Author: Sarah Babiker

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España-Formación Profesional: cuando estudiar en la pública deviene un privilegio

Sarah Babiker

Por: Sarah Babiker

La falta de oferta pública en Formación Profesional posibilita un lucrativo negocio que atrae a empresas ajenas al sector de la educación mientras expulsa a quienes no pueden pagar las elevadas matrículas.

Tienes 15 o 16 años. Has aprobado secundaria, pero te ha costado, tus notas no son espectaculares y además tampoco tienes interés en llegar a la universidad. Hace tiempo que tus tutores te dicen que, visto tu expediente, estarías mejor haciendo un grado medio, hasta en las noticias ves que la Formación Profesional tiene cada vez más prestigio. Entonces decides que sí, que como te dicen en el instituto, como te insinúan desde la televisión, tú también vas a formarte en una profesión, tal vez en un sector prometedor, y vas a encontrar esa vía de entrada en el mercado laboral que con esfuerzo y dedicación redundará en un futuro y una vida adulta. Sin embargo, cuando presentas tu solicitud para ingresar en institutos públicos el sueño se frustra antes de empezar: no hay sitio para ti.

Esto le pasó al hijo de Amparo hace unas semanas cuando intentó matricularse en la pública. Tras repetir segundo de bachillerato y que su tutor le comentara a él y a otros, ya a mediados de curso, que quizás su sitio estaba en un ciclo formativo, el joven echó los papeles para cursar un ciclo formativo de grado medio en la escuela pública, pero también se puso tempranamente a buscar centros privados. Sabía que no sería fácil. Ya el año pasado miles de chavales y chavalas se habían quedado fuera  de la pública, especialmente en grados de alta demanda como el solicitado por el chico: un grado medio de temática audiovisual. Además, el único criterio para acceder a los ciclos es la nota, lo que dejo fuera a mucho alumnado cuyas notas no destacan.

“La gente de la derecha tiene este discurso de que los cheques para estudiar en la privada permiten la libre elección, cuando somos miles de chavales y de familias que en Madrid nos quedamos sin nuestra elección, que es que nuestros hijos estudian en la pública”, lamenta Amparo quien además recuerda cómo atravesó esa situación justo después de que la escasez de plazas municipales en Madrid, para los centros infantiles (de 0 a 3) saltara a la prensa. Así el achicamiento de la enseñanza pública se manifiesta en los distintos ciclos, alerta.

Y es que aunque la escuela 0 a 3, o la FP no son enseñanza obligatoria, Amparo recuerda que es necesaria: “Mi hijo dejó el bachillerato en abril y está buscando trabajo. No encontraba nada. ¿Cómo te puedes enfrentar al mercado de trabajo con solo la ESO?”, ante esa imposibilidad solo queda el “sálvese quien pueda”: “Voy a pagar un pastizal para una formación que es básica, que es un grado medio. Osea voy a pagar más que un máster de mi propia universidad”, advierte esta mujer que también es profesora universitaria. Unas tasas que no sabe muy bien a qué obedecen, si a que la demanda es alta o el equipamiento que se ofrece es costoso.

Como el hijo de Amparo, más de la mitad de los jóvenes madrileños se quedará sin plaza en la FP pública, según investigó CC OO , que habla de una crisis “de escolarización” en la Comunidad de Madrid. En concreto, en el grado Superior, 32.952 jóvenes habrían iniciado el proceso de escolarización; la solicitud de 17.976 de ellos ha sido rechazada, y sólo 14.976 jóvenes han sido admitidos. En términos porcentuales, así, un 54% de las solicitudes en Grado Superior no progresó. Si sumamos estos 17.976 jóvenes sin plaza de Grado Superior a los 6.938 que se quedan sin plaza de Grado Medio, veremos que en total casi 25.000 jóvenes se quedan sin plaza pública en los estudios de FP que habían elegido”, señalan desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. El porcentaje llega al 60-70% a formaciones de alta demanda como la que empezará el hijo de Amparo. El caso más fragante es el de los estudios sanitarios, donde 9 de cada 10 candidatos se han quedado fuera.

Partiendo de la premisa de que efectivamente hay pocas plazas, Luis García Domínguez, presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional FP Empresa, identifica también la ausencia de orientación. “Detectamos que el número de orientadores en los institutos es muy bajo en relación a las necesidades y que casi se necesitarían el doble o el triple de orientadores en cada instituto. Muchas veces institutos con mil alumnos tienen un orientador. Es imposible que ese orientador atienda a las necesidades psicopedagógicas de esa población de mil alumnos y más en la situación actual donde estamos”.

Más de la mitad de los jóvenes madrileños se quedará sin plaza en la FP pública, según investigó CC OO , que habla de una crisis “de escolarización” en la Comunidad de Madrid

¿Qué hacer cuando no consigues que te dejen seguir los estudios que has elegido? “Algunos de estos chicos de familias que no van a poder hacer el curso en un ciclo de grado medio, continúan hacia bachillerato, los padres de alguna manera les obligan en muchos casos. Para la Asociación de Directores, poder seguir estudiando sea por la vía académica o por la profesional, es un derecho que debería garantizarse.

Si bien, reconoce García, hay una apuesta por la FP, en la que el gobierno se ha comprometiodo a crear un millón de plazas este año, y con llegar en tres años a 1.350.000, ayudados por fondos europeos, lo cierto, denuncia, es que ese dinero, transferido del gobierno a las autoridades autonómicas, no estarían bien fiscalizado: “no se indica si se dedican a lo superior o en grado medio, en qué temática, etc, por tanto aún teniendo más plazas, en Madrid siguen sin ser suficientes”.

Amparo aspira a contar con un cheque escolar que en el mejor de los casos cubrirá menos de la mitad de la matrícula, unos cheques que van directamente a los centros y que la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FeCCOO Madrid) ha recurrido: “La línea que hemos seguido es la vulneración de la igualdad de oportunidades. Porque realmente se da ad hoc para unos centros y no se da este tipo de cheques a cualquier alumno estudie donde estudie el grado medio. En el grado superior tienen que pagar la matrícula en la pública y no reciben ninguna ayuda”, explica la Isabel Galvín, secretaria general de FeCC OO. El cheque, para la central sindical, supone un reclamo para empresas de otros sectores, no familiarizadas en el ámbito educativo, que acuden al calor de este negocio lucrativo, un movimiento que tiene por resultado una relajación en la calidad de la enseñanza y una falta de control de los títulos otorgados.

Desde la Federación, a raiz de un estudio realizado sobre la oferta, detectan además una clara tendencia de la Consejería a favorecer la formación privada a la hora de ofertar nuevos títulos o aquellos con más atractivo. Basta hacer un ejercicio práctico. Cuando se entra en un portal de búsqueda de FP, como en su momento tuvo que hacer el hijo de Amparo, se encuentra, del modo ya señalado por Galvín, que la presencia de la oferta pública es menor que la privada y concertada. Un ejemplo: el grado medio de Microinformática y Redes: de los 20 centros que lo ofertan en la Comunidad de Madrid, 13 son privados. Galvín explica cómo recientemente han salido publicitados en el BOE varios títulos que solo oferta la privada. Así, mientras quienes se lo puedan permitir con el esfuerzo de sus familias, se ven interpelados por decenas de anuncios y publicidades de centros que desde internet, los autobuses o el metro les prometen un futuro brillante, son miles las chicas y chicos que acaban la enseñanza secundaria sin ninguna opción de continuidad educativa porque su familia carece de los medios para cubrir las matrículas.

Además, denuncia Galvín, lo que provocan los cheques regalo —señala las experiencias previas del grado superior o de educación de infantil—, es una subida de los precios de la matrícula. “La FP se hace más inaccesible. Es decir, que en la práctica, al final, desemboca más que en una segregación educativa, en una segregación social, porque es que no tienen salida profesional, no tienen la oportunidad de estudiar y tampoco lo hacen fácil para el bachillerato”.

FP y negocio

Si bien las competencias educativas son autonómicas, se esperaba que al menos una Ley Estatal, como la que se aprobó el pasado septiembre, pudiera de alguna manera poner coto a la privatización de la FP.  En Andalucía la privatización de la FP avanza a grandes pasos, no a través del sistema de cheques, pero sí de los conciertos. La privatización, opina el Delegado de Educación de CGT en Almería, Manuel Miralles, “es la esencia del Partido Popular. Tampoco esto debe sorprendernos. Pero la velocidad a la que se está produciendo sí es llamativa”.

Como todo proceso de privatización el que sucede en Andalucía acontece de la mano del abandono de la pública. “La FP está cada vez más deteriorada a nivel de inversión y de apuesta por parte de la administración pública. Y sin embargo los conciertos privados están cogiendo protagonismo”, insiste Miralles, en lo que considera un fenómeno muy peligroso de mercantilización.

La ley de FP también da mucho espacio a la empresa como lugar de formación, algo que ya levantó suspicacias en el momento de su aprobación. Miralles considera que al centrarse solo en cuetiones de formación técnica se desatiende la dimensión de formación integral que debería suponer este ciclo.  Ambos sindicalistas consideran que si la privatización se expande es también porque la ley es una oportunidad perdida que no blinda la educación pública ni establece límites o líneas rojas. “Se queda muy corta. Deja además muchas cuestiones en manos de la empresa”, apunta Miralles. Desde ambos sindicatos comparten el temor de que las prácticas, como están planteadas en la Ley, acaben siendo un mecanismo de explotación de mano de obra barata.

En Andalucia: “La FP está cada vez más deteriorada a nivel de inversión y de apuesta por parte de la administración pública. Y sin embargo los conciertos privados están cogiendo protagonismo”

“El grado medio no es solamente profesionalizador —es decir, te proporciona unos resultados de aprendizaje que te permite ser profesional inmediatamente en el sector— sino que sabemos por experiencia que los ciclos de grado medio son orientadores en muchos casos”, explica por su parte García, quien recuerda que no todas las personas que eligen este itinerario quieren lanzarse al mercado de trabajo inmediatamente si no que pueden optar simplemente por probar esa vía. En Andalucía: ““La FP está cada vez más deteriorada a nivel de inversión y de apuesta por parte de la administración pública. Y sin embargo los conciertos privados están cogiendo protagonismo”

Pero claro, si pagas 4.000 euros quieres resultados. Lo que para muchas familias se traduce en tensiones, malas relaciones y agobio. Amparo, se pregunta si algunos de sus alumnos y alumnas en la universidad habrán querido ir a FP y no habrán podido. Y es que, teme,  con la privatización de esta enseñanza, solo los hijos e hijas de clase media y acomodada podrán aspirar a ingresar en estos itinerarios. Para su hijo, que cursó secundaria y bachillerato en un instituto público de un barrio del sur, considera Amparo, la cosa va  a suponer un gran cambio. “Yo le decía, los chavales que van a estar en esa formación tuya que repito, es una formación técnica pero básica, con estos precios de la academia, sus padres, van a ser como yo, profesionales, gente de clase media, o una pareja que trabajan los dos y han conseguido a lo mejor un préstamo. Vosotros sois los que os vais a quedar con los puestos de técnico, también”.

