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¿La clase media se le da vuelta a Milei?

Por Aram Aharonian

El gobierno de Javier Milei tomó conciencia de que el combustible que puede prender fuego a sus pretensiones es la clase media, que fue la que consolidó su triunfo en el balotaje. El enojo de un sector de la clase media llevó al ultraderechista a archivar el manual libertario y revertir el aumento de la medicina prepaga.

En la Casa Rosada se vanaglorian con la revista Time, que puso a Milei entre las 100 personas más influyentes. Es un ranking curioso. No figuran Joe Biden ni Donald Trump ni Xi Jimping ni Vladimir Putin ni Lula, por ejemplo.

Milei, quien se jactó el viernes en la reunión de la derecha empresarial en el lujoso hotel Llao Llao de Bariloche, de llevar adelante el ajuste más grande la historia de la humanidad, fue alertado de que la crisis de la educación pública podría ocasionarle un efecto parecido al de la medicina prepaga, donde tuvo que dar marcha atrás con sus aumentos.

Las encuestas marcan que se empieza a afirmar una opinión mayoritariamente negativa a su gestión en ítems como jubilaciones, salud y educación. El falso anuncio de un acuerdo con las universidades nacionales fue un síntoma de eso. Para las encuestadoras “aún” conserva el 50% de apoyo. Ah, y el otro 50% está huérfano de liderazgo y de mística, aún en shock por el resultado electoral y las malas noticias y la crisis que le siguieron… Pero se teme que muy pronto se le termine la paciencia.

Pese a los análisis agoreros, parece lejano aún el día del “juicio final” en el que explota todo y Milei se va, y lo que ha logrado el gobierno es una convivencia más naturalizada de la oposición política y sindicial. No  ha habido ninguna prueba definitiva de la lucha de clases; pero hasta ahora el Mileinato no pudo llevarse puesto el régimen político.

Con su sesgo bonapartista, amenaza ahora con hacerlo cuando gane las elecciones de octubre de 2025 y su hermana Karina arme un nuevo partido. “En diciembre de 2025 presentaremos 3000 leyes para ser votadas en extraordinarias”, dijo, pero para esa fecha falta demasiado y demasiadas cosas podrían pasar antes.

El guatemalteco Augusto Monterroso escribió el cuento más breve del mundo: “Cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí”. No hay en el país ese clima político asfixiante que había a mitad del año pasado, pero Milei sigue ahí. La posición no logra arrastar a las masas, y tampoco el gobierno. Hay un gran ausente, el peronismo en las calles -dice que primero tienen que “reorganizar el movimiento”- abandonando la contención popular para volver al poder en 2025, como Lula después de Bolsonaro.

Nadie espera un cambio en Milei: es la provocación permanente y está logrando aplicar un ajuste económico brutal. La burguesía política está incondicionalmente con la gobernabilidad pero no incondicionalmente con Milei. Pero el FMI ya dio dos alertas, uno sobre la situación social y otro donde le dicen que el ajuste macro fue más rápido de lo que creían, pero para que no sea un ave de paso el gobierno tiene que traducir estas medidas durísimas en leyes.

El gobierno tiene enfrentamientos con varias instituciones: con los gobernadores por los fondos, y todo el tiempo entran y salen cosas del proyecto de ley ómnibus, que de más de 600  artículos había bajado a 200, ahora podría crecer a 400, y se empieza a tratar esta semana en el Congreso, donde acumula dos derrotas: la caída de la ley original en febrero y la del Decreto de Necesidad y Urgencia en Senadores. Ninguna de estas derrotas abrió una crisis política, quizá porque nadie quiere que se vaya.

Está también la Corte Suprema de Justicia, que no se quiere pronunciar antes que las instituciones políticas y donde se metió el lío por la posible designación de Ariel Lijo como miembro de la Corte, un juez demostradamente corrupto.

El gobierno tiene a favor que las tres crisis que deberían unirse, política, social y económica, no hay quién las una. La crisis política no le importa al 56% que votó a Milei, donde es dominante el tema de la corrupción. La crisis social es distinta, porque si cae el techo de la escuela protestan todos. O lo que pasa con la epidemia de dengue, sobre la que el gobierno no actúa, copiando el negacionismo de Jair Bolsonaro acerca del covid.

Milei en su salsa

El entorno del presidente sabe que a Milei le importan sólo tres cuestiones: el déficit cero, las redes sociales y su fama en el mundo. Insisten en que se ha convertido en un referente internacional de la derecha, lo que deriva en frases grandilocuentes como la de que coordinaría acciones con los presidentes del mundo, lo que obviamente está muy lejos de la realidad, ya que “los mandatarios hablan con la casa matriz (Washington), no con la sucursal”, señala Raúl Kollman

Una semana atrás, Milei anunció la interrupción de su viaje a Dinamarca por el conflicto Irán-Israel y porque regresaría al país “para coordinar acciones con los presidentes del mundo occidental”. Como era previsible, ningún presidente del mundo occidental se dio por enterado. Hoy en día Milei no tiene presidentes con los que hablar. De haberlo hecho, el costoso equipo detrolls lo hubiera difundido.

