Lo simbólico es muy importante en nuestras vidas: nos expresamos por símbolos

Por: Manuel Menor.

Empezando por la facultad de hablar, que no es lo mismo que dar voces: “Sólo el hombre entre los animales –decía Aristóteles- posee la palabra”.

Tras la declaración de Carmen Forcadell en el Supremo se ha puesto el foco en lo “simbólico”. Lo que le oyó el juez Pablo Llarena el pasado día diez acerca del valor de la declaración del Parlament y del Govern, mostrando que era consciente de su nulo valor jurídico efectivo, sirvió para que las cautelas que le impuso fueran menores que las que en la Audiencia se habían ordenado para otros actores de este “procés”. Y, al tiempo, valió para imaginar una ligera distensión en el rumbo que había tomado todo lo relacionado con este engorro. Creer que fuera estrategia provisional o propósito firme en la vuelta a la legalidad constitucional, el futuro lo dirá. Entretanto, no debiera obviarse qué sea lo simbólico, algo cuya entidad está muy alejada de lo puramente etéreo y espiritual.

La violencia simbólica

La conocen muy bien las mujeres -mejor que la mayoría de los hombres- a causa de violencias que siguen sufriendo, incluso con la muerte, como documenta asiduamente la prensa. En estos casos, generalmente alguien del género masculino ha pretendido hacer prevalecer un dominio absoluto basado en unos supuestos derechos que le confirieran, sobre todo, supremacía. Casi siempre se trata de algún varón que cree sentirse obligado a ejercer de macho dominante ante situaciones de desacuerdo. Esta conducta suele estar asociada a pautas culturales de un entorno propicio a una jerarquización de roles opuestos al reconocimiento de derechos y libertades de los demás en igualdad.

En la práctica, se traduce en desatención y desprecio a los otros, sobre todo si concurren diferencias de cualquier tipo como pretexto de clasificación, dominio y violencia. Incluso en los supuestos espacios del conocimiento universitarios puede acontecer, Y en los no menos relevantes de carácter religioso, por chocante que pueda parecer a Monseñor Munilla. Tales hábitos demostrativos, con su secuela de sometimiento y humillación del más débil, suelen entrar por los poros desde antes de nacer, en  climas de poco afecto familiar; a muchos profesores y maestros ya les es dado verlos crecidos cuando tienen delante casos de bullying y ciberbullying.

Los sociólogos críticos como Pierre Bourdieu la tuvieron muy en cuenta cuando analizaron con minuciosidad de qué vaya La dominación masculina o, más propiamente, la violencia simbólica. Entre dominadores y dominados, es decir, en las relaciones de poder asimétricas, hay siempre valores implícitos, soterrados y subyacentes, que han predispuesto las mentalidades y los afectos para que parezca natural lo que solo es un hábito de imposición arbitraria de la fuerza. Favorecen esta violencia simbólica las diferencias de tipo fisiológico, físico, cultural, del color de la piel, la religión o la ley y, no menos, la lengua de nacimiento, las costumbres más nimias y las tradiciones que cada cual quiera arrogarse como distintivas, aunque casi nunca lo sean, pero que pueden valer para alardear y tratar de sostener la distinción.

En algunos de estos estudios, se aprecia bien cómo algunas culturas de lo simbólico puede ser tan dañinas y perversas como la pura violencia física. Están en su base generadora, son capaces de dominar las voluntades -sobre todo, desde la perspectiva de lo que está bien visto o mal visto por los demás del grupo- y van más allá de las puras leyes de la moralidad básica. Esta dependencia suele formar parte también de los mecanismos utilizados por distintos tipos de sectas para la adhesión de sus adeptos, y más próximamente, fundamenta no pocas leyes rectoras de la publicidad a fin de lograr nuestra fidelidad.

La única manera de sobreponerse a esta sibilina manera en que casi solo los científicos sensatos de la paleontología y antropología distinguen lo natural de lo cultural, es una buena y digna educación. Aristóteles ya reclamaba (Política, 8.1) su necesidad si se quería la unidad de la POLIS. Razonaba que el fin de toda ciudad es único y, por ello, “es evidente que necesariamente será única y la misma la educación de todos”; el “cuidado por ella ha de ser común y no privado -proseguía- pues el entrenamiento en los asuntos de la comunidad ha de ser comunitario. Ninguno de los ciudadanos se pertenece a sí mismo, sino todos a la ciudad”. A quien le parezca exagerado, entienda que la pugna por los Derechos Humanos y Sociales es hoy inexcusable en la continuidad de esa política humanizadora. Si no se quiere que la pasividad domine -que es lo que todo poder hegemónico anhela de continuo-, ese referente orientador de la educación y cultura es el único modo de alentar el crecimiento humano. La ignorancia desarma las posibilidades de resistencia y facilita el trabajo a la fuerza bruta. El propio Aristóteles sostenía que “cada régimen suele preservar su constitución política originaria”. Es propio del régimen oligárquico tratar de preservarse, y no todo es democracia porque lleve ese nombre.

Pero en Educación también suele darse gato por liebre. Por eso los más críticos alertaron acerca de cómo es a menudo muestra de la violencia simbólica. Un topos socorrido en los estudios de los años setenta acerca del sistema educativo en EEUU o en Francia –que todavía hoy sirven de referencia-, fue el de la “reproducción” que, desde diferenciales oportunidades  para los estudios y la cultura, sitúa a los herederos de unos u otros grupos en posiciones bien diferenciadas. Los estudiosos de la equidad educativa, como José Saturnino, nos han hecho recordarlo reiteradas veces cuando, por ejemplo, hablan del capital cultural diferencial de partida y que a muchos les distanciará siempre. Los profesores que investigan lo que sucede en sus aulas conocen mejor que nadie esas distancias iniciales en algo tan básico y simbólico como el uso del lenguaje. El manejo  que muestran los alumnos de su riqueza de significados y complejidad de matices, puede marcar distancias de más del 50%. Con los ritmos burocráticos de la escolarización, si no se atiende a ese diferencial inicial, la mecánica aplicación homogénea del sistema hará que aumente y se haga insalvable.

