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Un falso dilema educativo

Por: Luis Armando González

La situación de crisis suscitada por el coronavirus –que al parecer seguirá presente, aunque con menor virulencia, a lo largo de 2020 — ha puesto en uno de los primeros lugares del debate académico el asunto de lo virtual y presencial en la educación. Y es que la crisis aludida forzó la entrada en vigor de estrategias formativas no presenciales, en prácticamente todos los niveles educativos; en ellas, se recurrió –por lo general de manera improvisada y abrupta— a los distintos recursos ofrecidos por Internet y la telefonía celular: desde las plataformas que permiten realizar videoconferencias grupales, pasando por el correo electrónico y los mensajes en Messenger y WhatsApp, hasta las llamadas telefónicas.

Salvo los procesos educativos diseñados previamente para ser impartidos virtualmente –y que continuaron, y aún continúan, con una lógica previamente establecida—, las actividades docentes que habían sido planeadas según criterios presenciales tuvieron que ser implementadas de manera no presencial. En la práctica, esto generó distintas complicaciones no sólo en razón de la disponibilidad de los recursos tecnológicos (personales o institucionales), sino en razón de las deficiencias en las habilidades técnicas por parte de docentes –no todos, por supuesto— no preparados para atender cursos, materias, seminarios, talleres o grupos de tesis de manera virtual. Aunado a ello, estaban (y siguen estando presentes) dos temas nada secundarios: primero, la pedagogía y la didáctica virtuales son distintas de las presenciales; y segundo, los contenidos (teóricos y metodológicos) presenciales no se trasiegan automáticamente hacia lo no presencial.

Al calor de esas y otras dificultades –que, cabe sospechar, se han tenido en distintos sistemas educativos alrededor del mundo— se fue generando un interesante debate acerca de lo virtual y lo presencial en la educación, debate en el cual se pueden identificar distintas posturas. Una especialmente llamativa consiste en proponer que la educación virtual ha llegado para reemplazar totalmente a la educación presencial, a la que se le reprochan las más variadas fallas y debilidades. Quienes abanderan esta posición, además de ver en lo virtual-tecnológico algo extraordinario para la educación, entienden que las pruebas de ello se encuentran en la actual experiencia en la cual lo presencial fue suspendido drásticamente y las actividades educativas virtuales pudieron ensayarse a plenitud. Hay quienes piensan que se trató de una novedad absoluta, como si antes de la actual situación no se hubiesen impulsado interesantes experiencias formativas virtuales, en las cuales si bien ya se visualizaban sus virtudes –lo virtual tiene ciertamente virtudes—, también se visualizaban sus limitaciones que no son únicamente técnicas o de procedimientos, sino que muchas veces involucran aspectos sustantivos.

En el polo opuesto se sitúan quienes opinan que la educación presencial es irremplazable, y que lo virtual no tiene (o no debe tener) un lugar importante en los procesos educativos que en verdad quieran ser tales. En favor de quienes creen esto está la ya milenaria tradición educativa que se remonta cuando menos a Sócrates y cuyos logros culturales (científicos, filosóficos, literarios) sólo una persona escasamente informada puede poner en duda. Es indiscutible que un nervio de la educación, entendida como un proceso de asimilación crítica de nuevos conocimientos, es el diálogo, la dialéctica, el contraste de ideas y opiniones, en lo cual intervienen la razón y la pasión.

Y el espacio privilegiado, durante cientos de años, para ese ejercicio es el espacio ocupado físicamente por los actores principales del proceso educativo (maestros y alumnos): el aula o salón de clases, el auditórium o, como prefería Aristóteles, el jardín de su Liceo. Ciertamente, la educación presencial, dialógica, tiene un largo recorrido histórico, pero no es por eso que se la debe considerar valiosa, pues que algo sea antiguo no lo hace bueno o positivo y, obviamente, tampoco lo nuevo o reciente es, sólo por eso, positivo o bueno. Son los logros los que cuentan; y la educación presencial tiene en su haber los suficientes como para tomarse con reservas las propuestas de su supresión total por mecanismos, estrategias y prácticas educativas virtuales. Los logros de la educación presencial no deben ocultar sus limitaciones o sus posibilidades de mejora; no deben impedir determinar qué áreas de ella pueden ser asumidas y tratadas de una mejor manera por mecanismos y estrategias virtuales. No es cierto que no se tengan pistas sobre esto último: tanto las experiencias previas a la crisis sanitaria como las experiencias suscitadas durante la crisis ofrecen información relevante sobre áreas o ámbitos educativos en los cuales lo virtual puede convertirse en un soporte de primera importancia para lo presencial. Y por supuesto que también las experiencias apuntadas revelan lo que no se puede pedir o esperar de lo virtual en materia educativa. Ni se tiene que ser extremadamente fantasioso con las posibilidades de lo virtual ni excesivamente pesimista o escéptico sobre sus potencialidades.

Lo prudente es sopesar, con honestidad y realistamente, los pros y contras. Por lo apuntado hasta ahora, es claro que la visión antitética de lo virtual y lo presencial en educación nos enfrenta a un falso dilema.

No se trata de elegir entre lo uno y lo otro –de abolir la educación presencial y poner en su lugar una educación virtual; o de cerrar las puertas a lo llegada de modalidades o prácticas virtuales en la educación—, sino de situarse en una postura intermedia, viendo a lo virtual como un buen complemento de unos procesos educativos que no deben renunciar a uno de sus nervios fundamentales: la dialéctica, el diálogo, el contraste y lucha de ideas entre interlocutores que interaccionan físicamente; el tensionamiento racional y pasional que permite la muerte de ideas inservibles y el surgimiento de ideas mejores, y que hasta ahora, después de 2,500 años, no encontrado mejor espacio para su desarrollo que ese espacio en el cual maestro y alumnos se las ven cara a cara. Y es partir de estas dinámicas que se han fraguado y se fraguan habilidades y capacidades investigativas que, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, permiten explorar el mundo natural y social –es decir, plantearse problemas e indagar sobre los mecanismos que los explican— de modo fáctico, no virtual. Esas capacidades y habilidades, asimismo, requieren en gran medida, aunque no en exclusiva, actividades prácticas en el aula y fuera de la misma –por ejemplo, en comunidades, museos, archivos, empresas, mercados, hospitales o laboratorios— que son vitales para la formación de los estudiantes y para el cultivo de un saber que se problematiza sobre la realidad, y no sólo sobre abstracciones mentales matemática o conceptuales.

Esa vitalidad en el conocimiento debe ser –y tiene que ser—potenciada por cualquier recurso, estrategia o práctica, que esté disponible o que sea accesible a los sistemas educativos, en sus distintos niveles. Aunque no sus capacidades más óptimas, la tecnología que permite acceder a recursos educativos virtuales ha llegado a un país como el nuestro. Hay instituciones que están utilizando esos recursos para el desarrollo incluso de cerreras completas al nivel de maestría. Algunas lo han hecho de manera meditada, ponderando bien los objetivos formativos que se persiguen y planeando con suficiente tiempo y meticulosidad los contenidos y las metodologías de enseñanza adecuadas para procesos educativos virtuales. Otras quizás no tanto, aunque esto debería ser objeto de un estudio detallado y profundo.

Lo que aquí se quiere destacar es que, en El Salvador, se tiene (o se va consiguiendo) una buena experiencia en estrategias educativas de carácter virtual que deberían ser tomadas en cuenta, en sus virtudes y en sus limitaciones, a la hora de realizar los ensambles entre los virtual y lo presencial, sin perder de vista que uno de los propósitos irrenunciables de la educación en todos sus niveles, pero especialmente a nivel superior, es formar personas con una concepción bien fundamentada –desde criterios científicos— de la realidad social y natural, lo mismo que con las capacidades y habilidades para explorar-investigar las dinámicas que hacen que las cosas naturales y sociales se comporten de la forma en que lo hacen.

La pregunta es cómo (de qué manera) determinadas estrategias formativas virtuales pueden contribuir a una educación integral y de calidad. Y, complementado con ello, la otra pregunta es cómo lo virtual puede ayudar a corregir, mejorar o potenciar lo que se hace en las estrategias educativas presenciales. De alguna manera, fue la pregunta que se hicieron los investigadores del CERN, a cuya cabeza estaba el físico Tim Berners-Lee, cuando decidieron crear la WEB: se trataba facilitar, entre los físicos, el intercambio de ideas, artículos, documentos, resultados de experimentos mediante una red ágil de comunicación e intercambio de información. A estas alturas, las potencialidades y eficacias de la WEB para distintas actividades educativas y de investigación son indiscutibles. El reto es hacer, en cada país y sistema educativo particulares, el mejor ensamble entre los recursos virtuales disponibles (o que se puedan diseñar) en Internet (que es algo más amplio que la WEB) y las estrategias educativas presenciales de forma tal que, en lugar de la anulación o exclusión de uno de las dos instancias, se logre una integración provechosa entre ambas.

Como en el presente, y visto desde El Salvador, es lo presencial lo predominante, lo virtual debería irse definiendo, e implementando, a partir de aquello que requiera mejora, o incluso supresión, en ese ámbito. Pero no a tientas ni a ciegas, o usando criterios de rentabilidad o de ahorro, sino teniendo en mente el objetivo de lograr una educación integral, en lo científico, lo técnico y lo humano. Si sucediera lo contrario, es decir, si fuera lo virtual lo predominante en educación, lo recomendable sería buscar en lo presencial recursos de apoyo, corrección o mejora. Pero no es el caso. Así que es lo virtual lo que debe contribuir a mejorar la educación presencial. En cada nivel educativo deben hacerse los análisis y estudios que indiquen los modos en los que se apoyo puede ser más eficaz y oportuno; y es que lo que puede ser potable y viable en educación superior (en algunas carreras, materias, seminarios, trabajos de investigación o debates teóricos o metodológicos) puede ser inviable o ineficaz, por ejemplo, en educación básica. Lo contrario también es cierto: lo viable y potable en educación básica (o en bachillerato) puede no serlo en educación superior.

En fin, lo que debería promoverse, en educación, es una articulación potenciadora de los virtual en lo presencial, y no un reemplazo total de lo presencial por lo virtual o un blindaje de lo presencial ante lo virtual. Hay quienes están trabajando, con seriedad y profesionalismo, en lograr esa articulación potenciadora. Hacen gala de sentido común, criterio racional y equilibrio en el juicio. Los hay también quienes están atrapados en las garras de la desmesura en su apreciación de lo virtual, y que están dispuestos a hacer todo lo que esté a su alcance por hacer que la educación presencial deje de existir. Si llegaran a salirse con la suya –nunca se sabe— lo más probable es que la formación integral de las personas (una formación de naturaleza crítica, reflexiva, fundamentada científicamente, investigativa, racional y pasional) se resentiría tremendamente. Y es que, en definitiva, lo virtual, por definición, no puede dar a las personas las vivencias, las experiencias, los tensionamientos y los desafíos que ofrecen las interacciones sociales efectivas, dentro y fuera del aula, y los problemas reales naturales y sociales. Sin esas vivencias, experiencias, tensionamientos y desafíos (no virtuales, sino reales porque tienen su raíz en las interacciones que las personas tienen con la realidad natural y social) no hay educación propiamente dicha, sino un remedo “virtual” de la misma.

San Salvador, 6 de septiembre de 2020

Fotografía: Fundación Telefónica Ecuador.

Fuente e Imagen: https://insurgenciamagisterial.com/un-falso-dilema-educativo/

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Gestión pública y realidad social

Por: Luis Armando González.

 

Tenemos ante nosotros dos esferas (instancias o ámbitos) cuyas interacciones son complejas y difíciles de entender y prever: la gestión pública, que concierne al Estado, y la realidad social que concierne a las interacciones diversas que tienen los individuos entre sí y con el medio ambiente en el que están insertos, interacciones que dan lugar a consecuencias impredecibles y no queridas por nadie en particular. Para aclarar las cosas desde el principio, se tiene que decir que el Estado (y los individuos que toman decisiones desde el mismo) es parte de la realidad social, sólo que una parte con unas tareas específicas, entre las que sobresalen la de conducir (orientar, dirigir) al conjunto social, mantener el orden en el mismo y corregir anomalías (problemas, fallas, carencias) que friccionan o amenazan la estabilidad del orden social y el  bienestar ciudadano.

O sea, el Estado no flota en aire, como algo independiente de la realidad social, ni es una instancia que decida o haga cosas por su cuenta: son los individuos que lo integran –especialmente en su jerarquía superior de mando— quienes hacen planes y toman decisiones que repercuten (que tienen consecuencias) en grupos e individuos particulares, y también sobre el entorno medio ambiental.

Se trata de interacciones complejas las que se dan entre los dos ámbitos, como ya se dijo. Y ello se explica, ante todo, por el carácter de la realidad social, cuyas dinámicas y estructuración tienen lógicas que van más allá de la voluntad y deseos que puedan emanar de los individuos, estén estos o no involucrados en la gestión pública. Así como el Estado no flota en el aire, tampoco sucede eso con la realidad social que se articula y estructura a partir de realidades físicas, químicas y biológicas, cuya legalidad (natural, no jurídica) impone sus ritmos –por ejemplo, el de la vida y la muerte, la corrosión y el desorden— a los principales componentes de la realidad social –los individuos, que son realidades físicas, químicas, biológicas y psicológicas— y por supuesto al entorno socio-natural en el que éstos se reproducen, viven y mueren.

