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La deuda del sistema educativo chileno con los inmigrantes

Chile / 19 de noviembre de 2017 / Autor:  Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia / Fuente: Educación Futura

Seminario de Historia y Políticas de la Educación(1)

Universidad Iberoamericana

Ciudad de México

En la actualidad la mayoría de los países en Latinoamérica posee numerosos inmigrantes, entendiéndose como el desplazamiento de los sujetos a través de una frontera internacional o dentro de su país, es decir, fuera del lugar de residencia, teniendo esto implicaciones frente al status económico, identitario, cultural, social e incluso familiar, que en muchos contextos los pondrá en desventaja. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), define migración como “movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos” (OIM, 2006).

Los inmigrantes conforman la diversidad lingüística, cultural y social que hacen de los países a los que llegan, escenarios con un enorme potencial en riqueza cultural. Frente al fenómeno de la globalización, la cultura y el idioma son un soporte a la construcción de identidades locales que promueven una imagen diferente al interior y exterior de una nación.

Las naciones no se pueden observar como entidades cerradas, en tanto se observa una alta coexistencia de diversidad cultural y social en la región latinoamericana, lo cual constituye un aporte significativo no sólo en la conformación de una identidad, sino también como contribución a la riqueza de la humanidad. Una nación rica en diversidad, es rica en vida.

En este contexto latinoamericano, Chile se inscribe como un lugar significativo de llegada de inmigrantes. Hacia 2015, según datos arrojados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 2015), del Ministerio de Educación (Mineduc) y de la Superintendencia de Educación, la población migrante en Chile ha aumentado de manera progresiva y alcanzó en 2015 las 465.319 personas, lo que corresponde a un 2,7% de la población total del país. El 69% de esta población habita en la Región Metropolitana; el 13,2% en las regiones de Tarapacá y Antofagasta; el 7,8% en Coquimbo y Valparaíso; y el resto se distribuye en las demás regiones del país. Respecto del origen de la población inmigrante, el 33,3% proviene de Perú; el 13,8% de Colombia; el 15% de Argentina; el 7,4% de Bolivia; el 4,8% de Ecuador; el 10,1% del resto de América Latina y El Caribe más México; y el 15,6% de otros continentes. El 12,9% de la población total de inmigrantes corresponde a niñas y niños de 0 a 14 años.

Desde hace años, la procedencia de estos sujetos tal y como se menciona en el párrafo anterior es de: Perú, Haití, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, España, Venezuela entre otros. La mayoría de ellos, migran, esperando obtener mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

Lo anterior sugiere una necesidad latente en relación al sistema educativo, pues este contexto no puede ser ajeno a una realidad que circunda a Chile y que, necesariamente lleva a un replanteamiento de la educación con miras a responder a las características y necesidades culturales de cada uno de los sujetos que llegan a las aulas.

El director del Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca señala que, en general, el sistema educacional en Chile no respeta los derechos humanos de los niños, “puesto que hasta hoy tenemos un sistema segregado por cuestiones socioeconómicas” (La tercera, 2017), asunto que necesariamente, toca a la población inmigrante y que se agrava, teniendo en cuenta que en sus características socioeconómicas hay un predominio de pobreza de tipo multidimensional es decir, “que incluye variables de educación, salud, vivienda y entorno, trabajo y seguridad social, y redes y cohesión social” (Informe DD.HH. UDP, 2017: p. 8).

Es importante señalar que Chile no cuenta con un cuerpo legal consistente con los estándares de derechos humanos relativos a la educación de estudiantes migrantes. Además, si bien Chile plantea la obligatoriedad de la educación, la constitución política no concibe la educación como derecho para ningún niño o joven sea el caso o no de un migrante, como tampoco contempla el respeto por la identidad cultural en el marco del sistema educativo (Informe DD.HH. UDP, 2017).

El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2017 de la Universidad Diego Portales, aborda un tema relevante, el de “la migración y la inclusión de estudiantes migrantes en el sistema escolar”. El documento propone iniciar una reformulación de las bases curriculares, principalmente en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, esto con el fin de obtener un currículum actualizado, pertinente y alineado con un enfoque de derechos humanos y que responda a una visión intercultural, distinto a los programas educativos actuales, los cuales no están adaptados a la multiculturalidad. Y, para ser inclusiva, la educación tendría que reconocer las diferencias de los estudiantes que, por ejemplo, hablan otro idioma, lo cual tampoco se encuentra contemplado en los planteles educativos.

“Si bien hay obligatoriedad de la educación básica y media en Chile, en el grupo de extranjeros residentes latinoamericanos, según la Casen 2015, hay un alto porcentaje de niños y adolescentes en edad escolar que no asisten a un establecimiento educacional” (CASEN, 2015). Y, para quienes logran acceder, las dificultades considerables emergen a la hora de la permanencia, puesto que las barreras se presentan al momento de subsidiar sus estudios, lo que podría hacerse efectivo, si fueran beneficiarios de la ley de Subvención Escolar Preferencial. En este sentido, se observa una desventaja para esta población, dando cuenta de una dificultad frente al acceso integral por falta de documentación que regularice su situación migratoria.

Según información entregada por la Superintendencia de Educación por la Ley de Transparencia, entre 2013-2016, se interpusieron 73 denuncias por discriminación racial vinculada a la migración, asuntos que se incrementan año tras año.

Una de las propuestas que se ha generado a partir de las problemáticas expuestas, es la creación de centros destinados a la inserción lingüística de estudiantes y familias migrantes, en las regiones y comunas donde existe mayor concentración de ellos (CASEN, 2015), como es el caso de la región metropolitana, donde habita el 69% de esta población.

Unido a la propuesta anterior, la sociedad civil en cabeza de organizaciones y movimientos sociales ha pedido al Ministerio de Educación que se generen políticas orientadas a formar asistentes de la educación con enfoque intercultural. En este marco, se entiende que la educación intercultural debe ser para todos y todas, indígenas y de otras tradiciones culturales, para las zonas rurales y las zonas urbanas (Tubino, 2004) y con fines diferentes según el contexto. Lo que nos lleva a replantear la importancia de una educación intercultural abierta, flexible e integradora de la diversidad para la incorporación de las prácticas culturales que coexisten en los salones de clases.

En este proceso, el programa “Escuela somos todos”, nace en 2014, a partir de los acuerdos de la Subsecretaría del Interior y la Municipalidad de Santiago. Este programa busca promover la integración y regularización de estudiantes migrantes, además de apoyar a las familias a realizar sus trámites migratorios con el fin de solucionar en un corto periodo de tiempo su situación ante el Departamento de Extranjería y Migración. Sin embargo, es importante aclarar que este programa siempre ha estado supeditado a la voluntad política de los gobernantes de turno, lo que se considera en sí mismo, un riesgo para la estabilidad frente a las políticas educativas de este país.

Ante este panorama, se advierte necesario puntualizar en las políticas educativas, pues en este caso, permitirían viabilizar las formas de trabajo y los elementos a tener en cuenta en estos contextos que deben abogar por una mirada que contemple la diversidad y que mire en ello una posibilidad para el enriquecimiento del escenario escolar y que, a su vez, propenda por un diálogo de saberes entre lo que los estudiantes traen y lo que la escuela tiene para ofrecerles (Informe DD.HH. UDP, 2017).

(1) Marcela Gómez Álvarez y Anggie Hidalgo Silva

Referencias

CASEN (2015) Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, Santiago, Chile.

Informe Anual sobre Derechos Humanos (2017) Centro de Derechos Humanos UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES, Santiago,  Chile.  Fecha de acceso: 25 de octubre.http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/InformeAnual/2017/7Inclusio%CC%81n%20de%20estudiantes%20migrantes%20en%20el%20sistema%20educacional%20chileno.pdf

Migraciones, O. I. (2006). Recuperado el 10 de noviembre de 2017, de http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf

Sepúlveda, P. (2017) Sistema escolar no se ha adaptado a llegada de inmigrantes. La tercera. Fecha de acceso: 19 de octubre. http://www.latercera.com/noticia/sistema-escolar-no-se-ha-adaptado-llegada-inmigrantes/

Tubino, F. (2004) “Las prácticas discursivas sobre la interculturalidad en el Perú de hoy. Propuesta de lineamientos para su tratamiento en el sistema educativo peruano”. Consultoría encargada por la Dirección Nacional de Educación Bilingüe Intercultural. Lima, 2004.