¡Cuidado con lo simbólico!

Existe, pues, una leve variante de lo “simbólico”. Complementa lo anterior y se refiere más a lo metafórico, alusivo a otra realidad. En este aspecto, el sistema educativo expresaría –simbolizaría- el valor que le confiere una determinada sociedad. Por ello reclama atención cuidadosa si se quiere que las políticas educativas expresen el lado más positivo del ser humano, sus aspiraciones más dignificadoras en igualdad democrática. De no ser así, el retrato que refleja, lejos de ser indiferente, mostrará las violencias que impregnan el tejido social. ¡Cuidado con lo simbólico, porque su realismo expresivo es pródigo en contradicciones de nuestras políticas educativas! Si tan alta es la consideración verbal que suelen dedicarle las instancias oficiales a la educación, no se entienden, por ejemplo, gran parte de los mecanismos normativos existentes, encaminados a sostener inmóviles las asimetrías de base del alumnado. Serán legales, pero no es la mejor formulación que debiera tener el art. 27 de la Constitución a día de hoy.

Menos se entiende que a Montoro le haya parecido inaceptable la inversión del Ayuntamiento madrileño en el SAMUR o en escuelas infantiles. Lo que la Constitución establece respecto al derecho universal a la educación estaría mejor protegido si exigiera a Cifuentes o a sus compañeros de Gobierno los cumplimientos básicos que, más allá de la escolarización, conlleva una enseñanza digna en igualdad para todos. En línea con lo que preconizaba Aristóteles, la construcción de sociedades democráticas más justas y equitativas requiere establecer fuertes vínculos entre educación y ciudadanía que no olviden la existencia de connotaciones socioeconómicas y políticas, amén de herencias históricas  conformadoras de esos hábitos culturales profundamente limitadores cuando son portadores de aquella violencia simbólica de que se hablaba más arriba. En ese punto de confluencia de lo invisible simbólico con la visibilidad de actitudes reales que encuentran cobijo en el BOE y en otros Boletines oficiales, cobran especial relevancia  las múltiples razones que Jurjo Torres señalaba en 2006 para explicar la desmotivación del profesorado escolar y que, en buena medida, están también en la de muchos alumnos. Los lazos de las culturas escolares con la sociedad no son tan distintos de los que subyacen a los hábitos que de continuo se renuevan en el pluriforme juego de las relaciones humanas.

En consecuencia, aun suponiendo que la alusión de Forcadell valiera de poco, en la cuestión catalana lo simbólico está urgido de otros gestos políticos en que el realismo y las renuncias se encaucen al mejor fin. También es un buen pretexto para observar en qué medida las simbologías expresadas en la LOMCE como norma estrella, defienden bien la obligación del Estado de promover la universalización del derecho a la Educación sin desdoro de lo que signifique hoy que sea igualmente digna para todos. Como complemento -nada simbólico de ese análisis-, ahí está el modelo Cifuentes –continuidad del modelo Aguirre-Fígar- manteniendo en precario a la enseñanza pública mientras apunta 1000 millones para la privada y concertada en los presupuestos del año próximo.

Y por si hubiera dudas acerca de que lo simbólico y lo real no se entrecruzan,  el nuevo giro que está tomando el supuesto pacto “político” –que no social- de la Subcomisión parlamentaria es un buen paradigma. Los urgidos por adivinar la buena ventura que de ahí vaya a salir,  pronto podrán advertir cómo algunas de las más significativas diferencias simbólicas y reales –vigentes en el sistema educativo de este país-  siguen vivas. ¡A dónde iríamos a parar, si no!

Fuente del artículo: http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/simbolico-muy-importante-nuestras-vidas-nos-expresamos-simbolos/20171113231750105995.html

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La confesionalidad educativa sigue en España criterios del siglo XIX

Por: Mundiario

La presencia que le garantiza la LOMCE, en continuidad de un pasado privilegiado, no garantiza un  presente educativo mejor, de calidad compartida por todos.

Estábamos en los inicios de la Transición aquel 15.06.1977 y, con la Constitución sin aprobar, votamos libremente. Poco después, ya aprobada la Carta Magna, UCD decidió por Ley de 03.10.1979 y por una secuencia de resoluciones de la Dirección General de Enseñanzas Medias hasta el 24.10.1981, introducir su conocimiento en los Institutos.

A partir de un listado de aspectos principales, los profesores habían de formular el modo que debería tener en el aula. Al inicio  del curso 81-82 los más voluntariosos se animaron a explicar a sus compañeros de Historia la secuencia que entendían procedente, Fue de ver cómo, al alto grado de improvisación, le sobrevinieron las sorpresas. Como que, después del capítulo de libertades y derechos, y de la secuencia de Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, propusieran que, para entender bien la Constitución de 1978, habrían de tratarse “los poderes fácticos”, es decir, la Iglesia y del Ejército.

Pero lo más sorprendente fue que, cuando un docente protestó por entender que en ninguna parte de la Constitución existía tal capítulo, contradictorio con el recién estrenado ordenamiento democrático, otro colega replicara muy airado diciendo: “Ya estamos aquí con la ideología”.