En virtud de las leyes (físicas, químicas y biológicas) que gobiernan los fundamentos materiales de la realidad social, esta seguirá un rumbo propio, aunque desde la gestión pública no se haga nada para incidir en el entorno social y natural: la realidad social siempre está cambiando, se está transformando en sus fundamentos materiales. También está cambiando debido a las acciones e interacciones de todo tipo que tienen los individuos en su vida cotidiana, sin importar que en ellas haya una finalidad consciente por cambiar algo de la realidad pues, aunque en lo inmediato exista esa finalidad, en el mediano o largo plazo hay consecuencias no queridas de esas acciones e interacciones.

En consecuencia, las dinámicas de la realidad social son sumamente complejas; son difíciles de comprender teóricamente y difíciles de manipular técnicamente, no sólo de manera global, sino en aspectos particulares suyos. Hay dinámicas de distinto carácter, y algunas de ellas son especialmente perjudiciales para la vida y el bienestar de los seres humanos. Reciben el nombre de “problemas”, y van desde la pobreza, la marginalidad y la exclusión hasta el deterioro de las ciudades, la contaminación, la basura, la violencia criminal y las precariedades en los sistemas sanitarios y educativos. La lista de problemas se puede ampliar o puede hacerse más corta –lo mismo que serán más o menos agudos—, dependiendo de las sociedades y el tipo de gestión pública que se impulsa en ellas.

Hay sociedades en las cuales los problemas sociales son múltiples y agudos. Es decir, sus ciudadanos se encuentran en una situación poco envidiable en empleo, ingresos, salud, educación, seguridad, convivencia, bienestar, cultura, instituciones y legalidad. En estos contextos, la lógica del deterioro (o de la entropía) ha hecho de la suyas, y lo seguirá haciendo a menos que haya una intervención humana no para anular la tercera ley de la termodinámica, sino para contenerla y paliar sus efectos más nocivos sobre el bienestar y la felicidad de las personas. Esa intervención debería provenir del Estado, a través de una gestión pública oportuna, eficaz y anclada en una visión lo más apegada posible a la realidad social (natural, física, química, biológica y psicológica).

Al hablar de gestión pública no hay que perder de vista que son personas concretas las que la piensan, diseñan y ordenan su ejecución a otras personas concretas. Al hablar de personas concretas –es decir, de homo sapiens— no se puede obviar lo que en filosofía de la ciencia, biología evolutiva y paleontología es sabido hasta la saciedad: el homo sapiens –cualquier persona, hombre o mujer— es falible (propensa al error), emocional, con intereses inevitables (comenzando con los que la vinculan a sus parientes cercanos) y con conocimientos limitados, pero también con herramientas a su disposición para corregir sus errores (no para anular su falibilidad), para que sus intereses y sus emociones no lo atrapen más allá de lo prudente y para que su conocimiento se aproxime mejor a la realidad. Estas herramientas son la ciencia (natural y social), la tecnología y las instituciones jurídicas y morales.

De cara a las personas que diseñan e implementan acciones de gestión pública –dígase planes de gobierno o políticas públicas— hay variables que no se deben subestimar y que ellas mismas no deberían subestimar, como es el caso de su falibilidad y de lo limitado de su conocimiento, así se trate de los expertos mejor cualificados del mundo. A ello se añade el que –por ser agentes sociales— realizan acciones e interacciones cuyas consecuencias escapan a su control, es decir, son no queridas ni previstas por ellos. Y, por último, está la propensión humana, demasiado humana, al abuso y a la corrupción, por aquello de que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente.

Con todo, la gestión pública sólo cobra vida –y sólo puede incidir en los problemas de la realidad social— si hay personas a cargo de la tarea. Su responsabilidad es grande, tanto más cuando los problemas sociales son variados y agudos, y sus limitaciones (emocionales, de intereses y cognoscitivas) son muchas. Y se trata aquí de limitaciones inevitables, propias de cualquier homo sapiens: no hay humanos sin emociones, sin intereses e infalibles en sus decisiones o su conocimiento.

A lo anterior se suman otras limitaciones, estas sí corregibles, pero no de manera fácil. En primer lugar, los compromisos ideológicos, políticos o económicos que puedan tener (o tienen) las personas que tienen la responsabilidad de la gestión pública condicionan fuertemente sus sesgos y es bueno prestarles atención, pues pueden ir en contra del bienestar ciudadano; en segundo lugar, el nivel de conocimiento que esas personas tienen de la realidad social, ya que un pobre conocimiento puede traducirse en decisiones contraproducentes; en tercer lugar, lo lógico o ilógico de su visión de la realidad (su cosmovisión, si se quiere), que puede dar pie a una interpretación equivocada de los problemas; en cuarto lugar, el carácter de los recursos financieros, técnicos e institucionales con los que cuentan en un momento determinado para realizar sus propuestas de gestión pública, lo cual es decisivo para el éxito de cualquier intervención en la realidad social; en quinto lugar, la fuerza de sus socios y aliados, y la fuerza de sus oponentes y “enemigos”, que pueden facilitar u obstaculizar de manera significativa una gestión pública; y por último los tiempos de gobierno en una democracia, que imponen límites temporales a las acciones que se pueden diseñar y ejecutar desde la administración pública. En una democracia, para cualquier gestión pública que tenga que encarar problemas diversos y graves, el tiempo siempre será poco, y sólo por eso no le será posible resolver todos o la mayoría de problemas.

Pues bien, es con todos esos condicionantes y limitaciones que, desde el Estado, se diseñan y ejecutan acciones de gestión pública con la finalidad de incidir en (corrigiendo o intentando solucionar problemas de) la realidad social. Definitivamente, ésta es mucho más compleja que lo que se conozca de ella en un momento determinado; y sus problemáticas son tan intrincadas que atinarle a la solución de todas (o varias de) ellas es sumamente incierto. O sea, lo problemas sociales (y las dinámicas de la realidad social) siempre superan los conocimientos y la capacidad de intervención mediante la gestión pública. Y esta distancia es más crítica ahí donde es mayor la brecha entre el conocimiento y los recursos (financieros, técnicos e institucionales) y la diversidad y gravedad de los problemas sociales.

Ahora bien, toda gestión pública, por definición, tiene como finalidad incidir en la realidad social, y de muchas manares siempre termina haciéndolo. Otra cosa es que incida poco o mucho; que esa incidencia sea eficaz o ineficaz, o que la misma genere consecuencias imprevistas positivas o negativas. No tiene sentido, pues, decir que tal o cual gobierno no hizo nada, ya que en el límite por el sólo hecho de constituirse y funcionar como gobierno genera una incidencia –por los recursos que consume y por las decisiones que no se toman— en la realidad social.

Dejando de lado, por tanto, la hipótesis extrema de que desde una determinada administración gubernamental no se haga nada en materia de gestión pública, en la práctica las posibilidades de intervención que se ofrecen para aquélla son las siguientes: a) buscar atacar la totalidad de los problemas sociales en un momento dado; b) elegir un conjunto de problemas para su solución; c) apuntar a un problema fundamental, a la espera de que esta gran solución sea una especie de locomotora que articule, como vagones, otras soluciones a problemas que están asociados con el problema mayor.

Se trata de tres visiones de la gestión pública, cada una con sus puntos fuertes y sus puntos débiles. No necesariamente se dan en estado puro y no resulta extraño que un determinado gobierno las mezcle o las haga suyas en distintos momentos de su gestión, o cuando hay continuidad en el control gubernamental por parte de un mismo partido. Sin embargo, la primera ha acompañado a varias gestiones de gobierno de izquierda en América Latina. Por ideología y por una incorrecta interpretación de la teoría de sistemas (o del “holismo” como gusta decir a muchos), importantes líderes e intelectuales de izquierda han creído que desde la gestión pública se puede incidir (para resolver, por supuesto) en la totalidad de los problemas sociales.

Al obviar los recursos disponibles, las limitaciones humanas, institucionales, técnicas y temporales (además de la propensión al abuso y los condicionamientos impuestos por las relaciones de poder vigentes) les cuesta darse cuenta de que atacar la totalidad de los problemas sociales es un imposible, y que realistamente lo único que puede suceder es que la ineficacia y la superficialidad ganen la partida. Varios de los dirigentes e intelectuales de la izquierda latinoamericana no se han dado cuenta de que “el que mucho abarca, poco aprieta”. Por aquí quizás esté la explicación de por qué algunas izquierdas han dejado la sensación de no haber hecho nada: quisieron hacer tanto que al final sólo rozaron en el tratamiento de todos los problemas que habían prometido resolver, con lo cual defraudaron a quienes esperaban el surgimiento de un nuevo ordenamiento socio-económico, cultural y político como desenlace feliz de esas gestiones.

Ampliar, sin control alguno, el abanico de los problemas a resolver cuando los recursos, las capacidades y los tiempos son limitados (y las relaciones de fuerza son adversas) no puede más que traducirse en acciones ineficaces –es decir, en una incidencia pobre— en prácticamente todos los problemas a los que se presta atención. Y, claro está, como desde el “holismo” en el que descansa esa visión se cree, erróneamente, que incidir en la totalidad significa incidir en todos los problemas, se termina por obviar el peso y relevancia de cada uno de ellos en la estructuración del todo social.

Desde una visión sistémica más rigurosa, se debe entender que en la totalidad no todos los componentes, dinámicas, fuerzas, etc., tienen el mismo peso, pues las decisivas (en las que hay que incidir si se quiere alterar la totalidad) son las que estructuran al todo. Eso permite identificar, no sin dificultades teóricas y empíricas, los problemas fundamentales, que tienen que ver con las dinámicas que configuran la realidad social, y atacarlos de frente, con todas las energías, capacidades y recursos disponibles.

De alguna manera, este es el espíritu que anima a quienes creen que la gestión pública no debe pretender alterar o transformar la totalidad social, sino atacar, de entre un abanico amplio de problemas, un conjunto limitado de ellos que afectan gravemente el bienestar ciudadano.

No es este un mal enfoque de la gestión pública. Por supuesto que se corre el riesgo de no elegir bien los problemas a resolver o de no articular sus respectivas soluciones correctamente. Pero es una respuesta razonable, dada la complejidad de la realidad social (y sus problemas) y dada la limitación de los recursos, los tiempos y las capacidades humanas. Además quienes enfocan así la gestión pública no juegan al todo o nada: aunque no resuelvan plenamente el conjunto de problemas escogidos para la intervención pública, pueden atacarlos con eficacia y ofrecer resultados positivos a los ciudadanos.

Y, por último, los problemas de la realidad social se pueden atacar seleccionando uno de ellos, como el objeto privilegiado de la gestión pública. Sin duda, hay problemas cuya envergadura e impacto en la sociedad exigen una priorización casi absoluta por parte no sólo de los gobiernos, sino de los Estados. Atinarle a la solución de un problema de envergadura y que esa solución sea la palanca para atender otros problemas puede ser un gran acierto de un gobierno. El riesgo es que la apuesta falle, pues eso se traduciría en un fracaso absoluto de la gestión pública. Y ello porque aquí también se juega al todo o nada. Empero, la política supone riesgos –y la gestión pública es gestión política— y hay quienes están dispuestos a correr el riesgo resolver un problema fundamental o de fallar en el intento. No es lo usual, pero sucede de vez en cuando.

En definitiva, caben pocas dudas que –dados unos recursos, tiempo y capacidades limitados— lo razonable es inclinarse por elegir un conjunto limitado de problemas sociales que estén articulados entre sí, y diseñar e implementar una gestión pública orientada a su solución. Es tan razonable esta forma de proceder que, en la práctica, tanto la gestión pública “holística” como la gestión pública centrada en un problema fundamental no pueden evitar (por las presiones y condicionamientos de la realidad) moverse hacia ella; y la que lo tiene más fácil es la gestión pública centrada en un problema, pues irremediablemente éste se haya asociado a otros que, en lo inmediato, también exigen una intervención desde la esfera pública.

San Salvador, 5 de septiembre de 2019

[1] Docente Investigador de la Universidad Nacional de El Salvador. Escuela de Ciencias Sociales. Miembro del Grupo de Trabajo CIESAS Golfo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

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Debilidad del Estado y violencia criminal

Por: Luis Armando González.

 

“Buda en la tradición oriental y Aristóteles en la  tradición occidental aconsejaron sabiamente sobre la tendencia innata de la humanidad a perseguir ilusiones fugaces en vez de dedicar sus mentes y sus vidas a fuentes de bienestar a largo plazo más profundas”.

  1. Sachs

 

  1. Introducción

La hipótesis central de las presentes reflexiones es que no se puede comprender a cabalidad el problema de la violencia criminal en El Salvador si no se toma en cuenta la debilidad del Estado salvadoreño –suscitada inicialmente en el marco de la guerra civil y y profundizada bajo el embate de las reformas neoliberales de los años noventa— en sus competencias exclusivas en materia coercitiva, en su potestad para someter al imperio de la ley a cuantos la vulneren y en sus capacidades para asegurar el orden social a partir de procesos democráticos y de mecanismos generadores de bienestar social.

Es casi seguro que, entre quienes lean detenidamente los razonamientos y argumentos esgrimidos para sustentarla, no faltarán los que rechacen de plano no sólo la hipótesis aludida, sino otras que se derivan de (o están relacionadas con) la misma; por ejemplo, la que sostiene que el experimento de crear una nueva policía –la Policía Nacional Civil (PNC)— resultó costoso para la sociedad, pues las condiciones sociales y culturales del país al salir de la guerra (condiciones caracterizadas por la anomia y reductos de violencia social y criminal), y las que se generaron en el marco de la reforma neoliberal de los noventa, requerían de un Estado fuerte (y por tanto, un cuerpo policial fuerte), capaz de resguardar el orden y de contener la proliferación de nuevos reductos de violencia asociados al auge privatizador de la primera postguerra y a los espacios generados en una sociedad fracturada que en sus mecanismos de integración y convivencia.

