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ONU: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos

(Artículo de la serie del 75 aniversario de la ONU)

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno de los grandes hitos de la historia, fue resultado del espanto de la Segunda Guerra Mundial y se concibió como el compromiso de no permitir que las atrocidades cometidas durante esa conflagración volvieran a ocurrir nunca.

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; sin embargo, tuvieron que suceder horrores masivos e indiscriminados para que el mundo se diera cuenta de la necesidad de proteger de alguna manera esos derechos. En su acepción más simple, los derechos humanos reconocen la dignidad inalienable de todas las personas, al igual que sus derechos inherentes y libertades fundamentales.

Al igual que la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue resultado de la crueldad sin límite de la peor guerra de la historia.

Precursores

Sin ningún voto en contra aunque con ocho abstenciones, la considerada por muchos Carta Magna de la Humanidad fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Pero sus antecedentes se remontan a la Antigüedad, con su primer antecedente registrado en el año 539 a.C., cuando el emperador de Persia Ciro el Grande conquistó Babilonia y liberó a todos los esclavos, declarando además la libertad de religión.

Estos principios fueron grabados en escritura cuneiforme en un cilindro de barro descubierto en la última parte del siglo XIX. El llamado “Cilindro de Ciro” se considera el primer documento de derechos humanos de la historia. Actualmente se encuentra en el Museo Británico, en Londres.

Dieciocho siglos después vino la Carta Magna de las Libertades en 1215 durante el reinado de John de Inglaterra, que estipulaba por primera vez que el rey también estaba sujeto a la ley. Posteriormente llegó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada en 1789 y convertida en un documento fundamental de la Revolución Francesa, que establecía la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos franceses.

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La redacción

Una vez fundada la ONU en 1945, los Estados miembros decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta que garantizara los derechos de todas las personas en todo lugar y en todo momento.

La Asamblea General encomendó la redacción de ese documento a un comité compuesto por representantes de 18 países y presidido por Eleanor Roosevelt, defensora activa de los derechos de las mujeres, los niños y las minorías raciales, activista humanitaria y esposa del para entonces fenecido presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt.

Eleanor Roosevelt fue nombrada delegada de su país ante la ONU por el mandatario Harry S. Truman, sucesor de Franklin D. Roosevelt. El equipo que lideraba comenzó a trabajar en 1945 y presentó un primer borrador a la Asamblea General en 1946, que lo examinó en su primer periodo de sesiones.

La Asamblea lo remitió al Consejo de Económico y Social, que se ocuparía del tema de los derechos humanos, para que lo analizara y, a su vez, lo sometiera a la flamante Comisión de Derechos Humanos -el grupo originalmente encargado de la redacción del documento-, para que ésta afinara el primer proyecto.

La Comisión, cuyos 18 integrantes provenían de diversas formaciones políticas, culturales y religiosas, celebró su primer periodo formal de sesiones a principios de 1947. En esas reuniones nombró a ocho de sus miembros para redactar el documento, quienes presentaron su propuesta de borrador a los miembros de la ONU en septiembre de 1948. Más de 50 Estados participaron entonces en la redacción final y el 10 de diciembre de ese año, la Asamblea General aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando sesionaba en París.

El magistrado y diplomático chileno Hernán Santa Cruz, quien formó parte del grupo de redactores, dijo alguna vez que ese día “en el salón había una atmósfera de solidaridad y hermandad genuinas entre hombres y mujeres de todas las latitudes, la cual no he vuelto a ver en ningún escenario internacional”.

Para marcar la importancia de la fecha, por decisión de la Asamblea General, a partir de 1950 se conmemora el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de cada año.

Versiones multilingües de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Proceso colosal

La elaboración de la Declaración resultó una tarea titánica para los redactores en el contexto de un mundo dividido en un bloque oriental y otro occidental. Escribir el borrador implicó una serie de debates como el concepto de dignidad humana, los factores culturales en la gama de derechos a incluirse, la relación del individuo y el Estado y la sociedad, la relación entre derechos y responsabilidades de la persona y el papel de los valores morales en individuo y el bienestar social, entre otros.

Sin embargo, los redactores fueron capaces de encontrar un terreno común y su voluntad de proteger los derechos de todas las personas les permitió completar el trabajo en menos de dos años.

