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Compromiso y capacidad, sentido de una nueva Ley Docente

Por: Mexicanos Primero

Casi desde su aprobación en 2013, la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD) ha ganado atención por sus posibles consecuencias laborales relacionadas con la evaluación de desempeño. Cinco años después se habla de derogar esta ley y reemplazarla por algo mejor, de nuevo, principalmente por vincular la evaluación con la permanencia en el trabajo.

Sin embargo, poca atención se ha prestado al sentido detrás de la LGSPD. ¿Qué se debe lograr con una ley de esta naturaleza?

Una ley docente orientada a la garantía del derecho a aprender debe servir para asegurar: 1) que las personas que entran y transitan por el servicio docente tengan las capacidades y el compromiso para impulsar el aprendizaje de otros; y 2) que estas personas cuenten con los apoyos y oportunidades necesarios para seguir fortaleciendo estas capacidades y compromiso.

¿Cómo buscaba hacer esto la LGSPD? Primero, mandató la construcción de perfiles docentes, directivos y para asesores técnico pedagógicos, un planteamiento de las características, cualidades y aptitudes que la sociedad espera que tengan sus maestros. Se han publicado cada año desde 2014, y en su elaboración participan autoridades estatales y federales.

Si bien se podrían fortalecer con base, por ejemplo, en una participación social más amplia que incorpore la voz de las niñas, niños y jóvenes, sus maestros y sus familias, no debemos negar la importancia de contar con dichos perfiles. Deben formar la guía que orienta todos los procesos vinculados con la trayectoria profesional de cada maestro. ¿Qué tipo de maestro queremos formar en la educación normal?, ¿cuáles deben ser los criterios para que un docente se ingrese al sistema educativo o se promueva?, ¿qué actitudes, conocimientos y habilidades debemos desarrollar y fortalecer en la formación continua?

En segundo lugar, la LGSPD establece que debe existir un proceso riguroso, transparente y equitativo –basado en estos perfiles– para la selección y la promoción docente.

Y un tercer elemento central de la LGSPD fue establecer los derechos de todos los maestros en cuanto a la formación docente –entre ellos, recibir un diagnóstico que identifica sus necesidades de formación y tener acceso y ser incorporados a oportunidades de aprendizaje profesional. La ley reconoce que la formación continua se promueve no sólo por medio de cursos y posgrados, sino también en la escuela desde el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela. Adicionalmente, la LGSPD establece el derecho de los docentes de nuevo ingreso a contar con un tutor durante sus primeros dos años.

Cada ley, como cada política educativa, es perfectible, pero en el afán por corregir, no debemos tirar las frutas buenas con las podridas.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/compromiso-y-capacidad-sentido-de-una-nueva-ley-docente/

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El reconocimiento del líder educativo como agente de cambio

Mexicanos Primero

Sandra C. Amador Jiménez*

“Lo relevante no es el líder, sino el liderazgo, es decir, la capacidad de un grupo de personas de trabajar en equipo, motivando e influyendo para promover el cambio.”

Verónica, López, 2010

Reconocer a un@ director@ o supervisor@ escolar como un líder capaz de transformar una comunidad educativa, sólo será posible si él mismo asume su compromiso como agente de cambio y  desarrolla un liderazgo efectivo junto a su comunidad.

En Mexicanos Primero estamos convencidos de que los líderes escolares son los principales defensores y promotores del derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes desde la escuela. Así, las oportunidades de formación se vuelven trascendentales para apoyarles en su titánica tarea.

Por ello, en alianza con Fundación Banorte, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Cambridge, desde hace casi tres años, impulsamos el Diplomado Internacional para Líderes Educativos Transformadores (DILET) como punta de lanza en el desarrollo de sus capacidades. El DILET tiene por objetivo fortalecer las capacidades de los líderes educativos con el fin de promover la docencia efectiva, el trabajo colaborativo y la práctica reflexiva, todo ello pensando en las niñas y niños que necesitan desarrollar su potencial de manera plena e integral.

