FAO lanzó un plan para hacer frente a El Niño en América Latina
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha puesto en marcha un plan de respuesta y acción con el fin de recaudar 36,9 millones de dólares para implementar una estrategia de apoyo a las comunidades vulnerables en América Latina ante el posible impacto del fenómeno climático conocido como El Niño.
En el contexto del Mes de la Asistencia Humanitaria, celebrado oficialmente el 19 de agosto, se ha anunciado un plan con el propósito de brindar ayuda a 1.16 millones de personas en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela.
Según la agencia, desde junio de este año se han implementado medidas para reducir los posibles efectos negativos del fenómeno El Niño en la agricultura y la seguridad alimentaria en Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Nuestro objetivo principal es disminuir la dependencia de la ayuda humanitaria y fortalecer comunidades más resistentes.
Durante los próximos meses, se dará apoyo a las familias productoras en riesgo, especialmente a comunidades indígenas de Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Esta ayuda busca garantizar su sustento y promover el desarrollo sostenible en estas regiones.
El plan propone diversas medidas para abordar la problemática de la sequía. Entre ellas se encuentran la entrega de semillas resistentes a la sequía, apoyo para el almacenamiento y gestión del agua, asistencia económica, capacitaciones en la gestión de recursos hídricos y acciones destinadas a proteger el ganado, pesca artesanal y cultivos.
Se necesita más apoyo
El plan recientemente anunciado tiene como objetivo aumentar el respaldo a los esfuerzos actuales para expandir estas intervenciones, proporcionando ayuda a más hogares afectados y fortaleciendo la seguridad alimentaria de las poblaciones.
“La situación en América Latina y el Caribe requiere una respuesta conjunta y apremiante. Instamos a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y sector privado a unirse para proteger la seguridad alimentaria y los medios de vida de las familias rurales más vulnerables ante el crítico escenario que nos presenta el Niño”, declaró el subdirector general y representante regional de la agencia en América Latina y el Caribe.
Mario Lubetkin añadió que estos esfuerzos “no solo disminuirán el potencial impacto de este fenómeno, sino que permitirán construir resiliencia para enfrentar el cambio climático que hoy también azota a la región”.
Este plan de respuesta es parte de un esfuerzo global para recaudar fondos y abordar los impactos del fenómeno de El Niño. Además de América Latina, también se incluyen países de otras regiones como África y Asia Pacífico. La meta es obtener una suma total de 88,9 millones de dólares para poder ofrecer ayuda a aproximadamente 2,6 millones de personas.
El Niño pone en riesgo la seguridad alimentaria
Durante el año 2022, se reportó que aproximadamente 17,8 millones de personas en la región experimentaron altos niveles de inseguridad alimentaria, llegando incluso a situaciones de “crisis” o “emergencia”, lo cual significa que sufrieron de hambre. Estos datos se derivan del Reporte Global de Crisis Alimentarias. En efecto, la situación del hambre ha empeorado en la región y está relacionada con una disminución de los medios de subsistencia y un ciclo de vulnerabilidad que puede sumir a las personas en la pobreza.
La agencia ha emitido una advertencia preocupante para aquellas personas, mayormente habitantes de zonas rurales, ya que cualquier nuevo incidente relacionado con El Niño podría tener consecuencias devastadoras.
Gracias a la implementación del Sistema de Información de Datos en Emergencias, respaldado por una agencia de la ONU, se ha logrado obtener información precisa sobre la situación de los productores agrícolas en el Corredor Seco. Se ha constatado que la mayoría son pequeños agricultores que enfrentan serias dificultades para acceder a alimentos básicos y enfrentan desafíos para acceder a insumos agrícolas y veterinarios, así como para comercializar sus productos.
El calentamiento global es una realidad cada vez más tangible. Las consecuencias son visibles con la aparición de olas de calor, sequías, lluvias intensas y desastres naturales que cada vez tienen mayor frecuencia en el planeta.
Desde el 2023, América Latina ha experimentado devastadores incendios forestales en Chile, que han sido exacerbados por una interminable sequía. Estos fuegos han causado daños irreparables a la región.
Brasil ha sido afectado por lluvias extremas y anegamientos, dejando más de 60 muertos. Por su parte, Perú ha experimentado el ciclón Yaku. Los expertos han atribuido el aumento de eventos climáticos extremos como fuertes lluvias y deslizamientos de lodo, al calentamiento global y su efecto sobre la temperatura del planeta.
“El cambio climático causado por el hombre ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones del mundo“.
La pandemia ha tenido un impacto global con una serie de pérdidas y daños relacionadas al medio ambiente y las personas, señala el Informe de Síntesis del Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). El pasado lunes 20 de marzo, se presentó un documento que resume los seis informes sobre la situación del planeta realizados entre 2015 y 2020 por científicos de todas partes del mundo.
Es urgente tomar medidas para frenar el calentamiento global
El informe de expertos ha advertido que es urgente tomar medidas para frenar el calentamiento global, para así garantizar un futuro sostenible y habitable.
Los científicos investigando el calentamiento global aseguran que aún hay esperanza para reducir la temperatura si se toman las medidas adecuadas. Existen muchas posibilidades viables para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y prepararnos mejor para los cambios climáticos.
El objetivo de la comunidad internacional es evitar un aumento de más de 1.5 grados centígrados en comparación con los niveles preindustriales, que se produjeron entre 1850 y 1900.
El planeta está experimentando un aumento de temperatura de 1,1 grados centígrados a escala internacional actualmente. “Como resultado, se han producido fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes y más intensos que han generado impactos cada vez más peligrosos en la naturaleza y las personas en todas las regiones del mundo”, señala el informe del IPCC.
¿Qué efectos ha tenido el cambio climático en América Latina? Esta pregunta fue abordada por el Informe 2022 del IPCC sobre Cambio climático: impactos, adaptación y vulnerabilidad, que confirmó que América Central y del Sur son algunas de las regiones más afectadas, “altamente expuestas, vulnerables y fuertemente impactadas por el cambio climático”. La situación actual se empeora por los problemas de desigualdad, pobreza y deforestación cada vez mayores.
El cambio climático y el calentamiento global en América Latina
“El aumento de la temperatura media, la cantidad de lluvia o los eventos extremos tienen tendencia diferente, dependiendo de la región. En el suroeste de Sudamérica, en Chile y también en Argentina, así como en el nordeste de Brasil las lluvias han experimentado una reducción significativa con proyección a que continúe así”, comenta Carolina Vera, Vicepresidenta del Grupo de Trabajo I del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y Directora del Instituto Franco-Argentino de Estudios Climáticos y sus Impactos, que ha sido una importante contribuyente a la comprensión científica del cambio climático.
Vera afirma que varias áreas de América del Sur son cálidas y secas, lo que tiene el potencial de causar sequías meteorológicas periódicas. Los déficits de lluvia, las sequías agronómicas y las sequías hidrológicas son los tres factores principales que contribuyen a la reducción del agua disponible en el suelo y a la disminución de los caudales.
La crisis ambiental en la región sur del continente se ha agravado aún más por dos situaciones principales. Los incendios forestales incontrolables, debido a las altas temperaturas y la aridez y los fuertes vientos, han sido una preocupación creciente. Otro problema grave es el rápido derretimiento de los glaciares, que puede afectar el acceso al agua para los organismos vivos y provocar escasez de suministro para las poblaciones humanas.
Detener las prácticas insostenibles
Según el informe, las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero siguen aumentando debido a una serie de prácticas insostenibles, como el uso de energía, los cambios en el uso de la tierra, los hábitos de consumo y producción y los estilos de vida en todas las regiones, entre países y entre individuos.