La Declaración se ha traducido a más de 500 idiomas y es, de acuerdo con la Asamblea General, “el estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones». Consta de 30 artículos que contienen una amplia lista de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

La Declaración incluye, por ejemplo, el derecho a no sufrir tortura, y el derecho a remediar las violaciones de las garantías fundamentales que emanan de la propia Declaración. Además, garantiza el derecho a la participación política y en el gobierno, del derecho al trabajo y a sindicalizarse, así como a participar libremente en la vida cultural de la comunidad. Muy importante también es el derecho a la educación.

Un grupo de niños lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos en un jardín de niños.

Instrumentos derivados

Pese a no ser vinculante debido a que las diferencias ideológicas de la Guerra Fría impidieron elaborar un instrumento que obligara legalmente a sus firmantes a respetarlo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha sido el fundamento de numerosas normas internacionales y leyes nacionales sobre la materia.

A lo largo de los años transcurridos desde su proclamación, el compromiso con sus principios ha sido básico en la esfera del derecho en forma de tratados, principios generales, acuerdo regionales e internacionales, legislaciones nacionales y demás. Se estima que ha inspirado más de 80 declaraciones y tratados internacionales, un gran número de convenciones regionales y un cúmulo de leyes y disposiciones constitucionales que enmarcan un amplio sistema jurídicamente vinculante para proteger los derechos humanos.

Poco a poco, los tratados internacionales de derechos humanos se fueron especializando en los temas que abordan y en los grupos sociales a los que buscan proteger. Así, en noviembre de 1959, los 78 Estados que entonces conformaban la ONU aprobaron por unanimidad la Declaración de los Derechos del Niño. De ella surgió en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que cobró vigencia en 1976 y, más tarde, en noviembre de 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue entró en vigor menos de un año después, en septiembre de 1990 y que es hasta hoy el instrumento internacional vinculantes más ratificado de la historia. Estados Unidos es el único país que no ha sumado su firma a las ratificaciones.

Destaca también la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en septiembre de 2007 por la Asamblea General después de más de años de debate y negociaciones debido a que aborda cuestiones como los derechos de los grupos, las tierras y los recursos que fueron objetados durante mucho tiempo por los Estados. El texto está avocado a proteger las culturas indígenas y a garantizar su participación en la toma de decisiones y su acceso a una educación en sus lenguas originarias. Asimismo, confirma su derecho a la libre determinación y reconoce sus derechos relacionados con los medios de subsistencia, las tierras y recursos.

Producción: Carla García

Fuente de la Información:  https://news.un.org/es/story/2020/06/1475502
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UNESCO: Comunicación, pensamientos y vida de los pueblos indígenas. Conversatorio y talleres

El 7 de agosto de 2021, Radio Jënpoj conmemorará sus primeras dos décadas de historia y de transmisiones, siendo el número 20 de especial importancia para la cultura ayuujk porque su numeración es vigesimal y porque su montaña ceremonial-sagrada es el ii’pxyyukp (Cerro de los 20 picos). Por ello, cumplir 20 años es símbolo de fortaleza y esfuerzo espiritual para la palabra de los Ayuujk Jënpoj (“Vientos de Fuego” en mixe).

En el marco del XX Aniversario de la Radio Jënpoj, del reciente Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (21 de mayo), y del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), la Radio Jënpoj y la Oficina de la UNESCO en México, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, AMARC México, COMUNICARES y la DW Akademie, llevarán a cabo un conversatorio entre radios indígenas y comunitarias, así como una serie de tres talleres para fortalecer sus capacidades de comunicación. Estas actividades tendrán lugar el 6 y 9 de agosto (de las 10:00 a las 14:00 horas del centro de Méxcio) en las plataformas zoom y facebook.

Las radios comunitarias e indígenas forman parte de las industrias culturales y creativas ya que generan empleos, ingresos y sostenibilidad. También promueven la diversidad lingüística y cultural del país, al tiempo que fortalecen los valores y vínculos identitarios propios de los pueblos indígenas y de las comunidades.  Estas radios contribuyen al fortalecimiento de la paz, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. Su papel en nuestra sociedad involucra la creación de contenidos, la preservación del patrimonio y, sobre todo, habilita nuestros derechos de acceso a la información y a la libertad de expresión.

En México se hablan 68 lenguas indígenas y se cuenta con más de 25 millones de personas que se reconocen como indígenas[1]. Sin embargo, un gran número de estas lenguas están amenazadas y en riesgo de desaparecer. En este contexto, las radios comunitarias e indígenas cobran especial relevancia para mantener vivas las lenguas indígenas y las expresiones culturales, ya que tienen la capacidad de promover identidades y cosmovisiones a través de la producción y distribución de sus contenidos.