En México la formación es clave para la transformación; sin embargo existe una carencia importante de oportunidades. Esto lo evidencía la Encuesta Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés; OCDE, 2014) ya que menciona que 8 de cada 10 directores no reportan haber sido formados en liderazgo antes de tomar su puesto. Por otro lado, en nuestra más reciente encuesta a 136 registros de directores y 38 supervisores al DILET en el nivel de preescolar en Hidalgo, encontramos que en el último año, 8 de cada 10 dicen no haber participado en formación sobre liderazgo escolar y aún más preocupante, 7 de cada 10 reportan que no han participado en cualquier programa de aprendizaje profesional en los últimos tres años.

Por lo anterior, resulta satisfactorio mencionar que seis estados de la república han apostado por el liderazgo escolar este año como un elemento fundamental para lograr las transformaciones que se requieren de acuerdo con sus contextos. Hidalgo, no fue la excepción.

Con orgullo, el 15 de noviembre del año en curso, reconocimos el esfuerzo de 144 líderes educativos. Est@s director@s y supervisor@s se gradúan tras seis meses de intenso trabajo académico, un compromiso que implicó sortear los obstáculos presentados en el proceso, como la carga de trabajo, problemas personales o de salud. Sin duda, esta Ceremonia de Graduación significará un logro personal y profesional en cada una de sus historias. Cabe mencionar que 95% están en proceso de evaluación por parte de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, para obtener una certificación en Liderazgo Educativo, una distinción internacional que valora los contextos en los que desarrollan sus actividades. Esto impacta en 12,863 alumnos y 492 maestros.

Cabe mencionar que en esta generación 81% de los líderes educativos laboran en preescolares generales, 18% en preescolares indígenas y 1% en Centros de Atención Múltiple (CAM), lo que nos deja ver que aún hay mucho por hacer para que las oportunidades de formación lleguen de manera equitativa a todo tipo de modalidad. Asimismo se destaca que 78% de l@s directore@s y 80% de l@s supervisor@s llevan menos de diez años en la función, es decir que  DILET brinda herramientas a estos líderes educativos para transformar y mejorar su práctica de liderazgo desde los primeros años de servicio.

En este mismo sentido, reconocemos el apoyo y compromiso de la Secretaría de Educación del Estado de Hidalgo, quienes encontraron en DILET una oportunidad significativa de desarrollo profesional para los líderes educativos. Esto confirma la importancia de asumir responsabilidades conjuntas para el apoyo y valoración de los agentes de cambio.

Sin duda, será una gran oportunidad para reconocer, no solo la culminación de un proceso de formación, sino, además, el arduo trabajo día con día siguiendo sus decisiones, sus sueños y su entrega.

¡Qué privilegio apoyar a un líder escolar convencido de la importancia de cada una de las personas que está a su lado y de la gran responsabilidad que lleva consigo como agente de cambio! Sólo resta, desde sectores públicos, privados y la sociedad civil, seguir reconociendo y apoyando la labor y formación de l@s director@s y supervisor@s escolares hacia el desarrollo de un liderazgo incluyente, donde Tod@s podamos estar, aprender y participar.

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*Coordinadora DILET en Mexicanos Primero

Fuente del articulo:  http://www.educacionfutura.org/el-reconocimiento-del-lider-educativo-como-agente-de-cambio/

Fuente de la imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2014/04/SEC.-EN-DIÁLOGO-NORA-M

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Desempeño docente y derechos de los niños

Méxicanos Primero

David Calderón*

Mucho cambió conceptualmente en nuestro país en 2013, cuando el Artículo Tercero dio un giro de precisión al señalar que la idoneidad de los docentes es garantía del derecho de cada niña y niño al máximo logro de aprendizaje. Es decir, se estableció en la Ley Suprema que no cualquier arreglo escolar cumple el deber de la sociedad, a través de los instrumentos colectivos del Estado, de proteger y asegurar el derecho a la educación. Por primera vez en la historia de nuestra nación se reconoce que cada niña y niño tiene derecho a contar con un/a maestro/a que sea educador profesional, una persona con el compromiso y capacidades para propiciar el aprendizaje. Pero en el diseño original, la formación continua antecede y corona la evaluación docente.