Más allá de que no coordinó nada, produjo una crisis con dos de los mandatarios de la región –Gabriel Boric de Chile y Luis Arce de Bolivia– cuando su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, repitió un añejo libreto estadounidense: que las triples fronteras entre Chile, Bolivia y Perú y la de Argentina, Brasil y Paraguay son el foco de todos los males.

En materia de sobreactuación, Luis Petri, el ministro de Defensa, solicitó ser una especie de socio de la OTAN, la alianza militar que encabeza Estados Unidos y los países europeos. Más allá de la cuestión constitucional, la asociación a la OTAN rompe con una tradición argentina de neutralidad, de no intervención y de buscar la paz como prioridad.

Desde hace años, Estados Unidos trata de desacreditar a las Naciones Unidas y fomenta “The coalition of the willing” (la coalición de los dispuestos), o sea la asociación de Washington con distintos gobiernos de distintas zonas, para influir en esas regiones y, en el peor de los casos, ejercer el papel de policía.

Y siguiendo con la sobreactuación, Petri, en videollamada con Milei, anunciaron la compra de los añejos aviones F-16 por un total de 700 millones de dólares a Dinamarca, unas aeronaves con software, instrumental y armamento ya obsoleto para la OTAN, pero aún un buen negocio para vendérselo a países subdesarrollados.

La pregunta hoy es de dónde va a salir el dinero de los F-16 en tiempos en que “no hay plata”. A Dinamarca hay que pagarle unos 300 millones de dólares y el armamento se paga aparte, otros 300 millones a Estados Unidos. ¿Pago en cuotas y recepción paulatina de los aparatos a medida que se realicen los pagos?

Mientras, 36 fiscales federales expresaron su preocupación frente a la decisión de Petri de desmantelar el área ministerial que investiga los crímenes de lesa humanidad. En una nota remitida al procurador interino Eduardo Casal, los fiscales señalaron que la falta de relevamiento y análisis de los archivos que están en poder de las Fuerzas Armadas irá en desmedro de las causas por crímenes de lesa humanidad.

Recule con la medicina prepaga

Un récord de más de un 165% de aumento en lo que va del año, como consecuencia del Decreto de Necesidad y Urgencia vigente,que desreguló el mercado, generó tal nivel de malestar social y ruido, incluso entre sus votantes, que decidió ceder parte de sus principios antes que pagar las consecuencias políticas.

Por primera vez desde que asumió Milei se vio obligado a abandonar su postura anti-intervencionista y tomó una decisión política en contra de sus principios libertarios: la regulación estatal en el mercado para retrotraer los precios de las empresas de medicina prepaga de salud al valor de las cuotas de diciembre de 2023 y luego aplicar un esquema de actualización mensual.

Todo ello en medio de una escalada de conflictividad apalancada por los despidos y la llegada de las nuevas tarifas de los servicios a los hogares y empresas. En paralelo,el gobierno redobló la apuesta y acudió a la Justicia para solicitar una medida cautelar contra 18 empresas y asegurar un mecanismo de devolución del dinero a los afiliados.¿Otra intervención del Estado para regular el mercado?

El recule tiene su razón en la preocupación por la respuesta en cadena de usuarios que podrían acudir a la Justicia ante los aumentos en telecomunicaciones, combustibles, energía, colegios. La realidad, nuevamente, desmintió a la teoría económica que sostiene que el mercado no tiene fallas y desbarató el fanatismo del Presidente quien considera a los empresarios “héroes benefactores” que pueden acabar con la pobreza del mundo… o acabar con el mundo.

*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Fuente: https://estrategia.la/2024/04/22/la-clase-media-se-le-da-vuelta-a-milei/

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Realizan marcha en defensa de la educación pública y el presupuesto en Argentina

En Argentina hay 65 centros universitarios de gestión estatal donde estudia la gran mayoría de los alumnos de ese nivel del país.

La ciudad de Córdoba, capital de la provincia con el mismo nombre, fue el escenario del inicio de las marchas de estudiantes, sindicatos y otros sectores sociales que se registró este martes en Argentina en defensa de la educación pública.

A lo largo del día se sumaron otros contingentes en más ciudades del país suramericano, en particular, en Buenos Aires, para rechazar los recortes en el presupuesto a las universidades del país.

La vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Mariela Marchisio, explicó que la universidad siempre es auditada y se sumó a la Marcha Federal Universitaria que recorre las calles de la capital cordobesa.

La marcha en defensa de las universidades públicas en Córdoba fue multitudinaria. Atravesó buena parte del centro de la ciudad, desde el Monumento a la Reforma Universitaria del 19 hasta el Patio Olmos.

Una licuadora gigante realizada por el gremio de los docentes destacó entre la cartelería que hubo a lo largo de las varias cuadras que se extendió la cantidad de participantes.

 

En Buenos Aires, los manifestantes fueron llegando al Congreso, la Policía Federal valló las inmediaciones al Palacio Legislativo. El encuentro de estudiantes, docentes y no docentes fue a las 15H30 y aproximadamente a las 18H00 (hora local) se leyó el discurso central en Plaza de Mayo.

Durante la movilización, los participantes expresaron su rechazo a las políticas del presidente Javier Milei y reiteraron su compromiso en la lucha en defensa de la educación pública.

 

A raíz de las declaraciones del ultraderechista presidente Javier Milei de que «no hay plata» para las universidades, entre otros rubros, los estudiantes, profesores sindicatos y otros gremios, han planteado defender la educación pública y pedir presupuestos para las instituciones educativas.

El Gobierno repite que las Universidades Nacionales deben ser auditadas, pero lo que no saben porque no tienen idea es que todas las universidades son auditadas en sus contenidos, carreras y financiamiento, indicaron los manifestantes.

https://www.telesurtv.net/news/argentina-marcha-universidades-educacion-publica-20240423-0024.html

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Las tareas pendientes con la educación comprometen el futuro de Brasil

Las tareas pendientes con la educación comprometen el futuro de Brasil

Fernando de la Cuadra

En el contexto actual, en el que se está debatiendo el presupuesto nacional (hecho que motivó una huelga de los y las docentes de Brasil), el autor analiza en este artículo el papel de la educación en la transformación social.


La crisis de la educación en Brasil, no es una crisis, es un proyecto.

Darcy Ribeiro

La educación en Brasil está pasando por una etapa de estagnación, sin que las nuevas autoridades asuman responsablemente dar un giro con respecto a la situación heredada de los dos gobiernos anteriores, de Michel Temer y Jair Bolsonaro. Como nos advierte Darcy Ribeiro, parece que históricamente la función de la educación en Brasil ha sido la de profundizar las diferencias entre una elite culta, letrada y hasta erudita y una gran masa de analfabetos destinados a cumplir el papel de fuerza de trabajo barata y dócil. Los avances realizados en el campo pedagógico –como los realizados por Paulo Freire a comienzos de los años sesenta– siempre tuvieron que enfrentarse con la férrea oposición de quienes rechazaban los avances civilizatorios que la educación podría representar para el país, alfabetizando y dando carta de ciudadanía a los grupos más pobres y excluidos de la población.

En ese sentido, Paulo Freire era considerado un subversivo, pues su discurso lúcido y movilizador estaba impregnado de un espíritu libertario y democrático. Así, como apuntaba acertadamente en una de sus memorables páginas de La educación como práctica de la libertad: “La salud para esta extraña democracia es el silencio del pueblo, su quietud. Es la sociedad cerrada, es la inmovilidad. De ahí que los defensores de este tipo de democracia postulen la necesidad de preservar al pueblo de lo que llaman ‘ideas exóticas’, en último análisis: todo lo que pueda contribuir a la presencia activa del pueblo en su proceso histórico”.

De esta manera, el proyecto de llevar adelante el método freiriano de educación de adultos[1], fue dramáticamente interrumpido por el golpe de Estado civil-militar-empresarial de 1964 y desde entonces el camino hacia la universalización de la educación en Brasil ha sido largo, tortuoso y descontinuado. Uno de los infaustos legados que dejó la dictadura fue la de concebir que una educación pública, gratuita, universal y de calidad es un proyecto grandioso para el cual el Estado no tiene condiciones de financiamiento.

Independiente de la capacidad de gestión de ciertos gobiernos por llevar adelante un plan que asegure una educación como un derecho fundamental para toda la población, lo que sugiere la experiencia brasileña es que, en la disputa entre un proyecto de sociedad más inclusivo, participativo y pluralista contra otro más elitista, excluyente y estratificado, esta última visión ha salido victoriosa hasta el momento. A la estructura de resabios coloniales en que funciona el país habría que sumarle un Congreso reaccionario que pone innumerables obstáculos a cualquier medida orientada a mejorar la calidad de vida de los sectores más carentes.

