Author: Stefania Barca

El cambio climático debe acabar. ¿Pero quién se encargará de detenerlo? O dicho de otra manera, ¿quién podría ser el sujeto político de una revolución climática anticapitalista?

Estoy convencida de que este actor social debería ser, y debe efectivamente ser, la clase obrera a escala mundial. Pero para desempeñar este rol, la clase obrera debe desarrollar una conciencia de clase ecologista y emancipadora.

Por suerte, la historia está llena de ejemplos de este tipo de síntesis rojo-verde: el ambientalismo obrero es tan viejo como el propio movimiento sindical.

Durante una gran parte de su existencia, el ambientalismo obrero se concentró en el lugar de trabajo y en las condiciones de vida de las comunidades obreras, ligando las cuestiones de seguridad y de salud en el trabajo con la protección de la salud medioambiental o la salud pública.

Durante los años 1990, el ambientalismo obrero comenzó a incorporar los conceptos de “desarrollo sostenible” y de “economía verde”. Más recientemente, cuando se ha intensificado el cambio climático, la “transición justa” (TJ) se ha convertido en el concepto de moda. La TJ se basa en la idea de que los trabajadores no deberían soportar el peso de la transición hacia una economía poco carbonada, teniendo en cuenta las pérdidas de empleo y la desestabilización de las comunidades locales.

A tal efecto, los sindicatos de “cuello azul” –en particular los de la industria pesada, transportes y energía– han forjado alianzas “verdes-azules” con grupos ecologistas de todo el mundo. Estas convergencias demuestran un consenso creciente sobre la necesidad de atacar al cambio climático, subrayando que los medios para realizarlo se basan en la implicación sindical y en el carácter duradero de las elecciones adoptadas.

Sin embargo, existen importantes divisiones en el interior de este consenso, en particular cuando se trata del contenido de la TJ. Algunos grupos incitan simplemente a la creación de empleo en una economía más verde. Negándose a someterse a las soluciones del mercado, otros grupos adoptan una crítica radical del capitalismo.

La evolución de esta división determinará si el movimiento obrero reforzará tácicamente al capital –o por el contrario, se enfrentará al capital y al cambio climático.

La mesa de negociaciones

La corriente predominante de la TJ, la que se contenta con apoyar una economía más verde en un marco capitalista, está fielmente representada por la Confederación Sindical Internacional (CSI).

Formada en 2006 por fusión de dos confederaciones sindicales transnacionales, la CSI lanzó el primer programa sindical internacional sobre políticas de cambio climático el mismo año de su fundación. Poco después, surgieron sectores sindicales que elaboraron posiciones oficiales sobre el recalentamiento planetario –posiciones que han precisado más el concepto de transición justa.

Para grupos como la CSI, la TJ significa invertir en sectores y en tecnologías con emisiones débiles en carbono y basados en el empleo creciente de mano de obra, lo que debería combinarse con programas de formación y ayudas financieras para los trabajadores empujados al paro en los sectores contaminantes.

La transición es concebida como un descontextualizado pacto entre ganadores –con la idea de que podría surgir un capitalismo más sostenible por medio “del diálogo y la consulta democrática” con “los socios sociales y las partes interesadas”, apoyado en “análisis locales y planes de diversificación de la economía para ayudar a los gobiernos locales a gestionar la transición hacia una economía débilmente carbonada que permitiría un crecimiento verde”.

Esas partes interesadas tendrían un papel a jugar más allá de las simples consultas: los gobiernos adoptarían medidas de estímulo de la economía; las empresas aplicarían políticas socialmente responsables; los universitarios y los líderes políticos defenderían la “modernización ecológica” de la legislación; las organizaciones internacionales emitirían directivas, informes y recomendaciones.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido la más activa a la hora de promover este enfoque transicional, proponiendo modelos basados en un consenso e invitando a las empresas, los Estados y las organizaciones sindicales a la mesa de negociaciones. La responsabilidad sindical consistiría en proponer que se reduzcan los objetivos de emisión de gases de efecto invernadero y los niveles de producción, manteniendo vigilancia sobre sus efectos en el empleo.

