Author: Marcelo Musante

Si hay un grupo etario estigmatizado por el Estado Nacional, es el de los jóvenes de los barrios marginados. Un grupo social que es constantemente marcado negativamente, perseguido y encerrado por las fuerzas de seguridad, ente ellas, la propia Gendarmería Nacional. La definición descalificadora es contundente: “Ni estudian, ni trabajan”. Entonces, se vuelven “peligrosos”.

En ese marco, el Ministerio de Seguridad anunció la creación del Servicio Cívico Voluntario a cargo, nada más ni nada menos, que de la Gendarmería Nacional, la misma que hace dos semanas fue sentenciada como responsable de un crimen de lesa humanidad por haber sido ejecutora de la Masacre de Rincón Bomba en Formosa en 1947. ¿Por qué una fuerza de seguridad militar debe hacerse de un proceso educativo para jóvenes de 16 a 20 años?

Masacrar

A principios de mes -el 4 de julio-, el juez federal subrogante de Formosa Fernando Carbajal caratuló como Crimen de Lesa Humanidad a la masacre de Rincón Bomba perpetrada por la Gendarmería Nacional en 1947 durante el gobierno de Juan Domingo Perón.

La represión duró varios días e incluyó fusilamientos, violación de mujeres, asesinatos de niñas y niños, incendio de cuerpos en fosas comunes, entre muchas otras atrocidades. El terror institucional en su dimensión más totalizadora. Y el horror silenciado durante más de setenta años como manto protector de la responsabilidad estatal.

Ahí está el documental “Octubre Pilagá” y libro del mismo nombre de Valeria Mapelman para entender lo sucedido en profundidad a través del relato de muchos ancianos y muchas ancianas. Es material imprescindible para ver el accionar de la muerte que implementó la Gendarmería Nacional Argentina a partir de un 10 de octubre.

Ahí están los sobrevivientes pilagá en Formosa para contar qué sucedió a quien se acerque a escuchar sus historias llenas de dolor y de resistencia. Están en Las Lomitas, Ibarreta, Estanislao del Campo, en Pozo del Tigre y en cada comunidad indígena de la zona.

Ahí están Noole Palomo, Bartolo Fernández y la Federación Pilagá para contar una y mil veces los sucedido. No se cansaron nunca de hacerlo junto con muchos de los ancianos y ancianas sobrevivientes que fueron falleciendo en un proceso judicial que duró 14 años. Que no le importó ni al Estado Nacional ni al Provincial, que fue abandonado durante una gran parte de ese tiempo por los dos abogados que lo iniciaron y que debieron sostenerlo sin recursos económicos.
Pero ahora, ahí está la sentencia con carácter de verdad emitida por el Juzgado Federal N°1 de Formosa. Un reconocimiento único en nuestro país como crimen de Lesa Humanidad contra una población indígena y que será fundamental como precedente a otros similares, como el de Masacre de Napalpí ocurrida en Chaco en 1924.

A doce días del histórico fallo, el gobierno nacional del Presidente Mauricio Macri creó el Servicio Cívico Voluntario para jóvenes de 16 a 20 años como un sistema educativo de formación en valores y disciplina que puso a cargo de la propia Gendamería Nacional. Una paradoja que encierra otras.

Educar

La sentencia plantea la obligatoriedad de una serie de reconocimientos públicos. Dinero para obras, becas estudiantiles para jóvenes, declarar el 10 de octubre como efeméride de “La masacre de la Bomba”, la construcción de un monumento conmemorativo, y la obligatoriedad para el ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación de incluir los hechos sucedidos en la planificación académica.

Es decir, más allá de los resarcimientos económicos hay una fuerte apelación a la construcción de la memoria. A reconocer y resarcir en términos de verdad y justicia una masacre que había sido intencionalmente olvidada en la historia argentina.

Pero mientras el juez federal en Formosa sentencia la inclusión del crimen de Gendarmería Nacional en la currícula escolar, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, se sienta al lado de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, durante la conferencia de prensa de anuncio del proyecto para defenderlo en beneficio de los “los chicos que hoy no están haciendo nada, que están en la calle”, con el “el objetivo principal es adentrar a los jóvenes en el sistema de responsabilidad de valores y la disciplina”.

Un proyecto educativo que desde sus primeros objetivos estigmatiza a jóvenes que son marginados de un sistema público y que los enmarca bajo una sigla conocida como “Ni Ni”. Un grupo etario y social en los que parece que son ellos los que no quieren trabajar ni estudiar.

Esos jóvenes saben bien lo qué significa esa marcación negativa y lo que habilita represivamente para las fuerzas de seguridad en los barrios. Esos jóvenes son los que llenan las comisarías, cárceles, quedan como mano de obra del narcotráfico o son utilizados por las propias fuerzas para delinquir.