“Sabemos que América Latina es una región muy vulnerable ante el cambio climático por un montón de aspectos, desde históricos hasta inequidad e injusticia. Además de las posibilidades socioeconómicas de los distintos habitantes como la dependencia tan grande en algunas economías de la región”, Así lo afirmó Paola Arias, profesora de la Universidad de Antioquia, Colombia y editora revisora del informe del IPCC.
Arias señala que América Latina se ha quedado rezagada en lo que respecta a la adaptación al cambio climático debido a varios obstáculos que impiden que la región lo haga. “En nuestra región estas barreras tienen que ver con que todavía tenemos niveles enormes de pobreza, de inequidad, de injusticia. Cuando tienes sociedades bajo esas condiciones, la adaptación es mucho más compleja”.
Se necesita financiamiento para alivianar los impactos del calentamiento global
Arias destaca cómo las sociedades latinoamericanas necesitan financiamiento adicional para mitigar los efectos del cambio climático y el calentamiento global y reducir las emisiones de carbono. “Los flujos de fondos no se han dado a la velocidad que se requiere. Esa falta de financiación sin lugar a dudas es un elemento fundamental para la adaptación en nuestras regiones”.
Arias destaca que la región ha tenido algunos éxitos en cuanto a la adaptación al cambio climático, aunque estos suelen ser de menor escala. “Latinoamérica es una región que tiene una biodiversidad enorme, con zonas de mayor diversidad en el planeta como Los Andes o la Amazonía, entonces, los ecosistemas se vuelven fundamentales en nuestro proceso de adaptación, mitigación y de cambio climático”.
El cuadro muestra cómo las generaciones actuales y futuras dependen de las decisiones que se tomen en el corto plazo. Fuente: IPCC.
La experiencia local de adaptación
“Tengo agua, no necesito que alguien me la venda”, dice María Binda Gutiérrez, una persona originaria de Quebrada León en Santa Cruz, Bolivia, que se mudó a la comunidad forestal Alto Espejo en el municipio de El Torno hace 15 años.
Gutiérrez está asociado a la iniciativa ‘Acuerdos Recíprocos del Agua’, que tiene como objetivo educar a la gente sobre la importancia de conservar el agua. Todos son responsables de cuidar el agua, desde los que nacen en los ríos en las cimas de las montañas, hasta las personas que viven en las ciudades o a lo largo de los cursos de la cuenca media que también se benefician de ella. Esta iniciativa pretende provocar un cambio.
Mediante la formación de acuerdos, los ciudadanos de las regiones de la cuenca baja pueden establecer un fondo del cual se pueden utilizar recursos económicos para ayudar a los agricultores río arriba a proteger las fuentes de agua. La propuesta de Fundación Natura ha sido fundamental para preservar 600.000 hectáreas de tierra en 80 municipios con la ayuda de 24.000 agricultores. Esta experiencia boliviana muestra cómo las comunidades locales pueden unirse para abordar de manera efectiva el problema del cambio climático.
“La buena noticia es que tenemos, al menos desde el punto de vista de la ciencia, alternativas para salir de esa situación crítica, lo que hace falta ahora es la voluntad política para echar a andar esas alternativas”, así lo afirmó Carlos Méndez, investigador asociado del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y editor revisor del informe del IPCC.
Es clave incorporar los sistemas de conocimiento indígenas
Carlos Méndez, ha hecho algunos comentarios sobre cómo deben ser incorporados otros sistemas de conocimiento, como el indígena y el local, para la mitigación y adaptación del cambio climático.
“América Latina tiene un gran potencial para desarrollar estrategias de adaptación y, al mismo tiempo, tiene varias áreas bien conservadas que presentan numerosas oportunidades para los esfuerzos de mitigación. Por lo tanto, debemos tener en cuenta el gran potencial de esta región para enfrentar el cambio climático“.
“El principal desafío radica en integrar adecuadamente las medidas de mitigación para que las personas no se vean afectadas negativamente en el proceso”
Méndez explica que el conocimiento ancestral sobre el manejo de los recursos hídricos en los Andes es invaluable a la hora de implementar medidas de adaptación.
Como señaló el experto, los indígenas han estado practicando la técnica de recolectar hielo en las regiones montañosas de los Andes para almacenar agua para uso futuro.
Tomar medidas como la justicia climática, entre otras
Según el informe del IPCC, tomar medidas como la equidad, la justicia climática, la justicia social, la inclusión y los procesos de transición justa pueden ayudar a crear un entorno propicio para acciones ambiciosas de adaptación y mitigación que resulten en un desarrollo resiliente al clima.
“Los resultados de la adaptación se ven mejorados por un mayor apoyo a las regiones y personas con la mayor vulnerabilidad a los peligros climáticos. La integración de la adaptación climática en los programas de protección social mejora la resiliencia”.
El informe destaca el hecho de que ya existen enfoques de adaptación y mitigación que no requieren invención adicional, ya que se han implementado con éxito a nivel comunitario. Según Paola Arias, este es un punto importante a considerar.
“Existen posibilidades, están ahí, el asunto es que necesitamos una acción climática eficiente y justa que mire también otros aspectos como la equidad, la justicia social y las reducciones de brechas”.
El informe de la Asociación de Protección Ambiental nos advierte sobre la importancia de colaborar entre nosotros para asegurar un futuro mejor para todos. Para lograr esto, necesitamos recursos financieros mejorados y adecuados que sean accesibles a nivel mundial, en particular para regiones, sectores y grupos vulnerables, y una gobernanza inclusiva y políticas coordinadas. “Las opciones y acciones implementadas en esta década tendrán impactos ahora y durante miles de años”, dice el reporte.
El dinero para financiar los beneficios que los agricultores reciben por proteger su bosque proviene de un fondo en el cual participa la entidad prestadora del servicio de agua potable, el municipio y Fundación Natura. Foto: Fundación Natura.
Cumplir de manera estricta el objetivo de 1,5 grados centígrados
Paulina Aldunce, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia en Chile, quien también fue parte del equipo central de redacción de la síntesis, alerta que el cumplimiento estricto del objetivo de temperatura de 1,5 grados centígrados que nos hemos fijado solo es posible si hay una reducción del 50 % en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Actualmente, este progreso no se está logrando con nuestros niveles de emisiones actuales que siguen aumentando y contribuyendo al calentamiento global.
“Hay que moverse rápido porque tenemos tecnología. Lo que realmente necesitamos es una adaptación más transformacional, hacer las cosas distintas a cómo las hacemos ahora”, señala Aldunce.
“Debemos tener más financiamiento y una mayor capacidad de transmitir la información completa y verídica, eso es muy importante. Pero también motivar a la población que se haga parte de esto, no podemos dejar todo en mano de las empresas y los gobiernos, que obviamente es fundamental y son los principales responsables; pero si cualquiera de nosotros, como ciudadano de la sociedad civil, se mantiene al margen, no lo vamos a conseguir. Ese es el desafío”.
Ecoportal.net
Fuente de la Información: https://www.ecoportal.net/paises/informe-ipcc-america-latina-calentamiento-global/
Uno de cada cuatro niños y niñas de la región carece de vacunas vitales, haciendo retroceder las tasas de cobertura de inmunización a los niveles de hace casi 30 años. Esta decadencia se sitúa dentro de una tendencia mundial: en total, 67 millones de niños no han sido vacunados contra una o más enfermedades en los últimos tres años.