Acerca de “lo fáctico”

Vista desde ahora, 40 años después, esa anécdota no lo es tanto. Mostraba, de fijo, ignorancia de historia constitucional adobada de engrudo fascista, pero, al tiempo, cuando todavía el asalto al Congreso no había tenido lugar, revelaba profunda desconfianza hacia quienes habían detentado tan inmenso poder. En la distancia de estos 40 años, todavía cabe preguntarse en qué medida lo de “fácticos” haya quedado atrás. La transformación del Ejército parece, en general, aceptable por más que su capítulo presupuestario merezca más transparencia. Mas dudoso es, y más contradictorio, que no sea “fáctico” el papel que la Iglesia oficial pretende seguir queriendo ejercer.

Sucede como con el calor: que se habla demasiado del tiempo cuando estamos ante un cambio climático. El apaño hermenéutico que el Tribunal Constitucional se ha esmerado en buscarle al “aconfesionalismo” del art. 16.3 de la Constitución de 1978, se compadece mal con el partido que le saca la Iglesia a su relación con el Estado aunque la creencia religiosa sea otra. Con lo que percibe, a cualquier observador imparcial le costará entender la diferencia de trato que habría tenido si el antónimo “confesional” figurara en ese rango normativo.

El deslizamiento  semántico que percibirá violenta la sintaxis y, sobre todo, la economía de los bienes públicos. La simple atención a lo que sucede en Educación, fuente de abundantes recursos,  permite medir el lapso significativo que pueda haber entre ambos términos y, colateralmente, si la Iglesia sigue siendo poder “fáctico” bajo esta  “aconfesionalidad positiva” en sus pretensiones de amoldar esta sociedad actual según la imagen de su fe.

El sistema educativo español tiene dos aspectos de complementario interés al respecto. Lo que los eclesiásticos reciben por la enseñanza de la Religión en los centros públicos se añade a las cantidades que ingresa por ser titulares de centros concertados. En cuanto a lo primero, cuyo recorrido viene de antes de 1851, es un continuismo poco acorde con la pluralidad democrática. De ahí el título de un buen libro de Antonio Viñao: Religión en las aulas: Una materia controvertida (Morata, 2014).

En cuanto a lo segundo, la continuidad de los privilegios del pasado –y particularmente de la etapa franquista-  se contradice con una enseñanza pública urgida de recursos para atender mejor a sus estudiantes. Razonar que crezca  a cuenta de un pasado inexplicado y descontextualizado, tiene el inconveniente de que expande un código de conducta puramente imaginativo, inútil para afrontar este presente. Y más cuando, desde 2012, la disparidad de recursos ha sido a la inversa del número de colegiales en ambas vías del sistema.

Pretender que se alargue esta situación dispar es tratar de hacer normal  la amplia cobertura legal que el artc. 27 de la Constitución proporciona a la actividad eclesiástica en el sistema y, complementariamente, lo acordado con la Santa Sede en tiempos del democristiano Marcelino Oreja entre 1976 y 1979. Muy “fáctico” es que, en concordancia, Hacienda revise cada año, desde 2006, las cantidades que signan voluntariamente los ciudadanos en su declaración  del IRPF.

Esta vía de recursos del Estado -que sólo firma un 35% de declarantes- aporta unos 250 millones de € a la Iglesia; complementan los estipendios que percibe de sus fieles, y se añaden a diferentes exenciones y subvenciones de los ministerios, autonomías y ayuntamientos. En total,  y al margen de sus específicas actividades cultuales, los recursos públicos que extrae la Iglesia del Estado para sus actividades particulares rondan, según algunas estimaciones, los 11.000 millones de € anuales. A conciertos educativos corresponden –de “facto”- unos 5.010, de los que 600 sostienen las clases de Religión y otros 10 atienden a Seminarios menores.

Modernidad

A estas alturas, este peculiar “aconfesionalismo” económico o su posible variación  no son cuestiones de sagaz “clericalismo” o “anticlericalismo”. Ese enfoque apologético, con negativa carga melodramática añadida, está muy pasado. Sin contextualizar cómo esos ingredientes trufaron en el siglo XIX la pelea por la prepotencia sociopolítica, pretende un relato ahistórico ingenuo, que no explica la muy conflictiva y lenta transición a la modernización del Estado, ni cómo propició el Concordato de 1851 o la presencia episcopal en los debates parlamentarios. Tampoco aclara cómo condicionó la gran pugna del primer tercio del siglo XX en  que el mundo “clerical” salió victorioso tras la Guerra de 1936.

Y menos explica cómo aquel espíritu de “cruzada” impuso su patriarcal criterio “clerical” en lo educativo y cultural prácticamente hasta 1982.  Salvo que se recurra al providencialismo explicativo –antihistórico y azaroso- no se esclarece cómo en 1980 logró aprobar la LOECE, con una gestión peculiar e  idearios de colegios privados amoldados a sus intereses pese a las “subvenciones” que recibía del erario público. Otras tendrán que ser también las justificaciones de las añoranzas de cuando los tiempos eran otros, expresadas en la continuada oposición de las variadas organizaciones eclesiásticas a la LODE (1985) y a la LOGSE (1990) o a la propia LOE (2006), leyes donde puede seguirse la huella de sus protestas.

La dicotomía clericalismo/anticlericalismo tampoco dilucida, en fin, el activismo de 2005 -cuando varios obispos protestaron en la calle- ni el estatus logrado en la LOMCE (2013) para la Religión y la preeminente  “iniciativa social” –frente a la pública- para abrir colegios. A esa descontentadiza actitud permanente, siempre anhelante de presencia absoluta, ocupada en acrecentar su paternalismo social a cuenta de limosnear de lo público, puede llamársele “clericalismo”.  Aunque en el mundo liberal de los negocios temporales, en casos similares suelan usarse locuciones afines al monopolio.

