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Tiempo cumplido y universidad en su mejor altura

Tiempo cumplido y universidad en su mejor altura

Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Lo primero que se me ocurre a pocas horas de dejar la vicerrectoría académica, es agradecerle a la gente que creyó y sigue creyendo que la universidad publica es el mejor lugar del mundo para combinar libertades y derechos.

Sigue en mi vida después de este periodo como vicerrector académico el disfrute que da poder mantener la frente en alto, saber que ante nadie tendré que bajar nunca la mirada, y que podré seguir mi vida tranquila como un profesor más, en la base, preparando mis clases, retomando mi ejercicio de investigación y trabajando por la paz y los derechos humanos con conciencia de país, convencido de que la universidad pública esta llamada a cumplir un papel significativo en la erradicación de toda violencia y en la superación definitiva del poder de élites y clientelas por uno de poder popular.

Lo primero que se me ocurre a pocas horas de dejar la vicerrectoría académica, es agradecerle a la gente que creyó y sigue creyendo que la universidad publica es el mejor lugar del mundo para combinar libertades y derechos. El mejor escenario para hacer conciencia del mundo que vivimos y con apoyo de la ciencia, las artes y las humanidades fortalecer la capacidad para transformar el mundo que existe y crear otros posibles. Lo segundo, que la universidad solo puede entenderse como un asunto colectivo, no es una empresa, ni una ONG, es una institución, a secas, que tiene mecanismos de autopoiesis y regulaciones, autonomía, se recompone, es un cuerpo vivo que estará ahí por encima de nosotros, que vamos de paso por los cargos y los encargos que imponen las políticas académicas.

He completado cuatro años como vicerrector y una década como columnista, que acumula junto a una docena de libros, la riqueza moral de una pequeña obra con más de 500 columnas de ensayo de análisis social con perspectiva critica de derechos humanos, que vuelan solas por eldiario.comrebelión.orgalainet.org entre otros, creándose su lugar propio, que me retribuye con la alegría de que tienen un público ganado que las lee y usa para algún fin de rebeldía o resistencia. Retomaré las asignaturas de derechos humanos en mi facultad y seguiré trabajando en temas de paz y derechos humanos, tengo para ello mi formación, experiencia y convicciones éticas y creo en la necesidad de la paz total y en la Colombia posible sin exclusiones, en convivencia, capaz de poner el respeto por la dignidad humana y la defensa de la vida, por encima de cualquier otra cosa e interés.

Queda del paso por la vicerrectoría, junto a la compañía de un inigualable y pequeño equipo de trabajo con el que hicimos un gobierno de docentes y por políticas, una universidad en el mejor lugar de toda su historia, que, por supuesto es acumulativa, no nace cada día. Está en el más alto lugar, al que muy pocas han llegado en Colombia. Es la suma de factores y compromisos de una universidad del siglo XXI. Queda por primera vez acreditada por cinco años a nivel internacional por la más importante organización de universidades de América latina y el caribe (CEAI de UDUAL, en coordinación conjunta con relaciones internacionales). Queda acreditada de alta calidad Multicampus a nivel nacional por el MEN y CNA para seis años. La mitad de sus programas quedan con acreditación de alta calidad y 20 más tienen resoluciones listas sobre el escritorio del ministro. Siete ingenierías quedan acreditadas internacionalmente (con esfuerzos de decanaturas y relaciones internacionales). Se acreditaron también por primera vez los primeros cinco posgrados en nivel de maestría y el doctorado de educación queda ad-portas de obtener su resolución.

Las acreditaciones, junto a sus campus, bibliotecas, formación de sus docentes, saberes que circulan, ciencia que se hace, capacidad de sus estudiantes y formas organizativas, señalan la reputación y prestigio de una universidad. En el proceso de validación y análisis son sometidas por pares externos al más riguroso examen de todas sus variables, factores, actores y modos de acción. Sus finanzas, impactos en la sociedad, formación y calidad de sus docentes, formación que reciben sus estudiantes, estructuras de su organización, capacidad colectiva de sus estamentos, papel de su ciencia y su grado de humanización, son revisados al detalle. La acreditación indica el lugar que ocupa en la sociedad, el estado y el sistema y el resultado está hoy en su máximo punto, en el mejor momento. Son procesos que se edifican con disposición y esfuerzo colectivo, en ocho libros hechos con la pluma de docentes y más de 5000 folios de anexos soportaron la acreditación multicampus.

Queda una universidad con una enorme solidez, con políticas académicas aprobadas, mesas de trabajo que fijen lineamientos y conciencia de construcción siempre colectiva. Sus cifras de realidad evidencian crecimientos, más de 28.000 estudiantes de pregrado en 75 programas y 3000 en posgrado en 104 (se crearon 31 entre 2019 y 2022) . La deserción se redujo en dos puntos y no hubo deserción ni en pandemia, ni después, indicativo de que las decisiones tomadas fueron oportunas y adecuadas, como crear reglas para no computar asignaturas perdidas, reducir costo de matrículas, proveer matriculas con recursos propios, y no cobrarles a los estudiantes el fracaso de las elites con su modelo de sociedad excluyente, que descubrió en ellos el rostro de las desigualdades y las brechas sociales de carácter histórico. Mejoraron los resultados colectivos en las pruebas saber-pro; entraron a ocupar una silla universitaria un promedio permanente de 660 jóvenes en situación de desplazamiento forzado y cerca de 200 en situación de discapacidad, mas 50 bachilleres indígenas. Un 20% mas de docentes obtuvo sus títulos de doctor o doctora, el 30% ascendió en el escalafón docente que parecía una práctica olvidada, más del 90% de docentes ocasionales empezó a ser vinculado por once meses continuos y el 60% de cargos de dirección de programas fue ocupado por ellos. La productividad académica se multiplico por dos y en igual magnitud la movilidad de docentes al exterior.