En los últimos 10 años, América Latina y el Caribe ha pasado de tener una de las tasas de vacunación infantil más altas del mundo a una de las más bajas, ha advertido UNICEF durante el lanzamiento del informe El Estado Mundial de la Infancia 2023: Para cada infancia, vacunación, que señala que este deterioro de la inmunización en la región sigue una tendencia global.
El reporte muestra que, en todo el mundo, 67 millones de niños no recibieron una o más vacunas en tres años debido a la interrupción de los servicios de salud causada por las tensiones en los sistemas sanitarios, el desvío de los escasos recursos, los conflictos y la disminución de la confianza de las personas en la inmunización.
En la región de América Latina, la cobertura de la triple vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina, también conocida como la DTP3, entre los niños y niñas menores de un año cayó 18 puntos porcentuales, del 93% en 2012 al 75% en 2021.
“Se trata de la tasa de vacunación de rutina más baja de la región en casi 30 años, lo que sitúa a América Latina y el Caribe por debajo de la media mundial (81%) y justo por delante de África Oriental y Meridional (74%)”, destaca la agencia de la ONU.
Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el retroceso de América Latina y el Caribe en materia de inmunización ha dejado a 2,4 millones de niños y niñas, uno de cada cuatro menores de un año, desprotegidos frente a enfermedades prevenibles mediante la vacunación.
La pobreza y la desigualdad aumentan en muchas partes del mundo.
Pobreza y vacunación
Más de 1,7 millones de esos niños están catalogados médicamente como “cero dosis”, lo que significa que nunca han recibido vacuna alguna. Los niños y niñas de los hogares más pobres tienen casi tres veces más probabilidades de no haber sido inmunizados en su vida que aquellos de los hogares más ricos, según revela un nuevo análisis del informe.
“Durante muchos años, América Latina y el Caribe registró una de las tasas de vacunación infantil más altas del mundo. Ahora presenta una de las más bajas. Esta es una de las crisis de vacunación infantil más graves que la región ha visto en casi 30 años”, dijo Garry Conille, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.
Conille aseguró que “enfermedades como la difteria, el sarampión y la poliomielitis, que antes se creían erradicadas en muchos países, están reapareciendo en toda la región, poniendo en peligro las vidas de los niños y niñas más marginados y el bienestar de todos”.
Múltiples factores…
El descenso de la vacunación infantil en América Latina se debe a múltiples factores.
Por un lado, los desastres naturales, la violencia, la urbanización, la inestabilidad y la migración han contribuido al aumento de la desigualdad.
Además, la disparidad del gasto público en salud en la región y la reducción de la inversión en algunos países han dejado a las comunidades marginadas con un acceso limitado a servicios de atención primaria de salud de calidad.
La pandemia de la COVID-19 exacerbó estos retos, interrumpiendo la vacunación infantil debido a las intensas demandas en los sistemas sanitarios y a las medidas de confinamiento en el hogar.
En los últimos años, hay también signos de una disminución de la confianza en la vacunación en algunos países de la región.
Una niña recibe asistencia médica en un albergue para migrantes en El Paraíso, Honduras.
No hay excusa
El informe destaca que la vacunación no solo salva vidas, sino que también es una estrategia probada para reducir los costos futuros de la atención sanitaria y apoyar el crecimiento económico. La vacunación genera un fuerte retorno de la inversión de hasta 26 dólares por cada 1 invertido.
“Con uno de los mejores historiales de vacunación infantil, América Latina y el Caribe no tiene excusas. Hace 10 años, esta región demostró que podía proteger a los niños y niñas de enfermedades potencialmente mortales. No hay ninguna razón por la que no podamos volver a hacerlo ahora, con más conocimientos, capacidad y recursos”, afirma Conille.
“La vacunación es una de las intervenciones de salud pública más sencillas y rentables. Para recuperar el terreno perdido y garantizar que todos los niños y niñas estén vacunados, los gobiernos y socios deben invertir en vacunación y atención primaria de salud. Podemos prevenir las enfermedades infantiles ahora o asumir los costos más tarde”
Para recuperarse del retroceso y reducir el número de niños y niñas cero dosis en América Latina, UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos y aliados para que:
Identifiquen y vacunen urgentemente a todos los niños y niñas, especialmente a los de los hogares más pobres y a los niños y niñas indígenas y afrodescendientes que no han sido vacunados
Den prioridad a la financiación de los servicios de vacunación y atención primaria de salud
Construyan sistemas de salud más resilientes mediante la inversión en personal de salud, la innovación y la producción de suministros de vacunas en la región
Refuercen la demanda de vacunas, fomentando la confianza, entre otras estrategias
Falta de confianza
El Estado Mundial de la Infancia 2023 destaca que a nivel mundial se ha producido un descenso de la confianza en la vacunación. Por ejemplo, la percepción de la importancia que las vacunas tienen para los niños disminuyó en más de un tercio en la República de Corea, Papúa Nueva Guinea, Ghana, Senegal y Japón tras el inicio de la pandemia.
Tan sólo China, India y México fueron los únicos de los 55 países estudiados en los que los datos indican que la percepción de la importancia de las vacunas se mantuvo firme o incluso mejoró.
“La confianza en la vacunación es volátil y específica en el tiempo”, asegura UNICEF que destaca que, a pesar de las caídas, el apoyo general a las vacunas sigue siendo relativamente fuerte. En casi la mitad de los 55 países estudiados, más del 80% de los encuestados consideran que las vacunas son importantes para los niños.
UN Cuba
Folleto sobre la vacunación contra COVID-19 y los protocolos sanitarios.
Información engañosa
Sin embargo, el informe advierte que la confluencia de varios factores sugiere que la amenaza de la indecisión ante las vacunas puede estar creciendo. Estos factores incluyen la incertidumbre sobre la respuesta a la pandemia, el creciente acceso a información engañosa, la disminución de la confianza en los expertos y la polarización política.
«En el apogeo de la pandemia, los científicos desarrollaron rápidamente vacunas que salvaron innumerables vidas. Pero a pesar de este logro histórico, el miedo y la desinformación sobre todo tipo de vacunas circularon tan ampliamente como el propio virus», afirma Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF.
Russel observa que estos datos son una preocupante señal de alarma. “No podemos permitir que la confianza en las inmunizaciones sistemáticas se convierta en otra víctima de la pandemia. De lo contrario, la próxima oleada de muertes podría ser de más niños con sarampión, difteria u otras enfermedades prevenibles.»
Para la agencia de la ONU, resulta alarmante que el descenso de la confianza se produzca en medio del mayor retroceso sostenido de la inmunización infantil en 30 años, alimentado por la pandemia COVID-19.
La pandemia interrumpió la vacunación infantil en casi todo el mundo, especialmente debido a las intensas demandas sobre los sistemas sanitarios, el desvío de recursos de inmunización a la vacunación contra el COVID-19, la escasez de personal sanitario y las medidas de permanencia en el hogar, señala UNICEF.
El informe indica que los niños nacidos justo antes o durante la pandemia están superando la edad en la que normalmente deberían ser vacunados, lo que subraya la necesidad de una acción urgente para ponerse al día con los que no fueron vacunados y prevenir brotes de enfermedades mortales.
Crece la parálisis por poliomielitis
En 2022, por ejemplo, el número de casos de sarampión fue más del doble del total del año anterior. El número de niños paralizados por la poliomielitis aumentó un 16% interanual en 2022. Si se compara el periodo de 2019 a 2021 con el trienio anterior, el número de niños paralizados por poliomielitis se multiplicó por ocho, lo que pone de relieve la necesidad de garantizar que se mantengan los esfuerzos de vacunación.
