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La FAO lanza la campaña “Mujeres rurales, mujeres con derechos”

Noticia/13 Agosto 2020/rebelion.org

Una campaña para empoderar a las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes en América Latina y el Caribe fue lanzada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con apoyo de otras 24 entidades privadas, públicas y multilaterales.

Se trata de la quinta edición de la campaña #Mujeres rurales, mujeres con derechos, destinada a “reconocer las formas de organización, los conocimientos, capacidades y las necesidades urgentes de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes de la región, acrecentadas por la pandemia de covid-19”, informó la FAO.

En las zonas rurales de América Latina y el Caribe viven 58 millones de mujeres, y una parte de ellas tiene un papel importante en la producción y abastecimiento de alimentos.

Ese papel, sumado a la preservación de los conocimientos y saberes tradicionales, será el eje de la campaña que se emprenderá principalmente a través de las redes sociales, como Twitter, Facebook e Instagram, se indicó.

Las mujeres rurales continúan trabajando para atender la demanda de alimentos en las ciudades, comunidades rurales y en sus propias familias, pese a limitaciones para acceder a recursos productivos, como la tierra, el agua, insumos agrícolas, financiamiento, seguros, capacitación, así como a los mercados.

Además, muchas trabajan de manera informal, por lo que no tienen mecanismos de protección social, que hoy se han vuelto una necesidad fundamental, y esta situación puede ser aún más compleja para las mujeres indígenas y afrodescendientes.

La campaña pondrá énfasis en la seguridad alimentaria y nutricional, la reducción de la pobreza y la eliminación de la violencia de género, y apoyará las políticas públicas que impulsan las instituciones de los gobiernos para atender esta situación.

El hambre alcanzó a 47,7 millones de personas en esta región habitada por 629 millones, y puede llegar aumentar hasta 67 millones en 2030, aún sin considerar la actual pandemia, si no se adoptan buenas medidas para encararla, recordó la FAO en su sede regional en Santiago de Chile.

Otro tema de la campaña será “la gigantesca sobrecarga de trabajo no remunerado”, persistente desde antes de la covid y que las mujeres rurales enfrentan mediante labores productivas, familiares y domésticas por las cuales no reciben pago alguno.

La pandemia hizo más compleja esa situación, pues además de sus tareas productivas, las mujeres deben dedicar gran parte de su tiempo a cuidar de niñas y niños que dejaron de ir a la escuela, y a atender a personas enfermas y de la tercera edad.

Se suman los recientes reportes sobre posibles incrementos de la violencia de género, a raíz de las necesarias medidas sanitarias y de aislamiento físico que se han implementado en los países de la región para hacer frente a la covid.

Frente a esa situación, la campaña busca visibilizar a las guardianas e impulsoras del desarrollo sostenible, en línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y sumar esfuerzos a las políticas y programas que incorporen con ese propósito a las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes.

Junto a la FAO participarán otras agencias del sistema de Naciones Unidas, órganos de gobierno como el Ministerio de Ganadería, Pesca y Agricultura de Uruguay, grupos privados como la Fundación Microfinanzas BBVA, y entes de investigación como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina.

Fuente: https://rebelion.org/la-fao-lanza-campana-mujeres-rurales-mujeres-con-derechos/

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América Látina y El Caribe: Crecerá “alquiler de vientres” por crisis económica tras Covid-19

América Látina y El Caribe/Autora: Elizabeth Muñoz Vásquez/Fuente: CIMAC Noticias

La directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Látina y El Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurris, advirtió que la recesión económica que dejará el COVID-19 podría ser un factor para el incremento de la maternidad o gestación subrogada, pues muchas jóvenes en situación de pobreza, pueden verse captadas en esta forma de explotación.

Durante su participación en el conversatorio “La Trata de Personas en México en tiempos de pandemia” que organizó la “Red Rahamim México” y “Talitha Kum”, realizado a propósito del Día Mundial contra la trata de personas que se conmemoró el pasado 31 de julio, la defensora lamentó la normalización de la práctica de los vientres de alquiler y la indiferencia de las autoridades. “Esta acción es conocida como maternidad o gestación subrogada, por la que una mujer gesta un hijo para su pareja u otra persona a cambio de un pago, para sí, o para una tercera persona que explota a la mujer”, explicó.

