Por: Mónica Chinchilla

El pasado 9 de julio de 2016, Sudán del Sur celebraba el quinto aniversario de la proclamación de su independencia. La fecha, que debiera haber sido festiva en el país, se tiñó de sangre tras la muerte de, al menos, 272 personas, 32 de ellas civiles. Los enfrentamientos entre las fuerzas militares afines al presidente, Salva Kiir, y su vicepresidente y rival político, Riek Machar, no son más que el penúltimo episodio de una cruenta guerra civil que data de diciembre de 2013 y que hace tambalear los cimientos del que se considera el país más joven del mundo.

Tras más de 20 años de guerra, en enero de 2011 Sudán del Sur votó un referendo a favor de la independencia de Sudán. La decisión estuvo respaldada por un 98,93% de la población sursudanesa, provocando la secesión. La paz y la tranquilidad, sin embargo, apenas duraron un par de años, ya que desde que estalló la Guerra Civil a finales de 2013, la situación económica, política, humanitaria y sanitaria ha sumido al país en una situación crítica. Y todo, a pesar del supuesto acuerdo de paz que tuvo lugar en agosto del año 2015.

En el conflicto, la población civil ha sido la principal perjudicada. Tanto es así que, según los últimos datos que proporciona la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA por sus siglas en inglés), en Sudán del Sur hay 1.616.026 personas desplazadas internamente (en adelante PDI). A pesar de que es necesario ser prudente al tratar cifras procedentes o relativas a países inmersos en conflictos de tales dimensiones, a nadie escapa lo alarmante del dato, pues la población del país no alcanza los 12 millones de habitantes.

Se consideran PDIs a aquellas personas que, aun permaneciendo en su propio país de origen, deciden abandonar su hogar por razones de inseguridad. Siguen así bajo la protección del Gobierno local, aunque paradójicamente sea éste en buena medida el causante del conflicto, como es el caso de Sudán del Sur. Además, las más de 50 tribus que existen en el país propician que los procesos de integración que encuentran los desplazados al abandonar sus ciudades de origen sean muy complejos.

Por su parte, la cifra de personas que deciden establecerse en alguno de los países fronterizos de Sudán del Sur es mucho menor, debido a las dificultades humanitarias, económicas e incluso psicológicas que supone para los emigrantes abandonar un país por el que han luchado durante varios lustros. A pesar de ello, el recrudecimiento de la situación y el incremento de sucesos violentos acaecidos durante los últimos meses está provocando una oleada de refugiados que tratan de abandonar el país.

De acuerdo con la cifras proporcionadas por ACNUR, un 70% de la población civil considerada refugiada son niños. Esto constituye, sin duda, una amenaza potencial para el futuro del país, que necesita de protección internacional y de ayuda humanitaria urgente para subsistir. Además de los niños, hay otro colectivo cuya vulnerabilidad se ha incrementado a lo largo de los últimos meses; se trata de las mujeres, segmento clave en la sociedad sursudanesa para garantizar el próspero desarrollo de un país en donde la figura de la mujer es vilipendiada y despreciada.

Nuevas estrategias que fomentan el conflicto interno: la inseguridad

El problema va más allá de una cuestión de género, presente todavía a día de hoy en tantos países, y no únicamente en aquellos subdesarrollados. Supone también una grave cuestión de seguridad que impide a Sudán del Sur y a su población impulsar, siquiera, un mínimo desarrollo. Anteriormente, la violencia sexual suponía una especie de instrumento dentro del conflicto. Pero el modo de hacer la guerra ha sufrido una importante transformación, pasando las violaciones, el maltrato o la humillación a ser componentes inherentes a éstas. Incluso la búsqueda de la muerte tanto de mujeres como de niñas es una realidad fomentada por el conflicto interno. Y Sudán del Sur es el vivo ejemplo de este tipo de cambios.

La principal consecuencia de estos actos es el rechazo, por parte de los propios familiares o de la comunidad en general, de aquellas mujeres que han sufrido abusos. Se trata de acabar, mediante la ruptura de los vínculos más cercanos, con la estructura social de las minorías étnicas. A medio plazo, el aumento de estos sucesos podría conllevar la desaparición de ciertas tribus con escaso protagonismo, circunstancia que podría calificarse de limpieza étnica. Estaríamos hablando entonces de una estrategia efectiva para conducir un conflicto. Todo esto se suma, por ejemplo, a los matrimonios forzosos que, durante décadas, han supuesto de igual manera abusos y violencia sobre las niñas de entre 15 y 19 años.

Es conocido el resultado de atrocidades como estas. Los niveles de SIDA en el país han aumentado en los últimos años. Una enfermedad provocada de modo intencionado que, una vez más, pretende frenar el desarrollo de ciertas regiones del país o de minorías étnicas. Naciones Unidas estima que 190.000 personas sufren SIDA en Sudán del Sur y que solo en torno a un 10% de los afectados puede recibir tratamiento. La situación, además, se agrava por momentos, pues en la actualidad se estima que unas 50 personas resultan infectadas cada día.