Y ¿cambió en la realidad algo? Casi todos recordamos a un gran maestro, una gran maestra que desencadenó nuestro potencial. Literalmente: le quitó amarras, rompió las cadenas de nuestro prejuicio, de nuestra inercia, de nuestro contexto, y nos impulsó a una vida más digna, una vida más nuestra. Pero debería ser fortuna, casualidad, azar contar con esos maestr@s. Menos aún tendría que estar ligado al poder de compra de los padres. Contar con maestros de vocación y de sólido desempeño no debería segmentarse por región del país, o por niveles de ingreso socioeconómico, o por condición de discapacidad, o por identidad étnica.

En esa lógica, asegurar la “idoneidad” –esto es, el compromiso y las capacidades- de los maestros es una tarea de las autoridades: les toca convocar, formar, seleccionar y verificar si los rasgos y acciones de l@s maestr@s corresponden a su designación frente a grupo. Así, se sigue del mandato constitucional la obligación de la autoridad, detallada en la Ley General del Servicio Profesional Docente, de verificar el desempeño, correspondiente al mandato a los profesores –derivado de su nombramiento- de participar en la evaluación al ser convocados.

Todavía no está plenamente asentado en la cultura popular, pero ya queda claro que la docencia es una profesión exigente como pocas. Que una “plaza” no es un pago regular vitalicio y heredable que le perteneciera a un maestro, sino un nombramiento acotado para un servidor público con responsabilidades precisas. Que no es como las placas de un taxi, que se pueden comprar, vender y canjear, para explotar una concesión que se queda en la familia. Que las exigencias del servicio son muchas, y merecen –l@s profesores/as- todo el apoyo debido.

Pero también la acción de algunos y la omisión de muchos en la historia reciente ha llenado de distorsiones lo que la ley marca para el desempeño docente. Como seguirle dando publicidad al prejuicio de los voceros de la CNTE, de que es un proceso justo pensado para someter a los maestros y que debe resistirse desde las fuerzas populares -aunque pienso en el dicho de una amiga mía, maestra de preescolar público: “nada más revolucionario que presentarse todos los días, llegar puntual, haber preparado la jornada y estar atenta a lo que puede –no a lo que no puede- hacer cada niño”. ¿Punitiva la evaluación? No, punitivo –de consecuencias bestiales- para l@s niñ@s que alguien usurpe una plaza de maestr@.

Por otro lado, no puede dejar de hacerse un severísimo reproche por la negligencia e improvisación con la que las autoridades de evaluación –de la SEP y el INEE- han manejado los instrumentos, apenas ahora corregidos para las fechas de este final de 2017, y que siguen sin incluir la observación directa y la voz de los propios estudiantes. Igual o peor la venalidad e inquina de las autoridades estatales, que no buscaron un proceso transparente e imparcial para que se seleccionara a los maestros que deben evaluarse en los periodos pasados. La desdeñosa superficialidad de los que, en sociedad civil, opinan sobre la urgencia de la evaluación docente, y como bien señala Manuel Gil –acertado en esto, muy equivocado en otros ángulos de la política educativa- desde el clasismo, el desdén y la ignorancia de la profesión docente. La falta rampante de compromiso de los secretarios de educación que siguen aduciendo que los procesos electorales “impiden” que se puedan llevar a cabo las evaluaciones previstas. Los académicos amargosos, que piensan que hay “vocacionómetro” o algún otro registro fantasioso, en el cual -sin un parámetro objetivo- tenemos que dar por bueno el actuar de todo profesor frente a grupo… algo así como pensar que alguien con ganas y un sospechoso título es y será siempre pediatra; que está actualizado, sin presentar evidencia; y que está genial dejarlo a cargo del desarrollo de nuestros hijos sin mayor cuestionamiento.

Con la decisión de no programar evaluación de desempeño al inicio de 2018, y al dejar como voluntaria –sin verificación pública de razones y condiciones- la evaluación de desempeño en los convocados de las diez entidades afectadas por los sismos, se le deja al próximo Secretario de Educación y al próximo Consejero Presidente del INEE el reto de evaluar a más de 200 mil maestros hasta noviembre/diciembre de 2018. ¿Sensibilidad con los afectados o patear el bote para que el problema sea de otro? El derecho de los niños nos convoca a diseñar una mejor solución para la garantía a un maestro idóneo. Y eso comienza con la formación continua del magisterio, el terrible ausente de la educación; con todo lo que nos gastamos en Ceneval e INEE, ¿no deberíamos invertir más de 789 pesos anuales por maestro, y hacer un instituto al menos tan grande y fuerte como el segundo? ¿Cómo mejorar en las evaluaciones de desempeño, si la formación es breve, impertinente, y ahora posiblemente capturada por el SNTE? Pensemos soluciones; todo niña y niño tienen derecho a una maestra, a un maestro de verdad; la idoneidad ni se improvisa, ni se adivina; se construye y se verifica.

Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/desempeno-docente-y-derechos-de-los-ninos.html

Fuente de la imagen; http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2017/11/08/5a03e7b420bb

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El largo camino para la participación de los niños, niñas y adolescentes en la inclusión educativa.

Por: Mexicanos Primero.

Durante el pasado mes de julio el secretario de Educación Pública Aurelio Nuño presentó los planes y programas de estudio del Nuevo Modelo Educativo, así como las estrategias para cada uno de sus componentes. En el documento correspondiente a la Estrategia de Equidad e Inclusión, se plantea que para enfrentar la exclusión y la discriminación, es necesario contar con una perspectiva que avance hacia:

• Un sistema educativo que atienda de manera adecuada las necesidades específicas de los distintos grupos de población.

• Una educación inclusiva, que implica que el sistema escolar debe adaptarse a las necesidades de todos los alumnos y simultáneamente reconocer sus distintas capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, sin distinción de ningún tipo (SEP, 2017).

Bajo este esquema, las escuelas deben fortalecerse para que sean ambientes capaces de responder a las necesidades individuales de todos los estudiantes, sin importar su condición socioeconómica, su origen étnico o cultural, el género, sus capacidades o sus preferencias religiosas o de otro tipo.

Los resultados de la Encuesta OpiNNA, realizada en los meses de abril y mayo del presente año por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), muestran que aún hay mucho trabajo por hacer para lograr la inclusión, no sólo en la escuela, sino también en nuestra sociedad.

En esta encuesta participaron 27,640 niños, niñas y adolescentes, entre 6 y 17 años. De los encuestados, 8% se encuentra cursando la primaria baja, 78% se ubica en los últimos tres años de primaria y los tres de secundaria, mientras que 13% está estudiando en el nivel medio superior. Todos estos estudiantes, en cada nivel, muestran el largo camino que se debe recorrer para que la participación en inclusión sea una realidad.

El 56% de los encuestados señala que todos los días se discrimina en la escuela, principalmente a aquellos que tienen un color de piel diferente (40%) y a quienes viven con alguna discapacidad (24%) o son indígenas (16%). ¿Cómo es posible la existencia de una escuela inclusiva, cuando la discriminación está presente en su cotidianidad? En la estrategia presentada por la SEP se proponen acciones para lograr la inclusión de personas con discapacidad, alumnos con aptitudes sobresalientes o de atención a la diversidad étnica, lingüística y cultural, pero no se explicitan las actitudes, prácticas y políticas que requieren las escuelas para lograr la inclusión integral. Si no se arranca toda la estrategia comenzando por abordar la exclusión generalizada desde las prácticas y las políticas, los ajustes a “grupos de población” tiene el riesgo de etiquetar, y por ello de reiterar y cristalizar la lesión constante a sus derechos.

Otro de los aspectos que también dejan ver los resultados de OpiNNA es que ni en la sociedad en general ni al interior de las escuelas se está trabajando en una verdadera cultura de inclusión para las personas en condición de discapacidad. El 45% de los encuestados considera que a los niños con discapacidad se les trata mal porque no se les ha enseñado a los demás a convivir con ellos, mientras que el 24% dice que no hay interés en estas personas. De nuevo, aquí el punto no es sólo qué intervención se puede pensar para el grupo afectado, sino en la formación general sobre las actitudes, las prácticas y las políticas; las barreras más graves no son la falta de rampas o de materiales en Braille, sino los prejuicios y la indiferencia de la comunidad que los circunda.