El planteamiento anterior va a contracorriente de la visión que ha sido predominante en nuestro país, según la cual en la creación de la nueva policía lo importante era que se alejara radicalmente del modelo autoritario de la antiguos cuerpos de seguridad pública. Aspiración loable como la que más, pero que involucraba aspectos que en su momento no se supieron distinguir como era debido y que, dada la herencia de la guerra, y las dinámicas sociales y criminales de la postguerra, se han revelado contraproducentes. Para el caso, se creyó que una manera de impedir que el nuevo modelo de policía estuviera en función del orden democrático –siendo una instancia regida en su quehacer policial por el respeto irrestricto de los derechos humanos— era disminuir sus capacidades coercitivas, como si  esas capacidades en sí mismas fueran la condición para la deriva autoritaria, y no el uso discrecional de las mismas o la instrumentalización de las estructuras policiales por parte de grupos de poder económicos o políticos.

Confundir poder coercitivo del Estado con autoritarismo fue un error. Lo mismo que fue un error confundir democracia con ausencia (o disminución) de la capacidad coercitiva del Estado. La experiencia salvadoreña, y la de otras naciones en situaciones históricas parecidas, es aleccionadora: el Estado salvadoreño no se hizo más democrático por haber haber visto disminuidas sus capacidades como la única instancia facultada para el ejercicio legítimo de la coerción, sino que se volvió impotente para garantizar la paz pública y una convivencia social regida por el respeto a la dignidad de los demás.

Y, por último, así como el poder coercitivo del Estado no puede identificarse mecánicamente con el autoritarismo, tampoco ese poder se traduce automáticamente en violaciones a los derechos humanos. Depende de cómo se lo use: y en una sociedad en la cual la violencia criminal y la voracidad de los ricos más ricos ponen en riesgo la vida y seguridad de las personas, el poder coercitivo del Estado debería ser usado para defender derechos humanos fundamentales de la población. Para que esto pueda darse, el poder coercitivo del Estado (su facultad para hacer un uso legítimo de la fuerza y asegurar el imperio de la ley) no debe estar disminuido o erosionado, sino todo lo contrario.

  1. El problema de la violencia criminal

Salvo contadas excepciones, nadie razonable –y que conozca la historia cotemporánea de El Salvador— podrá negar que, desde el fin de la guerra civil (1981-1992), la criminalidad organizada (y, en general, la violencia social) se ha convertido en un problema que ha desbordado la capacidad de los distintos gobiernos de posguerra para hacerle frente de manera eficaz y, por consiguiente, para reducirla a expresiones mínimas. Es un fenómeno que, además, se ha complejizado extraordinariamente y ha extendido su capacidad influencia en el tejido social y territorial. La persistencia de prácticas homicidas, que fácilmente ronda un promedio de unos 4 mil asesinatos por año desde 1994 hasta 2018 es un síntoma de la gravedad de la situación[1].

Obviamente, los homicidios son la muestra más dramática de la violencia criminal y social, pero no es la única, pues a ella se suman extorsiones, tráfico de armas y drogas, contrabando de vehículos, trata de personas, prostitución y, en fin, todas las actividades propias de redes criminales que se han consolidado, además haber regionalizado algunos de sus rubros, cuando menos de desde finales de los años noventa.

Las opiniones fáciles, orientadas a encontrar “culpables” a la medida, están a la orden del día. Los gobiernos y los presidentes suelen ocupar el primer lugar en la lista de responsables; aunque no siempre se les achacan las mismas fallas: a alguno se le reprocha haber sido excesivamente tolerante; a otro, el haber sido demasiado represivo; a uno tercero, haber hecho de la lucha en contra del crimen una bandera política; y a un cuarto por la incapacidad para conciliar debidamente la prevención con la represión.

En las argumentaciones más ligeras, el crimen ha extendido sus garras, y no ha sido contenido por los gobiernos, debido a la mala voluntad, torpeza o negligencia de los funcionarios públicos, comenzando naturalmente con los presidentes y siguiendo con los ministros de Justicia y Seguridad Pública, y Defensa, hasta terminar con los directores de la Policía Nacional Civil (PNC). O sea, desde esta lectura, se trataría de fallas personales que, aunque incluya un componente institucional, siempre estaría subordinado al primero, en el sentido de que las instituciones no habrían cumplido con el cometido de contener la violencia criminal por la incompetencia, mala voluntad, etc., de sus titulares.

Corrientes de opinión y de ideas promovidas por las empresas mediáticas tradicionales y de nuevo tipo (Internet, redes sociales, etc.) han contribuido a posicionar en el imaginario colectivo la tesis de la mala voluntad y las deficiencias (o intereses) personales en el tratamiento gubernamental del crimen. Esto facilita ciertamente la diatriba pública, pero impide explorar otras posibles explicaciones –quizás más razonables y fundamentadas— para explicar no sólo constancia de graves prácticas criminales a lo largo dos décadas y media (1992-2019), sino la expansión y complejidad de esas prácticas (por ejemplo, la territorialización del crimen, la mutación de las maras al vincularse con el crimen organizado y la regionalización de la violencia criminal[2]). En contrapartida, los sucesivos gobiernos, a partir de 1994, lejos de tenerlo más fácil, lo han tenido mucho más dificil, heredando cada uno de ellos situaciones de violencia criminal de mayor complejidad e impacto en la sociedad.

Dirigir la mirada a los yerros personales de los funcionarios –que seguramente los ha habido, como siempre sucede con los seres humanos— tiene el terrible defecto de hacer demasiado fácil la solución. O sea, si fuera por mala voluntad o por incompetencia que el crimen no ha sido contenido, bastaría con encontrar a personas de buena voluntad y competentes, y asunto resuelto.

Pero, ¿alguien puede asegurar, con evidencias firmes, que cada una de las personas que ha tenido que ver con temas de seguridad ha obrado de mala voluntad y ha sido incompetente en asuntos de combate al crimen? Si fuera el caso, tendríamos un gran problema en el país en materia de selección de funcionarios, pues en 30 años sólo habríamos tenido, en tareas de gobierno –específicamente, en las areas de seguridad— a los funcionarios indebidos. Y, si se acepta eso, no se puede menos que caer en el pesimismo, acerca de si acaso haya alguna persona competente y de buena voluntad que cambie el rumbo del país en materia de seguridad.

 

 

  1. La exploración de otras vía de explicación

 

Por lo argumentado, la “explicación” de la persistencia, complejización y auge del crimen después de 1992 por la vía de las fallas personales arroja más dudas quie certezas. Es pertinente explorar otras, que atiendan más a los cambios sociales, culurales, políticos y económicos de El Salvador durante la guerra civil y en la postguerra. Asimismo, es necesario volver la mirada hacia el Estado, y no sólo hacia los gobiernos, pues en definitiva la estabilidad del orden social, la convivencia pacífica y justa, y el bien común no son responsabilidad exclusiva de uno de los Órganos de Estado –el Ejecutivo—, sino también del Legislativo y del Judicial. Perder de vista que es el Estado salvadoreño el que ha sido desbordado por el crimen significa no caer en la cuenta de la gravedad de la situación, así como cerrarse a interpretaciones más realistas del auge de la violencia criminal.

 

3.1. Un Estado débil ante una realidad compleja

No ver el asunto como algo que atañe al Estado en su conjunto supone seguir repitiendo la tesis de que todo obedece a yerros personales o, en todo caso, al fracaso de las políticas de seguridad dictadas por los Ejecutivos y a la ineficacia de la Policía Nacional Civil, que ha terminado por asumir, casi en exclusiva, la responsabilidad de lidiar con quienes viven del crimen. El recurso de “última de instancia” del Estado para asegurar la paz pública se ha convertido en el primero y casi exclusivo; y el fracaso de la PNC para doblegar a los criminales pone de manifiesto, más que su incompetencia o la del Ejecutivo, la debilidad del Estado salvadoreño, en virtud de la cual sus funciones de proteger la vida, integridad y bienes de los habitantes de la República, a partir de sus atribuciones legales y de su facultad indelegable del uso legítimo de la fuerza, no han podido ser cumplidas a cabalidad en la postguerra.

Y la debilidad del Estado se pone de manifiesto, entre otras esferas, en la debilidad del cuerpo policial surgido de la firma de los Acuerdos de Paz. Se trató, como se reconoce positivamente en distintos ámbitos, de un experimento novedoso y encomiable, con el que se quiso poner un punto y aparte respecto de los temidos y desprestigiados, por represivos y corruptos, cuerpos de seguridad pública que tuvieron a su cargo las tareas coercitivas durante casi todo el siglo XX. Experimento novedoso y encomiable –no hay persona comprometida con los derechos humanos que no haya celebrado (y celebre) la creación de una Policía Nacional Civil y la desaparción de los cuerpos de seguridad hasta entonces presentes en el entramado coercitivo del Estado—, pero fue un experimento arriesgado.

Arriesgado no tanto por las dificultades que suponía la creación de una nueva institución policial a partir de la incorporación, como punto de arranque, de miembros de los antiguos cuerpos de seguridad y del FMLN, sino porque el país recién salía de una guerra civil de casi una década, durante la cual se incubaron y desarrollaron hábitos y odios propios de las guerras, así como comportamientos, dentro y fuera de las zonas de guerra, francamente ilegales y criminales.

La expresión “conflicto armado” y toda la imaginería pacifista que la acompañó –con canciones como “Patria querida”— no ayudaron mucho a hacerse cargo de ni de la dureza y tragedia de la guerra ni del impacto de la misma en las redes de convivencia social, en la psicología los individuos, en los miedos, en los hábitos violentos, en el rechazo de la legalidad y en los rencores y odios que se incubaron en esos diez años. El recurso a las armas y a la violencia mortal en contra de otros como alternativa a la defensa de la propia vida, o como medio para defender ideas o cobrarse agravios, fueron parte de la cotidianidad de la sociedad salvadoreña en una década si se hace el conteo desde 1981 hasta 1982, pero son casi dos décadas si se suman los años setenta, con una violencia extraordinaria, que fue creciente a partir de 1975.

Otras naciones, como España, que tuvieron una guerra civil de menor duración (1936-1939) no dejaron que se perdiera el sentido de la tragedia que golpeó a su gente, y que aún ahora sigue estando presente con el clamor de justicia por parte de victimas sobrevivientes o familiares que saben y sienten que las heridas siguen abiertas, pese al tiempo transcurrido. En El Salvador, una década de violencia, terror, bombardeos, dolor, muerte y desplazamientos masivos forzados quiso ser borrada de la memoria eliminando del discurso público la expresión “guerra civil” y reemplazándola por la expresión “conflicto armado”. La nueva expresión terminó por imponerse, incluso en los ambientes de la izquierda política e intelectual, salvo por unos cuantos necios que se mantuvieron firmes en su defensa de una formulación que recordaba la crudeza de la década de los ochenta.

La realidad, sin embargo, es terca. Sin importar las palabras que se inventen para adulcorarla u ocultar sus presencia, siempre se las arregla para recordarnos que está ahí, que tiene sus dinamismos y modos de ser, que escapan a los deseos, sueños, fantasías o voluntad humanas. Y, así, por más que en todos estos años se haya querido “suavizar” lo sucedido en los años ochenta llamándolo “conflicto armado” (y vivido con la ilusión de que las heridas se cerraron con el “perdón y el olvido”), el requebrajamiento de la convicencia social que se suscitó en esa década, la cultura de violencia y de abuso que se incubó, el irrespeto a la vida, la proliferación de armas, las prácticas ilegales e inhumanas que se hicieron normales, la erosión de la autoridad pública, etc., no dejaron de existir después de 1992, sino que eran la marca de la sociedad salvadoreña que estrenaba un marco político-institucional distinto al que había regido su vida en las décadas anteriores.

Lo novedoso era, precisamente, el nuevo marco político-institucional creado con los Acuerdos de Paz (a lo que se añadiría un nuevo esquema económico), pero la sociedad era la de la guerra y la de le década anterior a la guerra. Una sociedad caracterizada, para decirlo técnicamente, por la anomia, es decir:

“una situación de decadencia de los controles a los que los individuos estaban sometidos y con ello de los límites a que éstos debían acotar la acción individual como consecuencia de la rápida transformación social… A raíz de este debilitamiento identificado como anomia, los individuos han dejado de tener clara la diferencia entre lo justo y lo injusto, lo legítimo y lo ilegítimo… en este contexto en el que los límites se encuentran debilitados o no existen, el individuo se encuentra en una situación complicada debido a que sus pasiones y deseos se hallan desbocados al perder todo punto de referencia. Este hecho le genera un constante sentimiento de frustración y malestar, ya que todo aquello que logra le parece poco, pues siempre quiere algo nuevo que supone le generará un mayor placer… La anomia… se caracteriza por la falta de límites a las acciones individuales, ya sea porque no hay normas que las regulen o porque no hay fuerzas colectivas que sean capaces de sostenerlas como tales y que se preocupen por garantizar su cumplimiento”[3].