Hubo programas destacados de alto contenido social como el año cero, que permitió vincular a sus aulas a más de 100 jóvenes excluidos del sistema de educación, uno por municipio, totalmente becados con recursos de la gobernación. Se creó la sala patrimonial que constituye la mayor riqueza bibliográfica del país en materia de archivos, fuentes y objetos de origen de la creación de la universidad pedagógica de Colombia, que antecede a la actual UPTC. Queda una universidad con un horizonte claro, una mirada enfocada hacia América latina y una institución lista para comprometer sus esfuerzos hacia la construcción de paz total y mejorar su influencia y acompañamiento territorial a los jóvenes de provincias olvidadas. Queda una universidad que quiere ser ejemplo de convivencia, de respeto y comprensión de temas de igualdad, géneros y derechos, para superar el patriarcado latente y cierto colonialismo imperante en las instituciones de educación superior. Queda una universidad que supo sobreponerse a la pandemia, poner en el momento justo la salud por encima del “deber” académico, aprendió en colectivo a leer el momento de incertidumbre y a sumar estrategias, esfuerzos y solidaridad para no sucumbir. Repartió computadores y planes de datos a la tercera parte de sus estudiantes, y siempre tuvo la enorme capacidad para superar con hechos y resultados, el acecho y asedio de tergiversaciones y ataques sistemáticos de un diestro sector, hábil y astuto para organizar hostigamientos y agresiones y extender información tendenciosa, entendible en un país acosado por el miedo y la política impuesta por patrones de múltiples violencias.

Queda una universidad que aceptó el dialogo como única fórmula de resolución de sus conflictos, fueron cientos de horas, días y más días de mesas de concertación, entre tonos altos y altibajos, pero con respuestas inmediatas y efectivas, y la conclusión es que se avanzó hacia una cultura de respeto por las diferencias, por la protesta, por el reclamo a una institución llamada a ser fuente de resistencia y cambio. El dialogo superó la opción del tradicional tropel del miércoles y el uso de la capucha para reclamar demandas universitarias y sociales. La expresión de rebeldía no fue esta vez el enfrentamiento entre policías y estudiantes, la institución no tuvo que sacar a un solo estudiante de prisión, ni a uno solo del hospital, tampoco hubo mutilados, ni muertos como antes había ocurrido.

Superado un momento de cuatro años de mi vida, exalto la incansable labor docente, el esfuerzo de sus estudiantes, el trabajo de egresados y el invaluable y afectivo apoyo de mis colegas directivos. Me alegro con la llegada a la rectoría de Enrique Vera, un profesor, investigador de altas calidades y capacidades con quien compartimos vicerrectorías, a quien ofrecemos nuestra disposición ilimitada para seguir construyendo la universidad que queremos, soñamos y vivimos. A Óscar Ramírez, que también después de la rectoría regresa a las aulas, mi gratitud toda, por la confianza que solo puede ofrecer un hombre humilde, sereno, franco, siempre mi amistad.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Colombia: Universidades y paz total

Universidades y paz total

Manuel Humberto Restrepo Domínguez

Las Universidades tienen ética y socialmente el compromiso incuestionable de comprometerse con la construcción de paz total.

La creación de la universidad intercultural indígena, anuncia prácticas, concepciones y modos de acción distintos sobre la formación profesional, infraestructuras, compromisos y saberes en integración de comunidad y territorio desde la misma vida cotidiana; al mismo tiempo aparece en el panorama la universidad del trópico, Unitrópico, con enorme responsabilidad en el amplio entorno de la Orinoquia colombiana, con puertas de entrada y salida hacia la inmensa llanura y la valiosa biodiversidad de la selva amazónica. Se amplía de 32 a 34 el número de universidades del sistema universitario estatal SUE, con presencia en todos los territorios.

La capacidad del SUE se dimensiona con la oportunidad que tiene para proyectarse hacia el mejoramiento de las oportunidades educativas para todos los jóvenes y no sólo para quienes pueden vivir el sueño del estudio en las ciudades, pero además, para ahondar en la comprensión de territorios y saberes aún inexplorados, aportar para desarrollarlos conforme a identidades, culturas, patrimonios y demandas propias de bienestar de poblaciones y gentes marginadas u olvidadas, y ratificar su compromiso de incorporar a su visión la construcción de la paz total estable y duradera que libere de violencias y empuje al país a su consolidación como sociedad basada en derechos.

Las universidades públicas que, por naturaleza, son una mezcla de ciencia, cultura y libertades, se deben a la nación. Su esencia se determina en la docencia para emancipar, la investigación para promover el bienestar y la convivencia, y la extensión para sostener vínculos de solidaridad con la sociedad. En su misión todas anuncian la formación integral y creación de conciencia crítica, que remite a conductas éticas en profesiones, ciudadanías y sentido de humanidad, para reconocer el todo y sus partes, respetar a los otros y atender diferencias en todos sus géneros y maneras de representación, para que nadie pueda pretenderse juez moral de otro, ni verdad única a seguir.

La condición de territorios de paz de las universidades, desarmadas en sus espíritus, verbo y acciones, las conmina a asumir responsabilidades efectivas, a asegurar la calidad e impacto de sus intervenciones en las transformaciones sociales y humanas y defender la vida y el bien público. Es hora de cambiar su actual modelo de gestión de resultados basados en indicadores formales y de tomar distancia de filosofías empresariales y de negocios, que reportan recursos a un lado y detrimentos en la calidad del otro. Resignificar su naturaleza y misión será el camino necesario para liberarse de las funestas ataduras del modelo neoliberal incrustado con la ley 30 de 1992 que cambió la morfología de las universidades, atrajo a muchas a asumir la autonomía como una libertad de mercado, enviando al margen la concepción de la educación como derecho. El desafío inmediato, que ojalá se traduzca en una declaración pública, está en la reconstrucción de su visión que el mercado como sistema abierto alteró y permitió que el capital destituyera la esencia política del hacer académico.

