillo García, “Triple revolución en Ecuador. Contradicciones de la economía política frente a la construcción de un Estado Social” (https://bit.ly/2Fmx1lg, dic/2019), permite ubicar, claramente, la sucesión histórica de tres procesos: 1) el ciclo del “desarrollismo” durante las décadas de 1960 y 1970, que por el aumento de las capacidades estatales, su incursión económica, la planificación, la reforma agraria, la industrialización sustitutiva de importaciones y el crecimiento empresarial inducido, lograron superar la ruralidad y el atraso del país, que desde entonces adquirió una típica fisonomía capitalista de rasgos latinoamericanos; 2) el ciclo del “neoliberalismo”, durante las décadas de 1980, 1990 e inicios del siglo XXI, cuando se asumen las consignas anti-estatales, de privatización, mercado libre y hegemonía de los intereses privados, que arrasaron con el avance en las condiciones de vida y de trabajo, precarizando a las mayorías sociales; y, 3) el ciclo del “neodesarrollismo” de la revolución ciudadana, que recuperó el papel del Estado y mejoró las condiciones sociales, aunque en un marco de “notable retórica política” -dice el autor- frente a una realidad socioeconómica que dependió del auge petrolero y que, por lo mismo, empezó a dar un giro “neoliberal” en las alianzas público-privadas, ante los desajustes externos.

El análisis todavía general de ese tercer ciclo, realizado por el profesor Carrillo, bien puede complementarse y ampliarse con el estudio que realiza otro profesor, Miguel Ruiz Acosta, en “Desafiando al neoliberalismo desde la mitad del mundo: repolitización de la economía bajo la Revolución Ciudadana” (https://bit.ly/39DVIaF, nov/2019), que ofrece un sólido trabajo sobre cuatro políticas del gobierno de Rafael Correa: la tributaria; de regulación financiera; sobre el mercado de trabajo; y las políticas de bienestar social.

Pormenorizando en datos y fuentes, queda igualmente en claro, que la revolución ciudadana, como dice el autor, no solo fue un cambio de gobierno, sino un “cambio de régimen”, que supo repolitizar la economía en contra de la ideología neoliberal. 1) En materia tributaria, crecieron los impuestos directos y, con sucesivas reformas, se institucionalizó su cobro efectivo, apuntando contra la evasión, lo que destapó las reacciones de las cámaras de la producción. Por cierto, en este punto vale destacar la rigurosa investigación de Timm B. Schützhofer, pionera en estudiar el régimen tributario de la Revolución Ciudadana (https://bit.ly/39DTRCH, feb/2019). 2) Se produjo una “expropiación financiera”, pues el Estado logró imponer sus regulaciones a la poderosa banca privada, especialmente en cuanto a intereses, liquidez, garantías, comisiones; auditó la deuda externa; renegoció contratos petroleros; repatrió reservas internacionales y realizó vastas e importantes inversiones públicas; con todo lo cual provocó las reacciones de los banqueros y de las elites empresariales. 3) En lo laboral, ciñéndose al Mandato 8 de la Asamblea Constituyente y a la Constitución de 2008, el gobierno actuó para reducir la “tasa de explotación” y con ese fin garantizó los derechos fundamentales para los trabajadores, incrementó sustancialmente los ingresos laborales guiado por el principio del “salario digno” y amplió la cobertura de la seguridad social; pero fue, dice el autor, una política laboral “híbrida”, ya que si bien mejoró el trabajo formal y también la atención al informal (las estadísticas lo demuestran), afectó ciertos derechos para los servidores públicos, promovió un sindicalismo oficialista (CUT, PL) y se distanció con las organizaciones de trabajadores más reconocidas, incluso llegando a ciertos giros “flexibilizadores” en sus dos últimos años, algo que yo señalé en aquel tiempo y que el profesor Ruiz lo destaca en una cita. 4) En bienestar social los avances fueron evidentes, a través de la seguridad social ya referida, además de la extensión y cobertura con servicios públicos (educación, medicina, vivienda), subsidios focalizados, programas de transferencia condicionados como el bono de desarrollo humano y el incremento del gasto social.