Fuente del Artículo:

http://www.educacionfutura.org/la-deuda-del-sistema-educativo-chileno-con-los-inmigrantes/

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El sismo en la educación: vías para su reconstrucción

Por: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

Seminario de Historia y Política de la Educación

Universidad Iberoamericana

Ciudad de México

Desde inicios del mes de septiembre del 2017 varios acontecimientos golpearon a la República Mexicana, empezando con los huracanes “Irma”, “Katia” y “José” que provocaron suspensión de clases en varios estados del país (Reforma 7 de septiembre del 2017). Posteriormente, dos temblores cimbraron a México, dejando un saldo catastrófico que afectó a los estados de Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México, con más de 350 pérdidas humanas y daños materiales como edificios colapsados o inhabitables. En el sector educativo miles de estudiantes quedaron sin clases ya que se registraron 12,931 escuelas que deben ser reparadas o reconstruidas (González, 2017, 26 de septiembre).

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, afirma que para la reparación y construcción de las escuelas afectadas a nivel nacional se necesitarán 13 mil millones de pesos (Hernández, 2017, 28 de septiembre). Del total de escuelas afectadas, Nuño menciona que 400 deberán ser reconstruidas. Se espera que este número cambie ya que se calculan dos semanas o más para revisar todos los planteles. (González, 2017, 26 de septiembre).

A raíz de lo anterior, la SEP ha decidido implementar un regreso a clases escalonado, de tal manera que se garantice la seguridad de los alumnos a través de un proceso de revisión de las instalaciones que culmina con el dictamen de seguridad estructural emitido por un director responsable de obra (Notimex 23 de septiembre de 2017). Estos dictámenes son publicados en la página web de la SEP donde se concentra una lista de las escuelas que podrán regresar a clases. También se ha dicho que las escuelas que no obtuvieron el dictamen deberán iniciar la rehabilitación y reconstrucción de los planteles, teniendo como consecuencia la reubicación de sus alumnos en escuelas cercanas o aulas temporales. Por lo que miles de alumnos continuarán en la incertidumbre de su regreso a clases, ocasionando mayores estragos no solo a nivel académico sino emocional, además de provocar un impacto en la vida cotidiana y económica de las familias mexicanas.

Para las reparaciones de las escuelas dañadas parcial y totalmente, la SEP ha comunicado que cuenta con los recursos suficientes. El financiamiento vendrá de un seguro contra desastres llamado Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), del programa Escuelas al Cien y de donaciones por parte del sector privado (Alegría, 2017, 30 de septiembre).

Para el manejo del presupuesto asignado, Enrique Peña Nieto estableció una mesa de coordinación entre los sectores público y privado y aclaró que su objetivo no es administrarlo, sin embargo, González (2017) asegura que es importante la participación del gobierno para orientar la dirección de los recursos en donde hay más necesidad. Esta inversión se suma a lo señalado en el 5to informe de gobierno donde el presidente de la República mencionó que, al concluir la actual Administración, se habrán canalizado 80 mil millones de pesos. Esto representa más de cuatro veces el monto invertido en infraestructura escolar en los últimos dos sexenios juntos, presupuesto que cabe suponer estará destinado en parte a la reconstrucción de planteles educativos y demás generalidades que permitan llevar a cabo las actividades académicas.

Sin embargo en el plano práctico de las acciones implementadas, la SEP se ha enfrentado con el descontento de la sociedad civil y de las instituciones privadas, ya que los sismos han puesto al descubierto una porción de la corrupción en el sector inmobiliario que impera en nuestro país, por lo que el regreso a clases escalonado se está viendo afectado por la inconformidad de padres de familia que ponen en entredicho el aval de un papel que dictamine la seguridad de la escuela (Guerra, A., 2017, 28 de septiembre), generando a su vez contradicciones entre autoridades y población civil. A la par también crece el descontento en el proceso del dictamen de seguridad estructural entre los encargados de las escuelas privadas, ya que mientras este último es automático y gratuito para las escuelas públicas, los planteles privados deben buscar por medio de la delegación a un director responsable de obra específicamente de la Ciudad de México. El procedimiento cuesta entre 7 mil a 15 mil pesos y después de éste deben esperar una serie de papeleos para salir publicados en la página de la SEP (González, 2017, 27 de septiembre).

La SEP se ha enfocado en revisar las condiciones estructurales de los planteles educativos (Aldaz, p., 2017, 24 de septiembre) y ha propuesto, entre otras acciones, una guía dirigida a los docentes que asesora en la atención emocional de los alumnos dentro de las aulas (Poy, L., 2017, 30 de septiembre). En este último aspecto también se han pronunciado organismos internacionales enfatizando la prioridad de atender las necesidades de los niños afectados por el sismo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pone en alerta a México por ser el país miembro que menos invierte en educación (González, 2017, 13 de septiembre).

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hizo un llamado también a poner atención a las necesidades de los 7 millones de niños que viven en las zonas más dañadas. Advierten que, de no ser atendidas las necesidades de salud, física y emocional, educación y vivienda, traerán consigo consecuencias muy graves para sus vidas y para la sociedad (Poy, 2017, 30 de septiembre). Asimismo organizaciones no gubernamentales, como Save the children, expresan su preocupación por la seguridad y bienestar de los niños y niñas, y el urgente apoyo emocional y espacios seguros para recuperarse de lo que han vivido (Reforma Editorial, 2017, 26 de septiembre).

Los sismos no sólo derribaron edificios, también despertaron los conflictos que existen en el ámbito político – pedagógico. Es por esto que no sólo se trata de reconstruir edificios, sino de pensar en construcciones más amigables para los niños, el medio ambiente y la educación que requieran según su contexto, también es importante que se genere un cambio curricular que integre aspectos emocionales en los contenidos académicos. Para empezar este cambio no podemos dejar atrás lo ocurrido, con actividades que retomen los sucesos del 7 y 19 de septiembre sólo para darle un cauce y apagar la solidaridad colectiva. Lo que se debe hacer más bien es enfatizar que los más importantes en este momento son los niños, pero sobre todo de los que viven en las comunidades más afectadas e históricamente abandonadas.

En medio del desastre, los mexicanos hemos podido ver la solidaridad presente en el rescate a niños que, al momento del sismo estaban en sus escuelas, así como el apoyo psicológico y emocional, ludotecas, entre otras iniciativas por parte de civiles dedicadas a los niños. Este es un momento coyuntural en el que maestros, padres de familia y estudiantes,  podemos ir quitando los escombros, porque si pudimos organizarnos durante estos días, podemos cambiar el rumbo de la educación. Tenemos que salir a exigir y proponer desde nuestras trincheras esa educación que soñamos para los niños y niñas mexicanos. México necesita nuestra acción para reconstruir lo que los sismos destruyeron.

Veamos esta tragedia como una oportunidad para tener espacios de diálogo con la SEP, directivos y encargados de reconstruir escuelas en los diferentes estados afectados para que esta iniciativa de reconstrucción tras el sismo lleve consigo una verdadera mejora educativa.

Referencias

Aldaz, P. (24 de septiembre de 2017). Continúa revisión de escuelas de educación básica en la CDMX por sismo. El universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/continua-revision-de-escuelas-de-educacion-basica-en-la-cdmx-por-sismo

Alegría, A. (30 de Septiembre 2017). Regresan 8.5 millones de niños a las aulas tras sismos; 7.8 millones lo harán próximamente: SEP. La Jornada. Recuperado de http://www.jornada.unam.mx/2017/09/30/politica/014n2pol

Fuentes, V. (29 de Septiembre de 2017). Frena sismo @prende 2.0. Reforma, pág. Nacional 2.