La pandemia también exacerbó las desigualdades existentes. Para demasiados niños, especialmente en las comunidades más marginadas, la vacunación sigue sin estar disponible, ser accesible o asequible. Incluso antes de la pandemia, el avance en la vacunación se había estancado durante casi una década, ya que el mundo luchaba por llegar a los niños más marginados.
De los 67 millones de niños que se quedaron sin vacunación sistemática entre 2019 y 2021, 48 millones no recibieron ni una sola vacuna sistemática. A finales de 2021, India y Nigeria (ambos países con tasas de nacimiento muy grandes) tenían el mayor número de niños con dosis cero, aunque los aumentos en el número de niños con dosis cero fueron especialmente notables en Myanmar y Filipinas.
Un niño recibe la vacuna oral contra la poliomielitis durante una campaña de inmunización apoyada por UNICEF en la ciudad de Marib, Yemen.
La carga de la desigualdad
Los niños que carecen de vacunas viven en las comunidades más pobres, remotas y marginadas, a veces afectadas por conflictos.
Nuevos datos elaborados para el informe por el Centro Internacional para la Equidad en Salud revelan que en los hogares más pobres,uno de cada cinco niños no recibe ninguna dosis, mientras que en los más ricos, sólo uno de cada veinte.
Los niños no vacunados suelen vivir en comunidades de difícil acceso, como zonas rurales o barrios marginales urbanos. A menudo tienen madres que no han podido ir a la escuela y a las que se da poca voz en las decisiones familiares. Estos problemas son mayores en los países de ingresos bajos y medios, donde aproximadamente uno de cada diez niños en zonas urbanas tiene dosis cero y uno de cada seis en zonas rurales. En los países de renta media y alta, la diferencia entre niños de zonas urbanas y rurales es casi inexistente.
Desigualdad entre los trabajadores de salud
Para vacunar a todos los niños, es vital reforzar la atención primaria de salud y proporcionar a sus trabajadores, en su mayoría mujeres, los recursos y el apoyo que necesitan. El informe señala que las mujeres están en primera línea de la vacunación, pero se enfrentan a salarios bajos, empleo informal, falta de formación formal y de oportunidades profesionales y amenazas a su seguridad.
Para hacer frente a esta crisis de supervivencia infantil, UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos para que redoblen su compromiso de aumentar la financiación de la inmunización y trabajen con las partes interesadas para desbloquear los recursos disponibles, incluidos los fondos sobrantes de COVID-19, con el fin de aplicar y acelerar urgentemente los esfuerzos de vacunación de recuperación para proteger a los niños y prevenir los brotes de enfermedades.
«Las vacunas han salvado millones de vidas y protegido a las comunidades de brotes de enfermedades mortales. Sabemos demasiado bien que las enfermedades no respetan fronteras. La inmunización sistemática y unos sistemas sanitarios fuertes son nuestra mejor baza para prevenir futuras pandemias y muertes y sufrimientos innecesarios. Con los recursos aún disponibles de la campaña de vacunación COVID-19, ahora es el momento de reorientar esos fondos para reforzar los servicios de inmunización e invertir en sistemas sostenibles para todos los niños», señaló Russell.
La educación es un poderoso instrumento para el desarrollo social y realización humana y, es clave para erradicar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en nuestra América. Para construir un futuro sostenible y esperanzador, es forzoso invertir en una educación que promueva el desarrollo económico, social y tecnológico, con la finalidad de erigir una América unida y próspera, de no hacerlo, perpetuaremos nuestro naufragio entre la inequidad y la pobreza.
En ese sentido, el 14 de abril de cada año, celebramos El Día de las Américas y tiene como objetivo, promover la unidad y la cooperación entre los países del continente, pero, en la realidad, no hemos cimentado una sola América y como tampoco tenemos una agenda común de desarrollo que, en cierta manera, hace inviable un futuro compartido.
Desde entonces, el Día de las Américas, es un espacio para reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos, dado que contamos con dos hermanos mayores, Estados Unidos y Canadá, quienes están en la obligación moral de liderar la cooperación y la transferencia tecnológica a través de la educación al resto de los países, para construir un sólido continente, así como ha logrado consolidar la comunidad europea, de lo contrario nuestro sueño común se convertirá en pesadilla y fragmentados seremos blanco fácil en estos tiempos de alta desconfianza entre países.
Otro de los desafíos, en América Latina, es la polarización política, la gobernanza y la democracia, debido a la inestabilidad política manchada de corrupción que asola al continente, en países como el Perú, con dos expresidentes presos y una Venezuela en bancarrota en nombre de una política del despilfarro, por lo que es perentorio que los gobiernos de cada país, impulsen educación para todos, más allá de ideologías políticas que solo han empobrecido y dividido al continente.
Asimismo, como consecuencia de la corrupción, florecen la delincuencia, el narcotráfico y la migración, que están esparciendo dolor y más pobreza en casi todos los países, por lo que es urgente endurecer las leyes para sancionar a los desadaptados, antes que los malos se apoderen de los gobiernos y envilezcan a nuestra región.
Ahora bien, si es posible asumir estos retos, porque somos una sociedad joven que poseemos sueños y enormes riquezas naturales y, a través de una educación digital, es viable redibujar el rostro de América, como dice Rebeca Grynspan, la educación debe desarrollar las habilidades en todas las personas para construir una sociedad desarrollada.
En resumen, en El Día de las Américas, es significativo reflexionar desde los gobernantes hasta el hombre común, sobre la importancia de la educación científica, como una herramienta para construir una América desarrollada, unida y próspera, con una agenda compartida y libre tránsito desde Alaska a Tierra de Fuego.
Desde que se inició la guerra en Ucrania (febrero, 2022), América Latina es una región presionada para definir posiciones alineándose con Occidente, esto es, con Estados Unidos y Europa, aliados en la OTAN. Hemos tenido experiencias similares en otros tiempos.
No hubo problema en apoyar a los Aliados durante la II Guerra Mundial (1939-1945), pues existió una clara conciencia contra el Eje nazi-fascista, a pesar de iniciales resistencias de grupos en países como Argentina o Brasil, por la existencia de familias provenientes de la migración alemana, que incluso adquirieron influencia social o política. En los países latinoamericanos se elaboraron “listas negras” con la guía de las embajadas norteamericanas, como ocurrió en Ecuador, en cuya lista aparecen no solo alemanes, sino también algunos italianos, varios japoneses y además ecuatorianos vinculados con ellos por razones de negocios.
Pero el alineamiento forzado por la Guerra Fría desde la década de los 50 y que duró hasta el derrumbe del socialismo en la URSS y los países de Europa del Este, fue una clara imposición. Era obligado unirse al “mundo libre”, en contra del “comunismo totalitario”. La CIA actuó en la década de los 60 para desestabilizar e incluso derrocar gobiernos latinoamericanos que no querían subordinarse (ocurrió en Ecuador, 1963) y los militares, convencidos del anticomunismo por el directo trabajo técnico e ideológico que sobre ellos hicieron los EE.UU. a partir del TIAR (1947), actuaron como instrumento del americanismo macartista. Por cierto, la Revolución Cubana (1959) y el aparecimiento de guerrillas inspiradas en su proceso en distintos países, sirvieron para justificar el intervencionismo militar.