Hoy en día, a nivel nacional, con concesión existen 95 registros de radios comunitarias y 19 de radios indígenas, dato que contrasta con las más de 2000 frecuencias de uso comercial[2]. Ante este panorama, las radios indígenas y comunitarias constituyen un elemento fundamental para un ecosistema mediático plural y diverso. No obstante, se enfrentan a diferentes retos para su existencia y sostenibilidad.

El taller AMI lo facilita COMUNICARES, organización de Guatemala y experta en la materia; esta actividad es apoyada por la DW Akademie y forma parte de los esfuerzos de la Red AMI en México. El taller de seguridad para comunicadoras y comunicadores indígenas y comunitarios será facilitado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quienes cuentan con amplia experiencia en el tema. Finalmente, el taller para tramitar la concesión indígena será impartido por el académico Álvaro Guzmán, especialista en el tema y con experiencia laboral en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como Director General de Concesiones de Radiodifusión.

Participan:

  1. Radio Jënpoj
  2. UNESCO México
  3. COMUNICARES A.C. (Guatemala), facilitador del taller
  4. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, facilitador del taller
  5. AMARC México
  6. Álvaro Guzmán, facilitador del taller
  7. Radios indígenas y comunitarias

 -Transmisión en vivo-

https://www.facebook.com/UNESCOMX

 

[1]  Comunicado. En el país, 25 millones de personas se reconocen como indígenas: INALI. Disponible en: https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50.html

[2]  Datos obtenidos a través del Registro Público de Concesiones, disponible en: https://rpc.ift.org.mx/vrpc

Fuente de la información e imagen:  https://events.unesco.org

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Uruguay: Nuevas formas de segregación y control social

Nuevas formas de segregación y control social

Fuentes: La Jornada

La segregación siempre fue una forma de dominación, al separar a las personas por su pertenencia de clase, de color de piel, de opciones sexuales y geografías. Los trabajadores siempre vivieron en barrios separados de las clases medias y altas, en áreas con menos servicios, peor calidad del aire y del agua, y con mucha menor cantidad de espacios verdes.

Los pueblos originarios y negros han sido despojados de sus territorios, proceso que se ha profundizado en las últimas décadas, condenándolos a vivir en las tierras menos productivas, a menudo en pendientes y zonas rocosas, como sucede con los nasa y misak, del Cauca colombiano.

Hay muchas más formas de segregación, pero ahora aparecen nuevas, con la excusa de la pandemia. Se perfilan pasaportes sanitarios para atravesar fronteras, incluyendo o excluyendo las vacunas que las multinacionales prefieren o rechazan.

Por ejemplo, un latinoamericano no podrá ingresar a Europa si fue vacunado con Sinovac, aunque es uno de los biológicos más difundidos en la región (https://bit.ly/3nebLmH). No sólo exigen vacunación, sino que discriminan por la geografía de donde proviene la persona, en una geopolítica sanitaria que agrava la segregación.

Estamos ante una ventana de oportunidades para quienes, con la excusa de la pandemia, buscan cercenar libertades engordando códigos penales. En Uruguay, el parlamento está a punto de aprobar una ley que crea el delito de peligro sanitario, que se aplicará a quienes incumplan las normas sanitarias.

Si el nuevo delito suena grave, el que se pueda penar con tres a 24 meses de prisión sin la necesidad de comprobar que la persona contagió a otra (https://bit.ly/3v94CqI), es muestra de la discrecionalidad con que se pretenden establecer las penas.

El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Juan Fagúndez, calificó la ley de absolutamente fascista, pues considera un error inventar un delito en estas circunstancias y para este momento (https://bit.ly/3tDaHLr). Como sucedió durante la dictadura militar, otra vez va a caer sobre los jóvenes la punición de su conducta, algo que no tiene ninguna relación con la salud, sino con el disciplinamiento de generaciones enteras que no aceptan la imposición de conductas por el Estado y la policía.

Algo que se pretende penalizar son las fiestas y encuentros juveniles que producen aglomeraciones, figura que la policía está empeñada en criminalizar.

Meses atrás, el parlamento uruguayo aprobó una ley sobre un artículo de la Constitución, por la cual se suspendieron por cuatro meses las aglomeraciones de personas que pueden generar un notorio riesgo sanitario. Sin embargo, cuando se le pidió al gobierno que definiera lo que entiende por aglomeración y cuánta gente incluye, respondió que eso corresponde definirlo a la policía en el momento y sobre el terreno.