El gobierno Lula les prometió a los brasileños un periodo de bienestar y prosperidad, pero a las ilusiones y expectativas de los primeros meses le han seguido las indicaciones de que el Ejecutivo se encuentra más preocupado con la austeridad fiscal que con mejorar las condiciones concretas de vida de la mayoría de la población. Quienes se sienten desilusionados con los escuálidos avances de un gobierno que se autoproclamaba popular, pueden ser confundidos y cooptados por las falsas promesas del bolsonarismo y la extrema derecha. La disminución del presupuesto para salud y educación contrasta con los fondos destinados para la compra de armamentos y suministros para las Fuerzas Armadas[2]. Por su parte, los salarios de los profesores -en todos los niveles del sistema educacional- difieren escandalosamente con las exorbitantes remuneraciones que reciben los oficiales de las tres ramas y con los sueldos recibidos por miembros de poder judicial.

Un profesor universitario en la cúspide de su carrera y con dedicación exclusiva, recibe en media, tres veces menos que un teniente coronel del ejército o un juez federal, sin considerar los beneficios y ayudas suplementarias que aumentan aún más los ingresos de estas categorías.

Por eso mismo, profesores y servidores de universidades federales, centro de educación tecnológica e institutos federales se encuentran en este momento en huelga a través de todo el país, teniendo el aumento salarial como principal reivindicación. Ellos solicitan un reajuste del 22 por ciento dividido en tres años, con inicio en mayo de 2024. Dicha reposición salarial cubriría apenas las perdidas inflacionarias acumuladas por los dos gobiernos anteriores. Diferentemente, el gobierno sólo ofrece un 9 por ciento dividido en 2 años y a partir del 2025. Este movimiento también ha recibido la solidaridad de técnicos administrativos y estudiantes, que reivindican conjuntamente la construcción de una universidad pública gratuita, de calidad y valorizada.

El Sindicado Nacional de Docentes de las Instituciones de Enseñanza Superior (ANDES) sostiene que además de la recomposición salarial, existe una necesidad urgente de reestructurar la carrera docente, junto con mejorar las condiciones de trabajo y la dignidad de los profesores. Asimismo, demandan la realización de un importante volumen de inversiones públicas en las instituciones federales de educación, visto el alto grado de deterioro y abandono de la infraestructura y de los servicios resultante de la nefasta administración de los gobiernos precedentes.

De hecho, la situación de la educación superior en Brasil se ha resentido enormemente en los últimos 8 años, desde que fue destituida a través de un golpe blando la ex Presidenta Dilma Rousseff. Pero no solamente la educación superior sufre los rigores de los recortes presupuestarios iniciados en el gobierno Temer con las medidas del llamado “techo de gastos”.

El país ocupa actualmente un preocupante lugar en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA)[3]. En matemáticas y ciencias menos de la mitad de los estudiantes de 15 años consiguió alcanzar un nivel mínimo de aprendizaje, siendo que Brasil ocupó la 65° y la 61° posición en esas materias, respectivamente. Específicamente, en matemáticas, un 73 por ciento de los estudiantes no alcanzaron el nivel básico considerado por la OCDE para garantizar que los jóvenes puedan ejercer plenamente su ciudadanía. Ello se expresa concretamente en que 7 de cada 10 de estos jóvenes con 15 años no saben resolver problemas básicos como convertir el valor de dos dólares para su equivalente en moneda nacional (Real) o calcular el porcentaje de ingredientes necesarios para preparar una comida.

Según los datos del Instituto Todos por la Educación, el analfabetismo funcional de personas entre los 15 y los 64 años es de aproximadamente un treinta por ciento, donde un tercio de los alumnos que llegan al quinto año de escolaridad apenas consiguen leer y un veinte por ciento de los jóvenes que concluyen la enseñanza fundamental (hasta noveno año) no dominan el uso de la lectura y la escritura.

La situación del Magisterio es deplorable, pues junto con toda la carga horaria extenuante, los profesores reciben salarios que les imposibilitan llevar una vida digna y muchos de ellos deben buscar otras fuentes de renta fuera de sus actividades docentes.

En suma, una situación catastrófica que el actual gobierno no ha tenido la voluntad de alterar, inventando excusas y refugiándose en el argumento de que el país no puede invertir más en políticas sociales debido a sus compromisos con la responsabilidad fiscal y el ajuste presupuestario. Queda por lo tanto el triste recuerdo del gobierno de João Goulart que, con mucho menos presupuesto se lanzó decididamente a terminar con el analfabetismo y de mejorar sustantivamente la calidad de educación brasileña, con Paulo Freire liderando ese proceso.

Si los tecnócratas de plantón no recapacitan y no recuperan el legado pedagógico y transformador del patrono de la educación brasileña, este país condenará a las futuras generaciones a seguir siendo explotadas y despreciadas por las elites cavernarias y, en esa medida, se condenará a sí mismo.