Volver a reconocer la naturaleza universitaria científica y cultural, es un paso obligado para avanzar en sistemas de garantías a la educación superior como derecho humano. El estado sabe que llegó el momento para formular la política pública de la educación superior y que la universidad pública espera ser totalmente financiada con el presupuesto de la nación, y en reciprocidad asumir un compromiso esencial para dirigir sus esfuerzos a la construcción material de la paz total, volcando las capacidades colectivas de estudiantes y docentes a acompañar de inmediato a la sociedad en la formación integral, en territorios, campos y ciudades, barrio a barrio, otra vez en extensión solidaria.

Si las universidades asumen el compromiso por la paz, serán cerca de un millón de universitarios/as, interactuando con la población, en busca de superar rápidamente las anomalías e ir hacia la tranquilidad que tienen los países pares de la OCDE, en los que la paz es la condición esencial del estado de derecho y fuente principal del respeto a derechos humanos y garantías para la convivencia libre de temores. En los planteamientos de paz total, colocados en el centro de la brújula del gobierno, las universidades están convocadas a cumplir un papel protagónico movilizando su ciencia, cultura, rebeldía y solidaridad humana hacia los sectores de población más vulnerable. Paz total es más que la suma de conflictos resueltos y para las universidades llega un momento oportuno para liberarse de rezagos todavía medievales y dejar atrás sus actuaciones de instituciones-máquina conducidas por estímulos políticos y de mercado a veces, jurídicos otras, que las limitan para actuar y resolver sus asuntos y conflictos con base en la dialéctica y argumentos o permanecen extraviadas entre marañas de indicadores, metas y clasificaciones que violentan la condición del ser del docente, estudiante o funcionario y como instituciones responden acríticamente a impulsos del mercado y poder, condenando al silencio el argumento y la palabra. El gobierno popular abre sus puertas para construir país, de abajo hacia arriba, del territorio y la institución hacia el centro y el ministerio ofrece escuchar sin las presiones a las que estaban sometidas. Es momento para volver a hablar con autonomía, no para vender y extenderse de manera ilimitada, pero sí para volver a hacer parte vital de la vida social, recuperar el afecto y la confianza de la gente, autoconvocarse a volver sin demora a la plenitud de las ideas, al debate abierto, al diálogo franco y al rechazo unánime de toda violencia, amenaza, chantaje, temeridad e intereses personales o privados disfrazados de interés colectivo.

Las universidades pueden ser parte inevitable para atajar la desigualdad e impedir los fascismos, y sobre todo para participar como actor relevante en la tarea hasta ahora no explorada de promover el desarme total de la sociedad civil, sus grupos y manifestaciones y reducir hasta erradicar las violencias cotidianas. Pueden aportar en las negociaciones políticas con las insurgencias, al amparo de las reglas de la guerra y contribuir con el acogimiento y desarticulación de grupos criminales. Las universidades en particular las públicas, tienen la responsabilidad y oportunidad real de desmontar sus egos (sostenidos a veces con solas formalidades) y sus miradas hacia sí mismas y reconducir agendas de movilización de sus acumulados y experiencias de resistencia hacia la construcción de paz total, mirando hacia la sociedad otra vez, extendiendo hacia ella su visión y prácticas de formación integral de seres humanos y comprometer sus esfuerzos institucionales desde su papel activo en el plan de desarrollo en construcción de abajo hacia arriba, hasta en la creación de culturas hoy inexistentes de legalidad, democracia y ciudadanía necesarias en la formación de la sociedad de derechos.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/universidades-y-paz-total/

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Universidades y paz total

   Las Universidades tienen ética y socialmente el compromiso incuestionable de comprometerse con la construcción de paz total.

    La creación de la universidad intercultural indígena, anuncia prácticas, concepciones y modos de acción distintos sobre la formación profesional, infraestructuras, compromisos y saberes en integración de comunidad y territorio desde la misma vida cotidiana; al mismo tiempo aparece en el panorama la universidad del trópico, Unitrópico, con enorme responsabilidad en el amplio entorno de la Orinoquia colombiana, con puertas de entrada y salida hacia la inmensa llanura y la valiosa biodiversidad de la selva amazónica. Se amplía de 32 a 34 el número de universidades del sistema universitario estatal SUE, con presencia en todos los territorios.

      La capacidad del SUE se dimensiona con la oportunidad que tiene para proyectarse hacia el mejoramiento de las oportunidades educativas para todos los jóvenes y no sólo para quienes pueden vivir el sueño del estudio en las ciudades, pero además, para ahondar en la comprensión de territorios y saberes aún inexplorados, aportar para desarrollarlos conforme a identidades, culturas, patrimonios y demandas propias de bienestar de poblaciones y gentes marginadas u olvidadas, y ratificar su compromiso de incorporar a su visión la construcción de la paz total estable y duradera que libere de violencias y empuje al país a su consolidación como sociedad basada en derechos.

        Las universidades públicas que, por naturaleza, son una mezcla de ciencia, cultura y libertades, se deben a la nación. Su esencia se determina en la docencia para emancipar, la investigación para promover el bienestar y la convivencia, y la extensión para sostener vínculos de solidaridad con la sociedad. En su misión todas anuncian la formación integral y creación de conciencia crítica, que remite a conductas éticas en profesiones, ciudadanías y sentido de humanidad, para reconocer el todo y sus partes, respetar a los otros y atender diferencias en todos sus géneros y maneras de representación, para que nadie pueda pretenderse juez moral de otro, ni verdad única a seguir.

