América del Sur

América del Sur/Uruguay/27 Noviembre 2016/Fuente y Autor:elobservador

Quienes mandan en la educación han vivido hasta ahora en un fantasioso mundo propio, protegiendo sus chacras áridas al precio de frenar el desarrollo. Pero no podrán seguir haciéndose los desentendidos ante las lapidarias conclusiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El informe que acaba de publicar, luego de cuatro años de estudio, recomienda la corrección de deficiencias en la enseñanza pública. Coinciden con las que todos conocen pero nadie se ha ocupado de enmendar. Esta actitud de impertérrita pasividad incompetente, sin embargo, mal puede sobrevivir al señalamiento de una institución del peso de la OCDE.

Este organismo, que congrega a una treintena de las economías más poderosas, ya obligó al país a perfeccionar controles en el sistema financiero, liquidar el secreto bancario para salir de la lista negra de paraísos fiscales y así zafar de la condición de paria mundial. A diferencia de esa época, en el campo educativo no sobrevuelan sanciones. Pero si no se atienden las conclusiones de OCDE, Uruguay profundizará su descrédito como país que busca modernizarse, seguirá a la cola del mundo en las pruebas internacionales PISA que organiza esa institución y acelerará un atraso sin futuro por formación insuficiente de técnicos y profesionales.

OCDE señaló áreas en las que urge mejoramiento. Fue especialmente crítica de la “ambigüedad” del sistema de gobierno de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) por dispersión de responsabilidades entre el Consejo Directivo Central (Codicen) y sus consejos desconcentrados de Primaria, Secundaria, UTU y Formación en Educación, cada uno ejerciendo una autonomía operativa que, agravada por incapacidad dirigente, genera mayor desorden y falta de coordinación. OCDE puntualizó que la dirección del sistema debe estar inequívocamente a cargo del Codicen. Instó además al inocuo Ministerio de Educación y Cultura a “reforzar su rol de coordinación”, que hasta ahora no cumple.

Enfatizó la necesidad de conceder autonomía a los centros de estudios para adaptarse al entorno en que funcionan, punto que figuraba entre las muchas reformas proyectadas y que fueron quedando por el camino bajo las administraciones del Frente Amplio. Recomendó mejorar la notoria debilidad actual en la formación profesional de los docentes y censuró la falta de transparencia en la asignación de los recursos destinados a la enseñanza estatal. Sobre el tema financiero señaló que el presupuesto educativo es bajo según los parámetros de la OCDE y la región. A esta parte del informe se aferrarán con seguridad los sindicatos docentes, las propias autoridades educativas y los sectores del Frente Amplio que coinciden en un constante reclamo de más recursos fiscales.

Pero lo hacen sin tener en cuenta que el manejo presupuestal responsable solo justifica aumentar fondos para la educación pública siempre que exista la contrapartida de resultados que la saquen del marasmo. Esto solo se logrará con la profunda reforma del sistema. La conclusión es que un mayor presupuesto a la enseñanza estatal solo es viable si el gobierno, la conducción educativa y los gremios docentes acuerdan y ponen en pronta vigencia las medidas recomendadas por la OCDE. Ya estaban contenidas en planes gubernamentales y de reputados expertos pero se esfumaron en la inacción oficial que ha hipotecado el futuro del país.

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