En suma, es la policía o el golpe de Estado permanente, en palabras de Michel Foucault, la que tiene la potestad para definir si existe riesgo sanitario cuando grupos de jóvenes se juntan. En los últimos meses, la policía ha llegado a disolver más de 100 aglomeraciones diarias, en un país de apenas 3 millones de habitantes (https://bit.ly/3sHS7jX). En algunos casos se trataba de grupos de apenas cinco personas en una playa, como muestran las redes sociales (https://bit.ly/2P7Kaaa).

De lo que se trata es de apretar las clavijas del control social, prohibiendo manifestaciones (la del 8M ya ha sido acusada en todo el mundo de expandir la pandemia), recortar derechos y libertades permitiendo el ingreso de la policía a las viviendas particulares, incluso por la noche, si hay una denuncia por riesgo sanitario.

Entiendo esta situación como parte de la militarización de nuestras sociedades. El control a gran escala, con policías, cámaras de seguridad y drones, se complementa con un control capilar, que invade todos los rincones de la sociabilidad popular.

En este asunto también hay clases y geografías. Para disipar cualquier acusación de conspirativismo, un estudio sobe movilidad en Montevideo (1.5 millones) con datos de Google, dice que cayó 51 por ciento la movilidad en plazas, parques y playas; bajó 48 por ciento en restaurantes, cafeterías y centros comerciales, y más de 40 por ciento en el transporte público; pero aumentó 10 por ciento en las zonas residenciales, o sea en los barrios de clase media alta y alta (https://bit.ly/3n83SiB).

¿No estamos acaso ante un panóptico a cielo abierto, una gigantesca cárcel cuyos barrotes son poco visibles, porque sus guardianes son nuestros vecinos, y hasta nosotros mismos? ¿Cómo se escapa de una cárcel así?

No lo sabemos, porque las formas de dominación van mutando, las nuevas se superponen a las viejas, sin sustituirlas. Lo seguro es que no hay salidas individuales y sin estar organizados. Lo demás habrá que improvisarlo, probando, errando y volviendo a probar, hasta abrir brechas.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/04/23/opinion/016a1pol

Fuente de la Información: https://rebelion.org/nuevas-formas-de-segregacion-y-control-social/

 

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Corruption and child labour have no place in the energy transition

Corruption and child labour have no place in the energy transition

Richard Kent, Researcher on Business and Human Rights at Amnesty International

The European Commission is currently wrapping up consultations on a new law that could shape the future of green energy. If adopted, the EU Battery Regulation would require all businesses in the battery industry to report on the social and environmental impact of their operations. It would ensure that batteries entering the EU market – for use in electric cars, smartphones, solar panels, and much more – are responsibly sourced and sustainable. Businesses would have to show, for example, that the minerals in their batteries do not indirectly finance armed groups or child labour, and that their supply chains are free of corruption.

The law would be a pillar of Europe’s Green New Deal, and it is long overdue. The World Bank found that production of some battery metals could increase by up to 500 percent by 2050, to meet the growing demand for electric vehicles – essential for reducing carbon emissions. Never before has mineral extraction sought to mitigate climate change on such a scale. But there are currently no laws in place to ensure green technologies do not themselves cause harm – and cause harm they do.

The real frontier of the battery revolution is not in the corridors of Brussels. It is in the unregulated cobalt mines of the DRC, where children as young as seven work in perilous conditions. It is in the vast frozen expanses of Siberia’s Taimyr Peninsula, where a nickel mining company spilled thousands of tonnes of diesel fuel into the Arctic; and in the salt flats of Latin America, where lithium extraction is threatening livelihoods. Cobalt, nickel and lithium are key components of rechargeable batteries, and we are sliding towards a situation where we have replaced one type of environmental injustice with another.

The grim irony is that these abuses are being perpetrated against the people least responsible for the climate catastrophe. Indigenous fishing communities in Papua New Guinea’s Basamuk Bay aren’t the ones pumping CO2 into the atmosphere. Yet it’s their water that was poisoned when a nickel mine dumped 23 tonnes of toxic waste into the ocean, while sourcing the minerals necessary to get drivers in Paris, Beijing and New York into electric cars. The need for regulation has never been so urgent.

Last month, Amnesty International and 66 other human rights and environmental organizations published a set of principles for businesses and governments to adopt in order to clean up battery supply chains. Many of the organizations who signed up to Powering Change represent the frontline communities most affected by the energy transition.

In Powering Change, we call on manufacturers to work towards maximum recycled content in batteries, minimize the use of hazardous materials, and manage battery waste responsibly. We call on businesses and governments alike to ensure environmental defenders and Indigenous communities are consulted and properly informed about planned operations and potential risks.