Ese conjunto de políticas “neodesarrollistas”, según el autor (coincide con Carrillo), trajeron resultados: incremento sostenido del salario real (se demostró que el alza salarial no fue obstáculo para el crecimiento del trabajo formal), reducción sustancial de la pobreza y paralelamente de las desigualdades sociales, además del fortalecimiento de las capacidades estatales regulatorias y de la institucionalidad. Lo comprueban los datos económicos y los cuadros insertos en el artículo. Ecuador fue reconocido como el primero en América Latina en cuanto a la mayor eficacia en la disminución de desigualdades, y el segundo en reducción de la pobreza, de acuerdo con entidades internacionales (FMI, BM, PNUD, OIT, CEPAL) y otros estudios académicos. Como señala Ruiz, se demostró que sí hay alternativas al neoliberalismo.

Sobre la base de los estudios realizados por los profesores Carrillo y Ruiz, bien puede sostenerse que durante el ciclo de la Revolución Ciudadana estuvo en proceso de construcción un tipo de economía social, que logró distinguirse del modelo neoliberal-empresarial que le antecedió por décadas. Pero, además, si se observa con perspectiva histórica, ese tipo de economía daba continuidad a esfuerzos nacionales de otras épocas, de manera que es irracional hablar de la existencia de una supuesta economía “correísta” o de una “década perdida”, cuando los datos prueban lo contrario.

La educación universal, laica y gratuita fue una conquista del radicalismo en la Revolución Liberal de 1895, así como la asistencia pública, antecesora de la seguridad social, pero también el sindicalismo. Las políticas sociales, los derechos de los trabajadores, la cajas del seguro y pensiones, los impuestos directos y la necesidad de imponer el poder público a los intereses bancarios y empresariales particulares nacen con la Revolución Juliana de 1925. Los rastros iniciales del “desarrollismo” se encuentran en el gobierno de Galo Plaza Lasso (1948-1952), se afirmaron en las décadas de los 60 y 70, y solo así se logró superar definitivamente el régimen oligárquico y el sistema hacienda. El “neodesarrollismo” de la revolución ciudadana tuvo esas bases. Los principios para una economía social fueron ampliados sucesivamente por las Constituciones de 1929, 1945 y 1979 (lo estudio en un artículo publicado en 2007 en el libro Asamblea Constituyente y Economía, https://bit.ly/2STwkrm), de modo que la Constitución de 2008 responde a ese avance.

En cambio, el régimen oligárquico del siglo XIX, la época plutocrática (1912-1925), o las décadas neoliberales de fines del siglo XX, que se caracterizaron por la hegemonía de los intereses privados, no cambiaron la fisonomía del país, se sustentaron en el agravamiento de las condiciones de vida y de trabajo, y fortalecieron la concentración de la riqueza en unas elites despreciadoras de las responsabilidades sociales del Estado. Incluso las Constituciones de 1967 y 1998 reflejan los intereses privados en la economía, que sustentan el modelo empresarial.

Para Germán Carrillo está claro que desde 2017 “Lenín Moreno, ha demostrado con solvencia su adhesión incondicional a esas élites señaladas por Hirschman, que junto a las instituciones globales del capitalismo neoliberal no desestiman la imposición de políticas de austeridad a las bases del cuerpo social”; y para Miguel Ruiz, “el actual Gobierno [de Lenín Moreno], a pesar de haber emergido del propio seno de la Revolución Ciudadana, [ha] dado un giro de 1800 no sólo en materia geopolítica, sino también en los ámbitos económico y social”; y agrega: “ Como lo mostró el gran estallido social de inicios de octubre de 2019, la nueva orientación de la política pública no sólo dejó de lado un proyecto de desarrollo nacional de carácter inclusivo, sino que resucitó la vieja idea de que no hay más alternativa que regresar a la (anti)política del neoliberalismo”.

