Costa Rica

En el 2018 deberá cumplirse con el 8% del PIB para la enseñanza.

Por incremento en inflación, hay que destinar más recursos a remuneraciones.

El Ministerio de Hacienda comenzó a elaborar el plan de gastos del 2018 y topa con importantes aumentos en las erogaciones, para las cuales no cuenta con recursos adicionales.

Uno de los incrementos más relevantes es el gasto en educación, el cual deberá pasar de un 7,62% del producto interno bruto (PIB), este año, a un 8% el próximo año.

Esta decisión se debe a una sentencia de la Sala Constitucional, emitida el 7 de setiembre del 2016, la cual declaró con lugar una acción contra el presupuesto asignado al Ministerio de Educación Pública (MEP) para el periodo 2015 (7,7%). Dicho fallo previene al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa de no volver a incurrir en la misma omisión.

Esto implica que el gasto en la enseñanza pública deberá dar un salto de ¢2.564.941 millones, erogados este año, a unos ¢2.974.000 millones en el 2018, según la producción prevista para el próximo año en el programa macroeconómico del Banco Central.

La diferencia de ¢409.000 millones adicionales representa un 1% de la producción prevista para el próximo año. Si no se generaran nuevos impuestos o proyectos para obtener recursos frescos, el incremento pasaría a engrosar el ya abultado déficit de 6% del PIB, estimado para el año entrante.

José Francisco Pacheco, viceministro de Hacienda encargado de gastos, explicó que todavía están estudiando el voto de la Sala IV, para confirmar que es el 8% del PIB la cantidad que tendrían que incluir el próximo año en el plan de egresos.

En junio del 2010, la Asamblea Legislativa aprobó una segunda reforma al artículo 78 de la Constitución Política, la cual establece que, a partir del 2011, el aporte estatal a la educación debería aumentar a un 8% del PIB; no obstante, por la complicada situación fiscal, el mandato ha sido difícil cumplir, como también fue arduo acatar el 6%, aprobado en 1997.

Presupuesto para ayuntamientos

Al aumento en la partida para educación se suma también el dinero adicional que se debe transferir a las municipalidades por la Ley Especial de Transferencia de Competencias.

Esta norma obliga a darles ¢20.000 millones más por año a los ayuntamientos, entre el 2016 y el 2018, hasta completar ¢60.000 millones extras.

Además, explicó Pacheco, en vista del repunte en la inflación, habrá que incluir más recursos para el pago de remuneraciones.

El viceministro aseguró que todavía es temprano para hacer una estimación sobre cuánto subirá la cuenta de intereses, otro disparador del gasto.

«Nosotros estamos esperando que no baje de ¢1.000 millones (el pago de intereses), pero como todavía el Gobierno va a seguir endeudándose día tras día, depende de los términos de endeudamiento del Gobierno», comentó el viceministro.

El presupuesto que actualmente prepara Hacienda será el que deberá enfrentar el nuevo Gobierno, a partir del 8 de mayo del 2018.

Para el investigador Miguel Gutiérrez Saxe, el país tiene una larga tradición, «terriblemente mala», de asignar rubros de gasto sin prever de dónde saldrán los recursos. Tal es el caso del 8% del PIB para la educación.

Gutiérrez explicó que el Estado de la Nación hizo un recuento y existen cerca de 400 leyes que tienen derechos asignados y menos del 20% explica de dónde se obtienen los recursos para cumplir con la obligación presupuestaria.

Hacer un incremento en el gasto, detalló, lleva a elevar el grado de deuda pública, y esto presiona al alza las tasas de interés.

«Es una ecuación que no tiene solución. Más déficit conduce a una ruta de crecimiento del endeudamiento, lo cual pone en evidencia la necesidad de una reforma fiscal, que es impostergable», señaló el especialista.