 

3.2. La criminalidad en los años ochenta y su continuidad en la postguerra

 

A ese contexto no le fueron ajenas las actividades criminales. Por un lado, las vinculadas directamente a las dinámicas de la guerra (tráfico de armas, drogas, prostitución, extorsiones, secuestros) y en la que eran protagonistas principales militares y policías –mandos y miembros de rangos inferiores—;  por otro lado, las favorecidas por la situación de guerra, que involucraban a civiles, no necesariamente desligados de las actividades criminales oficiales. En su conjunto, esas actividades criminales se diluían en las dinámicas de la guerra, que eran las que ocupaban la mirada pública. Sin embargo, tenían su propia lógica, pues sus protagonistas estaban guiados por el interés de obtener beneficios materiales a expensas de otros, usando la fuerza y amparados no sólo en el clima de impunidad favorecido por la guerra, sino en el poder institucional del que estaban revestidos.

Se operaba en esos años una mezcla del uso de la fuerza institucional con fines políticos con el uso de esa misma fuerza con fines criminales de amplio calado, y no ya sólo para las prácticas criminales –como las llamadas “mordidas”— que fueron propias de los aparatos de coerción autoritarios tradicionales. La guerra civil puso en manos de estos aparatos, especialmente de la Fuerza Armada, una exorbitante cantidad de poder y recursos, a partir de lo cual fue posible la creación de rubros criminales de envergadura (como el tráfico de armas o de drogas).

Que las preocupaciones suscitadas por la guerra impidieran prestar atención a las fracturas sociales existentes, a las dinámicas que generaban esas fracturas y a la profundidad de las mismas no quiere decir que no estuvieran ahí y que no continuaran después de 1992. Visto con la mayor objetividad posible, un El Salvador resquebrajado socialmente, con una cultura de muerte y de miedo incubada y desarrollada a lo largo de una década y media, con dinámicas criminales incrustadas en su interior y cobijadas en la impunidad… Ese era El Salvador que (re) comenzaba su andadura en la posguerra.

Y con ese país, y con otro, era que tenían que lidiar las autoridades públicas, y en sus expresiones violentas y criminales la responsabilidad recaía en un cuerpo policial no sólo recién creado, sino con debilidades extraordinarias (en sus atribuciones, recursos, conformación) respecto de la ingente tarea que se depositaba sobre sus espaldas. Casi que cae por su peso, visto desde ahora, que la Policía Nacional Civil no estaba lista para asumir la extraordinaria tarea que se le estaba encomendando; la “violencia social y criminal”[4] que se había gestado en la guerra, y que en los años posteriores se desató de manera prácticamente incontenible, superaba las capacidades de este cuerpo coercitivo de nuevo tipo. Tal parece que ha sido así desde entonces, pues el crimen no ha dejado de ir siempre un paso adelante –en recursos, poder, organización e impacto en la convivencia— de la PNC.

Para haber podido enfrentar con solvencia la violencia criminal la PNC debió haber nacido con la fortaleza suficiente de cara al reto que tenía que ante sí, pero además no tenía que hacerlo sola. El sistema de justicia en su conjunto debió haberse sumado al esfuerzo, para lo cual también era preciso establecer las sinergias institucionales necesarias y orientarlas en dirección a la grave situación que ya entonces laceraba el tejido social y familiar. Naturalmente que para que ello fuera posible se requería una comprensión realista de las dinámicas de violencia social y criminal, lo mismo que de las fracturas sociales y culturales, generadas en la guerra y que seguían presentes pese a la firma de los Acuerdos de Paz. De muy poca ayuda resultaban las elaboraciones fantasiosas de un país que de la noche a la mañana borraba su pasado de dolor, tragedia y muerte, y decidía vivir en paz y armonía. Quienes se creyeron esas ilusiones, y tomaron decisiones a partir de ellas, cometieron terribles errores, que posteriormente hicieron más difícil hacer frente a los problemas de inseguridad y violencia.

 

Una visión realista de las fracturas sociales y culturales existentes entonces, de la anomia casi generalizada, de la fuerte presencia del crimen y de la impunidad, hubiera permitido caer en la cuenta de que era un Estado fortalecido el que podía (y tenía) que conducir al país en la transición de postguerra. Un Estado debilitado estaba condenado al fracaso, pues la debilidad estatal –expresada en la disminución de (o renuncia a) sus atribuciones legales y coercitivas en la conducción de la sociedad—  no hizo más que favorecer, como consecuencia querida o no querida, la proliferación de actividades, criminales o no, en manos de agentes privados fuera de control. Y los agentes criminales, sean individuales o colectivos, son agentes privados, es decir, agentes que miran exclusivamente por su propio beneficio, a partir del control de los nichos de mercado (drogas, armas, extorsiones, prostitución, tráfico de personas) en los que operan.

 

3.3. El Estado salvadoreño en la posguerra y la ofensiva neoliberal

 

El Estado salvadoreño sale de la guerra deslegitimado y debilitado, y, por ello, sin capacidad para encarar los desafíos que el “desorden social”, fraguado en la guerra y presente en la postguerra, plantea de manera ineludible. No se trataba de una experiencia inédita en el mundo. Otras naciones que vivieron situaciones parecidas, o más graves, en el siglo XX enfrentaron el mismo desafío (Guatemala, Chile, España, Japón, las naciones del ex bloque del Este, China, la ex URSS), y los resultados mejores o mejores dependieron de la fortaleza o debilidad de sus Estados. Una lección que no conviene olvidar es que cuando una sociedad ha tenido una severa crisis en su interior, por ejemplo una guerra civil o una crisis o transformación económica o política de envergadura, no es conveniente que se la deje ir a la deriva, ya que en esos escenarios se fraguan dinámicas perniciosas (violentas, criminales y anómicas; del sálvese quien pueda) que se serán un férreo obstáculo para la construcción de un orden social estable, democrático y pacífico[5].

En el caso de El Salvador, además de la pérdida de legitimidad y de una importante disminución de su poder territorial durante la guerra, el Estado se vio inserto, en la postguerra, en un clima de ideas y decisiones emanadas del paradigma neoliberal, el cual a su vez hacía parte de la trasformaciones generadas por la globalización capitalista[6]. Cuando la guerra no terminaba, los influjos neoliberales se comenzaron a sentir con el gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994), pero el contexto del país hacía imposible implementar las reformas económicas neoliberales emanadas del Consenso de Washington[7].

La guerra era un obstáculo para ello; los grupos de poder económico emergentes eran conscientes de que si no se le ponía fin sus posibilidades de convertirse en los “ricos más ricos” de El Salvador no se harían realidad en el corto plazo. La guerra terminó, en efecto, en 1992. La sociedad salvadoreña no había salido del shock causado por aquélla. Y una derecha (económica y política), embebida de la doctrina neoliberal, estuvo en condiciones de implementar –toda vez que continuó en el control del gobierno en los tres periodos presidenciales siguientes a la gestión de Cristiani y sin presiones sociales o políticas significativas— un conjunto de reformas orientadas al diseño de un nuevo ordenamiento económico. El Salvador se convirtió en otro ejemplo, de los muchos ofrecidos por Naomi Klein en su libro la Doctrina de Shock, de que en sociedades sacudidas por la violencia y el deterioro institucional y el inmovilismo ciudadano el neoliberalismo pudo imponerse sin mayores obstáculos.

Consecuentes con los lineamientos de la doctrina neoliberal, según los cuales el Estado es una pesada carga para la sociedad, además de ser, por sus intervenciones excesivas, pernicioso para la economía de mercado, los abanderados del neoliberalismo en El Salvador procedieron en consecuencia debilitarlo, principalmente en sus recursos y atribuciones reguladoras de la economía, pero también en sus capacidad para atender demandas y necesidades sociales de envergadura, como las vinculadas a la educación, la seguridad y el bienestar social.

La ofensiva privatizadora –por ejemplo, reprivatización de la banca, privatización de la electricidad, las telecomunicaciones y las pensiones— estuvo encaminada a fortalecer al mercado y a debilitar al Estado, en sus responsabilidades como garante último del bienestar colectivo y en sus atribuciones y capacidad de regular la esfera económica. El poder del Estado salvadoreño estuvo en juego en la postguerra. Y, con la arremetida neoliberal de los gobiernos de Cristiani, Armando Calderón Sol (1994-1999) y Francisco Flores (1999-2004), ese fue disminuido de manera significativa.

Se le llamó “reducción” o “adelgazamiento” del Estado, lo cual supuso disminuirle sus capacidades para intervenir en la esfera económica –que desde entonces quedó en manos exclusivas de agentes privados cada vez más transnacionalizados— y cederle responsabilidades en ámbitos en los cuales los capos del mercado no tuvieran interés o en las cuales sólo fuera posible la rentabilidad si se copaba una parte de esos ámbitos, dejando en manos del Estado aquellas que se mostraban poco viables de ser mercantilizadas. Fue el destino de una parte importante de la salud, la educación y la seguridad, en donde la privatización ha sido parcial, pero no despreciable en lo que se refiere a la rentabilidad que ha redituado a los agentes que controlan la parte de cada una de ellas que ha sido privatizada[8].

En cada de uno de esos rubros, la capacidad instalada, la tecnología y los recursos disponibles son abismalmente distintos a las que, en su conjunto, presenta la parte pública. La salud pública, la educación pública y la seguridad pública, desde 1992, se fueron rezagando respecto de la salud, la educación y la seguridad privadas, poniendo de manifiesto la creciente debilidad del Estado salvadoreño para hacerse cargo plenamente de las demandas y necesidades derivadas de cada uno de esos ámbitos. En la medida que el Estado se mostró impotente para atender esas y otras demandas ciudadanas, su traslado al mercado se hizo prácticamente ineludible, pues es éste el que ofrecía (y ofrece) opciones de salud, educación y seguridad a quienes se ven defraudados por los bienes y servicios públicos y están en condiciones de pagar por una oferta privatizada de los mismos. Los excluidos, los pobres, los marginados se quedan atados a lo que un Estado debilitado, mal que bien, les pueda ofrecer en salud, educación y seguridad.

El Estado salvadoreño fue “reducido” o “adelgazado” para que el mercado (y sus jerarcas) pudiera entrar en escena como el mecanismo regulador no sólo de la economía, sino de la convivencia social, dando a cada cual lo que le corresponde –en salud, educación, seguridad y bienestar— según sus propios recursos como consumidor. Esa es la utopía de los neoliberales radicales que El Salvador, como en ninguna otra nación, no se ha podido realizar plenamente, pero sí ha permitido, en la puesta en práctica del neoliberalismo salvadoreño, dejar en manos del mercado, en primer lugar, la esfera económica, en la cual el Estado no tiene una participación significativa; y, en segundo lugar, rubros sociales que, total (como las pensiones) o parcialmente (como la salud, la educación y la seguridad) ofrecen posibilidades de rentabilidad nada despreciables.

La ofensiva antiestatista de los años noventa estuvo inspirada en el discurso neoliberal fraguado en contra del Estado de bienestar. Expresiones como “inflación”, “parasitismo burocrático”, “ineficiencia del sector público”, y otras del mismo calado circularon en los ambientes empresariales, mediáticos y académicos como moneda de uso corriente para legitimar los programas de “ajuste”, así como la privatización de empresas y activos estatales.

Al término de la segunda década del siglo XXI, el antiestatismo sigue presente, convertido en un discurso antipolítica que, en lo fundamental, repite ideas de los años noventa: la carga social del sector público, el peso de la burocracia y su ineficiencia, el fracaso del Estado en los ámbitos de la salud, la educación y la seguridad, y, en fin, que el remedio para los males de la economía y la sociedad está en el mercado y sus agentes. Hay una razón que explica la pervivencia de ese antiestatismo de cuño neoliberal, y es la existencia de rubros que están a la espera de ser copados por el sector empresarial, como lo son la totalidad de la salud, la educación y la seguridad, y el agua potable.

Desde el primer desmontaje del Estado salvadoreño, iniciado con el gobierno de Cristiani y completado por Calderón Sol-Flores, han transcurrido tres décadas. En esos treinta años el Estado no sólo cedió al mercado áreas fundamentales de la vida nacional, comenzando con la economía, sino que perdió poder económico, político e institucional. Para hablar de dos rubros en los que la mercantilización es evidente, como lo son la educación y la seguridad[9], en esos treinta años ambos han sido moldeados decisivamente por el sector privado, de tal suerte que hacer del Estado –un Estado debilitado— el principal responsable del deterioro de la educación y de la seguridad sólo  tiene una correspondencia parcial  con la realidad.

Lo que ha fracasado es un esquema de desarrollo económico y social que, centrado en los grupos empresariales que controlan el mercado, ha socavado las bases económicas, jurídicas y operativas del Estado, subordinando a los intereses de aquéllos un aparato estatal disminuido en su poder, y al cual se le asignado la tarea de atender todo lo que el mercado y los empresarios consideran no rentable (por el momento o definitivamente) o peligroso para la estabilidad y buen desempeño de sus negocios.

Las reformas neoliberales de los años noventa dejaron como saldo un Estado débil, sin recursos, incompetente y estructurado a partir de nichos (casi feudos), pero con problemas graves que resolver (de convivencia social y de criminalidad) heredados de la guerra civil y con problemas nuevos que, surgidos al calor de la transformación neoliberal de la economía, la sociedad y la cultura en los noventa, comenzaron a dejar su marca propia en la realidad salvadoreña de la postguerra.  A este respecto es ilustrativo el siguiente texto de Hobsbawm:

 

“Esto nos lleva al gran enfrentamiento entre las fuerzas del capitalismo, que son favorables a la remoción de cualquier obstáculo, y las fuerzas políticas, que operan fundamentalmente a través de los estados nacionales y que están obligadas a regular –o que regulan deliberadamente— sus actividades. Las leyes del desarrollo capitalista son sencillas: maximizar el crecimiento, el beneficio, el incremento del capital. Pero las prioridades de los gobiernos y de los pueblos organizados en sociedad son, por su naturaleza diferentes. Por lo tanto, hasta cierto punto conflictivas”[10].