Ulloa Ziáurriz, calificó como “preocupante” la cantidad de solicitudes de iniciativas de ley que existen en el Congreso de la Unión y en el de la CDMX para legalizar el alquiler de vientres, pues de avanzar, dijo, iniciaría una promoción de “turismo reproductivo”, y ejemplificó que en España circuló un artículo que señala a México, después de Ucrania, como el nuevo destino de los vientres de alquiler.

Remarcó la inacción de las autoridades ante la maternidad subrogada ya que hasta en redes sociales se promueve, y recordó que el mes pasado en Twitter, una empresa ofrecía opciones de gestación subrogada en Cancún.

“Mientras inicias tu proceso puedes relajarte en este hermoso lugar con clima tropical”, señalaba el anuncio, y detalló que cuando se metió a la cuenta decía que era de Sinaloa, estado donde al igual que Tabasco, la gestación subrogada es legal, solo que en Tabasco hicieron una modificación a la ley especificando que las parejas extranjeras no podían contratar “los servicios”.

Es preocupante, insistió, que la práctica del alquiler de vientres crezca tanto en la CDMX como en otras entidades del país, con la recesión económica que nos amenaza en la post pandemia del COVID.

Las autoridades no investigan otros tipos de trata de personas

Por su parte, el coordinador de la “Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas” del ITAM, Héctor Salvador, denunció en el mismo conversatorio, la disparidad que existe en las cifras de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, y la trata de personas de explotación laboral y explotación biológica (refiriéndose al alquiler de vientres).

Lamentó la falta de investigación proactiva de parte de las instituciones y que en el imaginario colectivo la trata esté asociada solo con prostitución. “Cómo es posible que las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, identifiquen muy pocos casos en México, de trabajos y mendicidad forzada, practicas análogas a la esclavitud, trabajos serviles, explotación laboral a grande escala, en la minería, en la industria agrícola, y ya no digamos con casos de explotación biológica, que son acciones ilegales”.

El especialista explicó que analizando las propias cifras de la FGR, del total de denuncias que se reciben por trata de personas, 15 por ciento llegan esta instancia y el resto es de 9 fiscalías estatales, “ese número me parece elevado en cuanto a la realidad nacional, es decir somos señalados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como un país, de origen, tránsito y destino, además somos el segundo país a nivel mundial de este fenómeno criminal, y solo en 9 Fiscalías se concentra -de las 32 entidades del país-,  el grueso de trata de personas”, cuestionó.

“Eso no significa que no haya trata de personas, no, eso significa que en el resto, en 23 estados no se está identificando el fenómeno y no está siendo atendido. ¿Qué pasa con esas víctimas? ¿dónde están? ¿quién las atiende? no se sabe. En esas 9 entidades han dado pasos en el combate de este delito, y en las otras entidades teniendo la posibilidad por lo menos estadística de mostrar que existen estas situaciones no lo hacen, por lo tanto son prácticas invisibilizadas desde las instituciones”, concluyó.

Fuete: CIMAC Noticias

Imagen: César Martínez López

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Educación en Latinoamérica: Las aulas, la curva o la desigualdad

Por: dw.com.

Dicen los expertos que los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus se sentirán todavía dentro de muchos años. Y pocas cosas tienen dejan tanta huella en el futuro de los países como la educación, o la ausencia de ella. Las consecuencias de perder la partida que juegan maestros y profesores hoy en las aulas se verán en su mayor parte cuando quizás ya sea demasiado tarde.

Este domingo (02.08.2020) Bolivia dio por terminado de forma anticipada el año escolar. El Gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez, que había suspendido en marzo las clases presenciales, argumenta que no es capaz de garantizar el acceso a la educación virtual, especialmente en las áreas rurales. Por eso ha decidido que todos los estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria pasen al curso siguiente. No habrá reprobados.

«Los expertos han advertido de que esta pandemia durará mucho tiempo”, dice a DW Leone Tharcisio, del Instituto de Estudios Regionales GIGA, con sede en Hamburgo. El investigador explica que «la escuela tiene la función primaria de buscar la igualdad de oportunidades, pero en este caso el Estado habrá asumido que no es capaz de apoyar a los niños de los sectores más desfavorecidos, lo que lleva a un aumento de las desigualdades”.