Y es que una formación profesional que deje a la gente afuera pone en jaque el futuro, especialmente, de las clases más desfavorecidas económicamente, aquellas a las que antes se empujaba justamente a optar por esta vía. En Almería, recuerda Miralles,  hay toda una población de hijos de trabajadores agrícolas migrantes que debería de poder encauzar sus expectativas formativas a través de la Formación Profesional si esa es su elección. “Si queremos una sociedad realmente integrada a esos chavales hay que darles formación. No podemos aspirar a una sociedad integrada si no acogemos a todos exactamente por igual. Tenemos este modelo público con su defectos, que es mejorable, pero sí que contempla y acoge actualmente a este tipo de alumnado. Un cambio de sistema puede generar no solo discriminación de ‘el que no pueda, no estudia’, sino a un problema de mayor calado”.

Por otro lado la mercantilización de la FP conlleva el surgimiento de centros de dudosa calidad, “cursos pirata”, centros que conceden titulaciones dudosas. Además, como señala Galvín, de la misma manera que sucede con las universidades privadas, las empresas no asocian el mismo valor a todos los títulos, y tienen en cuenta dónde se han conseguido.

Fuente de la información e imagen:  https://www.elsaltodiario.com

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España: Los institutos urgen a tomar medidas ante la emergencia de salud mental que atraviesa el alumnado

Sarah Babiker

Por:  Sarah Babiker 

La comunidad educativa señala la alta incidencia de conductas autolesivas por parte del alumnado madrileño, y exige medios para hacer frente a la crisis de salud mental que se vive en los centros.

“Estoy muy preocupada, en este curso he visto algo que nunca había vivido”. Quien habla es una profesora de filosofía de un instituto de la periferia sur de Madrid. Y ese algo que nunca había visto son numerosos expedientes de prevención del sucidio, en su caso, tiene cuatro alumnos con expedientes de este tipo abierto. “Hemos tenido una reunión especial para abordar ese tema y cómo actuar con determinados supuestos, la primera sensación es de sorpresa”.

La preocupación por la salud mental del alumnado madrileño, la sorpresa ante la escalada de las conductas autolesivas e intentos de suicidio, y las reuniones para afrontar esta situación se extienden por toda la Comunidad de Madrid, y es que las cifras son contundentes: “Solo en el primer trimestre de este curso hay el mismo número de protocolos por intento de suicidio abiertos que en todo el curso pasado”, confirma Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid. Se trataría solo de “la punta del iceberg de otra serie de problemas que son como una espiral, las conductas de autolesión que han aumentado exponencialmente”. Así lo denuncian en un comunicado que el sindicato hizo público el pasado lunes, y en el que urge a la Comunidad de Madrid a poner los medios para atajar lo que consideran “una emergencia absoluta”.

Un panorama que, comenta la sindicalista, se complejiza con chavales que acuden a las redes para buscar información sobre cómo suicidarse o forman redes con pares que se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad. La prevención en este caso es fundamental, y en especial el rol de los centros educativos para la identificación de alumnado en riesgo. Pero no resulta fácil: “estas situaciones se detectan a través del tutor y luego el equipo de orientación, pero antes de la pandemia ya estaba todo muy tocado porque, con los recortes, el profesorado tiene más horario lectivo y menos tiempo para atender al alumnado en tutoría”.

“Solo en el primer trimestre de este curso hay el mismo número de protocolos por intento de suicidio abiertos que en todo el curso pasado”

Un alumnado más necesitado de atención y acompañamiento que nunca, y un tiempo limitado y sobrecargado de tareas generan una situación de agobio en un profesorado que teme que alguno de estos intentos de sucidio, alguna de estas situaciones de malestar emocional, acabe resolviéndose de forma fatal, apunta Galvín. Ante este miedo real, la Asociación de directores de secundaria y FP de Madrid (Adimad) ha dado la voz de alarma.

Esteban Álvarez, presidente de Adimad critica que se deje a los centros solos y sin recursos ante una emergencia que les está desbordando, cuando ni siquiera hay un protocolo unívoco para todos: “Lo que hay es una guía, recomendaciones y cada centro tiene que hacer su propio protocolo”, apunta. El problema fundamental se centra, para este director, en una cuestión de recursos materiales y humanos, y en particular, en la ausencia de psicólogos escolares. “En estas condiciones es difícil hacer un seguimiento real, un seguimiento serio y eficaz de los casos”. Es sobre el equipo de orientación que recae la adaptación de la guía, un equipo, recuerda el director, donde es más común que haya pedagogos, e incluso en los casos en que están integrados por psicólogos, estos no pueden practicar psicología clínica.

Y además, recuerda Álvarez, son demasiados pocos, algo que pasa en todo el Estado pero particularmente en Madrid, donde hay un orientador por cada 800 alumnos, frente al orientador por cada 300 alumnos que propone la Unión Europea. La falta de recursos convierte a los protocolos en “un trámite burocrático”. ¿Por qué? Porque sin personal lo necesario en estos casos, que es básicamente no dejar a los chicos solos en ningún momento, “implica un trabajo tremendo que con la masificación de alumnado que hay, pues es muy difícil de seguir”.

El profesorado o los directores no son los únicos que demandan que en los centros educativos existan psicólogos. La FAPA Giner de los Ríos comparte este reclamo, y es que consideran esencial el rol de los institutos para el acompañamiento de los adolescentes, un acompañamiento que muchas familias no pueden encontrar fuera de este ámbito al no poder permitirse acudir a terapia privada, y depender de una red pública saturada que tarda meses en citar a los chicos y chicas. “Estamos reivindicando que se dote a los centros educativos de todos los recursos materiales y humanos necesarios para poder abordar toda la situación y todo lo que conlleva el momento en el que estamos viviendo, en concreto todos los profesionales necesarios y en particular la figura del psicólogo”, explica Mari Carmen Morillas.

No se sienten escuchadas, cuenta la presidenta de la FAPA que se han pedido en el periodo navideño sendas reuniones al Consejero de educación desde la  plataforma regional por la escuela pública y desde la propia Giner de los Ríos, y no han conseguido concretarlas: “la democracia exige participación y la comunidad de Madrid no lo practica ni potencia en ningún sentido”, se indigna Morillas.

Tiempos duros para la adolescencia

La emergencia de salud mental no solo se encuentra con el colapso de la sanidad pública, sino que el incremento de la demanda también empieza a saturar a las opciones privadas. El confinamiento ha hecho mella en un colectivo que ha sufrido particularmente el mandato de aislamiento. La psicóloga Mercedes Bermejo, vocal del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, considera que la limitación de las relaciones sociales  les ha afectado particularmente “en una etapa vital donde se producen muchos desajustes hormonales, fisiológicos, psicológicos, emocionales, donde hay una  mayor inestabilidad emocional, una tormenta emocional, como decimos muchas veces los profesionales de la psicología, que hace que todo esto se agrave”.

“La pérdida de interacciones sociales ha conducido a muchos adolescentes a desarrollar otros patologías, como trastorno de conducta alimentaria, del estado de ánimo, o problemas de adicciones y consumo”

 Bermejo considera que es importante diferenciar cómo puede afectar a un adulto no poder hacer un plan social, frente a lo que supone para un adolescente no vivir la fiesta de graduación o el viaje de fin de curso, “hitos de desarrollo que son muy importantes desde el punto de vista evolutivo: sienten que se les ha ido la vida”. Considera necesario que se entienda lo difícil que ha sido esta etapa para las personas adolescentes y los sacrificios que han tenido que hacer mientras eran juzgadas y criticadas. La pérdida de interacciones sociales ha conducido a muchos a desarrollar otros patologías, como trastorno de conducta alimentaria, del estado de ánimo, o problemas de adicciones y consumo, y es que “desde el punto de vista madurativo, cerebral , no tienen esa madurez para poder autocontrolarse, autorregularse y gestionar mejor todo lo que son sus competencias emocionales”.

Cuenta Álvarez que si bien los directores, conociendo la dureza del confinamiento para el alumnado, se temían que no fuera fácil la adaptación durante este curso, “ni en el peor de los casos imaginábamos que el problema iba a ser tan grande y sobre todo tan grave. Está claro que a los chavales emocionalmente esto les afecta, y además aquellos chicos que tienen un alto rendimiento académico, altas expectativas, se han visto todavía más afectados”. Volver a las jornadas completas y a las exigencias académicas previas a la pandemia estaría suponiendo un desafío para muchos estudiantes.

María integra el equipo de orientación de un instituto al Sur de Madrid. Considera que es una afortunada, porque en su caso son dos orientadoras, sin embargo la problemática de salud mental las supera. “Nosotras escuchamos a los chicos, les damos un espacio tranquilo, un espacio seguro donde les vamos a respetar y les vamos a acompañar y tratamos de hacer un seguimiento lo máximo que podemos. Pero claro, cuando tenemos a tantos chicos con esta ansiedad tan generalizada, con estos niveles de depresión, con ideas e intentos de suicidio, nos sentimos totalmente desbordadas”. Desde que empezara el curso, María dedica el 90% al seguimiento de los casos de niños con pensamiento suicidas. Solo el 10% queda para las labores de orientación, teniendo que tirar de su tiempo libre.

Los límites de la respuesta

Si no es fácil ejercer como orientadora ante un panorama así, tampoco es fácil cumplir con los objetivos curriculares. “Tú tienes ahí tu temario y con un panorama así ni temario ni leches, lo que hay que hacer es actuar. Además, cómo van a atender y cómo van a trabajar con esos problemones, te conviertes en una trabajadora social más que en una profesora”, considera la docente de filosofía. “A veces están tan enfrascados en el momento presente que no ven más allá, y verlo todo en negro, todo malas noticias, todo el rato, tiene que acabar afectando. También hay quienes han perdido a sus abuelos, y eso les ha tocado”.

Para poder acompañar de mejor manera al alumnado, el profesorado necesitaría de algo básico, recuerda Galvín: más tiempo y menos alumnos. Bajada de ratios, bajada de horas lectivas, a parte de la presencia del psicólogo escolar, serían fundamentales para avanzar hacia una mejor detección y seguimiento. Los actores lo tienen claro y así han intentado trasladárselo a la Consejería, pero “el director general de secundaria no tiene interlocución ninguna con nosotros, no nos ha convocado a ninguna reunión desde que está. Y luego en la mesa sectorial este tema todavía no se ha tratado”. Espera que al menos en el marco de la ley de Defensa del Menor presentada por el gobierno, la propuesta de crear la figura de defensor de los menores, sea ocupada por un profesor técnico de servicios a la comunidad (PTSC), una figura que consideran fundamental para paliar esta situación. “Además, tienen que dotar de psicólogos y ampliar los departamentos de orientación. Vamos a hacer mucha, mucha, mucha fuerza. Vienen fondos europeos para el tema de refuerzo de la orientación por lo que habría posibilidad económicamente de subsanar este tema”.

“En otros ámbitos se han tomado medidas, los ERTE, los fondos europeos, la gente ha teletrabajado… ¿Qué medidas se han tomado para cuidar la salud emocional, para cuidar la educación y la evolución de estos chavales?”