Notas

[1] Con este método Paulo Freire lograba alfabetizar a personas adultas en solamente 45 días, como quedó demostrado en algunas experiencias realizadas por Freire a comienzos de la década del sesenta en Pernambuco y Rio Grande do Norte, para luego ser replicadas a nivel nacional durante el gobierno de João Goulart, en el marco del Plan Nacional de Alfabetización iniciado en enero de 1964.

[2] Solamente en el caso de la Marina, el gobierno está invirtiendo 100 millones de euros en cuatro submarinos convencionales (propulsión diésel-eléctrica) y otros 100 millones de euros en un submarino nuclear.

[3] Pisa es el principal examen internacional en educación que mide cada tres años el desempeño de estudiantes entre 15 y 16 años de edad (final del ciclo básico). Se realiza por medio de un test computarizado que dura dos horas en la cual se mide el desempeño en lectura, matemáticas y ciencia. El último Pisa (2022) fue realizado en 81 países, entre miembros y socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Fernando de la Cuadra es doctor en Ciencias Sociales, editor del blog Socialismo y Democracia y autor del libro De Dilma a Bolsonaro: itinerario de la tragedia sociopolítica brasileña (editorial RIL, 2021).

Fuente: https://fmdelacuadra.blogspot.com/2024/04/las-tareas-pendientes-con-la-educacion.html

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Fuente de la Información: https://rebelion.org/las-tareas-pendientes-con-la-educacion-comprometen-el-futuro-de-brasil/

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Argentina: Falleció Ezequiel Ander Egg, destacado pedagogo, sociólogo, ensayista y epistemólogo

Falleció Ezequiel Ander Egg, destacado pedagogo, sociólogo, ensayista y epistemólogo

Tenía 94 años. Vivió casi dos décadas en Mendoza y fue un muy querido y reconocido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo.

Redacción Los Andes

Tenía 94 años. Vivió casi dos décadas en Mendoza y fue un muy querido y reconocido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo.

A los 94 años falleció el doctor, Ezequiel Ander Egg, destacado pedagogo, sociólogo, ensayista y epistemólogo, quien vivió durante casi dos décadas en nuestra provincia y, fue profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo.

El doctor Ander Egg, había nacido el 6 de abril de 1930, en Bernardo Larroude, La Pampa y, siendo muy joven, se trasladó a estudiar ciencias políticas a la Universidad Nacional de Cuyo, donde egresó. A inicio de la década del ‘60 se casó con la docente Norma Zamboni, con quien tuvo 4 hijos.

Ezequiel Ander Egg

A fines de 1975 sufrió la persecución y amenazas de la Triple A y fue a raíz de ello que, en 1976 se exilió en España, junto a su familia.

Realizó estudios de Sociología, Ciencias Políticas, Economía, Planificación económica, Planificación social y Pedagogía. Alcanzó el grado de Doctor en Ciencias Políticas y Económicas. Además de estudiar en nuestro país, también lo hizo en Francia, España y Bélgica.

A lo largo de su vida realizó la investigación y creación de técnicas de desarrollo social, que han sido vitales para el desarrollo de la profesión del Trabajo Social, en su fundamentación técnica y práctica.

Fue consultor de las Naciones Unidas en planificación nacional y local y de la UNESCO en política cultural y animación sociocultural; escribió numerosos libros sobre Trabajo Social realizando aportes teóricos y prácticos de esa ciencia.

También, hizo un gran aporte en temas como Ecología, Sociología, Animación Sociocultural, Pedagogía, Investigación Social y escribió más de 170 libros.

DE SU EXTENSA BIBLIOGRAFÍA SE DESTACAN:

-Técnicas de investigación social. México: Humanitas, 1965.

-Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad. Salou (Tarragona): Unieurop, 1980.

-Diccionario de trabajo social. Alicante (España): Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1981.

-Metodología y práctica de la animación sociocultural. Madrid: Marsiega, 1981.

-Introducción a la planificación. Buenos Aires: Humanitas, 1983.

 

Fuente de la Información: https://www.losandes.com.ar/sociedad/fallecio-ezequiel-ander-egg-destacado-pedagogo-sociologo-ensayista-y-epistemologo/

 

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Nombramiento docente: ¿meritocracia o justicia?

La Ley N.º 31996, que promueve el acceso a la carrera pública docente a los profesores interinos que fueron retirados el 31 de mayo de 2015, fue publicada este 9 de abril. Algunos expertos argumentan que esta ley es un golpe contra la calidad educativa y ciertos congresistas señalan que se trata de un acto de justicia.