The EU Battery Regulation proposal contains several articles to improve transparency in supply chains, which is also one of our coalition’s crucial principles. In 2017, Amnesty researchers found that companies including Microsoft, Renault and Volkswagen were failing to ask basic questions about where the cobalt in their batteries came from. More than half the world’s cobalt comes from the DRC, where Amnesty has documented children and adults mining in perilous conditions, earning a couple of dollars a day to work in narrow tunnels at risk of collapse. In light of this, it’s unacceptable for businesses to shrug their shoulders about their supply chains – consumers deserve to know that their cars are not powered by human rights abuses.

This is why the European Battery Regulation could be one of the most important pieces of industry legislation ever. It would be the first legally binding initiative to clean up battery supply chains, and would force businesses to do more to protect workers, Indigenous communities and the environment.

Europe is the epicentre of the push towards a battery-powered future. Governments including the UK, Poland and Sweden are scrambling to construct multi-billion dollar battery “gigafactories”, and the European Investment Bank pledged €1 billion investment to the battery manufacturing industry in 2020. Many of the corporations that led the Second Industrial Revolution – the invention of the internal combustion engine, the mass growth of the car industry, and concurrent demand for oil – are now taking the reins of what they pledge will be a “Green Industrial Revolution.” It is imperative that this time, corporations recognize their impact on the planet and human rights, and factor this into their business models.

If the Battery Regulation is adopted, Europe would also be the epicentre of an energy transition that is genuinely clean and fair.

This article was originally published in EU Observer

 

Fuente de la Información: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/corruption-and-child-labour-have-no-place-in-the-energy-transition/

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Salarios de hambre en medio de una crisis mundial que empeora

Salarios de hambre en medio de una crisis mundial que empeora

Sergio Ferrari

Fuentes: Rebelión [Las mujeres, las más afectadas en la perdida de sus ingresos a causa de la crisis sanitaria mundial. Foto OIT]

19 % de asalariados ganan menos que un sueldo mínimo

Mil millones de seres humanos padecerán de extrema pobreza en 2030. La pandemia acelera la crisis y los salarios caen en picada. Las mujeres, así como los trabajadores con remuneraciones más bajas, pagan el precio más alto.

Según diversos organismos internacionales en torno a 207 millones de personas van a caer por debajo de la línea de pobreza en los próximos años como consecuencia de la crisis económica resultante del COVID-19. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anticipa cifras no menos dramáticas para el fin de la década: mil millones de personas padecerían de extrema pobreza en el 2030.

El PNUD,  (https://www.undp.org/content/undp/es/home.html y la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, (https://unctad.org/webflyer/least-developed-countries-report-2020)  hicieron públicos la primera semana de diciembre dos estudios donde advierten sobre los altos costos de la situación actual “para los países menos desarrollados”, donde vive la mitad de la población mundial.

Ambas organizaciones coinciden que este año los seres humanos que viven con menos de 1.9 dólares por día aumentarán en 32 millones, implicando un incremento de la tasa de pobreza a nivel global del 32.5% al 35.7%.

La proyección más pesimista anticipa que la crisis económica inducida por el COVID-19 persistiría diez años. La UNCTAD recuerda que la pandemia ha afectado especialmente a los países más debilitados porque constituyen las economías más vulnerables y de menos nivel de resiliencia. Se trata de los 47 países menos desarrollados que producen cerca del 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y albergan 1.060 millones de personas. En 2019, el PIB per cápita promedio en esas naciones había sido de apenas 1.088 dólares en el marco de un promedio mundial de 11.371 dólares.

De acuerdo con la UNCTAD, en 2020 esos países tendrán su peor desempeño económico en 30 años, con una caída significativa en sus ingresos, pérdida generalizada de empleos y déficits fiscales cada vez mayores, lo que revertirá años de esfuerzos para alcanzar leves progresos en la reducción de la pobreza, y la mejora de la nutrición y de la educación.

Drama salarial

Según un nuevo estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado también al inicio de diciembre en Ginebra, debido a la pandemia, en el primer semestre de 2020, los salarios mensuales de 2/3 de los países -de los que se cuentan datos oficiales- se redujeron o crecieron más lentamente.  En otros países, el salario medio aumentó, pero solo como producto de cálculos artificiales. Ya que ese incremento -solo estadístico- fue la consecuencia de la pérdida sustancial de puestos de trabajo en los sectores con sueldos más bajos.

Tendencialmente, según el organismo internacional, el horizonte será tormentoso. Estima como probable que en el futuro cercano se produzca una fuerte presión a la baja sobre los salarios dada la actual crisis internacional.

El Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021 constata que, en América Latina, la pandemia borró rápidamente el leve avance que se había logrado en materia salarial, en particular a partir de 2018, cuando se comenzó a sentir una cierta recuperación.

En este continente se da una situación particular. Una buena parte de asalariados trabaja en la economía informal, razón por la cual muchos han sido excluidos de las medidas de ayuda que han dado algunos gobiernos. En países como México y Brasil, las familias que incluyen personas que tienen empleos informales, han perdido el 60% de sus ingresos a partir de la pandemia.

Principales perjudicadAs

La crisis no ha afectado del mismo modo a todas y todos. Las mujeres se han visto más perjudicadas que los hombres. Un sondeo realizado en 28 países europeos concluye que, sin los subsidios estatales, en el segundo trimestre de 2020, la pérdida salarial para las mujeres hubiera sido del 8,1 % frente al 5,4 % para los hombres. La OIT sostiene que “por lo general las mujeres predominan entre los trabajadores mal pagados…En todas las regiones, la proporción de mujeres es mayor entre quienes perciben un salario mínimo o un monto inferior que entre quienes perciben un monto superior al salario mínimo”. También son penalizados los trabajadores jóvenes de menos de 25 años, los que tienen un nivel de instrucción inferior y los trabajadores rurales.

El golpe más fuerte lo sufren los sectores menos pudientes. En esos mismos países, sin los subsidios temporarios, el 50 % de quienes ganan menos hubiera perdido aproximadamente el 17,3 % de su salario. Sin embargo, dichas prestaciones actuaron como amortiguadores. Y compensaron casi la mitad (un 40%) de esa pérdida.

Guy Ryder, Director General de la OIT, al presentar el nuevo estudio, afirmó que “el crecimiento de la desigualdad a causa de la crisis de la COVID-19 podría dejar un desolador saldo de pobreza e inestabilidad social y económica de enormes proporciones”.

Y anticipó que la estrategia de recuperación “debe centrarse en las personas. Necesitamos políticas salariales adecuadas que tengan en cuenta la sostenibilidad del empleo y de las empresas, en las que se aborden también las desigualdades y la necesidad de sostener la demanda”. Ryder lanzó una crítica directa a paradojas inexplicables en el actual sistema: si se quiere reconstruir pensando en un futuro mejor, hay que plantearse cuestiones incómodas, como por qué con tanta frecuencia las ocupaciones de gran valor social, como el personal docente y de la salud son sinónimo de sueldo bajo.

Tema esencial, el salario mínimo

El estudio de la OIT incluye un análisis de los sistemas de salario mínimo, que, podrían constituir un factor determinante para conseguir una recuperación sostenible y justa.

El 90 % de los Estados Miembros de la OIT tiene establecida alguna modalidad de salario mínimo. Sin embargo, aproximadamente 327 millones de asalariada-os (es decir el 19% del total) reciben una remuneración equivalente o menor al salario mínimo por hora vigente.  Y enfatiza que ya “antes de la pandemia

266 millones de personas –el 15 por ciento de todas las personas asalariadas del mundo– percibían una remuneración inferior a la del salario mínimo por hora” (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_762645/lang–es/index.htm).

Las causas principales de esa situación son el incumplimiento de la ley o bien la exclusión de ciertas actividades laborales de la normativa marco. El estudio indica que prácticamente 1 de cada 5 países (el 18 % de los mismos a nivel mundial) que reconocen un ingreso mínimo por ley, excluyen de esa normativa a la-os trabajadora-os agrícolas y doméstica-os, o bien a ambos.

El desafío de un “ajuste salarial suficientemente frecuente” es crucial, enfatiza la organización internacional. Quien constata que en la práctica solo un país de cada dos -que cuenta con un salario mínimo reconocido por ley-, lo ajustó al menos cada dos años en la década 2010-2019. En ese periodo, el aumento real fue, en promedio, de 1.1% en África, 1.8% en las Américas, 2.5 % en Asia y 3.5% en Europa y Asia Central.

La organización internacional mira hacia al futuro. Y lanza como desafío que al prepararse para una nueva y mejor “normalidad”, la existencia de salarios mínimos adecuados- definidos por ley o negociados- podría contribuir a lograr más justicia social y menos desigualdad.

