América del Sur/Venezuela/05 Noviembre 2016/Prensa Latina
El ministro venezolano para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, destacó que las políticas formativas del Estado buscan la emancipación y liberación el pueblo mediante su superación intelectual.
‘El capitalismo utiliza la educación y la tecnología para oprimir, alienar y adormecer a las personas, mientras que en el socialismo es una obligación ponerla al servicio de los pueblos para liberar’, expresó.
La educación y la tecnología nos puede servir para dominar o independizar, en Venezuela utilizamos la ciencia y la tecnología para la emancipación’, resaltó desde el Teatro Teresa Carreño en la inauguración del primer Salón del Libro Digital, una de las actividades de la XII Feria Internacional del Libro (Filven).
En el acto, indicó que el gobierno bolivariano está discutiendo estrategias tecnológicas para los estudiantes universitarios con la finalidad de aminorar costos en material bibliográfico.
‘Esperamos que mañana nuestros estudiantes puedan contar con lectoras o tabletas que tengan la información incorporada y así democratizar aún más la educación’ comentó.
Por su parte, el ministro para la Cultura, Freddy Ñañez, convidó al público a disfrutar Filven así como a aprovechar la oportunidad que representa el Salón del Libro digital para descargar las publicaciones disponibles.
Comentó que ‘este es un pabellón en el que podemos venir a descargar contenidos pero sobre todo a conocer hasta donde podemos integrarnos en el mundo de la palabra desde el punto de vista de las distintas formas de consumo cultural’.
La sala de lectura digital cuenta con la plataforma tecnológica de las empresas de telecomunicaciones chinas Huawei y Zte así como cinco puntos de red inalámbrica para la descarga de más de videos, películas y unas 500 publicaciones del Ministerio de la Cultura e instituciones del estado.
La nueva ola de derecha en América latina no tardó en decir a qué vino. Los gobiernos de Mauricio Macri en Argentina y de Michel Temer en Brasil se dedican, única y exclusivamente, a aplicar el mismo tipo de duro ajuste fiscal que ya había sido aplicado en esos y otros países del continente, con las desastrosas consequencias económicas y sociales que se conocen.
Para ello, tuvieron que reimponer el viejo diagnóstico, según el cual, los problemas de los países son resultado de gastos excesivos del Estado. Un diagnóstico totalmente desmentido por la forma en que en esos mismos países los gobiernos han reaccionado a los duros efectos de la crisis internacional iniciada en 2008. Se podría haber hecho lo que se hace ahora, cortando hondamente los presupuestos de los recursos para políticas sociales. Pero las economías latinoamericanas habrían ingresado en recesiones profundas y prolongadas, de las cuales no habrían salido, como ocurre con las economías europeas.
Sin embargo, los gobiernos de Argentina y de Brasil, con orientaciones distintas de las actuales, no se dejaron llevar por la crisis y reaccionaron en contra de la recesion, con medidas anticíclicas. Con ello pudieron sacar rápidamente a las economías de la recesion, volver a crecer, superar el desempleo y retomar la dinámica de expansión económica con distribución de renta, que permitió el momento más virtuoso de la historia de esos y de otros países del continente en este siglo.
Pero la derecha volvió a los gobiernos de esos países, como si no hubiera pasado nada. Como si no hubieran fracasado y arrojado a los países a las peores crisis recesivas en mucho tiempo, con altos niveles de desempleo y profundas crisis sociales. Como si no se hubieran dado gobiernos que recuperaron esas economías, superaron su crisis social y desarrollaron los programas de inclusión social más amplios de su historia.
La derecha retoma el mismo diagnóstico que había llevado a los ajustes, a las recesiones, a las crisis sociales. Necesita, para ello, borrar o descalificar todos los avances logrados a lo largo de este siglo. Como si Argentina y Brasil no estuvieran mucho mejor, de todos los puntos de vista, gracias a las políticas con las que han enfrentado a la crisis.
Tratan de pasar la idea de que la crisis actual es generada por el modelo que mejor funcionó. Dicen que se habría gastado demasiado. Que los gastos en políticas sociales serían la causa del desequilíbrio de las cuentas públicas. No las altísimas tasas de interés, no el pago de las deudas interna y externa, no la evasión de impuestos, no los paraísos fiscales, no los subsidios a los grandes empresarios, no la especulación financiera.