González, I. (13 de Septiembre de 2017). Gasta México poco en educación.- OCDE. Reforma, pág. Naciona 2.

Guerra, A. (28 de septiembre de 2017). Debaten sobre seguridad en escuelas. EL Universal. Recuperado de http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/debaten-sobre-seguridad-en-escuelas

Hernández, É. (28 de Septiembre de 2017). Costará 13 mil mdp reparar escuelas. Reforma, pág. Nacional 7.

Notimex (23 de septiembre 2017). SEP establece 8 acciones para regreso a clases tras sismo. La Jornada. Recuperado de http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/23/sep-establece-8-acciones-para-regreso-a-clases-tras-sismo-2653.html

Reforma Editorial. (13 de Septiembre de 2017). Censo en escuelas. Reforma, pág. Nacional 6

Universal Editorial. (27 de septiembre de 2017). Millones de niños van a la escuela pero no aprenden. El universal. Recuperado de http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/27/millones-de-ninos-van-a-la-escuela-pero-no-aprenden-bm-3161.html

“Donen los casi 7,000 millones de pesos de recursos públicos destinados a las campañas políticas del 2018 en México a los damnificados de la tragedia del sismo del 7 y 19 de Septiembre de 2017 en Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero y también a Oaxaca y Chiapas”. (2017, 27 de septiembre:https://www.change.org/p/inemexico-donar-los-casi-7-000-millones-de-los-partidos-pol%C3%ADticos-a-v%C3%ADctimas-del-sismo-7-sep-y-19-sep)

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-sismo-en-la-educacion-vias-para-su-reconstruccion/

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Lo efímero del Nuevo Modelo Educativo

México / 3 de septiembre de 2017 / Autor: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia / Fuente: Educación Futura

La historia reciente en México parece mostrar que en cada periodo presidencial se repite la creación y presentación de una propuesta educativa que invariablemente anuncia que en el mediano y largo plazo se harán posibles los avances educativos que el país demanda, y aunque, no parece ser suficientemente claro qué es lo que el país demanda, la población no deja de tener esperanza en que la educación posibilita una mejor calidad de vida. Con ello entramos a un círculo, no precisamente virtuoso, donde los avances siguen siendo insuficientes al carecer de una visión crítica e histórica.

Un punto central en el documento oficial del Nuevo Modelo Educativo es el perfil de egreso del estudiante, mismo que muestra once fines, con metas específicas para cada uno de ellos y para cada uno de los niveles educativos desde el preescolar hasta la educación media superior.

Entre los fines y ámbitos se enmarcan contenidos que corresponden a las siguientes temáticas:

  • Lenguaje y comunicación.
  • Pensamiento matemático.
  • Exploración y comprensión del mundo natural y social.
  • Pensamiento crítico y solución de problemas.
  • Habilidades socioemocionales y proyecto de vida.
  • Colaboración y trabajo en equipo.
  • Convivencia y ciudadanía.
  • Apreciación y expresión artística.
  • Cuidado del medio ambiente.
  • Habilidades digitales.

Esta temática no presenta mucha novedad si la comparamos con la propuesta curricular de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), que se enfocaba en:

  • Elaboración de proyectos didácticos.
  • Situaciones problemáticas orientadas a la indagación y la formulación de argumentos que validen los resultados.
  • Procedimientos formativos basados en el diálogo, la reflexión crítica, los proyectos de trabajo, el desarrollo del juicio ético, la participación.
  • Secuencias didácticas relacionadas con el arte, el lenguaje, además del entorno natural y social (SEP, 2011).

La RIEB integraba un enfoque socio-cultural y cognitivo basado en una epistemología de pensamiento crítico y científico (SEP, 2011). Fue resultado de un proceso que inició en 1993 y se consolidó a finales de 2006 mediante acuerdos entre los sectores interesados.

El nuevo modelo educativo es sin duda resultado de la sistematización de diversas perspectivas sociales propuestas por el CIDE (2016), sin embargo, el momento en que se presenta e intenta poner en operación no parece estar en su favor. Por un lado, surge de un mandato autoimpuesto a través del artículo transitorio número 12 de la versión 2013 de la Ley General de Educación (Diario Oficial de la Federación, 2013) que a la letra dice: “a efecto de dar cumplimiento a la obligación de garantizar la calidad en la educación, las autoridades educativas deberán proveer lo necesario para revisar el modelo educativo en su conjunto, los planes y programas, los materiales y métodos educativos”. Por otro lado, se anuncia como respuesta a los problemas detectados al inicio del periodo gubernamental, con los tiempos políticos operando en contra, después del cuarto año del sexenio, en el ocaso del actual gobierno federal.

Aunque se llega a aceptar que los cambios de un modelo educativo, cualquiera que sea, implican una visión de largo plazo, no parece considerarse la necesidad de un proceso de apropiación cultural por parte de los docentes y la sociedad, mismo que requiere mayor tiempo y cuidado, lo cual seguramente va más allá de los tiempos sexenales.

El hecho es que los modelos educativos siguen más vinculados a las necesidades y oportunidades de los gobiernos de turno que a lo propiamente educativo. Se proponen verticalmente versiones recicladas que no aportan mayor espacio a la construcción desde la escuela. Una muestra está en el asunto de la autonomía que, aunque es un concepto usado en el discurso y normativa oficial desde hace bastantes años, no deja de ser en la práctica un intento pobre. Está reducida a que la escuela y su director tengan ahora la “oportunidad” de gestionar recursos materiales y económicos, poniendo así en evidencia la carencia de recursos que enfrenta la propia Secretaría de Educación para cumplir con los mandatos constitucionales y limitando el tiempo del director para dar un seguimiento creciente a los procesos educativos de su escuela.

El actual modelo educativo, como anteriores modelos, no deja de ser un documento general, con poca posibilidad de efectividad, pero aún más frágil a diferencia de otros por el tiempo en que se promulga, a menos de dos años de terminarse el sexenio 2012-2018, y con poca posibilidad de continuidad por parte del partido en el poder.

De esta manera se puede afirmar que la relación entre gobierno, escuela y sociedad, sigue sin encontrar un carácter verdaderamente constructivo. Los mecanismos para concertar siguen sin ser relevantes y la verticalidad no deja de estar presente. Incluso, lo que se llegó a pensar como un buen medio para el desarrollo de los centros educativos y su vínculo con su contexto cercano, los llamados Consejos de Participación Social, siguen siendo una posibilidad latente. Por otra parte, lo que podría ser un espacio de crecimiento de la autonomía escolar, como son los Consejos Técnicos Escolares, no dejan de ser un espacio de trabajo mensual dedicado a seguir puntualmente lineamientos preestablecidos por autoridades a nivel federal, dando poco margen de acción a directores y docentes para decidir de manera más autónoma y con base en su experiencia y las necesidades del contexto donde se ubica su escuela.

Las escuelas de educación básica continúan siendo asumidas por las autoridades como un elemento operario de las decisiones centrales sin mayor margen de autoría por parte de quienes integran las comunidades escolares (docentes, directivos, padres de familia, etc.). Ante esto cabe preguntarse, ¿qué se puede esperar de este Nuevo Modelo Educativo? ¿cuál es la autoría que le imprimirán los maestros? ¿o se trata más de lo mismo? ¿será sólo un problema de confianza en los subalternos o será también que los intereses políticos y económicos atados a lo educativo no quieren ser trastocados? ¿no es tiempo ya de dar paso a lo propiamente educativo sin estructuraciones apresuradas?