Hasta ahora ha habido, no obstante, algunas iniciativas para formar y apoyar a los cuerpos docentes: por un lado, señala Bermejo, se han dado algunas formaciones importantes. Un ejemplo fueron unas jornadas de formación en prevención al suicidio en las que participaron más de 600 centros. “Así se ha formado a los docentes en diferentes temáticas en relación con las autolesiones, el suicidio, los problemas de salud mental, o cómo gestionar de cara a la familia cuando hay crisis o dificultades en el aula”, explica Bermejo.  La psicóloga destaca que entre la Consejería y el Colegio hay una amplia colaboración. A María las jornadas le parecieron interesantes, si bien considera que la formación no era suficiente, pues al ser muy abierta, no profundizaba. “Nosotras andamos buscando información entre nosotras, coordinándonos con otras compañeras en otros centros y formando una red de apoyo”.

Por otro lado, se valora la labor del psicólogo educativo Jose Antonio Luengo y el Equipo de apoyo contra el acoso escolar que encabeza en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que ahora está centrando su labor en la prevención del suicidio.  “Hacen un trabajo magnífico y todos lo reconocen, pero son tres y no llegan a todas partes”, explica Galvín. “Necesitamos o bien un psicólogo escolar en cada centro educativo, o bien un equipo de psicólogos suficientemente amplio como para poder desplazarse por centros y asesorarnos”, apunta Álvarez, quien también tiene cierta fe en la creación del defensor del menor, siempre que sea una figura nueva, y no otro rol a cubrir por la misma saturada plantilla escolar. “No se le puede pedir a un orientador o al director que ya está sobresaturado de trabajo, que además se encargue de más funciones”.

Y es que la falta de tiempo y el desborde, pueden tener consecuencias fatales cuando no se detectan casos de riesgo, “casos donde los niños tienen una gran sonrisa y sin embargo tiene un gran tormento interior, si nosotros no somos capaces de verlo, no seremos capaces de atenderlo de la mejor manera”, apunta María.

Es hora pues, de pensar en los adolescentes, insiste Álvarez, “en otros ámbitos se han tomado medidas, los ERTE, los fondos europeos, la gente ha teletrabajado… Para los alumnos ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho para nuestros chavales, que son el futuro? ¿Qué medidas se han tomado para cuidar la salud emocional, para cuidar la educación y la evolución de estos chavales?”.

Fuente de la informaciòn e imagen:  El Salto

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Afganistán, la última encrucijada de un sistema de asilo insuficiente

Sarah Babiker

Por: Sarah Babiker

El verano del 2021 se vio marcado por el conflicto en Afganistán y el intento desesperado de abandonar el país de miles de personas. El trasfondo: la usencia de vías seguras para quienes necesitan protección internacional y un sistema de acogida insuficiente.

Era agosto de 2021 y la palabra talibanes volvía a la centralidad de la agenda internacional. Los fundamentalistas afganos que habían sido primer objeto de la proclamada Guerra contra el Terror, que marcó el inicio del siglo XXI tras el atentado del 11S, con una invasión que involucró a la OTAN, tomaban Kabul. 176.000 víctimas después  —entre las cuales se calculan al menos 46.000 civiles —,  tras dejar a cientos de miles de desplazados —sobre todo a los vecinos Pakistán e Irán, las tropas extranjeras se retiraban tras la decisión estadounidense de abandonar el país, tras una ocupación de casi dos décadas, y con un coste de dos billones de dólares.

“Nosotros lo que queremos es que de alguna forma se garantice la salida de quienes han quedado atrapados en Afganistán, que aquellas personas cuya vida corre peligro pudieran seguir saliendo de forma segura”, Mónica López, CEAR

En las dos décadas de ocupación, las potencias extranjeras han empleado a miles de personas: con la vuelta de los talibanes su vida estaba en peligro. En agosto, ante la salida de las fuerzas extranjeras del país, los estados pusieron en marcha operaciones para evacuar a sus colaboradores. En España, aquella iniciativa fue llamada operación Antígona. “Fue una operación rápida y efectiva”, considera Mónica López, directora de programas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), “pero nosotros lo que queremos es que de alguna forma se garantice la salida de quienes han quedado atrapados en Afganistán, que aquellas personas cuya vida corre peligro pudieran seguir saliendo de forma segura”.

Ya en agosto CEAR lanzó la campaña #SalidaSeguradeAfganistán, en la que instaba al gobierno a presionar para conseguir vías seguras y corredores humanitarios para quienes tenían que abandonar el país. “La campaña sigue vigente, pues no se ha habilitado ningún mecanismo internacional para que esas personas puedan salir”, la ausencia de estos dispositivos obliga a quienes ven su vida en peligro a recurrir a las mafias para poder abandonar el país, algo que no todo el mundo se puede permitir, recuerda López, pues se trata de un camino costoso y largo.

Cuando no hay vías seguras

Si bien la salida de exiliados por la guerra se intensificó a raiz del anuncio de la salida de las tropas extranjeras del país, el conflicto ha expulsado población durante todos estos años, y la ausencia de vías seguras ha empujado a millones de afganos a buscar su supervivencia en el exterior. Es el caso de Safura y su familia, que llegaron a España hace cinco años.

Como se ha afirmado numerosas veces, si bien la guerra contra los talibanes y su expulsión del poder se tradujo en un cambio para las sociedades urbanas, particularmente Kabul, en el interior del país, en los pueblos, los talibanes mantuvieron su influencia. “Desde que nací recuerdo a los talibanes. Una vez hicimos una pequeña fiesta para mi hermana que tenía solo 11 años, pusimos una canción. Los talibanes entraron en casa sin permiso, pegaron a mi abuela, rompieron su mano, y se llevaron a mi hermano”, relata Safura.  Aquella vez, después de muchos ruegos y la intervención de otras personas, consiguieron recuperar a su hermano. “Lo dejaron después de pegarle mucho, siempre pegan a la gente”, evoca.

Fuertemente armados y con buenas conexiones económicas, la llegada de las tropas extranjeras no alteró el poder de los talibanes en su pueblo, relata Safura desde un parque de Leganés, donde reside con su familia actualmente. “Hablan con los chicos y les dicen que trabajen para ellos, si no lo haces molestan a la familia, no te dejan en paz”, apunta. Cuenta que esto le pasó a su sobrino el año pasado, que al negarse a trabajar para ellos tuvo que marchar a Irán. Volvió después ante las represalias que estaba sufriendo su familia. Le mataron.

El terror que nunca se fue de los pueblos, llegó a las ciudades con la toma de Kabul. “La hermana de mi marido está ahora allí, desde que vinieron los talibanes no salen de su casa, tiene mucho miedo”, explica Safura, quien señala que niñas y viudas son forzadas a casarse con ellos. “Yo siempre pensaba, como tengo niñas, que si salíamos de Afganistán, mis hijas no tenían que pasar mi vida”. Al temor por el futuro de sus hijas se sumaba la amenaza más concreta sobre su marido, a quien quisieron extorsionar para trabajar con los talibanes. “No quería que mi marido trabajase con talibanes, si tu entras con ellos, al final es la muerte, por eso escapamos de Afganistán”.

El viaje no fue nada fácil. Tras pagar para llegar a Irán, Safura y su marido encontraron a alguien que les llevó a Turquía. Era 2015 y entre los afganos se extendía el rumor de que las fronteras europeas “estaban abiertas” y que pagando se podían traspasar, narra Safura. “Turquía parecía Afganistán”. Tras casi un mes esperando en el país, se unen a un grupo de personas que intenta pasar a Bulgaria tras una larga marcha. “Muchas personas tienen miedo y no quieren pasar, pero nosotros no podemos volver. Por eso seguimos adelante”.

Entre la dureza de las fronteras, el trato indigno en los campos, las detenciones, el camino duró meses. La gente estaba desesperada por avanzar, y no era fácil encontrar solidaridad. Perdieron las medicinas que necesitaba una de sus hijas, y durante horas, tras un ataque de la policía en la frontera con Bulgaria, extraviaron a su hijo. También hubo quienes les ayudaron, pasó en Serbia donde les dieron comida y abrigo, pasó también con otros afganos, como el hombre que les explicó cómo atravesar la frontera francesa después de casi un mes intentándolo sin éxito, un compatriota que cobraba por pasar a gente de un lado a otro, pero que les ayudó desinteresadamente por viajar con tres niños pequeñosy ya sin dinero. O quien, una vez llegaron a Madrid, les llevó a la Cruz Roja donde pudieron solicitar asilo. Atrás quedaban las marchas por el bosque, el miedo, y el frío, dormir los cinco debajo de una manta sin saber qué pasaría el día después.

Una vez en España

Cuenta López que ya ha nacido la primera bebé cuya familia llegó por la operación Antígona. Se llama Sofía y nació en noviembre, en el centro de acogida que tiene CEAR en Catalunya. “Quienes llegaron en agosto al país solicitaron protección internacional. Esto tiene que pasar por una comisión interministerial, que es donde se decide la solicitud de asilo, ya entre los meses de noviembre, diciembre, están empezando a resolver”, unos tiempos que no son habituales y que suponen una rapidez “récord”. López estima que irán reslviendo el resto de solicitudes en enero o febrero, obteniendo las personas solicitantes  su condición de refugiadas y con ello la autonomía residencial y el permiso de trabajo.

El contingente llegado con la operación Antígona tiene características particulares que facilitarán su adaptación en el país, si bien, recuerda la trabajadora de CEAR, su conformación es heterogénea. Si bien muchos hablan español al haber trabajado para las fuerzas españolas, no es el caso de todas las personas, incluyendo a los familiares que las acampañan.

Y es que llegar a un país “seguro” no es sinónimo de poder alcanzar la tranquilidad, es algo que ya saben quienes llegaron antes al país. Algunos ni siquiera tienen España como destino y se desplazan a otros países europeos donde ya tienen redes, otros, como el caso de dos refugiados afganos que trabajan para CEAR consiguen asentarse. “Sí conocemos casos de éxitos, que han podido estudiar, tener un trabajo, que tienen redes en España y les va bien, y luego hay casos, como pasa con todas las nacionalidades, o que van sobreviviendo como pueden, o que han tenido que marcharse porque tampoco han encontrado aquí la vida que buscaban”.

Después de cinco años en el país, Safura y su familia han ido sobreviviendo, y de momento no han encontrado lo que buscaban, pero saben que “nadie puede volver a Afganistán ahora”

Después de cinco años en el país, Safura y su familia han ido sobreviviendo, y de momento no han encontrado lo que buscaban, pero saben que “nadie puede volver a Afganistán ahora”. Ellos pasaron 9 meses en un centro de la Cruz Roja en Cantabria, otros 9 meses los pasaron en un piso de Madrid, pero acabados los 18 de meses, la ayuda se terminó: tenían que sobrevivir de manera autónoma. Ella algo de español había aprendido con los libros de sus hijos, su marido apenas lo hablaba. En esa situación, encontrar un trabajo o un techo era imposible, si han tenido dónde vivir hasta ahora ha sido gracias a personas que se han encontrado por el camino y las han ayudado. Pero es una vida muy difícil y sin certezas. Cuando por fin su marido encontró un trabajo a media jornada, el 2020 empezó la pandemia y lo perdió. Han pedido la renta mínima autonómica y el ingreso mínimo vital sin resultado.