Los sectores afines al partido del exmandatario boliviano Evo Morales ven en esta decisión un intento del actual Ejecutivo de evitar los conflictos con el sector docente, que desde hace semanas exige la dimisión del ministro de Educación. Lo acusan de promover la privatización de la educación en el país. Pero la medida también ha sido criticada por el sector educativo privado, que se ha declarado en emergencia económica.

Bolivia, sin embargo, no está sola en esta encrucijada. Son muchos los gobiernos en Latinoamérica que se plantean qué hacer con sus escuelas y millones de alumnos. No es cuestión de un par de meses: la región se ha convertido en el foco global de la pandemia, que según la Organización Mundial de la Salud será «muy larga”.

¿Seguirán otros vecinos el ejemplo boliviano? «Depende del país, porque muchos países han puesto en marcha alternativas para seguir ofreciendo continuidad educativa pese al confinamiento”, explica a DW Stéphan Vincent-Lancrin, analista educativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Una niña accede a la plataforma educativa de su escuela en Buenos Aires¿Qué ocurre con las familias que carecen de medios materiales para que todos sus hijos continúen con su educación?

El experto destaca algunas iniciativas de continuidad educativa puestas en marcha en Sao Paulo, Bogotá o en diferentes partes del territorio peruano, las cuales han demostrado que el margen de acción, al menos en teoría, es amplio. «La mayoría ha optado por soluciones multimodelo que incluyen recursos educativos digitales, educación por televisión y radio y recursos impresos para los estudiantes”, explica Vincent-Lancrin.

Uruguay es, por ahora, el único país de la región en el que los alumnos han vuelto a las aulas. Pero recuperar la presencialidad no solo fue posible gracias a una buena gestión epidemiológica: también jugó un papel clave el desarrollo digital de la educación previo al COVID-19.

En este sentido, la argentina Agustina Lenzi subraya a DW que, aunque el final anticipado del año escolar «es un escenario a considerar en términos regionales”, cada país es un mundo. «La cuestión es qué decisiones políticas acompañan a esa decisión”, añade esta experta en políticas educativas desde la cuarentena en Buenos Aires.

Una clase vacía en la capital mexicanaAlgunas escuelas, como esta de Ciudad de México, han tratado de encontrar soluciones para facilitar la vuelta a las aulas

Desde Costa Rica, la investigadora en educación Diana Hernández advierte: «No creo que atrasando un proceso se pueda más adelante enfrentar mejor ese proceso, no necesariamente”. La educadora costarricense, en contacto con compañeros de gremio en toda la región, es consciente de que en la mayoría de los países «no solo no hay conocimiento de las herramientas, sino que no hay acceso, por lo que para los docentes es como empezar de cero”. Visto así, explica, no son pocos los que piensan que para medio año no tiene sentido el esfuerzo. «Entonces podría ser que otros países de Latinoamérica siguieran los pasos de Bolivia”.

Una nueva normalidad educativa en América Latina

Pero si se para el sistema educativo, tiene que haber una finalidad. «Estamos dejando a las personas sin acceso a la educación”, recuerda la docente, «estamos obligándoles a quedarse dentro de las opciones laborales que no tienen ningún tipo de seguro ni ningún tipo de oportunidad que no sea un escenario de explotación”. Además de la desigualdad, según las grandes organizaciones internacionales la informalidad de las economías latinoamericanas es uno de los factores que alimentan los graves pronósticos económicos para la región.

Está por ver qué rumbo toman los diferentes gobiernos latinoamericanos. La argentina Lenzi cree importante, en cualquier caso, entender que «la antigua normalidad antes de la pandemia no era deseable para todos y todas, era una situación muy desigual”. Es hora de repensar la educación, sea en una escuela, frente a una pantalla, ¿o quizás en un parque? Lenzi subraya la necesidad de poner a las personas en el centro: «la política educativa tiene el desafío de tender puentes entre quienes piensan la educación, quienes la gestionan y quienes la practican”.