       La condición de territorios de paz de las universidades, desarmadas en sus espíritus, verbo y acciones, las conmina a asumir responsabilidades efectivas, a asegurar la calidad e impacto de sus intervenciones en las transformaciones sociales y humanas y defender la vida y el bien público. Es hora de cambiar su actual modelo de gestión de resultados basados en indicadores formales y de tomar distancia de filosofías empresariales y de negocios, que reportan recursos a un lado y detrimentos en la calidad del otro. Resignificar su naturaleza y misión será el camino necesario para liberarse de las funestas ataduras del modelo neoliberal incrustado con la ley 30 de 1992 que cambió la morfología de las universidades, atrajo a muchas a asumir la autonomía como una libertad de mercado, enviando al margen la concepción de la educación como derecho. El desafío inmediato, que ojalá se traduzca en una declaración pública, está en la reconstrucción de su visión que el mercado como sistema abierto alteró y permitió que el capital destituyera la esencia política del hacer académico.

      Volver a reconocer la naturaleza universitaria científica y cultural, es un paso obligado para avanzar en sistemas de garantías a la educación superior como derecho humano. El estado sabe que llegó el momento para formular la política pública de la educación superior y que la universidad pública espera ser totalmente financiada con el presupuesto de la nación, y en reciprocidad asumir un compromiso esencial para dirigir sus esfuerzos a la construcción material de la paz total, volcando las capacidades colectivas de estudiantes y docentes a acompañar de inmediato a la sociedad en la formación integral, en territorios, campos y ciudades, barrio a barrio, otra vez en extensión solidaria.

      Si las universidades asumen el compromiso por la paz, serán cerca de un millón de universitarios/as, interactuando con la población, en busca de superar rápidamente las anomalías e ir hacia la tranquilidad que tienen los países pares de la OCDE, en los que la paz es la condición esencial del estado de derecho y fuente principal del respeto a derechos humanos y garantías para la convivencia libre de temores. En los planteamientos de paz total, colocados en el centro de la brújula del gobierno, las universidades están convocadas a cumplir un papel protagónico movilizando su ciencia, cultura, rebeldía y solidaridad humana hacia los sectores de población más vulnerable. Paz total es más que la suma de conflictos resueltos y para las universidades llega un momento oportuno para liberarse de rezagos todavía medievales y dejar atrás sus actuaciones de instituciones-máquina conducidas por estímulos políticos y de mercado a veces, jurídicos otras, que las limitan para actuar y resolver sus asuntos y conflictos con base en la dialéctica y argumentos o permanecen extraviadas entre marañas de indicadores, metas y clasificaciones que violentan la condición del ser del docente, estudiante o funcionario y como instituciones responden acríticamente a impulsos del mercado y poder, condenando al silencio el argumento y la palabra. El gobierno popular abre sus puertas para construir país, de abajo hacia arriba, del territorio y la institución hacia el centro y el ministerio ofrece escuchar sin las presiones a las que estaban sometidas. Es momento para volver a hablar con autonomía, no para vender y extenderse de manera ilimitada, pero sí para volver a hacer parte vital de la vida social, recuperar el afecto y la confianza de la gente, autoconvocarse a volver sin demora a la plenitud de las ideas, al debate abierto, al diálogo franco y al rechazo unánime de toda violencia, amenaza, chantaje, temeridad e intereses personales o privados disfrazados de interés colectivo.

        Las universidades pueden ser parte inevitable para atajar la desigualdad e impedir los fascismos, y sobre todo para participar como actor relevante en la tarea hasta ahora no explorada de promover el desarme total de la sociedad civil, sus grupos y manifestaciones y reducir hasta erradicar las violencias cotidianas. Pueden aportar en las negociaciones políticas con las insurgencias, al amparo de las reglas de la guerra y contribuir con el acogimiento y desarticulación de grupos criminales. Las universidades en particular las públicas, tienen la responsabilidad y oportunidad real de desmontar sus egos (sostenidos a veces con solas formalidades) y sus miradas hacia sí mismas y reconducir agendas de movilización de sus acumulados y experiencias de resistencia hacia la construcción de paz total, mirando hacia la sociedad otra vez, extendiendo hacia ella su visión y prácticas de formación integral de seres humanos y comprometer sus esfuerzos institucionales desde su papel activo en el plan de desarrollo en construcción de abajo hacia arriba, hasta en la creación de culturas hoy inexistentes de legalidad, democracia y ciudadanía necesarias en la formación de la sociedad de derechos.

Fuente: https://rebelion.org/universidades-y-paz-total/

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Colombia: Formular una política pública de educación superior, imperativo común

Formular una política pública de educación superior, imperativo común

Es momento para cambiar, para devolver el carácter público y universal a la educación superior.

Las universidades públicas en el gobierno popular tienen la inmejorable posibilidad de recuperar su profundo significado como formadoras de conciencia crítica de la nación y de aprovechar su acumulado de experiencias, diagnósticos y proyecciones y juntar los esfuerzos de múltiples actores para formular con celeridad una política pública de educación superior, que incorpore la reestructuración del sistema universitario (SUE, CNA, CONACES, OTROS), establezca la financiación total de las universidades como ocurre con la educación básica y media, restaure el trabajo decente y formalizado para docentes y funcionarios, oriente las articulaciones entre nación y territorio y actualice las instituciones, a veces anquilosadas entre formalismos y tiranías, e impulse la entrada a las nuevas realidades y demandas sociales de ciencia, tecnología y humanismo para la vida con dignidad. Matrícula cero, ser pilo paga, préstamos bancarios de icetex, subsidios focalizados a la demanda y los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1993 como propósitos de modificación y la misma ley 30 en su integridad, suman a la lista de herramientas obsoletas, que requieren ser sustituidas. Es momento para cambiar, para devolver el carácter público y universal a la educación superior.