El problema del refugio

Hace justo un año, en enero de 2021, se aprobó una reforma en el sistema de acogida que impide que se pase de fase 1 a fase 2 hasta que no se resuelva la solicitud de asilo. Esto, explica Tania Vilkhova, responsable de Acción Social de la Red Acoge, “supone una menor autonomía porque durante todo ese periodo tienen que quedarse en el centro gestionado por las entidades sociales o el ministerio de inclusión en el caso de los CAR (centros de acogida de refugiados)”. Si bien la nueva instrucción apuntaba a una reducción de los plazos a seis meses, esto no se estaría cumpliendo.

Un significativo descenso en las peticiones de asilo respecto a 2019 —en los últimos años la mayoría de solicitantes provenían de América Latina— , y el bloqueo durante meses de las personas solicitantes de asilo llegadas a Canarias, ha permitido, explica Vilkhova, que aún no se haya notado una de las posibles consecuencias del cambio: “como no salen personas de los centros de primera fase no pueden entrar otras nuevas personas solicitantes”, sin embargo teme que esto solo sea temporal, y que una recuperación en las solicitudes de asilo pueda suponer de nuevo un colapso. “En algún momento, el sistema probablemente se atasque. Estamos en un momento medio crítico, de hecho, con las personas solicitantes de asilo afganas se llenaron las plazas. Esta semana se aprobó el nuevo programa de reasentamiento por parte del Ministerio para acoger a 1200 personas más. A ver dónde llegan”.

Vilkhova critica que, tras tanto hablar de vías seguras en el Pacto Mundial de Migraciones o el más reciente Pacto Europeo de Migración y Asilo, la comunidad internacional no ha avanzado nada en este sentido. Aún sin vías seguras ni corredores humanitarios, la gente sigue huyendo de sus países. “Viendo todo lo que está pasando, no solamente en Afganistán, hay muchísimos conflictos en África —Etiopía, Mozambique…— de los que nadie está hablando, todas estas personas son potenciales solicitantes de protección internacional”. Vilkhova considera que muchas de estas personas llegarán a España, y que el gobierno debe de ser capaz, implicando al tercer sector, de dar una respuesta “rápida, ágil y adecuada”.

“Viendo todo lo que está pasando, no solamente en Afganistán, hay muchísimos conflictos en África —Etiopía, Mozambique…— de los que nadie está hablando, todas estas personas son potenciales solicitantes de protección internacional”

En este sentido López señala que, en muchos casos, la respuesta política “funciona a reacción de los medios de comunicación, de que los conflictos sean noticia. Y es verdad que Afganistán en agosto era noticia, ahora ya no es tanta noticia. No somos muy  optimistas de que se vaya a tomar ninguna iniciativa a nivel europeo ni a nivel español para poder paliar un poco la situación de las personas que están siendo perseguidas ahí”. Desde Cear demandan que existan vías seguras para que puedan pedir asilo aquellas personas cuya vida esté en peligro.

Safura recuerda las imágenes que ha visto en los últimos meses desde su precaria existencia de refugiada sin recursos: “No se cuida a la gente que sale del país, hemos visto en los aeropuertos a miles de personas esperando con los niños, piensan que se los van a llevar a los países en Europa, pero solo se llevan a al gente que trabaja para ellos, muchos aviones vienen vacíos, hay mucha muerte en el aeropuerto, pero a nadie le importa”.

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Las madres de niños con necesidades especiales se organizan contra la soledad de los cuidados

Sarah Babiker

Por: Sarah Babiker

Los cuidados de la infancia con necesidades especiales son a menudo asumidos en solitario por las madres. Ante la no implicación de los padres, y la falta de acompañamiento institucional, muchas apuestan por la organización colectiva y el apoyo mutuo.

“Lo logré después de mucho pelear” es una expresión que se repite con cierta frecuencia conversando con madres de hijas e hijos con necesidades especiales. Las circunstancias, limitaciones, desafíos y recursos de estos menores son muy diversos pero sin embargo hay algo que les une: no lo tienen nada fácil. Tampoco es fácil para quienes asumen sus cuidados: la distancia entre lo que necesitan estas niñas y niños y lo que las administraciones ofrecen, la suplen, habitualmente, los esfuerzos y la dedicación de la familia. Y más que la familia, en muchas ocasiones, la madre.

Hace unas semanas nacía en Barcelona el Sindicat de Mares en la Diversitat Funcional. María Herrero, una de sus promotoras, apostaba de esta manera por el apoyo mutuo y la politización del colectivo para visibilizar el problema e influir sobre las políticas públicas con una perspectiva feminista. Tenía como referente la experiencia del Sindicato de Inquilinos, y la convicción de que eso que le pasaba a ella —verse sola ante los cuidados de su hijo autista, por la ausencia de implicación del padre— le tenía que pasar a más gente.

Con una amiga prepararon un mail, se trataba de un ejercicio de boca a oreja para encontrar madres de hijos e hijas con diversidad funcional en la misma situación, es decir, solas con los cuidados. De ahí salió un grupo de whatsapp en el que tramar juntas: “nos atraviesan cosas que tienen que ver con el machismo y tienen que ver con la discapacidad y con los cuidados, por ejemplo, la invisibilidad, que en nuestro caso es enorme, entre que somos pocas y no tenemos tiempo por el trabajo a destajo y la sobrecarga”.

“No hay una mirada social que penalice mínimamente a los padres por desentenderse de los cuidados, no digo que les condenen ni les den latigazos, pero sí ese control social de pensar: qué bestia, ha dejado a su hijo”

Cuando el ex compañero de María desapareció unos meses dejándola sola en el cuidado de su hijo, en su centro educativo le dijeron que de todas formas, el niño estaba claramente mejor con ella, que había mejorado mucho. Ese comentario, esa mirada, no era lo que ella necesitaba: “no hay una mirada social que penalice mínimamente a los padres por desentenderse de los cuidados, no digo que les condenen ni les den latigazos, pero sí ese control social de pensar: qué bestia, ha dejado a su hijo”, en definitiva, una mirada feminista que exija lo mismo a madres y padres.

Para visibilizar y hacer políticas públicas que aborden estas situaciones quieren datos. Datos que den cuenta de la situación en familias entre las que cada vez son más las monomarentales: “para ser monoparental en Catalunya el padre debe de aportar menos de 175€ al mes. Una de las reivindicaciones a nivel más práctico es que si hay hijas o hijos discapacitados y el padre no se ocupa, la familia es monomarental, da igual lo que pague o no pague, porque el dinero es importante pero mucho más importante es tener tiempo, tener horas, tener vida”, afirma rotunda.

Extrema división sexual del trabajo

La de Ana, otra de las integrantes del Sindicato, no es una familia monoparental. “Nosotros nos concebimos como un equipo, él es el cazador que tiene que salir a cazar, y yo me quedo en casa cuidando de los niños, pero es que es así, no lo podríamos hacer de otra manera”. Los niños son dos: uno de 11 y otra de 5. Es la pequeña. Martina, quien precisa cuidados continuos desde que a los dos años le diagnosticaron diabetes infantil. “Los niños con diabetes tienen una situación super variable”, explica Ana. Hay que estar pendientes de su nivel de glucosa, de noche y de día. “De entrada, yo dejé de trabajar y de dormir”.

Cuando diagnosticaron a la pequeña estaba a punto de empezar el colegio. Sin embargo, no había noticias de que alguien iba a estar ahí, en el aula, para estar pendiente de que a Martina no le diese una subida peligrosa de azúcar: su madre se plantó un mes y medio en la puerta del colegio, subía cada hora y media para medir sus niveles de glucosa. A ella, que previamente trabajaba en un Centro de Educación Especial le dijeron en la mutua que lo de su hija no era para tanto, que casos mucho más duros habría visto en su trabajo. Mientras, Ana movía cielo y tierra para conseguir que se acompañara todo el tiempo a la niña. Lo consiguió.

Junto a un grupo de familias, esta madre reivindica las “necesidades sanitarias”, una figura que no existe y que lo que implica es un trabajo transversal entre las áreas de salud y las de asuntos sociales (en su caso, de la Generalitat), y que englobaría casos como los de su hija, que consideran, no deberían tramitarse por discapacidad o dependencia porque se tratan de una problemática distinta. También demandan que ante diagnósticos como el de Martina exista la figura de un acompañante de la familia para agilizar los trámites y que la familia pueda centrarse en los cuidados.

“Volvemos a dedicarnos a los cuidados de nuestros hijos porque las instituciones no nos dan una respuesta que nos ayude a poder conciliar y estamos aquí aparcadas. Y como estamos tristes y calladas pues tampoco hacemos mucho ruido. Y esto al sistema le va bien, tenernos calladas, ocupadas y tristes”, reflexiona Ana. Recuerda que esta vuelta, o radicalización de la división sexual del trabajo se cobra sus víctimas. “La ruptura de la relación, para muchas mujeres que han tenido que dejar de trabajar, las situa en una situación muy precaria económica y emocionalmente”. Y conservar el trabajo o los ingresos tampoco resulta fácil: Ana es interina, en estos días se abren los exámenes para entrar en la bolsa de trabajo, la sobrecarga ha hecho que se le pasara el plazo y se puede quedar sin su plaza, y por tanto sin prestación, con lo que esto supone para la economía familiar.

“Volvemos a dedicarnos a los cuidados de nuestros hijos porque las instituciones no nos dan una respuesta que nos ayude a poder conciliar y estamos aquí aparcadas. Y como estamos tristes y calladas pues tampoco hacemos mucho ruido. Y esto al sistema le va bien”

Políticas de trazo grueso

Por un lado pelear y pelear para conseguir cualquier cosa, por otro, miradas institucionales que no se adaptan a sus necesidades. “Mira María, lo que tengo ahora es un 38 y tú necesitas un 41, te va a doler” le dijo una trabajadora de la empresa que centraliza asistencia a domicilio a Herrero. La metáfora escondía una carencia: la de personal adecuado para trabajar con niños con trastornos de conducta, como es el caso del hijo de María. “Pues no lo cojo, pero entonces me quedo sin nada”, piensa. Aún recuerda cuando una de estas trabajadoras no especializadas acabó encerrada en la terraza del piso en pleno invierno.

A María le vuelve la angustia de ser imprescindible porque no se le provee ayuda que valga para ella y su hijo. Además, ha detectado cómo, cuando se le plantea ayuda, a través por ejemplo, de la ley de dependencia, se hace de tal modo que el agotamiento los cargan otras mujeres. Ante la recomendación de buscar un asistente personal para su hijo en el marco de la ley de dependencia averiguó en un par de empresas que si bien la prestación es de algo más de mil euros, el trabajador o trabajadora, ingresaría 570. “¿Perdona? Además las familias tendremos que pagar alguna cuota más. Es el modelo público privado de mercantilización. ¿Qué poder de cuidados puedes demandarle a alguien que está cobrando 7 euros la hora?”. Desde esa mirada crítica, una de las primeras cosas que ha hecho el sindicato ha sido reunirse con representantes del Servicio de Asistencia a Domicilio.