A la OIT y la CSI les gusta insistir también en los beneficios económicos de la TJ. Citando al famoso Rapport Stern –publicado en 2006 bajo la autoridad del gobierno británico, afirmaba que los costes económicos de la lucha contra el cambio climático serán netamente menores que el coste de la inacción– la CSI declara que atenuar el recalentamiento facilitaría incluso el desarrollo del empleo. Este enfoque se basa en la idea de que la intervención gubernamental puede estabilizar los costes y redistribuir los beneficios entre los grupos sociales.

Por ejemplo, las infraestructuras para la atenuación y la adaptación no se consideran destructoras de empleo, sino al contrario podrían permitir crearlo, a condición de estar cuidadosamente planificadas. La CSI considera incluso que las inversiones para la protección de territorios y poblaciones contra los efectos de futuros acontecimientos climáticos son una potencial fuente de crecimiento económico.

Sin embargo, esta visión armoniosa de los beneficios compartidos pasa por alto los impactos previsibles de la construcción de grandes instalaciones sobre las comunidades locales y los ecosistemas. En efecto, los programas de la OIT y de la CSI no dejan de promover la consulta, el diálogo social, el buen gobierno, o de animar los métodos de comunicación a propósito de temas que suscitan inevitables tensiones y fracturas.

En primer lugar, los programas de la OIT y de la CSI no tienen en cuenta las barreras erigidas por los acuerdos comerciales internacionales, que fuerzan a los gobiernos a recortar las políticas sociales, ignoran (o destruyen) las economías locales, y adoptan un modelo de competitividad basado en una reducción constante de los costes del trabajo y en el debilitamiento de las organizaciones sindicales.

No es sorprendente por tanto –como reconocen responsables de la CSI– que el “círculo virtuoso” entre la acción climática y las políticas de trabajo promovidas por la OIT, la CSI y las otras agencias de la ONU, haya fracasado sin obtener el menor avance en las negociaciones climáticas.

El potencial de creación de empleo por medio de la atenuación del cambio climático (esto es, la sustitución de las energías fósiles por energías renovables) tampoco está garantizado. En la medida en que la inversión en estos proyectos será variable, contribuirá a reforzar el desarrollo desigual y las desigualdades –que no suelen ser considerados en estos programas.

En lugar de eso, estas dos organizaciones prevén una cosecha extraordinaria de nuevos empleos: seis millones en la energía solar, dos millones en la eólica, doce millones en los biocarburantes agrícolas o industriales, en el horizonte 2030. Estos pronósticos eluden el hecho de que los proyectos de desarrollo de energías limpias de gran dimensión y que requieren mucho capital, como los biocarburantes o la energía hidráulica, ya han demostrado su carácter ambivalente –y a veces claramente perjudicial– en materia de impacto social.

La etiquetacion “verde” también es sospechosa. Entonando esta canción, muchas fuentes tradicionales de producción –como la agricultura de mercado– simplemente se han recalificado como “sostenibles”, para adecuarse al gran relato de la economía verde. En Brasil, por ejemplo, la producción de biocarburantes –procedentes sobre todo de la caña de azúcar– supone más del 50% de los empleos verdes del país.

O lo que es peor, las condiciones de trabajo en las plantaciones de caña son muy inferiores a las normas internacionales, puesto que hay frecuentes violaciones de derechos humanos, del derecho al trabajo y de los derechos de los indígenas. La mecanización programada en este sector llevará a suprimir el empleo de miles de trabajadores, sin reconversiones ni compensaciones. El monocultivo de la caña de azúcar y sus modalidades de explotación amenazan el medio ambiente y la salud pública, atizando al mismo tiempo los conflictos con las comunidades a causa de la destrucción de la producción alimentaria local.