Cabe añadir que el giro dado desde 2017, mediante el cual se cortó un camino económico y social distinto al neoliberalismo, ha sido acompañado por las orientaciones contra los “correístas” y, ante todo, contra “la más grande corrupción que ha tenido la historia”, según afirman los enemigos del ciclo de la revolución ciudadana. Desde las filas del “correísmo” se denuncia la persecución, el lawfare y el odio político. Pero también hay voces de reconocidos abogados y juristas, que cuestionan acusaciones o procesos (véase, por ejemplo, https://bit.ly/2uk2Icz); a quienes se suman los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (https://bit.ly/2QINKV7; y https://bit.ly/36qoOrU); e incluso de la Interpol (https://bit.ly/37CdxFm), u otras (https://bit.ly/2ZP4E8A; https://bit.ly/2MWKHaK; https://bit.ly/39LlOsf). La Asociación de jueces se pronunció contra la intromisión amenazante de la Fiscalía sobre el tema de las causas despertadas a raíz de la rebelión indígena y popular de octubre 2019 (https://bit.ly/2rY0wXq).

El debate jurídico puede resultar interminable. Pero en términos históricos, no debía confundirse la lucha contra la corrupción y el necesario juzgamiento de los implicados (algo que todos los ecuatorianos exigimos), con la destrucción, al mismo tiempo, del modelo económico y social que Ecuador ha tratado de construir, entre oleadas políticas, avances y retrocesos, desde los más remotos tiempos de la Revolución Liberal y la Revolución Juliana.

Desde 2017 hubo la oportunidad histórica para continuar y profundizar la construcción de la economía social, en lugar de optar por la subordinación a los intereses de la elite empresarial más atrasada y reaccionaria del país, tanto como al capital transnacional y finalmente al FMI. Con estas fuerzas se ha logrado revivir un segundo momento del modelo neoliberal-empresarial que ahora rige en Ecuador, y con el cual es imposible conseguir resultados de amplio beneficio social, aunque si de privilegio para las elites económicas, como lo ha demostrado la experiencia no solo nacional, sino latinoamericana, y lo están advirtiendo los diversos estudios de la Cepal.

Los retos para recobrar el camino de construcción de una economía social se han vuelto más complejos y difíciles. Pero debieran quedar en claro algunos de los postulados más significativos, sobre la base, precisamente, de la experiencia histórica del Ecuador: 1. Es necesario fortalecer las capacidades del Estado para invertir, regular la economía e imponer el interés público sobre los intereses particulares; 2. Impuestos directos para los ricos y las elites propietarias del capital; 3. Incrementar y garantizar derechos laborales, sociales, comunitarios y ciudadanos, así como generar el trabajo que supere el desempleo y el subempleo; 4. Impulsar políticas de bienestar social que logren definitivamente servicios universales y gratuitos en educación, salud, medicina, seguridad social, pensiones, atenciones a estamentos requeridos de protección estatal y asistencias; 5. Políticas de preservación del medio ambiente; 6. Búsqueda del buen vivir; 7. Latinoamericanismo, contrapuesto al americanismo continentalista. Son lineamientos diametralmente opuestos a la edificación neoliberal-empresarial.

Autor: Juan J. Paz-y-Miño C

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Democracia confrontacional del siglo XXI

Juan J. Paz y Miño Cepeda

Democracia confrontacional del siglo XXI

Juan J. Paz y Miño Cepeda

En América Latina, durante el siglo XIX, las fuerzas centrales en la lucha política fueron los conservadores y los liberales. Se trató de un conflicto entre élites, lo que la sociología histórica ha denominado Estado-oligárquico. Los conservadores, apoyados por la Iglesia católica, defendieron la tradición familiar, el orden terrateniente, el progreso casi exclusivamente agrario en alianza con agro-exportadores, mineros, comerciantes importadores y banqueros. Eran partidarios de gobiernos fuertes e incluso autoritarios.

Asimismo consideraban legítimo e institucional el sometimiento a su poder  de las poblaciones campesinas, indígenas y negras. Creían que la férrea estructura piramidal de la sociedad respondía a aceptables principios aristocráticos, y hasta a realidades inevitablemente construidas, por cuanto la desigualdad correspondia a un orden divino. La democracia debía ser restringida, tanto como los derechos, para lograr una paz y armonía sociales sujetas al poder.