Herrero ha reflexionado sobre todo esto, entre sus lecturas, las críticas de Amaia Pérez Orzoco a la Ley de dependencia. Ante la nada previa, la economista feminista ofrece un balance general: “Mejor con la Ley de dependencia que sin la Ley de dependencia”. Lo dice con una cierta ironía antes de proceder a listar todas las deficiencias que entonces y ahora achaca a esta ley: la reprivatización de los cuidados, que vuelven al hogar, su mercantilización, y estar basada en salarios bajos y precarias condiciones laborales para trabajos feminizados y muchas veces racializados.

Pérez Orozco intuye que el foco de la ley se ha ido mucho hacia envejecimiento y se ha desdibujado en lo relativo a diversidad funcional. Además, “ha estado muy centrado en la dependencia y muy poco en la autonomía personal”, y por último, en términos de presupuesto “ha sido un brindis al sol”. En definitiva, para esta integrante de la colectiva XXK, la ley de dependencia fue resultado de las demandas feministas de abordar la cuestión de los cuidados, pero al final, si bien “como toda gran ley contribuyó a anclar el debate, también lo acotó”, limando su potencial transformador.

La cuidadora proveedora

Si la enfermedad de la hija de Ana es —al menos superficialmente— conocida, la de la hija de Sonia, una niña con el síndrome de Blount, es una enfermedad rara. Cuando a su hija le descubrieron esta afección, solo se conocían dos casos más en el Estado. Sus piernas no crecen bien, necesitan muchas intervenciones para ir enderezándolas, operaciones que le han hecho tener que ir en silla de ruedas, que generan dolores en espalda y cadera, que hacen complicada la vida. Un diagnóstico que a Sonia, vicepresidenta de la asociación leonesa Capacidad Positiva, le costó aceptar, y que el padre de la niña no supo asumir.

Llegó el divorcio y la monomarentalidad sobrevenida: y otra mujer dejando su trabajo y ocupándose netamente del cuidado de su hija. Del mismo modo que Ana tenía que subir cada rato a mirar el nivel de azúcar de su hija, Sonia tenía que poner a la suya al baño, y si había excursión, ahí estaba ella empujando su silla de ruedas. Ahora la niña tiene 17 años, y Sonia un trabajo donde no le ponen problemas con las horas que dedica a los cuidados. Pero no han faltado las peleas.

Uno de los pulsos más importantes fue con el instituto, a la niña le correspondía uno de educación especial: pero ella no tenía dificultades para seguir en un instituto convencional, y además el centro estaba a 25 km que debía recorrer en taxi. Para Sonia no tenía sentido, la niña podía ir a un centro educativo, cerca de su casa, donde también estudiarían sus amigas del colegio, al final consiguió que se aceptara esta opción. Otra pelea tuvo que ver con la casa, después de comprar el piso, no fue fácil convencer a la propiedad de hacer el edificio accesible para su hija. Otra batalla por dar: solo tiene una pegatina de discapacidad para poder aparcar en los espacios habilitados. Una pegatina que solo sirve para su coche. Si la lleva otra persona, ya no sirve. Si esa persona tiene que aparcar lejos de su lugar de destino y hay que andar un tramo, la chica necesitará la silla de ruedas.

Sonia también cobra una prestación de dependencia, cuenta que usa el dinero para las cosas que su hija necesita, fisioterapia, apoyo en los estudios, etc. Cuando cumpla 18 años se le acabará esa ayuda, queda poco. Respecto al certificado de discapacidad, se lo dan y se lo quitan según las operaciones que lleve. La de los papeles es otra pelea: “cualquier trámite son cuatro trámites”, ella está asesorada por su prima que es trabajadora social y se entera por la asociación, pero cada vez que va al hospital Niño Jesús ve a familias que intuye que no saben nada de estas ayudas, que no consiguen arañar ni un poco de apoyo del estado. A Sonia le sorprende que un niño con cáncer no tenga minusvalía, le preocupan los malabarismon para conciliar que puedan hacer todas esas familias.

El último apocalipsis de los cuidados

A María Herrero la idea del Sindicato o algún tipo de organización le rondaba ya desde hace un año, en la recta final del gran confinamiento, cuando todo empezaba a abrir salvo los colegios.  A la hija de Sonia el confinamiento le costó un empeoramiento general de su salud. No podía salir y caminar, sus músculos se atrofiaban, el cuerpo le dolía. En realidad, sí podía salir, contaba con un certificado médico para ello, pero el clima de control social  le disuadió de hacerlo: una adolescente por ahí, ¿qué pintaba?. Acostumbradas a ser invisibles, de pronto eran demasiado visibles.

Capacidad Positiva agrupa a familias monomarentales con hijos e hijas con diversidad funcional. Trata de visibilizar una realidad muy difícil. En este momento, de hecho, realiza un pequeño estudio sobre las redes informales que se pusieron en marcha al principio de la pandemia, cuando muchas madres se veían privadas de su principal apoyo en la crianza: sus madres y padres.

“Si tenemos que reducir nuestra jornada laboral para conciliar reducimos también nuestros ingresos, entonces… ¿Cómo afrontamos el gasto extra para pagar esas horas de cuidados en el domicilio?”

Pero el confinamiento fue solo una especie de momento de intensificación descarnada de lo que viene siendo una rutina, no poder descansar. Desde el Sindicat, María Herrero refiere a un estudio del ayuntamiento de Barcelona que apuntaba que las cuidadoras eran el colectivo con el peor estado de salud. En la entidad leonesa valoran: “los cuidados que precisa [un hijo o hija] en el domicilio no se los puede prestar un auxiliar con formación general sino que necesitan cuidados especiales y esos cuidados hay que pagarlos; el precio por hora se puede llegar a duplicar. Si tenemos que reducir nuestra jornada laboral para conciliar reducimos también nuestros ingresos, entonces… ¿Cómo afrontamos el gasto extra para pagar esas horas de cuidados en el domicilio?”. Una incógnita que arrasa con la energía y el tiempo de muchas familias, sobre todo, de las que solo cuentan con un sueldo.

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Historia de un abandono institucional

Sarah Babiker

Por:  Sarah Babiker

Luis, Cristian y Naty, doce meses en busca del derecho a la existencia.

Muchos llevan clamando un año en el desierto, llamando a teléfonos donde nadie contesta, mirando cartas que no entienden, mandando preguntas que vuelven sin respuesta. Los casos son todos diversos, pero la sensación de desconcierto, de ansiedad y de incertidumbre se parecen. Luis, Cristian y Naty aportan su propio balance de estos doce meses en busca del derecho a la existencia.

1) Prólogo: junio de 2020

Luis: Estábamos al tanto a través de los medios de comunicación. Usted se acordará que fue muy polémica esta nueva prestación, llegaron a comentar que esto iba a incentivar a más personas a estar cobrando y no querer trabajar, a vagos… Es lo único que se piensa ante una situación como esta. No se piensa que hay personas que somos familias, al igual que otras muchas, que tenemos dificultades económicas y que necesitamos, lógicamente, un sustento. Nosotros sí quisiéramos tener una nómina y un trabajo, y que todos los meses pudiéramos tener un dinero seguro, eso ante todo. Pero hay dificultades que nos lo impiden. Mire, nos pisotean, nos humillan, nos maltratan. Esto es así, yo lo he vivido. Estábamos cobrando la prestación por hijo a cargo. Pensamos que cuando se aprobara la prestación tanto mi madre como nosotros tendríamos derecho, que nuestra situación iba a mejorar, pero nos dimos con un muro en toda la frente cuando vimos que a nosotros no nos lo habían dado.

“Nosotros sí quisiéramos tener una nómina y un trabajo, y que todos los meses pudiéramos tener un dinero seguro, eso ante todo. Pero hay dificultades que nos lo impiden. Mire, nos pisotean, nos humillan, nos maltratan. Esto es así, yo lo he vivido”

Naty: Solicité el IMV en junio, a través de la página. No me contestaban y después me mandaron una carta diciendo que tenía que volver a mandar toda la documentación de nuevo. Ahí me lo aprobaron: un importe de algo más de 240 euros. Me aprobaron eso porque yo estaba cobrando un subsidio de 172 euros.

Cristian: Yo soy perceptor de la Renta Mínima de Inserción. Estuve cobrando 400 euros desde noviembre de 2019 hasta el 2020, todo bien hasta que llega el coronavirus. Yo veía las noticias sobre el IMV en el confinamiento, pero no supe más hasta el 19 de diciembre.

2) Introducción: las dudas

Luis: Estamos viviendo bajo el mismo techo que mi madre porque no hay otra solución, no podemos permitirnos un alquiler a precio de mercado. Siempre hemos intentando mejorar pero claro, está la dificultad de que ante todo no tenemos que olvidar que somos de etnia gitana, y eso dificulta el acceso a un puesto de trabajo. Se hace muy difícil el mantenerse ahí, te tienes que esforzar mucho y, generalmente, en el 90% de los casos, optas a trabajos basura, ETT y demás. Nos dijeron que no iban a concedernos la IMV por ser dos unidades familiares conviviendo: “Usted tiene que pedirla colectivamente, toda su unidad familiar”, pero mire, que estamos conviviendo así porque no se puede de otra manera, pero mi madre tiene su vida, tiene sus hijos, y yo tengo los míos. Me puse yo de titular, nos ponemos todos los convivientes, no nos queda otra. Nos ayuda una persona que gracias a ella lo pude presentar porque nosotros no sabíamos cómo podíamos presentar eso, hacer 200.000 millones de fotocopias y 200.000 cosas que no teníamos ni puñetera idea. Porque no hay nadie que te ayude. Lo solicitamos y estábamos esperando. Era julio, ya calculamos que la contestación o la respuesta iba a venir entre diciembre o enero.

Naty: Yo tengo dudas, si consigo un trabajo por quince días en horario de mañana me puedo organizar de pagar 100 o 200 euros a alguien que me lleve al niño al cole y yo le recojo, al ser un trabajo de ETT, ¿cómo hago? ¿Me lo quitan al mes siguiente? ¿Recupero la ayuda? ¿Cuánto tardan en dármela? Eso tampoco lo han explicado. Llamas a la Seguridad Social y no te contestan nunca, en el teléfono que tiene de atención te puedes quedar horas, que me ha pasado.

Cristian: Yo solo bajo una vez a la semana, tengo un trastorno obsesivo compulsivo que me hace estar en casa por la ansiedad, pero bajo a tirar la basura. Veo un día el correo y me encuentro con una especie de acuse de recibo: yo en ese momento no me imaginaba nada. Me dicen que tengo siete días, así que fui a correos a recoger la carta.

3. Nudo: la carta

Cristian: Cuando vi la carta se me cayó el mundo encima. En ese momento casi me desmayo: me habían suspendido la renta mínima cautelarmente durante tres meses por no haber solicitado en junio el Ingreso Mínimo Vital, que es una obligación —yo no sabía nada— de los perceptores de RMI. No me comunicaron nada. El 21 o 22 de diciembre solicité el IMV con la ayuda de una trabajadora social. Tengo mucha ansiedad en ese momento. Me dicen los trabajadores sociales que tengo que mandar una carta certificada con la copia de que había solicitado el IMV. Eso dice. Pero aquí viene un poco la trampa: me requieren también la notificación de aprobado o denegado del IMV. Pues bien, tengo que esperar seis meses, por no decir diez, para mandarles este documento.