Inclusive en la misma estrategia sólo se menciona que es necesario fomentar la actitud de respeto a los derechos de las personas con discapacidad tanto dentro del sistema educativo como fuera de él, pero no se explicitan metas ni acciones concretas para alcanzarlas; tampoco se explica cómo obtener evidencia para medir dicho avance ni se plantea una estrategia de evaluación. Una pregunta que surge de estos planteamientos es ¿cómo eliminar la discriminación por tener un color de piel diferente o por tu origen étnico? ¿cómo creas conciencia en los niños, niñas y adolescentes (NNA) de la diversidad que existe en el país y que es constitutiva de su historia y su realidad presente?

La solución no la tiene sólo el sistema educativo, sino que es necesario establecer una estrategia social y cultural en la que todos estemos involucrados. Debe quedar claro que no basta con adecuar los espacios físicos para las personas con capacidades diferentes, es decir, que no se resuelve con mejorar la infraestructura o construyendo rampas, simplemente porque hay distintos tipos de discapacidad. Se necesita un cambio cultural, que sólo ocurre con acciones deliberadas y mensajes específicos.

En esta Estrategia de Inclusión y Equidad presentada por la SEP se prioriza la atención y mejora de las escuelas indígenas, pero no hay un plan de trabajo para la inclusión de los alumnos indígenas que están en las escuelas “regulares”. Tampoco se propone una estrategia para incorporar elementos relevantes para el respeto y promoción de la identidad de estos niños en este tipo de escuelas ni a su derecho de aprender en su lengua materna, como ocurre por ejemplo con los niños mazahuas que asisten a escuelas en la zona urbana de Toluca o Lerma, o los niños nahua, ñahñú o zapotecas en la Ciudad de México.

Una acción que sí puede hacerse al interior de las escuelas es crear conciencia en los NNA de la diversidad que existe en nuestro país, no sólo mostrando los grupos étnicos que existen, sino integrando al currículum la enseñanza de lenguas indígenas, así como los rudimentos del sistema Braille o el lenguaje de señas para todos los NNA. Para que esto se lleve a cabo es necesario empezar con la formación inicial –y continua- de los maestros en estas formas de aprendizaje y apoyarlos para que puedan crear ambientes de aprendizaje incluyente, eliminando las barreras que enfrentan los NNA con capacidades diferentes.

La encuesta OpiNNA busca garantizar el derecho de los NNA a participar y ser escuchados y a colocar la voz de la niñez y adolescencia como parte de la opinión pública. Sin embargo, no hay que asumir que la participación se reduce a esto; es sólo un primer paso. Es claro que la encuesta es poco conocida en la opinión pública, y no desató la discusión abierta que el asunto amerita. Hay que recordar que la participación auténtica implica escuchar a los NNA para conocer su realidad, pero también involucrarlos en la toma de decisiones sobre los ámbitos que competen su vida cotidiana y en los procesos de construcción de acciones y estrategias que les afectan.

Necesitan ser protagonistas de la inclusión la propia y la ajena  pues es un ambiente empobrecedor para todos una escuela en la que no se superan los prejuicios, no se respetan las identidades y no se activa la colaboración en la diversidad. Todos perdemos así. Todos ganamos tus hijos, los míos, los de todos- con la inclusión verdadera.

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-largo-camino-para-la-participacion-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-en-la-inclusion-educativa.html

Imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2017/10/11/59deea93c4b7c.jpg

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Los rostros de la transformación educativa

Méxicanos Primero

Han pasado cuatro años desde la modificación al artículo 3º Constitucional, donde se incluyeron atributos necesarios para que el Estado (como principal obligado) asegure el proceso de transformación educativa que fortalezca y asegure en el tiempo la mejora continua del servicio para la sociedad. Sin embargo, diversos factores nos han permitido observar la complejidad y el entramado que implica una transformación de este calado en el sector educativo.

En este sentido, dimensionar la estructura humana que mantiene vivo el sistema educativo mexicano resulta importante para recordar que cualquier cambio deseable no ocurrirá solo por estar inscrito en la ley. Es decir, para que las cosas sucedan, debemos considerar a los agentes de cambio que integran el universo escolar.