 

 

3.4. Estado, mercado y violencia criminal

 

Una condición imprescindible para el que un Estado pueda regular las actividades del mercado y asegure las prioridades del pueblo es que sea fuerte, es decir, que tenga el poder suficiente, por un lado, para no ser doblegado por el mercado; por otro, para no ceder a terceros sus responsabilidades en el resguardo de la paz pública, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos; y en tercer lugar, que tenga la capacidad de hacer efectivo el imperio de la ley en todo el territorio nacional. En El Salvador, las reformas neoliberales de los noventa se aseguraron que eso no sucediera; y el daño fue mayor en tanto que esas reformas afectaron a un Estado que vio erosionados su poder y  su legitimidad durante la guerra civil que recién finalizaba en 1992.

Quizás en un contexto ideológico dominado por una visión “Estado céntrica” como la que caracterizó a la mayor parte del siglo XX, hasta los años setenta, el derrotero del Estado salvadoreño hubiera sido distinto y, aunque erosionado durante la guerra, en la postguerra a lo mejor hubiera transitado, sin perder fuerza y poder, hacia un auténtico Estado democrático de derecho.

Es oportuno anotar que la tesis de que un Estado democrático de derecho es (o debe ser) equivalente a un Estado débil –complementada por otra tesis que afirma que un Estado autoritario es (o debe ser) equivalente a un Estado fuerte— tiene suficiente evidencia en contra como para aceptarla sin reparos.  Los Estados, fuertes o débiles, pueden ser democráticos o autoritarios, dependiendo de su legitimidad y de los mecanismos y controles que regulan el ejercicio del poder que tienen en sus manos.

Son, en lo esencial, esos dos factores los que definen la naturaleza de un Estado, y no su debilidad o fortaleza. En sociedades atravesadas por fracturas profundas, deterioro de la convivencia, pobreza, crimen e inseguridad contar con Estados débiles no suele ser una buena noticia. Suele ser también una mala noticia para sociedades que, con características como las descritas, buscan transitar hacia formas de convivencia pacíficas y democráticas.

Esto fue precisamente lo que le sucedió a El Salvador en los años noventa, con el agravante de que su transición de posguerra se gestaba en un contexto de globalización neoliberal, en la cual el discurso dominante clamaba por la “reducción” del Estado, es decir, por su debilitamiento. Este discurso coincidió con el de quienes –por razones absolutamente justificadas— querían exorcizar de la manera más drástica posible el fantasma del Estado autoritario fraguado a partir del golpe de Estado de Maxiliano Hernández Martínez (1931).

Un Estado debilitado fue el que encaró los desafíos de la inmediata postguerra, momento en el cual la violencia homicida “mostraba una crisis social en gestación lenta, pero irremediable si no era abordada con determinación y visión de futuro. Los registros de homicidios de esos años reflejan la gravedad de la situación. Para quienes no lo sepan o no lo recuerden, en 1994 se tuvieron, del total de homicidios, 7, 673 que fueron intencionales; mientras que en 1995, hubo 7,877 homicidios intencionales (el total de homicidios para ambos años fue, respectivamente de 9,135 y 8,485)”[11].

Y el contexto general del país, en ese entonces, era el de una violencia social que estaba tejida, por un lado, de dinámicas heredadas de la década anterior; y por otro, de dinámicas relativamente novedosas –asociadas, por ejemplo, a los primeros brotes de las maras o pandillas— que en las siguientes dos décadas iban a poner de manifiesto toda su fuerza. También fue un Estado debilitado el que acompañó transformación económica de los años noventa (también educativa y cultural), misma que dio lugar al traslado hacia el mercado no sólo de activos y bienes estatales, sino de responsabilidades que, como la seguridad ciudadana, a lo largo del siglo XX fueron exclusivas de aquél.

En las casi tres décadas que han seguido al fin de la guerra civil se implantó un aparato económico terciarizado, diseñado, mal que bien, a partir de recetas neoliberales. En el centro de ese aparato están los complejos financieros, acompañados de los centros  comerciales, los enclaves maquileros y  las remesas. La economía del crimen ocupa un lugar no tanto en el entramado formal y legal del país, sino en la realidad social que, asimismo, ha incorporado a sus dinámicas cotidianas las actividades de grupos criminales que, organizados o no, se rigen también por las reglas del mercado que les conducen a  “maximizar el crecimiento, el beneficio, el incremento del capital”. Así como las reglas del mercado gobiernan el mundo del crimen, del mismo modo las reglas del mercado gobiernan las actividades de las empresas privadas de seguridad –y las de las compañías aseguradoras y las de las compañías que vendan armas y equipos de seguridad— que han proliferado alentadas por la debilidad del Estado y la cultura privatizadora prevaleciente. Lo dicho por J. Sachs para Estados Unidos aplica para El Salvador de postguerra:

“Cuando la economía de Estados Unidos estaba de capa caída en los setenta –dice Sachs—, la derecha política, representada por Ronald Reagan, decía que el gobierno era el culpable de todos sus cada vez mayores males. Este diagnóstico, aunque incorrecto, sonaba bien a suficientes americanos como para permitir así que la coalición de Reagan empezara un proceso de desmantelamiento efectivo de los programas del gobierno, así como para minar la capacidad del gobierno de ayudar a que la economía estuviera bajo su control. Todavía estamos viviendo las desastrosas consecuencias de ese diagnóstico fallido, y seguimos ignorando los retos reales, incluyendo las amenazas de la globalización, el cambio tecnológico y el medio ambiente”[12].

 

Al calor de la transformación económica iniciada en los noventa y sus ajustes posteriores, los influjos de la globalización económica y cultural, la proliferación de variados nichos de mercado (legales e ilegales) y las remesas han surgido en el país reductos de consumo y de bienestar –ejemplificados en los centros comerciales— que han creado segmentaciones, tensiones y exclusiones inéditas, pero que se cruzan con segmentaciones, tensiones y exclusiones tradicionales. La pobreza, sin dejar de existir, ha adquirido nuevas características, sin perder su esencia, es decir, sin dejar de ser la condición que identifica a quienes tienen dificultades para sobrevivir y, en consecuencia, para acceder a los bienes y servicios que les permitirían vivir con dignidad.

El consumismo exacerbado afecta a prácticamente todos los segmentos sociales, pero sólo algunos de ellos pueden satisfacerlo de forma cabal. La disputa por los recursos (tecnológicos, educativos, económicos, ambientales, territoriales) se ha convertido en una fuente de conflicto entre individuos y grupos, dando lugar a un deterioro de la convivencia social que se superpone a las fracturas heredadas de los años de guerra.  En la segunda década del siglo XXI estamos viviendo “las desastrosas consecuencias de [un] diagnóstico fallido, y seguimos ignorando los retos reales”.  La insatisfacción, el malestar y la frustración, por lo poco que se tiene y lo mucho que se desea, se han convertido, en el presente, en tierra fértil para la fijación en el imaginario colectivo de “chivos expiatorios” a los que se culpa de todo lo malo que sucede en el país. Los políticos, en específico y los empleados públicos, en general, se han convertido en los destinarios de ataques, descalificaciones y odios viscerales. Cualquier “noticia” –principalmente en “redes sociales”— que revela un abuso, real o presunto, de un funcionario, empleado público o político es vista, por muchos, como una confirmación de sus prejuicios y como una oportunidad para desatar su ira fuera de control. Algunos periódicos  y revistas digitales son consultados y leídos no para informarse o tener elementos de juicio para las propias valoraciones, sino como un espacio para vilipendiar a quienes se considera la escoria de la sociedad[13].

 

  1. Reflexión final: los costos sociales del “mercado centrismo” neoliberal

 

El “mercado centrismo”[14] se ha traducido en El Salvador en la privatización no sólo de las actividades económicas fundamentales o de segmentos importantes de la educación, sino también de la violencia criminal y de la seguridad para contener esa violencia. En la postguerra, el Estado salvadoreño fue disminuido en sus capacidades y recursos para que la mercantilización de la vida económica, cultural y social se hiciera efectiva. Y, paradójicamente, a ese Estado disminuido se le reclama por su impotencia ante el crimen; y, no sólo eso: se usa su impotencia como excusa para deslegitimarlo y clamar por un mayor debilitamiento del mismo.

Si no se entiende que el crimen es parte del tejido de la sociedad salvadoreña –de su tejido económico, territorial y cultural— difícilmente se caerá en la cuenta de la ingente tarea que supone librarse de él. Si no se entiende, igualmente, que es un nicho de mercado que se consolidó junto con otros nichos al compás de la ola privatizadora (y debilitadora del Estado) de carácter neoliberal, no se tendrá la disposición para entender que debilitar al Estado en su capacidad coercitiva y en su potestad de ser el garante último de la ley, así como de la paz pública y el bienestar ciudadano, fue (y es) una mala apuesta para la convivencia social.

Que el Estado haya abdicado de ejercer una regulación significativa en la esfera económica, dejándola en manos exclusivas de los sectores empresariales, ha causado un perjuicio extraordinario a la sociedad. Que el Estado haya cedido a agentes privados parte de la responsabilidad en la seguridad ciudadana lo llevó a desprenderse de una parte del poder que lo define, como lo es el uso exclusivo de la coerción, no fue bueno para la sociedad. Y ninguna las dos cosas lo ha democratizado, sino que simplemente lo han debilitado y le han impedido ser la instancia integradora y democratizadora que El Salvador ha necesitado desde 1992.

La sociedad salvadoreña tiene incorporada en su seno unas estructuras criminales que le drenan recursos, deterioran la convivencia y causan dolor a sus víctimas. Esas estructuras han consolidado sus nichos de mercado apelando a la fuerza, con lo cual no sólo vulneran derechos ciudadanos fundamentales –a la vida, a la integridad física, a la libre movilidad y al patrimonio—sino que han adquirido la potestad de disputar al Estado su capacidad para ejercer su autoridad e imponer la ley en todo el territorio nacional. Desde este punto de vista, el crimen se ha convertido en un desafío de primer orden para la gobernabilidad democrática, que excede a los gobiernos, pues atañe al Estado y a la sociedad en su conjunto.

Ciertamente, hay criterios de gobernabilidad democrática que apuntan a las exigencias que tienen los Estados de asegurar el imperio de la ley en los territorios bajo su tutela, lo mismo que a asegurar, a través del uso legítimo de la fuerza, que la vida y los bienes de los ciudadanos no sean vulnerados por individuos o grupos que operan al margen de la ley. Pues bien, en El Salvador, a lo largo de la postguerra estos individuos y grupos han prosperado, complejizado y expandido sus operaciones criminales; todo lo cual no quiere decir, si no, que han acumulado en sus manos un importante poder militar, en comunicaciones, financiero, territorial, social y cultural.

Ese poder es que les da una presencia y un peso indiscutible en la sociedad salvadoreña actual. Es ese poder, asimismo, el que explica lo difícil que es para un Estado debilitado (en sus capacidades coercitivas, en sus capacidades para regular al mercado –legal, ilegal y al que se cruza difusamente entre uno y otro—y en sus capacidades para atender las necesidades de educación, salud y bienestar de la población) hacerle frente de manera eficaz. El poder del Estado debería ser superior al poder del crimen; y superior, o cuando menos equivalente, al poder de quienes controlan el mercado, en donde se juegan también los intereses de los jerarcas del crimen.

En fin, si bien El Salvador, desde 1992 hasta 2019, ha podido sortear los peligros de la ingobernabilidad derivados de dinámicas que tradicionalmente fueron la fuente de esos peligros –disrupciones sociales debidas a demandas políticas o económicas insatisfechas—, lo cual ha permitido una estabilidad social y política a lo largo de las casi tres décadas que siguieron a los Acuerdos de Paz, la persistencia de dinámicas criminales, la erosión del tejido comunitario debido a la violencia criminal, la concentración de cuotas importantes de poder militar, logístico y financiero en manos de organizaciones delictivas, la anulación (o la disputa) en algunos territorios de la potestad legal del Estado y el desafío lanzado permanentemente a éste por acciones criminales de distinta naturaleza son señales de que la gobernabilidad democrática en el país no está consolidada o, peor aún, encuentra en las dinámicas criminales una seria amenaza para su supervivencia en el mediano y largo plazo.

En definitiva, si en El Salvador se pretende asegurar en el mediano y largo plazo la gobernabilidad democrática lo mejor es recuperar el legado de una pensamiento económico y político que ya en los años 60 y 70 del siglo XX dejó establecidos las siguientes tesis rectoras:

 

“Los mercados son instituciones razonablemente eficientes a la hora de distribuir los recursos económicos escasos de la sociedad y llevar a una alta productividad y niveles de vida medios”,

 

“La eficiencia, en cualquier caso, no garantiza la equidad (o la ‘justicia’) en la distribución de ingresos”.

 

“La  búsqueda de la equidad exige que el gobierno redistribuya la renta de los ciudadanos, especialmente de los miembros más ricos de la sociedad a los miembros más pobres o vulnerables”.

 

“Los mercados sistemáticamente proveen de ciertos ‘bienes públicos’ menos de los necesario, tales como infraestructuras, regulación ambiental, educación, e investigación científica… cuya oferta adecuada depende del gobierno”.

 

“La economía de mercado tiende a la inestabilidad financiera, que pueden reducirse con políticas activas del gobierno, incluyendo la regulación financiera y las políticas monetarias y fiscales bien dirigidas”[15].