La implantación de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) y de los Estados militares terroristas en el Cono Sur, dejó un historial de crímenes de lesa humanidad, bajo el supuesto de librar una “guerra interna” de “seguridad nacional”. Estos gobiernos estaban convencidos de salvar a la región exterminando seres humanos de izquierda. Una vez recuperadas las instituciones de la democracia representativa, aunque se intentó juzgar a los antiguos represores, no se logró hacerlo en todos los países. Por orden del juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional de España, Pinochet fue detenido en Inglaterra (1998-2000) bajo acusación de haber cometido genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas. Se provocó un terremoto tanto en Inglaterra como en Chile, en el ámbito internacional y hasta en el Vaticano. Su liberación por el Ministro Jack Straw, garantizó su impunidad. Solo en Argentina se logró un proceso exitoso contra los militares y varios fueron condenados, lo cual ha sido muy bien tratado en la película “Argentina 1985”, que ha merecido varios premios internacionales.
Cuba, en cambio, sometida a un bloqueo despiadado e injustificado, que incluso se agudizó en plena pandemia de Covid del año 2020 (cualquier empresa sería sancionada por suministrar recursos médicos a la isla), es un país que goza de indudable prestigio internacional por sus lecciones de dignidad y soberanía, mantiene ahora relaciones con varios países latinoamericanos, ha recibido el respaldo directo de distintos gobiernos progresistas de la región, ha merecido los casi unánimes pronunciamientos de la asamblea de la ONU en contra del bloqueo y en forma consecutiva desde 1992, y avanza en medio de severas limitaciones y ataques de todo orden contra su camino de construcción socialista.
En este largo y todavía inacabado proceso de desarrollo del latinoamericanismo del siglo XXI, el más reciente quiebre del monroímo se evidenció en la IX Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles, California, en junio 2022. Por decisión propia, los EE.UU. excluyeron a Cuba, Nicaragua y Venezuela, aunque Manuel López Obrador, presidente de México, fue el primero en cuestionar ese comportamiento (https://bit.ly/3slcjed). Varios países latinoamericanos no asistieron o solo enviaron delegados. Y aunque el tema de Ucrania no fue directamente tratado, al menos se insinuó (https://bit.ly/3ZANY1T). En cambio, son explícitas y tajantes las declaraciones de la comandante del Comando Sur de los EE.UU., General Laura Richardson (https://bit.ly/3HmP9MD), quien considera como parte de la “seguridad nacional” de los EE.UU. un conjunto de recursos naturales latinoamericanos (a la cabeza el litio, pero también agua) y, además, advierte contra la presencia de China y Rusia en América Latina, a quienes considera “adversarios”, y hasta pide que los países que los tengan, “donen” sus equipos militares rusos a Ucrania.
Aprovechando de esa condenable y dolorosa guerra, se ha levantado una nueva cruzada internacional, para dividir al mundo entre el campo de la “libertad” y la “democracia” y el de los “autoritarismos”, para marcar un muro entre Occidente y Oriente, casi como si se tratara de un conflicto entre la “civilización” y la “barbarie”, parafraseando los términos del argentino Domingo Faustino Sarmiento en su famosa obra publicada en 1845.
En forma abierta el tema de Ucrania se ha tratado en la reciente II Cumbre por la Democracia (29-30 marzo, 2023), una reunión internacional convocada, en forma virtual, por el presidente Joe Biden. El documento final (https://bit.ly/3Zu8aTa) se refiere a la “agresión” de Rusia y exige su retiro. Pero no fue respaldado por los presidentes Lula da Silva y López Obrador. En esta línea de comportamiento, cabe recordar que la II Cumbre de CELAC (2014) declaró a América Latina como zona de paz, ratificándolo en la VII-CELAC de Buenos Aires de enero 2023 (https://bit.ly/3JBxy5d).
A pesar de ello, no existe aún una fuerza geoestratégica latinoamericana común y capaz de imponerse, porque el documento antes referido sí fue suscrito por otros gobernantes y es clara cierta división del bloque de gobiernos progresistas de la región, si se advierte, entre otros, los pronunciamientos del presidente de Chile, Gabriel Boric cuestionando a Cuba y alineándose con los EE.UU. Los gobiernos derechistas, por su parte, no tienen frenos ante las convocatorias de las grandes potencias para un alineamiento a su favor. Ello no les libra de sus responsabilidades históricas por las políticas internas. En Ecuador el presidente Lenín Moreno (1917-1921), hoy está sujeto a un proceso penal con pedido de prisión preventiva por la Fiscalía debido a presunto delito de cohecho y trama de corrupción, y Guillermo Lasso, se halla a las puertas de un juicio político ante la Asamblea Nacional, facultado por la Corte Constitucional, sobre la base de presunto peculado, y que podría desembocar en su destitución.
Como puede advertirse, América Latina es una región que, bajo las presiones externas, está desafiada a mantenerse como zona de paz, a fortalecer el latinoamericanismo frente al monroísmo y a desvirtuar la maniquea división internacional en dos esferas de civilización, que no representa al mundo multipolar, pluricultural y de diversidad política, que tiene la humanidad al despegar el siglo XXI.
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Fuente de la Información: https://rebelion.org/desafios-latinoamericanistas-del-siglo-xxi/
Las empresas chinas invirtieron cerca de 172 000 millones de dólares en América Latina entre 2010 y 2016, según una investigación académica. Además, han construido 200 proyectos de infraestructura en veinte países de la región. Estas cifras aumentarán en los próximos años si se cumplen las proyecciones que estiman que para 2035 se duplique el comercio entre el país asiático y la región latinoamericana, de acuerdo con los datos de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China.
Estos resultados son sólo una cara de la moneda. El otro lado muestra cómo varias empresas de capital chino no respetan los derechos de las comunidades afectadas por sus proyectos, de acuerdo con el informe “China: derechos humanos y actividades empresariales en América Latina”, publicado en febrero de 2023 por un colectivo de organizaciones no gubernamentales.
Estas organizaciones realizaron el informe para que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tuviera conocimiento de las problemáticas sociales y ambientales que provocan algunos de los proyectos chinos que se establecen en América Latina, en el marco de una revisión periódica que hace el organismo internacional a los firmantes del tratado internacional Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, entre ellos China, con el objetivo de dar recomendaciones en materia de derechos humanos.
Represa de Ivirizu – Foto Google Earth. Proyectos chinos afectan comunidades de América Latina, según informe de ONGs.
Aunque el comité de la ONU no tiene herramientas para castigar a China o los demás países, sí puede generar una discusión constructiva para que las naciones acojan de manera voluntaria las sugerencias. De hecho, en su sesión de marzo de 2023, este organismo emitió sus más recientes recomendaciones al país asiático. Entre estas, le pidió a este país garantizar el respeto de los derechos humanos en sus proyectos realizados en el exterior, como exigían las organizaciones que realizaron el informe sobre las actividades empresariales chinas en América Latina.
Las organizaciones que elaboraron el documento —entre ellas la suiza Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR, por sus siglas en inglés) y el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) hallaron poco más de una decena de proyectos problemáticos ubicados en nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Seis de esos proyectos son mineros, cuatro son hidroeléctricas, dos de hidrocarburos y uno de alimentos.
Uno de los hallazgos del informe es que los proyectos analizados afectan el medio ambiente. “Estos proyectos están en ecosistemas frágiles, como los son las zonas de humedales Ramsar, en áreas protegidas claves para la sostenibilidad del clima global o declaradas zonas patrimonio de la UNESCO”, denuncia Sofía Jarrín Hidalgo, asesora de incidencia en Amazon Watch, una de las organizaciones miembro del CICDHA firmante del informe.
CICDHA y las demás organizaciones seleccionaron los casos después de un monitoreo de más de cinco años de las inversiones chinas en la región. Su informe se nutre, sobre todo, de las denuncias de comunidades afectadas.
Mapa Minería 2022 en Pueblo Shuar Arutam. Datos: F. EcoCiencia y monitoreo PSHA.