Hablar de agentes de cambio, implica, por un lado, conocer sus contextos, sus perfiles, las trayectorias profesionales y por otro, sus sueños, dudas, inquietudes, deseos, incluso sus fracasos. Es decir, para hablar de los maestros en México, hace falta ir más allá de la estadística oficial, debemos darnos la oportunidad de conocer sus historias porque son ellos quienes, diariamente, viven y sienten la escuela desde sus trincheras.

En este espíritu, surge el Premio ABC. Máximo distintivo que la Sociedad Civil desde 2008, otorga a l@s maestr@s en nuestro país. Así, el miércoles 6 de septiembre, siete maestr@s han sido galardonad@s por una sola cosa: sus historias en la defensa y promoción del derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes en sus comunidades.

Carlos Alberto Villarreal Guajardo, maestro de primaria en Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas; Marbelia Molina Martínez, supervisor de preescolar en Tlapehuala, Guerrero; José Dolores Chan Cuevas, director de primaria en Motul, Yucatán; María del Rocío Hurtado Díaz, maestra de primaria en Tampico, Tamaulipas; Carlos Máximo Lozano, maestro de primaria en Ixtapaluca, Estado de México; Ricardo Enrique Cetina Flores y Rogelio Ake Mugarte, equipo de supervisores de primaria en Valladolid, Yucatán; tod@s ell@s, mujeres y hombres tan diferentes y en contextos tan diversos (adversos) comparten algo en común: la de no debilitar su pasión, su espíritu de profesionalismo y amor por su causa. Cumplir con su responsabilidad es sinónimo de vocación y entrega por los que verdaderamente importan: las niñas, niños y jóvenes.

México es un país de causas, en ocasiones distantes, aisladas, frías. Las cuales llegan a diluirse porque no son capaces de identificarse en la vorágine de la cotidianeidad. Sin embargo, en este escenario de sombras, reconocer rostros, nombres e historias brindan esa claridad de entendimiento hacia una causa en particular. Así, las experiencias de l@s ganador@s del premio ABC (104 a lo largo de una década) se convierten en faros a la distancia, guiándonos en la oportunidad de descubrir nuestras propias historias de éxito.

Porque en cada profesor de nuestro país, reside la maravillosa oportunidad de cambiar, de transformar, de inspirar. Al interior de cada aula, de cualquier tipo de escuela de la localidad más alejada del estado menos favorecido, existen seres humanos que dan todo por sus alumnos, que escuchan a sus compañeros, que brindan consejos, comparten materiales, se arriesgan a lo desconocido y abrazan la incertidumbre.

Este es el grandioso espíritu del Premio ABC, mostrarnos el rostro y las historias de seres humanos que hacen de lo extraordinario, algo ordinario. He aquí evidencia de cómo sí lograr cambios significativos en la práctica docente. De cómo sí utilizar la tecnología como herramienta para mejorar el aprendizaje. De cómo sí involucrar a las familias en las decisiones que impacten en la escuela. De cómo sí es posible rescatar la lengua y cultura indígena con base en la suma de voluntades. De cómo sí compartir una visión de la escuela que queremos. Sin duda, en la medida que hablemos cada vez más de las historias de éxito de l@s maestr@s, ese día sabremos que vamos en el camino correcto.

Fuente del articulo: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/los-rostros-de-la-transformacion-educativa.html

Fuente de la imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2017/09/20/59c346e33f09d.jp

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Hagamos de la transformación educativa un proyecto social.

Por: Mexicanos Primero.

El ciclo escolar 2017-2018 es significativo para México. Se pone a prueba el modelo educativo, y los agentes relevantes debemos asumir como principal reto que la educación es un proyecto social, que es anterior y superior a un proyecto de gobierno. Son injustos y dañinos los planteamientos fatalistas o triunfalistas, la idea de que el cambio a la constitución y las leyes tiene la caducidad de un gobierno, o vive sólo al fluctuante ritmo de su prestigio o su desprestigio.

El error más grande que podemos cometer en estas semanas y meses, sería no considerar el compromiso y las capacidades que se deben desarrollar en los agentes educativos y sociales, para que sean de verdad agentes de cambio.