En ese desinhibido ahínco por tejer redes de poder cultivando a grupos influyentes y dominio legal, se generan argumentos de novela negra, pero no existe ahí el “anticlericalismo” de estilo antiguo. Contarlo así es un resabio de poder “fáctico” frente a enemigos imaginarios. Que haya eclesiásticos que se apañan muy bien en ese mullido mundo no hace indispensable que la laicidad necesite voluntades concertadas o contubernios “anticlericales”. Más inteligente sería admitir -puesto que estamos en democracia- la necesidad de que existan ciudadanos interesados en la habilidosa voluntad de apostolado en educación de la Conferencia Episcopal (CEE).

Para una institución que pretende acreditarse por su atención a lo social -que sólo da a Cáritas un 2% de lo que percibe por el IRPF– debiera ser habitual justificar su particular acción pastoral -o, según a quien se dirijan, de “servicio”, “caridad”, ”solidaridad” y “acción social”- sin recurrir a los recursos públicos o, en caso de concesiones específicas, facilitando que el Estado pueda evaluar cómo hayan sido aplicados, pues tiene obligación de atender equitativamente y sin privilegios a todos sus ciudadanos.

En otro tiempo, se dio a entender que esto, por la simbiosis “fáctica” existente, no era relevante. Entre innumerables fetichismos mágicos, casi todos los españoles decían ser católicos y se ajustaban a lo que la Iglesia había oficializado en las costumbres. Pero sin que mediara ningún decreto, ambas realidades difieren mucho. En estos 40 años ha aumentado los que no se sienten católicos -como atestiguan las encuestas del CIS– y, en paralelo, creció la sensibilidad hacia la obligación del Estado –“aconfesional”- en preservar que la diferencial perspectiva de cada cual, religiosa o no, quede a salvo.

Todos los ciudadanos han de poder pensar, expresarse y actuar como entiendan, sin que ello sirva de pretexto discriminatorio que perjudique su expectativa de vida. Por tanto, proporcionar recursos sociales ha de seguir igual criterio en lo tocante al erario público.

Frente a esta democratizadora dinámica social, “cruzadas” y “misiones” ha habido, sobre todo en la etapa de Juan Pablo II y con  Rouco Varela al frente de la CEE, que depositaron expectativas restauradoras en neoclericales movimientos elitistas y herméticos más allá incluso del Opus Dei, como Legionarios de Cristo, Camino Neocatumenal, Renovación Carismática o Comunión y Liberación. El circuito católico de la educación, coordinado desde la Comisión Episcopal de Enseñanza, contabiliza ya 2.449 centros concertados y 15 universidades.

Su objetivo  privatizador dentro del sistema educativo español ha instrumentado su “acción social” –frente a la enseñanza pública que el Estado tiene obligación de gestionar bien- mediante la FERE, el Foro de la Familia, COFAPA, CECE, CONCAPA, EyG, “Libertad de enseñanza”, “Educación y Evangelio”, AESECE, otras organizaciones menores y empresas de carácter editorial como Edelvives, Edebé o SM,  las cuales aparentan la difuminación del cártel educativo logrado en estos 40 años.   Su amplia cobertura publicitaria  en medios como La Razón, ABC, 13TV y la COPE, amén de digitales de diverso alcance neoliberal,  no logra traspasar, sin embargo, el círculo de adeptos que tienden a reproducir “Escuelas católicas” o Universidades como la de Murcia o Pamplona. El afán de notoriedad, buenas relaciones y demostración social es una  línea de emprendimiento y negocio.

Pero no es procedente –en democracia y menos cuando la crisis ha puesto en cuestión este modelo- que los otros ciudadanos deban financiarla con recursos públicos. La caridad episcopal a coste cero no existe y habrá de demostrarse que las electivas afinidades de sus movimientos con los intereses del IBEX-35 o los manejos del partido más conservador, son muy beneficiosas para el común de la ciudadanía.

La búsqueda de estos mecenazgos y alianzas de la Iglesia desde el siglo IV d.C. tiene su lado oscuro. Después de tantos siglos, su gestión “confesional” de la temporalidad debiera haber beneficiado -sin cortapisas al conocimiento- a toda la población. Continuarla ahora con un “aconfesionalismo” opaco, indistinguible de aquel largo “confesionalismo”, es difícilmente sostenible. La diversa presencia estratégica de la Religión en la educación prolonga una conflictividad fronteriza incesante desde que, en 1789, perdió el enorme poder anterior. En Francia, claro, porque los españoles volvimos a revivirlo mucho entre 1936-1978, como si los derechos sociales no debieran existir y la caridad suplicante hubiera de suplirlos.

En Francia, de todos modos, la ley que independizó las relaciones de Estado e Iglesia es de 1905, como cuenta Fernando Álvarez-Uría en la “Introducción” a una reedición reciente de Halbwachs, M., Acerca del sentimiento religioso en Durkhem (Dado, 2017). Aquí, los Concordatos de 1851 y 1953 prolongaron aquel conflicto de intereses casi hasta hoy, en que la Constitución de 1978 -en combinación con los Acuerdos de 1979- solapa, bajo un supuesto “aconfesionalismo positivo”, la consolidación política del Estado Vaticano dentro de España.

