Por: Horacio Erik Avilés Martínez .
El día de ayer, en la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación presentó una iniciativa ciudadana de modificación a los artículos 3° y 73° constitucionales. La iniciativa, elaborada al alimón entre legisladores del PRD y la Dirección Política Nacional de la CNTE, contó con la paralela recolección de firmas para apoyar esta serie de modificaciones legislativas; es decir, los firmantes avalaron a la ciega un proyecto que desconocían. Finalmente, al ser hecho del dominio público tras su entrega en la Ciudad de México y posteriormente dado a conocer, la sociedad nacional cuenta con la posibilidad de analizar y comprender la verdadera intencionalidad de la CNTE en torno a modelar la educación nacional a modo de sus intereses particulares.
En su iniciativa, resulta sorprendente la medrosidad con la cual abordan una serie de temas en los cuales la legislación educativa debe ser incrementalmente garantista y progresista, a la par que se exhibe el descaro con el que buscan contar constitucionalmente con la rectoría de la educación, alimentando la creación de un sistema de gobernanza simulador y a modo, con la creación de un Consejo Nacional de Educación, cuya intencional ambigüedad en la definición del mismo, al mencionar que los miembros del mismo deberán ser “partícipes del fenómeno educativo”, lo que permitirá que se asignen cuotas a grupos y personajes incondicionales para continuar controlando los recursos y procesos del sistema educativo nacional, como hasta ahora lo han realizado soterradamente los grupos de interés. Por ejemplo, dentro de la iniciativa de ley que presentan el PRD y la CNTE, resulta inconsistente con el discurso que han proferido durante mucho tiempo el hecho de que no se atrevan a impulsar la gratuidad de la educación superior, sino que tratan con enorme tibieza de preservar el lindero que marca la legislación vigente, al limitarse al buscar garantizar la educación media superior solamente. En contrapunto, con actitud filibustera, uno de los atentados más arteros en contra del Artículo Tercero que intentan articular es retirar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el mandato de que la educación pública sea de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos, lo cual es ley vigente, pero la CNTE no solamente ha denostado su cabal aplicación, sino que ahora, completamente volcados al ataque los redactores de este proyecto pretenden abrogar este cardinal atributo de la educación nacional. ¿Cuáles son los argumentos para realizar una propuesta de esta índole? ¿Estuvieron debidamente informados los ciudadanos firmantes de esta iniciativa que están promoviendo que la educación que imparta el estado mexicano carecerá constitucionalmente de este importantísimo atributo? ¿Están de acuerdo los padres de familia mexicanos en aceptar ciegamente y de buena gana que sus hijos recibirán educación sin calidad? Sin embargo, no para ahí la fabulación, ya que completamente volcados hacia su vehemente intención de controlar y someter a los maestros de México, intentan socavar los procesos de ingreso, permanencia y promoción al servicio profesional docente, para poder continuar operando a sus anchas sus ingentes redes y modalidades de corrupción, con todas las triquiñuelas que les caracterizan. Asimismo, demuestran el talante cupular que les ha caracterizado al pretender que un grupo de notables dirijan la educación nacional mediante un denominado Consejo Nacional de Evaluación Integral de la Educación, el cual se integrará de acuerdo con el punto de vista conjunto del PRD y la CNTE de tal forma que habrá “al menos diez representantes de los componentes de la educación en los niveles de educación básica y media superior que pertenezcan a instituciones educativas públicas dependientes de la secretaria de educación pública (sic), dos representantes del Instituto Nacional para la Evaluación Integral de la Educación, dos representantes de organizaciones de la Sociedad Civil (sic) cuyas hijas o hijos acudan a la escuela pública y, dos representantes del Consejo Nacional de Educación, en los términos que la Ley (sic) señale”.
Con esto, buscan mantener un control a modo de la evaluación nacional, sin realmente generar un sistema de consulta amplio respecto a cómo comprender y explicar el logro educativo nacional a la luz del contexto socioeconómico y cultural que se matiza irrepetiblemente en cada comunidad de aprendizaje. Por ende, sorprende que al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, le hagan un ajuste meramente cosmético, al incluir en su nombre el término “integral”, como si su denominación actual implicase algún enfoque parcial y como si una modificación nominal implicase una transformación de fondo. Gatopardismo puro. En suma, por todas las irregularidades, transgresiones y efectos perniciosos para la educación nacional, de las cuales solamente se mencionan algunas de las más flagrantes en esta colaboración, por razones de espacio, el Poder Legislativo Federal debe de pronunciarse firmemente poniendo al centro de cualquier decisión la cabal vigencia del inalienable derecho a aprender de los niños y jóvenes del país, por encima de cualquier interés sectario, gremial o político. Asimismo, el PRD, a nivel nacional y estatal debe de esclarecer ante la sociedad mexicana si respalda plenamente esta iniciativa y asume el costo político de cultivar esta naciente relación peligrosa, que pone en entredicho el apoyo que brindó el mencionado partido a la Reforma Educativa de 2013, sin duda la de mayor calado que se ha hecho a la legislación en materia educativa en las últimas décadas. Tampoco debemos perder de vista los mexicanos que resulta descaradamente oprobioso que en pleno centenario de la promulgación de la Constitución de 1917 se presenten propuestas de cambios tan retardatarios, que transgreden principios defendidos por los liberales que conformaron nuestra patria, como la igualdad de oportunidades y el derecho a la educación con inclusión. Es asimismo inaceptable que en este momento histórico en el que más que nunca se requiere la unidad nacional, se presente una contrarreforma constitucional de esta magnitud que impulsa el gremialismo, como una forma de clasismo que excluye a los aspirantes a ejercer a su vocación magisterial de participar en un concurso de oposición para el ingreso al servicio profesional docente, contradiciéndose crasamente con el tímido refrendo de la inclusión y la igualdad enunciado en su propio proyecto, demostrando que es meramente discurso, cuando sus intencionalidades operativas son muy diferentes.
Por todo lo anterior, los integrantes del Poder Legislativo Federal tienen el altísimo deber de convocar a amplios sectores sociales a debatir públicamente estas punitivas medidas que hoy propulsan el PRD y la CNTE, que buscan eliminar la excelencia educativa, la calidad, la meritocracia, la inclusión y la igualdad de oportunidades en el ingreso al servicio profesional docente de nuestra Carta Magna. México no debe repetir errores ni retornar por razones de mero cálculo político al conservadurismo, entregando a los grupos de presión la educación de nuestros hijos. Como ciudadanos alcemos la voz y exijamos la cabal implementación de la legislación en materia educativa en cada aula, para garantizar los derechos de cada estudiante y de cada maestro, no retrogradaciones inaceptables hacia el caos y la corrupción.
Fuente:
La iniciativa de ley de la CNTE/Horacio Erik Avilés Martínez
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