 

San Salvador, 26 de mayo de 2019

 

 

[1] L. A. González, “Visión global de la violencia en la postguerra (1994-2018)”. https://www.alainet.org/es/articulo/199078

[2] Ambos asuntos fueron abordados en González, L. A., “Violencia social y territorialización del crimen”, ECA, Nº. 695, 2006, págs. 882-885; y González, L. A., “Centroamérica: violencia, integración regional y globalización”. http://www.uca.edu.sv/publica/eca/595art1.html

 

 

[3] López Fernández, M. del P., “El concepto de anomia de Durkheim y las aportaciones teóricas posteriores”. Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. https://www.redalyc.org/html/2110/211014822005/

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[4] González, L. A., “El Salvador en la postguerra: de la violencia armada a la violencia social”. Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. https://www.lamjol.info/index.php/REALIDAD/article/view/5016

[5] Para una planteamientos sugestivo acerca del papel del Estado en el siglo XX, y en la transición Rusa y China de los años ochenta y noventa, ver Hobsbawm, E., Entrevista sobre el siglo XXI. Barcelona, Crítica, 2016.

[6] Ver, González, L. A., “Globalización y neoliberalismo”. ECA, No. 603, 1999.

[7] Para una mirada de conjunto de los planteamientos del Consenso de Washington, ver  Mària Serrano, J. F., “El ‘Consenso de Washington’. ¿Paradigma económico del capitalismo triunfante?”. https://www.cepal.org/Mujer/proyectos/gobernabilidad/manual/mod01/13.pdf

[8] En el campo de la investigación educativa, uno de los grandes temas pendientes para los sociólogos y los economistas es el de los montos financieros (y la rentabilidad) que se juegan en el sector educativo privado en todos sus niveles. Una mirada sumamente cualitativa revela que en El Salvador se mueve mucho dinero en el sector privado educativo (y que hay segmentos de la sociedad que gastan dinero para acceder a las más variadas ofertas educativas) pero no hay ningún estudio que dé cuenta de ello ni que cruce la inversión de las familias en educación  (que es una inversión social) y la calidad de la educación obtenida. La mercantilización educativa es un hecho. También lo es el deterioro de la calidad de la educación y la pérdida de valor de los grados académicos. Se tiene que analizar críticamente y sin complacencias (o complicidades) la relación existente entre ese deterioro y la mercantilización educativa, y la relación existente entre los gastos familiares en educación y la calidad de la educación y los grados obtenidos. En un juicio más crítico, se debe valorar si la proliferación de carreras y grados de nivel superior (que es irrefrenable en El Salvador actual) se corresponde con un avance real en el conocimiento científico, filosófico y humanista, o si simplemente esa proliferación no tiene nada que ver con avance alguno en las ciencias, la filosofía y las artes.

[9] Un rubro del que prácticamente no se habla, pero en el que el dominio y competencia de los agentes privados son salvajes es el del transporte colectivo. En ese rubro impera una competencia debocada, y fuera de todo control estatal, entre los empresarios del transporte, con daños irreparables en el tejido social.

[10] Hobsbawm, E., Ibíd., p. 100.

[11] González, L. A., “Visión global de la violencia”, Ibíd.

[12] Sachs, J., El precio de la civilización. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2012, p. 14. El autor habla de gobierno, pues se refiere al gobierno federal. En Estados Unidos, la palabra “Estado” hace referencia a los estados que conforman la Unión.

[13] Llamarlos “periódicos” o “revistas” es un exceso, lo mismo que es falto de sentido creer son útiles para informarse u obtener juicios que valgan la pena. Se encargan, más bien, de poner a disposición de sus lectores fieles los blancos que estos andan buscando frenéticamente.

[14] Para discusión de lo que significa el “mercado centrismo”, ver González, L. A., “Estado, mercado y sociedad civil en América Latina”. ECA, octubre de 1994, pp. 1045-1056.

[15] J. Sachs, Ibíd., p. 40.

 

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Desigualdades inaceptables

Por: Luis Armando González.

La situación actual del país se caracteriza por varias dinámicas no sólo políticas, sino también socio-culturales y medioambientales. En este último rubro, las intensas lluvias que azotan al país –principalmente, aunque no únicamente, en su zona costera— están poniendo en evidencia las críticas condiciones de vulnerabilidad en que viven miles de familias salvadoreñas.

Esas condiciones son un recordatorio hiriente de que en El Salvador existen graves desigualdades de carácter social y económico que no han sido resueltas, y que reclaman urgentemente su atenuación y, por qué no, su erradicación. Esto último exige reformas profundas en el modelo económico y en la forma cómo se distribuye y se concentra la riqueza, lo cual sus beneficiarios directos han logrado sacar del debate público (a partir de una estrategia mediática de largo aliento, que comenzó a operar desde finales de los años ochenta, pero de modo abierto y exitoso desde los años noventa).

Parte de su éxito ha consistido en hacer de los “vicios” del aparato político –la corrupción, en primer lugar, pero también el uso ineficiente los recursos y su carga laboral— el causante de todos los problemas sociales y económicos del país, obviando el papel que el sector empresarial juega, para bien y para mal, en la estructuración de la sociedad.

Cuando los desastres afectan primordialmente a los más pobres, algo anda mal en la estructuración social y económica de la sociedad; y la razón de ello se tiene que buscar en la concentración extremadamente inequitativa de la riqueza, de lo cual se derivan desigualdades inaceptables en seguridad, bienestar e integración social.

El aparato político, en una democracia, debería obrar para que aquella concentración sea disminuida, mediante mecanismos de distribución de la riqueza que generen condiciones de bienestar y seguridad para la mayor parte de la sociedad. Si las desigualdades originadas en la estructura económica no se atacan frontalmente, países como el nuestro siempre condenarán a la mayor parte de sus miembros a vivir indignamente.

Lo anterior repite una lección que Monseñor Oscar Romero dio a la sociedad salvadoreña –a su oligarquía y a sus militares—en los años setenta y hasta el 24 de marzo de 1980. Es una lección que, gracias a las argucias mediáticas de la derecha, ha sido relegada al olvido interesado; y de este olvido son partícipes incluso quienes se dicen seguidores Monseñor Romero.

En el marco del acontecimiento socio-cultural más significativo de la historia reciente de El Salvador, como lo es la canonización del Arzobispo mártir, es oportuno rescatar su denuncia de los males estructurales del país, es decir, lo que él definió en una de sus Cartas Pastorales como “violencia estructural”, raíz de otros tipos de violencia. Esos males siguen vigentes, generando otras violencias, y golpeando a los más pobres y excluidos de la sociedad.

Los “dioses del poder y del dinero” siguen siendo adorados por quienes concentran la riqueza en El Salvador. Que casi nadie hable de ellos –sólo unos cuantos sociólogos y unos pocos, muy pocos, economistas— no quiere decir que hayan dejado de existir, o que su influencia en los destinos del país sea nimia. Para nada: los ricos más ricos de El Salvador –principalmente los amos de las finanzas— han sido y son determinantes en la configuración de la realidad nacional, especialmente en sus desigualdades estructurales.

Usar –y haber impuesto— el discurso “anticorrupción” para ocultar la naturaleza de esas desigualdades estructurales supone un triunfo ideológico extraordinario de la derecha salvadoreña. Es un reto, en quienes se dicen cultivadores del “pensamiento crítico”, la tarea de desmontar esa y otras elaboraciones ideológicas de la derecha –como la “antipolítica”, el “emprendedurismo” y el “nuevo generacionismo”, entre otros— que nublan la vista y bloquean la capacidad de razonamiento.

Como quiera que sea, honrar y celebrar a Monseñor Romero es hacer propia esa capacidad suya de razonar críticamente sobre los ejes configuradores de la realidad nacional. El impacto social y cultural que ello tendría sería en verdad extraordinario; quizás así la sociedad salvadoreña –o al menos sectores significativos suyos—comenzaría a comprometerse decididamente en la construcción de un proyecto de nación distinto, por justo y por inclusivo, del existente.

Y es que sin virajes culturales profundos, que replanteen o reemplacen los valores, las creencias y los hábitos vigentes, es imposible que una sociedad emprenda nuevos derroteros.

El Salvador está aún a la espera de un viraje cultural de envergadura, un viraje que permita superar la cultura neoliberal globalizada, con arraigos autoritarios y conservadores de larga data, y de pie a una matriz cultural humanista, tolerante, libre, responsable con el bien público y activa en lo político en función del bienestar colectivo. Se trata de algo difícil, pero no imposible. Más aún, se trata de algo posible y necesario, pues de lo contrario nunca tendremos un país en el que dé gusto vivir.

En un nuevo marco cultural, muchas de las cosas que ahora hacemos, importantes, pero que han perdido sentido –como las elecciones— cobrarán un nuevo significado. Y ello, al menos, porque los ciudadanos tendrán mejores criterios para discernir acerca de la calidad y capacidad de quienes piden su voto.

Hoy por hoy –a juzgar por los resultados de las encuestas de opinión— esos criterios son sumamente pobres. Los cantos de sirena, la pose y el desplante, la arrogancia y el “me vale todo porque soy yo” gozan de amplia aceptación entre sectores amplios de la sociedad.

La contracara de ello es la incapacidad para detectar filiaciones ideológicas, intereses reales, trayectorias políticas (y, ahí donde aplica, empresariales), alianzas y compromisos, etc., que son los que en definitiva condicionarán el quehacer político efectivo de quien resulte electo presidente en 2019.

En fin, una cosa es aprender a leer críticamente la política (y la economía, y la cultura, y la sociedad) y otra bien distinta dejarse llevar por creencias, valoraciones y percepciones impuestas por entornos mediáticos (y también religiosos, empresariales y universitarios) que tienen como finalidad enturbiar la capacidad de razón de las personas para así manipularlas mejor. Mientras la gente se “deje llevar” –ya sea que se trate de gente popular o de gente que procede de la “academia”— estará lejos de haber asimilado una pizca siquiera del legado crítico de Monseñor Romero.

Fuente del artículo: https://www.alainet.org/es/articulo/195798

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El Salvador según los ideales de San Romero

Por: Luis Armando González. 

El día ayer, en las vísperas de canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero –y con motivo de tan extraordinario acontecimiento— el Presidente Salvador Sánchez Cerén dirigió un mensaje a la nación, en el cual, en una de sus partes medulares, dijo lo siguiente:

San Romero de América continúa alentando las esperanzas de los pueblos. Su identificación con las poblaciones más vulnerables, su enérgico rechazo a la violencia, su valiente defensa de las víctimas son ejemplos para millones de personas que luchan por la dignidad humana… La mejor forma de honrar a San Romero es mantener vivo su mensaje de amor y paz en nuestras acciones. En sus palabras encontramos la fortaleza para ser mejores y avanzar en el camino de la paz y el bienestar de todos los ciudadanos.

Su canonización convoca a toda nuestra sociedad a una profunda reflexión para comprender que es urgente un ¡Basta ya! a la violencia, que tanto sufrimiento provoca a muchas familias. A eso nos llama hoy San Romero, a un cambio de conducta, a sumar esfuerzos para que nuestras comunidades avancen en convivencia y con tolerancia, poniendo en práctica una nueva cultura de paz basada en el respeto a la vida, a las diferencias y a los derechos humanos”.

Ese texto condensa lo que para una gran mayoría de personas –creyentes y no creyentes— es el mensaje esencial de Monseñor Romero, quien desde el 14 de octubre de 2018 se ha convertido San Romero de América. Al transmitir ese mensaje, el Presidente Sánchez Cerén no sólo se puso en sintonía con los ideales fundamentales de San Romero, sino también en sintonía con las aspiraciones de figuras católicas de primer nivel –como el Papa Francisco, el Cardenal Gregorio Rosa Chávez y el Nuncio Apostólico, Monseñor Santo Gangemi— que, guiados por los ideales y el ejemplo del santo salvadoreño, han hecho llamados para trabajar por la paz, la justicia y la vida en El Salvador.

Y es que el desafío por edificar un país sin violencia, con justicia, sin desigualdades hirientes y con un pleno respeto a la dignidad humana sigue siendo tan actual y urgente, como lo fue en tiempos de San Romero. Eso no podrá hacerse sin un vuelco radical en los ejes configuradores de la realidad nacional: la economía, la política y la cultura.

En algunos ambientes se escucha decir que debemos edificar un país según el corazón de Dios. Para los que no son creyentes –lo cual no quiere decir que sean malas personas, que no tengan ideales o que no deseen trabajar un El Salvador distinto al actual— la apelación al “corazón de Dios”, como fuente orientadora, escapa a sus pretensiones o, más aún, no tiene ninguna fuerza para desencadenar, en ellos, un compromiso cívico o para delinear un proyecto social, cultural, político y económico, viable y realista, y para lo cual son herramientas imprescindibles el conocimiento científico, y sus aplicaciones tecnológicas, y una sólida base moral que no debe agotarse, aunque se nutra de su riqueza, en fuentes morales de procedencia religiosa.

Por otro lado, para los creyentes cristianos –sobre todo esos a los que no les son ajenas las enseñanzas de la teología negativa— la pretensión de querer conocer a Dios –su voluntad y deseos, que tiene corazón y que hay algo inscrito en ese corazón— no es más que un ejemplo de la soberbia humana y, por qué no, también de la inevitable ignorancia que se deriva de la inaccesibilidad a ese misterio en que consiste lo absolutamente absoluto.