Afectaciones a pueblos indígenas y daños ambientales
El análisis realizado por las organizaciones encontró que los proyectos han tenido un impacto negativo en ecosistemas frágiles. Tres proyectos impactan a la Amazonía, tres a áreas protegidas y uno a un sitio patrimonio de la humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
“Todos los proyectos presentan un impacto significativo en el disfrute del derecho a un medio ambiente sano, como resultado de la deforestación y la contaminación del aire y del agua, lo que compromete la soberanía alimentaria y el acceso al agua de comunidades aledañas y pueblos indígenas”, dice el informe.
De los tres proyectos desarrollados en Ecuador, dos son mineros y uno de hidrocarburos. Todos están en la cuenca amazónica de este país. Según el informe, “solo el proyecto minero Mirador impacta al menos 16 ecosistemas diferentes, donde se encuentran 4 000 especies de plantas y hasta 400 especies de algas”. Por ejemplo, en el proyecto Mirador —operado por la compañía china Tongguan con financiación de seis bancos chinos— se deforestaron, al menos, 1 300 hectáreas, según el informe.
Sofía Jarrín Hidalgo comentó que los tres proyectos chinos en la Amazonía ecuatoriana tienen problemas de cumplimiento del consentimiento libre e informado. Por ejemplo, al pueblo shuar arutam, a fines de 2022 la Corte Constitucional le reconoció la vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada en el marco del proyecto minero de cobre San Carlos-Panantza —desarrollado por la china Tongguan con dineros de, al menos, cinco bancos chinos, incluido el Banco de Desarrollo de China— ordenando dejar sin efecto la licencia ambiental. “Pese a eso, el gobierno ecuatoriano sigue promoviendo el proyecto en publicidad radial a nivel local y promoviendo espacios de socialización”, dijo Jarrín Hidalgo.
El informe también resalta que hay proyectos de capital chino desarrollados en áreas protegidas. Uno de estos espacios es la Reserva de la Biosfera Yasuní en Ecuador —que cuenta con categoría de protección ambiental Ramsar— impactada por el proyecto campo petrolero Ishpingo, el cual “se sitúa en un humedal de importancia mundial, con 1500 especies de plantas, 600 de aves y 178 de mamíferos”, incluyendo algunos amenazados como el manatí amazónico (Trichechus inunguis), nutrias gigantes (Pteronura brasiliensis) y delfines de río o toninas (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis). Allí, además, habitan los pueblos indígenas cofán, kichwa, huaorani, shuar, secoyas y sionas.
Otros proyectos que, según el informe, afectan especies de flora y fauna protegidas son la planta de procesamiento de salmón Dumestre de la firma china Joyvio en Chile, y la hidroeléctrica Santa Cruz, en Argentina —adjudicada a un consorcio que incluye a la china China Gezhouba Group Company Ltd y financiada por el Banco de Desarrollo de China, el Banco Industrial y Comercio de China y el Banco de China— así como la hidroeléctrica Ivirizu, en Bolivia.
El Complejo Hidroeléctrico Santa Cruz, en el sur de Argentina, tuvo mucha oposición de los comuneros del lugar. Foto: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN de Argentina). De acuerdo con el documento de las ONGs, este y otros proyectos chinos afectan comunidades y al medio ambiente en América Latina.
Sobre la hidroeléctrica Ivirizu, operada por la empresa china Sinohydro Corporation Ltd, Mongabay Latam habló con Franco Albarracin, experto en Derechos Humanos del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), organización que participó del informe. “El proyecto afectará varias zonas ecológicas que se caracterizan por su elevada diversidad biológica. Se estima la existencia de más de 3 000 especies de plantas, de las cuales solo 614 han sido registradas en la zona. Entre las más notables están los bosques de queñua (Polylepis), huaycha (Weinmannia boliviana) y nogal (Juglans)”, dice Albarracin.
Y agrega que “la deforestación (proyectada) de más de 280 hectáreas de bosque amenaza en particular a la fauna silvestre”. En el área existen más de 382 especies que incluyen 52 de mamíferos superiores, entre los que destacan el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) el venado andino (Hippocamelus antisensis), el jaguar (Panthera onca) y el gato andino (Leopardus jacobita). También hay más de 700 diferentes tipos de aves. La especie en mayor peligro de extinción es la rana yuracare (Telmatobius yuracare).
Además, denuncia que las vías del proyecto han fomentado el ingreso ilegal de cultivadores de hoja de coca, lo que pone en riesgo el equilibrio ecológico del Parque Nacional Carrasco y las comunidades indígenas de la zona. También denuncia que la empresa Sinohydro, encargada del proyecto, subcontrata a 120 de los trabajadores y que la compañía no entrega información a la comunidad.
El informe también menciona los campos petroleros Junín y Ayacucho, en Venezuela, al considerar que afectan un humedal y al río Orinoco. Estos campos hacen parte del proyecto Desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco operados por la compañía China National
Petroleum Corporation con financiación del Banco de Desarrollo de China. El reporte también habla de un proyecto minero en Buriticá, Colombia, que afecta el bosque seco tropical en la región del río Cauca, zona que ya ha perdido 66 % de sus bosques entre 1957 y 1986.
Campamento del proyecto San Carlos Panantza. Foto: Segundo Espín / Revista Vistazo. Según un informe de ONGs este y otros proyectos chinos afectan comunidades de Latinoamérica.
El agua ha sido uno de los recursos más impactados, según el documento. “En el caso del mega complejo industrial de la Planta Dumestre, en Chile, se redujo la disponibilidad de agua para comunidades vecinas en 12 000 litros; en el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco (Venezuela) dichas restricciones han generado protestas”, describe.
El recurso hídrico ha sido contaminado en seis casos, según la denuncia de las organizaciones. Por ejemplo, el proyecto minero Buriticá en Colombia —de la empresa china Zijin-Continental Group— está generando un vertimiento de aguas servidas y está usando cianuro, de acuerdo al informe.
El proyecto Orinoco en Venezuela ha tenido derrames petroleros, mientras que el sistema de drenaje y vertimiento de depósitos en la mina Toromocho en Perú —de la compañía Aluminum Corporation of China con dineros del Banco de Desarrollo de China y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China—también afecta la calidad del agua, dice la investigación.
Además, las organizaciones alertan del riesgo de derrame de contaminantes en caso de ruptura del proyecto minero Mirador en Ecuador.
Las organizaciones ISHR y CICDHA mencionan el caso de la planta Dumestre en Chile por contaminación del agua con desechos de antibióticos y residuos, así como el del proyecto hidroeléctrico São Manuel en Brasil —operado por un consorcio de empresas públicas y privadas, entre ellas la China Three Gorges y con financiación del Banco de Desarrollo de China— que afecta fuentes de agua. Adicionalmente, denuncian la contaminación del aire ocasionada por proyectos ubicados en Colombia, Chile y Perú.
Raphaël Viana David, responsable de incidencia para China y América Latina en el International Service for Human Rights, además de ser uno de los autores del reporte comentó este hallazgo. “Hay afectaciones al derecho al agua y a la soberanía alimentaria. Hay casos de contaminación del aire, del agua, lo que implica afectaciones a la salud de las personas que la consumen. Representa una amenaza a las fuentes tradicionales de alimentación, en particular de pueblos indígenas. Pueden poner en riesgo a especies en peligro de extinción y sus ecosistemas”, dice Viana.
El informe además halló que en once de los proyectos “se evidencian abusos de pueblos indígenas, los cuales carecieron de procesos de consulta adecuados que garantizaran su consentimiento libre, previo e informado (…) Los desalojos forzosos y la restricción de acceso a vivienda y la destrucción de la tierra y territorio de los pueblos indígena han afectado negativamente su salud mental individual y colectiva y han debilitado fuertemente su tejido comunitario y organización sociocultural”.