“Cuando vi la carta se me cayó el mundo encima. En ese momento casi me desmayo: me habían suspendido la renta mínima cautelarmente durante tres meses por no haber solicitado en junio el Ingreso Mínimo Vital, que es una obligación —yo no sabía nada— de los perceptores de RMI”

Luis: Estábamos esperando a que nos dieran una respuesta cuando un día nos llegó una carta al buzón, no vino certificada ni nada, me la dio mi madre. Me leí la carta, estábamos alucinados. En la carta decía que nos lo habían concedido de oficio el IMV. Esta no puede ser el que hemos cursado pero por otro lado cómo puede ser que esta carta diga que nos la han concedido de oficio cuando nos han dicho a bombo y platillo que no nos lo iban a conceder. Le digo a la persona que nos ayuda: tendremos que notificarlo a la Seguridad Social para que desestimen la otra solicitud que hemos cursado, y él me dice que no me preocupe que no pasa nada, que eso ya lo saben ellos. Fíjese usted, entró al final también la solicitud esta que habíamos cursado y la aprobaron. Esto nos ha causado millones de problemas.

Naty: Se me ha terminado el subsidio que percibía cuando pedí el IMV. Cobro este mes que viene y no cobro más. He mandado una carta con un mes de antelación para avisar que el mes que viene es el último mes que cobro, he mandado el papel del paro donde dice que ya no tengo ningún tipo de ayuda por parte del SEPE, he mandado la declaración de la renta. La contestación ha sido que nada, que hasta el año que viene no se actualiza. Ahora el ingreso mío sería en total de 300 euros que tengo de manutención por el padre de mi hijo y algo más de 200 de IMV, que es lo que me han concedido. Con eso se supone que tengo que pagar 360 de alquiler, comprar la comida, cubrir los gastos del niño…

3. Desenlace: el laberinto

Luis: En enero dejamos de cobrar el IMV que nos habían dado de oficio porque nos habían aprobado la solicitud que habíamos cursado, por una cantidad inferior porque contaban los ingresos de mi madre. Primero cobrábamos 800 euros, pero con el cambio nos había bajado a 450 euros. Por teléfono nos dicen que la prestación que nos dieron de oficio fue una equivocación, que ahora tenemos lo que nos corresponde. En el mes de marzo cobramos los 450, pero en el mes de abril fuimos al banco y había 64 euros. Esto da miedo. Llamamos a la Seguridad Social y nos dicen que es que tenemos que devolver lo que nos habían concedido por error. En la carta no decían nada de ello. Según dice la señora por teléfono, podemos estar contentos, qué cosa tan absurda: este mes no hemos podido ni hacer compra ni hacer nada, nos hemos tenido que buscar la vida como hemos podido, ir sobreviviendo día a día. Yo no quiero eso para nadie.

Cristian: Desde diciembre estoy sin ingresos, vivo en un piso del IVIMA que heredé por parte de mi padre. Pago 60 euros, pero claro, mis hermanos tienen su vida, mi madre tiene una discapacidad del 85%, a mí hace poco me han diagnosticado un trastorno depresivo mayor, y esta situación me ha llevado incluso a plantearme el suicidio: con 35 años por 400 euros de mierda. Si no fuese por mis hermanos, estaría en la calle. Todo esto me creó una crisis fatal, una ansiedad impresionante. Han tenido que venir mis hermanos a amenazarme o dejarme el dinero en el portal para pagar las facturas. Yo prefería quitarme la vida a coger un euro siquiera. Me extendieron unos cheques gracias a servicios sociales para el Carrefour para poder por lo menos comprar comida, pero claro, si no llega a ser por mis hermanos, esa comida no la puedo tener ni en la nevera: me hubieran cortado la luz. Tú puedes tener comida, pero sin luz y sin agua, ya ves cómo cocinas o de qué te sirve esa comida.

Naty: Yo no tengo quien me ayude, el padre del niño trabaja, tiene dos fines de semana al mes que le toca con él, el resto del tiempo estoy yo sola con el niño, los trabajos que consigo son horarios muy complicados para combinarlos con un niño, el único trabajo que puedo encontrar es limpiando por horas en casas. En una fábrica entras a las 6, sales a las 14, tienes horarios que son rotativos, una semana de mañana, una semana de tarde, una semana de noche. Y claro, para mí es imposible, tampoco puedo pagar una persona, ganar 1.200 euros para pagar a una persona 600 y me cuide al niño. Me quedo igual.

 4. A modo de cierre

Naty: A mí me están ayudando y yo lo agradezco, me dan doscientos y pico o lo que me toque, me parece muy bien, pero claro, yo necesito trabajar, si no hay un sistema en el que haya empresas compatibles con horarios de los padres y madres, es el pez que se muerde la cola. Ahora mismo yo digo: me sale un trabajo, pero si a la semana me van a echar, me da miedo coger el trabajo, porque me quedo sin una cosa y sin la otra. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Pasar hambre con mi hijo? Prefiero que cojan este dinero y me digan: vamos a hacer una empresa con un horario que las madres puedan compaginar con los horarios de sus hijos. Prefiero mil veces eso a que me den doscientos y pico euros y no tener una estabilidad económica, porque al final no la tengo, ¿entiendes? Solo sobrevivo.

“Ahora mismo yo digo: me sale un trabajo, pero si a la semana me van a echar, me da miedo coger el trabajo, porque me quedo sin una cosa y sin la otra. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Pasar hambre con mi hijo?”

Cristian: Lo que miles de personas denunciamos en este aspecto es la trampa burocrática en la cual nos han metido, pasándose la pelota de unos a otros para ahorrarse unos euros con las rentas mínimas de inserción. Es una injusticia porque es un derecho. Yo cuando hablo con otras personas les digo, ¿qué harías tú en mi caso? Yo lo único que quiero es tener lo mínimo para pagar alquiler, luz, agua y comer, y ya está, aunque fuesen 300 euros. Espero que nunca nadie cometa una locura, pero esto es muy grave, estamos hablando de vidas humanas, de gente que se ve en la desesperación.

Luis: Yo a una persona no le puedo decir que le voy a dar algo que le va a hundir la vida, que le va a poner en una situación mucho más compleja de la que tenía. Se habla de las colas del hambre, todas esas personas están ahí por un objetivo. Lo que sucede es que, quizás, sí que tienen para comer ese día, pero tienen que estar utilizando el dinero para otras cosas, o para comer mañana, o para dárselo a sus hijos, o para comprarles unos zapatos, o un cuaderno. Las personas que no tenemos una nómina no tenemos un ingreso fijo porque no tenemos un trabajo, dependemos lógicamente de nuestros gobiernos y de nuestro país: el debate no es dar algo, lo damos y luego ya vemos cómo lo arreglamos. No se puede hacer eso, hay que hacerlo bien, para que las personas no se pierdan en una laguna en la que no hay forma de encontrar salida.

Fuente e imagen: https://www.elsaltodiario.com/renta-basica/historia-de-un-abandono-institucional

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Familias monomarentales: el año del cansancio para las madres solas

Sarah Babiker

Por: Sarah Babiker

Sin apoyos al cuidado e ingresos reducidos, muchas familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres, han pasado de la precariedad al colapso.

Cuando todo cerró, hace algo más de un año, Anna, madre sola de un hijo de cuatro años, llevaba tiempo preparando unas oposiciones. Había decidido que esa era la mejor forma de tener un trabajo estable y que le posibilitase conciliar, algo fundamental cuando tienes un hijo a tu cargo. Al principio se tomó las cosas con filosofía, después de todo no serían más de dos semanas, “llevaba un ritmo de vida tan ajetreado que me vino muy bien la fase cero, pude finalmente afrontar un montón de cosas que tenía pendientes de hacer en casa, dormir más, o estar más pendiente de la alimentación. Las primeras tres semanas las viví como unas vacaciones con mi hijo”.

Pero el tiempo pasaba y Anna tenía que estudiar, y el niño, de cuatro años, encerrado en casa, demandaba toda la atención. En pleno momento de rabietas la relación se tensaba. Y si bien Anna en algún momento concluyó que la adulta era ella, que tenía que hacer todo lo posible por tirar para adelante, un año después el cansancio sigue ahí. “Me siento absolutamente agotada, harta, fatigada, no digo desesperanzada, pero un poco hastiada necesitando que empiecen a verse frutos de esta nueva era”.

Dice Anna, que si bien lo que cuenta es bastante íntimo, también es bastante universal: amigas que se levantan a horas inverosímiles para tener un par de horas para trabajar antes, mujeres solas pobres de tiempo y empobrecidas económicamente que llevan un año (o en realidad mucho más tiempo) haciendo malabarismos. Existencias que transcurren entre el cansancio por intentar llegar a todo, y la culpa por no conseguirlo.

El estudio Familias monoparentales en España: una retrospectiva, presentado recientemente por la organización FAMS (Federación de asociaciones de madres solteras) y realizado con el apoyo del Instituto de la Mujer, propone un recorrido histórico sobre cómo han sido percibidas las madres solas históricamente. También mapea el marco legal, hace balance de la desigualdad que afecta a estas familias, y describe la situación actual.  Los tiempos de la vergüenza y el deshonor, la marginación social y legal de estas mujeres, parecen quedar lejos. “Ya no hay una discriminación explícita ni se les prohibe legalmente su acceso a derechos, pero sí hay una invisibilización que impide que se las tenga en cuenta”, explica la socióloga Violeta Assiego, una de las responsables del estudio.

 “A la hora de legislar en políticas públicas no se tiene presente a las familias monomarentales, el ejemplo más evidente son los permisos, en los que hay un olvido total hacia cuáles son los derechos de sus hijos, en comparación con las familias biparentales”

Para Assiego la invisibilización deja a estas familias “expuestas a los vaivenes de prejuicios erróneos que pueden existir sobre ellas”. La experta traza un continuum: cuando el contexto es de normalidad, la falta de reconocimiento se traduce en no ser tenidas en cuenta al pensar en políticas públicas y ayudas algo que “las deja en peor situación material que las familias biparentales”, cuando el contexto es de crisis, como lo está siendo desde que hace más de un año irrumpiera la pandemia, “nos encontramos que son objeto de rechazo, de juicio, de culpabilización cuando actúan en función de sus circunstancias: ahí es cuando se pone en evidencia toda la carga de prejuicios que existe hacia las madres que cuidan en solitario”.

M. es una madre sola sobrevenida. Hubo un padre que también era un maltratador. Cuando consiguió poner punto final a su relación y pensaba que podía reconstruir sus lazos sociales, lo social se puso en suspenso para todos: pasó el confinamiento sola con su hijo de tres años, sin ayuda. Sus padres, de alto riesgo, no son una opción para apoyar. Tuvo que dejar de trabajar seis meses para ocuparse del niño.