Para los liberales, el orden conservador representaba al “feudalismo” y por ello abogaban por la modernidad capitalista, centrada en la potenciación de la manufactura, la industria y el amplio comercio internacional; pretendían la separación de la iglesia y el Estado, implantar el laicismo, fortalecer la educación y la asistencia públicas.

Confiaban en la democracia abierta, el imperio de la ley y la justicia, el pleno desarrollo de los derechos individuales. Solo los radicales, que eran algo así como el “ala izquierda” del liberalismo, comprendieron la incipiente presencia de los obreros y la necesidad de establecer derechos sociales. Sin duda, liberales y radicales portaban el camino futuro de la historia, mientras los conservadores representaban el pasado.

En México y Argentina, con sus respectivas Reformas a mediados del siglo XIX, se implantaron tempranamente regímenes liberales, aunque no como fruto de procesos pacíficos. En otros países, las confrontaciones políticas adquirieron rasgos de intolerancia, a tal punto que el bipartidismo acudió a la insurrección armada y  la guerra civil. Esas expresiones fueron particularmente duras en Centroamérica o en Colombia, donde la violencia ha tenido una historia bicentenaria.

Pero las luchas bipartidistas no lograron solucionar las herencias históricas de la desigualdad, la pobreza o el poder de minorías acumuladoras de la riqueza. De modo que en su matriz incubó la emergencia de nuevas clases sociales, como el sector obrero y las capas medias urbanas.

Además, con el inicio del siglo XX, tanto la expansión del imperialismo americanista, como el despertar de las ideas anticapitalistas de la mano de las doctrinas obreristas, anarquista y anarcosindicalistas, socialdemócratas, neo-católicas, de los diversos socialismos utópicos, e incluso del incipiente marxismo, produjeron el nacimiento de nuevos partidos y la consolidación del espacio político de la izquierda (no necesariamente marxista), todo lo cual determinó la lenta superación histórica del bipartidismo latinoamericano tradicional.

La expresión histórica de ese ascenso estuvo en México, no solo con la revolución de 1910, primera en el mundo por su contenido social, sino también por la Constitución de 1917, igualmente pionera, y más adelante, con el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), quien impuso la reforma agraria y la nacionalización del petróleo, antes de la Revolución Cubana (1959), que realizó la transformación más importante en la historia latinoamericana del siglo XX, pues Cuba resumió el contenido fundamental de la nueva era, en la cual la confrontación pasó a ser entre capitalismo/imperialismo, frente al socialismo.

América Latina se halla hoy en una situación comparable con los procesos descritos. El cambio sustancial estriba en que la confrontación ha pasado de la órbita política al campo de la economía y, por consiguiente, se ha vuelto, cada vez más clara, en una lucha de clases.

Superadas las décadas del “desarrollismo” de los sesentas y setentas, desde 1973 en Chile, con la dictadura terrorista de Augusto Pinochet -seguidas de similares dictaduras en el Cono Sur- y particularmente con gobernantes civiles en las décadas finales del siglo XX, América Latina entró a una era de construcción de economías neoliberales, que definieron las líneas de intereses y conducta contemporáneas de las clases empresariales.

Determinados por esas líneas, no importaron las diferencias políticas ni partidistas entre los gobiernos, porque todos apuntalaron, de una u otra manera, el camino neoliberal-empresarial.

Es innegable que el ciclo de los gobiernos “progresistas” cortó el camino neoliberal-empresarial en aquellos países donde el triunfo electoral, con amplio apoyo popular, hizo posible delinear una tendencia alternativa: la construcción de economías sociales, que incluso en Bolivia, Ecuador y Venezuela se consideraron como antesalas del “socialismo del siglo XXI”.