El gobierno nacional pone al frente de un proyecto educativo para jóvenes que no pueden acceder a las escuelas ni al trabajo a una fuerza de seguridad militar.

Y la ministra de Seguridad se jacta de afirmar que los “gendarmes docentes” estarán sin armas durante las clases. Como si el ejercicio de la violencia requiera exclusivamente de armas y no tuviera que ver con posicionamiento ideológicos en términos de contenidos y prácticas pedagógicas.

Historial

Se podría responder que aquellos gendarmes de la Masacre de Rincón Bomba no son estos gendarmes. Que aquella fuerza era distinta que esta.

Pero esta Gendarmería Nacional fue la misma ejecutó el 1 de agosto de 2017 la represión ilegal que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado y su violenta muerte en el Río Chubut.
Es esa misma Gendarmería Nacional a la que se la ve en muchas filmaciones bajando de camionetas disparando, tirando piedras y reprimiendo.

Es esa Gendarmería que participó del mega operativo contra la comunidad mapuche en el Lago Mascardi y que terminó con el asesinato por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel en el que está imputado y con prisión domiciliaria el Cabo Javier Pintos del grupo Albatros de la Prefectura Nacional. Es esa Gendarmería Nacional que hizo la pericia balística que intentó ocultar todo y simular la idea de enfrentamiento afirmando que había pólvora en la mano de Rafael.

Es la misma Gendarmería Nacional que el 13 de junio de 2014, dos de sus efectivos pararon a Andrés García Rampoy en un control sobre la Ruta 7 en Luján de Cuyo, Mendoza, y lo asesinaron de un tiro en la nuca en un caso de “gatillo fácil” sin resolver.

Es la misma que el 7 de septiembre de 2013 cuando cayó asesinado Kevin Molina en la Villa Zavaleta, y con apenas 9 años, encubrieron el enfrentamiento entre bandas narcos cuando tenían puestos de vigilancia a cien metros junto con la Prefectura.

Es la que se metió en la Universidad de Río Negro a fines del año pasado y desalojó una asamblea y toma pacífica que rechazaba los recortes presupuestarios.

Es la que actuó en acuerdo con la policía formoseña de Gildo Insfrán durante la represión del 23 de noviembre de 2010 en la Colonia La Primavera en Formosa y terminó con el qom Roberto López asesinado. Es la que en esa misma provincia amenaza a las comunidades pilagá que de Oñedié y Penqolé. En tierras donde ocurrió la masacre de Rincón Bomba y los gendarmes hace rondas nocturnas amenazando con desalojar.

En la misma Gendarmería Nacional que hace continuamente operativos violentos, requisas injustificadas y que son defendidas acríticamente por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sin ningún tipo de costo político ni judicial.

Valores

¿Por qué una fuerza represiva del Estado debe hacerse cargo de un proceso educativo y no el Ministerio de Educación? ¿A quién le habla el gobierno nacional con esta implementación del Servicio Cívico Voluntario en plena campaña electoral? ¿Qué sentido educativo puede tener para los y las jóvenes que participen yendo apenas una hora por día?

¿Será una nueva forma que adquiere el control social sobre estos y estas jóvenes? ¿Es un guiño a un sector del electorado que todavía sigue pidiendo por la reivindicación del accionar de las fuerzas militares en la última dictadura? Muchos medios de comunicación hegemónicos salieron a cuestionar las críticas al proyecto apelando a dejar de atrás los reparos, la memoria, que organizaciones sociales, de Derechos Humanos y partidos políticos tienen sobre las fuerzas militares en nuestro país.

¿Qué podrá tener para decir esta Gendarmería Nacional sobre Rincón Bomba, sobre la represión el Lof Cushamen, sobre el asesinato de Rafael Nahuel o en cada caso de gatillo fácil y encubrimiento que participó y que aquí apenas se mencionaron algunos? ¿Alcanza con que den los talleres sin armas? ¿Qué tipo de conocimiento se pretende construir desde ese lugar?

El 4 de julio la sentencia del juez Carbajal afirmó que la masacre de Rincón Bomba debe recibir un “resarcimiento civil a consecuencia de la violación de derechos humanos por los Crímenes de Lesa Humanidad perpetrados por y a través de material y personal perteneciente a Gendarmería Nacional”.

Esta Gendarmería nunca reconoció la masacre ni pidió disculpas públicas. La ministra de ministra Patricia Bullrich afirmó que es la institución más valorada del país. De eso se trata, de valores. De valores y de jóvenes. Las fuerzas militarizadas en nuestro país no tienen que formar parte de ningún proyecto de educación pública. Nunca más.

Fuente: https://www.marcha.org.ar/gendarmeria-no-educa/