Pero la industria brasileña de biocarburantes recibe el apoyo del gobierno, de los sindicatos y de la OIT, gracias a su estatuto de industria que produce una energía verde.

En materia de evaluación de políticas y de elaboración de soluciones, una gran parte del problema reside en el hecho de que la CSI y la OIT dan prioridad a las soluciones de mercado y a las corrientes científicas dominantes en materia de economía ecológica, en detrimento de los estudios y las conclusiones más radicales y más políticas. Los conocimientos producidos por los movimientos de base por la justicia medioambiental y por las corrientes ecosocialistas son ignoradas en los discursos oficiales de la TJ.

En consecuencia, ninguna de las declaraciones de la OIT y de la CSI aborda el vínculo entre las crisis ecológica y económica de un lado, y el sistema político-económico a escala internacional de otro. En lugar de eso, cuando se cita la cuestión, la economía es considerada capaz de autorreformarse. ¿Cómo? Coordinando los diferentes modelos nacionales, debiendo ajustar cada uno de ellos a la fase de desarrollo propio de cada país.

Además, al mostrar una fe incondicional en el “crecimiento verde”, la CSI parece ignorar que dicho crecimiento ya existe –no a pesar de la crisis económica, sino precisamente a causa de ella. El capital acoge el “crecimiento verde” como un nuevo vector de acumulación que revitalizará la iniciativa privada, de igual manera que la Segunda Guerra mundial y la reconstrucción de postguerra sacaron al capital de la Gran Depresión de los años 1930.

Por supuesto, su preocupación no está en saber si el (pretendido) reverdecimiento de la economía capitalista generará condiciones decentes de trabajo y un empleo estable. Al contrario, los empleadores obtendrán provecho de esta reestructuración para eliminar los derechos actuales de los trabajadores, como lo demuestra el caso de la industria brasileña de los biocarburantes.

¿Reapropiarse la economía verde?

La hegemonía creciente de los discursos sobre la transición justa no es totalmente lamentable. Abre nuevas posibilidades para políticas climáticas orientadas hacia los asalariados –algunas de ellas verdaderamente radicales.

El ejemplo más interesante es la campaña (“Un millón de empleos climáticos” (One Million Climate Jobs -OMCJ-). Inicialmente impulsada por una coalición británica de sindicatos que tenían un programa a favor del crecimiento verde, esta campaña fue también realizada en 2011 por una coalición sudafricana que agrupaba a organizaciones sindicales, ecologistas y movimientos sociales.

En su inicio, la campaña se basaba en un enfoque keynesiano de inversiones cuya finalidad era crear “empleos climáticos” –distintos de los clásicos “empleos verdes”, en la medida en que pretendían una reducción drástica de las emisiones de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero.

En el Reino Unido, estos “empleos climáticos” se orientaron lógicamente hacia los sectores de la electricidad, la construcción y los transportes, que generan ocho toneladas de emisión de CO2 al año. Pero esta especialización limitó el potencial de la iniciativa. Al restringir su interés a los empleos clásicos de cuellos azules, la campaña olvidó a otros sectores, como las industrias de alimentación o los servicios, así como el trabajo de regeneración, de reproducción y de subsistencia. Al proceder así, ignoró a un sector esencial para el bienestar social y económico en cualquier sistema económico, y que constituye también un punto de partida crucial para cualquier nueva concepción de la economía.

Sin embargo, cuando se adaptó la iniciativa en Sudáfrica, se convirtió en una iniciativa mucho más radical, mostrando el potencial de esta campaña para movilizar a los enfoques más críticos y más favorables a una transformación social. En Sudáfrica, los efectos combinados de dos crisis globales –la extensión de las desigualdades socioeconómicas y el cambio climático– han creado enormes tensiones entre los compromisos oficiales en reducir la marca de carbono de la economía y las consistentes en reducir la pobreza (incluyendo la lucha contra la precariedad energética).