¿Quiénes son los agentes que deben implementar en la realidad, en la práctica, la formación docente adecuada, la asistencia técnica a la escuela, la realización del “informe de actividades y rendición de cuentas” que en todo plantel del país debe realizarse, según lo marca el artículo 14 de la Ley General de Educación? Son los equipos estatales. Son los funcionarios intermedios de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Son los maestros formadores de docentes. Son los supervisores. Son las familias y estudiantes. Son los miembros en los consejos de participación. Son los directores de las escuelas.

No podemos olvidar –sentados con miopía en el mirador de la Ciudad de México- que son los 31 estados quienes administran las escuelas y son los formadores y empleadores de los maestros. La Federación no es suficiente para resguardar el derecho de los niños.

No hay reforma sin reformadores. La implementación de la política pública implica actitudes que no se pueden obviar: un cumplimiento de atribuciones y responsabilidades que no sea selectiva, la voluntad de ir más allá del mínimo indispensable. Se necesitan también capacidades. No alcanza con buenos deseos, no basta con muchos ideales.

Se necesita contar también con información relevante, habilidades técnicas y oportunidades de ejercitarlas, recursos materiales distribuidos según la equidad, un marco regulatorio adecuado también en lo micro, en lo local; contar, sobre todo, con espacios de participación y vías de comunicación con las autoridades y una intensa interacción con las realidades del terreno: con la experiencia de los maestros, de las familias y de los alumnos mismos, sus quejas y propuestas cotidianas, y no sólo sus discursos en eventos.

La fase de implementación de muchas políticas educativas será crucial en este ciclo escolar. Como país federal, nos tiene que salir bien en este año 2017-2018 una serie de procesos que no son de las autoridades, sino que tiene realidad en los estados y las supervisiones y las escuelas.

Lo que hace arraigarse a una transformación educativa, lo que la afianza, es que se desarrollen las capacidades y el compromiso para que cumpla exitosamente esta fase. Respondiendo a las propuestas y exigencias de los propios agentes educativos, de la academia y las organizaciones de sociedad civil, el ejecutivo y el legislativo federales dieron un gran paso con reformas a la Constitución y las leyes. Lo que siguió, lo que sigue y seguirá prospera en la medida en que no sea el proyecto de una administración, sino sólo en la medida en que se sepa y se sienta que es un proyecto social, un proyecto de todos.

Hacemos un llamado a que todos nosotros, los distintos agentes, no dejemos para después y para otros lo que sí podemos hacer, a no esperar las soluciones desde arriba y desde afuera, sino a construirlas desde abajo y desde adentro.

Al gobierno federal pedimos que se concentre en sus tareas de coordinación, en el debido respeto a la dinámica del federalismo, y en el cuidado para realizar sus tareas de diseño de las piezas de política pública con la consulta oportuna a los estados y con una ejecución pulcra en lo técnico y lo financiero. A los estados les pedimos asumir su responsabilidad y atribuciones. A la sociedad civil a no claudicar, a no dejarse acallar o intimidar, a reiterar la exigencia ante lo omitido o simulado.

Nuestra visión es de esperanza razonada: ni triunfalismo ni fatalismo. Nuestra visión es social; nada, y menos la educación, es un proyecto que dependa de un solo hombre o mujer. Ni hay, ni esperamos un supermán para salvarnos; no lo ha habido nunca en educación.

Hay mucho avanzado, y hay que multiplicar las ocasiones de hacerlo ver, de hacerlo tangible. Gobiernos de todos los partidos han dado pasos fundamentales. Los maestros tienen otra expectativa sobre sí mismos. Hay directores jóvenes, por primera vez. Se está restaurando la alianza entre maestros y familias. Sí valió la pena. Sí vale la pena. Vamos por más.

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/hagamos-de-la-transformacion-educativa-un-proyecto-social.html

Imagen: http://www.elfinanciero.com.mx/files/article_main/uploads/2017/08/24/599e6e6a4c0b6.jpg

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¿Hacia un proyecto educativo social?

Por Mexicanos Primero/ Jennifer L. O’Donoghue*

En el último mes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha presentado una serie de planes, programas y estrategias que buscan mejorar, fortalecer y transformar la educación básica, media superior y normal en el país. Cada presentación ha arrojado sus correspondientes análisis, críticas y elogios. Nosotros mismos estuvimos en cada
presentación y reunión entre funcionarios y sociedad civil, y hemos también comentado los aciertos y desafíos para estas piezas de política pública.