El PNUD, por su parte, estima que con voluntad política se podría evitar lo peor. Si se hicieran inversiones en la dirección establecida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sería posible rescatar de la extrema pobreza a 146 millones de personas. Para ello, insiste, debería invertirse en esta década en programas de protección y bienestar social, gobernanza, digitalización, y en un cambio hacia la economía verde, así como en mejorar las capacidades productivas. Con un plan ambicioso de impulso a los Objetivos de Desarrollo también se disminuiría la brecha de pobreza en relación al género y se podría reducir en 74 millones el número de mujeres en estado de pobreza, concluye el organismo.

Realidad económica, caída salarial y aumento de la pobreza son tres ángulos de una misma figura. La disputa principal de los actores sociales -sindicatos, movimientos sociales- a nivel mundial es asegurar una mayor participación en la redistribución desde los ingresos sociales. Intentar, al menos, que el triángulo sea equilátero…

Fuente de la Información: https://rebelion.org/salarios-de-hambre-en-medio-de-una-crisis-mundial-que-empeora/

 

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La Internacional de la Educación lanza una guía sobre la auditoría de la equidad educativa a la luz de la pandemia COVID-19

La Internacional de la Educación lanza una guía sobre la auditoría de la equidad educativa a la luz de la pandemia COVID-19

Para abordar las fuertes preocupaciones que han surgido en todo el mundo sobre las brechas de equidad en la educación como resultado del cierre de escuelas y otros entornos educativos debido a la pandemia de COVID-19, la federación mundial de sindicatos de la educación ha publicado una Guía para sus organizaciones miembros. sobre el proceso de auditoría de la equidad a medida que los entornos educativos se han reabierto o deben reabrirse. La Guía es una herramienta para apoyar a los sindicatos de la educación en su defensa de que se lleven a cabo auditorías de equidad tanto a nivel de instituciones educativas como de sistemas.

La pandemia de COVID-19 ha provocado cierres de escuelas sin precedentes que han afectado a más de 1.500 millones de estudiantes en todo el mundo. Sin embargo, el impacto de la pandemia no ha sido igual, con estudiantes vulnerables y desfavorecidos afectados de manera desproporcionada por la crisis global resultante en la enseñanza y el aprendizaje. COVID-19 no ha causado, sino que ha profundizado las desigualdades estructurales ya existentes en los sistemas educativos de todo el mundo. Las auditorías de equidad son fundamentales para un análisis profundo del impacto de cierres y reaperturas totales y parciales en estudiantes y educadores.

Para ayudar a sus organizaciones miembros a abogar eficazmente por las auditorías de equidad, la Internacional de la Educación ha publicado Auditing Educational Equity in Light of the COVID-19 Pandemic . La Guía para los sindicatos de la educación enfatiza la importancia de las auditorías de equidad para permitir que las instituciones y sistemas educativos se adapten de manera más efectiva a una ‘nueva normalidad’ de COVID-19 y también abordar las estructuras arraigadas de desigualdad que han impedido durante mucho tiempo a los países realizar el derecho universal a la educación.

Los sindicatos de la educación se encuentran en una posición única para evaluar hasta qué punto han aumentado los problemas de equidad dentro de la educación como resultado de la crisis sanitaria. En consecuencia, deben incluirse plenamente en el diseño y procesamiento de las auditorías de equidad en los sistemas e instituciones educativos.

La Guía de la Internacional de la Educación proporciona una lista de áreas que una auditoría de equidad puede explorar, incluidos los pasos tomados para adaptar los sistemas educativos a las condiciones de una pandemia, las medidas de seguridad y protección adoptadas cuando las escuelas reabrieron, el aprendizaje de los estudiantes durante la pandemia, el apoyo a los estudiantes y las familias, formación y apoyo al personal y condiciones laborales de los educadores.

La guía también llama la atención sobre el hecho de que los tipos de discriminación, que conducen a resultados desiguales en la educación, rara vez se basan en un solo factor. Por lo tanto, al auditar la equidad, es imperativo explorar y analizar los múltiples factores que se cruzan en las vidas de personas y grupos individuales que conducen a la discriminación dentro de la educación. Estos incluyen, entre otros, la capacidad / discapacidad, la edad, la etnia, el género, la identidad de género, la ubicación, el estado migratorio, la raza, el estado socioeconómico y la orientación sexual.

Las organizaciones miembros de la Internacional de la Educación debatirán sobre la nueva guía y los temas de equidad en el sector en un seminario web que tendrá lugar hoy.