En realidad, la derecha vuelve para destruir lo que fue construido a lo largo de este siglo en los países donde logra, por una u otra vía, volver al gobierno. Su agenda es estrictamente negativa: privatización de propiedades públicas, menos recursos para politicas sociales, menos derechos para los trabajadores, más recesión, más desempleo. Más Estados Unidos en el continente y menos integración regional.
No pueden decir que son lo nuevo, porque rescatan a los viejos economistas neoliberales. Ni que van a retomar el crecimiento económico, porque ahondan la recesión. Ni que van a controlar las cuentas públicas, porque aumentan la inflación y el déficit público. No tienen nada para prometer, porque lo que hacen no tiene nada de popular, ni de democrático. Sólo pueden sobrevivir, blindados por los medios.
¿Cómo deben reaccionar las fuerzas populares frente a esa ofensiva conservadora?
Antes de todo, buscando el más amplio proceso de toma de conciencia, de movilización y de organización de los sectores populares, víctimas de las políticas de esos gobiernos. Sin eso, no será posible revertir la situación. En segundo lugar, buscar la más amplia unidad de las fuerzas opositoras, tomando como línea divisoria entre los dos campos al modelo neoliberal. Unir a todas las fuerzas antineoliberales. En tercer lugar, hacer un balance del pasado reciente, pero valorando todo lo conquistado como paso previo a la crítica de los errores. En el cuarto, finalmente, reconquistar la hegemonía de los valores que han llevado a los gobiernos progresistas a ser eligidos por la mayoría. Reelaborar los temas de la justicia social, de la democracia política, de la soberanía nacional, entre tantos otros, en los términos actuales, después de los avances de la derecha.
Como cada vez que se da una victoria política de la izquierda o de la derecha ésta es antecedida por una victoria en el plano de las ideas, hay que reimponer como objetivos fundamentales del país el desarrollo económico con distribución de renta, después de desarticular las falsedades con las que la derecha vuelve a los países de América latina.
América del Sur/Chile/ 05 Noviembre 2016/Entorno Inteligente
CIFRAS DEL Ministerio de Educación dadas a conocer por este medio muestran que las tasas de deserción en educación superior alcanzan un 30% en primer año, aunque ésta baja a 17% una vez que se considera a aquellos alumnos que luego reingresan al sistema de educación superior en años posteriores. Estas cifras se han mantenido relativamente constantes en los últimos años. Ello es una buena noticia, considerando que el importante incremento en la matrícula de la educación superior se ha dado fundamentalmente por el ingreso de alumnos de menores niveles socioeconómicos, quienes son más propensos a desertar tal como lo muestran los datos de instituciones menos selectivas.
Si se compara a nivel internacional, los datos para Chile no son muy diferentes al promedio que presentan la OCDE, reconociendo que entre los países miembros existe una alta dispersión en los resultados. Sin embargo, existe el riesgo de que medidas promovidas por la reforma a la educación superior en curso, como la gratuidad o una restricción al sistema de créditos, puedan elevar estos índices, lo que es contradictorio con el objetivo de favorecer la retención de los estudiantes. La deserción es un fenómeno multidimensional que se explica por variadas razones: económicas (falta de apoyo para cursar estudios o producto del costo que significa dejar de recibir un salario), vocacionales, deficiente preparación académica, problemas de salud, maternidad, entre otras. Dejar los estudios significa un costo económico para las familias y el Estado; además, es una posible fuente de frustración para los alumnos. Sin embargo, dadas las diferentes razones que explican la decisión de abandonar temporal o definitivamente los estudios, la respuesta a este fenómeno no puede ser única. Si el motivo fueran las dificultades económicas, las becas y créditos serían suficientes para eliminar la deserción; sin embargo, ésta se ha mantenido estable a pesar del significativo incremento en las ayudas estudiantiles. Ello es un indicio de que la gratuidad no generará mayores cambios en este indicador y, por el contrario, podría verse incrementado; en efecto, estudios para nuestro país muestran que, controlando por otras variables que inciden en la decisión de abandonar los estudios, las tasas de retención son menores entre los beneficiarios de becas -un esquema más cercano a la gratuidad- que aquellos que reciben ayudas estudiantiles en forma de créditos.