Uno de los casos es el de las 1 200 familias del pueblo shuar arutam, distribuidas en 47 comunidades, impactadas por el proyecto minero San Carlos-Panantza, en Ecuador, que denuncian no haber sido consultados de manera diligente. El proyecto petrolero Ishpingo en Ecuador —operado por la compañía China National Petroleum Corporation— y la hidroeléctrica São Manuel en Brasil podrían generar un contacto forzado con pueblos en aislamiento voluntario. En el caso de Ecuador, los pueblos aislados relativamente cercanos al proyecto son los Tagaeri y los Taromenane, según el informe. El caso ecuatoriano está siendo evaluado por “la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la gravedad del caso y posible etnocidio”, se señala en el documento.
“Hay un sistemático irrespeto con los derechos de las comunidades locales e indígenas”, complementa Marco Gandarillas, responsable de fortalecimiento de capacidades de la organización no gubernamental Latinoamérica Sustentable. Gandarillas también resalta que los estudios de impacto ambiental y los procesos de consulta previa están siendo incompletos.
Más de 800 personas siguen trabajando en el proyecto Mirador, según dice el Viceministro de Minas. Fotografía de Diego Ayala León. Según un informe de ONGs este y otros proyectos chinos afectan comunidades de Latinoamérica.
La responsabilidad del Estado chino
Los investigadores del informe consultados por Mongabay Latam también reclaman que los proyectos están generando represión contra las comunidades afectadas. En algunos proyectos “hay convenios con empresas de seguridad que afectan los derechos de asociación y protesta de las comunidades”, dice Gandarillas. “Pese a la intención de las comunidades y las organizaciones, sólo ha sido posible establecer espacios de diálogo esporádicos con las empresas chinas”, agrega. También asegura que es común que ni el Estado chino, ni las compañías respondan a las comunicaciones de las personas afectadas o las organizaciones no gubernamentales latinoamericanas.
¿Pero quiénes desarrollan los proyectos cuestionados? Trece de estos son operados por once empresas o consorcios chinos y ocho son financiados por bancos del país asiático. Las empresas responsables de los proyectos cuestionados incluyen nombres como Sinohydro Corporation Ltd, en el caso de la hidroeléctrica Ivirizu en Bolivia; y la China National Petroleum Corporation (CNPC), con financiación del Banco de Desarrollo de China, en el proyecto petrolero Orinoco en Venezuela.
En China es frecuente que las empresas sean de capital estatal. Entre los financiadores están el Banco de Desarrollo de China, el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Banco EXIM), el Banco Industrial y Comercial de China y el Banco de China, todos propiedad del Estado chino.
Para los analistas, el Estado chino no se puede desligar de su obligación de proteger los derechos humanos fuera de su territorio. “El Estado chino tiene una gran responsabilidad. La mayor parte de las empresas son de propiedad estatal, semiestatal o han tenido apoyo financiero de entidades estatales chinas”, señala Gandarillas.
Viana agrega que “es claro que China también tiene obligaciones extraterritoriales en casos en los que el gobierno tiene la obligación de asegurarse que los actores que están bajo su jurisdicción no cometan abusos de derechos humanos, porque eso implicaría un incumplimiento con las obligaciones del Estado. Para nosotros estos casos constituyen incumplimientos a sus obligaciones extraterritoriales bajo el derecho internacional”.
Mapa Base. La extensión de la vía de acceso (en rojo) se acerca a las plataformas planificadas dentro del campo Ishpingo y a la Zona Intangible. Datos: ACA/MAAP. Según un informe de ONGs este y otros proyectos chinos afectan comunidades de Latinoamérica.
Sofía Jarrín, por su parte, considera que es necesario que se establezcan mecanismos eficaces de seguimiento y control de la actividad empresarial, particularmente donde existen denuncias previas de abuso corporativo. “Es fundamental contar con canales formales y adecuados de queja y denuncia, que permitan responsabilizar a las empresas y financistas, en virtud de sancionar el comportamiento abusivo de las empresas y garantizar el acceso a la remediación y reparación integral de las comunidades afectadas”.
Por ahora, celebran que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) haya entregado al país asiático en marzo de 2023 recomendaciones similares a las del colectivo de ONGs sobre una mejor debida diligencia en los proyectos chinos en el extranjero. “Este comité ha dado un paso histórico para exigir mayor responsabilidad de China con sus obligaciones extraterritoriales en derechos humanos en sus proyectos de inversión y financiamiento en el mundo. Esperamos que este país se comprometa con la implementación de las recomendaciones del comité DESC”, dice Gandarillas.
Mongabay Latam buscó conocer la posición de las compañías chinas mencionadas en este artículo a raíz de los hallazgos del informe, pero al cierre de esta publicación no se recibió su respuesta.
*Imagen principal: Bosque del Parque Nacional Yasuní. Este lugar megadiverso en fauna y flora está ubicado en Pastaza y Orellana. Foto de José Schreckinger. Según un informe de ONGs este y otros proyectos chinos afectan comunidades de Latinoamérica.
Esta fue la región que más tardó en reabrir sus aulas. Tres años después del inicio de la crisis sanitaria, ocho expertos analizan la situación: aumentó la deserción escolar y la brecha digital.
Guatemala cerró las escuelas por la pandemia el 16 de marzo de 2020. Tres meses después, el maestro Edvin Mó ya había creado todo un plan alternativo a la propuesta de Aprende en casa del Ministerio de Educación. “Mis niños jamás las habrían entendido, no estaban contextualizadas”, cuenta por teléfono. Así que decidió armar grupos de tres o cuatro alumnos de la Aldea Chixajau, en el departamento de Alta Verapaz, e ir a darles clases. “Nos poníamos mascarillas y llevaba un tablero, no me importó exponerme al virus. Era la única forma de que sintieran que algo era normal”, recuerda. A 1.500 kilómetros de ahí, en el Estado mexicano de Nueva León, Ariana Lucio Muñoz, también decidió reescribir los cuadernillos que llegaron a su escuela rural apenas a finales de año. “Nada del material online nos servía. Casi nadie en la comunidad tiene internet. Tuvimos que buscar nosotros mismos las estrategias”, cuenta por videollamada.
La pandemia le dio la vuelta a todo. Y la educación no fue una excepción. América Latina y el Caribe fue la región que más tardó en reabrir. Aunque era injusto pedirle a los gobiernos preparación los primeros meses, tanto profesores como alumnos, sobre todo en las zonas rurales del continente, criticaron la lejanía de los ministerios de Educación. Sienten que no tuvieron en cuenta el contexto particular de los 170 millones de niños y adolescentes y su ritmo de aprendizaje.
Un niño toma clases con el maestro Edvin Mó en Guatemala.EDVIN MÓ
La pandemia y las necesidades económicas expulsaron de la escuela a más de tres millones de niños en edad lectiva en los últimos tres años. Actualmente, según datos del Banco Mundial y la agencia de la ONU de la infancia, Unicef, hay 15 millones de niños y adolescentes que no van al colegio. Es una cifra similar a la población de Ecuador. Para Alejandra Meglioli, directora del programa regional de calidad e impacto de Save the Children,hablar de deserción es eufemístico: “Son niños a los que el sistema no supo mantener en las clases, es exclusión”. Las consecuencias de esa salida temprana son muy diferentes según el sexo: ellas suelen quedarse embarazadas o dedicarse a los cuidados del hogar, mientras que ellos salen a trabajar, principalmente en el campo. En la casa o cosechando, la pandemia les robó la infancia.