David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, declaró: “Como defensores del derecho humano a la educación y del derecho humano al trabajo decente, los sindicatos de la educación tienen un papel fundamental que desempeñar para exigir que la equidad dentro del sector de la educación sea auditada a la luz de las Pandemia de COVID-19. Este es un primer paso esencial hacia la reconstrucción de nuestros sistemas educativos de una manera que garantice que nadie se quede atrás. Nuestro objetivo no es volver a la normalidad porque la normalidad nunca fue lo suficientemente buena. Necesitamos hacerlo mejor.»

Fuente de la Información: https://www.ei-ie.org/en/detail/17057/education-international-launches-guide-on-auditing-educational-equity-in-light-of-the-covid-19-pandemic

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Starving In A Pandemic

Starving In A Pandemic

Athira Nortajuddin

This file photo shows impoverished Filipino children eating cups of soup during a feeding program by a child advocate group in Manila. (AFP Photo)

One of the 17 targets of the Sustainable Development Goals (SDGs) include Zero Hunger, which is Goal 2 after Goal 1: No Poverty. The SDGs, also known as Global Goals were adopted in 2015 as a call to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030.

Unfortunately, the world is not on track to achieve Zero Hunger by 2030. The problem is now even further exacerbated by the COVID-19 pandemic.

According to the “State of Food Security and Nutrition in the World” report published last July by the United Nations (UN), it is estimated that nearly 690 million people went hungry in 2019, or 8.9 percent of the world’s population. This is an increase of 10 million from 2018, and 60 million in five years. However, the report forecasts that the pandemic could tip over 130 million more people into chronic hunger by the end of 2020.

Moreover, COVID-19 has increased food security risks in some parts of the world such as in the Asia-Pacific as strict quarantine measures and export bans on basic food items have affected all stages of food supply.

For example, in Cambodia, where there’s wide-spread poverty, consumers have been hit hard by lack of food supplies, a rise in prices of staple foods and also a halt of income due to the crisis. In April, Cambodia’s premier Hun Sen even announced that the country will halt rice exports to protect food security during the COVID-19 outbreak.

An article published by non-profit organisation, OneWorld Foundation last June titled, “Cambodia’s Food Insecurity Rises Due to COVID-19” states that “despite the government working towards ensuring a continuous operation of supply chains, food security is affected by lack of safety income-net for these Mekong delta inhabitants who are at the mercy of natural events and weather.”

The United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) has also warned that in the absence of timely action, the number of wasted children under-five could increase globally by about 15 percent this year due to COVID-19.

“COVID-19 has hit vulnerable families the hardest,” said Debora Comini, a UNICEF Representative. “Unless we urgently scale up prevention and treatment services for malnourished children, we risk seeing an increase in child illness and deaths linked to malnutrition.”

ASEAN member state Indonesia is already facing high levels of malnutrition. According to UNICEF, more than two million children in the country suffer from severe wasting, a condition characterised by low weight for height, and more than seven million children under-five are stunted. Indonesia is one of the countries hardest-hit by the COVID-19 virus in Southeast Asia. Overburdened health facilities, disrupted food supply chains and income loss due to the pandemic could lead to a sharp rise in the number of malnourished children in the archipelago stated UNICEF.

Death From Hunger

The UN World Food Programme (WFP) said seven million people have died of hunger as of October this year and the pandemic could double world hunger.

In an urgent call in July from the UN, the organisation said that COVID-19-linked hunger is leading to the deaths of 10,000 more children per month over the first year of the pandemic. Based on a worst-case scenario by the UN, nearly 180,000 children could die this year alone. In addition, the pandemic could also lead to young children missing 50 percent of their nutritional care and treatment services.

Hunger Index

Worldwide hunger and undernutrition, when calculated as a global average, can be classified as moderate. However, different countries face different challenges and situations on a yearly basis. According to the recently released Global Hunger Index (GHI) 2020, three countries surveyed have “alarming” levels of hunger (Madagascar, Timor-Leste, Chad), while more than 30 countries have “serious” levels of hunger based on the GHI Severity Scale. ASEAN member states Myanmar and Cambodia fall in this category.

Global hunger index ranking

Despite the aforementioned Southeast Asian countries’ “serious” levels of hunger, they have actually made significant improvement over the years. Both ASEAN member states were classified as having “alarming” levels back in 2000.

Vietnam, the Philippines and Indonesia have also made progress over the years in terms of combatting hunger as all three countries had “serious” levels of hunger a few years ago, but are now deemed “moderate.”

While some countries have made achievements and numerous efforts in reducing chronic hunger and poverty, the pandemic may cause setbacks, hampering some countries’ ability to make progress toward meeting the SDGs.

 

Fuente de la Información: https://theaseanpost.com/article/starving-pandemic

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