El gobierno, previendo estos incentivos perversos que puede generar la gratuidad, decidió colocar ciertas restricciones. El proyecto de ley permite que los alumnos se cambien una vez de carrera, pero no financia más allá del tiempo nominal de duración de ésta, debiendo los estudiantes pagar hasta la mitad del arancel en su primer año adicional de estudios y hasta el total del arancel a partir del segundo año por sobre la duración de la carrera. En ambos casos -además de aquellos no elegibles para la gratuidad-, la flexibilidad que entrega un sistema de créditos es fundamental, por lo que no se entiende que ciertos sectores insistan en eliminarlos.
En el caso de quienes desertan por motivos no económicos, las políticas a aplicar son más complejas e incluyen desde repensar un sistema de educación superior que obliga a decidir a corta edad y sin posibilidad de experimentar mayormente otras opciones de carreras, hasta programas de acompañamiento. La deserción demuestra la complejidad de las materias en discusión, que no deben ser simplificadas con medidas que pueden generar efectos no bien calibrados
América del Sur/Argentina/5 de Noviembre del 2016/Fuente: la nación
Alan Rodríguez lucha, desde hace tres años, para que le reconozcan este derecho; quiere ir a la universidad
en un fallo histórico para la educación inclusiva, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoció el lunes, los derechos invocados por Alan Rodríguez -un joven con síndrome de Down a quien le había sido negado el título secundario-. Como consecuencia ordenó a la escuela a la que asistió y al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a que expidan y legalicen el título, respectivamente.
«Era lo que esperábamos. Estamos muy emocionados. Alan está feliz. Es algo muy positivo y un gran avance para la educación inclusiva en general. La realidad es que todavía no tiene el título. Este es el fallo en primera instancia. Si el ministerio o la escuela apelan, nosotros no podemos saberlo. Nos enteraremos si lo hacen», dice Florencia Innamorato, mamá de Alan.
Alan Rodríguez (22) fue a la misma escuela desde los 3 años y cursó toda su primaria y secundaria con un proyecto pedagógico individual. Cumplió año a año sus objetivos, pero al finalizar, le indicaron que su título no podía ser entregado porque, según la escuela y el ministerio, no había cumplido ciertos contenidos considerados mínimos por la normativa local.
Con el patrocinio jurídico de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el apoyo del Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, el joven inició un amparo para que se reconociera su derecho fundamental a la educación , sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, y que en consecuencia se le entregue su título secundario oficial.
Educación inclusiva
Para tomar su decisión, el Poder Judicial aplicó la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, declaró la inconstitucionalidad de la normativa local que condiciona la entrega del título al cumplimiento de objetivos estándar contemplados en la currícula, y ordenó la entrega del título oficial.
La jueza consideró que «el derecho a la educación inclusiva sin discriminación exige que la enseñanza escolar a los alumnos con discapacidad sea brindada en igualdad de condiciones», y aclaró que «en igualdad de condiciones con los demás no es equivalente a idénticas condiciones de evaluación en el sentido de los mismos contenidos para unos y otros», sino que «a cada alumno/a se le exigiese el alcance de los objetivos que -desde lo institucional- se plantearon para él o ella. Para el caso de los alumnos que cuentan con un proyecto pedagógico individual, como el actor, el alcance de los objetivos allí fijados».
Alan, mientras tanto, nunca se quedó con los brazos cruzados. Está terminando un curso de formación para el empleo en la UCA. «Le encantaría poder estudiar informática o algo relacionado con lo social. Pero hasta ahora se tuvo que adaptar a lo que podía estudiar que eran sólo cursos», agrega Innamorato.
Desde la ACIJ sostienen que «la decisión judicial significa para Alan la eliminación de una enorme barrera para continuar su camino de formación y crecimiento personal, profesional y laboral con autonomía. Se espera que la escuela cumpla con la sentencia y haga entrega del título con la mayor celeridad posible, y que el ministerio lo legalice».