Referencias

CIDE (2016). Consulta sobre el modelo educativo. Disponible en línea en: https://www.cideconsultamodedu2016.info/

Diario Oficial de la Federación (2013). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Disponible en línea en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5313841&fecha=11/09/2013

SEP (2011). Plan de estudios 2011. Educación básica. Disponible en línea en: https://www.gob.mx/sep/documentos/plan-de-estudios-educacion-basica-en-mexico-2011

SEP (2017). Modelo educativo para la educación obligatoria (2017). Disponible en línea en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/198738/Modelo_Educativo_para_la_Educacio_n_Obligatoria.pdf

Fuente del Artículo:

Lo efímero del Nuevo Modelo Educativo

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Las otras caras de la violencia escolar en Latinoamérica

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

En un estudio realizado por UNICEF (2011) sobre la violencia escolar en América Latina y el Caribe, se plantea que aún existen escuelas donde se vulneran los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se reportan casos de castigos corporales, maltrato emocional, abuso sexual, así como una tendencia creciente del acoso entre pares e inclusive de agresiones de estudiantes y, en algunos casos, de padres contra maestros y autoridades educativas. Los datos arrojados por UNICEF dan cuenta principalmente de estas situaciones y lógicas de la violencia que emergen al interior de las escuelas, reproduciendo maltratos emocionales y físicos que los niños y adolescentes experimentan en su cotidianeidad. El caso del maltrato emocional sistemático entre pares, esto es, entre los mismos compañeros y compañeras de escuela, es motivo de atención en los últimos años, tanto por las políticas públicas, los medios de comunicación y el mismo campo de la investigación educativa. Esto en parte se debe al alto porcentaje de estudiantes que han sido víctimas, o que tienen conocimiento de hechos de maltrato, acoso u hostigamiento escolar, el cual se sitúa entre el 50% y el 70% de la población estudiantil en América Latina (UNICEF, 2011).

La violencia entre pares, más conocida como bullying, es objeto de discusión permanente y es identificada como una de las principales evidencias de la violencia escolar. Aunque se trata de una problemática escolar clave en la configuración de las identidades de los estudiantes y que atenta contra el desenvolvimiento social y cultural de los sujetos, la prioridad que se ha puesto en el análisis y visibilización de este tipo de violencia escolar, ha llevado a ocultar otros procesos significativos vinculados con la violencia que ocurre en las escuelas latinoamericanas.

No resulta llamativo que sean los propios gobiernos latinoamericanos, quienes aducen la importancia de erradicar el bullying escolar, asumiéndolo como la principal problemática sociocultural y comunicativa de las escuelas, mediada por la violencia física y emocional entre los mismos estudiantes. Sin embargo, esta no es la única evidencia de violencia escolar. El foco puesto en los niños y adolescentes como protagonistas de los actos de violencia, pese a que retrata una situación crítica y bisagra de las escuelas latinoamericanas, contribuye al mismo tiempo a la gestación de dinámicas de estigmatización y criminalización de los niños y jóvenes que asisten a la escuela. La identificación de alumnos problemáticos, por lo general, pertenecientes a sectores extremadamente vulnerables, construye una perspectiva estigmatizante de los jóvenes, a quienes se les segrega y atribuye la condición de mal comportamiento. Esta atención puesta en la culpabilidad de los niños y jóvenes en la ejecución de los actos de violencia, silencia e invisibiliza otras caras de la violencia escolar, que tienen como principal responsable a los gobiernos latinoamericanos y a su complicidad con actividades ilícitas. Tal es el caso de la inserción de los aparatos represivos estatales en los propios espacios escolares y la expansión de las redes de narcotráfico y guerrilla que atenta directamente al derecho a la educación de miles de niños y jóvenes latinoamericanos e incumple, por lo tanto, otros derechos básicos y libertades fundamentales.

La destrucción de instituciones educativas por explosiones detonadas, morteros y cohetes, bombardeos aéreos, incendios y saqueos; la ocupación de escuelas por las fuerzas militares, de seguridad, la policía armada o los grupos del crimen organizado, así como el secuestro de niños para ser reclutados forzosamente a las filas de esos grupos criminales, son algunas de las problemáticas a las que se enfrentan cotidianamente las escuelas más vulnerables de Latinoamérica y el Caribe.

Estos incidentes violentos implican el uso de la fuerza en formas que interrumpen y disuaden la provisión educativa, poniendo a educadores y estudiantes en riesgo en ambientes que deberían ser seguros y fuentes de protección. Aún más si se tiene en cuenta que la escuela ha sido identificada históricamente por su papel decisivo en la transformación de los patrones de violencia y para promover el desarrollo de habilidades pacíficas. Esta función se encuentra en crisis, sobre todo a causa de las políticas estatales que, coadyuvadas al mercado privado internacional, la corrupción y la complicidad con el narcotráfico, han hecho de la escuela latinoamericana un escenario sumido en la violencia, la devastación y la privación de derechos fundamentales.

En el caso de Haití, los abusos sexuales contra escolares y mujeres continúa siendo una táctica común en algunos conflictos, los cuales se producen como resultantes de secuestros y ataques a los centros educativos. Estos secuestros son llevados a cabo por bandas criminales armadas y se producen cuando los niños están en camino hacia o desde la escuela. Las niñas representan casi la mitad de las víctimas menores de edad (UNESCO, 2010).

En Brasil, en 2007, ocho escuelas municipales y guarderías de Río de Janeiro, fueron ocupadas sin previo aviso por la policía armada. “Estas instalaciones se utilizaron como base para un ataque de tipo militar contra las bandas de narcotraficantes armados, convirtiéndolas en blanco de ataques mientras los estudiantes seguían asistiendo a clases” (UNESCO, 2010: p.179).

Esta operación involucró a 1.300 policías militares y civiles, además de soldados de la Fuerza Nacional. Los edificios escolares sufrieron grandes daños, y en una ocasión las granadas habían explotado en el patio de la misma escuela.

Por su parte, en Colombia, en 2006, la UNESCO (2010) documentó que las guerrillas de las FARC habían incendiado una escuela en Puerto Jordania, utilizada anteriormente como centro de votación para las elecciones. La denotación de granadas y el incendio de establecimientos educativos es una práctica cotidiana de estos grupos armados, así como el reclutamiento de niños para integrarse a las fuerzas paramilitares.

En México, maestros de seis escuelas de Ciudad Juárez fueron amenazados por miembros de un cártel. “En una serie de advertencias escritas colocadas en las paredes de la escuela a partir del 12 de noviembre de 2008, las bandas de narcotraficantes armados amenazaron con secuestrar a estudiantes si los maestros no pagaban bonos de navidad a los traficantes” (UNESCO, 2010: p. 209)

El 17 de marzo de 2009, en la región de Triqui, San Migel Copola, en el estado de Guerrero, se encontraron más de 20 cartuchos de alto calibre en el campus de un instituto de bachillerato de Oaxaca tras una incursión de bandas armadas en la comunidad. Esto obligó a las escuelas secundarias y primarias de la región a suspender las clases por cierto periodo.

Pese a los diferentes instrumentos legales, así como a la existencia de las Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades en Conflictos Armados, la violación de los derechos de los niños y jóvenes más vulnerables sigue en aumento. Incluso, estas directrices, aunque constituyen disposiciones vigentes del derecho internacional, no tienen carácter vinculante en sí mismas, por lo que los estados latinoamericanos no están obligados a ejecutarlas.

En este contexto, los casos de militarización de las escuelas, abusos sexuales y el secuestro y desaparición forzada para reclutamiento no solo violenta y censura la garantía del derecho a la educación, sino principalmente el derecho internacional humanitario, destinado a limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto armado.

El arrebato de las condiciones dignas de infraestructura y seguridad edilicia son algunos de los rasgos más visibles de esta problemática. El uso militar de las escuelas, tanto como base militar y objetivo de conflicto, termina acechando la propia infancia: familias quebradas por el reclutamiento forzoso de sus niños e identidades forjadas por el miedo y la inseguridad permanente. El temor de trasladarse a la escuela por el uso militar que se hace de ellas, así como de todas las situaciones violentas que se desencadenan de este factor, es una constante en miles de niños. Casualmente este es un aspecto estructural que no se encuentra lo suficientemente investigado, a diferencia, por ejemplo, del estudio de la fobia escolar que responde más a aspectos psicosociales que a las condiciones materiales de existencia, como el conflicto armado y la guerra.

