Chile

Por: Bárbara Brito

Durante este año se han abierto importantes luchas contra el acoso y el abuso sexual en las universidades que han tenido como exigencia principal la construcción de un protocolo institucional que pueda acoger las decenas de denuncias. Es que la universidad es reflejo de una sociedad capitalista y patriarcal que se sostiene en base a la opresión y violencia de género. La respuesta que tenemos que dar las y los estudiantes tiene que responder, por tanto, a un problema social que es estructural a la sociedad en la que vivimos.

Hasta hoy se han desenvuelto diversas iniciativas que pasan por la respuesta inmediata a casos de acoso sexual y que han culminado en la expulsión de profesores, como ocurrió en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile; hasta campañas que buscan empoderarnos a las mujeres en una sociedad que busca día a día invisibilizarnos y mantenernos lejos de los lugares de discusión política y académica. El desarrollo de las Secretarías de Sexualidades y Géneros ha sido fundamental a la hora de dar una batalla contra un sistema educativo profundamente sexista, dándole continuidad a demandas como la educación no sexista.

Hoy las y los estudiantes nos encontramos en un limbo donde nos vemos en la obligación de tomar en nuestras propias manos la lucha contra el acoso y el abuso sexual en el marco de universidades que no integran en sus estatutos mecanismos de canalización de las denuncias por violencia machista. En este camino muchas hemos aprendido a desnaturalizar prácticas cotidianas de violencia de género conquistando que se comience a hablar nuevamente de feminismo, mostrando la necesidad de pelear por una política que responda a este problema, que es factor de deserción y bajo desempeño académico sobre todo en las estudiantes mujeres. Se abre el debate entonces por cuál tiene que ser el contenido de dicho protocolo y por cómo tenemos que llevar esta lucha adelante.

Esta discusión es imposible darla restándonos de un debate que comienza a tomar fuerza entre los círculos feministas respecto a si nuestras luchas pasan por reformas parciales en la institucionalidad o por el fortalecimiento de métodos punitivos que respondan a las denuncias. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la violencia de género es estructural a la sociedad en la que vivimos y que, por tanto, la única salida efectiva pasa por idear una estrategia política que, de la mano con otros sectores políticos y sociales como el movimiento estudiantil o las y los trabajadores, en las calles y con independencia del gobierno y de la iglesia, se proponga la abolición del estado capitalista y patriarcal y conquiste la emancipación de la mujer en términos sociales.

Luego, entonces, cabe la pregunta de cuáles son las aspiraciones que podemos tener en el marco de un estado burgués y neoliberal que no sólo nos ha vendido un discurso “promujer”, sino que ha cercenado nuestros derechos. La dictadura guarda su legado también en el terreno de género arrebatándonos hasta la más mínima conquista como lo fue el derecho al aborto bajo tres causales (que hoy sigue siendo una demanda completamente insuficiente a la realidad que vivimos cientos de miles de mujeres en el mundo) y, también, protocolos que respondan a los casos de acoso y abuso sexual en las universidades, los que se configura como una expresión más del autoritarismo universitario.

Quienes militamos en Pan y Rosas estamos por que toda lucha contra la violencia de género, toda conquista, sirva para formarnos a nosotras mismas como revolucionarias en pos de cuestionar y combatir la sociedad en la que vivimos. Hoy la lucha por un protocolo institucional debe contener dos condiciones, en función de resguardar el proceso de fortalecimiento y crecimiento que viene teniendo el movimiento feminista y de mujeres en Chile haciendo de las conquistas parciales un alimento para luchas mayores: la primera, es que sea un protocolo que sea elaborado de manera triestamental y democrática; la segunda, es que su contenido sea democrático, esto es, que el organismo que defina las sanciones no sean las autoridades como los rectores o los decanos que no tienen ninguna competencia para hacerlo y que utilizarán dicho resquicio para mantener prácticas autoritarias, despidos injustificados, etcétera, sino organismos triestamentales donde sus integrantes estén formados en género.

A nivel de organización no conquistaremos herramientas que respondan mínimamente a nuestras necesidades, si es que no fortalecemos la organización estudiantil desde la base a través de las secretarías de género y los comités de ética triestamentales; tampoco lo haremos sin el apoyo de la comunidad educativa que valore y valide la generación de protocolos.

En definitiva, nuestra tarea es ardua y no contiene fórmulas: nuestro objetivo es acabar con la opresión de género, pero en el camino tendremos que probar una y mil formas para fortalecer nuestra organización y lucha. Lo que si tenemos claro es que el cese de la violencia machista no la conquistaremos en los marcos de la actual sociedad, tenemos claro también, por tanto, que no es un problema individual y que tenemos que abordarlo socialmente. Desde aquí es que apostamos por la creación de protocolos institucionales que puedan acoger las denuncias, con el límite de que esta conquista sólo la lograremos con la movilización activa del movimiento estudiantil, de funcionarios/as y académicos/as si es que no queremos que sirva para alimentar aún más el autoritarismo universitario en vez de fortalecer nuestra organización.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.cl/La-lucha-contra-el-acoso-y-el-abuso-sexual-en-la-universidad?id_rubrique=1201