América del Sur/Argentina/5 noviembre 2016/Fuente: La nación
En un ejercicio sobre el trabajo parlamentario organizado por el Inadi los jóvenes trabajaron igual que lo hacen los diputados en la creación de una ley antidiscriminación
los parlamentarios de la Juventud aprobaron hoy en el Congreso Nacional la ley contra el «bullying», la violencia y la discriminación en la conformación de vínculos entre niñas, niños y adolescentes.
Se trata de un programa de capacitación organizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) que se propone que jóvenes estudiantes secundarios de todo el país ensayen el trabajo parlamentario, construyendo una ley hasta concluir con su aprobación.
De esta manera, participaron 74 estudiantes provenientes -en representaciones iguales- de todas las provincias del país, que abordaron distintas problemáticas: discriminación por aspecto físico, racismo, xenofobia, discapacidad, acoso escolar y ciberacoso, violencia de género, embarazo adolescente, diversidad sexual e identidad de género.
En conjunto, decidieron que iban a trabajar una ley sobre el bullying tanto en el ámbito escolar como fuera de él, ya que son problemáticas que los tocan de cerca. Y a eso se abocaron durante tres días en el Congreso aprobando hoy la versión final de la ley que previamente trabajaron en comisiones.
Un parlamentario juvenil haciendo su exposición final por la ley contra el bullying en el Congreso Nacional. Foto: LA NACION / Inadi
Si bien se trató de un simulacro, el experimento tiene un anclaje en la realidad ya que se trabaja en la elaboración de la ley, atravesando todas las etapas que atraviesa una ley cuando se presenta en el Congreso Nacional.
Tal rigor tuvieron los chicos, que dos diputadas están evaluando tomar la ley para presentarla en el Congreso a fin de que sea aprobada de verdad.
De la actividad participaron tanto jóvenes que estaban movilizados por sufrir algún tipo de discriminación como otros que se sentían afectados por el sufrimiento ajeno. Así había dos chicos con sordera, un joven que se movilizaba en silla de ruedas, jóvenes homosexuales y hasta dos chicas siamesas que se encuentran unidas lateralmente.
Con una notable necesidad de ser escuchados, pedían por una gran diversidad de cuestiones también: a una delegada de Tierra del Fuego la movilizó la discriminación sexual y la homofobia; un representante salteño mostró su preocupación por la situación de los pueblos originarios a quienes ve en el último de los escalafones sociales, y varios delegados se mostraron alarmados y con propuestas para abordar la violencia de género.
Con proyectos propios
Con una verborragia a veces inusual para un adolescente, varios chicos de entre 15 y 18 años conversaron con LA NACION sobre su experiencia y las propuestas que presentaron:
José Carlos López tiene 17 años y es sordo. Llegó al Congreso en representación de la provincia de Entre Ríos y en su ensayo abordó las distintas formas de discriminación y la violencia y en especial las problemáticas de la comunidad sorda. José le explicó a este diario, por intermedio de la intérprete de lengua de señas del Congreso, que «muchas veces se sienten excluidos del sistema escolar» y agregó que con la experiencia de compartir con todos los demás chicos pudo darse cuenta que es importante que él mismo transmita su forma de comunicarse, y les enseñe a los demás su lengua. Y agradeció enormemente la posibilidad de contar con la intérprete para poder transmitir y enriquecerse.
Los parlamentarios juveniles en la sesión plenaria de comisiones por la ley contra el bullying en el Congreso Nacional. Foto: LA NACION / Inadi
Muchos parlamentarios destacaron la importancia de poder conocer las realidades que se viven en otras provincias. Lucas Paredes, puntano de 17 años, dijo que lo impactó enterarse que un compañero de Jujuy camina entre cuatro y cinco horas para llegar al colegio. «Y yo me quejo cuando mis papás me llevan y llego 15 minutos tarde a la escuela», comentó este chico que presentó un ensayo sobre la Ley 26743 de Identidad de género, a la que le cuestionó cierta falta de humanidad.