Transparencia

Quienes pretextan resentimiento olvidan que el rencor al inevitable pasado no facilita un presente de dignidad y justicia. Favorece en cambio la esquizofrenia creer que el Cielo autoriza a algunos que amarguen a todos la vida en la Tierra. Crédulos de su omnisciencia, estos círculos eclesiásticos suelen caer en la confusión que, por razones que Bourdieu dejó estudiadas, no les deja distinguir -a conveniencia- entre el propter quem y el post quem, como si la causalidad fuera una mera continuidad temporal. De proseguir en el acomodado “aconfesionalismo” sobrevenido de que disfrutan les hará cada vez mas insociables. La alucinación política les hará ver que, por ejemplo, todos han de comulgar con su “libertad de elección de centro”, tan transparente que el gasto público ha bajado un 12% entre 2009 y 2012, mientras el de los conciertos educativos  -donde los colegios católicos son mayoría- no ha parado de crecer  privilegiando a casi el 30% de escolares.

Por otro lado, hacer creer que la situación de 2017 es como hace 40 años o anterior burla igualmente toda libertad y equidad democráticas. No sería la primera vez que confunden el propter quem con el mero post quem, pero las oportunistas posiciones de la jerarquía eclesiástica española, por melifluas que se presenten, no permiten olvidar que, a menudo, han sido intransigentes y ajenas a lo que muchos de sus fieles han vivido.

Historiadores como Willian J. Callahan lo han explicado luce meridiana y, para los últimos tiempos, merece la pena  leer a Ángel Luis López Villaverde: El poder de la Iglesia en la España Contemporánea: La llave de las almas y de las aulas (Catarata, 2013). En todo caso, ni el pasado se enmienda con “impactos”  tan epidérmicos como los que pretende alguna Memoria reciente, ni las supremacías de antaño son las de hogaño. Aquel pasado de prepotencia resiste ahora mal un complicado proceso interno de mutación, más difícil cuando la secularización es creciente.

Para un “pacto educativo” consistente no es buena noticia una CEE orgullosa de un pasado lleno de agujeros de los que no se siente responsable, olvidadiza de su presente sociorreligioso y hostil hacia quienes no compartan sus concepciones del mundo.

Sería una situación excelente, sin embargo, para la humilde coherencia. En Educación, olvidando reminiscentes privilegios como el de la catequesis doctrinal en el currículum: aferrarse a que, en horario escolar, lo faculta la legislación “aconfesional” no se ajusta a la Convención de los Derechos del Niño. O negándose a  la separación de niños y niñas en las aulas y mostrando que no es problema para nadie tener recursos económicos para poder estudiar en sus colegios.

Si con el ejercicio astuto de la presión y el intrigante cabildeo pierde crédito esta modalidad de presunta evangelización, gana puntos si derrocha empeño en zonas rurales, ante la niñez más abandonada o en los barrios humildes, como hizo el cura Millán Santos (+2010) en el barrio de Las Delicias (Valladolid).  Justo lo contrario de exigir al Estado conciertos para atender niños bien cuando en el último Informe de UNICEF  -que reafirma a Cáritas- abundan los pretextos para impulsar sus efectivos vocacionales hacia donde se necesitan.  Un designio educador que pretenda erradicar la pobreza y sus consecuencias es ininteligible que se empeñe en hacer pasar por democrático querer fidelizar a unos pocos –favorecidos- a cuenta del escaso dinero de todos.

En democracia, el inexplicado pretexto teocrático no puede suplantar a la Educación pública erosionando sus recursos. Esa pretensión de puro favoritismo, en cristiano desprecia la moral. Salvo que el P. Arregui se equivocara diciendo, en 1961, que “el monopolio, sobre todo de las cosas necesarias, fácilmente lesiona la caridad”, razón histórica de esa “pastoral”.

¿Conversión?

Los itinerarios educativos para selectos, parciales per se, no necesitan para su “libertad de elección” el recurso a los PGE (Presupuestos Generales del Estado) ni el auxilio de la CEE. La obligación del Estado es con todos, para que la educación sea un instrumento de conocimiento y de posible ascenso social, de cohesión moral y cívica de toda la ciudadanía. A esto ha de orientarse el propter quem o las razones de la acción educativa eclesiástica si no quiere ser una mera empresa de servicios.

Si quiere estar con su “pueblo de Dios”, el aggiornamento de Juan XXIII y su Concilio Vaticano II en los primeros sesenta fueron una auténtica novedad. Hoy, en el post quem de aquella historia esperanzada para muchos, que esas actividades se amparen en interpretaciones laxas de “aconfesionalismo” o en el puro marketing es cada vez más increíble.  Cuando en estos últimos 40 años ha pasado de todo, mejor será abandonar el tozudo cultivo de esos lastres de “lo fáctico” que seguir perdiendo credibilidad.

Fuente: http://www.mundiario.com/articulo/cultura/confesionalidad-educativa-sigue-espana-criterios-siglo-xix/20170622132953092738.html

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La solución está en la democracia y en la educación

Por: Mundiario

La democracia genuina brilla por su ausencia. Pretenden basarla exclusivamente en las urnas en lugar de hacerlo en los valores éticos esenciales de la igual dignidad de todos los seres humanos, la justicia, la libertad y la solidaridad.

Se había advertido por numerosos “vigías” y desde múltiples ángulos de observación que una unión sólo basada en el dinero y en el poder excesivo del “mercado”, sin balizas éticas, desembocaría en el fracaso más estruendoso. No fueron capaces de alcanzar más unión que la monetaria cuando debía ser una unión política, económica, cultural y social. Quienes soñaban con la Europa unida por “principios democráticos” –como establece el preámbulo de la Constitución de la UNESCO- se han visto defraudados. Quienes, como Robert Schumann y Jean Monnet en 1949, proclamaron que “hay que inventar Europa”, no han sido tenidos en cuenta por los políticos del siglo XXI, incapaces de contener el aluvión dinerario.

¡La excelente Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea!, aprobada en el año 2000, ha sido relegada por los gobernantes y parlamentarios actuales, en lugar de situarla como eje fundamental de sus brújulas, de sus “hojas de ruta”.