La indefensión procedente de la inseguridad también puede verse acentuada por el sistema legal establecido en el país. La existencia de un derecho consuetudinario supone, por un lado, el menor coste de los procesos judiciales, a los que pueden someterse las mujeres sursudanesas al reclamar, por ejemplo, su derecho a ciertas tierras. Este abaratamiento del proceso, junto con la no necesidad de desplazamiento a tribunales situados en grandes ciudades, supone una mayor accesibilidad a la justicia.  

Por su parte, el derecho estatutario, es decir, aquel que proviene del Estado y que incluye la constitución, los cuerpos legislativos y los precedentes jurisdiccionales, es de difícil alcance para las mujeres, especialmente para aquellas que habitan en zonas rurales o aquellas consideradas PDI. Junto con su elevado coste, son comunes las prácticas discriminatorias hacia las mujeres por parte de jueces y demás personal del orden, debido a las diferencias sociales y culturales.

La realidad es que dentro de cada una de las más de 50 tribus que componen Sudán del Sur, cada una de ellas posee un derecho consuetudinario, no escrito, que también da paso a la arbitrariedad y a la indefensión. Además, en muchos de los casos, las mujeres desconocen las posibilidades que les ofrece la Justicia para reclamar, o no saben cómo acceder a estas posibilidades. Tal argumento se ve reforzado por la baja tasa de alfabetización de las mujeres, que asciende a un 16%.

De tal modo, puede decirse que los problemas causados por la inseguridad forman parte de una estrategia desarrollada dentro del conflicto interno por todos los bandos participantes, que apunta a la mujer como principal blanco, por suponer éstas realmente el futuro de Sudán del Sur, al menos mientras el conflicto perdure.

Derechos de tierra, vivienda y propiedad como solución para las mujeres consideradas PDI

Son precisamente las mujeres sursudanesas las consideradas pilar fundamental en la estructura familiar. Debido al conflicto, su responsabilidad para con la familia ha aumentado considerablemente, e incluso en mayor medida para aquellas consideradas personas desplazadas internamente. Los hombres pasan a formar parte de la guerra cobrando salarios bajos, dejando a sus hijos en manos de sus esposas y quedando, a la postre, gran parte de ellas viudas.  Es por ello de especial trascendencia garantizar los derechos a la tierra, a una vivienda y el derecho de propiedad al colectivo femenino, que se muestra más indefenso ante el conflicto.

La reconocida posesión de un hogar y de unas tierras por parte de las mujeres está legalmente recogida tanto en cuerpos legales, como en la Ley de Tierras vigente desde 2009, como por la jurisprudencia constitucional del país. Aunque la capacidad de registrar tierras a su nombre es supuestamente cada vez mayor, forma también parte de la normativa sursudanesa la realidad por la cual las mujeres adquieren los derechos de los maridos, pero no los suyos propios. Esto es, existe una dependencia de la mujer hacia el hombre en lo que a la adquisición de derechos se refiere.

En la práctica diaria de esta problemática, las mujeres viudas, solteras o sin familia son privadas del acceso o control sobre unas tierras. Su no dependencia hacia un hombre las convierte en “extranjeras” ante los tribunales, impidiendo la integración de aquellas desplazadas que vuelven a sus poblaciones de origen. Esto es especialmente relevante cuando las mujeres son madres, ya que si pudieran disfrutar de la herencia de esas tierras estarían garantizando un futuro y una forma de supervivencia a sus descendientes.

Por si hasta este punto no fuera suficiente, con el elevado coste que supone el registro oficial de las tierras, la comercialización de éstas dificulta a las mujeres desplazadas la recuperación de sus antiguas parcelas. Su desconocimiento les impide recibir una compensación y son con frecuencia realojadas en zonas inseguras, con difícil acceso a agua o madera, y con apenas posibilidad de escolarización de los hijos.

En el marco de las relaciones internacionales, se reconoce el derecho de propiedad como pieza angular en el crecimiento de los países más subdesarrollados. En el caso particular de Sudán del Sur, la garantía de estos derechos supondría uno de los principales remedios para la correcta integración de las mujeres desplazadas a causa del conflicto interno. No solo se vería reducido el riesgo a la desprotección de este colectivo, sino que además fomentaría su capacidad de proporcionar tanto un presente como un futuro a sus descendientes. El derecho de propiedad funciona, además, como medio de acceso a los recursos financieros, ofreciendo una vivienda o unas tierras como garantía de la devolución de un crédito. Todo el proceso puede resultar no solo en una mejora en las condiciones de vida, sino también en un incremento en la productividad o desarrollo de la economía familiar.