El mismo informe del Banco Mundial y Unicef arroja unas cifras preocupantes: cuatro de cada cinco niños menores de 10 años no son capaces de leer un texto corto. Para Ítalo Dutra, asesor regional de Educación para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, este dato es “alarmante”: “Ya teníamos una crisis de aprendizaje muy fuerte. Nuestro desarrollo económico y social ya estaba estancado por ello. No invertir en los más pequeños es perpetuar la escasa movilidad social, que accedan a peores trabajos, que cobren menos… Que siga el mismo ciclo de pobreza”. El impacto económico es inabarcable. De acuerdo una estimación de Jaime Saavedra, director general de Educación del Banco Mundial, la generación de niños que se ha quedado atrás en los países de bajos recursos provocará una pérdida de 11 trillones de dólares. “En algunos países, es como si la pandemia hubiera borrado diez años de progreso”, explicó en una entrevista con The Economist.
Un grupo de niños en un aula después del confinamiento por la pandemia, en Rosario (Argentina), el 15 de marzo de 2021.EUROPA PRESS
En países como Perú, donde las escuelas estuvieron alrededor de dos años cerradas —más que discotecas o peluquerías— ya hay algunas señales de la herida que esto dejó en el aprendizaje. Carla Gamberini Coz, directorra ejecutiva y cofundadora de MásEducaciónPe, explica que, a finales del año pasado, la Evaluación Virtual de Aprendizaje (EVA) que se hizo al 48% de alumnos de segundo de Primaria y segundo de Secundaria encontró datos inquietantes. “El rendimiento promedio en comprensión lectora cayó 16 puntos desde 2019, que fue la última vez que se hizo esta prueba. Es un salto grande, teniendo en cuenta que, entre 2015 y 2019, la diferencia había sido sólo de 0,3 puntos”, comenta. En matemáticas, la situación fue similar: la tendencia bajó en 13 puntos. Pero lo que más intranquiliza a Gamberini es la parte emocional. “Los datos señalan que solo uno de cada diez chicos es capaz de controlar sus emociones y que solo dos de cada diez tiene la posibilidad de hacer amigos fácilmente”, recuerda.
En Perú, además, este antecedente se combina con otras malas noticias: como en una especie de déjà vu, varios colegios volvieron a cerrar, no por la pandemia, sino por las torrenciales lluvias y las protestas que trajo la crisis política del país. “Contrario a lo que se dijo durante la covid, que se había visibilizado finalmente la importancia de la educación, ante cualquier nuevo problema, Perú, en vez de evitar cerrar las escuelas o evitar retrasar el inicio de la escuela, lo que ha hecho a nivel regional es no empezar la educación de nuevo”, apunta.
Por su parte en Colombia, la deserción también aumentó durante la pandemia, aunque más en el sector privado que en el público. Según explicó el Ministerio de Educación a América Futura, mientras en la enseñanza oficial la deserción entre los años 2020 y 2021 aumentó hasta 4,1% (después de fluctuar históricamente alrededor de 3,1%), en el sector no oficial “hay un claro salto del 2019 al 2020 pasando de 2,6% al 5,7%”. “Este comportamiento puede estar relacionado con la capacidad económica de los padres de familia para mantener a los estudiantes en los colegios no oficiales. Adicional, en el 2021, se mantiene esta tendencia de subida llegando hasta el 6,1%”, aseguran.
Brecha digital
Si hay alguna brecha en el continente que se ahondó durante la pandemia fue la digital. La covid forzó la digitalización y el estudio remoto en países con bajísimas tasas de acceso a internet. En Brasil, uno de cada tres ciudadanos no puede conectarse. En Guatemala, esta cifra alcanza el 50%. Y en Perú, el 25%. “Este modelo de educación remota dejó a mucha gente afuera, sobre todo a los niños más pequeños”, añade Dutra.
La profesora Ariana Lucio Muñoz, del Estado mexicano de Nueva León, siente que su aula fue una de esas que quedaron en los márgenes. “Sentí mucha frustración. Nos sentimos más desaventajados que nunca, nos hablaban de dar clases por Zoom cuando ni los profesores sabíamos cómo usarlo ni los alumnos tenían desde dónde conectarse”, lamenta. “Siento que el plan b se pensó para otra realidad, definitivamente no para la de la ruralidad”.
Sofialeticia Morales Garza, secretaria de Educación de ese mismo Estado, celebra que prácticamente el 100% de los estudiantes volvió a la presencialidad. “La sensibilización con los padres jugó un papel importantísimo. A fin de cuentas, eran ellos los que tomaban la última decisión de mandar o no al menor”, explica por videollamada. Para Morales, hay dos retos fundamentales en su mandato: traer a las escuelas a los más de 9.000 adolescentes que la abandonaron y aplicar modelos híbridos como elección y no por necesidad: “Queremos apostarle a eso porque es lo que pide la educación del siglo XXI”.
“El debate de digitalizar la educación no es nuevo”, cuenta Bibiam Díaz, especialista en educación de CAF-banco de desarrollo de América Latina. “La incorporación de la tecnología al aprendizaje fue de lo más desigualador, pero hoy es una oportunidad. Y hay muchos países que están haciendo verdaderos esfuerzos en reducir precisamente esta brecha”, apunta.
Sin embargo, la brecha digital no implicó una caída de matrículas en el área rural en países como Colombia. “Inclusive, se observa que el gran peso de la disminución en la matrícula (126.685 estudiantes en el periodo evaluado), es mucho mayor en la zona urbana (108.182), mientras que 18.503 corresponden a zona rural”, indica el Ministerio de Educación.
Un padre ayuda a sus hijos a estudiar en casa, durante la pandemia de la covid-19, en Bogotá (Colombia), el 13 de junio de 2020.CARLOS ORTEGA (EFE)
Un nuevo paradigma, ¿una nueva educación?
El escenario educativo dio un giro de 180 grados. Sin embargo, los expertos señalan que existen infinitas posibilidades de aprovechar el paradigma actual y darle forma a la escuela latinoamericana postpandémica. Para ellos, son cuatro las características fundamentales que debe tener una nueva educación: una escuela que sea flexible para las necesidades individuales, un plan de estudios que desarrolle las habilidades y competencias, capacitaciones a los docentes para que no sientan que están solos y un protocolo que acerque las aulas a la comunidad. “La realidad de una escuela en el Chocó [Pacífico colombiano] no tiene nada que ver con otra en Bogotá”, añade Díaz. “El acceso y las oportunidades tienen que ser las mismas”.
Daniela Trucco, oficial superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal), y quien hizo parte de una publicación sobre la educación en la región durante la pandemia en la que se dan unas recomendaciones sobre cómo transformar la enseñanza, también arroja unas señales. Lo primero es hacer pruebas diagnósticas para conocer cuáles son los vacíos de aprendizaje de niños y niñas. Pero, más allá de eso, aclara, se deben conseguir mayores apoyos en las escuelas para estar pendiente del bienestar socioemocional de la comunidad. “Lo ideal sería un psicólogo independiente por escuela pero, como es difícil, la educación se debe articular con las políticas del sector salud”.
Además, sugiere que se debe reforzar la plantilla de docentes, ya que no todos necesariamente tienen las capacidades para abordar las necesidades de los estudiantes, “tanto en su salud, como en la recuperación del aprendizaje”. Lo más importante, sin embargo, es lo que se ha dicho incluso antes de la pandemia: que se invierta en educación, pero “con una mirada de transformación, no de recuperar el status quo antes de la covid-19, sino de una educación más inclusiva”.
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