El direccionamiento vendrá desde el gobierno popular y a las universidades en su autonomía corresponde ratificar sus compromisos con la transformación social y aportes de alta calidad a la formación de unas culturas de paz y de ciudadanía para la democracia, con valores, actitudes y prácticas de tolerancia cero a toda violencia y respeto por los derechos y la dignidad humana. La política pública será reparadora del daño infligido por el conflicto armado, la barbarie y la seguridad democrática, que estigmatizaron, degradaron y metieron a las universidades en el juego sucio de los clientelismos. Será también un mecanismo para recuperar el prestigio, la reputación, las convicciones éticas de cada integrante de la comunidad universitaria y eliminar el riesgo de egos y vanguardias, oportunismos y fracasos, soberbias y mezquindades, que han alentado cierto empobrecimiento moral de las instituciones, sumidas en el temor a bloqueos y parálisis guiadas por intereses particulares de sectores que afectan sin reparo el bien común, pisotean con arrogancia al colectivo.

No es propicio ni legítimo para las universidades, que sus estamentos u organizaciones, pretendan que todos los faltantes históricos deban ser resueltos de inmediato, y amenazantes induzcan fracturas y recurran a presiones, a la manera de las que ocurrieron contra las políticas de menosprecio y muerte, que están en retirada como la doctrina de seguridad y la eliminación de discriminaciones. El contexto cambió, a las universidades corresponde adelantarse a los acontecimientos, usar su ciencia, su cultura, su potencia creadora y prepararse para defender las conquistas populares, que quedan a salvaguarda del gobierno. El gobierno recibió un país quebrado económicamente, debilitado socialmente, maltratado políticamente, con un déficit insuperable y una deuda impagable, inflación galopante, corrupción en impunidad, devaluación en la cima y miseria al máximo, que impiden suplir de inmediato las carencias como algunos esperan. Formular la política es la puerta de salida.

Las universidades públicas ya asumieron responsabilidades con el legado de la verdad y sus verdades propias podrán destituir el miedo, las humillaciones, las violencias, los chantajes de todo tipo y enseñara a tomar distancia de alianzas entre clanes de poder y universitarios, que produjeron daño, afectaron la gobernabilidad, chantajearon decisiones, impusieron orientaciones y provocaron dolorosas consecuencias como las ocurridas con la toma de los consejos superiores por grupos en alianza de empresarios, funcionarios, políticos y paramilitares que impusieron rectores y autoridades académicas o entregaron listas de estudiantes y profesores para ser asesinados o desaparecidos.

La autonomía universitaria, que hizo tránsito de las movilizaciones por derechos y libertades de 1968 en Francia y México promoviendo libertades políticas y civiles, reducción de desigualdades y cambios democráticos, fue incorporada en la ley 30 de 1993, pero quedo aprisionada por las “buenas intenciones” del crecimiento de cobertura con estáticas garantías y luego dramáticos procesos de aseguramiento de la calidad, y competencia por recompensas a instituciones de manera desigual que anularon la cooperación y la solidaridad propias del mundo del derecho a la educación. El ejercicio de la autonomía fue despojado de su carácter de derecho y convertido en libertad asociada a la gestión empresarial, con resultados de multiplicación del número de programas de pregrado que se elevó de cientos a miles y posgrados de decenas a centenas y la venta de servicios por consultoría socavando la esencia de la extensión originalmente orientada por transformaciones y vínculos sociales de compromiso y solidaridad. Las universidades públicas deslumbradas por el éxito y fácil obtención de recursos y con empujones del gobierno para ampliar coberturas hicieron ofertas sin límite y trataron de conquistar “nichos de mercado” momentáneo, sin medir consecuencias de largo plazo, que dejan un 70% del profesorado por fuera de las plantas docentes, más del 30% funcionarios con contratos precarizados y la mitad del presupuesto necesario para funcionar incluidos salarios a cargo de la autofinanciación, más el acumulado de desfinanciación global que supera 18 billones de pesos.

Es momento para que el proyecto político cultural de las universidades se afiance con la formulación de una política integral para la educación superior que supere la idea de que la ley 30 es la política. Es momento de juntar esfuerzos hoy para diseñar el futuro y sacar a la universidad del debate envenenado de emociones, falsificaciones y distorsiones provocadas por grupos de poder hegemónico en espera, y en su lugar acercarla al proyecto democrático en construcción. Las formas de organización, modos de acción, ideas que circulan, métodos de enseñanza, autores de referencia, modelos curriculares, formas de decisión, fórmulas de designar autoridades, vínculos con la sociedad, actores representativos, actuación de los actores, organización y agendas de movilización e inclusive los imaginarios de la sociedad sobre las universidades públicas están cambiando y es imperativo que las universidades acaben con su resistencia a hacerlo, es inevitable ponerse en modo cambio.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/formular-una-politica-publica-de-educacion-superior-imperativo-comun/

 

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¿El estrato en la matricula cero, un factor de discriminación en las Universidades? Colombia

Las universidades públicas están desfinanciadas y según el SUE a 2021 la cifra se acerca a 15 billones, necesarios para lograr un equilibrio de mínimos, en las ahora 34 públicas con la llegada de la Universidad intercultural indígena ubicada en el sur y Unitropico ubicada en el oriente. La fórmula más general converge en reformar con urgencia los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1993.

       Se desfinanciaron no por corrupción, ni malos manejos, si no por la presión del estado durante dos décadas para incentivar el crecimiento real por encima de los recursos enviados. Las nuevas necesidades no fueron cubiertas por el estado ensanchando la brecha entre lo real y lo formal. El número de estudiantes, programas de pregrado ofertados, productividad pagada según decreto 1279 de 1993 y las demandas tecnológicas y de infraestructuras duplicaron las necesidades no satisfechas para cumplir con el derecho a la educación. El presupuesto enviado por el estado pasó de cubrir el 70% del ya reducido costo de un estudiante antes del año 2000 a ser inferior al 50% en 2021. Las plantas docentes quedaron rezagadas, las nóminas de docentes ocasionales las superan en número y actividades docentes y la investigación creció de manera exponencial.