Y así, nos hallamos inermes ante unos hechos socialmente intolerables –el Informe de OXFAM-INTERMON sobre la concentración del poder financiero en muy pocas manos es desolador- y con inadmisibles -e inimaginables, en el caso de España- muestras de insolidaridad y, lo que es más angustioso todavía, con rebrotes de racismo, fobias y fanatismo. La solución está en la democracia y en la educación. La democracia genuina brilla por su ausencia. Pretenden basarla exclusivamente en las urnas en lugar de hacerlo en los valores éticos esenciales de la igual dignidad de todos los seres humanos, la justicia, la libertad y la solidaridad. Así lo propusimos hace ya algún tiempo en un proyecto de Declaración que abarca la democracia ética, social, política, económica, cultural e internacional.

La educación –para forjar ciudadanos del mundo “libres y responsables”- debe estar orientada para “ser” y no para “tener”. Ser plenamente para ejercer sin cortapisas las facultades distintivas de la especie humana: reflexionar, imaginar, innovar, ¡crear! Y actuar en virtud de las propias decisiones y nunca más al dictado de nadie ni de dogma alguno.

La tecnología digital debe hallarse al servicio de los seres humanos y no al contrario.

Sí: cada ser humano libre y responsable, capaz de crear y de llevar en sus manos las riendas de su destino, nuestra esperanza. La única esperanza para esclarecer horizontes hoy tan sombríos.

Fuente: http://www.mundiario.com/articulo/politica/solucion-democracia-educacion/20170305024456081214.html

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Afganistán lucha en silencio por la libertad y la igualdad

Por: Mundiario

El empoderamiento de la mujer requiere, como etapa previa, lenta y compleja, el fortalecimiento del Gobierno, su auténtica democratización y una educación de calidad.

Afganistán, con una población de 28 millones de habitantes según datos de 20091, adolece de una compleja y delicada situación socio-económica y política que lo ha situado en el puesto 171, según el informe del Índice de Desarrollo Humano publicado por PNUD en 2015, encasillando su índice de desarrollo humano entre los más bajos.

El recrudecimiento de la guerra, iniciada desde hace más de 30 años, y cuyas víctimas mortales se calculan en 10.000 en 20142, la depresión que la misma ha producido en la sociedad afgana, la pobreza que afecta al 40% de la población3, la corrupción y la impunidad, el aumento desmesurado de los actos de violencia, que llegó en 2014 al 22%4, dibujan un oscuro horizonte y explican los muy altos casos de suicidio (860% desde 2012 hasta agosto de 2016) estimados en 11.571 solo en 2016 (casi 31 personas al día), y llevados a cabo por mujeres en su mayoría (como veremos más adelante), cifra que supera las bajas civiles provocadas por la guerra5.

Afganistán, pese a ser un país rico en petróleo y gas (que lamentablemente son explotados por intereses postcoloniales) está sufriendo una aguda crisis económica. La caída del régimen de Talibán en 2001 parece que no ha mejorado el país, como se sostiene en un documental realizado en el mismo por “National Geographic Abu Dabai”6.

El objetivo que se persigue en el presente trabajo, es abordar la situación del país desde un punto de vista analítico, a la luz de los índices de desarrollo humano publicados por PNUD en 2015.

El bajo Índice de Desarrollo Humano (en adelante, IDH) en Afganistán (0,465) es debido a varios factores socio-económicos, así como al grado de transparencia de las instituciones estatales. El reparto inequitativo y desigual de las riquezas y la corrupción hicieron que el IDH perdiera 31,4, retrocediendo a 0,319.

Para explicar mejor el IDH, nos centraremos en los tres criterios principales para medirlo: los ingresos per cápita, la salud y la educación. Hecho esto, pasaremos al tema de género.

Como lo hemos indicado anteriormente, los ciudadanos viven con 1,45 dólares al día, y uno de cada tres vive en pobreza absoluta. La violencia y la inestabilidad del país a causa de la guerra, como lo hemos indicado anteriormente con datos estadísticos, tuvieron como consecuencia la inflación y la extensión de la pobreza.

Los ciudadanos recurren a las dos principales fuentes de ingresos para salir de la pobreza: la droga, que constituye en torno al 60% de la economía afgana, dado que el país es productor del 93% del opio del mundo, y la agricultura, de la que dependen 9 de cada 10 afganos7. La industria de la droga produjo graves daños en la salud de los afganos, a la que recurren algunos para “aliviarse” de los efectos psicológicos que la guerra les causó, al ser asesinados algunos o todos los miembros de su familia8.

Solo el 24% de los afganos tiene acceso a agua potable9, y solo 4 de cada 10 cuentan con servicios básicos de salud. Asimismo, mueren 152 niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos, tasa que se estima la tercera peor del mundo, y casi uno de cada cinco niños muere antes de cumplir los cinco años de edad10. En cuanto a la tasa de mortalidad materna, el país ha registrado la más alta del mundo según datos del 30 de marzo de 201011. Todos estos alarmantes indicadores en términos de salud, que es uno de los criterios más importantes de bienestar social, explican el por qué la esperanza de vida en Afganistán alcanza tan solo 44 años según datos de 200912.

Otro indicador del bajo desarrollo humano en Afganistán, es el referido a la educación, altamente peor por un pensamiento extremista contrario a la educación de las mujeres (dicho pensamiento es a nivel ciudadano, no gubernamental, como veremos más adelante).