Sofía Gutiérrez, delegada de 15 años por Tierra del Fuego, presentó un ensayo sobre «cómo los homofóbicos se justifican con la religión o lo moralmente correcto, cuando en realidad es algo que la sociedad crea.» Y agregó sus fundamentos: «Tienen los mismos derechos que nosotros para hacer lo que les gusta y estar con quien aman».
Ezequiel Insaurralde, por la provincia del Chaco, comentó que los estereotipos y prejuicios surgen en la casa pero también a través de los medios de comunicación: «Muchas veces de forma subliminal van desvalorizando y creando estereotipos de personas. Por ejemplo, cuando se trata de una persona que es inmigrante, que generalmente en una novela o una película ocupan el rol de personal doméstico y reciben agresiones. De esta forma, generan la idea de que los inmigrantes sólo tienen que ser esclavas de los caprichos de personas nacidas en un territorio específico, como la Argentina», explicó este parlamentario de 17 años.
Agustín Cantero, representante de Formosa, presentó un ensayo sobre violencia de género. «Me parece una cuestión muy importante y que hay que hablarla para que se tomen medidas y terminemos ya con eso», dijo. Y comentó que encontró similitudes escuchando a otros parlamentarios del norte donde dice que la mujer es vista sólo como alguien que debe quedarse en casa y cuidar a los hijos.
Además, en relación a la ley de bullying, este legislador de 18 años dijo que en caso de que se apruebe en el Congreso estaría dispuesto a llevar adelante las acciones que se deriven de esta ley en su localidad (Clorinda): «Me gustaría llevar estas propuestas a las escuelas, que son los lugares donde podemos tener un contacto más directo con la juventud y comenzar desde los niveles bajos hasta los más altos y hacerlo a través de charlas de concientización, propuestas e incluso llevando experiencias de gente que ha vivido ese tipo de discriminaciones como para ir tomando conciencia de este gran problema».
El parlamentario salteño ofrece una artesanía como presente al director del Inadi Javier Bujan. Foto: Inadi
Uno de los delegados salteños, Sebastián Ceballos, abordó en su ensayo el tema del racismo, orientado principalmente a los pueblos originarios: «Porque sabemos que el que más discrimina es el de arriba, y abajo están los pueblos originarios. Y aparte porque he notado que ellos viven de una manera muy especial: tienen esa cultura ancestral de vivir en comunidad. Uno cuando vive en comunidad aprende a respetarse». Otra cosa que destacó este delegado proveniente de la localidad de Aguaray en el norte de Salta es que «hay muchos que tienen el talento de líderes pero no se les quiere dar voz porque provienen de los pueblos originarios. A mí particularmente me costó bastante, especialmente porque soy de una zona rural, por eso he tenido que buscar la forma de salir y lo hice gracias a la escuela, a OAJNU, al Congreso y a otros cursos que he tomado».
¿Cómo funciona el programa?
El Parlamento Federal Juvenil es una iniciativa que viene desarrollándose desde hace tres años y surgió como una política pública para acompañar la implementación de la ley del voto a partir de los dieciséis (16) años (26.774), y con el fin de generar espacios de debate y reflexión, en miras a que las/os jóvenes puedan incorporar las temáticas que les preocupan en la agenda de la política argentina.
En una primera instancia, los jóvenes interesados en participar deben presentar un ensayo sobre las temáticas de acción del Inadi: racismo, xenofobia, migrantes, procesos socio-económicos, diversidad sexual. Este año fueron cerca de 1800 los ensayos recibidos.
Una parlamentaria juvenil haciendo su exposición final por la ley contra el bullying en el Congreso Nacional. Foto: LA NACION / Inadi
A través de jurados, que incluyen a los ministerios de educación de las provincias y a los delegados del Inadi, se seleccionan tres ensayos por provincia.
Sus autores participan en la ciudad de Buenos Aires para realizar un trabajo en el que se elige un tema entre todos -que este año fue la convivencia, los estereotipos, el bullying y ciberbullying- y allí comienza el entrenamiento en la actividad parlamentaria con el objetivo de elaborar una ley: trabajan en comisiones, incluso con los mismos asesores de los diputados; se hacen dictámenes de comisión que se publican; se elabora un primer borrador al que se le hacen modificaciones en el plenario de comisiones, hasta finalmente llegar al momento de votar y aprobar la ley. Algo que sucedió hoy.