Las burguesías latinoamericanas aprendieron la experiencia. Toda economía social contradice el camino neoliberal-empresarial, más aun si se trata del “socialismo del siglo XXI”. No están más dispuestas a que el reino de sus exclusivos intereses sea perjudicado. No tuvieron límites para acudir a los “golpes blandos” para acabar con gobiernos progresistas. En otros casos, intentaron golpes de Estado. Utilizaron las elecciones como instrumento para recuperar el poder, o anunciaron con desconocer triunfos destinados a “eternizar” a los gobernantes del progresismo.

Cualquiera sea la vía política escogida, lo que vino de inmediato resultó inédito en regímenes que se suponía habían alcanzado cierto grado de democracia moderna. Los gobiernos neoliberales-empresariales desplegaron la cacería de brujas, no contra los opositores en general, sino exclusivamente contra los líderes visibles de los gobiernos progresistas y sus colaboradores.

El combate a su corrupción sirvió de pretexto; pero, además, se convirtieron en nuevas armas para la venganza y la descalificación -tanto la judicialización política como el lawfare-, la aplicación de las leyes para forzar figuras penales al menor hecho, y la extensión de la amenaza o sospecha sobre cualquier persona crítica, que bajo situaciones normales, sería considerada inocente.

Sobre todo, se puso a la orden del día la represión de todo movimiento social de resistencia y protesta, con un nivel de arremetida en el que nada han importado las violaciones de los derechos humanos.

En apoyo de semejantes comportamientos son subordinados todos los aparatos del Estado, como ha ocurrido en Bolivia, el mayor ejemplo actual, donde se han unido ahora las orientaciones evangélicas y el racismo sin límites. Las fuerzas armadas y las policías actúan en defensa de una “democracia” que solo está vinculada a la hegemonía política de elites de derecha y rabiosos anti-progresistas, pero, que, además, solo defienden el único camino admisible en la economía: el modelo neoliberal-empresarial.

En esas fuerzas vuelve a incubar la doctrina de la Seguridad Nacional, bajo cuya óptica otra vez las “amenazas” contra los “objetivos permanentes de toda nación” solo provienen de las izquierdas y los movimientos sociales y populares. También existe el riesgo de un segundo Plan Cóndor, para coordinar persecuciones en otros países, algo que han analizado diversos investigadores.

Los medios de comunicación mercantiles también han pasado a ser instrumentos que exclusivamente se inclinan a sostener a los gobiernos conservadores,  apuntalar el modelo económico neoliberal-empresarial y contribuir a la persecución política. Las redes y el internet, al mismo tiempo que ofrecen alternativas para la información y el análisis, igualmente sirven para forzados seguimientos en contra de los opositores y de los periodistas y medios alternativos.

No puede ser más visible el comportamiento de la OEA frente a los acontecimientos de octubre y noviembre en Haití, Chile, Ecuador, Bolivia o Colombia. Surgen amenazas contra México y, desde luego la agudización del cerco imperialista contra Venezuela o Cuba.

Comparativamente con el siglo XIX, en el siglo XXI América Latina parece entrar a una era en la cual la disputa por la economía ha minado las bases de la propia democracia, rompe con antiguos valores sobre la institucionalidad y la soberanía, desnuda la violación de derechos humanos -que quedan impunes- y encuentra “violencia” solo en los movimientos sociales de obreros, campesinos, indígenas, afroamericanos y capas medias cuestionadoras del ejercicio del poder, que ha vuelto a beneficiar a los altos empresarios y propietarios del capital, como lo están demostrando todos los recientes estudios de la Cepal sobre las desigualdades crecientes en la región.

Se trata de una democracia confrontacional, en la que no se ha excluido el fascismo criollo como recurso, una tendencia que solo tiene el riesgo de agudizarse. En su base se halla el bipartidismo económico, que polariza a visibles clases sociales y que marca una grave tendencia de futuro para la región, pues las clases subordinadas -para utilizar un concepto del sociólogo e historiador Ralph Miliband-, ya no están dispuestas a que se imponga sobre ellas el privilegio de unas elites que no quieren admitir sus responsabilidades sociales. Es una lucha que hace prever un largo camino histórico.

Autor: Juan J. Paz y Miño Cepeda

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