La omisión de todos estos casos a los ojos de los gobiernos latinoamericanos, ejemplos de la violencia que se ejerce hacia las escuelas, no es casual. Sólo se alude a la relación entre el narcotráfico, la militarización y las escuelas, cuando se pretende estigmatizar y criminalizar a determinadas comunidades. Tal es el caso de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Desde el gobierno mexicano, se intentó aducir, como causa de su desaparición, que los estudiantes se encontraban involucrados con una red de crimen organizado. La insistencia del gobierno por instalar en el imaginario esta perspectiva criminalizante de los jóvenes de Ayotzinapa, ha sido una constante. De esta manera se advierte que la única alusión que se hace desde la política pública a la relación entre el narcotráfico y la violencia escolar, se ejecuta bajo un manto de estigmatización y criminalización de los jóvenes utilizada, en este caso, como una estrategia más de ocultamiento de la responsabilidad y complicidad estatal.

La importancia de la visibilización de las otras caras de la violencia escolar, esto es, de la militarización de las escuelas latinoamericanas, convertidas en escenarios de guerra, es fundamental para la garantía del derecho a la educación, clave e inalienable. En las poblaciones más pobres y vulnerables de Latinoamérica, este derecho se encuentra negado, al estar instaladas en territorios permanentes de conflicto armado.

A sabiendas que los estados latinoamericanos están imbricados en esta problemática y que las reformas educativas actuales desatienden estos factores, ¿qué papel tiene la investigación educativa en este contexto? ¿cómo transformar los análisis lineales y unilaterales que se realizan sobre violencia escolar, de manera que se incluya la mirada de las comunidades y escuelas violentadas por la guerra y el conflicto? ¿qué papel tienen los organismos internacionales en este proceso, aún más si se tiene en cuenta que estos poseen información precisa sobre esas otras caras de la violencia escolar? ¿cómo hacer exigible el derecho a una educación libre de violencia y abusos?

Referencias

UNICEF (2011). Violencia escolar en América Latina y el Caribe: Superficie y fondo.  Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

UNESCO (2010). Education Under Attack. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

 

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/las-otras-caras-de-la-violencia-escolar-en-latinoamerica/

Fuente de la imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2016/08/tumblr_m3vfxe6PpY1rvr5wko1_500.jpg

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El Movimiento de los Sin Tierra en Brasil: su propuesta Político-pedagógica

Por: Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia/09-06-2017

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

Proyecto: Pensamiento pedagógico latinoamericano por el derecho a la educación. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

La lucha de los sujetos del campo por hacer visibles sus demandas y su identidad en un país tan diverso y vasto como Brasil tiene un referente indiscutible en el Movimiento de los Sin Tierra (MST). Este movimiento se constituyó formalmente en 1984 en la región sur de Brasil cuando sectores desplazados del campo se organizaron para luchar por un pedazo de tierra donde vivir y producir sus alimentos. Los principales factores que explican el surgimiento del MST son: las luchas por la reforma agraria, la lucha contra la dictadura impuesta en 1964 y la crítica al capitalismo. En sus inicios, el MST tuvo un fuerte apoyo de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), creada en 1975. Esta organización estuvo ligada a la teología de la liberación, corriente progresista dentro de la Iglesia Católica que se manifestó por los pobres y los oprimidos. En el particular contexto de Brasil, uno de los sectores oprimidos eran los campesinos desplazados del campo a la Amazonia o a las grandes ciudades por la política modernizante para el campo que aplicó la dictadura militar.

La estrecha articulación entre el MST y la CPT es lo que otorgó al movimiento su distintiva proyección nacional. En un principio fue gracias a la ayuda de la CPT que pequeñas organizaciones pudieron articularse en un movimiento más grande. En la década de 1980 el MST, la Central Única de Trabajadores (CUT) y el Partido de los Trabajadores (PT), fueron tres de las principales organizaciones que lucharon en contra de la dictadura militar y por la democratización del país. El MST aspiraba a reconstruir humanamente a los sujetos que participaban del movimiento. En este marco, comenzó a visibilizarse la propuesta político-pedagógica de la organización que buscaba incidir más allá de la política institucional y reconstruir culturalmente al sujeto social.

La propuesta político-pedagógica para el sujeto del campo

El MST entiende a la pedagogía como “teoría y práctica para la formación humana”, en ese sentido la pedagogía abarca todos los momentos de la vida del sujeto como parte del movimiento social. La pedagogía es una propuesta política en cuanto reflexiona sobre las circunstancias socio-históricas que “sobredeterminan” a los sujetos sin tierra y las formas para incidir en la realidad social con la finalidad de vivir digna y humanamente. La “pedagogía en movimiento” que propone el MST es una formación y educación amplia que implica la cotidianidad, el trabajo, la convivencia y organización como colectivo, la resistencia política y la toma de tierras.

Aunque la pedagogía y la educación no se reducen sólo a la escuela, ésta es de suma importancia para la formación humana y digna, dado que allí se construye un espacio de lucha contra las injusticias sociales. En este sentido, para el MST la educación es una práctica política, pues se inserta en un proyecto de transformación social.

Desde los primeros años del movimiento, el tema de la educación fue clave para sus militantes, por lo que la formación y alfabetización de niños y adultos participantes del movimiento fue una cuestión a tratar tempranamente en las asambleas. Se concluyó que era necesario construir escuelas en los campamentos, pues las escuelas oficiales normalmente estaban muy alejadas de estos espacios. Además, recuperando la visión de la “pedagogía del oprimido” de Paulo Freire, se pensó que los contenidos de las escuelas oficiales no permitían pensar la realidad de los campesinos, a la vez que se opusieron a la perspectiva desarrollista que visualizaba al campo como atrasado y subdesarrollado.

La propuesta pedagógica para las escuelas del MST se realizó en 1990 y se tomaron en cuenta los aportes de algunos clásicos de la pedagogía como José Martí, Paulo Freire y Antón Makarenko. Se propuso una “escuela diferente” que significó recuperar su propia realidad y reflexionar y educarse en torno a ella. La palabra “diferente” pasó a ser un concepto transversal en esta propuesta, como crítica de lo “homogéneo” que en su afán universalista y con intereses sociales, políticos y económicos, intenta imponerse sobre las diversas formas de ser y estar en el mundo. La pedagogía del movimiento no propone un adoctrinamiento, sino una reflexión crítica por parte de los educandos y depende de las necesidades y percepciones de los sujetos activos. En ese sentido retoman la crítica de Freire a la educación para la “domesticación” y proponen una perspectiva de la educación para la “libertad”. Esta propuesta es crítica no sólo de las formas hegemónicas de educación impulsadas desde el poder, sino también de las formas más dogmáticas propuestas por sectores que pretenden ser críticos con las desigualdades sociales.

Uno de los primeros logros en materia de educación del MST fue la “escuela itinerante” con reconocimiento oficial en la década de 1990. El carácter de itinerante se entiende como “ambulante”, que permite la movilidad de las familias y se desarrolla en los diversos lugares donde el MST lucha por sus derechos a la tierra y la educación. Estas escuelas acompañan al movimiento en manifestaciones públicas, congresos, acciones directas, etc. Para el MST la escuela en la resistencia también educa, es parte de un proceso pedagógico complejo de un movimiento que construye subjetiva y objetivamente un mundo distinto.

Otra iniciativa fue la ciranda infantil como un espacio para la formación de los niños más pequeños. La idea de este espacio es facilitar la participación de las mujeres en los distintos eventos de lucha y reflexión. Para ello se promueve que las mujeres no tengan que cuidar todo el tiempo a los niños, sino que tengan apoyo por parte de los hombres y otros miembros del movimiento, de manera que se geste una participación más igualitaria entre los géneros.