Fuente de la reseña: https://www.dw.com/es/educaci%C3%B3n-en-latinoam%C3%A9rica-las-aulas-la-curva-o-la-desigualdad/a-54425787

 

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CLADE: Relatora de la ONU expresa que ninguna medida temporal responderá al fracaso en la construcción de sistemas educativos fuertes

Por: CLADE.

En su informe, Koumbou Boly Barry destaca preocupaciones, desafíos y oportunidades sobre el derecho a la educación durante la crisis de COVID-19

“El fracaso anterior en la construcción de sistemas educativos fuertes y resistentes y en la lucha contra las desigualdades arraigadas ha abierto la puerta a un impacto dramático en los y las más vulnerables y marginados/as, a lo que ninguna medida temporal adoptada a toda prisa podría haber respondido completamente”, afirma la relatora especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, Koumbou Boly Barry, en su informe “Right to education: impact of the COVID-19 crisis on the right to education; concerns, challenges and opportunities” (Impacto de la crisis de COVID-19 en el derecho a la educación; preocupaciones, desafíos y oportunidades).

En este informe, la relatora especial analiza los temas que considera más urgentes desde una perspectiva de derechos humanos. “Actuar dentro de un marco de derechos humanos es crucial para garantizar que las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia no pongan en peligro el derecho a la educación y no aumenten el sufrimiento de los y las más marginados/as”, afirma.

Boly Barry también presenta en su informe una serie de recomendaciones para mitigar los impactos de la pandemia en la educación. En particular, se debe realizar una evaluación exhaustiva para determinar, en cada contexto local, la dinámica que condujo a una mayor discriminación en el disfrute del derecho a la educación durante la crisis. Se debe incluir un análisis de las crecientes desigualdades debido a las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia; una investigación sobre la sostenibilidad de los modelos económicos y financieros detrás de los sistemas educativos, incluida la consecuencia del escaso financiamiento de las instituciones educativas públicas; un análisis del papel de los actores privados en la educación; una evaluación de la adecuación de la protección social brindada a los y las trabajadores/as de la educación, incluso en el sector privado; y una revisión de la falta de cooperación entre las administraciones de los Estados, las instituciones educativas, los y las docentes, los y las estudiantes, los padres, las madres y las comunidades.

Además, la relatora subraya que el despliegue de la enseñanza a distancia en línea (junto con la radio y la televisión) solo debe considerarse una solución temporal destinada a abordar una crisis. “La digitalización de la educación nunca debería reemplazar la escolarización en el lugar de trabajo con los y las docentes, y la llegada masiva de actores privados a través de la tecnología digital debería considerarse como un peligro importante para los sistemas educativos y el derecho a la educación para todos y todas a largo plazo”, afirma. Para Boly Barry, es necesario que se realice un debate exhaustivo sobre el lugar que se debe dar al aprendizaje en el futuro, teniendo en cuenta no solo las posibles oportunidades sino también el efecto nocivo que las pantallas tienen sobre los niños, las niñas y los jóvenes, incluido su derecho a la salud y la educación.

Mira la grabación de la presentación de Boly Barry en la sesión de la ONU sobre el informe, con subtítulos en portugués:

Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/relatora-de-la-onu-ninguna-medida-temporal-respondera-al-fracaso-en-la-construccion-de-sistemas-educativos-fuertes/

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Informe: ¿Cómo garantizar la EPJA en tiempos de pandemia?

Por:

Documento publicado por el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe y el Grupo de Incidencia en Políticas Educativas analiza el escenario actual del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas, además de presentar una muestra de la realidad de la EPJA en siete países de la región.

¿Qué se está haciendo para garantizar la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe? ¿Qué pueden hacer las y los educadores? Buscando contestar esa y otras interrogantes sobre el derecho a la educación a lo largo de la vida en la región, especialmente en el contexto de pandemia por el Covid-19, el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) y el Grupo de Incidencia en Políticas Educativas (GIPE), que forma parte del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), lanzaron la publicación “La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe durante la pandemia por la Covid-19″.

«Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población»

Con cinco capítulos divididos en 15 páginas, la publicación analiza el escenario actual del derecho a la educación de personas jóvenes y adultas en la región, además de subrayar algunos desafíos para garantizarlo, como la importancia de desarrollar políticas de democratización de la conectividad, especialmente para zonas urbanas marginales, rurales, amazónicas; y para personas afrodescendientes. Asimismo, subraya la necesidad de fortalecer el trabajo territorial ligado a la educación comunitaria que responda a las necesidades y demandas de las organizaciones y personas para construir una sociedad educadora, compartiendo saberes, el autocuidado, estrechando lazos de solidaridad y fortaleciendo los valores ciudadanos.

“En el mundo entero y en América Latina y el Caribe, estamos viviendo las consecuencias de una crisis que se inicia como sanitaria, ocasionada por el Covid-19, y que hoy tiene graves consecuencias en lo económico, educacional, ambiental, en el cuidado de la vida y de la naturaleza. (…) Las medidas de aislamiento evidencian las asimetrías existentes y las profundizan, y suponen un retroceso educativo que tiende a profundizar las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población”, afirma la publicación.

Según el documento, la educación de personas jóvenes, adultas y adultas mayores está caracterizada no solo por la edad de aquellos que están por fuera del sistema educativo, sino también por su condición social. “En otras palabras, son aquellos y aquellas que el sistema ya ha excluido. Son aquellos y aquellas a los y las que hoy el sistema vuelve a golpear en esta situación de aislamiento. Esta población se encuentra en situación de vulnerabilidad en todos sus sentidos”.

La publicación también presenta una muestra de lo que siete países de la región están haciendo, a partir de informes de países recopilados por miembros del GIPE-CEAAL. A continuación se presenta un resumen de cada uno de ellos.

Argentina 

En lo que hace a política educativa, poco se habla de la situación de jóvenes y adultos en esta emergencia educativa. Las propuestas oficiales por parte del Estado no contemplan la particularidad del trabajo con este sector de la población. En cambio, apuntan a cierta democratización del acceso a la educación, a través de la elaboración de cuadernillos para educación primaria y secundaria (con el fin de que lleguen a los territorios más remotos de la geografía local) y a la generación de contenidos audiovisuales o radiales, que se presentan como sustitutos de los y las docentes: las clases continúan; el Ministerio de Educación educa a través de estos dispositivos.


Brasil 

La gran mayoría de los departamentos de educación, estatales y municipales, suspendió las actividades en el aula a fines de marzo. Recién el 28 de abril el Consejo Nacional de Educación (CNE) aprobó por unanimidad las directrices para guiar a las escuelas de educación básica y las instituciones de educación superior durante la pandemia de coronavirus. Durante este intervalo de un mes, los estados y municipios trataron de crear sus propias estrategias para la enseñanza y la asistencia alimentaria. En términos de estrategias pedagógicas, es posible identificar tres: las que usan Google Classroom, las aplicaciones desarrolladas específicamente para esta misión, las clases de video u otras plataformas de la propia secretaría, las que usan canales de TV abiertos para transmitir clases, y la preparación de material impreso y folletos que los estudiantes pueden recibir en casa o recoger en la escuela.


Chile 

En todo el sistema educacional chileno se ha enfrentado la emergencia sanitaria y su impacto en la vida escolar a través de la educación a distancia, con todas las limitaciones que ello tiene en materia de capacitación de los y las docentes. Además, la educación en línea es un recurso de emergencia en la actualidad pero no puede ser sólo una réplica de la educación presencial, como tampoco simular en las casas las actividades y los procedimientos de estudio y evaluación que son propios de la vida escolar regular. Directivos, docentes y equipos psicosociales de los establecimientos de la EPJA han debido asumir el desafío de enfrentar el cierre escolar con acciones de educación a distancia a través del uso de plataformas de tecnologías de comunicación remota (como Zoom y Whatsapp), preparación de guías de aprendizaje, entrega domiciliaria de estas guías donde no se tiene conexión a internet o no existen condiciones para la concentración y el estudio, al mismo tiempo que se procuraban ayudas alimentarias y apoyo psicosocial a los y las estudiantes que lo necesitaban.


El Salvador 

Se mantienen programas de alfabetización, educación básica y alfabetización para jóvenes y adultos, particularmente programas de modalidades flexibles como segunda oportunidad para quienes abandonaron el sistema y no lograron una educación oportuna. Estas modalidades han sufrido recortes presupuestarios y de cobertura en los últimos años. Se pasó de una inversión de $ 9,5 millones en 2019 a $ 8,1 millones en 2020 (este monto incluye los recursos asignados a través de instituciones implementadoras y los administrados desde las direcciones departamentales de Educación).