      En 2021 el gobierno acogió la fórmula de matrícula cero, como mecanismo de distribución de recursos per-cápita, para más del 80% de estudiantes. Con la matrícula cero las universidades reciben menos del 10% de lo que cuesta el derecho a la educación de un estudiante, por lo que no se atacando la desfinanciación, ni fortaleciendo el sentido de lo público, aunque sea un logro importante de las movilizaciones de jóvenes en 2018, con acompañamiento de rectores, profesores y del interés del gobierno. Sin embargo, si le sumo a las universidades otra contradicción interna (que debilita su razón de ser), al tener que tratar con la identificación de sus estudiantes según el estrato, cuando es de común saber, que estratificar resulta contrario al sistema de derechos. Al estratificar se discrimina y, cuando un sector de jóvenes es tratado con distinción al asociarlos a su pertenencia y posición económica y no a su condición de jóvenes, se pasa la línea de la igualdad pudiendo provocar exclusión o segregar.

        El pacto de derechos económicos, sociales y culturales de 1966, dispone que los estados parte, y Colombia lo es, garantizarán el ejercicio de cada uno de los derechos sin discriminación alguna y al determinar un pago según estrato, aunque sea para pocos, se crea una distinción que afecta el goce de este derecho en condiciones de igualdad a todos los jóvenes, cuyo único requisito de acceso a la universidad debe ser de méritos, otras fórmulas medidas en factores de ingresos, bienes, riqueza material, lamentablemente pueden ocurrir en universidades de interés privado, donde poco pueden importar igualmente la democracia participativa o el reconocimiento de diversidades.

        El estrato es una práctica en apariencia neutra, pero no lo es, en tanto a ciertos jóvenes por causas ajenas a su condición individual, se les aplica una limitante propia de la esfera privada de su familia, no de ellos, que son quienes actúan ante la institución como responsables de su destino, como lo señaló la ilustración siglos atrás. El trato según el estrato origina una posible discriminación directa para un aproximado del 20% o menos de los jóvenes de las universidades públicas, de los cuales cerca de la mitad no tienen aún cedula de identidad, y desde ya reciben un trato menos favorable que los demás de su misma situación y “condición esencial de jóvenes”. En las calles han estado defendiendo la educación pública hombres y mujeres jóvenes, brutalmente reprimidos sin importar el estrato.

       La matrícula cero pagada por el estado según estratos, señala un trato diferencial, que al poner límites a los jóvenes por su pertenencia a una clase social afecta la naturaleza de la universidad pública, llamada a ser ocupada por quienes tengan los méritos, no por clases, ni pertenencia a grupos, ni por quien pueda pagar una matrícula, que, en todo caso, solo cubre la décima parte de lo que cuesta la totalidad de beneficios que compromete la institución. Entrar en la esfera de los diferenciales prohibidos por el sistema de derechos, de los que hace parte la “posición económica, junto con otros tales como origen, raza, color, identidad sexual, religiosa, o política, desvirtúa el artículo 13 del pacto de derechos cuando dispone que “la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente y que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos”, ese todos, indica el derecho de acceso a los jóvenes, sin factores diferenciales de distinción, salvo méritos.

       Esa es la razón fundamental para reivindicar la defensa de la universidad pública con financiación total del estado, no parcial, ni con subsidios por demanda. La desfinanciación es de las instituciones, no de sus estamentos. Llamar a invertir lo que necesitan las universidades, para formar jóvenes y tener laboratorios de ciencia, bibliotecas, conectividad, docentes de alta calidad, siempre será mejor que invertir en batallones, armamentos y soldados, a quienes el estado cubre sin demora el 100% de lo que gastan. La matrícula cero es una estrategia compensatoria, que aunque útil, se separa del marco de los derechos, tampoco ataca la desfinanciación y en cambio pone en la agenda del debate la posible discriminación y vulneración a derechos, conforme a las letras de la Carta de las Naciones Unidas , la Declaración Universal de derechos humanos e inclusive del convenio 111 de la OIT.

       La matrícula cero en síntesis, es una apuesta del gobierno para entregar por demanda un aproximado 10% del presupuesto requerido por las universidades para sostener el equilibrio financiero y presupuestal. Los riesgos internos de déficit y faltantes adicionales cada año, al menor descuido pueden acelerar la privatización, si sus autoridades por desesperación ante el asedio de metas que cumplir caen en la trampa de conseguir recursos como sea o ahorrar hasta ahogarse. Salidas equivocas pueden conducir a degradar garantías y conquistas de docentes y trabajadores, imponer nuevas obligaciones, más tareas, reducir condiciones de tiempos de vinculación de ocasionales con afectaciones salariales y laborales, implementar la virtualidad como fin, no como medio, restar atención a políticas de inclusión y mitigación de la deserción, eliminar sistemas de becas y estímulos, empobrecer los campus y quizá dejar caer edificios icónicos o eliminar lo que parezca que “sobra” de estatutos y normas basadas en la autonomía y cumplir acríticamente los designios del capital.

       Está bien la matricula cero, aunque también adiciona un excesivo desgaste de gestión y tramite, pero la salida en defensa de la educación pública sigue siendo el justo reclamo por financiación total de las universidades y a los jóvenes darles tratamiento de jóvenes iguales, atenderlos con políticas de acceso, participación y bienestar, no como propietarios marcados por la casta, el linaje, el estrato.

P.D. La uptc recibió acreditación de alta calidad por 6 años más, un esfuerzo colectivo de quienes no han abandonado su compromiso ético para seguir siendo una universidad pública a toda prueba.