Otro de los avances que el MST logró junto a otros movimientos campesinos fue la propuesta de la educación del campo que surge a través de intensos debates establecidos por el MST y otras instituciones y movimientos del campo a través de tres importantes eventos: el ENERA (I Encuentro Nacional de Educación por la Reforma Agraria) realizado en 1997 y, la primera y segunda conferencias nacionales por una Educación Básica del Campo realizadas en 1998 y 2004, respectivamente. A través del debate durante el primer ENERA surgió el Programa Nacional de Educación de la Reforma Agraria (PRONERA) en 1998, con la finalidad de fortalecer la educación creando métodos educativos que consideraran las particularidades de la realidad brasileña y campesina. Con este programa se intensificaron significativamente los cursos dirigidos hacia la educación del campo. En datos estimados por el MST, se habla de aproximadamente 1,800 escuelas públicas en los asentamientos y campamentos donde estudiaron alrededor de 200 mil niños, jóvenes y adultos en los últimos años. También se creó la Licenciatura en Educación del Campo que hasta hoy se imparte en distintas universidades donde colaboran diferentes investigadores ligados a centros de estudio social y educativo.

El MST considera que la educación pública debe ser gestionada económicamente por el gobierno, pero la organización y planeamiento debe quedar en manos de la sociedad. Al mismo tiempo, abogan por la construcción de sus propias escuelas de manera totalmente autogestionaria, como la Escuela Nacional Florestan Fernandes (ENFF), principal centro de educación del MST, que se encarga de educar a cientos de intelectuales orgánicos del movimiento, además de militantes de organizaciones sociales y campesinas que tienen vínculo con el movimiento en otros países del mundo.

Ante el clima de inestabilidad política y social que se vive actualmente en Brasil, es de llamar la atención hacia qué rumbos se orienta el quehacer político-pedagógico del MST. En el marco del derecho a la educación, resulta preocupante el congelamiento al gasto público en educación y salud por los próximos 20 años, el cierre de escuelas de nivel medio (bachillerato) que afecta directamente a los estudiantes rurales, pues deben ir a estudiar a las escuelas de la ciudad que tienen una perspectiva alejada de las problemáticas del campo; y la reforma a la educación secundaria, dirigida hacia sectores privilegiados económica y socialmente. Dado que el MST considera que el Estado tiene que ser responsable de sostener la educación pública, ¿qué papel tiene actualmente el movimiento como organización política, social y educativa para hacer frente a los gobiernos abiertamente neoliberales? ¿cómo se resignifica la resistencia social en este contexto actual?

*Fuente:http://www.educacionfutura.org/el-movimiento-de-los-sin-tierra-en-brasil-su-propuesta-politico-pedagogica/

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Aburridos, desafiliados y desescolarizados. ¿La escuela socava el derecho a la educación de niños y jóvenes?

Por: a

El Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) es una plataforma para el pronunciamiento público, impulsado por el campo estratégico en modelos y políticas educativas del Sistema Universitario Jesuita (SUJ). Su propósito consiste en la construcción de un espacio de análisis informado y de posicionamiento crítico de las políticas y las reformas educativas en México y América Latina, arraigado en la realidad social acerca de las injusticas del sistema educativo, y recupera temas coyunturales y estructurales con relación a la agenda educativa vigente.

Conforme los adolescentes mexicanos crecen, la proporción de quienes asisten a la escuela disminuye de manera progresiva, en una proporción que va del 96.3% a los 12 años hasta 40.2% a los 19 años (INEGI, Encuesta Intercensal 2015, 2016). La menor asistencia a la escuela sucede en el rango de edad que corresponde a dos de los ciclos de la educación obligatoria: secundaria y bachillerato.

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015, 2016

Las razones de no asistencia a la escuela por parte de los adolescentes son múltiples y de diversa naturaleza. Primero, hay razones estructurales: la insuficiente cobertura del servicio y las desigualdades socioeconómicas de la población. Segundo, hay razones individuales: unas relacionadas con decisiones vitales (trabajar, unirse, procrear), otras de carácter personal-subjetivo, como considerar que la escuela no es útil para el futuro o por la falta de gusto por el estudio. Tercero, hay razones ‘sociales’, relacionadas con el entorno comunitario y escolar: falta de seguridad, discriminación, violencia o maltrato en la escuela. Cuarto, hay razones referidas al desempeño académico o escolar de los adolescentes: no aprobar materias, no aprobar examen de admisión al siguiente nivel o ser expulsado por mal comportamiento.

Hace más de una década que se hizo evidente el peso relativo de quienes no continuaban en la escuela por razones personales-subjetivas. La Encuesta Nacional de la Juventud (2005) mostró que la falta de interés o gusto por la escuela fueron razones aludidas por casi la mitad de los jóvenes varones de 15 a 19 años que dejaron la escuela, frente a un tercio de las mujeres en igual condición (IMJ, 2006).

Diversas encuestas en hogares han profundizado en la estimación de la proporción de adolescentes que no asisten a la escuela por razones de ese tipo. El Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI) en 2007 identificó que 58.9% de los varones y 43.9% de las mujeres de 15 a 17 años no asistía a la escuela por falta de interés o de aptitud para hacerlo. En 2011 las proporciones disminuyeron pero siguen siendo significativas: 54.3% de los varones y 35.1% de las mujeres no asistían a la escuela por las razones antes citadas. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica (ENADID-INEGI, 2014) mostró que, entre las mujeres de 15 a 34 años, el 20% dejó de asistir a la escuela antes de los 15 años, cuya cuarta parte lo hizo porque “no quiso o no le gustó estudiar”; otro 53.5% dejó la escuela entre los 15 y los 19 años, de las que un 16% lo decidió por la misma razón (mientras 14% se casó; 9% se embarazó y 9% empezó a trabajar). Para redondear, la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH-INEGI, 2015) reportó que 40% de los varones y 26% de las mujeres de 15 a 19 años que no asistían a la escuela, no lo hacían porque no querían continuar en la escuela o no les gustaba estudiar.

El proceso de codificación de las respuestas y su agrupamiento en categorías conlleva, con frecuencia, una pérdida de datos y –sobre todo– de ciertos significados particulares manejados por la población encuestada. Sin embargo, el análisis de microdatos de las encuestas arriba citadas permite identificar algunos de estos significados. Los más frecuentes aluden a la falta de “gusto” por el estudio o por la escuela que manifiestan las y los adolescentes. Hay expresiones más particulares: “no le gustó el sistema de la escuela”, “no le caían bien los maestros”, “no estaba a gusto en la escuela”, “no le gustó la escuela”. El gusto está relacionado con varias cosas: el placer o deleite que una persona experimenta por algún motivo; la afición o inclinación de una persona por algo.

En segundo nivel de frecuencias se encuentran aquellos adolescentes que dicen ya no querer seguir en la escuela o que ya no quisieron estudiar. Sin embargo, esto suele estar asociado a otros factores: “lo castigó su maestra en ese entonces y ya no quiso ir”; “ya no quiso estudiar porque no le gusta”, “se influenció con sus amigos y ya no quiso estudiar”. En este sentido, el querer está asociado con el deseo, la voluntad, la inclinación o determinación de hacer algo.

En tercer lugar, hay muchos adolescentes que no quieren estudiar o no les gusta la escuela, por fastidio, enfado o aburrimiento, ya sea porque “no le llamó la atención la escuela”, “le aburría la escuela”, “se aburría en la escuela y ya no quiso ir”. Además, porque son flojos, por “la flojera para estudiar”, o porque “se aflojeró y ya no le gustó estudiar”, esto es, por la combinación de cansancio con la pereza. Además, están aquellos que dicen no asistir ni continuar estudiando porque “no nació para la escuela” o, simplemente, porque “no se le daba la escuela”. En este tipo de casos está presente un sentimiento de incompetencia entre los adolescentes, por lo que “se le hace difícil”, “le cuesta mucho aprender.” Esto deviene en una imagen negativa: “yo no tengo cabeza para estudiar.”