Con sus recursos recortados y sin tiempo, en las primeras semanas de pandemia, la gente no se lo puso fácil. Arrancaba el estado de alarma, y salir con su pequeño a la calle era un momento de tensión: M. recuerda salir a algún recado, o simplemente a sacar la basura “y sentir las miradas de diferentes personas, como si fuera una irresponsable, ¿cómo salía con el niño?”.

Para Assiego esta realidad que debieron —y deben— enfrentar estas familias está relacionada con un imaginario que aún opera. Subyace la “creencia respecto a que estamos ante una familia incompleta, que ni siquiera es familia, que luego a la hora de legislar en políticas públicas no se las tiene presentes, y en este sentido el tema de los permisos es el ejemplo más claro y más evidente de que hay un olvido total hacia cuáles son los derechos de los hijos de las familias monomarentales en comparación con las biparentales”.

El cuestionamiento de una ley de permisos de nacimiento que posilitaba hasta ocho meses de cuidados familiares (por parte de los dos progenitores en las familias biparentales) mientras apenas aumentaba los tiempos de cuidados para las y los hijos de familias monomarentales ha sido central desde que se anunciara la ley, denunciado como un caso paradigmático de invisibilización de su realidad.

“Hay que tener una mirada monoparental en todas las políticas que se pongan en marcha, en todas las políticas de apoyo a la familia desde el nivel fiscal pasando por los permisos. Reconocen que es una desigualdad y dicen que están en ello para cambiarlo, y es una prioridad”, reflexiona Carmen Flores, presidenta de la FAMS. Desde que se implementaran los permisos son varias las sentencias que han reconocido a familias monomarentales el derecho a disfrutar de los mismos permisos que las familias formadas por dos personas adultas.

Pero la necesidad de cuidados y conciliación desborda ampliamente los primeros meses de crianza, y los tiempos en los que los centros educativos y los abuelos y abuelas, junto a otras redes de apoyo desaparecieron del mapa sirvieron para hacer esto más evidente que nunca. A este evidencia le acompañó otra: “No hay inversión pública en familia y no hay inversión pública en infancia. Las familias monoparentales se encuentran con que ellas son las únicas en solitario que deben sostener este cuidado, entonces la falta de previsión pública, de previsión política, en ellas se amplifica, y esto tiene consecuencias de carácter material pero también de carácter psicológico y emocional”, señala Assiego.

“En familias monoparentales se hace prácticamente inviable poder tener un trabajo que aporte la cantidad necesaria para vivir bien y compaginarlo con la crianza, sin que ello conlleve unos gastos que de tener un buen sueldo para vivir bien, pasemos a malvivir aún trabajando a destajo”

“Harta y agotada, estresada y con el corazón en un puño constantemente. Culpable de no poder dedicar todo el tiempo que se merece mi hijo”, resume Elisa por su parte. Identifica fácilmente de dónde proviene todo este malestar: la conciliación no es real. E imagina cómo la conciliación podría serlo: con ayudas económicas o directamente con personas subvencionadas por el Estado que apoyen en los cuidados. “En familias monoparentales este tipo de ayudas son necesarias, porque se hace prácticamente inviable poder tener un trabajo que aporte la cantidad necesaria para vivir bien y compaginarlo con la crianza, sin que ello conlleve unos gastos que de tener un buen sueldo para vivir bien, pasemos a malvivir aún trabajando a destajo”.

Assiego relaciona esta sensación de no llegar, esta inviabilidad con “toda una percepción que no es de soledad objetiva —porque ellas están con sus hijas— pero sí de soledad subjetiva”, un cierto aislamiento social convive con una cierta sensación de fracaso, “cuando en realidad lo que hay es una ausencia de protección o apoyo por parte del Estado a ese modelo familiar que es tan legítimo como el biparental”.

La falta de protección ha tenido sus efectos. Si ya las estadísticas alertaban desde hace tiempo que tener hijos a cargo es un factor de riesgo de pobreza que afecta particularmente a las familias monoparentales, el hecho de que hasta ahora toda medida de conciliación haya pasado por disminuir las horas laborables, con su consiguiente disminución salarial, no ha hecho sino agravar la situación de familias que ya vivían con lo justo.

En FAMS, que aglutina a asociaciones de madres solteras de todo el estado han podido comprobarlo: “Te puedo decir que cerca del 80% está en peores condiciones que antes de la pandemia, incluso mujeres que están trabajando. También hay muchas que han perdido el empleo porque han tenido que elegir entre cuidar y trabajar, porque no tenían con quién dejar a los hijos”. El escudo social ha dejado a muchas afuera, pendientes de cobrar un Ingreso Mínimo Vital que no llega, habiéndose extinguido la prestación por hijo a cargo, o ante la dificultad en la transición de rentas mínimas autonómicas al IMV, “hay familias que se van a quedar en el limbo, eso es algo a corregir”, apunta Flores.

El balance, un año después, mezcla algo de optimismo y temor. Optimismo por parte de Flores, quien después de muchos años de lucha por una legislación que reconozca a las familias monomarentales, piensa estar más cerca que nunca con la Ley de diversidad familiar que prepara el gobierno: “Dicen que va a haber capítulos específicos y están agradecidas con nuestra investigación. Creo que eso es bastante positivo de entrada”. También cuentan con el compromiso del Gobierno de darles prioridad en el Plan Corresponsable, que prevé finalmente ayudas para los cuidados, y que administrarán las comunidades autónomas.

Para FAMS era perentorio que el estado asumiese este tipo de apoyo, pues las familias monoparentales no pueden cubrir en solitario los cuidados y el trabajo remunerado: “Muchas mujeres tienen que contratar a otras mujeres todavía más vulnerables, por muy poco dinero, entramos en una cadena de vulnerabilidad y de pobreza que genera más pobreza todavía”. Si bien Flores apunta que el Plan Corresponsables es un avance, matiza que les hubiese gustado poder dar su visión mientras se formulaba y conocer mejor el texto.

Por su parte, las investigadoras temen que, en un momento de crisis, con la extrema derecha y los discursos reaccionarios tomando fuerza, vuelvan determinados estigmas e imaginarios que han captado en su estudio, y que se pueden traducirse tanto en políticas públicas —la dificultad para acceder a tratamientos de fertilidad para mujeres solas, por ejemplo— como en la culpabilización de este modelo de familia.

Recuerdan un informe de la organización ultracatólica Family Watch en el que se hacía énfasis en la importancia de la figura paterna. Lo tuvieron que retirar, pero la idea de que en familias monomarentales los niños son “más problemáticos, todo eso sigue permeando y se sigue observando en estudios que se publican y que asocian monoparentalidad con tener hijos adictivos y problemáticos”, advierte Assiego.

“Hemos sido de los colectivos más discriminados y hemos tenido que soportar muchos juicios morales. Llevamos muchos años reclamando una ley de familias monoparentales, que reconozca y normalice este modelo familiar”

Además, señala la investigadora, es importante recordar que hay familias más vulnerables a la culpabilización: “hay que analizarlas desde un enfoque interseccional para que al final ese estigma no se desplace hacia las mujeres más pobres, las mujeres racializadas, las mujeres migrantes que no responden al modelo de madre que de alguna forma es el que normaliza la familia biparental”.

Flores insiste en la necesidad de un marco jurídico que proteja estas familias: “Es una cuestión de justicia social, las administraciones públicas nos lo deben a nivel histórico. Hemos sido de los colectivos más discriminados y hemos tenido que soportar muchos juicios morales. Llevamos muchos años reclamando una ley de familias monoparentales, que reconozca y normalice este modelo familiar. Que genere esa empatía en la sociedad”, concluye.

Fuente e imagen: https://www.elsaltodiario.com/cuidados/el-ano-del-cansancio-para-las-madres-solas

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Temporeras marroquís: siempre esenciales, de nuevo invisibles

Sarah Babiker

Por: Sarah Babiker

Hace un año, cuando todo el mundo estaba confinado en sus casas, las trabajadoras agrícolas se hicieron visibles. Según el medio de comunicación que se leyese, los titulares versaban sobre lo esencial de estos trabajadores y denunciaban las malas condiciones en las que sobrevivían, o les acusaban —no siempre— soterradamente de ser el origen de brotes, causa de riesgo y de contagio.

Uno de los temas que abordaron los medios, cuando se acababa el confinamiento pero las fronteras seguían cerradas, fue el de las temporeras varadas en territorio español sin que nadie pareciera hacerse cargo de su regreso a casa. Muchas de esas temporeras que se quedaron retenidas más tiempo del proyectado, que trabajaron como nunca al ser menos —al llegar menos contingentes— que en temporadas anteriores, forman parte del grupo de 14.000 temporeras reclutadas mediante el régimen de contratación en origen que se espera este año. Su estancia, sin embargo, está siendo mucho más silenciosa que en las temporadas anteriores.

Angels Escrivá integra el colectivo feminista Mujeres24h. Especula que si este año se está hablando menos de las temporeras es para no agitar los ánimos: las personas migrantes que ya residen en la provincia o los propios autóctonos están necesitados de recursos y por tanto de trabajo. En los comentarios a las pocas noticias disponibles donde se habla de llegadas de una y otra fase de trabajadoras se adivina un clima social difícil. Esta profesora de la Universidad de Huelva que reside en un pueblo observa cómo muchos de sus vecinos están volviendo al campo. Por otro lado, las fincas donde residen estas mujeres están cerradas a cal y canto por la crisis sanitaria, así, las temporeras marroquíes se hallan más aisladas que nunca.

La pugna en la justicia que algunas de ellas iniciaron en 2018 no está dando sus frutos. Según comparte Aintzane Márquez, de Women’s Link, organización que representa a varias de estas mujeres, todo está paralizado y va muy lento. Sus defendidas, al denunciar acoso laboral y violencia sexual, asumieron el riesgo de no ser contratadas nunca más, y también la vergüenza ante sus familias. Suspendidas en un limbo, ya no se trata solo de saber si habrá sentencias favorables, los tiempos de la justicia no se adaptan a su realidad y, en cierto modo, ya están siendo castigadas.

Este año, a diferencia de los anteriores, nadie ha pedido asistencia a Women’s Link. “No se nos ha consultado, lo cual no significa que no haya habido ninguna denuncia en ningún caso. Al final, las organizaciones que están en terreno son las que tienen información directa de lo que está ocurriendo ahí y creo que hay que abrir los espacios para que esas mujeres tengan acceso, para que las mujeres puedan informarlas. Que accedan a entidades independientes a las que puedan denunciar lo que les está pasando, que no dependa única y exclusivamente de los mecanismos de las empresas y de los Estados”.

“Es importante que las mujeres accedan a entidades independientes a las que puedan denunciar lo que les está pasando, que no dependa única y exclusivamente de los mecanismos de las empresas y de los Estados”

Jornaleras en Lucha es una de estas organizaciones independientes en terreno. Es desde ahí que han contribuido a visibilizar la situación de las jornaleras del campo, no solamente las marroquíes, también las migrantes que ya residen en Huelva, así como las locales, todas ellas explotadas de distintas maneras por un campo que paga barato el trabajo esencial. La integrante de Jornaleras en Lucha, Ana Pinto, constata que aún estando encerradas en las fincas, han sido contactadas por algunas de estas mujeres marroquíes con diversas problemáticas que están tratando de resolver. Pero también insiste en poner el foco no solo en estas temporeras, sino también en tantas mujeres, sin papeles, que malviven en los poblados y que no están en una situación mejor.