Para entender esta situación retrocedamos en el tiempo. En noviembre del año 2012, durante el gobierno de Humala se publicó la Ley de Reforma Magisterial, N.º 29944, que regula la carrera docente y reemplaza a la Ley del profesorado N.º 24029. Esta nueva ley tiene como espíritu a la meritocracia centrada en la aprobación de varios exámenes, para conformar parte de la Carrera Pública Magisterial.

Sin embargo, en aquel momento había aproximadamente 200.000 docentes nombrados y otros 14.000 docentes nombrados como interinos. Todos estaban sujetos a la normativa anterior al año 2012. Durante la implementación de la Ley 29944, todos los docentes nombrados fueron incorporados automáticamente a la Carrera Magisterial, lo que contradijo el carácter meritocrático de la ley. Por otra parte, debido a diversos motivos, los 14.000 docentes nombrados interinos, fueron retirados mediante la Resolución de Secretaría General 2078-2014-MINEDU, lo cual evidencia una clara injusticia e inequidad.

En principio, la ley debe ser igual para todos. Esto quiere decir que, ningún docente nombrado debió ser incorporado de forma automática a la carrera magisterial, sino solo después de haber aprobado un exhaustivo examen, como lo están haciendo miles de profesores después de que esta ley entrara en marcha.

De igual manera, para lograr la meritocracia que impulsa esta ley, no es suficiente nombrar a un profesor porque aprobó un examen ejecutado por un Ministerio de Educación (MINEDU), que, según el experto León Trahtemberg, desconoce al docente. Para una evaluación exitosa, se requiere otorgar una mayor autonomía a los Centros educativos, con la finalidad de que estos puedan contratar al docente más idóneo y evaluarlo a lo largo de un año, y luego de tres años, puede nombrarse, concluye el experto. Esta innovadora idea de evaluar a la comunidad docente, debe aplicarse, si realmente existe un interés real por mejorar la educación en el Perú.

Ramiro Rojas Gutiérrez, líder de los maestros retirados, me dijo que, para evitar esta engorrosa situación, en el año 2014 el Minedu debió solicitar una actualización escalafonaria a los docentes interinos y aquellos quienes tenían sus títulos pedagógicos debieron ser incorporados automáticamente al igual que los demás docentes nombrados.

A pesar de que siento una desazón por esta Ley N.º 31996, como columnista independiente, creo que esta cuestión debió solucionarse con una resolución Ministerial hace tanto tiempo. Según los reportes, beneficiará a unos 2. 500 docentes retirados. Al respecto, muchos ciudadanos, la prensa y algunos expertos se rasgan la vestidura al sostener que serán incorporados automáticamente, pero la norma dice que habrá un examen especial que implementará el Minedu de acuerdo a la ley vigente.

Este hecho debe fortalecer más al sistema educativo en la mejora continua, centrado en los estudiantes. Como la de capacitar y evaluar con mayor rigor a la comunidad docente: el conocimiento de su materia, sus competencias didácticas y sus habilidades blandas, pero con leyes aplicadas de manera equitativa para todos.

© David Auris Villegas. Escritor peruano, columnista pedagógico, profesor universitario y creador del ABDIVCP.

Fuente de la información e imagen:  https://insurgenciamagisterial.com

Fotografía: IA

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La universidad pública está amenazada por la ofensiva del capital tecnológico y por el inmovilismo institucional

Si todo sigue como está, la universidad que conocemos tiene sus días contados. La capacidad de reacción de los actores académicos a la ofensiva sistémica del capitalismo actual contra las instituciones de educación superior es limitada, porque se pretende responder a lo nuevo con las claves de resistencia anti sistémica propias del pasado, es decir, de un mundo que ya no existe.

Los más importantes eventos realizados en la región en los últimos seis años así lo demuestran. La Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) realizada en Córdoba en 2018 y su seguimiento en Brasilia este año 2024 (CRES+5) reafirmaron los principios históricos del derecho humano a la educación superior, pero no pudieron allanar el camino para adentrarse en la crítica propositiva al paradigma instrumental centrado en aprendizajes para los nuevos empleos que requiere el modo de producción capitalista en la era digital-virtual, pero tampoco respecto a la micro acreditación que pretende externalizar la labor académica en las empresas descartando cualquier capacidad autónoma de pensamiento crítico, cercenando con ello el papel de la formación integral en el claustro. Se obviaron los análisis de las propuestas de las bancas de desarrollo respecto a la duración limitada de las titulaciones y certificaciones universitarias, que consideran deben ser validadas periódicamente con estándares ISO, mucho menos se abordó el debate sobre la reducción exponencial de las profesiones existentes. Fueron muy débiles las menciones que se hicieron en lo concerniente al avasallamiento de la virtualidad sobre la presencialidad, pretendiendo instalarse con ello una falsa dicotomía entre tradición versus innovación, que en realidad se convierte en una amenaza a la estabilidad laboral en el futuro cercano por el nuevo “know-how” pedagógico que comportarán los escenarios híbridos y los metaversos educativos. Poco se habló en esos escenarios de la neoprivatización educativa que viene ocurriendo desde la pandemia, al ser las familias, docentes y estudiantes quienes tienen que asumir los costos operacionales de la virtualidad, desentendiéndose los Estados de su obligación de garantizar las condiciones mínimas de aprendizaje, generándose una ruptura en la capacidad igualadora de las instituciones educativas debido al acceso desigual a las tecnologías digitales por el origen social de estudiantes y profesores. La limitada capacidad de las Instituciones de Educación Superior para ir más allá del paradigma analógico se debe en buena medida a la desinversión que han sufrido las universidades en los últimos años, pero no es cierto que lo digital haga innecesaria la educación presencial como pretenden hacerlo ver sectores vinculados a las empresas tecnológicas, la financiarización educativa y las políticas neoliberales.