Si bien el trabajo demanda tres días, los chicos reciben capacitaciones previas y un trabajo de meses que comienza en sus provincias. En este caso, comenzaron a trabajar en mayo.
Además, el programa va generando nuevos líderes y crearon el cargo de embajadores de buena voluntad para aquellos alumnos que quieren seguir colaborando año tras año con la difusión y organización del programa. Tal es el caso de Agustín Sohn, de Río Negro, quien participó el año pasado del programa y este año estuvo difundiendo la iniciativa en las escuelas de varias provincias patagónicas y sirviendo de puente a aquellos chicos que participaban por primera vez.
Exposiciones en el parlamento
En el cierre de la sesión plenaria de hoy algunos se escucharon discursos elocuentes y comprometidos. Aquí algunos de los extractos:
«La cuestión no pasa por la no discriminación sino por la aceptación». Parlamentaria por la provincia de Buenos Aires.
«Detrás de cada ensayo hay una historia, un sufrimiento. Pero lo importante es que estos jóvenes no se callan» (Paula Balaszczuk, parlamentaria de la provincia de Córdoba).
«Esta sociedad que estigmatiza a los jóvenes diciendo que no tienen compromiso, que pertenecen al mundo de la imagen. En estos días se demostró lo contrario». (María Azul González, delegada de la provincia de Corrientes).
«Pido por la ley 6920 (ley provincial del Derecho de los pueblos indígenas) que reconoce a los pueblos Huarpes y sus tierras ancestrales» (Fernanda Jofré, parlamentaria de Mendoza).
Los parlamentarios juveniles hicieron gala de su frescura en la visita al teatro Colón. Foto: LA NACION / Inadi
«Se dice que si vemos bullying y no hacemos nada, somos cómplices. Pero si no nos dejan hablar nos obligan a ser cómplices» (Oriana Merlo, representante de Neuquén).
«Tengo una discapacidad y estoy cansado de que nos traten como ‘pobrecitos’ y que piensen que no podemos hacer nada cuando podemos hacer de todo. Les pido que antes de ayudar a alguien le pregunten si necesita ayuda y piensen si quieren ayudar por lástima o por empatía» (Iván Carrizo, delegado de Tierra del Fuego).
¿De qué se trata la ley?
La ley se trata de un plan general para abordar la problemática del bullying tanto dentro como fuera de la escuela.
«A nivel nacional tenemos un ley que sólo habla de los contenidos educativos en el contexto de la educación formal, de la escuela. Y esta nueva ley es una ley de ampliación de derechos porque tiene la perspectiva de que el problema de la convivencia no es sólo escolar, sino que la violencia también se manifiesta en el club, en el barrio, en la casa», explicó a este diario el Dr. Javier Bujan, interventor a cargo del Inadi.
Así, en cuanto a las acciones concretas, la ley propone abordajes preventivos, educativos, convivenciales. «Los chicos establecieron campañas, estrategias de abordaje comunicacional, dispusieron una autoridad de aplicación, hicieron una ley terminada», explicó Bujan.
¿Se puede aprobar realmente esta la ley?
La ley quedará ahora a disposición de los diputados. Bujan se mostró optimista sobre el destino que pueda llegar a tener: «Ya hay dos diputadas que nos dijeron que van a levantar la ley. Entonces, va a llegar a la cámara y hay muchas posibilidades de que se termine aprobando, porque es una ley de ampliación de derechos».
América del Sur/Brasil/5 de noviembre 2016/Fuente: La nación
Una vez más, Brasil montará este fin de semana un gigantesco operativo militar para garantizar la seguridad durante la aplicación del Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM), cuyos resultados determinarán el acceso de los estudiantes a las universidades públicas en el país y a programas federales de becas en casas de estudio privadas, tanto aquí como en el exterior. Pero este año, las pruebas del sábado y domingo se darán en un clima casi de guerra, con más de 800 escuelas tomadas por alumnos que rechazan la reforma de la educación secundaria presentada por el nuevo gobierno del presidente Michel Temer y el congelamiento de gastos públicos.
El Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas (INEP, por sus siglas en portugués), autarquía vinculada con el Ministerio de Educación encargada de organizar el examen, calcula que del total de 8,6 millones de inscriptos unos 191.000 no podrán hacerlo por las protestas en colegios donde se realizarían los tests. Para los afectados, las pruebas se harán el 4 y 5 de diciembre.
«Es una lástima que haya sectores radicales ligados a la izquierda y a los sindicatos de profesores que manipulen a los alumnos así para defender sus intereses políticos. Son estos grupos, encabezados por el Partido de los Trabajadores (PT), que en los últimos años llevaron al país a la quiebra y no permitieron la modernización del sistema educativo pese a que se aumentó muchísimo la inversión en el área», dijo a LA NACION José Mendonça Filho, ministro de Educación del gobierno que asumió sus funciones tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.
Según el funcionario, el presupuesto de Educación pasó de R$ 42.000 millones en 2003 a cerca de R$ 130.000 millones actuales, aunque los recursos se «malgastaron». No hubo acompañamiento ni monitoreo de las iniciativas y faltó una política de perfeccionamiento para los maestros. «El resultado fue decepcionante, y el lema «Patria educadora» del último gobierno fue más una estrategia de marketing que una mejora del sistema educativo», afirmó Mendonça Filho.
Ni bien asumió el comando del Palacio del Planalto, el presidente Temer decretó una reforma estructural de la educación secundaria que prevé una base curricular común de tres años y luego varias opciones de profundización por distintas áreas de interés, el aumento de la carga horaria para los alumnos, y el constante perfeccionamiento de los maestros. El proyecto encontró gran resistencia.
«El decreto fue muy autoritario. Estábamos participando de debates del proyecto de ley para la reforma; no había consenso sobre la reforma, pero había debate en los sindicatos y en las escuelas. Ese debate fue totalmente interrumpido», se quejó la profesora Elisane Fank, de Curitiba, en el estado de Paraná, donde se encuentra la mayor parte de los colegios tomados.
Respuestas múltiples
Ante la situación, el procurador de la república en el estado de Ceará, Oscar Costa, pidió la suspensión del ENEM este fin de semana. Sin embargo, el INEP piensa seguir adelante con el examen, dividido en dos sesiones de cuatro horas y media cada día, con 180 preguntas de respuesta múltiple y una redacción. Mañana se tomarán las pruebas de ciencias humanas (historia, geografía, filosofía y sociología) y ciencias naturales (biología, física y química), y pasado mañana las de lenguaje, códigos y sus tecnologías (portugués, literatura, idioma extranjero -inglés o español-, artes, tecnología de la información y comunicación), matemática y redacción.
La calificación que se obtenga en el examen -de 0 a 1000- servirá para que los estudiantes luego puedan solicitar su ingreso en unas 800 universidades brasileñas (poco más de 200 públicas, el resto privadas), además de unas 18 de Portugal que también usan el resultado del ENEM para seleccionar a alumnos brasileños.
Después del famoso «gakao», el examen de admisión para la educación superior de China, el ENEM brasileño es el segundo mayor del mundo. Tras un récord de 8,7 millones de inscriptos en 2014, el año pasado bajó a 7,7 millones, cuando muchos jóvenes se vieron ante la necesidad de entrar al mercado de trabajo en medio de la feroz crisis económica en vez de proseguir sus estudios.
«Este año volvimos a crecer a 8,6 millones de inscriptos, lo que apunta que hay mejores expectativas sobre el futuro entre los jóvenes. Además aumentó mucho el número de adultos que no habían terminado la secundaria y ahora la cumplieron; buscan una certificación de su nivel educativo para acceder a mejores puestos de trabajo o para ir a la universidad y/o conseguir una beca de estudios», indicó la presidenta del INEP, María Inés Fini, quien informó que casi un millón de personas que realizarán el ENEM este año son adultos.
Salvo los alumnos de la red de escuelas públicas, los inscriptos tienen que pagar una tasa de R$ 92 para hacer el examen, cuya organización -con personal de supervisión y de seguridad- le costará este año al Estado R$ 788 millones.