Guatemala

Guatemala mantiene enormes rezagos educativos a todo nivel. La cobertura del subsistema escolarizado es baja (80% en el nivel primario) y en algunos casos extremadamente baja (cercana al 50% en el primer ciclo de la secundaria y cerca del 25% en el segundo ciclo), mantiene una tasa de alfabetización absoluta del 20% según datos oficiales (2018) y tradicionalmente la EPJA ha sido mínima frente a la educación escolarizada. El sistema educativo en su conjunto se ha orientado hacia los procesos virtuales, lo que solo permite un alcance parcial, dada la baja cobertura de internet. Hasta ahora las principales acciones son: entrega de alimentos (alimentación escolar) a las familias de los estudiantes del nivel primario y, desde mayo, distribución de guías educativas impresas para todos los grados del nivel primario (para dos semanas, con baja calidad).


Nicaragua 

No ha interrumpido oficialmente las actividades educativas. Según el Ministerio de Educación se ha instado a los centros educativos a tomar medidas como el lavado de manos al menos dos veces al día y mantener distanciamiento de no menos de un metro con los estudiantes. No hay información específica sobre la Educación de Jóvenes y Adultos, y se continúan desarrollando como en tiempos normales las diversas modalidades de educación presencial y a distancia.


Perú 

El Ministerio de Educación (MINEDU) ha implementado una estrategia de enseñanza a distancia denominada “Aprendo en casa” que, según datos oficiales, está llegando a más de seis millones de estudiantes de colegios públicos de la Educación Básica Regular, Básica Alternativa y Especial, a través de diversos medios como internet, radio y televisión. Según un informe del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Perú solo el 46% de peruanos tiene acceso a Internet; la penetración de Internet es casi inexistente en las zonas rurales (1%), mientras que en las zonas urbanas es del 30,2%.


República Dominicana

A partir de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional, el 19 de marzo de 2020, y la suspensión de la docencia presencial, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) marcó la necesidad de diseñar e implementar estrategias y actividades para dar continuidad al aprendizaje desde casa, utilizando diversos recursos y herramientas virtuales disponibles para esos fines, y otras como medio de comunicación e información. La respuesta educativa ha integrado la televisión, la radio, las plataformas diversas, las herramientas y los recursos virtuales múltiples. En general, ha dado respuestas a casi tres millones de estudiantes a nivel nacional. En EPJA, se ha atendido alrededor de 300 mil estudiantes, sin contabilizar los de alfabetización, en mil centros y con alrededor de diez mil docentes.


>> “La Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en América Latina y el Caribe durante la pandemia por la Covid 19″

Link del informe: https://redclade.org/noticias/como-garantizar-la-epja-en-tiempos-de-pandemia/

Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/como-garantizar-la-epja-en-tiempos-de-pandemia/

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Libro: Vidas tejidas al reverso de la historia

Por: CLACSO.

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Maria Aparecida de Moraes Silva. Lúcio Vasconcellos de Verçoza. [Organizadores]

Maria Aparecida de Moraes Silva. Lúcio Vasconcellos de Verçoza. Beatriz Medeiros de Melo. Juliana Guanais. Juliana Dourado Bueno. Tainá Reis de Souza. [Autores de Capítulo]
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Colección Grupos de Trabajo.
ISBN 978-987-722-628-7
CLACSO.
Buenos Aires.
Julio de 2020

*Disponible sólo en versión digital

Los/as lectores/as conocen la grandiosa historia de la agricultura brasileña, bastante difundida, inclusive por los medios de comunicación. El contenido de esta recopilación versa, sin embargo, sobre una historia poco conocida. Una historia/reverso de aquella. Una historia real tallada por personas que producen la gigantesca riqueza de los commodities exportados para varios países del mundo. Nuestra mayor intención es que la historia/reverso pueda ser leída y reflexionada por personas que desean una sociedad más justa, en la cual el ser humano pueda sobreponerse al mundo de las cosas. Una historia/reverso que no puede caer en el olvido social.
De la Introducción de Maria Aparecida de Moraes Silva

Link para descargar el libro: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/contador/sumar_pdf.php?id_libro=2211

Fuente de la reseña: https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2211&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1407

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CLADE: Especialistas reclaman un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe

Por: Thais Iervolino.