Más prudente sería decir que, en el caso concreto de nuestro país –con su historia, condicionamientos, estructuras de poder, formas de convivencia y cultura—, una figura como San Romero podría convertirse en ese desencadenante de un proceso de transformación de El Salvador, en sus estructuras fundamentales, para lo cual –como punto de partida— no debería perderse de vista la integralidad de su trayectoria de vida y su legado, es decir, se trataría de mantenerlo vigente, actuante y operativo, como “Monseñor Romero”. La tentación de afirmar que el país debería ser edificado según el “corazón de Monseñor Romero” se impone casi automáticamente.

Pero es una tentación a la que –por lo menos en estas líneas— no hay que ceder. Por un lado, la noción está fuertemente teñida de romanticismo y sentimentalismo, lo cual fácilmente puede conducir, en el caso de Romero, a una espiritualización de su vida y legado. Por otro lado, la noción es heredera de una visión que pone al corazón (y a su lugar en el cuerpo) como centro de la voluntad y decisiones morales de las personas.

Por eso se dice de una persona que hace el mal que “no tiene corazón”; o también, cuando se quiere respaldar la solidez moral de una afirmación, se dice “te lo digo con el corazón en la mano” o “te lo digo desde el fondo de mi corazón”. En realidad, lo correcto sería decir “te lo digo desde mi cerebro”, pero hasta ahora el corazón sigue teniendo la primacía como fuente de las decisiones (y compromisos) más firmes y profundas.

Pero ciertamente, no sólo el cerebro de Monseñor Romero estuvo en la base de sus decisiones y opciones más reflexivas, sino todo su cuerpo, sus sentidos, sus emociones y sus sentimientos. Aunado todo ello a sus conocimientos filosóficos y teológicos, a su cultura –tejida a partir de sus orígenes familiares en Ciudad Barrios—, a sus gustos musicales, a sus conocimientos históricos, políticos, económicos, sociológicos, a su experiencia con las víctimas de la violencia, a las tensiones eclesiales que enfrentó, a sus lecturas del Evangelio y a su fe. Todo esto cristalizó en un conjunto de principios, valores, exigencias y obligaciones morales: los ideales de Monseñor Romero.

Son esos ideales –entre los que destacan la primacía de la dignidad de las personas, la promoción del bien común y la justicia, la opción por las víctimas, el rechazo de la violencia que genera violencia, la defensa de los derechos humanos, el compromiso con la paz justa, el respeto de la memoria histórica, la resistencia a la opresión, la solidaridad, la fraternidad y la tolerancia— los que, por universales, tienen toda la potencialidad para mover a los distintos sectores del país a un compromiso con un nuevo proyecto de nación.

Ninguna persona de buena voluntad, con una decencia mínima y con capacidad de razonar, puede sustraerse a esos ideales, independientemente de sus opciones y creencia (o increencias) religiosas. Y ello porque los ideales de San Romero –del obispo y mártir Monseñor Romero— apuntan al universo moral de las personas, es decir, al marco de principios, valores y creencias a partir del cual aquéllas actúan y toman decisiones.

En fin, edificar un país según los ideales de Monseñor Romero –de San Romero— supone la permeabilización de la sociedad por esos ideales, de modo que sean el crisol de una nueva cultura, una cultura del compromiso solidario, del respeto y cuido del débil; de renuncia a la ostentación, el consumismo, el individualismo y el abuso; de la justicia económica y de la convivencia en paz.

San Salvador, 14 de octubre de 2018

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Desigualdades inaceptables

Por: Luis Armando González.

 

La situación actual del país se caracteriza por varias dinámicas no sólo políticas, sino también socio-culturales y medioambientales. En este último rubro, las intensas lluvias que azotan al país –principalmente, aunque no únicamente, en su zona costera— están poniendo en evidencia las críticas condiciones de vulnerabilidad en que viven miles de familias salvadoreñas.

Esas condiciones son un recordatorio hiriente de que en El Salvador existen graves desigualdades de carácter social y económico que no han sido resueltas, y que reclaman urgentemente su atenuación y, por qué no, su erradicación. Esto último exige reformas profundas en el modelo económico y en la forma cómo se distribuye y se concentra la riqueza, lo cual sus beneficiarios directos han logrado sacar del debate público (a partir de una estrategia mediática de largo aliento, que comenzó a operar desde finales de los años ochenta, pero de modo abierto y exitoso desde los años noventa).

Parte de su éxito ha consistido en hacer de los “vicios” del aparato político –la corrupción, en primer lugar, pero también el uso ineficiente los recursos y su carga laboral— el causante de todos los problemas sociales y económicos del país, obviando el papel que el sector empresarial juega, para bien y para mal, en la estructuración de la sociedad.

Cuando los desastres afectan primordialmente a los más pobres, algo anda mal en la estructuración social y económica de la sociedad; y la razón de ello se tiene que buscar en la concentración extremadamente inequitativa de la riqueza, de lo cual se derivan desigualdades inaceptables en seguridad, bienestar e integración social.

El aparato político, en una democracia, debería obrar para que aquella concentración sea disminuida, mediante mecanismos de distribución de la riqueza que generen condiciones de bienestar y seguridad para la mayor parte de la sociedad. Si las desigualdades originadas en la estructura económica no se atacan frontalmente, países como el nuestro siempre condenarán a la mayor parte de sus miembros a vivir indignamente.

Lo anterior repite una lección que Monseñor Oscar Romero dio a la sociedad salvadoreña –a su oligarquía y a sus militares—en los años setenta y hasta el 24 de marzo de 1980. Es una lección que, gracias a las argucias mediáticas de la derecha, ha sido relegada al olvido interesado; y de este olvido son partícipes incluso quienes se dicen seguidores Monseñor Romero.

En el marco del acontecimiento socio-cultural más significativo de la historia reciente de El Salvador, como lo es la canonización del Arzobispo mártir, es oportuno rescatar su denuncia de los males estructurales del país, es decir, lo que él definió en una de sus Cartas Pastorales como “violencia estructural”, raíz de otros tipos de violencia. Esos males siguen vigentes, generando otras violencias, y golpeando a los más pobres y excluidos de la sociedad.

Los “dioses del poder y del dinero” siguen siendo adorados por quienes concentran la riqueza en El Salvador. Que casi nadie hable de ellos –sólo unos cuantos sociólogos y unos pocos, muy pocos, economistas— no quiere decir que hayan dejado de existir, o que su influencia en los destinos del país sea nimia. Para nada: los ricos más ricos de El Salvador –principalmente los amos de las finanzas— han sido y son determinantes en la configuración de la realidad nacional, especialmente en sus desigualdades estructurales.

Usar –y haber impuesto— el discurso “anticorrupción” para ocultar la naturaleza de esas desigualdades estructurales supone un triunfo ideológico extraordinario de la derecha salvadoreña. Es un reto, en quienes se dicen cultivadores del “pensamiento crítico”, la tarea de desmontar esa y otras elaboraciones ideológicas de la derecha –como la “antipolítica”, el “emprendedurismo” y el “nuevo generacionismo”, entre otros— que nublan la vista y bloquean la capacidad de razonamiento.

Como quiera que sea, honrar y celebrar a Monseñor Romero es hacer propia esa capacidad suya de razonar críticamente sobre los ejes configuradores de la realidad nacional. El impacto social y cultural que ello tendría sería en verdad extraordinario; quizás así la sociedad salvadoreña –o al menos sectores significativos suyos—comenzaría a comprometerse decididamente en la construcción de un proyecto de nación distinto, por justo y por inclusivo, del existente.

Y es que sin virajes culturales profundos, que replanteen o reemplacen los valores, las creencias y los hábitos vigentes, es imposible que una sociedad emprenda nuevos derroteros.

El Salvador está aún a la espera de un viraje cultural de envergadura, un viraje que permita superar la cultura neoliberal globalizada, con arraigos autoritarios y conservadores de larga data, y de pie a una matriz cultural humanista, tolerante, libre, responsable con el bien público y activa en lo político en función del bienestar colectivo. Se trata de algo difícil, pero no imposible. Más aún, se trata de algo posible y necesario, pues de lo contrario nunca tendremos un país en el que dé gusto vivir.

En un nuevo marco cultural, muchas de las cosas que ahora hacemos, importantes, pero que han perdido sentido –como las elecciones— cobrarán un nuevo significado. Y ello, al menos, porque los ciudadanos tendrán mejores criterios para discernir acerca de la calidad y capacidad de quienes piden su voto.

Hoy por hoy –a juzgar por los resultados de las encuestas de opinión— esos criterios son sumamente pobres. Los cantos de sirena, la pose y el desplante, la arrogancia y el “me vale todo porque soy yo” gozan de amplia aceptación entre sectores amplios de la sociedad.

La contracara de ello es la incapacidad para detectar filiaciones ideológicas, intereses reales, trayectorias políticas (y, ahí donde aplica, empresariales), alianzas y compromisos, etc., que son los que en definitiva condicionarán el quehacer político efectivo de quien resulte electo presidente en 2019.

En fin, una cosa es aprender a leer críticamente la política (y la economía, y la cultura, y la sociedad) y otra bien distinta dejarse llevar por creencias, valoraciones y percepciones impuestas por entornos mediáticos (y también religiosos, empresariales y universitarios) que tienen como finalidad enturbiar la capacidad de razón de las personas para así manipularlas mejor. Mientras la gente se “deje llevar” –ya sea que se trate de gente popular o de gente que procede de la “academia”— estará lejos de haber asimilado una pizca siquiera del legado crítico de Monseñor Romero.

Fuente del artículo: https://www.alainet.org/es/articulo/195798

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Cuatro comentarios sobre el problema de la violencia

Por: Luis Armando González

Se recogen a continuacion cuatro comentarios del autor a propósito de algunos tópicos relativos al problema de la violencia. Fueron escritos en diferentes momentos –el primero en 2011 y el cuarto en 2017— y en situaciones coyunturales específicas. Están, pues, fechados y situados. Asimismo, aún en su brevedad y con sus limitaciones, ponen de relieve que la violencia criminal (ejercida por el crimen organizado y las maras o pandillas) no sólo no es un problema reciente (que comenzó en 2009) sino que viene de los años noventa y que desde entonces para acá se ha complejizado. El autor está convencido de que la envergadura del accionar criminal requiere de una intervención del Estado –y no sólo del Ejecutivo—fuertemente coercitiva, a sabiendas de que la prevención es la respuesta de largo plazo para un problema tan complejo.

 

La escuela como objeto de violencia

La escuela no escapa a la violencia que se ha desatado en la sociedad salvadoreña desde la postguerra. El enfoque tradicional de la violencia en la escuela se revela sumamente limitado para entender lo que está sucediendo en estos momentos. Y es que ese enfoque tradicional se centra en la escuela como foco de violencia, es decir, en sus dinámicas internas de carácter violento que se toman como punto de partida para comprender las prácticas violentas de los adultos.

Desde este enfoque, entonces, la tesis que se suele defender es que la violencia en la escuela está en la base de la violencia que se genera en la sociedad. Asimismo, en los intentos por explicar la violencia en la escuela se apela, además de a los factores que derivan de la misma dinámica escolar (por ejemplo, a la violencia represiva propia de una educación bancaria-autoritaria), a los entornos familiares y de amigos que serían los que permitirían explicar por qué los niños y adolescentes son proclives a la violencia en la escuela.

De modo casi circular, esta perspectiva de análisis propende a buscar la solución al problema de la violencia en la escuela en la atención preventiva de los entornos antes mencionados, con énfasis en la responsabilidad de la familia.

¿Cuál es la violencia en la escuela que preocupa a quienes se mueven en este marco de análisis? Su punto de mira son las agresiones entre los alumnos, las amenazas, burlas y abusos contra los más débiles, etc. A los más críticos no se les escapan las agresiones y maltratos de los maestros hacia los alumnos, ni la violencia propia de un sistema escolar bancario-autoritario.

Pero, como quiera que sea, la cuestión de fondo –en la perspectiva que reseñamos— es que la escuela es un foco de hábitos y prácticas violentas que, luego, repercuten en la sociedad, cuando quienes vivieron la violencia en la escuela se convierten en adultos.

La sociología de los años setenta fraguó esta forma de entender la violencia en la escuela. En una época en la cual la familia era una pieza sólida del engranaje social y los entornos inmediatos de amigos un fuerte condicionante de las conductas individuales, lo razonable era buscar en la familia y en esos entornos las claves de los hábitos de quienes se integraban en las escuelas –que eran el otro gran espacio de integración social. Familia, grupos de amigos, escuela y trabajo marcaban los hábitos y conductas de los individuos en esos años setenta en las sociedades occidentales industrializadas.

La serie de televisión “Los años maravillosos” refleja bien esas dinámicas tal como se dieron en la sociedad norteamericana de finales de los años sesenta y principios de los años setenta. La sociología y la psicología de esos años elaboraron sus teorías y enfoques a partir de la realidad de un capitalismo sólido, en el cual la familia, la escuela y el trabajo eran los principales ejes de integración social.

Esos enfoques y teorías tienen poca utilidad en estos momentos, a la hora de entender la violencia en las escuelas. El “capitalismo líquido”—analizado por autores como Z. Bauman y A, Guiddens— exige otras formas de abordaje del tema de la violencia. Y es que, entre otros cambios importantes (por ejemplo el peso del consumismo de marcas alentado unos medios de comunicación globalizados), la familia ha dejado de ser lo que antaño fue como matriz formadora de los hábitos básicos.