«Lo que aumenta más el costo es la atención a pedidos especiales, para que se hagan versiones en braille, para personas en sillas de rueda, o para que puedan también realizar el examen enfermos en cuartos de hospital o en las cárceles. Este año recibimos el récord de 170.000 pedidos especiales; para que tenga una idea, el año pasado fueron 50.000», apuntó Fini, en una demostración del creciente interés por el ENEM y las puertas que abre para la educación superior.
Para mantener las preguntas en secreto hasta el momento del examen, las pruebas son resguardadas por militares del ejército, encargados de distribuirlas entre las 1727 ciudades donde se realizarán. Como novedad, además, este año, cada inscripto deberá comprobar su identidad a través del registro de sus datos biométricos, una medida propuesta por la Policía Federal para prevenir fraudes.
«El ENEM se ha vuelto un indicador importantísimo. Llevo seis meses preparándome. El examen no debería ser tomado como rehén por cuestiones políticas como está sucediendo en las escuelas ocupadas; están jugando con el futuro de todos», comentó el estudiante secundario carioca Eduardo Ferreira, quien sueña con convertirse en cirujano.
Unos 8,6 millones de estudiantes harán este fin de semana el ENEM; hay escuelas tomadas en contra de la reforma del nivel secundario
La única de la región
Aunque es una buena forma de saber si el sistema de aprendizaje es exitoso, Brasil es el único de América latina en pasar esta prueba. Cerca de cumplir los 20 años, en la región ningún país se animó a algo similar. En la Argentina se hacen evaluaciones para resolver las deficiencias de cada nivel, pero no para acceder a la universidad
Los principales aprendizajes de un ejercicio de cooperación sur-sur entre Chile y Ecuador, tras el terremoto que afectó la costa ecuatoriana en 2016 son recogidos en un informe de proyecto que da a conocer la UNESCO. El documento es el resultado del trabajo conjunto entre la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) y la Oficina de la UNESCO en Quito, en coordinación con los ministerios de educación de los dos países involucrados.
El texto titulado «Cooperación sur-sur: Respuesta educativa al terremoto en Ecuador 2016» contiene intervenciones de diversos especialistas, sintetizadas con el fin de recopilar la experiencia de este trabajo colaborativo que se enmarca en la nueva Agenda de Educación 2030. La publicación describe las actividades entre estos países amenazados por desastres similares, como también entre agencias y organizaciones de la sociedad civil. Las acciones incluyeron el intercambio de experiencias y materiales y la formación en educación en emergencia dirigida a equipos técnicos, psicólogos y docentes del Ministerio de Educación de Ecuador.
El material hace referencia a la necesaria coordinación en contextos de emergencia; a la resiliencia y a la solidaridad presentes en la reconstrucción. También aborda al fortalecimiento del sistema educativo, recapitula cuales son las etapas de educación en situación de emergencia y destaca la respuesta al terremoto como una oportunidad potencial para repensar el currículo. Por otro lado, el texto plantea la constitución de comunidades de autocuidado como un mecanismo de prevención y respuesta ante emergencias y la incorporación de lo lúdico en contextos de post emergencia.
Para la directora de la Oficina de la UNESCO en Quito, Saadia Sánchez Vegas, “desde el reto mundial que representa la Agenda E2030 se hace cada día más evidente la necesidad de compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas para acompañar a la población que se encuentra en condiciones especiales de vulnerabilidad, sobre todo aquellas que han vivido situaciones de emergencia, desastres naturales, violencia y conflicto armado”.
Por su parte, Jorge Sequeira, director de la OREALC/UNESCO Santiago, resalta que es una necesidad y una misión de la UNESCO “construir conocimientos a partir de la experiencia y fortalecer los vínculos y capacidades de los Estados y la comunidad internacional para dar respuesta a situaciones de post desastre. Como UNESCO agradecemos y saludamos el involucramiento y apoyo del Ministerio de Educación de Chile, así como también el trabajo de organizaciones de la sociedad civil que colaboraron en todo el proceso”.
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