De lo que no puede haber duda es que defender la universidad pública hoy, desde una perspectiva inclusiva, democrática, popular, científica en el marco de la cuarta revolución industrial, requiere un proceso de transformación sin precedentes no solo en las formas de enseñar y aprender, sino también de gestionar la institucionalidad. En materia tecnológica se debe romper la lógica funcional del operario ilustrado, centrada en socializar el manejo de hardware, software e innovaciones, concentrando el esfuerzo en pensar la relación de los diseños tecnológicos con la creación de mentalidades sumisas o críticas. La programación de las plataformas educativas de nueva generación no es neutra, tienden al aprendizaje repetitivo, pero de nada sirve criticar sino no construimos secuencias alternativas para que los programadores construyan plataformas que incentiven el pensamiento crítico, creatividad y mentalidades para el cambio con justicia social. Necesitamos pensar la universidad y la vida académica más allá de los paradigmas disciplinares y transdiciplinarios, construyendo conocimiento desde la convergencia disciplinar transformadora.

 

*Doctor En Ciencias de la Educación, Fundador y director general del portal Otras Voces en Educación y del Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en educación (CII-OVE). Miembro del Comité Directivo de CLACSO. Profesor visitante en la UFS, Sergipe Brasil.

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Argentina: Inconstitucional desfinanciamiento de la Educación

El autor de este artículo denuncia que el nuevo DNU 280/2024 del presidente Milei elimina el pago del Fondo Nacional de incentivo docente (FONID) y no actualiza el presupuesto de las universidades nacionales cuyas partidas previstas en 2023, están desactualizadas por la inflación. De modo que viola el derecho al “desarrollo progresivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales” garantizados por la constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A la vez, destaca la crueldad empleada con amplios sectores del pueblo.

 

Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe*

 

La riqueza más importante de una nación es su Pueblo, sin embargo, con dolor asistimos a una degradación del mismo, por parte del actual gobierno nacional. El presidente Javier Milei, no se ha inmutado si nuestro pueblo tiene hambre y están desabastecidos los comedores comunitarios. Tampoco, si no se les provee medicamentos a pacientes que los requieren imprescindiblemente. También, se empobrece, indignamente, a los jubilados y festeja que se da de baja a 70.000 empleados estatales. Grita “viva la libertad”, pero el goce de ella aparece sólo para quienes pueden disfrutarla, se les garantiza su propiedades y dineros y se les permite aumentar costos y ganancias sin límites. Sin embargo, a los más débiles se los condena a sueldos por debajo de la línea de la pobreza y no se da la libertad de proteger la propiedad de los salarios en paritarias, porque no las homologa el gobierno.

 

En ese cruel panorama, se suma que el gobierno nacional ataca a uno de los aspectos esenciales que en este país ha permitido la movilidad social, como es la educación pública, gratuita y de calidad.

 

Presupuesto nacional

Nuestra constitución nacional determina que el gobierno nacional, a través del Jefe de Gabinete de Ministros, debe enviar al Congreso el proyecto de “ley de Presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo”, (art. 100, inc. 6 de la C.N.).

 

El Presupuesto es el plan económico cuantificado del gobierno, que debe ser tratado y aprobado por ley del Congreso de la Nación.

 

Al inicio del ejercicio presupuestario de este año no se encontraba aprobado el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2024, presentado en septiembre de 2023, al Congreso de la Nación, (según artículo 26 de la Ley 24.156), ya que por un acuerdo con el gobierno anterior se estableció que el presupuesto definitivo lo enviaría el gobierno que ganara las elecciones.

 

Javier Milei que resultó electo, el 27/12/23, dictó el Decreto Nº 88 mediante el cual estableció que regirá el Presupuesto que estuvo vigente el año anterior y prorrogó “los recursos, fuentes financieras y créditos vigentes al cierre del Ejercicio 2023”.