El 95% de las niñas no terminan la enseñanza secundaria, y el 85% de mujeres son analfabetas frente al 50% de tasa masculina13. Además, de las 13000 estudiantes matriculadas en los grados 8° y 9° del curso escolar 2015-2016, solo 650 consiguieron graduarse, según datos del Gobierno afgano14. Entre los argumentos esgrimidos acerca de estas preocupantes cifras, podemos señalar, en primer lugar, la situación misma del país, que sobrevive en medio de la guerra, y lo que ésta supone de destrucción y deterioro de la capacidad productiva del país, tanto en educación como en salud y agricultura; en segundo lugar, es de subrayar un pensamiento androcéntrico radical, heredado de prácticas ancestrales y/o que es propio de una forma de razonar inspirada en juicios personales sin ninguna solidez argumental, o en una visión masculinizada de la realidad que se remonta a tiempos remotos, al ver que la educación es exclusivamente para hombres, o que la participación femenina en la sociedad podría llevar al deterioro moral. En este caso, la única forma de mejorar la situación de la mujer, es educar a los niños y familiarizarlos con la igualdad, la solidaridad y el respeto mutuo, creando programas educativos que incluyan al elemento femenino como actor de participación sine qua non en la sociedad.

La violencia machista en el país asiático no se queda solamente en el plano familiar, sino que se extiende más allá del mismo. Hay un grupo de presión extremista que ha llevado a cabo sucesivos ataques con gas contra escuelas de niñas, en represalia contra el apoyo gubernamental a la educación femenina. Decenas de niñas fueron hospitalizadas, otras amenazadas con ácido en la cara, y los docentes recibieron amenazas de muerte15. Como consecuencia de todo ello, desde enero hasta septiembre de 2016, alrededor de 210 escuelas han sido cerradas y unas 20.500 niñas han abandonado la escuela, según datos de ONU16.

Subyacen otras razones detrás del fracaso escolar, siendo una de las principales el trabajo infantil, que afecta al 26% de los 14 millones de niños en edad escolar, al que se le agrega, evidentemente, la pobreza17.

Los datos estadísticos sobre el deficiente acceso a la electricidad (que cubre tan solo el 7% de la población)18, el agua (que cubre tan solo el 24% de la población)19, la educación (accesible solo al 50% de hombres y al 15% de mujeres)20, y los indicadores de pobreza (1 de cada 3 vive en pobreza absoluta)21 y la salud (solo 4 de cada 10 cuentan con servicios básicos de salud)22, nos demuestran hasta qué punto los 35000 dólares inyectados en el país por la comunidad internacional entre 2002 y 2009, no se ha visto reflejado en la vida de los afganos/as, debido a que dichos fondos fueron destinados fundamentalmente al mantenimiento de la seguridad en la zona23.

Pasemos ahora a tratar el tema de género en Afganistán. El país ocupa el puesto 152 de un total de 188 países que aparecen en el Informe de IDH de 2015, con un índice de desigualdad estimado en 0,693. Además, según datos de Naciones Unidas y de la Asociación Revolucionaria de Mujeres en Afganistán, el 60% de las mujeres son obligadas a contraer matrimonio antes de los 18 años24, y el 57% de las niñas son obligadas a hacerlo antes de cumplir 16 años25; asimismo, el 80% es víctima de violencia doméstica26. A esto se le suman otras lacras sociales, como los abusos sexuales que, junto con los matrimonios forzosos, son considerados la causa principal de los suicidios registrados en el país, según un informe de 2014 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)27.El país cuenta con el 25% de las diputadas de un tal de 64 diputados28; no obstante, esta reducida representación femenina sufre restricciones y amenazas por sus discursos en pro de los derechos de la mujer. Por citar solo un ejemplo, Malalai Joya, una de las diputadas del Parlamento, fue expulsada por sus reivindicaciones feministas, aun cuando la ley no contempla la posibilidad de expulsar a nadie del Parlamento. Pese a las amenazas de muerte que ha recibido y los atentados fracasados que ha sufrido, se resolvió no abandonar el país, y cumplir con su trabajo en la clandestinidad.

Otro dato a destacar al respecto es el que han confirmado algunas ONGs, al dar a conocer que la participación femenina en las elecciones del 20 de agosto de 2016, ha llegado a cero en algunas regiones del sur29. Por su parte, la ONU arroja una cifra del solo 5% de los casos de violencia machista que acaban en un tribunal, pese a que el Gobierno afgano ratificó en 2003 la convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de Género (CEDAW)30. La razón hay que buscarla, por tanto, en el miedo de la víctima a denunciar, a raíz principalmente del miedo a caer en la más absoluta pobreza, ya que muchas dependen económicamente de sus maridos. A continuación, presentamos una comparativa entre Sudáfrica (IDH medio), México (IDH alto) y el país que aquí nos ocupa (desarrollo humano bajo), según los indicadores de desarrollo humano aportados por PNUD en 2015.

Finalmente, me gustaría señalar que a pesar de estos preocupantes indicadores, la sociedad afgana se ha ido mejorando poco a poco en el ámbito de los derechos humanos y en materia de igualdad de género. Las mujeres afganas van ocupando poco a poco cargos en el Parlamento, desde donde pueden defender sus derechos y la igualdad de género, pese a las amenazas que reciben; también es de destacar la presencia femenina en sectores vitales de la economía afgana.

El análisis de los aspectos desarrollados en el presente trabajo, me ha llevado a una serie de conclusiones que puedo desglosar a continuación:

> El bajo IDH (medido a base de la calidad de educación, la salud, así como los ingresos per cápita), no es debido a una única razón, sino a la confluencia de varios factores, tales como la violencia, la guerra, la distribución desigual de los ingresos económicos, etc.

> Dicha violencia y la inseguridad hace difícil la prosperidad del país y la protección de los derechos humanos, sobre todo los de las mujeres.