En un evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 2020, representantes de Estados, organizaciones y redes de sociedad civil de la región analizaron las respuestas a los impactos socioeconómicos del COVID-19.

44 millones de personas sin empleo, 230 millones de personas en situación de pobreza y 96 millones viviendo en condiciones de pobreza extrema. Ese fue el escenario presentado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al analizar los impactos de la pandemia en la región.

Bárcena expuso en el evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 2020 (HLPF, por sus siglas en inglés), que se desarrolla virtualmente este mes de julio y se denomina “La Agenda 2030 en el nuevo contexto global y regional: escenarios y proyecciones para América Latina y el Caribe en la crisis actual”. El evento fue organizado el 10 de julio por la CEPAL y la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La secretaria ejecutiva de la CEPAL instó los Estados a garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia con respeto a los derechos humanos y con base en una gobernanza democrática, y subrayó la importancia de extender el apoyo financiero a los países de ingreso medio a través de mayor liquidez (derechos especiales de giro), financiamiento concesional y alivio a la deuda, especialmente a los países del Caribe. “Debemos avanzar hacia una mayor integración regional frente a una geografía económica global distinta”, subrayó.

Junto a Alicia Bárcena también participó del evento Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en nombre del Mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda 2030 y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Laura Giannecchini: «Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas»

Para Laura Giannecchini, la pandemia del COVID-19 desnudó y profundizó tendencias que la CLADE y otras organizaciones y movimientos sociales habían observado en la región, como el estancamiento o regresión económica, el aumento de la pobreza y de las desigualdades, el debilitamiento de los sistemas públicos de educación, salud y protección social, y el crecimiento de tendencias autoritarias.

“Creemos que esta crisis sanitaria, que es también económica, social y política, pone en evidencia la urgencia de un cambio radical en la acción de nuestros gobiernos, camino a la adopción de nuevos modelos de desarrollo. Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas”, afirmó.

En su exposición, elaborada a partir de reflexiones colectivas que tuvieron lugar en el Marco del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil y que culminaron el la declaración «América Latina y el Caribe: Pocos avances y nuevos desafíos para la Agenda 2030lanzada en mayo del 2020″, Giannecchini destacó la importancia de realizar ocho cambios para mitigar los impactos de la crisis a la hora de garantizar los derechos humanos. Entre ellos están: la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos, incorporando a los movimientos sociales, colectivos de la sociedad civil y poblaciones históricamente excluidas del debate y de la toma de decisión en las políticas públicas; la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de educación, salud y protección social; la contención del avance de los fundamentalismos religiosos en los espacios políticos, que niegan evidencias científicas, fomentando el odio y dificultando la implementación de políticas con perspectiva de derechos; y el establecimiento de un compromiso financiero, político y normativo de largo plazo, y de cooperación internacional, para asegurar el cumplimiento integral de la Agenda 2030.

“Consideramos que es hora de establecer un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Un pacto de desarrollo inclusivo, que coloque a las personas en el centro, e inste a los Estados a la acción, de manera que podamos salir de esta pandemia con nuevos paradigmas, basados en la solidaridad, la felicidad y en el bienestar de todas y todos”, subrayó.

Además de Bárcena y Giannecchini, intervinieron en el evento el embajador Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU; Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica; Luz Keila Gramajo Vílchez, secretaria de Planificación de Guatemala; y Markova Concepción Jaramillo, comisionada presidencial para el Examen Nacional Voluntario y representante permanente designada de Panamá ante la ONU. Participaron también Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia y Rochelle Whyte, asesora técnica superior del director general del Instituto de Planificación de Jamaica.

Mira la grabación del panel con la exposición de todos los participantes:

Fuente de la reseña: https://redclade.org/noticias/especialistas-reclaman-un-nuevo-pacto-de-justicia-socioambiental-y-economica-para-los-pueblos-de-latinoamerica-y-el-caribe/

 

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