 

Obligación de pago del FONID

El presupuesto del año 2023 prorrogado por el Presidente contempla el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) para el mejoramiento de la retribución de los docentes en los diversos establecimientos educativos del país, (art. 10 de la Ley 25.264). No obstante, el Presidente decidió, por su sola voluntad no abonarlo, en contra de lo dispuesto en el Decreto 88 firmado por él, que lo obliga a pagarlo.

 

Sostuvo Milei, que el tema de la enseñanza es un problema de las provincias y que ellas deben ser las que, con su presupuesto, deben abonarlo.

 

El presidente se olvidaba que el FONID implica un derecho adquirido de los docentes, por la continuidad en el tiempo, ya que se trata de un fondo que, todos los años se ha liquidado, desde el año 1999 hasta 2023, por 24 años ininterrumpidos.

 

Responsabilidad del gobierno nacional

La Nación siempre colaboró con la educación en el país integral, baste recordar la Ley Nacional 4874 de 1905, sancionada por iniciativa del senador Manuel Láinez, cuyos objetivos eran superar los niveles de atraso, combatir la ignorancia y el analfabetismo para lograr una población educada y sana. Norma que llevó a construir y mantener por el Estado Nacional gran cantidad de escuelas en todo el país.

 

Además, es obligación del gobierno nacional respetar lo que dispone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pacto IDESC), con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la C.N.). Dicho Pacto establece que, es deber del Estado argentino asegurar “el derecho de toda persona a la educación y reconocen que, con el objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho se debe mejorar… continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”, (art. 13, apart. 2, inc. “e”).

 

Por lo que es ilegal no pagar el FONID a las provincias, por parte de la Nación.

 

DNU 280/2024

En una modalidad tramposa de uso indebido de los DNU (decretos de nec. y urg.), Javier Milei, fecha 27/03/2024, dictó el DNU Nº 280. En esa norma reforma el presupuesto 2023, sin someter un nuevo presupuesto al Congreso de la Nación, como corresponde, ya que, conforme lo dispone la Constitución, el presupuesto debe ser aprobado por ley del Congreso de la Nación, (art. 75, inc. 8 de la C.N.).

 

El presidente en el nuevo DNU sostiene, que “resulta necesario y urgente incorporar diversas disposiciones complementarias a la prórroga y modificar el presupuesto vigente”.

 

Nuevamente el Presidente violó lo dispuesto en el artículo 99 inc. 3 de la Constitución, ya que no puede dictar normas legislativas porque el Congreso está en pleno funcionamiento para tratar el presupuesto de este año, por lo que el DNU 280, es nulo absoluto e insanable. El nuevo DNU se ocupa de adecuar, particularmente, aspectos de naturaleza económica-financiera pero, entre otras anomalías, no contempla el pago del FONID y tampoco actualiza el presupuesto para la Universidades Nacionales, que ya no pueden funcionar con partidas previstas en el año 2023, sin adecuarlas teniendo en cuenta la inflación monetaria (sólo desde diciembre del año 2023 a abril del año 2024, la inflación asciende al porcentaje acumulativo del 77,1 %, aproximadamente), lo que agudiza el desfasaje de los montos calculados para el año pasado.

 

Violación de convenciones

A su vez, respecto del accionar ilegal del gobierno nacional referido hay que mencionar que, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un órgano de las Naciones Unidas que supervisa la aplicación del Pacto IDESC por los Estados Partes y que, como se ha dicho, tiene rango constitucional en nuestro país, en 1999 emitió la Observación general N°13, respecto al alcance y contenido del derecho a la educación y las obligaciones estatales correspondientes emergentes del Pacto. El Comité afirmó, entre otros aspectos, que: “El derecho a la educación, como todos los derechos humanos, impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: las obligaciones de respetar, de proteger y de cumplir. A su vez, la obligación de cumplir consta de la obligación de facilitar y la obligación de proveer”, (punto 46). Objetivos estos centrales, que el gobierno de Milei inconstitucionalmente no respeta.

 

Además, el Presidente desconoce el derecho al “desarrollo progresivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), también incorporado a la constitución, dispone que, “los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias,… especialmente económica y técnica para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos”, (art. 26 del Pacto).

 

Hay que participar en la marcha convocada para el 23 de abril, en defensa de la Educación y de la Universidades Públicas, exigiendo el cumplimiento de la Constitución Nacional y las garantías que ella acuerda y solicitando la derogación del DNU 280.

 

*Abogado constitucionalista cordobés, y Periodista columnista de opinión. Artículo publicado por Agencia Prensared bajo licencia creative commons. Imagen ilustrativa NA.

 

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Inconstitucional desfinanciamiento de la Educación

 

 

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