> El empoderamiento de la mujer requiere, como etapa previa, lenta y compleja, el fortalecimiento del Gobierno, su auténtica democratización, y una educación de calidad.

Las potencias internacionales deben dejar de explotar los recursos naturales de los países no desarrollados. De la decadencia de éstos ha podido prosperar la economía de los más desarrollados.

1     “Sobreviviendo     en     Afganistán”,      BBC,      09       de     agosto      de      2009,      disponible en <http://www.bbc.com/mundo/internacional/2009/08/090723_vida_afganistan_jp.shtml>(Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2016)

  1. “La continua violencia en Afganistán condena a la población a la pobreza”, El Economista, 09 de febrero de 2015, disponible en <http://ecodiario.eleconomista.es/oriente-medio/noticias/6460347/02/15/El-CICR-denuncia-que-la-continua-violencia-en-Afganistan-condena-a-la-poblacion-a-la-pobreza.html> (Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2016)
  2. Un 40% de la población afgana vive con menos de 1,45 dólares al día. Véase al respecto: “Gani pide apoyo para que Afganistán supere los retos de pobreza y terrorismo”, El Día, 05 de octubre de 2016, disponible en <http://eldia.es/agencias/8892646-CONFERENCIA-AFGANIST-N-Gani-pide-apoyo-Afganistan-supere-retos-pobreza-terrorismo> (Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2016). Además, 1 de cada 3 afganos vive en pobreza extrema. Véase al respecto: “Un informe de la ONU revela como la corrupción en Afganistán agrava la pobreza”, El Día, 30 de marzo de 2010

7 Op., cit.,<http://www.bbc.com/mundo/internacional/2009/08/090723_vida_afganistan_jp.shtml>(Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2016)

<https://www.youtube.com/watch?v=VgopSihB7fY>

  1. “Un informe de la ONU revela como la corrupción en Afganistán agrava la pobreza”, El Día, 30 de marzo de 2010, disponible en <http://web.eldia.es/sociedad/2010-03-30/14-informe-ONU-revela-como-corrupcion-Afganistan-agrava-pobreza.htm> (Fecha de consulta: 29 de diciembre de 2016)
  2. Op. Cit.,<http://www.bbc.com/mundo/internacional/2009/08/090723_vida_afganistan_jp.shtml>(Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2016)
  3. “Un informe de la ONU revela como la corrupción en Afganistán agrava la pobreza”, El Día, 30 de marzo de 2010, disponible en <http://web.eldia.es/sociedad/2010-03-30/14-informe-ONU-revela-como-corrupcion-Afganistan-agrava-pobreza.htm> (Fecha de consulta: 29 de diciembre de 2016)
  4. Op., cit.<http://www.bbc.com/mundo/internacional/2009/08/090723_vida_afganistan_jp.shtml>(Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2016)
  5. “Afganistán se olvida de las mujeres”, El País, 24 de agosto de 2009, disponible en<http://elpais.com/diario/2009/08/24/internacional/1251064801_850215.html> (Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2016)​
  1. “Las niñas de Afganistán que se visten como niños para poder estudiar”, El Mundo, 14 de junio de 2016, disponible en<http://www.elmundo.es/sociedad/2016/06/14/575eab9922601d0f768b4596.html> (Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2016)
  2. “Ataque talibán contra escolares afganas”, El País, 26 de abril de 2010, disponible en<http://elpais.com/diario/2010/04/26/sociedad/1272232806_850215.html> (Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2016).
  3. “Mujeres y niñas afganas, las grandes olvidadas del conflicto”, El Mundo, 25 de noviembre de 2015, disponible en <http://www.elmundo.es/sociedad/2015/11/25/5655e2f922601d567b8b45f3.html> (Fecha de consulta: 29 de diciembre de 2016)
  1. “Afganistán anuncia medidas tras denuncia sobre la lacra del trabajo infantil”, El Confidencial, 14 de julio de 2016, disponible en <http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-07-14/afganistan-anuncia-medidas-tras-denuncia-sobre-la-lacra-del-trabajo-infantil_965589/>(Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2016)
  2. Op. Cit.,<http://www.bbc.com/mundo/internacional/2009/08/090723_vida_afganistan_jp.shtml>(Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2016)
  3. Op., cit., <http://web.eldia.es/sociedad/2010-03-30/14-informe-ONU-revela-como-corrupcion-Afganistan-agrava-pobreza.htm> (Fecha de consulta: 29 de diciembre de 2016)
  4. Op. Cit., <http://elpais.com/diario/2009/08/24/internacional/1251064801_850215.html> (Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2016)
  5. Op., Cit., <http://web.eldia.es/sociedad/2010-03-30/14-informe-ONU-revela-como-corrupcion-Afganistan-agrava-pobreza.htm> (Fecha de consulta: 29 de diciembre de 2016)
  6. Op. Cit.,<http://www.bbc.com/mundo/internacional/2009/08/090723_vida_afganistan_jp.shtml>(Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2016)
  7. Op. Cit., <http://web.eldia.es/sociedad/2010-03-30/14-informe-ONU-revela-como-corrupcion-Afganistan-agrava-pobreza.htm> (Fecha de consulta: 29 de diciembre de 2016)
  8. Op., Cit., <http://elpais.com/diario/2009/08/24/internacional/1251064801_850215.html> (Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2016)
  9. Op., Cit.,<http://www.bbc.com/mundo/internacional/2009/08/090723_vida_afganistan_jp.shtml>(Fecha de consulta: 28 de diciembre de 2016)
  10. Ibid., <http://www.bbc.com/mundo/internacional/2009/08/090723_vida_afganistan_jp.shtml>.

 

Fuente: http://www.mundiario.com/articulo/sociedad/afganistan-lucha-silencio-libertad-igualdad/20170114160049076173.html

 

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