Fuente: https://rebelion.org/el-estrato-en-la-matricula-cero-un-factor-de-discriminacion-en-las-universidades/

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La protesta es un derecho que no debe prohibirse ni limitarse

Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez

 

El 14 de noviembre del año de 1152 A.C, ocurrió una protesta civil reconocida como la primera huelga de la historia (ngenespañol.com; otras fuentes datan el año 1166), contra el reinado de Ramsés III. Sesenta artesanos se negaron a realizar su trabajo en el Valle de los reyes y se movilizaron ante el faraón gritando que tenían hambre y sed, que no tenían vestidos, ni pescado, ni legumbres. En 1886 más de 350.000 trabajadores en las calles de Haymarket (Estados Unidos) convocados por la Federación del Trabajo denunciaron las jornadas de trabajo de 14 horas y reclamaron por salarios y bienestar. Allí por primera vez ocurrió un final con disturbios, luego que un “desconocido” arrojara una bomba matando un policía, lo que degeneró en una masacre con resultado de 38 obreros asesinados con las armas del estado, más un centenar lesionados y el ahorcamiento de varios dirigentes sindicales al año siguiente, según el dictamen de un cuestionado proceso judicial.

      En enero de 1905 obreros y campesinos unidos con la clase media rusa protestaron contra el imperio del Zar Nicolás II, hubo tomas de tierras y actos de desobediencia que terminaron con una marcha pacífica que derivo en el “domingo sangriento” provocado con las armas del estado, lo que apresuró la capitulación del Zar (semana.com, 2015). Del final del siglo XX se destacan las huelgas asociadas a líderes, Walesa en Polonia en 1980, le creo fisuras al gobierno comunista de entonces y lo llevó a la firma de un acuerdo para el reconocimiento de derechos consagrados en las convenciones de la OIT y; Lula Da Silva, con los obreros metalúrgicos reclamó por sueldos y garantías, fueron protestas duramente reprimidas con las armas del estado, pero la capacidad organizativa triunfó con la creación del partido de los trabajadores (PT) que en las urnas convirtió a Lula en presidente.

       La protesta es una facultad de la sociedad y la huelga un derecho de los trabajadores, ambos insertos en la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789, en la que los ricos y poderosos se reservaron la propiedad y los excluidos del poder la rebelión, civil para demandar garantías y armada para acabar la tiranía. La huelga y la protesta social llegaron mezcladas en 1948 a la declaración universal de derechos humanos y cumplen la misión de indicar el grado de respeto y responsabilidad del estado con los derechos humanos, pero a la vez ponen en evidencia la fortaleza de las instituciones democráticas para evitar y prevenir el uso abusivo o violento del poder público contra sus ciudadanos (manifestación pacífica, civiles DDHH, 2014).

       Protesta y huelga son constitutivas de la libertad y están amparadas por estándares internacionales tales como que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la manifestación pacífica o que la protesta no requiere autorización previa por ser expresión de inconformidad, insatisfacción, indignidad o resistencia ante políticas o conductas de los poderes públicos que afectan derechos. Son prácticas de restricción indebidas por parte del estado la prohibición, imposición de obstáculos, exigencia de requisitos innecesarios, penalizar o enmarcar en delitos de terrorismo o desestabilización, como también expedir leyes para dificultarla, tipificarla como delito, interferirla, censurarlas o ejercer amenazas físicas o psicológicas contra sus participantes o presumir de antemano su carácter desfavorable o descalificarlas como actos de desorden público o justificar una respuesta violenta de los cuerpos de seguridad. Prohibirlas es ilegitimo e ilegal, incluso inmoral. Por eso es reiterativo pero necesario repetir mil veces, que los derechos son de los pueblos y la obligación de ofrecerles garantías, respetarlos y hacerlos respetar es del estado sin perder su neutralidad.

       En Colombia la protesta esta consignada en el art. 37 de la constitución, que la reconoce como un medio legitimo para la defensa, construcción y reivindicación de derechos. En ella se integran derechos de reunión, asociación, expresión y movilización y la huelga derechos laborales, a la vida, la dignidad y el bienestar. Protesta y huelga son parte de históricas conquistas sociales y aunque sean afectadas con disturbios ocasionados por “desconocidos” e intervenidas con «brutalidad aprendida”, son una herramienta de dialogo, un punto de llegada luego de haber agotado otras vías de solución.  En ningún disturbio esta permitida la fuerza utilizada en la guerra contra enemigos en combate y si ocurre debe ser juzgada a la luz de los derechos humanos y donde hay conflicto armado con las reglas del DIH, que implican la no prescripción de los delitos cometidos con las armas del estado.

       Para la OIT la huelga y la protesta son medios legítimos fundamentales de los que dispone la ciudadanía para promocionar y defender sus intereses económicos, sociales o culturales.  “La encuesta Global de la CSI 2013, reveló que más del 90% de los ciudadanos defiende los derechos y el 99% de los ciudadanos apoya el derecho a la huelga para defender mejores salarios, condiciones de trabajo y salud y seguridad” (ituc-csi.org) y el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966 suscrito y firmado sin reservas por Colombia el 29 de octubre de 1969, obliga al estado y al gobierno a respetar y hacer respetar los derechos allí consignados y lo conmina a establecer mecanismos para su protección y garantía y a no privar al pueblo de sus medios de subsistencia.

      Las ultimas protestas sociales y la del próximo 21 de octubre de 2020, reclaman del estado y del gobierno garantías para proteger y realizar los derechos humanos y en especial el derecho a vivir, a no ser asesinados, a un nivel de vida adecuado con alimento, vivienda, agua, salud, educación, empleo, seguridad, paz y dignidad y una mejora continua de las condiciones de existencia. Pretender reglamentar, condicionar, sujetar o “exterminarla” degenera el orden democrático. Las demandas –cada una en su contexto- son similares a las que enfrentó el Faraón Ramsés III, hace 1800 años y por lo que se conoce, sin ocurrir en democracia, la permitió sin censura ni uso de las armas de su reino para disolverla, ni de amenazas para disuadirla. Las huelgas y protestas son una ganancia común, son garantías de convivencia humana para vivir con derechos, están amparadas en la carta internacional de derechos humanos, la declaración universal de derechos humanos y el pacto internacional de derechos civiles y políticos y pretender prohibirlas o limitarlas, sería irracional, ilegal e ilegitimo.