Como afirma la socióloga Jacqueline Cock, esta tensión ha incitado al movimiento sindical a incluir la transición justa entre las “reivindicaciones para conseguir transformaciones profundas que implican formas radicalmente diferentes de producción y de consumo”. Según Cock, este cambio requiere: “un enfoque integrado del cambio climático, del desempleo, de las desigualdades, así como el rechazo de los mecanismos de mercado para responder a estos problemas. A diferencia de otras interpretaciones de la economía verde, este modelo reconoce la importancia de la relación entre los retos de justicia social y del cambio climático, insistiendo a la vez en la necesidad de una transformación radical y estructural”.

Esta concepción anticapitalista de la TJ se preocupa por el hecho de que una economía descarbonada corre el riesgo de reproducir las actuales relaciones de poder y las desigualdades, si se sitúa en la lógica de las ideas conservadoras de crecimiento sostenible y de financiarización.

Los sindicalistas sudafricanos desarrollaron su posición crítica después de haber firmado un acuerdo sobre la economía verde en 2011, en el cual se utilizaba la idea de “diálogo social” para unir a gobierno, empresas y movimiento sindical en torno a un plan de creación de millares de enpleos en un nuevo sector de industria verde.

Ahora bien, los defectos y los límites de este acuerdo -incrementados por propuestas que no se apoyaban en ningún estudio en profundidad, y que iban acompañadas de salarios bajos, normas laborales mínimas y pérdidas de empleo– acabaron por demostrar cómo los “empleos verdes (…) están orientados hacia los intereses del mercado en detrimento de otras necesidades sociales”.

El Congreso de los sindicatos sudafricanos (COSATU) adoptó un “Programa Estratégico sobre el Cambio Climático” que, entre otros elementos, reconoce al capitalismo como la causa subyacente del recalentamiento planetario y rechaza las soluciones de reducción de emisiones de carbono basadas en los mecanismos de mercado.

Inmediatamente después, el Sindicato Nacional de Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA) evitó las nociones de empleos verdes y de un capitalismo más sostenible, pronunciándose a favor de una visión alternativa de la transición justa “basada en el control de los trabajadores y en la propiedad social y democrática de los medios de producción y de subsistencia”. El Sindicato de Trabajadores de la Alimentación y vinculados expresó también su apoyo a “una interpretación de clase de la transición justa hacia una economía verde” y por “alternativas radicales a la agricultura industrial, en particular la agro-ecología”.

Ese mismo año, la COSATU y el Consejo Nacional de Sindicatos (NACTU) se aliaron con ONGs y diferentes movimientos sociales para lanzar la campaña sudafricana OMCJ.

Con el objetivo de “excluir los intentos del capital de utilizar la crisis climática como una oportunidad de acumulación”, explica Cock, la campaña estaba muy influida por las organizaciones de la justicia medioambiental y climática, y consistía en “numerosos proyectos provisionales con el fin de demostrar la viabilidad de sus propuestas políticas”.

En la visión sudafricana, el giro hacia las energías renovables formaba parte de una transición más amplia hacia una producción energética territorializada y bajo propiedad pública. Colocada bajo un estricto control comunitario, estas disposiciones permitirían asegurar un acceso a la energía para todos. Se contemplaban iniciativas similares para la producción y distribución alimentaria, privilegiando la agro-ecología sobre la agricultura industrial para al mundo de la inseguridad alimentaria.

La divergencia probablemente más significativa con las estrategias clásicas de la transición justa es que la campaña sudafricana OMCJ presenta a los “proveedores de atenciones comunitarias” (community caregivers) como el sector más pertinente de empleo, previendo crear hasta 1,3 millones de empleos en los sectores de economía doméstica y salud, rehabilitación de tierras y la agricultura urbana.