El papel de la corrupción a la hora de garantizar estos derechos

De los 168 países que el llamado Corruption Perception Index tiene en cuenta para establecer un orden según los niveles de corrupción, Sudán del Sur ocupa el lugar 163, con apenas 15 puntos sobre 100 –el 0 corresponde a un país completamente corrupto–. Estos guarismos reflejan a la perfección la situación política del país y la inestabilidad que esto provoca en la población civil.

En cuanto a los abusos sexuales a mujeres y niñas se refiere, confirma Naciones Unidas la trata de éstas como forma de salario que reciben las fuerzas gubernamentales, especialmente la denominada SPLA (Armada Popular de Liberación de Sudán) a cambio de sus labores de combate y protección. Así, sólo entre los meses de abril y septiembre de 2015, en la provincia sursudanesa de Unity, se recogieron 1.300 denuncias por violación, según la propia Organización de las Naciones Unidas. Estos crímenes, considerados por la ONU crímenes contra la Humanidad, quedan impunes al ser el propio Gobierno el que los autoriza, fomentando que se repitan con mayor frecuencia entre todos los bandos combatientes.

En lo que se refiere a términos legales relacionados con la propiedad y las tierras, a pesar del reconocimiento de titularidad de las parcelas, se han dado ocupaciones ilegales por parte de soldados, oficiales del gobierno o de familias adineradas con capacidad de ejercer una influencia tanto en las comunidades como en el Gobierno. Además, las fuertes inundaciones que han tenido lugar en los últimos años de forma periódica han creado una mayor necesidad de tierras aptas, lo que ha traído consigo un incremento en el control del Estado de propiedades ajenas de acuerdo con sus intereses. Este desigual reparto de las tierras afecta en mayor medida, como era de esperar, a aquellas mujeres que vuelven a sus poblaciones de origen.

Cómo fortalecer la imagen de la mujer en Sudán del Sur. Posibles soluciones

Existen varias formas de abordar la situación de Sudán del Sur. Probablemente, todas ellas incluyen un importante cambio político o una reforma sustancial de las principales instituciones, ya que la pobreza extrema del país dificulta sobremanera que los ciudadanos puedan salir adelante por sus propios medios.

Una vez encaminada la democratización de los órganos de Gobierno como palanca fundamental del cambio, se antoja necesaria una profunda reforma en sectores como la Educación o la Sanidad, cruciales ambos para el desarrollo del país. Más adelante, será vital atender a otras lacras patentes como son la corrupción o el papel de la mujer en la Sociedad y en instituciones públicas como el Parlamento, donde tan solo ocupan el 24,3% del total de los escaños.

En este escenario, la participación de organismos internacionales se considera necesaria. Así, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia podría convertirse en observador garante de la independencia e imparcialidad de los tribunales. También puede actuar como asesor para tratar que casos tan graves como la violencia extrema o la violación de derechos fundamentales dependan en todo punto de un derecho consuetudinario arbitrario peligrosamente cambiante.

Del mismo modo, la sociedad internacional debería hacerse cargo del problema y colaborar en consecuencia para la inclusión del colectivo femenino en la toma de decisiones trascendentes, en negociaciones y en conversaciones de Paz. Su participación en cuestiones extraordinarias, sin duda ayudaría a que el papel de la mujer en la vida ordinaria fuera, poco a poco, tomando más valor.

Los movimientos ciudadanos liderados por aquellos sursudaneses que han tenido una mejor educación también tienen una importancia capital. Gracias a su perspectiva más amplia de la sociedad local y global, estos movimientos están llamados a garantizar aquello que en los países más desarrollados se consideran Derechos Fundamentales.

Otra traba importante del conflicto es la escasa repercusión que éste tiene en países desarrollados. Al no verse afectados de modo directo, tanto los estados como las organizaciones supranacionales hacen oídos sordos a una realidad que aún no ha calado, ni tiene visos de hacerlo, en la opinión pública occidental. Como consecuencia, son las Organizaciones No Gubernamentales, sobre todo las internacionales, las que asumen, por su cuenta y riesgo, la responsabilidad de ayudar en la zona.

Como se ha visto, la cruda realidad que atraviesa Sudán del Sur es resultado de diversas cuestiones. Entre ellas destaca el fuerte arraigo cultural de una sociedad anclada en la tradición. Tal involución afecta de modo directo e inmediato a otros aspectos políticos, económicos y sociológicos y tiene como principal víctima a la mujer, utilizada por el hombre como mercancía y relegada de continuo a un segundo plano por instituciones públicas y privadas. En los movimientos ciudadanos y en la educación de las generaciones venideras está la esperanza de un país imberbe que pide Paz como principal premisa para el cambio.

Fuente: http://elordenmundial.com/2016/08/18/el-estigma-de-ser-mujer-en-sudan-del-sur/

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