P.D. Resulta “inconcebible” la incitación al odio e inequívoca afectación de la salud mental en época de pandemia, la aparición de grandes vallas en defensa de “Uribe Libre”, con letreros como: “No permitamos que el comunismo y la izquierda se tomen el estado”. Cada letra incita a otro rio de sangre…

Fuente: Rebelión

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Educación Superior, un deber del Estado

Los países que invierten en educación e investigación son mas ricos, tienen mayor bienestar, saben resolver problemas con menos odio y entender mejor el valor de la vida, no es por ser ricos que invierten màs en ese campo. La inversión en educación se pone a prueba en su capacidad de respuesta colectiva a las crisis y se valida la investigación medida por impactos respecto a asuntos vitales, como este de ahora de salud, higiene cuidado del cuerpo y equilibrio mental, en el marco de relaciones entre el yo-el otro- y el entorno. La recuperación laboral y social de la profunda crisis del 2008, que dejo 230 millones de trabajadores sin empleo y acrecentó las migraciones y destierros, fue superada mas rápidamente allí donde había mayores recursos del PIB en educación e investigación. De esta crisis la quedo a América latina la Declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior (Cartagena) que concluyó de manera ejemplar que: “La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano universal y un deber del Estado” (OEI.es). Como todo derecho, su reconocimiento de universalidad implica que las garantías de realización deben ser cubiertas por el estado con recursos de la nación. La educación como derecho, no como libertad, queda a cargo del estado, de tal manera que en este momento de crisis, el gobierno tiene todo a su favor para replantear su posición y de las enormes cifras económicas que se prevé movilizar en el contexto de la covid 19 (117 Billones, U. Javeriana), no resultaría oneroso destinar al menos un adicional no mayor del 20% al presupuesto asignado y cubrir las matriculas de los estudiantes del sistema universitario estatal.

En el presente inmediato la justificación es irrebatible: El impacto económico sobre los 22.5 millones de personas que reciben salarios muestra un alto impacto de retroceso del derecho al trabajo con todos sus contenidos. Hay cálculos que anuncian 8 millones de personas que quedarán sin trabajo, procedentes especialmente de los 10.5 millones de la clase trabajadora (48% de la fuerza laboral, antes de la pandemia) que recibe un salario mínimo y de los otros 9 millones de empleados que alcanzan ingresos de 2 millones de pesos (larepublica.co, dic 2019). Solo 3 millones de personas ganan mas de 2 millones al mes. Globalmente se esperan pérdidas económicas de entre $4,6 billones y $5.9 billones por mes, que representan entre 0,5% y 6,1% del PIB nacional y son los servicios, donde se destacan las actividades de alojamiento comida, inmobiliarios, administrativos, actividades profesionales y técnicas, construcción y comercio, los más afectados (Banco de la republica, mayo 2020). En estos sectores se originan los recursos para pagar la educación universitaria.

Las composición del presupuesto de las universidades publicas se divide entre un aproximado 50% de recursos de la nación y otro 50% que debe producir cada una, de esos entre el 10% y el 20% viene por matriculas, es decir, están desfinanciadas, como se indico ampliamente con las movilizaciones de 2018. La ventaja para el gobierno es que al asumir la educación como derecho puede de manera inmediata adicionar los presupuestos y mediante decreto anunciar la gratuidad. No resulta ajeno comparar que las demás instituciones publicas como Congreso, poder judicial, fuerzas militares, incluso educación básica y media o el SENA, aunque padezcan afectaciones por aplazamientos o recortes presupuestales, no están obligadas a producir para vender. Las instituciones publicas por su naturaleza dependen de los ingresos de la nación, los orientados a educación son inversión, no gasto.

Redireccionar recursos para el alivio social, decretando transitoriamente la gratuidad, como paso hacia la nacionalización definitiva de la educación superior en todos los niveles y modalidades, aparte de un gesto amable, es necesario, evitará un aumento de la desigualdad, hará justicia con las diferencias y brechas territoriales y evitará una deserción irreparable. La salida generosa de las entidades territoriales trasladando recursos podrá apoyar un lado y desfinanciar otro. América Latina tiene ejemplos de inversión en educación a seguir para el mediano plazo, Cuba invierte el 12,9% de su PIB, Costa Rica 7.4%, Bolivia 7%; otros como Dinamarca 8.7%, Islandia 7.6%, Ghana 8.1%, (BM), que permiten mostrar que no es riqueza o pobreza lo que define a la educación como derecho humano sostenible como inversión, si no que es el compromiso y voluntad política del gobierno y de estado. Lo que ocurre en esos países quizá se refleja en los resultados de la pandemia.

El bienestar general esta lastimado por desigualdades, inequidades, discriminaciones y violencias desbordadas e incontrolables, que convocan al gobierno a dar atención inmediata a ciertos sectores prioritarios y entre estos a la educación superior, ahora que tiene a su favor la declaratoria de la emergencia Económica, Social y Ecológica y recursos posibles que puede adicionar, en tanto su destino único y exclusivo será impedir una crisis de alto impacto social por deserción y abandono de las aulas y así conjurar en este sector la crisis desatada por la Covid -19.Es momento para que de los recursos anunciados de crédito por 1250 millones de dólares con el BM (actualidad.rt.com), 10.800 millones de dólares del FMI por línea de crédito flexible (imf.org), los aproximados 21 billones siguiendo el decreto 444 y otros, reinvierta con un adicional de menos del 20% de los 4.7 billones de 2020, suficientes para aplicar la gratuidad de la matricula universitaria. La educación es un derecho y un deber del estado, hay que protegerlo de la Covid19. Quizá resulte poco pedir cuando las violencias y desigualdades han dilapidado tantas vidas, sueños y rebeldía de sus jóvenes, es momento para reinvertir en el bienestar y esperanzas de sus universitarios y hacer que la vida sea su mayor riqueza universal.

Fuente: https://rebelion.org/educacion-superior-un-deber-del-estado/

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