Para Escrivá la invisibilidad vuelve porque, después de todo, se asume que las condiciones de trabajo para las personas migrantes son peores, ¿si no para qué les contrarían? Por eso la realidad de las temporeras marroquíes saltó a los medios cuando fueron abusos sexuales los denunciados. Con las denuncias sin resolver, lo único que ha quedado en evidencia es que la vulnerabilidad de estas mujeres es muy consistente. “Hay que revisar muchas cosas, y una de ellas es que aquellas trabajadoras que denuncien no puedan venir otro año porque nadie las llama. Cómo van a denunciar si saben que las consecuencias son que el año que viene no vienen”, apunta Márquez que insiste en que es responsabilidad del Estado y las empresas informar, prevenir y proteger “y que no recaiga el peso en las propias temporeras”. Herramientas para denunciar y un sistema que fiscalice, serían requisitos irresponsables, reflexiona esta abogada.

Para Márquez, el compromiso de un feminismo interseccional encarnado en colectivos como Jornaleras en Lucha, o de abogadas como Pastora Filigrana ha supuesto una baza central para avanzar en los derechos de estas trabajadoras, lo que no se mueve es la justicia “patriarcal”. “El acceso de las mujeres a la justicia en general es difícil, y cuando al hecho de ser mujeres le sumas ser migrante o racializada, o estar en una situación socioeconómica precaria, se complica aún más. El caso de las temporeras es un ejemplo clarísimo”.

La vulnerabilidad del contrato en origen, no solo les expone al abuso laboral, a las malas condiciones habitacionales, o incluso al acoso sexual. Redunda en su salud y por tanto en su vida. “En agosto visitamos a algunas de las temporeras que se habían quedado a raíz de problemas de salud”, narra Escrivá, había un caso grave, una mujer a la que habían detectado un cáncer de mama de forma tardía. Según les hizo saber Jornaleras en Lucha la mujer se había detectado un bulto en marzo y hasta después de confinamiento no pudo ser diagnosticada. Desde la empresa la animaron a volver a Marruecos. En agosto, cuando finalmente empezaba el operativo de retorno, la mujer fue a hacerse la PCR reglamentaria, y allí sanitarios valoraron su Estado —la metástasis le había afectado los huesos— y decidieron que no podía viajar. Murió en noviembre. Mujeres 24h denuncia “el abandono sanitario al que están sometidas estas mujeres, que no tienen cartilla sanitaria a pesar de ser repetidoras”, mujeres que además no cuentan con los medios para desplazarse a centros de salud o a urgencias y que además tienen dificultades para hacerse entender por el personal sanitario.

El discurso de la esencialidad que saltara a los medios en los momentos álgidos del confinamiento es un eco lejano. Tampoco la demanda de regularización que un potente movimiento migrante puso sobre la mesa consiguió su propósito. “No puede ser que quien es más imprescindible sea quien peores condiciones de vida tenga, esto es una barbaridad”, se rebela Pinto. Para esta activista el problema es que interesa tener “un ejercito de personas a las que poder explotar fácilmente”. Pinto piensa que es necesario hacer un trabajo de pedagogía con la clase obrera local para explicarles que la regularización de las compañeras y compañeros migrantes también les beneficiaría.

Concentración apoyo temporeras fresa Huelva
Concentración de apoyo a las temporeras de la fresa explotadas en Huelva. J DE LA JARA

El lugar de las feminismos

Las denuncias de violencia sexual de las temporeras salieron a al luz en pleno momento de apogeo de los feminismos. Si bien se acusó a las feministas de estar lejos de esas luchas, también hubo muchas movilizaciones de apoyo a estas mujeres. En 2021 los debates en torno a los feminismos van por otros derroteros. “Siento que se está perdiendo el tiempo, desde el mismo movimiento feminista y desde muchos lugares, también partidos políticos y demás, se está perdiendo el tiempo en cosas como son las polémicas, y los debates en torno de las compañeras trans, o las compañeras prostitutas”, lamenta Pinto.

A la activista le preocupa la fragmentación de luchas y apunta a que el feminismo tiene que centrar su mirada en las mujeres que más apoyo necesitan: “no podemos continuar hablando de feminismo, de progresismo y de avances si ni siquiera estamos hablando que aquí hay sectores de trabajo que están súper feminizados, que la mayoría de ellas son migrantes y que están viviendo unas vidas que son de auténtica barbaridad”.

Escrivá no cree que haya bajado la sensibilidad sobre el tema, y considera que persiste la solidaridad. Cuenta cómo el 8 de marzo se hicieron corrillos de comadres —ya que manifestarse no podían—  y hablaron entre otras cosas sobre por qué “no se está hablando tanto del feminismo o de las vulneraciones de los derechos de las mujeres ahora. Me recuerda mucho a la crisis anterior, en el sentido que cuando parece que hay otras preocupaciones estos temas, la situación de las mujeres, pasan a ser secundarios”, considera.

Tímidos avances

En el lado positivo de la balanza, desde Women’s Link ven algunos cambios tanto en el sistema en general, como en el papel en particular de las empresas. Pero matiza Márquez: “Creo que no sirven solo el cambio sobre el papel, sino que tiene que haber un control de que efectivamente lo que viene en el papel se está cumpliendo”. A este respecto aclara que aún hay algunos casos abiertos y que han participado en una investigación para una relatoría de las Naciones Unidas, “tanto el Estado como las empresas han contestado”, concede.

“El día que paren y nos demos cuenta de lo que le pasaría a este país con todas nuestras compañeras y compañeros migrantes parados, va a ser el día que nos vamos a dar cuenta de que los necesitamos”

Pinto piensa que a este paso, antes o después, serán las personas migrantes quienes tomen la iniciativa. “Van a ser los que tomen finalmente las riendas y van a parar. Y el día que paren y nos demos cuenta de lo que le pasaría a este país con todas nuestras compañeras y compañeros migrantes parados, ese va a ser el día que nos vamos a dar cuenta de que los necesitamos, y esas personas no pueden estar aquí trabajando como un ejército de reserva para hacer los trabajos más fundamentales y a la vez más precarizados”. Ellas de momento están a la espera de que las inspección de trabajo responda a las más de 20 denuncias que pusieron el año pasado.

En el horizonte tienen una reunión con el ministerio de Igualdad, y planean reunirse también con el de Trabajo y el de Agricultura. Quieren así trasladar el pulso a las instituciones para que estas legislen: “Son quienes tienen el poder de cambiar todo esto en base a leyes, no nos queda otra para empezar. Por eso es un paso que un ministerio nos quiera escuchar”.

Una cuestión europea

De momento, donde se les ha escuchado a las Jornaleras en Lucha ha sido en el Parlamento Europeo. Allí fueron invitadas el pasado 8M por el grupo GUE/NGL que aglutina a las izquierdas alternativas. “Fue un gran altavoz. Nos dijeron también que iban a trabajar con nosotras. Al menos no han dicho ‘ahí os quedáis y apañaros como podáis”, al menos se ve un compromiso y que nos tienen en cuenta como un proyecto político y sindicalista”.

Para Pinto, la falta de alternativas de trabajo empuja a la gente a aguantar su situación para no poner en juego su último sustento. “Las compas que vienen de los pueblos, y toda la que va llegando a trabajar, no está conforme con lo que hay pero se tiene que aguantar porque no tienen otra cosa. Es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo que hay que cambiar, y es que nos han hecho dependientes de este modelo de agricultura, un modelo de agricultura intensiva que además arrasa con todo, no solo con los derechos de la gente”.

También desde una perspectiva europea la organización italiana Terra presentó recientemente su trabajo, Il Caporalato, una questione meridionales. Italia, Spagna, Grecia. “El hecho de que al final, para que este modelo productivo se sostenga gran parte del peso recae en el eslabón más débil, las y los trabajadores, es algo que es común a los tres países. Queríamos poner en evidencia que esta cuestión de la explotación de los trabajadores en la agricultura se tiene que abordar a nivel europeo”, reflexiona Mariangela Paone, la autora del capítulo dedicado a España.

Y cuando la activista italiana habla de nivel europeo, se refiere también a una fiscalización en esa escala: “un organismo de coordinación, porque hay empresas que contratan de un país a otro, como las ETT transnacionales, y también porque las dinámicas de explotación son parecidas”. Paone habla del trabajo gris, que es como se llama en Italia al hecho de que el trabajador tenga menos jornada laboral declarada de la que realmente trabaja. Así se aparenta legalidad ante una inspección de trabajo. Este tipo de explotación no es exclusivo de aquel país.

“El hecho de que en muchos países se llegasen a plantear regularizaciones no deja de ser el reconocimiento de que tenemos una parte de nuestra producción que se basa en una situación de irregularidad administrativa”

Trabajadores en gris, en negro, temporales, bajo el régimen del “caporalato”, para Terra! ha sido positivo que durante la pandemia aflorase todo ese trabajo, “el hecho de que en muchos países se llegasen a plantear regularizaciones no deja de ser el reconocimiento de que tenemos una parte de nuestra producción que se basa en una situación de irregularidad administrativa, que evidentemente deja a estas personas desprotegidas ante cualquier chantaje que puedan sufrir de cara a los productores”. Recuerda también que la debilidad se correlaciona —aunque no se justifica— con la de muchos productores para quienes es complicado seguir adelante dado el estrangulamiento de precios. En todo caso, el reconocimiento a trabajos esenciales, no ha durado mucho tiempo.

Esa es la impresión también de Fabio Ciconte, director de Terra, quien describe la política actual italiana como algo muy lejano a estos debates, después de que el país optara por un limitado proceso de regularización. “Gracias a la interpelación de entidades como Terra ha habido un debate político en el gobierno muy fuerte sobre esto. La regularización se hizo. El decreto ley se aprobó, el problema, desde nuestro punto de vista, es que esta regularización ha tenido límites”.

Se podían beneficiar solo trabajadoras y trabajadores de los cuidados y personal agrícola, pero los trámites eran complejos, más para los temporeros: “En lo positivo, 220.000 personas han pedido ser regularizadas, pero la mayor parte, entre el 80 y el 85% proceden del sector cuidados, pues para ellos era más fácil reunir la documentación”, explica el director de Terra. Y aunque celebra que unas cuantas personas hayan podido regularizar su situación, le hubiese gustado que hubiera más valentía política para construir cambios más sustanciosos. En plena crisis económica, con el discurso anti inmigración tan asentado y las trabajadores y trabajadoras invisibilizados de nuevo. La valentía política es un activo que se echa en falta por quienes quieren acabar con la explotación agrícola, sean inmigrantes legales o ilegales, nativos o contratados en origen. Para tener más opciones que aceptar lo que venga.

Fuente e imagen:  https://desinformemonos.org/temporeras-marroquis-siempre-esenciales-de-nuevo-invisibles/

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