Pero ya que analizamos los árboles, ¿qué tal se ve el bosque?
Lo presentado por la SEP forma parte de lo que se ha nombrado el “nuevo modelo educativo”, pero que concebimos nosotros como un proyecto educativo social. Un “proyecto” se refiere a algo dinámico, propositivo y aspiracional. Un proyecto educativo que además sea social expresaría nuestros propósitos compartidos y debería reflejar la
respuesta colectiva a un conjunto de preguntas sobre cómo construir la educación que necesitamos para llegar a ser la sociedad que queremos.

Los planes y estrategias presentados a lo largo de estas semanas representan un planteamiento de qué es importante para nosotros como sociedad: la equidad, la inclusión, la interculturalidad, el plurilingüismo, la investigación, la diversidad, la autonomía, el interés y la participación de las niñas, niños y jóvenes. ¿Qué queremos – o por lo menos qué afirmamos querer? Que todas y todos tengan oportunidades para aprender y desarrollarse integralmente para superar su contexto y poder ser partícipes del mundo a su alrededor.

Sin embargo, no podemos perder de vista los cómo. El currículum representa sólo una parte de nuestro proyecto educativo. También son fundamentales otros componentes:

*El aprendizaje profesional docente: Si no fortalecemos las capacidades de los principales agentes designados a promover el aprendizaje en las escuelas, no tendremos la educación que queremos. Preocupa que la estrategia menos desarrollada es aquella para el “fortalecimiento y transformación” de la formación inicial, y que aún no exista la de formación continua.

Hasta ahora, tenemos pocos detalles sobre cómo vamos a promover, por ejemplo, el desarrollo de docentes o directores incluyentes, con las disposiciones, habilidades y prácticas necesarias para atender la diversidad en sus aulas y escuelas.

*La participación social: Otro aspecto por aclarar es cómo se van a involucrar los aprendices mismos, sus familias, la comunidad y la sociedad. Las niñas, niños y jóvenes tienen por ley el derecho a participar en su propio proceso educativo, pero poco se ha mencionado cómo se va a garantizar esto en la práctica. No se especifica, por ejemplo, cuál será el papel de los estudiantes en la autonomía
curricular.

Tampoco se han desarrollado mecanismos consistentes y efectivos para la participación de la sociedad civil en la política educativa. Hay mucho por hacer para aterrizar la participación social y fortalecerla como factor impulsor en el proyecto educativo.

*La evaluación: Es necesario contar con instrumentos y procesos adecuados para monitorear la implementación de los planes y estrategias y hacer los ajustes necesarios para que progresemos como queremos.

Vemos algunos avances – un instrumento para evaluar el aprendizaje del inglés, por ejemplo -, pero todavía hay grandes pendientes: cumplir con la evaluación incluyente de los aprendizajes de los estudiantes, desarrollar evaluaciones de la oferta de formación docente inicial y continua, articular los perfiles e instrumentos utilizados como parte del Servicio Profesional Docente con el nuevo modelo educativo, y publicar las evaluaciones de los programas educativos (como Escuelas de Tiempo Completo o al CIEN), antes de escalarlos a todo el país.

* El gasto: Sin una inversión de recursos suficientes y en forma eficaz, difícilmente llegaremos a nuestros objetivos. Ejercicios como el censo educativo o la auditoría a la nómina docente ayudan a identificar y acabar con viejas prácticas que desviaban los recursos educativos. Hay que seguir en ese camino. Al mismo tiempo, falta transparentar – todavía no sabemos cuánto va a costar implementar el modelo o
cómo se gastan los recursos destinados para la educación en los estados – y asegurar la equidad en el uso de los recursos.

El nuevo modelo educativo – y sus múltiples estrategias y planes – sólo tendrán sentido en la medida en que cambian prácticas – en el aula, en la escuela y en el sistema, de l@s maestr@s, pero también de l@s funcionari@s y de nosotr@s mism@s. Y eso sólo pasará cuando ya no es “un programa de gobierno”, sino nuestro proyecto educativo social.

*La autora es directora de Investigación de Mexicanos Primero

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/hacia-un-proyecto-educativo-social.html

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