Más allá del peso de la familia actual –la familia ampliada casi ha desaparecido y en el caso de la familia nuclear hay fuertes condicionantes económicas para mantenerse como tal— en la formación de sus miembros más jóvenes, hay entornos violentos (con un componente de cultura de violencia) que son más decisivos en la creación de hábitos de los individuos que la familia y el círculo inmediato de amigos.

De hecho, el entorno violento en El Salvador está dominado por pandillas y crimen organizado. Y es a ese entorno al que hay que prestar atención si se quiere entender la violencia en las escuelas salvadoreñas. Porque las pandillas y el crimen organizado están convirtiendo a las escuelas en objetivo de sus prácticas violentas; las escuelas se están convirtiendo en víctimas propicias para sus fechorías, sobre todo porque sus jóvenes son vistos como candidatos para integrarse a las redes criminales.

En la actualidad, el grave problema de la violencia en las escuelas estriba en que pandillas y crimen organizado, en determinados lugares del país, tienen en su punto de mira a alumnos y profesores. Esa violencia externa a la escuela amenaza la vida y seguridad de sus integrantes. Es una violencia distinta a la agresividad y abusos que tradicionalmente se han generado dentro del recinto escolar; más aún, es una violencia que está dando a la violencia tradicional en la escuela otra dimensión, al introducir en ella la posibilidad de usar armas de fuego o de valerse de “ayudas” externas (de pandillas) para resolver tensiones suscitadas dentro de la escuela.

Urge, pues, tomarse en serio el nuevo carácter de la violencia contra la escuela. Este consiste en que la escuela se está convirtiendo en objeto de una violencia criminal que, de no ser contenida con firmeza, dejará mucho más dolor que el dejado hasta ahora en las familias que han perdido a sus hijos o en los profesores amenazados y chantajeados por criminales sin escrúpulos. Hay que hacerse cargo del entorno violento que rodea a las escuelas; hay que hacerse cargo de la cultura de la violencia que se propaga como hongo; y hay que hacerse cargo de lo trágico que es para una sociedad que las escuelas estén sometidas a la amenaza del crimen.

San Miguel, 30 de noviembre de 2011

 

II

La complejización de los problemas sociales

 

Hay quienes gustan de ver los fenómenos sociales del presente (sobre todo los más graves y complejos) como surgidos por generación espontánea. Ya se trate de la pobreza, el crimen organizado, las pandillas o las inundaciones causadas por las lluvias, su postura es de extrañeza ante algo que se les revela como nuevo, como surgido de repente. Y en sus opiniones al respecto insisten, con voz de alarma, en lo inusitado de los problemas abordados. Incluso utilizan terminología hace tiempo en boga –y que en  otro tiempo rechazaron y condenaron— como si fueran los descubridores de la misma o por lo menos sus más fervientes valedores.

En estos días, por ejemplo, se ha escuchado a un ex Director de la PNC hablando –alarmado claro está—, de la situación de violencia en el país y planteando la tesis de la “territorialización” del accionar de las pandillas y el crimen organizado.  Cualquier persona desprevenida podría ser convencida de la tesis –sostenida por este ex funcionario policial— de que el crimen en el país nunca ha sido como ahora, siendo la mejor expresión de esta gravedad la mencionada “territorialización” del crimen.

Sin embargo, si alguien se toma la molestia de dar una mirada a la Revista ECA de la UCA, del año 2006, encontrará un texto titulado “Violencia social y territorialización del crimen”. Si esta misma persona busca en 1997 encontrará un número monográfico de la misma revista dedicado a la violencia. Y si en lugar de ECA da una ojeada a la Revista Realidad de 1998, encontrará un artículo que lleva por título “El Salvador en la postguerra: de la violencia armada a la violencia social”.

O sea: no hay tales de apuntar alguna novedad cuando se habla de “violencia territorializada”. Y es que esa territorialización no es algo nuevo, al igual que tampoco es nueva la elevada violencia social que actualmente golpea a la sociedad salvadoreña. Lo que sí es cierto es que la violencia social/criminal se ha hecho más compleja desde el fin de la guerra civil (1992) hasta el día de hoy; lo que sí es cierto es que fenómenos que apenas se gestaban en aquellos años ahora han alcanzado un nivel de desarrollo que los hacen casi inmanejables e incluso irreversibles. Y esto no sólo sucede con la violencia, sino con otros muchos fenómenos sociales, culturales, económicos, medioambientales: hace 20 o 30 años eran fenómenos en gestación, cuyo tratamiento era en muchos sentidos más fácil, pues se trataba de fenómenos poco complejos. Ahora, dos o tres décadas después, su complejidad es mucho mayor, y por ende su tratamiento y solución.

Entonces, lo que no conviene perder de vista, primero, es que los problemas sociales no surgen por generación espontánea, abruptamente, sino que tienen una génesis. Segundo, que los problemas sociales no son de la misma complejidad a lo largo del tiempo: siendo menos complejos en sus primeras etapas, a medida que avanza el tiempo se tornan más complejos. Y, tercero, que el tratamiento de los problemas sociales es más fácil en sus primeras fases que en las de maduración o de concreción final.

San Salvador, 14 de octubre de 2013

III

El fenómeno de la violencia y el inmediatismo

En estos días, en El Salvador, se ha agudizado la sensación de que nunca, como en estos momentos, la violencia ha desbordado cualquier capacidad de contenerla. Es como si de pronto, abruptamente y como si fuera por generación espontánea, tuviéramos niveles indescriptibles de violencia; niveles de violencia inmanejables y que desconciertan a todos, incluidas las autoridades de gobierno.

La gente vive la inmediatez de esta situación con verdadera paranoia, atrapada por temores indecibles que acechan desde cada sombra, cada espacio oscuro, cada desconocido que se cruza por nuestra acera o se cruza en nuestro camino. Ninguna medida de seguridad es suficiente, siendo una de ellas la disposición a mostrarse agresivos de manera “preventiva”, por si acaso al desconocido que viene en dirección a nosotros se le pudiera ocurrir atacarnos (más aún: es “seguro” que ese desconocido tenía la intención de agredirnos, pero lo disuadimos con nuestra “acción preventiva”).

Esta sensación actual de que la “situación está yuca”, como nunca, es alimentada por las grandes empresas mediáticas que, quizás movidas por intereses bien particulares no ajenos a sus filiaciones políticas, la promueven sistemáticamente, a través de juegos de imágenes y elaboraciones discursivas que la “inflan” en su cantidad, en su gravedad y en su novedad. Hay quienes, comentaristas bien intencionados o ingenuos, terminan cayendo en la trampa de la inmediatez.

Y es que cualquier esfuerzo de conocimiento está encaminado a vencer las trampas de la inmediatez y de las apariencias. El abordaje de los fenómenos sociales exige cumplir con el requisito de vencer sus apariencias, de ir más allá de lo que se nos ofrece inmediatamente, sobre todo cuando eso que “vemos”, “sentimos” o “percibimos” de un fenómeno social está inflado por empeños mediáticos mal intencionados.

La violencia es un fenómeno social. Como tal, hay expresiones suyas que afectan directamente a las personas, y que es natural que para ellas eso sea lo único que importe. Más aún, no sólo es eso lo que cuenta, sino que –dadas las limitaciones espaciales y temporales de la percepción y dadas las consecuencias dañinas e inmediatas de la violencia en sus vidas— es natural que lo que las afecta ahora de la violencia sea visto y sentido como lo más grave, pues lo que sucedió antes o lo que está detrás de lo que les afecta no tiene ninguna relevancia práctica.

Sin embargo, el analista de lo social –el sociólogo, principalmente— no puede proceder de la misma manera, porque lo suyo es el conocimiento de la realidad social. Y para conocer hay que ir detrás de los fenómenos, para explicarlos y, en la medida de lo posible, sugerir mecanismos de intervención en ellos.

En el caso de la violencia, ir detrás de sus manifestaciones inmediatas, por más duras y dramáticas que se nos presenten, es una tarea de primera importancia para quienes estudian lo social. Este “ir detrás” supone indagar sus raíces históricas y su evolución, pues los fenómenos sociales –por más que la inmediatez nos los muestre como salidos de la nada— tienen una dinámica de gestación y evolución. Sin esta constatación, no se entiende que dejados por sí mismos seguirán evolucionando y haciéndose más complejos y difíciles de resolver. Y es que esa evolución de los fenómenos sociales avanza, por lo general, hacia una mayor complejidad o, cuando menos, complicación de los mismos.

Justamente, la violencia social en El Salvador, principalmente la que involucra a las maras y al crimen organizado, se ha venido complejizando y complicando desde 1994. No es el momento de analizar los hitos de esa complejización (y complicación) –ni para analizar el papel jugado por distintos gobiernos en ese proceso—, pero sí para señalar que desde ese momento hasta la fecha ha habido distintas etapas críticas en la dinámica de la violencia, siendo la actual una etapa de mayor complejidad y complicación, pero no una situación absolutamente distinta de otras anteriores en su gravedad o impacto social.

Y si no se realiza, ahora, una intervención decisiva en la dinámica de la violencia en el país, en 10 o 20 años el problema será más complejo y complicado, pero en continuidad (y relativa ruptura) con las dinámicas previas, fraguadas 30 o 40 años antes. Por supuesto que a esa generación de salvadoreños, si todavía tenemos empresas mediáticas como las que predominan en estos momentos, les parecerá que viven momentos apocalípticos, sin solución posible, con una violencia aparentemente surgida de la nada, que afecta sus vidas y que los amenaza por doquier, sin que haya nada que hacer para protegerse. No hay nada más delicado para la convivencia ciudadana que la sensación de indefensión de los individuos; esta sensación ha venido calando en la convivencia de los salvadoreños desde el fin de la guerra civil. Se la tiene que revertir, con una intervención de envergadura dirigida por el Estado y con la confluencia de las distintas voluntades (universitarias, empresariales, intelectuales, religiosas, políticas, profesionales y gremiales) que en el país están dispuestas a sumarse al esfuerzo por hacer de El Salvador un lugar de convivencia pacífica, tolerante y justa.

Eugene, Oregon, 29 de abril de 2014

IV

 

Violencia criminal y prevención de la violencia

Por distintas razones, algunas loables y otras no tanto, en los juicios acerca de la violencia criminal se fueron estableciendo criterios de carácter ético que lenta, pero casi inexorablemente condujeron a dejar de lado la realidad dura e hiriente de la violencia criminal, que a su vez fue justificada apelando a las condiciones de exclusión y pobreza de sus agentes, o a su ingenuidad e inocencia dada su minoría de edad.

Mientras esto sucedía en las discusiones y cátedras académicas (cuyos análisis y conclusiones irradiaban hacia las esferas públicas y privadas) los criminales reales (no los que reciben en los libros denominaciones más suaves como “personas en conflicto con la ley”) no dejaban –y aun no dejan– de causar dolor en la sociedad, siendo lo más doloroso de sus acciones los asesinatos de personas inocentes a lo largo y ancho del país. Desde los años noventa, la violencia criminal ha causado una verdadera sangría en El Salvador. Ahí están los datos para quien quiera verlos. Pero detrás de los datos, hay personas concretas  cuyas vidas llegaron a su fin violentamente por obra de criminales sin escrúpulos. Eso ya no puede ni debe seguirse tolerando.

El Estado salvadoreño tiene la obligación legal y moral de utilizar con eficacia y determinación todos los recursos a su disposición para contener y someter al imperio de la ley –haciendo uso de la fuerza necesaria y suficiente— a quienes son una amenaza para la vida y los bienes de cualquier ciudadano.

Ligado con lo anterior, está el asunto de cómo se relacionan, en el combate de la violencia criminal,  el uso de la fuerza coercitiva del Estado y la prevención. Aquí se tiene que decir que ante quienes delinquen efectivamente, el Estado tiene que hacer uso de sus capacidades coercitivas, según la naturaleza (la amenaza real) del acto criminal a contener. A mayor amenaza de los criminales, mayor uso de la fuerza del Estado, pues este último debe mostrar a quienes delinquen que el crimen no paga. Es equivocado creer que la prevención debe estar orientada a quienes se dedican a delinquir.

Es equivocado y peligroso para la sociedad que el Estado se doblegue ante el crimen, o también que se exija al Estado ceder en su determinación de combatir a grupos criminales, apelando a lo mal que se sienten quienes actúan fuera de la ley. La prevención está orientada a quienes no delinquen efectivamente, pero que, dadas sus condiciones de vida, pueden correr el riesgo de terminar integrados en grupos criminales, o en cualquier caso  pueden estar en riesgo de ser víctimas de la violencia criminal.

Es falto de realismo  abanderar programas de prevención para criminales en activo que lo que hacen es usar esos bien intencionados programas para ocultarse de sus fechorías o para impedir que el Estado les dé su castigo merecido. Eso es lo que los criminales hacen ahora con la bandera de los derechos humanos, lamentablemente. La lectura que hacen de la respuesta del Estado ante el crimen –con categorías de interpretación propias de esquemas teóricos fraguados en el marco de los regímenes autoritarios de los años 60 y 70 del siglo XX— no sólo escamotea importante evidencia acerca de las dinámicas de violencia y de la respuesta del Estado ante ellas, sino que es francamente descontextualizada. La falta de imaginación teórica, el éxito que esas categorías tuvieron en un época en la cual no había manera de leer las acciones del Estado más que cómo autoritarias y represivas y el amarillismo al que se prestan expresiones como “unidades o grupos de exterminio”, “violación de los derechos humanos” y “represión estatal”, entre otras, enturbian la posibilidad de elaborar marcos interpretativos adecuados para los fenómenos sociales y políticos del presente.

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/193486

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