Más allá de razones estructurales que limitan el acceso o la permanencia de los adolescentes en la escuela (falta de cobertura o desigualdades socioeconómicas), están aquellas razones que expulsan de la escuela a aquellos que sí pudieron ingresar a ella.  Se trata de la falta de interés, de gusto, de voluntad, de deseo, así como el aburrimiento, el fastidio, la flojera y el sentido de incompetencia. Todas ellas concurren para explicar el por qué más de un tercio de los varones y más de una cuarta parte de las mujeres de 15 a 19 años que no asistieron a la escuela en 2015, dejaron de hacerlo.

Una conclusión paradojal aparece: en un número significativo de adolescentes la escuela no formó el gusto, no cultivó el deseo ni la voluntad de perseverar en la escolaridad y, por el contrario, desencadenó el aburrimiento, el fastidio y la flojera, suficientes para la ruptura de todo vínculo. ¿Qué están haciendo o han dejado de hacer las escuelas, los directivos y los docentes para que suceda ese efecto no deseado de la acción escolar, antitético de sus objetivos educativos? ¿De qué manera los docentes están encarando la abulia de un número importante de estudiantes frente al trabajo académico y los contenidos curriculares? Ciertamente, la falta de interés o de voluntad, el aburrimiento y el fastidio de los estudiantes, son un resultado –sólo sintomático– de la combinación de procesos sociales, culturales y escolares que están socavando la capacidad de la escuela y disminuyendo las condiciones de buen ejercicio del derecho a la educación de todos los adolescentes previamente escolarizados.

En el ámbito discursivo del derecho a la educación se distingue “el derecho a…” (relacionado con la accesibilidad y la asequibilidad) respecto al “derecho en…” (relativo a la aceptabilidad y la adaptabilidad).

De acuerdo con Latapí (2009) la aceptabilidad se refiere al fondo y a la forma de la educación, así como a su pertinencia cultural y lingüística, en tanto que la adaptabilidad remite a la flexibilidad de las formas de educación ofrecidas para adaptarse a los diversos contextos. En este último caso, en palabras de Tomasevski (2004), se trata de que las escuelas se adapten a las características de los estudiantes y no forzar lo contrario, que los adolescentes se adapten a las condiciones de la escuela.

Los datos arriba descritos ofrecen indicios sólidos de que algunas cosas no están sucediendo en las escuelas para procurar la aceptabilidad y la adaptabilidad de la educación que ofrecen a sus estudiantes.

Los procesos escolares y las prácticas docentes no siempre hacen las mediaciones y ajustes para gestionar la pertinencia de los contenidos ni la relevancia de lo que se enseña. Múltiples usos, costumbres, rutinas y hasta liturgias escolares sólo muestran la forma (la actividad docente) pero no necesariamente atienden y cuidan el fondo –el aprendizaje de los alumnos. Pero hay más, de acuerdo con Cámara (2006: 28-29):

“En un salón de clase ordinario es fácil percibir el punto muerto en el que el desinterés por aprender se equilibra con la aceptación del régimen escolar… tener presente un entorno educativo en el que ni el maestro va a encontrar orgullo y satisfacción en su trabajo ni el estudiante percibir que aprender es valioso o que los adultos se interesan en que aprenda… Fuera de momentos en los que el maestro urge acciones que todos obedecen… la resignación ante la actividad impuesta puede dar lugar al aburrimiento o la rebeldía…”

Es cierto, también, que los adolescentes actuales no son iguales que las generaciones precedentes. Ahora los adolescentes se aburren en el aula porque han crecido en entornos informacionales que han descentrado a la escuela y a los docentes como los principales proveedores de aprendizajes. Los estudiantes se mueven en una época en la que sucede el desfondamiento y la destitución de la institución escolar (Corea, 2010). La escuela no es capaz de responder a la dispersión y fragmentación de los múltiples intereses de los adolescentes, quienes encuentran respuestas en otros medios, en la inmediatez y superficialidad de la comunicación permanente con sus pares, más que con o entre los adultos.

El problema de fondo se puede buscar en la fuerza de las prácticas escolares tradicionales, que no son interpeladas sino eludidas por las nuevas configuraciones en los entornos de aprendizaje de los estudiantes. El disgusto por estudiar, el aburrimiento y el desinterés de los adolescentes por los aprendizajes escolares son sólo síntomas de la desconexión operante entre sus características subjetivas y las rutinas cristalizadas en la cotidianidad de las prácticas escolares. El resultado es la desafiliación o desvinculación de los adolescentes respecto a los contenidos curriculares y prácticas escolares que conducen, en extremo, a su desescolarización.

Ante este panorama, cabe compartir algunas cuestiones que consideramos de urgente resolución: ¿puede la política educativa abordar el asunto de la relevancia de los procesos y contenidos curriculares, para construir el gusto por el aprendizaje escolar entre los adolescentes, superando el aburrimiento, la flojera y la falta de sentido que prohíjan su desafiliación? Es decir, ¿puede la política educativa hacerse cargo de mejorar la aceptabilidad y la adaptabilidad de los procesos escolares en la educación secundaria y media superior mexicanas, de modo que los adolescentes no sólo sean retenidos en la escuela, sino efectivamente sean implicados en aprendizajes que les resulten significativos y valiosos? ¿puede la política educativa generar medidas eficaces para combatir los resultados negativos, efectos no deseados de la escolarización llana de los adolescentes? ¿qué estrategias se pueden plantear para que los jóvenes que abandonaron la escuela, tengan segundas o terceras oportunidades para ejercer de manera plena su derecho a la educación y que no se agoten en una simple reescolarización?

Referencias

Cámara, Gabriel (coord.) (2006) Enseñar y Aprender con interés. México, Ed. Siglo XXI

Corea, Cristina (2010) Pedagogía del aburrido: escuelas destituidas. Buenos Aires, Ed. Paidós, 224 pp.

IMJ (2006). Encuesta Nacional de la Juventud, 2005.  México: Instituto Mexicano de la Juventud.

Latapí, Pablo (2009) “El derecho a la educación. Su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa”.  Revista Mexicana de Investigación Educativa, Vol. XIV núm. 40, pp. 255-287

Tomasevski, Katarina (2004). “Indicadores del derecho a la educación”. Revisa Instituto Interamericano de Derechos Humanos, vol. 40.

Fuente noticia: http://www.educacionfutura.org/aburridos-desafiliados-y-desescolarizados-la-escuela-socava-el-derecho-a-la-educacion-de-ninos-y-jovenes/

Fuente imagen: http://www.educacionfutura.org/odej.png

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Una política de prevención de la violencia no debe partir de la criminalización de los niños

Por Observatorio del Derecho a la Educación y la justicia

Dra. Claudia Campillo Toledano[i]

Los acontecimientos ocurridos el pasado 18 de enero donde en un colegio privado un joven disparó contra su maestra y algunos compañeros en la ciudad de Monterrey, fueron sin duda, un signo de alarma para muchos, pero desafortunadamente, para otros, algo que es solamente una de entre muchas señales de la crisis social que vivimos en nuestro país. Ante este tipo de situaciones, la sociedad entera se pregunta ¿cómo es posible que estas cosas ocurran? Y en el mejor de los casos  ¿hay alguna forma de evitarlo? La preocupación por la seguridad de nuestros hijos ahora se ha trasladado al ámbito escolar, la escuela ha dejado de ser el espacio social que aseguraba la integridad de los niños.

Muchas voces han proclamado la falta de responsabilidad de las escuelas y del gobierno en estos hechos; de manera superficial algunas personas han culpabilizado al joven junto con su familia y en el mejor de los casos, le han concedido el beneficio de una “patología psicológica” para deslindar de responsabilidad al resto de la sociedad. Ambas posturas revelan una falsa consciencia sobre la problemática de la violencia social y en particular, de la profunda problemática que se observa en los ámbitos escolares.