Sin embargo, la campaña sudafricana OMCJ también ha tenido carencias. Los estrechos lazos de la COSATU con el partido neoliberal de la ANC, que ya estuvieron en el origen de una profunda crisis en las federaciones que llevó a la exclusión de la NUMSA, podrían llevar a una escisión irreparable en el seno de la confederación.

Hay que destacar una consecuencia positiva. Según el investigador sudafricano Vishwas Satgar, la NUMSA ha adoptado un programa más explícitamente socialista, defendiendo una propiedad social de las energías renovables y una acción concertada con las organizaciones por la justicia medioambiental. Este esfuerzo podría ser el núcleo de un nuevo proyecto de izquierda, estructurado por una visión democrática y ecosocialista.

No obstante, hay otros obstáculos. La campaña apenas se ha desmarcado de un Estado que favorece las iniciativas privadas a favor de la energía limpia, lo que sólo ha contribuido a reproducir la pobreza y las desigualdades.

La NUMSA responde a este desafío modificando su acción a escala municipal, como lo demuestra su combate por utilizar el poder de las administraciones locales en la distribución de la electricidad para favorecer las energías renovables.

Al mismo tiempo, la campaña corre el riesgo de encerrarse en enfoques localistas centrados en proyectos comunitarios que no tendrán capacidad para transformar la política energética a escala nacional. Como señala Satgar, la mayor parte de las intervenciones de OMCJ “se han concentrado en una sola cuestión antes de desperdigarse una vez han conseguido revalorizar sus primeras reivindicaciones”.

Para salir de la trampa, Satgar sugiere que la NUMSA debe desarrollar una estrategia en torno a una coalición social más amplia que condicione las luchas locales por el acceso a las energías renovables a proyectos pensados a una escala más amplia y basados en un enfoque de clase de las cuestiones ecológicas.

Hasta ahora, los dos desarrollos más prometedores han sido el esfuerzo por formar una gran coalición contra los proyectos de construcción de reactores nucleares del gobierno –lo que provocaría una quiebra del Estado sudafricano y tendría consecuencias catastróficas para la mayoría de la población pobre– y el proyecto de utilizar los fondos de pensiones de los sindicatos para invertir en una apropiación social de las energías renovables, de cara a separar los intereses de los trabajadores de los intereses de las industrias del carbón y del petróleo.

Para el movimiento sindical, la campaña OMCJ encarna a la vez los desafíos y las oportunidades provocadas por las crisis económica y ecológica. Sin ninguna duda, una coalición roja-verde y una alternativa ecosocialista en Sudáfrica representan una alternativa a la ortodoxia de la transición justa –una política del trabajo verdaderamente radical en la hora del cambio climático.

Según las condiciones de los trabajadores

Los sindicatos y los trabajadores abren una nueva vía en la larga historia del ambientalismo obrero –una vía en la que el crecimiento verde y la transición justa podrían encarnar las promesas de prosperidad económica y de seguridad que en otra época fueron asociadas al sueño fordista.

La adhesión a este nuevo sueño no salvará sin embargo al movimiento sindical de las lagunas y coacciones que erosionan su fuerza en la mayor parte de los países. Si continúan defendiendo la reestructuración capitalista “verde” de la economía mundial, los sindicatos se encontrarán en el campo opuesto a los campesinos y a las comunidades indígenas, a los campesinos sin tierra, a los trabajadores no remunerados que aseguran el trabajo doméstico y la reproducción social, a la agricultura de subsistencia y a todos aquellos que soportan el coste de un capitalismo “verde” –conduciendo a nuevos ciclos de desposesión y sometimiento.

La alternativa más prometedora, si no la más estimulante, es la de un ecosocialismo dinamizado por una conciencia de clase ecologista y emancipadora. Eso requerirá un conflicto de clase a un nivel superior –al nivel de una ecología política global. Lo que abrirá finalmente la perspectiva de un mundo verdaderamente sostenible, forjado según las condiciones del trabajo y no las del capital.

02/05/2016

http://www.contretemps.eu/interventions/travail-lheure-changement-climatique