La sociedad mexicana ha vivido en los últimos 15 años una espiral ascendente de violencia inicialmente ocasionada por la guerra del gobierno federal contra el crimen organizado, delitos de alto impacto como ejecuciones, desapariciones forzadas y balaceras en los espacios públicos se volvieron una constante de la vida pública, con sus ya conocidas consecuencias en el incremento de homicidios y delitos relacionados con el narcotráfico.

Como en el resto del país, la sensación de inseguridad ha permanecido constante, tal como muestra la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), ya que cerca del 70% de los habitantes de 18 años o más consideró que vivir en su ciudad es inseguro (INEGI, 2016). De acuerdo con ese mismo estudio, el 72% se siente inseguro en el transporte público, el 61% en las calles que habitualmente usa, el 50% en los parques.

La ausencia de seguridad en espacios públicos es un fenómeno recurrente en las ciudades, la ocurrencia de hechos antisociales se ha vuelto común, pues según el INEGI (2016) 67% de la población manifiesta haber presenciado consumo de alcohol en las calles, mientras que el 65% ha manifestado haber observado asaltos y robos, el 58% vandalismo y un 40% venta de drogas (INEGI, 2016, ENSU).

El problema de la violencia y la criminalidad es un fenómeno creciente que tiene como principales protagonistas a jóvenes y adolescentes. De acuerdo a Cerda (2010:124) en la zona metropolitana de Monterrey existen barrios completos donde la presencia del fenómeno de la violencia doméstica y la derivada del pandillerismo se conjuntan y generan un medio ambiente hostil, no sólo para las familias que habitan ahí, sino para todo el tejido social en su conjunto. Cerda señala que “la violencia en la entidad ha tomado ‘espacios’ específicos en la urbe, no sólo porque en 200 barrios se concentra el 60 por ciento de los casos de violencia doméstica, sino porque en estas colonias se ubica entre 60 y 80 por ciento de las pandillas de la urbe.”

Sin embargo, esas son solamente algunas de muchas formas en que la violencia ha escalado posiciones en la vida social, el incremento de violencia familiar es notable, al registrarse más de 49,638 casos en el período 2014-2016 (PGJNL, 2017). Nuevo León se encuentra entre los estados con las tasas más altas de feminicidios en el periodo 2011-2013 (INEGI, 2015) y según el CEAMEG (2013) está entre los 10 estados con mayores índices de violencia y maltrato infantil en el país.

La escuela, al igual que las demás instituciones sociales ha sido colonizada por la violencia desde hace tiempo atrás, en años recientes, la violencia escolar es una constante en la vida cotidiana de los niños y niñas de nuestro país. La escuela no es otra cosa más que el reflejo de las dinámicas sociales y familiares que tienen lugar en nuestro entorno. Sin embargo, tanto autoridades como padres de familia hemos ignorado las señales de alerta que se han manifestado de manera brutal en nuestros niños. De acuerdo al informe sobre acoso y violencia escolar en Nuevo León, en las escuelas urbanas existe una prevalencia del 79% de violencia ocasional, siendo la violencia de riesgo, grave y muy grave el 12% restante (Diario Oficial del Estado de NL, 2016).

No obstante, existen evidencias recientes que permiten responder a las preguntas sobre las causas de la violencia en la población infantil y juvenil y sobre todo, propuestas concretas de atención a este grupo poblacional en particular. USAID México financió el proyecto Modelo de Relaciones Familiares para Prevenir la Violencia Juvenil desarrollado por la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se realizó un diagnóstico integral de las causas de la violencia en niños, niñas y jóvenes de entre 10 y 15 años en 17 escuelas primarias y secundarias ubicadas en tres polígonos del Área Metropolitana de Monterrey.

Los polígonos de estudio fueron elegidos por su alto nivel de marginación social y la prevalencia de altas tasas de violencia familiar y delitos del fuero común. Las escuelas colaboradoras en el proyecto se caracterizaron por una alta tasa de ausentismo y deserción, bajo rendimiento escolar y altas tasas de violencia y acoso entre su población.

Este proyecto permitió identificar 9 factores de riesgo que inciden en la comisión de actos violentos y la incorporación de los niños a grupos delictivos y criminales. Los principales hallazgos muestran que la niñez en esta región del país es altamente vulnerable debido a la combinación de factores individuales, familiares y comunitarios que contribuyen a su aislamiento social y a incorporar la violencia como elemento central de las interacciones sociales.

El 98% de los niños, niñas y jóvenes regiomontanos que participaron en el estudio señalaron haber experimentado algún evento crítico en su vida asociado a una situación violenta o delictiva, del mismo modo, se encontró que la débil supervisión parental era un factor significativo con un 90%, lo mismo que las tendencias a tomar riesgos impulsivos, la participación de amigos en actividades violentas o delictivas con un 77% y el fácil acceso al consumo de drogas con un 73%. Asimismo, la población escolar atendida mostraba una ausencia de expectativas de futuro, lo que se traduce en la falta de metas y de esperanza sobre su realización personal.

Estos resultados nos muestran el panorama poco alentador que enfrentan los niños, niñas y jóvenes que asisten a las escuelas en nuestra ciudad. Su alto nivel de exposición a la violencia ha dejado una huella importante en su salud psico-emocional, provocando sentimientos de angustia, impotencia y aislamiento social, la escasez de vínculos positivos en las dinámicas familiares debido a que los padres dedican más tiempo al trabajo y a la provisión de bienes materiales, además de la influencia negativa de los pares; ésta es una combinación que potencializa la presencia de conductas antisociales, la neutralización de la culpa y la agresividad como forma de interacción social.

Las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de la violencia y acoso escolar no pueden solamente quedarse, como hasta ahora, en reglamentos y comisiones especiales. La seguridad de los niños y niñas en las escuelas es responsabilidad de toda la comunidad, no es un asunto exclusivo de los maestros y los directivos, debe ser objeto de una política pública integral orientada a la generación y fortalecimiento de dinámicas positivas que propicien el sano desarrollo de los niños y jóvenes y permita la formación de generaciones de ciudadanos que han optado por la violencia y el crimen como única forma de relación social. La integralidad de la atención a la población infantil dentro de las escuelas requiere de una visión comprehensiva de la problemática de la violencia como un asunto multifactorial y complejo que requiere de intervenciones multidisciplinarias sustentadas en el conocimiento proveniente de la investigación social.

Acciones aisladas como la operación mochila segura o las mochilas transparentes no constituyen un programa o política de atención integral; parten de la buena intención de evitar que se introduzcan armas o drogas a las escuelas, sin embargo, el uso de la fuerza y la autoridad sobre los niños y niñas solamente contribuyen a la criminalización, estigmatización y aislamiento social de los menores, que detonan en mayores niveles de violencia sobre nuestros niños propiciando lo que originalmente se quiere evitar.

La toma de decisiones de los gobiernos para el desarrollo de políticas y programas sociales enfocados a la prevención de la violencia y la delincuencia, debe fundamentarse más allá de la lógica de las buenas intenciones o de posturas sustentadas solamente en la moral social y recurrir a experiencias previas que sean exitosas en el contexto nacional y local.

Los programas de prevención de la violencia en las escuelas deben enfocarse a atender las causas que generan ambientes negativos en los procesos de formación y socialización de los niños y niñas, por lo que las decisiones de política pública deben realizarse buscando el desarrollo e implementación de programas basados en evidencia sustentados en el conocimiento científico que incluyan indicadores de medición que den cuenta de sus resultados.

[i] Profesora- Investigadora Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Universidad Autónoma de Nuevo León, Miembro del SNI Nivel II, correo electrónico:claudiacampillo@hotmail.com

Fuente: http://www.educacionfutura.org/una-politica-de-prevencion-de-la-violencia-no-debe-partir-de-la-criminalizacion-de-los-ninos/

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